Presidencia de la República se olvida de la agencia del SINART

Los trabajadores del SINART S.A. empresa pública de comunicaciones quedaron estupefactos al observar las astronómicas cifras con las que la Presidencia de la República, pretende contratar a una agencia privada de publicidad para que maneje su imagen.

Desde el año 2003, el SINART cuenta oficialmente con una agencia de publicidad que da servicios relacionados con la comunicación y el mercadeo de bienes y servicios a diferentes instituciones del país, entre las que destacan: Cosevi, Correos de Costa Rica, Inamu, entidades bancarias y muchas más.

La sorpresa de los funcionarios se debe a que el Gobierno recortó su presupuesto extraordinario, que tiene en vilo a los trabajadores, pues constantemente se les dice que no hay plata ni para pagar sus salarios. Por si fuera poco, los Sinaristas tienen más de 5 años de no recibir aumentos de ley.

“Que bien nos hubiera caído esa platica, con eso podríamos mejorar, ya que últimamente no se produce lo suficiente porque no hay plata para invertir en escenografías, talento o recorrer el país conversando con la gente como siempre lo hicimos. La esencia del SINART es su pueblo” indicó un funcionario que prefirió no ser identificado, por temor a represalias.

Los miembros de la Seccional ANEP-SINART advirtieron que esto ya es el colmo, “la Ley del Sinart faculta a la institución a firmar contratos directos para la elaboración de proyectos con el Gobierno, sin necesidad de participar en licitaciones públicas. El presidente prometió en campaña que iba a fortalecer al SINART, pero hasta ahora lo que ha hecho es recortarle recursos para tenerlo apenas encendido, pero no para competir”.

Por si fuera poco, indicaron que la institución inició procesos de cobro administrativo a las instituciones que no están apoyando con el 10 % que le corresponde girar a los medios del Estado por Ley mientras Casa Presidencial, en lugar de apoyar la gestión, trató de frenar los trámites.

La Junta de Accionistas del Sinart la conforman los miembros del Consejo de Gobierno (Ministros, Presidente y Vice Presidentes) quienes deberían de velar por los intereses de la institución. Bajo este panorama nos preguntamos ¿Quién defenderá al Sinart?.

ANEP presentó dos opciones de modificación al proyecto de ley Nº20.968

Representantes del Sector Municipal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregaron a los asesores legislativos de la diputada Aracelly Salas, dos propuestas de redacción para modificar el proyecto de ley Nº20.968.

Las opciones, presentadas el día de ayer, buscan resguardar la institucionalidad y su equilibrio interadministrativo en la relación de competencias y responsabilidades tanto de la Alcaldía como de los Concejos Municipales. 

La primera propuesta de modificación al texto por parte de la ANEP indica: “La municipalidad por acuerdo de mayoría calificada de su Concejo Municipal podrá: finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

La segunda propuesta establece:La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico con aprobación del Concejo Municipal podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

 “Lo que buscamos es que los Concejos Municipales mantengan su capacidad en la toma de decisiones siendo el ente que apruebe o desapruebe las modificaciones que generen cambios significativos en el orden municipal”, indico Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP.

Actualmente la redacción del proyecto indica “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

La ANEP ha advertido que, de mantenerse el texto como esta, se daría a la figura de la alcaldía un poder absoluto por sobre el propio Concejo Municipal pues darían la posibilidad de que sea el Alcalde o la Alcaldesa quien apruebe o desaprueba dichos cambios al orden y estructura municipal, dándose así la posibilidad también de despidos selectivos y hasta políticos de previo a elecciones municipales.

Luego de presentar la propuesta los asesores de la diputada Aracelly Salas, se comprometieron a valorarlas y a comunicar la decisión final sobre este proyecto que representa una amenaza a la estabilidad en el empleo de las y los funcionarios municipales y con esto se pone en riesgo los servicios que brindan las municipalidades a los usuarios de los diversos cantones.

Pese a reunión con diputada persisten dudas con el proyecto Nº20.968

Partes definen establecer un equipo de trabajo para corregir redacción del artículo que se reformaría en el Código Municipal.

Representantes municipales de 17 seccionales de ANEP, se reunieron con las diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Aracelly Salas Eduarte y María Inés Solís Quirós, para aclarar dudas sobre el proyecto de ley 20.968. Sin embargo, las dudas siguen rondando dicho proyecto de ley.

Así lo manifestaron los diversos representantes municipales de la ANEP quienes en la reunión cuestionan las potestades que tendrían los alcaldes para generar despidos con este proyecto de ley.

Ante este escenario, las partes acordaron definir en próximas horas un equipo de análisis del proyecto de ley para corregir la redacción del artículo que se reformaría en el código municipal. Dicho equipo estaría conformado por dos asesores municipales de la ANEP y dos asesores de la diputada Aracelly Salas.

El artículo en cuestión indica: “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP, agradeció el espacio otorgado, sin embargo, recalcó los cuestionamientos que continúan sobre el proyecto de ley.

“Quedamos insatisfechos con las respuestas que nos dieron, argumentamos que el proyecto de ley facilita y otorga poderes a los alcaldes facilitando y flexibilizando los despidos masivos, basándose en un supuesto criterio técnico. Nosotros que venimos del sector municipal sabemos que la buena voluntad no se siempre se aplica en los municipios.”, dijo Chaverri.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, la conformación del equipo de trabajo será esencial para corregir “el error que se habría cometido con dicho proyecto de ley”

“Se debe corregir en función para darle tranquilidad y estabilidad laboral a los trabajadores municipales, en atención a eventuales restructuraciones que podrían darse incluso hasta en elecciones municipales”, dijo Vargas.

Durante la reunión los representantes de la ANEP, también solicitaron el apoyo al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

En la manifestación del día de hoy en San José   participaron trabajadores municipalidades de   Heredia, Alajuela, San Isidro (Heredia), Escazú, Santa Ana, Curridabat, Tibás, San José, Belén, Moravia, Goicoechea, Aserrí, Flores, San Rafael (Heredia) y Coronado.

Iceístas irán a las calles para frenar iniciativas de debilitamiento y privatización del modelo eléctrico nacional

La Asociación Sindical de Empleados/as Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anuncia que las y los trabajadores del ICE se manifestarán el próximo lunes 15 de julio en defensa del ICE, en busca de frenar las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional promovidas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con conocimiento de la Presidencia Ejecutiva y la Administración Superior del ICE.

  1. La jornada se realizará de forma regionalizada el próximo lunes 15 de julio:

Las y los trabajadores del ICE se manifestarán en diferentes regiones del país, en el caso de  San José iniciarán la concentración a las 7:00 de la mañana frente a la sede central del ICE en Sabana Norte. Lo anterior para denunciar y detener las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional. Lo anterior incluye planes para sacar el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y la CNFL del ICE.

Además de lo anterior el 15 de julio los Iceístas impulsarán la apertura de espacios de diálogo social orientado a resultados con el Gobierno de la República, a través de la cual ASDEICE y las organizaciones denunciantes, planteamos hablar cara a cara con el Gobierno en busca de clarificar posiciones sobre el tema y llegar a acuerdos que queremos todos los costarricenses.

Para ello se le pide al Gobierno agilizar las gestiones de diálogo con el encuentro multisectorial o entre tanto se busca una metodología conjunta, convocar a una primera reunión sobre el tema.

Por tal razón dentro del ICE la jornada será regionalizada en distintos puntos del país donde nuestros compañeros Iceístas articularán con diferentes actores sociales, como estudiantes (MEDSE) y trabajadores municipales en varias regiones del país que se están comunicando en su momento oportuno.

  • La jornada será contra el desmantelamiento del CENCE y de la CNFL: Pese a los intentos de la Administración Superior del ICE, de bajarle el perfil a los graves hechos denunciados y comprobados; desde ASDEICE reiteramos que existe un plan A puesto en marcha para sacar el CENCE del ICE. Inclusive ante las denuncias, valoran un plan B que consistiría en pasar el CENCE a la Gerencia General de dónde sería más fácil, en un segundo momento separarlo del ICE. Ambos planes (desconcentración máxima y desconcentración mínima) son promovidos por el Ejecutivo a través del MINAE con participación del Ministro del ramo y conocimiento de la Presidencia Ejecutiva Irene Cañas.

Con respecto a la CNFL, publica el alcance 142 de La Gaceta del 25 de junio de 2019, un proyecto de ley para desvincular a la CNFL del ICE. Esto con el agravante de las plantas de generación y su inmensa deuda financiera, se les trasladan al ICE, aumentando con esto el déficit institucional.

  • En un Estado Social de Derecho con División de Poderes, la Sala Constitucional ha sido clara: Desde ASDEICE, coincidimos con lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de la resolución 2000-03444 (Exp: 00-002877-0007-CO) en la cual este Tribunal Constitucional sentencia:

«el derecho a disentir no puede reducirse a un sentimiento íntimo que no pueda trascender o hacerse manifiesto […] pues eso sería prácticamente dejar sin contenido un derecho a expresarse en público y sin violencia sobre los asuntos más importantes, aquellos que tienen que ver sobre lo que entendemos como un futuro mejor o más feliz para nuestra sociedad. Como corolario de lo anterior, ha de tolerarse en estos casos, el mal menor de una protesta y no el mal mayor de un disturbio, por una apresurada y desmedida actuación de la autoridad»

La mejor forma de volver al país a sanos niveles de convivencia es sin duda agilizar por parte del Gobierno de la República, el diálogo social orientado a resultados. Insistir en la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal desde el Ejecutivo y el Legislativo solo ahondarán la distancia entre gobernantes y gobernados, profundizarán la desigualdad social y aumentarán el estado de crispación nacional que experimenta nuestra sociedad.

Sector municipal de la ANEP a huelga contra política pública este lunes 15 de julio

Huelga se dará contra el proyecto de ley 20.968 por atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores municipales

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), anuncia que el sector municipal se unirá a las manifestaciones del próximo lunes 15 de julio, en protesta al proyecto de ley Nº20.968, el cual busca crear una desestabilización laboral en las municipalidades.

Así lo confirmó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, quien indicó que la convocatoria a huelga contra política pública ya se comunicó a las 61 seccionales de la ANEP en municipios de todo el país, para que se sumen al movimiento.  

“Esta protesta tiene como finalidad principal cuestionar la política pública que se deriva de dicho proyecto de ley 20.968; pues dicha política varía radicalmente los principios de estabilidad laboral en el empleo público municipal”, dijo Vargas.  

La convocatoria de la ANEP para trabajadores municipales del Área Metropolita tiene como punto de inicio el Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda, a partir de las 8 de la mañana, para luego trasladarse hacia la Asamblea Legislativa. En el caso de los trabajadores municipales fuera del Área Metropolitana, se realizarán manifestaciones en sus regiones junto a trabajadores iceístas y estudiantes, que ese día también se estarán manifestando.

Vargas indicó que el proyecto de ley Nº20.968, denominado “Reforma del artículo 155 inciso b) del código municipal, ley n.° 7794, de 30 de abril 1998 y sus reformas” impulsado por la diputada Aracelly Salas, atenta contra la estabilidad laboral en las municipalidades.

“Nunca como antes la autonomía constitucional del régimen municipal había estado en tanto peligro. En ANEP estamos alarmados, lo último que estamos viendo es un proyecto para flexibilizar despidos, para convertir a la figura del alcalde en todopoderosa en materia de nombramientos y despidos de personal; con restructuraciones muy cuestionables y estudios técnicos que no garantizan ninguna objetividad”, indicó el Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, este proyecto de ley es una grave amenaza al empleo municipal y curiosamente se promueve en las postrimerías de la próxima elección de alcaldes, por lo que cuestionan si será una estrategia política para “limpiar las municipalidades con el objetivo de colocar pega banderas”.

Impulso a proyecto de ley

Otra de las razones que llevará a los trabajadores municipales a las calles, es darle impulso en la corriente legislativa al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

“Queremos reforzar la importancia de que se apruebe el expediente legislativo Nº21430 presentado por la ANEP el 29 de mayo para devolver de manera integral la autonomía de régimen municipal, la cual se perdió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública”, finalizó Vargas.

De esta forma la ANEP con sus seccionales en el sector municipal se unen a la familia Iceísta y a los estudiantes de secundaria (MEDSE) en una jornada de lucha social.

ANEP defiende el derecho de acceso a la información pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) seguirá defendiendo el derecho al acceso a la información pública, esto luego de que el sindicato solicitara, el pasado 11 de enero del 2019, información al Ministerio de Hacienda sobre la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones, la cual fue negada por la Dirección de Tributación.

Debido a la negativa, la ANEP interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual se encuentra suspendido, ya que la Sala considera que la actuación del Ministerio se apega a lo establecido en el artículo 18 bis del Código Tributario, por lo que solo se puede dar la información que se encuentre firme en sede administrativa y que no haya sido impugnado en sede judicial.

Bajo este panorama, la Sala Constitucional concedió plazo a la ANEP para que interpusiera acción de inconstitucionalidad contra ese artículo 18 bis, donde se solicita información relativa al nombre de los contribuyentes y los responsables al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, estos aspectos tienen un marco interés público y constituye información pública por lo que debe ser accesible.

Para la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, si las deudas tributarias son ejecutivas para el Ministerio de Hacienda, es decir, surten efectos jurídicos, es improcedente que se limite el acceso a dicha información.

Actualmente la Sala ha admitido dicha acción de inconstitucionalidad para estudio y ha solicitado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda que le rindan informe al respecto.

Seccional Policía Profesional de Migración insta a Ministro de Seguridad nombrar Director en la Policía de Migración

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.

Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015, con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.    

La solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el nombramiento de un sub director.

“Este nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación. Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el escalafón policial” finalizó Mora.    

El IVA entra en vigencia en medio de gran conmoción social

  • Es el más injusto de todos los impuestos y  potencia más desigualdad y exclusión

Hoy, 1 de julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse en próximos días.

La entrada en vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de julio.

Como bien sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.

Efectivamente, el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo, sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas (en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.

Los sectores pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario nacional.

Sobran las alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.

Por el contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa injusticia tributaria. 

Como si esto no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad, altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente los del sector financiero.

Entre otras razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario (público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).

La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP / Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Cuerpos policiales en su tiempo libre se manifestarán el próximo lunes

  • Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego salir hacia la Asamblea Legislativa

Cientos de oficiales de diversos cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”

En dicha marcha que arranca desde las 9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa, se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José, Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de San José.

Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.

Esta sería la segunda marcha de cuerpos policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000 personas. 

Dentro del pliego de peticiones que entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

“Los cuerpos policiales ya se han visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización salarial”, detalló Anchía.

Según estimaciones realizadas por la ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los cuerpos policiales.

Otra de las solicitudes de los cuerpos policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.  

A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.