Categoría: Acción Sindical

Cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del proyecto de ley de Empleo Público

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-Proyecto generaría mayor precarización salarial

Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público que se discuta en la Asamblea Legislativa.

Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización salarial.

“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo 15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es ineficiente y cuestionable.

“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.

Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de  ley, éste afectará directamente el salario de los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de los pocos incentivos salariales que  tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en vigencia de la  Ley de Fortalecimiento de las  Finanzas Públicas se eliminó el quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los cuerpos policiales.

Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría  una mayor precarización salarial (ver cuadro adjunto al final).

”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y  las acciones ya tomadas por parte del  Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.

*Datos a Considerar

En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales,  provocando una sobre carga laboral.

“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.

Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar  repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.

Conferencia de Prensa: cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Gepostet von ANEP am Freitag, 26. April 2019
Conferencia de Prensa cuerpos policiales afiliados a la ANEP

* Datos a considerar

-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo.   -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.      

Primero de Mayo: en auge el deterioro de la convivencia social del país

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Enojo obrero; desempleo, inestabilidad y amenaza al trabajo; inseguridad y violencia; clase gobernante viendo para otro lado; concentración de la riqueza en auge

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que es de carácter universal, en el caso de Costa Rica muestra una sumatoria de malestares nunca antes sentidos todos juntos, como en la presente circunstancia nacional.

Esa suma de malestares ha generado un acelerado deterioro de la convivencia armónica de la sociedad, poniendo en grave riesgo la misma estabilidad democrática del país que, sino fuera por la fortaleza de una institucionalidad heredada (aunque hoy en alto riesgo de ser pulverizada), hace tiempo habría colapsado.

Está en auge el deterioro de la convivencia social del país y es en tal marco de circunstancias que la clase trabajadora y sus distintas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas se aprestan a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un marco global de total adversidad.

De acuerdo con el seguimiento cotidiano que hacemos en ANEP de cómo se mueve el comportamiento obrero-ciudadano y con base en nuestra perspectiva-país, destacamos algunas razones:

ENOJO OBRERO: El costo de la vida sigue alto, ya no hay incrementos salariales realmente compensatorios y, prácticamente, estamos en época de congelamiento salarial. Es cada vez más creciente la estrechez y apretazón económico-financiera en los hogares del pueblo trabajador, lo cual no solamente ponen en retroceso la calidad de vida de las familias, sino que aumenta la tensión y el estrés en el seno de las mismas, creando condiciones para golpear esta base fundamental de la vida en sociedad.

DESEMPLEO, INESTABILIDAD Y AMENAZA AL TRABAJO: La cifra oficial de la gente sin trabajo, del 12 % se queda corta ante el drama cotidiano de las personas que no encuentran trabajo, destacándose un gran segmento de jóvenes. Quienes tienen empleo con salario fijo, temen perderlo sintiéndolo en riesgo como nunca antes. Prácticamente, la famosa estabilidad laboral del empleo público está en proceso de desaparición.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: La competencia feroz por la subsistencia, la exclusión social en ascenso y la indetenible desigualdad, están provocando un incremento tanto en la cantidad como en la calidad del delito; evidenciándose episodios de violencia entre las personas que no tenían tanta crudeza como, por ejemplo, las reacciones de furia entre los conductores de vehículos. La otra delincuencia, la del crimen organizado y la del narcotráfico, avanzan incrementando la sensación nacional de inseguridad.

CLASE GOBERNANTE VIENDO PARA OTRO LADO: Enormes segmentos de la ciudadanía se muestran hoy más distantes que nunca de los partidos políticos, especialmente los de la tríada gobernante (PLN, PUSC y PAC) y de los que gravitan y bailan el son que toca la misma. Las pocas excepciones, escasísimas, por cierto, solamente confirman ese gran divorcio entre el pueblo y su clase tradicional gobernante. Resulta emblemático de este fenómeno, contemplar la estructura-construcción del nuevo edificio legislativo: un verdadero bunker hacia lo alto y cerrado por todo lado.

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN AUGE: El pueblo fue “castigado” con un paquetazo de impuestos de profundo sesgo regresivo. Viene otro en camino. El fraude fiscal sigue sin control y la estructura tributaria vigente solamente facilita la concentración de la riqueza. No hay reactivación económica. La deuda pública impagable y su obscena amortización diaria de intereses estrangula lo poco que queda del aparato público destinado a procurar la inclusión social.

En ANEP formulamos el más vehemente llamado para una masiva participación obrero-ciudadana este PRIMERO DE MAYO.

Seccional Administrativa del MSP denuncia pésimas y peligrosas condiciones laborales

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Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP nada ha cambiado

Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.

Según la seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes sanitarias y con riesgo a su integridad física.

“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.

Otra de las problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego. Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son trasladados a celdas de las delegaciones.

“Nos indican que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las diversas delegaciones”, dijo Anchía.

La Seccional ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento, entre otros.

“La molestia es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP, Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo, a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”, detalló Anchía.

Para la seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.

CCSS: ANEP solicita separar de sus cargos a personas investigadas por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y administración fraudulenta

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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.

“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.

La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.

“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.

Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.

Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:  

Funcionario Puesto
Luis Guillermo López
Vargas 		Director Actuarial y Económico
Gustavo Picado
Chacón 		Jefe del Área de Investigación Económica
José Luis Quesada
Martínez 		Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales
Iván Guardia Rodríguez Director Financiero Contable
Carlos Montoya
Murillo 		Jefe del Área de Tesorería General
Christian Hernández
Chacón 		Jefe del Área de Colocación de Valores
Yorleny Madrigal
Mora 		Analista de Inversiones
José Alberto Acuña
Ulate 		Director Financiero Administrativo
Roy Retana Mora Jefe del Área de Crédito y Cobro

Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.

Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.

Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.

ANEP aplaude y apoya a la UNGL por defender autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda

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Organizaciones relacionadas con el régimen municipal coinciden en que la Ley 9635 violenta la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aplaude el accionar de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) al defender la autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda por la aplicación de la Ley 9635, popularmente conocida como “Ley del Combo Fiscal”.

Nuestra organización sindical insistió desde antes de la aprobación de la Ley 9635, en la necesidad de pronunciarse y hacer esfuerzos para que no afectara la autonomía constitucional al régimen municipal.

“Fue escuchado nuestro reclamo, la UNGL enfrenta mediante una carta a la Ministra de Hacienda en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal. Desde hace meses lo dijimos el combo fiscal dio una especie de “Golpe de Estado” técnico”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

En la carta enviada a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, la UNGL cuestiona de que se le quiera imponer a los Gobiernos Locales un tope del 4,67% en el crecimiento del gasto corriente de sus presupuestos ordinarios. Esto contradice, la potestad legal que tienen los municipios para definir su administración y sus presupuestos.

“Limitar el crecimiento del gasto corriente en 4.67% es un desacierto, ya que estos ingresos no constituyen transferencias del Ministerio de Hacienda, sino que son la expresión de la Autonomía del Régimen Municipal. Este tope al crecimiento del gasto corriente, se traduce en la limitación del desarrollo de proyectos sociales que converjan en el fortalecimiento del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada cantón”, indica la misiva.

Además, agrega que “las Municipalidades tienen autonomía para regularse y sufragar, mediante gasto corriente, nuevos servicios. Incluso, respaldados con los análisis financieros pertinentes, están en condiciones de crear la cantidad de plazas que consideren necesarios en procura de la administración de los intereses y servicios locales.

ANEP se ha reunido con varios representantes de diversos municipios del país para analizar el impacto negativo de esta ley en el régimen municipal y las acciones a seguir para evitar mayor afectación a los trabajadores y a las comunidades.

“Por estas razones hacemos un llamado a los demás gobiernos locales a trabajar en conjunto para proteger la autonomía municipal”, recalcó Vargas.

Es importante resaltar que la ANEP, ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9635, por lo que insta e invita a la UNGL a seguir también el camino jurídico- legal y a unirnos en esta lucha que apenas empieza.

Carta enviada por la UNGL al Ministerio de Hacienda

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ANEP-Municipalidad de Goicoechea protestó por privatización de parquímetros

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La Seccional ANEP- Municipalidad de Goicoechea junto a trabajadores municipales protestaron la noche de ayer en el Concejo Municipal de la localidad, para oponerse a la privatización del sistema de parquímetros del cantón.

La molestia de los trabajadores radica en que la empresa privada adjudicada por parte del Concejo Municipal para el manejo de los parquímetros, recibirá el 60% de las ganancias, dejando tan solo un 40% de utilidades para la municipalidad. Esto provocaría el despido de funcionarios municipales que actualmente ejercen dicha labor.

Otra de las molestias de la seccional y los trabajadores es la forma en como se dio la adjudicación, ya que aseguran que no hubo una licitación, ni mucho menos un estudio técnico financiero que avalara o justificara la contratación.

Además, aseguran que no se adjudicó que la empresa reuniera los requisitos de idoneidad legales, técnicos y financieros. En este tema, la Contraloría General de la República también emitió su criterio, indicando que el municipio debía asegurar que dichos requisitos se cumplieran.

Precisamente estos y otros argumentos técnicos-legales fueron presentados en un veto ante el Concejo Municipal por parte de la alcaldesa, Ana Lucía Madrigal Faerron, lo que deja sin efecto la privatización de los parquímetros

En el siguiente video podrá observar el desenlace que se dio en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Goicoechea.

Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea junto a trabajadores se oponen a la privatización de parquímetros y protestan en la sesión del Concejo Municipal.

Gepostet von ANEP am Montag, 1. April 2019

Mesa Sindical de Mujeres convoca a manifestación de las “Ollas Vacías” contra canasta básica tributaria

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La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) realiza un llamado a toda la ciudadanía en general para realizar una manifestación denominada “Ollas Vacías” contra la canasta básica tributaria, el próximo jueves 4 de abril a partir de las 2 de la tarde, frente al edificio central del Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda.   

La manifestación tiene como objetivo mostrar la disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores, lo que provocaría ollas con menos alimentos en los hogares costarricenses, de ahí el nombre de la manifestación.

Para la Mesa Sindical de Mujeres, los resultados están hoy a la vista, con una una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses  y el escenario del ruido de ollas vacías es el ideal para mostrarle al Gobierno lo que se avecina para el pueblo.

Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, entre otros alimentos.

La Mesa Sindical de Mujeres está integrada por la Central Sindicales Juanito Mora Porras-ANEP (CSJMP-ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), estas a la vez aglutinan a decenas de sindicatos costarricenses.

ANEP y MSP iniciaron proceso de solución de conflicto de carácter económico y social

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Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), iniciaron el proceso de solución de conflicto de carácter económico y social, solicitado por la ANEP, ante una serie de dudas respecto a roles de servicio en la Fuerza Pública, la no correcta aplicación de incapacidades, entre varios temas.

Declaraciones de Mainor Anchía, Presidente Seccional ANEP-Fuerza Pública

Este viernes quedó conformado el tribunal conciliador, el cual está formado por representación de los trabajadores (en este caso ANEP), parte empleadora (MSP) y juzgado de trabajo.

Motivos de la solicitud de solución de conflicto

Los cuerpos policiales suscritos al Ministerio de Seguridad Publica, se encuentran sustentados jurídicamente en las siguientes normas: Ley General de Policía, 7.410 del año 1994, Reglamento de Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, 23880, Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública y Reglamento Organizacional del Ministerio de Seguridad Pública, 36366-SP. Dichas normas regulan la naturaleza de la función realizada por los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo sus facultades, derechos y deberes en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, existe falta de regulación en cuanto los roles y jornadas de servicio, para los oficiales de Fuerza Pública. Esto pese a que el artículo 76 de la Ley General de Policía, establece en el inciso c) como un deber de los miembros de las fuerzas de policía, ajustarse a los horarios definidos por reglamento. No obstante, esta normativa no ha sido decretada por parte del Ministerio de Seguridad Pública, incumpliéndose así con esta norma. Al efecto, las partes, Ministerio de Seguridad Pública, y ANEP, a través de su Seccional ANEP Fuerza Pública, acordaron solicitar estudio de jornadas y roles de trabajo por turnos de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública, a la Secretaria Técnica del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Lo anterior a efectos de contemplar las repercusiones que para la salud de las personas resultan de la actividad policial; siendo que fue emitido y notificado el informe técnico Nº DE-ST-ITE-3-2017.

Así mismo, se presenta ambigüedad y falta de claridad en disposiciones internas que vienen de alguna manera transgrediendo normas de trabajo, pero fundamentalmente, perjudicando a nuestros compañeros y compañeras. Frecuentemente se obliga a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, a laborar en sus días libres por reposición de días de incapacidad médica, se les ordena laborar media jornada (media guardia), luego de un día de ausencia justificada, inclusive, se ordena laborar un día de reposición, tras el disfrute de una licencia con goce de salario por deceso de un familiar.

Ante la falta de normativa interna en lo que refiere a los roles, jornadas, uso correcto del criterio de disponibilidad y algunas prohibiciones expresas sobre las obligaciones que se le deben inculcar a los funcionarios policiales, frecuentemente conoce este sindicato de abusos cometidos por mandos medios, quienes se escudan en el estribillo de su potestad de mando.

Aunado a lo anterior, lamentablemente se han identificado situaciones que configuran una clara actividad anti sindical y, algunas prácticas laborales desleales, contra afiliados caracterizados por una activa participación en la estructura sindical.