•Al menos, 500 dirigentes sindicales de los actualmente 151 gremios
aglutinados bajo la bandera de ANEP estarán mañana en el Auditorio de la
Conferencia Episcopal
•El Combo Fiscal-
Ley 9635: eje central del debate
Una cantidad de 500, o más, líderes y liderezas de los 151 gremios sindicales (seccionales), que hoy día se aglutinan bajo la bandera de la ANEP, estarán congregados este viernes, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para deliberar sobre las consecuencias negativas que tiene para la población trabajadora de este país la aplicación de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como Combo Fiscal.
Aspectos como rebajas salariales, reversión de derechos laborales, impuestos a la canasta básica, ausencia de reajustes salariales reales por costo de vida, deterioro del poder de compra del salario a partir de la entrada en vigencia del IVA, déficit fiscal, eurobonos, deuda pública y sus intereses fuera de control, la necesidad de una auditoria ciudadana de la deuda pública; estarán considerándose durante esta magna reunión, la primera de su nivel luego de la huelga del año pasado.
Se contará con relevantes intervenciones de prestigiosos especialistas, amigos de la ANEP, quienes darán valiosos insumos para la toma de decisiones sobre el accionar inmediato y mediato debe tener nuestra organización y sus aliados en las próximas semanas.
Se destacará la presentación de la acción de inconstitucionalidad elaborada por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, contra la indicada legislación, en sus más diversos aspectos de reversión de derechos laborales, así como la derogatoria que hubo de la autonomía constitucional del régimen municipal.
• ANEP respaldó y apoyó denuncia presentada en el 2012
La
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a
las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para
que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por
parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y
administración fraudulenta.
La solicitud
de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el
2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS,
la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.
Incluso el
23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General
a.í. Emilia Navas, solicitando que se
investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos
contra altas autoridades de la CCSS.
En la carta
enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del
Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto
de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de
proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en
medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la
adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y
el estado de salud de un significativo número de asegurados”.
En otro
párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se
habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y
presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la
rentabilidad de este régimen de pensiones”.
Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Declaraciones brindadas por Daniel Muñoz Corea a la ANEP, en febrero de 2016, luego de comparecencia ante la Asamblea Legislativa por la misma denuncia.
ANEP
responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la
CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.
En junio 7
del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó
ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún
ostentaban altos cargos en la institución.
1) López
Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la
Caja.
2) Acuña
Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora
está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de
Pensiones.
3) Picado
Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y
actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la
Dirección Actuarial.
4) Ugarte
Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está
pensionado.
5) Balmaceda
Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones
financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital
San Juan de Dios.
6) Garro
Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto
administrativo en el Hospital San Juan de Dios.
El 12 de
febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la
ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló
todo lo sucedido en la institución.
“Esto es un
espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso
de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los
que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos
irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y
honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas
Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.
Gobierno Alvarado-Piza más aislado que nunca, ciudadanía rechaza combo fiscal
En esta semana, la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP) presentará una acción de inconstitucionalidad en
contra de la detestada legislación oficialmente denominada Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas, Ley de la República No. 9635, bautizada por el pueblo
que la enfrentó mediando el ejercicio legítimo de la Democracia de la Calle,
como combo fiscal.
A menos de tres meses de su cuestionada aprobación
parlamentaria y de su imposición mediando el fallo constitucional de compadre
hablado, la ley 9635 genera amplio rechazo de gran diversidad, incluso en la
propia institucionalidad pública.
Empezando por el anuncio de las universidades
públicas de que acudirán a la vía contencioso-administrativa en contra de su
abusiva inclusión en esa ley, pasando por el acuerdo rebelde entre los sindicatos
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con la Presidencia Ejecutiva
de la institución, y llegando al sector municipal donde sus concejos, alcaldías
y personal preparan diversas acciones; el combo fiscal concita el más amplio
rechazo, repudio y cuestionamientos.
Recientemente, la propia Sala IV admitió una acción
de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato de Empleados del Banco
Nacional de Costa Rica (SEBANA), que abarcó los aspectos más sensibles de todo
el ataque de dicha legislación contra derechos laborales ya conceptuados como
situaciones jurídicas consolidadas en el empleo público.
A nivel municipal, la ANEP tiene conocimiento que
el grave problema generado por esta ley en contra de la autonomía
constitucional del régimen municipal, ha estado debatiéndose a lo interno de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y de la Asociación Nacional de
Alcaldías e Intendencias (ANAI). Hay gran esperanza en la clase trabajadora de
este importante sector del empleo público de que tales entidades se pronuncien,
próximamente y de manera pública en defensa de la autonomía del régimen
municipal, abogando por su restauración.
La preocupación popular se acreciente ante la
inminencia de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), que entrará a
regir a mitad del presente año y que, ante el real congelamiento de los
salarios, generará más congoja y estrechez económico-financiera en los hogares
obreros tanto del sector público como del privado.
Lo que sí queda constando es que al acercarse el
primer año de gestión gubernativa de Alvarado-Piza, la base social del mismo
es, prácticamente inexistente, mostrando gran aislamiento de amplios sectores
populares y ciudadanos. Al presente gobierno, que es el del tripartidismo
PLUSC-PAC, solamente le queda un abierto respaldo del alto corporativismo
empresarial, gran parte del cual está cuestionado en cuanto a la honra plena de
sus responsabilidades tributarias.
Finalmente, este viernes 22 de marzo las bases
dirigentes de la ANEP se reunirán, en el marco del Consejo Consultivo Nacional
de la agrupación, para analizar toda esta problemática que, sin duda alguna,
tiene relación directa con la gravedad fiscal del país.
Debido
a la falta de respuesta y al tiempo de espera, la Seccional ANEP-Ministerio de
Salud pidió una reunión al ministro de esta cartera, Daniel Salas para conocer
a detalle ¿qué está pasando con los concursos para el nombramiento de los
interinos en el Ministerio de Salud a nivel nacional?
Además, la seccional presentará la necesidad de agilizar la creación del Manual de Puestos dentro del Ministerio de Salud.
A raíz de los comentarios, artículos de periódico e
información que consideramos difamatoria relacionada con los funcionarios y
funcionarias del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y surgida en las últimas
semanas a partir de la decisión de trasladar las becas de primaria y secundaria
del Fonabe hacia el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los funcionarios y
funcionarias del Fondo desean manifestar lo siguiente:
1. El
Fondo Nacional de Becas es una institución creada por medio de la Ley 7658, del
27 de febrero del 1997, cuya rectoría corresponde al Ministerio de Educación
Pública. Es decir, el otorgamiento de becas y el presupuesto asignado para que
el Fonabe atienda a su población, se encuentra amparado en el marco de una ley
y su respectivo reglamento, ambos aprobados y vigentes.
2. El
pasado lunes 18 de febrero, mediante conferencia de prensa, el Gobierno de la
República anunció oficialmente que mediante el Decreto Ejecutivo Nº41569
MEP-MTSS-MDHIS se crea el Programa CRECEMOS que trasladará los beneficios del
FONABE (primera infancia, primaria y secundaria) al IMAS a partir de julio
2019.
3. A
partir de la firma del Decreto y la comunicación del mismo, se ha desatado una
serie de notas y artículos por parte de la prensa, así como comentarios de la
ciudadanía en donde se asegura la ineficiencia de la institución y sus
funcionarios, haciendo comentarios despectivos y solicitando incluso el despido
de estos sin tomar en consideración que las funciones son ejecutadas conforme
las directrices que se emiten a nivel jerárquico. Consideramos además, que
dichas afirmaciones se fundamentan en información, desactualizada acerca del
Fonabe, sin considerar los resultados de la gestión que se ha realizado en los
últimos años y emitiendo juicios hacia los funcionarios y funcionarias sin el
debido sustento.
4. Fonabe
por iniciativa propia y también en atención a diversas disposiciones emitidas
por la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores, ha
ejecutado a largo de los años, una serie de acciones tendientes a impulsar la
mejora en la prestación de servicios del Fonabe y su funcionamiento interno,
dentro de los cuales podemos mencionar la implementación del Módulo de Regionalización
Digital para el trámite de becas mediante la página web del Fonabe y el
establecimiento de Servicios en Línea
(“Módulo de Postulantes”, “Módulo de Prórrogas”, “Módulo de Traslados y
Corroboración en Línea”), facilitando la gestión de beneficiarios, directores y
encargados de becas de los centros educativos que ya no deben trasladarse hasta
el Fonabe a realizar dichos trámites. Por otro lado, es importante considerar
que el Fonabe es la primera institución que se integró exitosamente al Sinirube,
en abril del 2018, conforme lo exige la Ley 9137, lo cual favorece el control
de las filtraciones, además fue una de las primeras instituciones que
implementó el Índice de Pobreza Multidimensional para la focalización de los
beneficios. Estos y otros esfuerzos por mejorar los servicios que brinda la
institución se encuentran documentados y a disposición de quien desee
consultarlos.
5. Por
otro lado, podemos demostrar que hemos trabajado durante años en una
institución pequeña, con poco apoyo político, con un reducido personal que debe
atender a todo el territorio nacional (69 funcionarios/as), con un presupuesto
limitado, sin sedes regionales y sin los recursos materiales con los que
cuentan otras instituciones, y que a pesar de ello ha logrado cumplir con la
asignación de los beneficios, tal y como sucedió el año anterior cuando el
Fonabe tuvo la capacidad de gestión de asignar las 210 mil becas programadas en
el mes de mayo.
6. Creemos
firmemente en la necesidad de reorganización del Estado en búsqueda de su
máxima eficiencia, y que como en toda empresa o institución pública, se
necesitan mejoras e implementar acciones que corrijan las carencias, sin
embargo, consideramos que para lograrlo no es necesario denigrar la labor de
los funcionarios y funcionarias que hemos trabajado por tantos años con
dedicación y pese a las limitaciones antes señaladas, por lo que demandamos
respeto de los medios de comunicación y a quienes se han referido de forma
despectiva hacia los funcionarios y funcionarias y les solicitamos de forma
respetuosa informarse antes de emitir un criterio sobre la institución y sus
funcionarios de forma que no se emitan juicios de valor parcializados y
subjetivos.
7. Por
último solicitamos a las autoridades correspondientes realizar todas las
acciones que sean necesarias para garantizar que los beneficiarios de becas del
Fonabe no sean afectados durante este proceso, de forma que continúen
recibiendo la beca asignada por la institución tal y como lo requieren,
considerando a los que dependen en gran medida de esta para mantenerse en el
sistema educativo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
