ANEP solicita la intervención del Ministerio Público ante lista de contribuyentes que reporta cero ganancias o perdidas

-También solicita al Ministerio de Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha solicitado a la Fiscalía General de la República realizar las acciones pertinentes para establecer las responsabilidades respectivas derivadas de la publicación del listado de grandes contribuyentes, que en los últimos años han venido declarando cero ganancias o pérdidas al Estado sobre el impuesto a las utilidades.

La solicitud fue enviada esta misma tarde a la Fiscala General, Emilia Navas, para que el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios intervenga en este caso.

“Por este medio solicitamos a su respetable Autoridad, interponga sus buenos oficios a la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios; asimismo le diligencie ante los Órganos Jurisdiccionales (Jueces Penales competentes), los allanamientos urgentes, útiles y pertinentes, a los efectos de que los posibles elementos de prueba no desaparezcan, con el fin de poder llegar a las piezas probatorias necesarias a la sumaria, para poder investigar, imputar y establecer las responsabilidades penales respectivas, a él o los responsables de este presunto fraude tributario sin precedentes en la historia costarricense”, indica el documento enviado a la Fiscal General.

La petitoria de la ANEP se fundamenta en el Artículo 92 sobre Fraude a la Hacienda Pública, el cual indica “ El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años”.

“Esto ha causado una absoluta y general indignación y conmoción social en todas las personas decentes que tributamos en Costa Rica, sea en forma liberal o como ciudadanos en su condición de empleados públicos a los cuales se les rebaja los impuestos de su salario; cuando estos grupos organizados han demostrado que lucran de manera injusta e indebida, aprovechándose de toda suerte, de sortilegios y triquiñuelas para eludir sus obligaciones tributarias pero por otro lado, se aprovechan de diversos mecanismos para cobrar tasas de intereses altísimas, préstamos de usura y agiotaje, entre otras múltiples de actividades desplegadas por algunos de estos evasores”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.

ANEP solicita a Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones

La ANEP también, ha solicitado al Ministerio de Hacienda dar a conocer los nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones, de presuntas deudas tributarias. luego de que se diera a conocer el listado de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias al Estado sobre el impuesto a las utilidades desde el 2008 al 2017.

“Nuestra organización, ha estado muy pendiente de este tema y todo lo relacionado al tema tributario y fiscal. En atención a estos temas y con mucha seriedad ANEP ha venido investigando, estudiando, analizando y escribiendo en los diverso espacios, plateando esta problemática de la injusticia tributaria costarricense desde el año 2002. Por lo que solicitamos dar a conocer los nombres de esas 96 empresas y en cada caso el monto de dinero en controversia”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

La solicitud de la ANEP a la Ministra de Hacienda, Roció Aguilar, se ampara en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Así como, en el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias y/o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros.

“Estimamos que no es necesario un nuevo Recurso de Amparado para obtener los datos que solicitamos en la carta enviada a la Ministra de Hacienda”, finalizó Vargas.

Central Social Juanito Mora denunció al Gobierno ante congreso de la Confederación Sindical Internacional


La Central Social Juanito Mora, por medio de su vicepresidente, Walter Quesada Fernández denunció al Gobierno de Costa Rica ante el congreso de la Confederación Sindical Internacional, que se realiza en Dinamarca, debido al accionar de la administración Alvarado Quesada durante la huelga contra el combo fiscal.

Entrevista a Mario Rojas Vilchez: Unidad Sindical y Social denunció al Gobierno ante la OIT

La Unidad Sindical y Social, también entregó una consulta al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, con el fin de que brinde un criterio respecto a la propuesta legislativa (Proyecto de Ley Nº 21.049) que busca modificar el Código Procesal Laboral, la disolución de sindicatos y penalización de la protesta, y así, establecerlo como un proyecto que “atenta contra las libertades sindicales.

Unidad Sindical y Social denunció al Gobierno ante la OIT

Este martes 20 de noviembre la Unidad Sindical y Social, entregó a Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana (con sede en San José), un documento de denuncia contra el Gobierno de la República de Costa Rica, fundamentado en las recientes violaciones a la libertad sindical, el derecho huelga y la criminalización de la protesta sindical, entre otros.

“Acudimos a la OIT para que realicen una investigación ante la serie de hechos que se han presentado durante los 72 días de huelga. donde hemos sido amedrentados, acosados e incluso golpeados por la policía en algunas zonas del país. Estos son hechos abusivos por parte del Gobierno, que violentan los derechos humanos y sobre todo el derecho a huelga”, manifestó Walter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.

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La Unidad Sindical y Social, también entregó una consulta al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, con el fin de que brinde un criterio respecto a la propuesta legislativa (Proyecto de Ley Nº 21.049) que busca modificar el Código Procesal Laboral, la disolución de sindicatos y penalización de la protesta, y así, establecerlo como un proyecto que “atenta contra las libertades sindicales.

“Consideramos que la OIT es el organismo más competente para analizar este proyecto de ley y si su contenido es violatorio respecto a lo que establece la legislación entorno a la existencia de los sindicatos y a lo que denominamos democracia de la calle”, detalló Quesada.

Por su parte, Mario Rojas Vilchez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN criticó duramente al Gobierno de la República por el accionar durante la huelga contra el combo fiscal.

“En Costa Rica se están perdiendo derechos sindicales, debido al actuar de un Gobierno dictatorial, apoyado en el ataque del sector empresarial. Hemos hecho esta denuncia y consulta, para ser evacuada a la mayor brevedad, además de que se declare la violación a los Convenios 87 y 98 de la OIT y se haga un llamado de atención ante la violación de las libertades sindicales”, concluyó Mario Rojas Vilchez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

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Otra de las solicitudes realizada por la Unidad Sindical y Social ante la OIT, es la posibilidad de nombrar para Costa Rica un Comisionado Especial de la OIT, para que sea garante de que no se destruyan las organizaciones sindicales y que no atenten contra sus dirigentes.

Acuerdo de reajuste salarial pone fin a huelga en la municipalidad de Alajuela

En el acuerdo alcanzando en la Casa de la Cultura, tras casi cinco horas de negociación, se estableció que el reajuste salarial del 3,5% será correspondiente al primer semestre del año 2019, por lo que regirá a partir del 1 de enero del próximo año y será aplicado a todo el personal municipal. Debido a este acuerdo, las partes decidieron no entrar a discutir el reajuste salarial correspondiente al II semestre del presente año.

Otro de los puntos consensuados con la alcaldesa del cantón central de Alajuela, Laura María Chaves Quirós, es que la administración municipal no tomará represalias con los trabajadores que participaron del movimiento de huelga, el cual se extendió por siete días.

En el séptimo día de huelga trabajadores municipales de Alajuela se reunirán con la Alcaldesa

Trabajadores Municipales de Alajuela, que se mantienen en huelga, se reunirán este lunes a la 1:30 de la tarde con la alcaldesa, Laura María Chaves Quirós para tratar de llegar a un acuerdo respecto al conflicto laboral que provocó la huelga, que hoy suma su séptimo día.

En la reunión que se realizará en la Casa Rosada, sede del Concejo Municipal alajuelense, se buscará una solución al aparente incumplimiento a la negociación salarial correspondiente al II Semestre del 2018, tal y como lo define la Convención Colectiva y con base a un acuerdo previamente definido con el anterior alcalde, Roberto Thompson.

Otro de los puntos que se abordaría durante el encuentro de las partes, es el también incumplimiento a la negociación con las organizaciones sindicales para la definición del porcentaje del aumento salarial correspondiente al año 2019.

En la huelga participa la seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela junto a otras organizaciones sindicales.

Por el momento se encuentran paralizadas diversas labores del plantel municipal como: aseo de vías y recolección. Así como parquímetros, parte administrativa y un sector de la policía municipal, entre otros.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Oscar Mora, presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela al 7011 6513

Incumplimiento en negociación salarial provoca huelga en municipalidad de Alajuela

Trabajadores operativos de la Municipalidad de Alajuela iniciaron este lunes desde tempranas horas de la mañana un movimiento de huelga ante el incumplimiento a la negociación salarial correspondiente al II Semestre del 2018, tal y como lo define la Convención Colectiva y con base a un acuerdo previamente definido con el anterior alcalde Roberto Thompson.

Esta situación ha desencadenado la molestia de los trabajadores, que a eso de las 8:00 de la mañana se desplazaron desde el Plantel Municipal hacia el edificio municipal, donde trabajadores administrativos se sumaron al movimiento.

Otro de los aspectos que provocó la huelga se debe al incumplimiento a la negociación con las organizaciones sindicales para la definición del porcentaje del aumento salarial correspondiente al año 2019.

En la huelga participa la seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela junto a otras organizaciones sindicales.

Ha esta hora se encuentra paralizado las labores del plantel municipal como: aseo de vías y recolección, así como parquímetros, parte administrativa y un sector de la policía municipal, entre otros.

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Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de tres trabajadores municipales en Sarapiquí

El Juzgado de Trabajo de Sarapiquí ordenó a la Municipalidad de la localidad reinstalar a tres trabajadores despedidos hace dos años por haberse afiliado a la ANEP, así como por denunciar actos de corrupción a lo interno de la municipalidad.

El fallo del Juzgado de Sarapiquí viene a ratificar la lucha brindada por la ANEP durante dos años con protestas en el cantón y denuncias ante medios de comunicación como Grupo Extra, para que a los trabajadores Rafael Ángel Rivas Rivera, Milton Alvarado y Laureano Valdivia se les reinstalará en su puesto, ya que fueron despedidos injustamente y por prácticas laborales desleales.

El por tanto del Juzgado de Trabajo de Sarapiquí indica que “Se declara la nulidad de los actos de despido notificados mediante resoluciones administrativas número DA-009-2016, DA-010-2016 y DA-011-2016, todas del 28 de diciembre del año 2016. Debe ordenarse la reinstalación definitiva de cada uno de los actores a su empleo original o en puestos de similar naturaleza, manteniendo las mismas condiciones laborales que tenían antes del despido. Se condena a la demandada a cancelarle a los actores los salarios dejados de percibir desde el momento en que quedaron en firme los actos de despido y hasta la efectiva reinstalación, dicho pago deberá comprender tanto el salario base como todos los componentes salariales, deduciendo a los actores las siguientes sumas por concepto de liquidación laboral”,

Rafael Ángel Rivas Rivera, trabajó por ocho años para la alcaldía como peón de sanidad, Milton Alvarado fue por 9 años chofer y Laureano Valdivia trabajó 22 años para el municipio; hace ya casi dos años explicaron el acoso laboral que enfrentaron por parte de las jefaturas por estar afiliados al sindicato y ser testigos en una denuncia penal.

El proceso judicial fue llevado por Esteban Calvo Rodríguez, Consultor Jurídico Externo de la ANEP y con base a la ley laboral anterior a la Reforma Procesal Laboral logró la reinstalación de estos anepistas.

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En segunda instancia declaran legal huelga en el AyA

El Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la sentencia de legalidad que se había dado en primera instancia con respecto a la huelga en Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El fallo en segunda instancia por parte del Tribual de Apelación indica que “en atención a todo lo expuesto, este Tribunal de Apelación, confirma la sentencia de
primera instancia, en cuanto dispuso, declarar legal la huelga política declarada en el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”

Lo anterior por cuanto el Tribunal avaló el análisis realizado por la jueza Sedier Villegas Méndez quien consideró que el movimiento huelguístico iniciado el 10 de setiembre de 2018, no corresponde a ninguno de los tipos de conflictos mencionados en nuestro Código de Trabajo, sino más bien a una protesta en contra de una política pública, concretamente el proyecto de ley 20.580.


Además, la jueza Sedier Villegas Méndez consideró normativa de la Organización Internacional del Trabajo para dictar la legalidad de la huelga en AyA.

“Sobre el particular, los intervinientes en este proceso han manifestado que el movimiento huelguístico iniciado el 10 de setiembre de 2018, no corresponde a ninguno de los tipos de conflictos mencionados en nuestro Código de Trabajo, sino más bien a una protesta en contra de una política pública, concretamente el proyecto de ley 20.580, que conoce en el caso de los funcionarios públicos, aspectos como pluses salariales, tales como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, cesantía, entre otros que afectan mayormente al resto de la población costarricense, como la fijación de impuestos, de manera que a criterio de ésta Juzgadora, encaja perfectamente en la definición de huelga política”, indica la jurista.

Dentro de los considerados la Jueza indicó que “es claro que estamos en presencia de una huelga política, en contra del proyecto de ley por lo cual los trabajadores y los sindicatos se encuentran legitimados para manifestarse en contra de estas políticas públicas, dicho derecho de manifestación está sustentado con principios democráticos como la libre expresión”.

Otro de los aspectos tomados en cuenta por Villegas Méndez es que este tipo de huelga no puede tener los mismos requisitos que las huelgas contractuales a que se refiere el Código de Trabajo.

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