Categoría: Acción Sindical

UNO: Alvarado, luego de la estafa política que representó la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril pasado, y aunque pagando él un altísimo costo en legitimidad-credibilidad y que le hizo dilapidar gran cantidad de su capital político en tiempo record; logró la unidad de las fuerzas político-económicas contrarias al bien común; esas que son las enemigas acérrimas del papel del Estado en la economía, con su enfermiza fijación patológica contra el empleo público.

Logró lo que no había alcanzado el bipartidismo clásico PLUSC, debido a sus respectivos procesos degenerativos, ideológicamente hablando (con corrupción incluida), y que mostraban ya gran desprestigio como para un nuevo dinamismo impulsor de la agenda neoliberal. Alvarado, con su lugarteniente Piza, resultó ser el líder necesario que ocupaba el capital.

DOS: Prácticamente, el sistema de partidos políticos como tradicionales conductores del rumbo del país, colapsó. La agenda-país de la actualidad sale impulsada desde los latifundios mediáticos promotores de la cultura y de los valores más nefastos de la globalización neoliberal (esa que ya se plantea como “agotada” por brillantes mentes del planeta). Además, obtuvieron una ventaja estratégica: la cúpula judicial-constitucional se les adhirió. La gente políticamente sana de las bases del PLUSC-PAC parece que deberán buscar nuevos aires.

TRES: El PAC resultó ser un partido político de corte antisindical en esencia, pese a que no pocas bases laborales contribuyeron para su llegada al Poder Ejecutivo, en la anterior administración y en la presente. Un partido que expresa con mucha virulencia su antisindicalismo, mucho más crudamente que el mostrado, en sus respectivos momentos, por el bipartidismo clásico PLUSC: aunque ahora los tres están más que junticos en cuanto a acabar con el movimiento obrero costarricense.

CUATRO: La izquierda político-partidista (la que hemos conocido hasta hoy, al menos), está en una situación calamitosa, aunque repleta de gente honesta, comprometida y sacrificada. De lo que queda de ella en cuanto tal, genera enojo y resentimiento la parte de la misma que está como colaboracionista de la tríada gobernista PLUSC-PAC.

CINCO: El evangelismo religioso que logró notable ascenso electoral con fuerte representación parlamentaria (aunque ahora dividido), está ahora más claro en cuanto a su identificación cercana  con la agenda ideológico-neoliberal del latifundismo mediático dominador del debate nacional, que de las bases electorales que les dieron tan alto nivel de representación; bases electorales de mucha presencia regional con ocasión de la pasada huelga patriótica contra el combo fiscal, por su reclamo legítimo de exclusión social y económica, precisamente derivada de las políticas de esa agenda neoliberal.

SEIS: Cuantitativamente minoritarias, valiosas voces parlamentarias actuales podrían transformarse en denuncia ciudadana activa y en aporte movilizador para fomentar la construcción de la otra hegemonía en cuanto tal, la que hace falta; generándose, eso sí, las imprescindibles confianzas intra y extramuros legislativos.

SIETE: Quedó en evidencia el potencial sociopolítico de corte transformador para la restauración del bien común y la lucha contra la creciente desigualdad, por parte del pueblo excluido (pero utilizado para efectos electorales), sí y solo sí resulta capaz de articularse estratégicamente, sacándole provecho a la diversidad, y si construye causas de capacidad convocante unitaria.

OCHO: El perverso sistema tributario costarricense quedó completamente al desnudo, cruelmente expuesto en su aspecto repugnantemente abusivo y socialmente criminal: la evasión tributaria en todas sus formas superó lo inimaginable: la lista de grandes contribuyentes que declaran pérdidas y/o cero ganancias (consorcios corporativos con plena afinidad con el binomio Piza-Alvarado y la tríada PLUSC-PAC); las 96 megaempresas que deben al fisco más de 1.5 puntos PIB; la todavía oculta situación tributaria de las GETES (grandes empresas territoriales);  la inenarrable situación de evasión con el impuesto sobre las ventas que se agravará más con el establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA); el robo y la desaparición de expedientes de cobro tributario, el continuado negocio de la evasión aduanera que llega a niveles imposibles de cuantificar; la fiesta sin fin de los 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; la usura asesina de las economías familiares y productivas con el cobro más que abusivo de los intereses de las tarjetas de crédito y negocios asociados; etc., etc., etc. Cambiar todo esto, o parte, requiere de una especie de revolución tributaria estructural.

NUEVE: La profundidad del abismo de la deuda pública y del pago de sus intereses, aspectos imposibles de honrar sin someter al pueblo a sacrificios sociales y económicos indescriptibles; y la más que suicida propuesta de Alvarado y su grupo de endeudarnos más todavía para dejarnos (en 2022), en una cifra bárbara de más de 40 mil millones de dólares. Todo esto se complica mucho más para la gente, pues la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, piden más sangre presupuestaria que, al fin, es sangre de los y de las de abajo.

DIEZ: La necesidad de impulsar otra reforma del Estado y del empleo público para atender -entre otros aspectos-, el grave problema de las burocracias doradas, de las zonas de empleo público precario, de la pauperización de servicios públicos relevantes para el bien común, de las duplicidades institucionales insulsas; y de transformación-eliminación de las entidades públicas facilitadoras de escandalosos negocios privados y apropiación indebida de fondos públicos, aunque sea con tonalidad legal. Pero una transformación estructural del empleo público no puede ser diseñada sin una transformación estructural del sistema tributario. Tienen más que una relación simbiótica la una con la otra.

ONCE: Finalmente, es constatable la presencia más que activa y desafiante de las dos hegemonías en pugna, ahora más perfiladas que antes: una, la que tiene el poder, que tiene plena conciencia de que lo es, y lo está utilizando (disfrutando) plenamente. La otra hegemonía, la de los y las de abajo, sabe que puede serlo y entrar a la disputa más estratégicamente; y no tan coyunturales como lo ha venido haciendo… pero no encuentra el como.

Una condena política ejemplarizante

“Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. (…) Porque soy como el árbol talado que retoño: aun tengo la vida” (Miguel Hernández)

El 11 de setiembre, un día después que empezó la Huelga 10-S, Carlos Andrés fue aprehendido por la Fuerza Pública.

Pero, ¿quién es Carlos Andrés? Carlos Andrés es un trabajador de 27 años, curtido por el sol del Caribe, con más de 8 años de laborar en las instalaciones de Recope, en la localidad de Moín.

Carlos Andrés fue acusado por el Ministerio Público, quien el 27 de noviembre último, fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias -por cierto, bastante contradictorias en el pronunciamiento judicial-, se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Carlos Andrés fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme semejante gazapo judicial.

La sentencia dictada contra Carlos Andrés, en un juicio sumario, está plagada de yerros jurídicos y prejuicios ideológicos, fundada en especulaciones policiales, ayunas de todo respaldo probatorio, que violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, a contrapelo del artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 60 del Código Penal y artículo 1, 3, 6, 10 del Código Procesal Penal.

La historia nos demuestra que esta suerte de vicios procesales y de fondo, son una constante en esta especie de procesos, que se transmutan en verdaderos juicios políticos, en los que los jueces terminan subordinándose al linchamiento mediático y político, que valga recordar que el propio Presidente de la República demandó mano dura contra este trabajador de RECOPE, aplaudido hasta con las orejas por los medios de comunicación colectiva que todos conocemos.

Pero, por otro lado, la denegación del beneficio de la ejecución condicional de la pena y la imposición de la prisión preventiva, es totalmente ilegítima y desproporcionada, una afrenta más al famélico Estado Social de Derecho, sostenido apenas con respiración artificial.

El encarcelamiento arbitrario de Carlos Andrés no tiene fundamento legal, porque se le impuso una pena inferior de tres años, quien tiene domicilio estable, trabajo fijo, arraigo familiar y además, no tiene ningún antecedente penal.

La privación de libertad debe ser una medida excepcional, que en este asunto no tiene justificación legítima la condena que se le impuso a Carlos Andrés y mucho menos, la desproporcionada prisión preventiva.

La prisión degrada, estigmatiza, cuyas consecuencias sufre la familia de la persona recluida. Carlos Andrés no se merece este infame vejamen.

Entonces, ¿qué razones privaron para negar a este humilde y joven trabajador el beneficio de la ejecución condicional de la pena y ordenar su prisión preventiva? No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social, sin padrinos políticos que recurran presurosos a su auxilio y de otra parte, mandar una inequívoca advertencia contra las huelgas y la protesta social; es decir, una sentencia ejemplarizante que pretende amedrentar a la ciudadanía, cada vez más disconforme con las cosas que están pasando en este descarrilado país.

Desafortunadamente, la política criminal costarricense se viene decantando por un uso excesivo de la prisión preventiva, reflejo de un Estado Policial que receta cárcel y macana, como mecanismo reactivo de “resolución” de los conflictos sociales que se van acumulando y agudizando en todo el territorio nacional, pero que tarde o temprano serán incontenibles.

La familia de Carlos Andrés extrañará su tangible ausencia en la Noche de Navidad. Su hijo, con el corazón partido, no renuncia a la esperanza de que en el último minuto, se le cumpla el único sueño, que ahora más que nunca quiere se haga realidad, para siempre.

Mientras tanto, en el Centro Penal Sandoval, donde está injustamente encarcelado, pasarán por la mente de este muchacho tantos recuerdos de su infancia, de juventud, aguijoneados por el fantasma de la Libertad, mientras sus verdugos y carceleros montarán la juerga, hasta embriagar lo poco que les queda de conciencia.

El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida.

¡Libertad inmediata para Carlos Andrés¡

Manuel Hernández