Cabe destacar la anuencia de la administración del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de San José, para llevar a cabo la implementación de la convención, la cual es la primera de la historia en este tipo de institución.
Categoría: Acción Sindical
Ordenan cierre de ámbito B de la Reforma
Existencia de sobrepoblación penal y hacinamiento crítico obligaron a una jueza de Ejecución de la Pena a ordenar el cierre de este ámbito.
Jueza ordena cierre de Ámbito B de La Reforma by EugenioGuerrero on Scribd
Más de 135 jóvenes de todo el país plantearán soluciones al desempleo juvenil
Este jueves 11 y viernes 12 de agosto más de 135 jóvenes se darán cita en el II Encuentro de Juventudes Anepistas y Organizaciones Fraternas, evento patrocinado por el Banco Popular, y que busca la construcción de propuestas y acciones para mitigar el desempleo juvenil, el cual se desarrollará en la sede del ICAES en Coronado desde la 8:00 a.m.
Desde el 2012 Costa Rica experimenta un incremento en la cantidad de jóvenes desempleados que representan el 42% del total de la población, siendo los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad los más afectados, según datos del Informe del Estado de la Región.
Deiby Porras, Presidente de la Seccional ANEP-Joven indicó que el II Encuentro de Juventudes Anepistas y Organizaciones Fraternas aborda temas de realidad nacional que durante el presente año la seccional ha trabajado y que consideran deben trabajarse desde las estructuras de Estado.
“Hablamos de la promoción de empleo y trabajo decente en un escenario donde existen altos indicadores del desempleo juvenil donde la flexibilización, la precarización laboral y el trabajo informal han aumentado y se convierten en actividades de sobrevivencia para los jóvenes” dijo Porras.
El evento también contará con la participación del Viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez; el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Harold Villegas; así como organizaciones internacionales con el objetivo de establecer acciones en conjunto para mitigar el desempleo juvenil.
Para el Viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez la realización de estas actividades logran integrar esfuerzos entre Gobierno y Organizaciones Sociales para combatir el desempleo juvenil.
“El reto es cambiar las condiciones de oferta laboral para los jóvenes como por ejemplo en materia de experiencia que se ha convertido en un obstáculo para la obtención de empleo. Desde el Gobierno hemos trabajando en acciones concretas para cambiar este escenario y el apoyo de organizaciones sociales como ANEP-Joven es de vital importancia para logar ese objetivo”, manifestó el Viceministro de Juventud.
Durante el II Encuentro de Juventudes Anepistas y Organizaciones Fraternas, también se abordará el Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA en sus siglas en inglés) con el objetivo de que los jóvenes conozcan las complicaciones que traerá la aprobación de este tratado como la privatización de instituciones públicas, aumentar las brechas de desigualdad, atentar contra las fuentes de trabajo digno y dejar al Estado en un escenario de indefensión jurídica.
“Gobierno del PAC podría estar entregando elecciones a partidos tradicionales”
Tomado de larepublica.net
La decisión del presidente Luis Guillermo Solís de respaldar y discutir a partir de la otra semana, la ley de empleo público, tendría un elevado costo político para el gobernante Partido Acción Ciudadana de cara a las elecciones de 2018.
Lea más: “ANEP pondrá lucha contra ley de empleo público como prioridad en 2017”
Unos 300 mil burócratas y sus familiares podrían votar por Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, como una medida de protesta en contra del gobierno que hoy encabeza Luis Guillermo Solís y que, supuestamente, era cercano a los trabajadores, asevera Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La molestia del sindicalista se debe a que la ley que debatirá el Congreso, con el apoyo del Gobierno, recortaría pluses salariales como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición y al mismo tiempo, bajaría el tope de cesantía de 20 años a ocho años, entre otras medidas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
De esta forma, solo quedaría “la democracia de la calle” como alternativa, agrega Vargas.
¿Se puede decir que con esta decisión, el gobierno del PAC les entrega la elección de 2018 a los partidos tradicionales?
Es una buena pregunta, ya que lo va a quedar en la imagen del empleado público es que este gobierno fue un desastre para sus intereses y eso pasa una factura, sobre todo si también se cobran nuevos impuestos a través del IVA principalmente que impulsa el presidente Luis Guillermo Solís.
Yo no sé qué va a pasar, lo que sí sé es que somos 300 mil empleados públicos que se convierten en un 1 millón de votos con nuestros familiares y que una campaña política se puede perder por 50 mil votos o menos.
¿Hubo traición del presidente Solís con el sector sindical al respaldar esta propuesta?
Nos parece que el gobierno se mete en la danza electoral de 2018, y cree que al convocar esta ley tan nefasta va a ganar en imagen pública para su partido, a costa de sacrificar derechos laborales y salariales de los empleados públicos, uniéndose así al circo mediático que ha satanizado el empleo público.
Lo que no ha logrado entender es que se podría dar un efecto contrario.
El Gobierno cree congraciarse con la opinión pública, pero le hace el trabajo sucio al PLN.
¿Es el mayor retroceso laboral de la historia?
Definitivamente. El problema de la desigualdad pasa por el tema de los salarios y no vamos a resolver este tema, bajando el salario de los que ganan un poquito mejor, y equiparlo con el sector privado.
Eso no es justicia social.
¿Qué peso tiene el costo de los salarios públicos en el déficit fiscal?
Eso es lo extraño, el mismo gobierno nos ha dicho que el principal disparador del gasto público son los intereses de la deuda, que se comen el 40% del presupuesto de la República, entonces, no vemos la razón de echarles los muertos a los empleados públicos, cumpliendo con lo que dice Liberación Nacional de que los malos de la película somos nosotros.
Uno de los principales puntos de la ley de empleo público busca recortar las anualidades. ¿Son estas un derecho adquirido, o bien, un incentivo que debe ganarse?
La discusión de las anualidades y otros pluses debe darse en otro contexto, pero no de esta forma.
Se están mezclando pluses, anualidades y déficit fiscal, además de interés de la deuda y eso es un coctel molotov.
Los pluses de cada empleo público no son iguales, no hay un solo régimen de empleo público, sino 14 sistemas diferentes.
La gente no sabe, pero apenas el 0,6% de los burócratas tiene salarios superiores a los ¢2,5 millones, cuando lo que se debe hacer es revisar los salarios de lujo.
La ley establecería un monto máximo de salario cercano a los ¢5 millones, ¿acaso eso no es revisar los salarios de los altos jerarcas?
Por qué no legislan solo para jerarcas, por qué excluir a los banqueros, que den el ejemplo.
Están pagando justos por pecadores, nosotros somos puntuales pagadores de impuestos, pagamos renta cuando corresponde y pagamos el de ventas, cada vez que hacemos una compra, mientras existe una gran evasión de impuestos del 8,5% del PIB por parte del sector privado, además de un 6% del PIB en exoneraciones. Ahí es donde se deben hacer los esfuerzos.
Por otra parte, hay que aclarar que revisar los salarios públicos tendría poco impacto en la resolución del déficit fiscal, lo que quieren es empobrecer a la clase trabajadora.
¿Qué pasará ahora?
Creemos que hay apostar a la democracia de la calle.
Espero un bochinche grande.
Desde hace tiempo hemos hecho un llamado a la unidad sindical en la acción, pero la dirigencia no se ha comprometido. Espero que ahora cambie el panorama.
*¿Irán a la Sala IV?
*
Todos los escenarios de empleo público están abiertos.
Nos preocupa que este tema se discuta en el Congreso, donde hay una gran carga ideológica, no hay una discusión sana, pausada, no se pueden resolver 70 años de empleo público y jurisprudencia en un solo proyecto de ley.
El pacto Gobierno-PAC con el PLN agrede, doblemente, a la clase trabajadora
Aunque no podemos hablar por la totalidad del Movimiento Sindical representante de la clase trabajadora asalariada del sector Público pues apenas somos una corriente parte del mismo, sí podemos afirmar que hay claridad en cuanto a que la única posibilidad de enterrar, definitivamente, el proyecto de Empleo Público es la huelga general y con carácter indefinido según diversos criterios que se vienen manifestando dentro de la dirigencia sindical nacional.
Se ha venido planteando que el mejor momento para el arranque de esa huelga general y que podría tener un carácter indefinido, es que sea al día siguiente de que en la Asamblea Legislativa le dieran vía rápida a la tramitación del expediente legislativo 19.506.
Al ser así las cosas, el gran desafío para el Movimiento Sindical en la presente coyuntura, que es la más difícil de toda la historia del Empleo Público de nuestro país, es articularse en el marco de la diversidad que le caracteriza para desarrollar ese desafío de la huelga general una gran unidad sindical en la acción, más allá de las divergencias entre los dirigentes.
En tal sentido, desde el Colectivo Sindical Patria Justa reiteramos el más transparente, vehemente y respetuoso llamado a la unidad sindical en la acción a todos los colegas dirigentes de las otras corrientes sindicales que, de una manera u otra, también han venido levantando activa y militantemente las banderas de la defensa obrera en el marco de la feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el Estado.
Pero, además, este enorme desafío para la más amplia unidad sindical en la acción es doble en esta delicada coyuntura.
El pacto entre el Gobierno-PAC y el Partido Liberación Nacional (PLN) para atacar derechos salariales y laborales de los empleados públicos, agrede también a toda la clase trabajadora sin excepción, al imponerle a la misma un aumento de 2 puntos en el impuesto sobre las ventas, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15 %.
Esto constituye una severa y condenable agresión económico-social no solamente para quienes están como asalariados en el sector privado bajo la “dictadura” del salario mínimo (que por cierto, ni siquiera se aplica a casi la tercera parte de este segmento laboral), sino para ese gran conglomerado obrero de la economía informal que está ya acercándose al 50 % de la Población Económicamente Activa (PEA).
En definitiva, el proyecto de Empleo Público, expediente legislativo 19.506 y aumentar del 13 al 15 % el impuesto sobre las ventas, son dos injustas medidas para profundizar la peligrosa senda de la desigualdad, la de la concentración de la riqueza, la de la exclusión y la de la violencia social.
Este pacto Gobierno-PAC con el Partido Liberación Nacional (PLN), empleo público a cambio de IVA sirve como elemento para explicarse las razones por las cuales entre un 50 y un 70 por ciento de la población electoral nacional se siente estafada, políticamente hablando.
En el caso del sector Público, con unas 300 mil personas trabajadoras asalariadas, se puede hablar de cerca de 1 millón de votos que estarían buscando una seguridad laboral, social y laborar que no parece que vendría ni del propio PAC, ni mucho menos del PLN y sus turecas del parlamento.
Tenemos fe de que el Movimiento Sindical en su conjunto estará a la altura de semejante desafío histórico, considerando que todas las bases laborales y sociales que representamos ya están unidas, ansiando y demandando que los dirigentes nos unamos y nos sentemos a trabajador en la planificación de esa huelga general.
San José, viernes 6 de enero de 2017.
Trabajadores y trabajadoras de cárceles del OIJ se afilian a la ANEP
La abrupta afectación en su jornada laboral y salarios que están sufriendo los y las funcionarias de esta sección del poder judicial en el último mes les llevo a poner su confianza en la Anep.
Ante esta situación la ANEP solicitará de forma inmediata una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge para solicitar una mesa de trabajo y detener la directriz girada por el poder judicial, ya que esta violenta todo el debido proceso.
Durante la actividad también quedó conformada la Junta Directiva de la Nueva Seccional ANEP- Cárceles del OIJ a la cual le damos la bienvenida a la familia anepista.
Reenviar a extraordinarias el proyecto de Empleo Público: Pésima y provocadora decisión del Gobierno
Como pésima y provocadora decisión califica el Colectivo Sindical Patria Justa y el SEC la decisión del Gobierno de la República de reenviar al nuevo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que arranca este lunes 9 de enero, el expediente legislativo No. 19506, comúnmente conocido como “Empleo Público”
Si ya es aceptado que el déficit fiscal no se debe a los salarios de quienes laboran para el Estado costarricense, lo cual tanto ANEP como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA lo han demostrado hasta la saciedad…
Si ha quedado claro que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector Público como la del Privado, no roba impuestos sino que es puntual pagadora de los mismos.
Si el propio Gobierno reconoce que el “disparador” fundamental del déficit fiscal son los intereses de la deuda pública…
Entonces insistir en el trámite del detestado y odiado proyecto de empleo público 19.506, ¡es una cuestión ideológica!
La única respuesta que encontramos es que se trata de una concesión de carácter ideológico a aquellos sectores neoliberales con representación legislativa, especialmente una concesión al Partido Liberación Nacional (PLN); sectores que responden a intereses del capital oligárquico-empresarial abanderados de una famosa “competitividad” de la economía costarricense basada en la precarización de los salarios y en la pauperización del empleo; en la privatización de los servicios públicos y en el cierre de instituciones; en la reversión de derechos laborales y en la eliminación de la negociación colectiva; y… en la liquidación de los sindicatos.
¿Qué pretende el Gobierno? ¿Está inmerso ya él mismo en el proceso electoral nacional del 2018 que ya arrancó y pretendería, por tanto, una “mejora” de la percepción de la imagen del partido gubernamental en tal coyuntura, uniéndose así al circo político-mediático del linchamiento de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, poniéndolas como “los malos de la película” en esto del déficit fiscal?…
¿Qué pretende el Gobierno a sabiendas de que aunque le entregara a ese tipo de intereses la estabilidad laboral-salarial de miles de empleados públicos, sus contrapartes electorales en el parlamento jamás aprobarían aumentos de impuestos como los de ventas y de renta pues electoralmente se trata de medidas “bota-votos”; es decir, electoralmente contraproducentes de cara a las elecciones generales del próximo año 2018?…
La principal carga ideológica del proyecto 19.506 está en el ataque fulminante en contra de las Convenciones Colectivas de Trabajo, mismas que producto de la satanización mediático-política a que han sido sometidas, pretenden derogarse de facto con esta intentona legislativa denominada como “Empleo Público”.
Esta carga ideológica contraviene no solamente la Constitución Política del país, sino la misma esencia de los tratados internacionales comprometidos por Costa Rica con la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que equivale a decir con las mismísimas Naciones Unidas (ONU); sin hablar de los instrumentos mundiales en materia de Derechos Humanos que consagran como Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva.
En consecuencia, si el corazón del déficit son los intereses de la deuda pública nacional, si el propio Gobierno dice que éste es el disparador fundamental del déficit, entonces el abordaje debe ser de otra naturaleza y no el de cercenar derechos laborales ni conquistas salariales.
No hay más camino que el de la Democracia de la Calle es todas sus potenciales manifestaciones creativas y hacia esa nos abocaremos, insistiendo en la construcción de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar esta circunstancia.
Cruzrojistas conforman la Seccional ANEP Cruz Roja
Precondiciones para el debate sobre el futuro del IVM
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estamos por la sostenibilidad del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que estamos dispuestos al debate sobre el futuro de nuestro sistema jubilatorio, siempre en el marco de su carácter colectivo, como lo hicimos en el año 2005.
Estamos en contra de que se eleve la edad de jubilación a los 70 años, se aumente la cotización obrera, y/o se reduzca el monto a recibir por pensión.
Desde ya establecemos como representantes genuinos de una importante parte del conglomerado laboral cotizante al IVM, lo que denominamos como: Precondiciones necesarias para la discusión del tema en el marco de una eventual mesa de trabajo de los actores sociales y productivos de nuestro país.
Primero: Consideramos que la Dirección Actuarial de la institución debe ser objeto de una cuidadosa transformación profesional.
Segundo: La Junta Directiva de la CCSS debe tomar acuerdo en la dirección de que los fondos del régimen de IVM y los del SEM (Seguridad y Maternidad) deben separar su administración, tal y como resulta concluyente del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Tercero: La sociedad costarricense, y particularmente los depositarios del fondo de jubilación de IVM, deben ser informados de previo a la discusión de cualquier medida respecto a las decisiones tomadas por parte de la alta cúpula gerencial sobre inversiones realizadas entre los años 2011-2012 pues, presuntamente, se utilizaron fondos del seguro de pensiones IVM para gastos y operaciones ordinarios del seguro de salud SEM, situación que incluso fue objeto de denuncia penal ante el Ministerio Público .
Cuarto: Iniciar el debate conociendo cuál ha sido el avance de lo acordado en el año 2005 en lo relativo a fortalecimiento del sistema de inspección de la institución para el control de la evasión morosidad y sub-declaración.
Quinto: Revisión del carácter filosófico de la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) (segundo pilar), concretamente tomando en cuenta que éste fue creado para salir en defensa del IVM (primer pilar) si se presentaban problemas financieros o de desfinanciamiento. En este particular, se debe conocer el informe de auditoría de la institución.
Sexto: Revisión de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) del año 2000, en su artículo 78, para auscultar la naturaleza de su incumplimiento y las necesarias medidas a tomar para que el mismo se siga dando.
Sètimo: Conocer la política actual y futura de inversiones que aplica la institución aseguradora con fondos de IVM y propuestas para traer recursos frescos al IVM.
Nuestra posición define claramente que antes de realizar cualquier variante paramétrica en edad, cuotas o cotización obrera, la discusión debe pasar por un riguroso análisis de los aspectos NO PARAMÉTRICOS como los apuntados, que deben emprenderse para garantizar la sostenibilidad futura del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
San José, domingo 1 de enero de 2017.
Acuerdo de Unidad Sindical en Acción
La voluntad política de este esfuerzo de Unidad Sindical en la Acción es para generar las acciones colectivas que sean necesarias para:
- Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”.
-Exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos.
-Exigir el Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos.
-Respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.
