Ayudenos con su firma para no dejar impune estos delitos contra la seguridad social del país.
Categoría: Acción Sindical
Funcionarios de la CCSS habrían maquillado informes y ejecutado conflicto de intereses con el IVM
El próximo jueves Muñoz comparecerá nuevamente ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público para atender las consultas de los diputados quienes se mostraron sorprendidos por las denuncias del trabajador de la Caja.
Recordemos que hace una semana Juliana Martínez, equien formó parte en la Junta de Notables de la CCSS de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), crisis financiera, entre otros a la vez que solicitaba la intervención de la Caja.
Denuncia de Juliana Martínez, Notable de la CCSS

MSP incumple orden del Ministerio de Salud ante insalubridad de las delegaciones
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) incumple con una orden de inhabilitación emitida por la cartera de Salud ante las condiciones de insalubridad en las que funcionan las delegaciones en Boca Arenal, San Carlos y Paso Canoas, frontera sur; tras varias denuncias de la seccional ANEP-Fuerza Pública por el estado de dichas instalaciones.
De acuerdo con Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP- Fuerza Pública desde hace casi un año (15 de marzo del 2015), Salud giró una orden sanitaria para que las autoridades en un plazo de tres meses; mejoraran las condiciones de la Delegación de Paso Canoas por ser “inhabitable por peligrosa y ruinosa”.
Sin embargo, para salir del paso el MSP hizo el traslado de los policías de fronteras que se mantenían en esta delegación y en su lugar colocó a oficiales de la Fuerza Pública en dicho recinto sin haber realizado las mejoras solicitadas por el Ministerio de Salud.
“El Ministerio de Salud declara inhabitable la delegación de Paso Canoas, donde estaba destacada la policía de fronteras, pero hay un malestar creciente en este momento por parte de otros compañeros de la Fuerza Pública, porque retiran a los policías de fronteras lo cual es correcto, pero los reubican a ellos en este mismo puesto que debería estar cerrado y en reparación”, indicó.
Anchía manifestó que los oficiales sienten que hay un trato discriminatorio y despectivo al ubicarlos en una delegación en la que no podían estar los otros compañeros, pero si ellos.
“Nosotros pedimos que se ejecute lo que corresponde, que es la clausura inmediata y la reparación de ese inmueble para que pueda ser habitado por los oficiales” dijo Anchía quien agregó que las instalaciones tienen problemas sanitarios, de aguas negras y no tienen un plan de mantenimiento adecuado.
El oficio BRU-URS-031-2015 destaca que “la viga de entrepisos metálica se encuentra totalmente corroída, al igual que las escaleras que dan acceso a la segunda planta, aparte la edificación presenta estado ruinoso en algunas partes, la instalación eléctrica no cumple con la normativa vigente, ni la Ley 7600”.
Delegación Boca Arenal
En el caso de la delegación de Boca Arenal el oficio MS-RHN-ARSSR-ERS-098-2015 indica la declaratoria inhabitable del inmueble por insalubre en forma temporal, debido a que no reúne condiciones físico sanitarias y de higiene establecida en la legislación vigente en materia para albergar personas ya sea en forma temporal o permanente.
Pero estas no son las únicas delegaciones en estado deplorable, ya que en una gira realizada por la seccional por varias comandancias en la zona de Caribe se logró constatar la situación que pasan los oficiales en los sectores de Guápiles y Pococí ya que tienen que convivir con roedores.
“El pasado 5 de enero de los corrientes, se solicitó bajo el oficio N°02-01-2016 DPP-INT con carácter de urgente nuevamente la fumigación debido a que aparecieron con huecos bolsas de arroz, frijoles, galletas y otros; y muy probablemente mordeduras de ratones”, indica una carta con fecha del 2 de febrero del 2016 número D89-0040-02-16-JDPP.
Además, hace varias semanas el Ministerio de Salud clausuró la delegación de Cartago, construida hace aproximadamente cinco años y valorada en más de ₡952 millones.

Seccional ANEP-Municipalidad de San José logra ajuste salarial del 2%
Tras intensas negociaciones, la seccional ANEP-Municipalidad de San José logró un ajuste salarial del 2% para sus trabajadores el cual será aplicado en el primer semestre de este año.
Bolivar Sánchez, presidente de la seccional ANEP- Municipalidad de San José explicó que la propuesta del sector fue razonable, en el sentido de que se presentó en tres extractos, un máximo del 5%, un intermedio del 4,5% y un 4% mínimo para la negociación.
“La propuesta fue presentada en la Junta de relación laboral en la cual también participaron los otros sindicatos de la Municipalidad de San José y la propuesta de nosotros fue avalada y defendida por su totalidad con otros grupos”, indicó Bolivar.
Aunque en el primer acercamiento con la alcaldesa, Sandra García, fue poco alentador ya que adujo que no debía de aplicarse ningún aumento ya que la tasa de inflación estaba en 0 y como máximo ofreció el 1.20% para todo el año. Sin embargo, en una segunda reunión y de acuerdo con los parámetros de negociación se alcanzó el aumento del 2% para los primeros seis meses del 2016.
Luego de la aprobación del incremento, este debe de pasar por varios trámites, entre ellos la presentación ante el Concejo Municipal que debe aprobarlo, después es remitido a la Contraloría, que a su vez debe revisarlo y pasarlo nuevamente a la alcaldía para su aplicación.
El ajuste se estaría aplicando de forma retroactiva entre principios de marzo y mediados del mes de abril.
MTSS confirma vigencia de Convención Colectiva en la Imprenta Nacional
Acerca de “La Hora Tatá” en el Sistema Penitenciario Nacional
La crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es un tema olvidado por los diferentes sectores políticos y sociales del país. Por tal circunstancia, al abordarse delicadas situaciones que esta institución está viviendo, es notoria la falta de sensibilidad por parte de algunos actores políticos, tanto como la pérdida de objetividad de ciertos medios de comunicación a la hora de presentar la noticia penitenciaria. Y esto es alarmante.
Existe en la población del país un total desconocimiento de la importante labor que realizan los funcionarios y las funcionarias del Sistema Penitenciario Nacional costarricense. No se ha valorado en su real dimensión la mística y la vocación con la que estos abnegados servidores públicos desarrollan sus tareas.
Con discursos “populistas” se señalan las debilidades carcelarias de menor importancia, con el único objetivo de desvirtuar las funciones de estos servidores o favorecer a unos pocos.
En ANEP tenemos la convicción de que la Salud Mental del servidor penitenciario, como parte de la Salud Ocupacional decente que debe imperar en todo ámbito laboral, público y privado, es inherente a la labor de tratamiento y de seguridad de las personas privadas de libertad que están recluidas en las cárceles del país.
“La Hora Tatá” se ha conceptuado como parte de los pocos espacios y de las casi nulas posibilidades que en materia de Salud Mental tiene y están al alcance del funcionario penitenciario de hoy en día. Para la ANEP, su debida regulación y la denuncia de su abuso, deben ser elementos fundamentales para preservar este estímulo cualitativo al quehacer de la cárcel; sin embargo, el sobredimensionamiento político-jerárquico que las máximas autoridades le han dado a los casos aislados, ha herido el honor de la abrumadora mayoría de este personal de los servicios públicos costarricenses; lesión moral que fue potenciada, mediáticamente, con cierto morbo para estimular la “venta” de la noticia.
En tal sentido es importante, por tanto, reiterar que la ANEP está en contra de cualquier abuso en la función pública; y, abiertamente a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que no podemos compartir es que se ignoren los problemas medulares del sistema carcelario; temática ésta que, por supuesto, no es de interés para primeras páginas.
La elaboración de constantes informes y el cumplimiento diario de extensas agendas, han desbordado las capacidades individuales y colectivas del personal técnico, administrativo y operativo del Sistema Penitenciario Nacional: las visitas a los hogares, las visitas laborales a los oferentes, las entrevistas para visita conyugal, la confección de documentación, entrevistas a las personas privadas de libertad, así como los informes jurídicos, constituyen solo una pequeña parte del acongojante estrés laboral de este personal carcelario.
Contrariamente al morbo mediático, lo que no se da a conocer es que existe un faltante desproporcionado de personal y que el recargo de funciones es extremado; funciones que no se pueden obviar, que no se pueden dejar de hacer, pues se deben cumplir en los plazos establecidos judicialmente y las normas existentes.
De igual manera, para la ejecución de las funciones descritas es necesario coordinar mediante llamadas telefónicas, mismas que la mayoría de las veces deben hacerse desde el teléfono personal del funcionario por ausencia de teléfonos institucionales; o por un asunto de ubicación. La hora de almuerzo, ocasionalmente, no se toma, principalmente cuando se realiza trabajo de campo, o deben consumir los alimentos durante el traslado, no porque se les ordene, sino por el interés de cumplir con la mayoría de funciones que se exige.
Lo que no se dice es que el nivel de compromiso de estos funcionarios por cumplir con sus tareas, hace que muchas veces se lleven el trabajo de redacción de informes para sus hogares. Que son profesionales y técnicos calificados y que se les paga un salario vergonzoso, en comparación a lo que ganan profesionales de las mismas categorías en otras instituciones.
Que el nivel de hacinamiento en las oficinas es extremo y las pésimas condiciones de infraestructura evidencian el histórico desinterés institucional por tratar con dignidad a estos funcionarios.
Ahora el discurso toma otros rumbos, la desesperación por no tener respuestas certeras hace que algunos puestos de mando trasladen la responsabilidad a estos funcionarios. No vamos a permitir que se ensucie la imagen de los funcionarios del Sistema Penitenciarios Nacional con presunciones odiosas, generalizaciones abusivas, errores y abusos magnificados, espectacularidad mediática oficialista y afán de protagonismo político-jerárquico.
Si la situación de las cárceles no se nos ha salido de las manos, se debe enteramente a la buena función de estos servidores. No se vale que algunas corrientes autoritarias con ínfulas de frío intelectualismo, que no conocen la historia del Sistema Penitenciario Nacional, vengan a darnos lecciones de una moral que ni ellos conocen.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y de su Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), formulamos un vehemente llamado a los compañeros y a las compañeras de Psicología, de Trabajo Social, de Derecho, de Orientación, de Docencia, de Salud; así como a las especialidades técnicas diversas que complementan el trabajo de estas profesiones; e igualmente, a los compañeros y a las compañeras de los sectores administrativo y operativo de la institución, para que cerremos filas ante una política pública que nos ha olvidado, en este y en los anteriores gobiernos; ante una sociedad que nos invisibiliza pero nos manda más gente privada de libertad en contraposición a los recursos que nos quitan cada año para atenderla; ante enfoques de prensa sensacionalistas que no hacen abordaje integral y completo de nuestro quehacer; y, además, ante un país que no ha visto motines sangrientos ni mortales en nuestras cárceles, gracias a la vocación de entrega y sacrificio del personal penitenciario costarricense que, por supuesto, incluye a la abnegada Policía Penitenciaria que nos cuida todos los días, a quienes trabajamos en la cárcel y a quienes están obligados al internamiento.
San José, martes 9 de febrero de 2016.
Ligia Solís Solís, Presidente, Junta Directiva, Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Carros con placas falsas y personal sin licencia
La denuncia la conoce la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desde diciembre de 2015, cuando funcionarios de las seccionales de la ANEP de la Región Pacífico Central presentaron un memorando que detallaba las irregularidades e incumplimientos que se presentan en la actualidad con la licitación abreviada 2012LA-000005-PRI, que corresponde al contrato de “Servicios de suspensión, reconexión y verificación de servicios morosos en Puntarenas y Quepos”.
Se determinó mediante pruebas escritas y fotográficas el incumplimiento de las obligaciones del contrato, como el caso de los autos que utiliza la empresa beneficiaria. Entre lo más grave que se menciona está que portaban placas diferentes y no contaban con documentación al día. Precisamente uno de ellos, menciona la denuncia, es un Honda modelo 1989 que en la tapa tiene un rótulo adhesivo con la leyenda “Obra contratada por el AyA”.
Lo más grave es que las placas del carro no coinciden, ya que la delantera es la 472729 y la trasera la 462061. Se realizó un estudio de estas matrículas en el Registro Nacional de la Propiedad y en el primer caso corresponde a un Hyundai Elantra, color azul, modelo 1992, inscrito a nombre de Clever Rojas Cruz. Mientras que la trasera es de un Hyundai Excel año 1993, registrado a nombre de Randall Arias Artavia.
Como si esto fuera poco, también se determinó que el conductor de otra de las unidades que realiza suspensiones y reconexiones no contaba con licencia de conducir y el auto que manejaba, un Nissan Sentra modelo 1994, estaba en regla. “Muy grave que contraten una empresa con carros sin revisión técnica y el chofer sin licencia. Además, que existen autos de otras marcas a las registradas en el cartel de licitación y los carros no están rotulados, los empleados no usan uniformes, o sea es un desorden increíble”, manifestó el denunciante Edwin Marín Bonilla.
AYA CONOCÍA EL TEMA
La Auditoría Interna de esa institución conocía del tema, según la bitácora del inspector Édgar Vargas, con fecha 26 de agosto de 2014, donde señala que un funcionario de la empresa que brinda el servicio reconoció que cuando se daña un vehículo consiguen cualquier otro.
El informe indica que se advirtió que no presentaban ante AyA documentos como pólizas, licencias o marchamo que indiquen que la unidad es apta para dar el servicio. “Ni siquiera cuentan con cajas de protección de los equipos de la institución y los carros que utilizan para brindar el servicio son de los años 80 y ni siquiera son los mismos que se registraron en el cartel de licitación”, comentó Marín.
Las irregularidades reportadas a la Auditoría Interna también mencionan que el personal que realiza los trabajos lo hace sin uniforme y sin los equipos necesarios para trasladar los delicados equipos de AyA.
En la inspección donde afloraron las irregularidades también se determinó que el personal de esta compañía devolvió las órdenes de desconexión 2733727, 5156104, 27330009 y 51600422 argumentando que no se localizó el domicilio, pero estas fueron ubicadas rápidamente por otros funcionarios, ejecutándose la desconexión sin ningún problema.
Postura de las Centrales Sindicales ante propuesta del Gobierno
Comparecencia Juliana Martínez ante Comisión de Ingreso y Gasto Público
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