Acerca de “La Hora Tatá” en el Sistema Penitenciario Nacional

La crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es un tema olvidado por los diferentes sectores políticos y sociales del país. Por tal circunstancia, al abordarse delicadas situaciones que esta institución está viviendo, es notoria la falta de sensibilidad por parte de algunos actores políticos, tanto como la pérdida de objetividad de ciertos medios de comunicación a la hora de presentar la noticia penitenciaria. Y esto es alarmante.

Existe en la población del país un total desconocimiento de la importante labor que realizan los funcionarios y las funcionarias del Sistema Penitenciario Nacional costarricense. No se ha valorado en su real dimensión la mística y la vocación con la que estos abnegados servidores públicos desarrollan sus tareas.

Con discursos “populistas” se señalan las debilidades carcelarias de menor importancia, con el único objetivo de desvirtuar las funciones de estos servidores o favorecer a unos pocos.

En ANEP tenemos la convicción de que la Salud Mental del servidor penitenciario, como parte de la Salud Ocupacional decente que debe imperar en todo ámbito laboral, público y privado, es inherente a la labor de tratamiento y de seguridad de las personas privadas de libertad que están recluidas en las cárceles del país.

“La Hora Tatá” se ha conceptuado como parte de los pocos espacios y de las casi nulas posibilidades que en materia de Salud Mental tiene y están al alcance del funcionario penitenciario de hoy en día. Para la ANEP, su debida regulación y la denuncia de su abuso, deben ser elementos fundamentales para preservar este estímulo cualitativo al quehacer de la cárcel; sin embargo, el sobredimensionamiento político-jerárquico que las máximas autoridades le han dado a los casos aislados, ha herido el honor de la abrumadora mayoría de este personal de los servicios públicos costarricenses; lesión moral que fue potenciada, mediáticamente, con cierto morbo para estimular la “venta” de la noticia.

En tal sentido es importante, por tanto, reiterar que la ANEP está en contra de cualquier abuso en la función pública; y, abiertamente a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que no podemos compartir es que se ignoren los problemas medulares del sistema carcelario; temática ésta que, por supuesto, no es de interés para primeras páginas.

La elaboración de constantes informes y el cumplimiento diario de extensas agendas, han desbordado las capacidades individuales y colectivas del personal técnico, administrativo y operativo del Sistema Penitenciario Nacional: las visitas a los hogares, las visitas laborales a los oferentes, las entrevistas para visita conyugal, la confección de documentación, entrevistas a las personas privadas de libertad, así como los informes jurídicos, constituyen solo una pequeña parte del acongojante estrés laboral de este personal carcelario.

Contrariamente al morbo mediático, lo que no se da a conocer es que existe un faltante desproporcionado de personal y que el recargo de funciones es extremado; funciones que no se pueden obviar, que no se pueden dejar de hacer, pues se deben cumplir en los plazos establecidos judicialmente y las normas existentes.

De igual manera, para la ejecución de las funciones descritas es necesario coordinar mediante llamadas telefónicas, mismas que la mayoría de las veces deben hacerse desde el teléfono personal del funcionario por ausencia de teléfonos institucionales; o por un asunto de ubicación. La hora de almuerzo, ocasionalmente, no se toma, principalmente cuando se realiza trabajo de campo, o deben consumir los alimentos durante el traslado, no porque se les ordene, sino por el interés de cumplir con la mayoría de funciones que se exige.

Lo que no se dice es que el nivel de compromiso de estos funcionarios por cumplir con sus tareas, hace que muchas veces se lleven el trabajo de redacción de informes para sus hogares. Que son profesionales y técnicos calificados y que se les paga un salario vergonzoso, en comparación a lo que ganan profesionales de las mismas categorías en otras instituciones.

Que el nivel de hacinamiento en las oficinas es extremo y las pésimas condiciones de infraestructura evidencian el histórico desinterés institucional por tratar con dignidad a estos funcionarios.

Ahora el discurso toma otros rumbos, la desesperación por no tener respuestas certeras hace que algunos puestos de mando trasladen la responsabilidad a estos funcionarios. No vamos a permitir que se ensucie la imagen de los funcionarios del Sistema Penitenciarios Nacional con presunciones odiosas, generalizaciones abusivas, errores y abusos magnificados, espectacularidad mediática oficialista y afán de protagonismo político-jerárquico.

Si la situación de las cárceles no se nos ha salido de las manos, se debe enteramente a la buena función de estos servidores. No se vale que algunas corrientes autoritarias con ínfulas de frío intelectualismo, que no conocen la historia del Sistema Penitenciario Nacional, vengan a darnos lecciones de una moral que ni ellos conocen.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y de su Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), formulamos un vehemente llamado a los compañeros y a las compañeras de Psicología, de Trabajo Social, de Derecho, de Orientación, de Docencia, de Salud; así como a las especialidades técnicas diversas que complementan el trabajo de estas profesiones; e igualmente, a los compañeros y a las compañeras de los sectores administrativo y operativo de la institución, para que cerremos filas ante una política pública que nos ha olvidado, en este y en los anteriores gobiernos; ante una sociedad que nos invisibiliza pero nos manda más gente privada de libertad en contraposición a los recursos que nos quitan cada año para atenderla; ante enfoques de prensa sensacionalistas que no hacen abordaje integral y completo de nuestro quehacer; y, además, ante un país que no ha visto motines sangrientos ni mortales en nuestras cárceles, gracias a la vocación de entrega y sacrificio del personal penitenciario costarricense que, por supuesto, incluye a la abnegada Policía Penitenciaria que nos cuida todos los días, a quienes trabajamos en la cárcel y a quienes están obligados al internamiento.

San José, martes 9 de febrero de 2016.

Ligia Solís Solís, Presidente, Junta Directiva, Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Carros con placas falsas y personal sin licencia

La denuncia la conoce la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desde diciembre de 2015, cuando funcionarios de las seccionales de la ANEP de la Región Pacífico Central presentaron un memorando que detallaba las irregularidades e incumplimientos que se presentan en la actualidad con la licitación abreviada 2012LA-000005-PRI, que corresponde al contrato de “Servicios de suspensión, reconexión y verificación de servicios morosos en Puntarenas y Quepos”.

Se determinó mediante pruebas escritas y fotográficas el incumplimiento de las obligaciones del contrato, como el caso de los autos que utiliza la empresa beneficiaria. Entre lo más grave que se menciona está que portaban placas diferentes y no contaban con documentación al día. Precisamente uno de ellos, menciona la denuncia, es un Honda modelo 1989 que en la tapa tiene un rótulo adhesivo con la leyenda “Obra contratada por el AyA”.

Lo más grave es que las placas del carro no coinciden, ya que la delantera es la 472729 y la trasera la 462061. Se realizó un estudio de estas matrículas en el Registro Nacional de la Propiedad y en el primer caso corresponde a un Hyundai Elantra, color azul, modelo 1992, inscrito a nombre de Clever Rojas Cruz. Mientras que la trasera es de un Hyundai Excel año 1993, registrado a nombre de Randall Arias Artavia.

Como si esto fuera poco, también se determinó que el conductor de otra de las unidades que realiza suspensiones y reconexiones no contaba con licencia de conducir y el auto que manejaba, un Nissan Sentra modelo 1994, estaba en regla. “Muy grave que contraten una empresa con carros sin revisión técnica y el chofer sin licencia. Además, que existen autos de otras marcas a las registradas en el cartel de licitación y los carros no están rotulados, los empleados no usan uniformes, o sea es un desorden increíble”, manifestó el denunciante Edwin Marín Bonilla.

AYA CONOCÍA EL TEMA

La Auditoría Interna de esa institución conocía del tema, según la bitácora del inspector Édgar Vargas, con fecha 26 de agosto de 2014, donde señala que un funcionario de la empresa que brinda el servicio reconoció que cuando se daña un vehículo consiguen cualquier otro.

El informe indica que se advirtió que no presentaban ante AyA documentos como pólizas, licencias o marchamo que indiquen que la unidad es apta para dar el servicio. “Ni siquiera cuentan con cajas de protección de los equipos de la institución y los carros que utilizan para brindar el servicio son de los años 80 y ni siquiera son los mismos que se registraron en el cartel de licitación”, comentó Marín.

Las irregularidades reportadas a la Auditoría Interna también mencionan que el personal que realiza los trabajos lo hace sin uniforme y sin los equipos necesarios para trasladar los delicados equipos de AyA.

En la inspección donde afloraron las irregularidades también se determinó que el personal de esta compañía devolvió las órdenes de desconexión 2733727, 5156104, 27330009 y 51600422 argumentando que no se localizó el domicilio, pero estas fueron ubicadas rápidamente por otros funcionarios, ejecutándose la desconexión sin ningún problema.

Experta pide a diputados intervenir ante crisis en la Caja

Juliana Martínez, quien formó parte en la Junta de Notables de la CCSS compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto en la Asamblea Legislativa donde mostró preocupación por varias situaciones que rondan en la institución, como la reforma de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), crisis financiera, entre otros.
En el siguiente video encontrará una explicación sobre la situación actual de la Caja y la forma en que puede ayudar a salvarla.

Presidenta de la Seccional ANEP-Pani logra incorporarse en la Comisión de hostigamiento laboral

Tras siete años de lucha, la Seccional ANEP- Pani, logró la creación del Reglamento para la Prevención, Denuncia y Sanción del Hostigamiento Laboral y también alcanzó la incorporación de la presidenta de la seccional, Celia Solano Zárate, en la Comisión de Hostigamiento Laboral.

Según explicó Celia Solano, el reglamento contra el hostigamiento laboral fue aprobado en octubre del 2015, sin embargo, este fue el primer paso ya de la mano del documento es necesario crear una Comisión encargada de atender los casos debido a la complejidad y a la protección que debe recibir la víctima.

Para la Seccional ANEP-Pani, es importante que la administración brinde capacitaciones a las personas que no están preparadas para estar dentro de la comisión.

“Ha sido una lucha para crear la comisión. La administración no quiere y no tiene el compromiso en este tema, no le importa el ambiente en el que el funcionario trabaja. Logré que se me incluyera dentro de esa comisión. Sin embargo, hemos externado durante años de que dicha comisión no puede estar integrada por personas que no están capacitadas y sensibilizadas en el tema”, resaltó Solano.

La dirigente detalló que una carta enviada recientemente a Ana Teresa León Sánchez, Presidenta del PANI, que es importante tener en cuenta que las personas conozcan los procedimientos para trabajar en temas delicados y su vez, formar parte de la comisión.

Actualmente, el reglamento del Hostigamiento Laboral en el Pani es revisado minusciosamiente por la ANEP, ya que el primer documento aprobado tenía serios vacíos legales y dejaba indefensos a los trabajadores.

Comparecencia de Mainor Anchía ante Comisión de Ingreso y Gasto Público

Durante la comparecencia Mainor Anchía indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Así queda evidenciado en diferentes informes de la auditoria interna del MSP, N° AGSP/SA-A01-44-2013, AGSP/SA-01-1214-2014, AGSP/GA-01-241-2014, AGSP/SA-21-980-2015, AGSP/SA-16-398-2015, AGSP/SA-01-1045-2015, en manos de la Seccional ANEP-Fuerza Pública. Tanto los citados informes de la auditoria interna, como algunos documentos de la Contraloría General de la República, dan cuenta de los problemas en la gestión de las compras y distribución de recursos y “así lo hemos constatado en nuestras giras por distintas delegaciones del país”.

Mala planificación y administración de recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública

El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa debido a la mala planificación y administración de recursos por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública.

Durante la comparecencia Mainor Anchía indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Así queda evidenciado en diferentes informes de la auditoria interna del MSP, N° AGSP/SA-A01-44-2013, AGSP/SA-01-1214-2014, AGSP/GA-01-241-2014, AGSP/SA-21-980-2015, AGSP/SA-16-398-2015, AGSP/SA-01-1045-2015, en manos de la Seccional ANEP-Fuerza Pública. Tanto los citados informes de la auditoria interna, como algunos documentos de la Contraloría General de la República, dan cuenta de los problemas en la gestión de las compras y distribución de recursos y “así lo hemos constatado en nuestras giras por distintas delegaciones del país”.

“Millones de colones se presupuestan para la compra de uniformes fatiga, camisas, pantalones, botas, tenis para policleto, fundas para chaleco, jackets fosforescentes, entre otros insumos; que arrastran saldos de inventario en el almacén institucional del MSP desde hace varios años, mientras nuestros policías muchas veces deben salir a prestar servicio de Seguridad Ciudadana con uniformes rotos o desteñidos, con botas rotas y/o remendadas e inclusive con zapatos personales por la falta de calzado policial”, dijo Anchía en su comparecencia

Anchía amplio su presentación ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público indicando que lo que se da en el MSP es un completo “despilfarro”, situación que se viene dando desde hace varios años, sin que nadie tome el control ni las medidas correctivas.

“Este despilfarro, queda en evidencia con la compra patrullas y motocicletas que quedan aparcadas por falta de personal. También hemos comprobado que vehículos recién comprados han sido retirados de servicio por fallas como conjuntos de clutch, rótulas, radiador; que terminan convirtiéndose en chatarra. Ante esto consideramos que para el MSP es más barato comprar un vehículo que darle mantenimiento o repararlo cuando aún tienen muchos años de vida útil al ser modelos recientes”, manifestó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública

Si bien es cierto que los vehículos adquiridos deben ser modificados para la función policial, sin embargo las piezas extraídas quedan literalmente botadas sin buscarle utilidad. Dichas piezas refieren a asientos, bumper, faroles, entre otras.

“Aunque el MSP indica que se gasta el 90% del presupuesto hay compras desordenas y sin planificación, lo cual evidencia que no es lo mismo gastar que invertir. Existe mucha necesidad en Seguridad Pública, por eso en ANEP hemos defendido el presupuesto para esta cartera, pero también exigimos que se hagan buenas inversiones y sobre todo, que con ellas se brinden buenas condiciones condiciones a nuestros policías”, finalizó Anchía.

ANEP-Fuerza Pública atiende llamado de comunidad de Piedras Blancas por falta de seguridad en la zona

El pasado 21 y 22 de enero el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía visitó el distrito de Piedras Blancas, ubicado en la zona sur de nuestro país, luego de un llamado de vecinos de la comunidad aquejando falta de seguridad en la zona por parte de la Fuerza Pública.

Según detalló Diego García, líder comunal de Piedras Blancas, la intención de solicitar la ayuda de la seccional ANEP-Fuerza Pública, es como medida de presión y un acompañamiento; ya que desde hace más de 5 años se ha venido solicitando al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) apoyo en infraestructura, equipo y personal. Demandas que no han sido cumplidas a pesar de diferentes acuerdos que el MSP ha tomado con la comunidad.

“Hemos visto el incremento de la inseguridad en nuestra comunidad, no podemos mencionar si es por el oficial o por falta de personal; pero podemos desmostar que el consumo de drogas, prostitución de menores, entre otros; han ido en incremento y no se están atendiendo como debería. Nos indicaron (Fuerza Pública) que en efecto es una zona conflictiva por su ubicación fronteriza y salida a la península, con movimientos de droga; ante estas situaciones no entendemos por qué no se le da la atención con mejor equipo, infraestructura y personal”, dijo el líder comunal.

García indicó que, incluso el cantón de Osa recibe móviles nuevas, sin embargo el distrito de Piedras Blancas no se le ofrece este tipo de recursos y” más bien mandan móviles que no viene en buenas condiciones y a los días deben ser retiradas de servicio”.

Debido a estas molestias y la presencia del presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se realizó una reunión con personeros de la Fuerza Pública, en donde las autoridades se comprometieron con la comunidad de solicitar acondicionamiento de mobiliario y equipo; otro de los compromisos es el llamado de atención a personal por el no cumplimiento de su deber en especial al teniente Martín Morera, para incluso tomar medidas administrativas, así como mejoras en la móvil y de infraestructura.

Por su parte Mainor Anchía, presidente de la secional ANEP-Fuerza Pública, indicó que al apersonarse a la zona encontró líderes comunales y vecinos del distrito de Piedras Blancas preocupados por la situación de seguridad de la zona, pero a la vez preocupados por las condiciones en que laboran los policías que brindan seguridad en Piedras Blancas y de su intención de trabajar de la mano con la Fuerza Pública.

“Realizamos el acompañamiento a la comunidad como parte de la política de la ANEP de acercarse a las comunidades y sus problema s. En la reunión solicitamos al Director Regional que le diera atención y soluciones a las demandas de la comunidad”, manifestó Anchía.

Es importante destacar que la comunidad de Piedras Blancas en el año 2009 construyó la delegación policial y la puso Junto al terreno a disposición del Ministerio de Seguridad Pública, en el entendido de que el MSP iba a invertir en la infraestructura y mejorar paulatinamente, sin embargo a la fecha eso no se ha cumplido.

Anchía indicó que durante la reunión la seccional ANEP-Fuerza Pública realizó un contacto con el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata y el Subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching, en aras de darle seguimiento a la situación para que los vecinos obtengan los resultados que solicitan.

Puede escuchar las entrevistas realizadas a Mainor Anchía y Diego García en los siguiente archivos de audio