MSP paga cerca de ₡100 millones en costas procesales por el no pago de incentivos de Alto Riesgo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional ANEP-Fuerza Pública, denuncian que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha girado un monto cercano a los 100 millones de colones en costas procesales, esto por el no pago de incentivos de alto riesgo a oficiales de la Fuerza Pública.

El Alto Riesgo es un incentivo salarial que se contempla dentro de la Carrera Policial, el cual fue creado mediante el acuerdo No. 5878, tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Extraordinaria No. 03-2000 celebrada el 10 de abril de 2000, y comunicado mediante el oficio STAP No. 0683-2000 del 12 de abril de 2000 al Ministro de Seguridad Pública.

Sin embargo, según Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, se creó una línea de desigualdad, por cuanto se inició el pago de este incentivo a unos y se le denegó el pago a cientos de oficiales de la Fuerza Pública, “esto contrario al principio de igualdad que establecen la Constitución Política y el Código de Trabajo en materia laboral”.

“Por esta razón iniciaron múltiples procesos legales de funcionarios del Ministerio en contra del Estado, dándose fallos a favor de los demandantes, por el no pago del Alto Riesgo, a esto se suma el pago de las costas procesales por obligar a los actores a acudir a los órganos correspondientes, a esto se suma que aún faltan muchas demandas por resolver y presentar”, dijo Anchía.

Ante esta situación la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública solicitaron a la Procuradora General de la República, en razón de su potestad de representación de los intereses del Estado, se estableciera un proceso de diálogo con las autoridades involucradas en este tema, a saber: Ministerio de Seguridad Pública, STAP del Ministerio de Hacienda, y la participación de la Seccional ANEP-Fuerza Pública para buscar la conciliación administrativa y el pago de este derecho en sede administrativa, y maximizar con ello los recursos. Sin embargo, según Anchía, la Procuradora, no mostró interés en el tema y se limitó a responder: “esas decisiones debe tomarlas la administración activa, y no esta Institución, que tiene carácter de representante judicial”.

“No concebimos, que se prefiera el pago de sumas onerosas, por concepto de Alto Riesgo con indemnización de intereses y las costas procesales, esto en momentos que se habla de déficit fiscal, y que no se atienda oportunamente nuestra propuesta de conciliar y evitar con ello los procesos legales que resultan como dijimos, onerosos para el Estado”, finalizo el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

ANEP y Patria Justa se adhieren a la carta de la OMC

Desde Costa Rica, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, damos nuestra adhesión.

A continuación la carta solicitando la adhesión a la Sociedad Civil Global

Nos dirigimos a ustedes solicitándoles el respaldo urgente de sus organizaciones a una carta de la sociedad civil acerca de la escandalosa situación que se está desarrollando actualmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las grandes empresas y los países ricos que las representan en la OMC quieren usar la próxima reunión ministerial (diciembre 15-18 de 2015 en Nairobi, Kenia) para hacer de la OMC algo peor de lo que ya es. Pretenden suspender para siempre el mandato de desarrollo que podría brindarles a los países en desarrollo más espacio político para aplicar políticas industriales y de desarrollo sustentable nacionales. E intentan introducir en la OMC una lista de temas que son los preferidos de las grandes empresas, importados de los TLC, tales como inversiones, compras públicas, políticas de competencia, disciplinas para las empresas estatales, impuestos a las exportaciones y otros.

La ‘agenda de Doha’ es un marco inadecuado y equivocado para lograr los cambios que deben realizarse en el sistema mundial de comercio. Sin embargo, ¡en este momento crucial los países ricos están tratando de llevar a la OMC en una dirección aún peor!

Cualesquier negociaciones que ocurran en la OMC deberían más bien enfocarse en reducirla, incluida su intromisión en el espacio político nacional. El primer paso sería empezar a eliminar los obstáculos de la OMC a la soberanía alimentaria, entre otras cosas encontrando una solución permanente al respecto de las reservas públicas de alimentos para la seguridad alimentaria , tal y como prometieron que lo harían al 31 de diciembre de 2015. También tienen que aprobar el conjunto completo de propuestas sobre Trato Especial y Diferenciado para todos los países en desarrollo, tal y como fueron planteadas en la OMC por el Grupo de 90 países en desarrollo. La sociedad civil tiene que hacerle llegar un mensaje enérgico a la conferencia ministerial de Nairobi: ¡Primero alimentación, empleo y desarrollo sustentable! ¡ No a los “nuevos asuntos” en la OMC!

Trabajadores del San Juan de Dios solicitan a la CCSS construcción de Torre Médica

La solicitud de los y las trabajadores busca que las personas aseguradas que diariamente requieren de los servicios del Hospital reciban la mejor atención, ya que la infraestructura actual no cuenta con las condiciones adecuadas, siendo los asegurados los más perjudicados.

Posición oficial de Patria Justa ante la intentona patronal del ICE de impulsar despido antisindical

Honorables señores
Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República
Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia
CASA PRESIDENCIAL

Asunto: Despidos antisindicales en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Estimados señores:

Antes que todo, reciban vuestras dignas autoridades el más sincero y respetuoso saludo de nuestra parte.

Luego de varios días de valoraciones del más diverso orden, de una consulta de gran amplitud, seriedad y responsabilidad, la cual ha contado con la serenidad necesaria para hacer un planteamiento oficial de parte de este agrupamiento sociopolítico de carácter sindical; y después de dos intentos fallidos de arreglo conciliatorio mediando la instancia legal diseñada por nuestro sistema jurídico para estos efectos, acudimos al despacho del señor Presidente de la República y de su Ministro de la Presidencia, exponiendo lo siguiente:

Hemos llegado a la conclusión de que estamos de cara a la acción de carácter antisindical más seria, más peligrosa, más irracional y más inadmisible en todo lo que va de la presente administración gubernativa Solís Rivera y, quizás, de todo el período cuatrienal ejecutivo 2014-2018; si es que en el camino por recorrer al 8 de mayo de este año 2018, los acontecimientos de la polarización in crescendo y de la confrontación social en desarrollo no la superan.

Hablamos de la intentona patronal ejecutada por el señor Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el señor Carlos Manuel Obregón Quesada, para despedir sin responsabilidad patronal al distinguido compañero Fabio Chaves Castro, actual Presidente de la Junta Directiva del sindicato ASDEICE (el de mayor membrecía dentro del ICE), además de Coordinador General del Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), y Coordinador General Adjunto de este Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Realmente resultan grotescas las maniobras político-jerárquicas del señor Obregón Quesada y su equipo para encubrir este acto antisindical nunca visto, ni siquiera en los últimos gobiernos del neoliberalismo “PLUSC”; tratando de presentarlo como una acción de orden ordinario y común ante un supuesto “abandono de trabajo”, invocando ridículamente la normativa del caso del Código de Trabajo, obviando a cielo abierto la normativa sociolaboral nacional e internacional vigente.

Consta al país, consta a la ciudadanía, consta a la clase trabajadora y sus organizaciones, consta a la clase política y al mismo sistema político, la naturaleza del rol social y cívico que durante muchos años ha jugado el compañero Fabio Chaves Castro; conduciendo todo tipo de procesos y movimientos en defensa de lo mejor de la institucionalidad que nos fuera heredada por la generación fundadora de la Segunda República, como lo es el ICE (e, incluso, patrimonio social que nos fuera dejado antes de la misma).

Y consta a todos y a todas que jamás se le ha atribuido al compañero Fabio Chaves Castro, en tantos años de lucha social y sindical totalmente transparente y patriótica, un solo acto de corrupción, de favorecimiento personal con fondos públicos de cualquier naturaleza, especialmente con los que están a cargo del ICE y todo lo que esta entidad representa dentro del conjunto de la institucionalidad republicana defendida en estos estos años de combate al neoliberalismo depredador, que miles y miles de costarricenses, como don Fabio Chaves Castro, hemos estado ejerciendo.

Es inaudito que el propio Presidente de la Republica, cuyo caminar cívico por las calles en defensa del ICE, hizo parte del mismo recorrido que el efectuado por don Fabio y sus miles de representados, alzando ambos la bandera iceísta, esté al tanto de esta tropelía del máximo jerarca político del ICE y, tácitamente, la esté avalando; pese a que en un principio las señales que se tenían indicaban que estaba contrariando a su subordinado y subalterno político, el señor Obregón Quesada.

El desarrollo institucional del ICE antes de la llegada de la tramposa apertura y ahora en el marco de ésta, ha estado aparejado con el respeto pleno a la organización sindical de todo su personal; y con la aceptación jurídica de las reglas internas para el desarrollo de las actividades de sus correspondientes organizaciones obreras y, por supuesto, el accionar cotidiano de sus dirigentes. La normativa institucional de relaciones laborales así lo contempla. Todo ello con el fuerte contenido político-social del pleno respeto a los Derechos Humanos universalmente reconocidos en todos los tratados habidos en la materia, firmados y ratificados todos ellos por nuestro país. Los mismos contemplan la Libertad Sindical como un Derecho Humano fundamental, universalmente reconocido.

Ahora bien, en el marco de la situación que nos ocupa, la intentona patronal del ICE para ocultar que estamos de cara a un acto de naturaleza antisindical y en contra de los Derechos Humanos está fracasando estrepitosamente.

Varias razones tenemos para sostener tal criterio como lo demuestra el desprecio del señor Presidente Ejecutivo del ICE por la institucionalidad republicana que nuestro Estado de Derecho establece en este tipo de situaciones, como lo son los dos esfuerzos fallidos previstos para una conciliación de ley en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); comportándose el señor Obregón Quesada como un típico jerarca patronal-empresarial del sector privado abusador de los derechos de su personal asalariado.

Evidentemente la naturaleza política de la decisión tomada para forzar el despido antisindical del compañero Fabio Chaves Castro, por encima de los razonamientos lógicos que aconsejaban una conciliación respetuosa y con plena dignidad para las partes que hubiese sido de gran provecho para la paz institucional; muestra una intencionalidad diseñada al más alto nivel para tratar de reducir a su mínima expresión su papel como dirigente sindical histórico, el de las no menos históricas organizaciones sociolaborales del ICE que él conduce como coordinador del FIT, así como atemperar la irradiación simbólico-política y cívico-patriótica de un indómito espíritu luchar de la clase trabajadora iceísta, en momentos como los actuales que indican el desarrollo de una coyuntura de polarización y de confrontación social de alta intensidad, como consta al país. Por supuesto que son opaces y deleznables propósitos rumbo al fracaso total.

Y considerando, además, el factor sociopolítico FIT-ICE dentro de la lucha cívica costarricense de los últimos años, el atentado civil contra los Derechos Humanos del compañero Chaves Castro con las pretensiones patronales de una ejecución sumaria de sus libertades sindicales; nuestras preocupaciones se agigantan por todo lo que ello ha de significar, habida cuenta de que los promotores ideológico-políticos de este tipo de acciones antisindicales saben que la tarea de la neoliberalización completa de nuestra sociedad y del desmontaje final de la institucionalidad social heredada, pasa por la extinción de las organizaciones sindicales de más vocación cívica y patriótica como las que ha venido dirigiendo el compañero Fabio Chaves Castro, junto a otras connotadas entidades de amplio reconocimiento civil en esta misma línea de las luchas patrióticas.

El atentado contra los Derechos Humanos del compañero Fabio Chaves Castro ante la autoritaria y errática, amén de provocadora, intentona patronal de su despido, nos obliga a un replanteamiento estratégico de nuestro accionar como Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y a perseverar con más ahínco en la imperiosa necesidad de la más fuerte y diversa unidad sindical y popular.

Este acontecimiento antisindical debemos verlo como parte del proceso confrontativo que otros, no nosotros, han provocado en todos estos meses crispando nuestra convivencia como sociedad. De manera lamentable, el señor Obregón Quesada se matricula con esos otros, asumiendo un papel político-ideológico en esta polarización que será imposible no considerar.

Clara inspiración también hay para tan nefasto actuar patronal del ICE, en el marco de la infame campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico desplegada por la plutocracia hegemónica y la prensa de su propiedad, en contra del Empleo Público; dejando una paradoja de paradojas en evidencia cuando ha sido el propio ICE un objetivo fundamental de ese ataque sistemático y sistémico, a lo que ahora debemos sumarle la tropelía del señor Obregón Quesada que venimos comentando. En tal contexto, sobresale la acción de un legislador tránsfuga de sus principios y renegado de sus presuntos ideales sindicales.

Con igual énfasis estamos dejando planteada la circunstancia homóloga que está sufriendo el compañero integrante de la Junta Directiva de ASDEICE y miembro del equipo coordinador tanto del FIT-ICE como del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, Juan de Dios Cordero Duarte, en puertas de sufrir una tropelía de similar naturaleza: despido antisindical.

Por supuesto que no hemos agotado la serie de argumentaciones que nos motiva plantear con motivo de la acción sindical del señor Presidente Ejecutivo del ICE; argumentaciones que por su riqueza y prolijidad se reservan para los diferentes escenarios por venir en esta confrontación al interior del ICE.

De la misma manera, estamos trabajando en la formulación de un plan de emergencia en la situación apuntada que nos permita combinar una serie de factores y de acciones, en diversos planos para enfrentar este duro ataque a la Libertad Sindical, al movimiento sindical del ICE, a PATRIA JUSTA y a toda la organización sindical y popular costarricense; plan de acción que comprenderá la apelación a la solidaridad internacional.

Para efectos primordiales de la presente, dejamos constancia férrea de que la acción de evidente contenido antisindical, en contra de la Libertad Sindical comprendida como parte esencial de los Derechos Humanos, que está promoviendo el señor Presidente Ejecutivo del ICE, don Carlos Manuel Obregón Quesada, en contra de nuestro compañero de causa y dirigente cívico-social de amplio reconocimiento ciudadano, don Fabio Chaves Castro, merece nuestra más enérgica condena y repudio; tanto como la actitud de despido antisindical en perspectiva para el distinguido dirigente don Juan de Dios Cordero Duarte.

En aras de lo hasta aquí mencionado, creemos necesario recordarle, con respeto y honestidad, la firma del documento sobre fijación de posiciones políticas que asumiría como Presidente de la República; firma otorgada por usted en calidad de candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y de cara a la segunda ronda electoral del 6 de abril siguiente, delante de integrantes de todo el país de la dirección nacional de las organizaciones del FIT-ICE.
Con respecto a varios ejes temáticos de suma importancia para la familia iceísta usted, honorable señor Presidente Solís, se comprometió a respetar las Garantías Sindicales según parte II, Eje Fundamental del documento en mención, relacionado con la estabilidad sociolaboral y los derechos contemplados en la Ley 8660.

En respeto a su honor, señor Presidente Solís y a la firma con la cual usted entonces suscribió el documento mencionado, le exhortamos con contundente vehemencia para que imponga su autoridad política y someta a su subalterno insubordinado institucionalmente hablando, al camino de la legalidad y de la constitucionalidad en materia de Derechos Humanos a fin de que se proceda, de inmediato, a revertir la abusiva y autoritaria, amén de antijurídica, acción patronal de la promoción del despido en mención.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Copias a:

Honorables señores ministros y señoras ministras de Estado del Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica.
Honorable señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Honorable señor Harold Villegas Román, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Honorable señor Alfredo Hasbum Camacho, Viceministro del Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Honorable señora Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República.
Honorables señores obispos integrantes de la Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
Honorables señores diputados y señoras diputadas, fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa.
Honorable señores Carlos Manuel Obregón Quesada, Presidente Ejecutivo del ICE:
Honorable Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Honorable compañero Fabio Chaves Castro, Presidente Junta Directiva ASDEICE, Coordinador General FIT-ICE y Subcoordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Honorable señor Juan de Dios Cordero Duarte, Directivo de ASDEICE, integrante del FIT-ICE y del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Honorables compañeros y compañeras Junta Directiva ASDEICE.
Honorables organizaciones sindicales del FIT-ICE.
Honorable señores y señoras, Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Honorables señores y señoras, Comité Ejecutivo del Partido Frente Amplio (PFA).
Honorables compañeros y compañeras Movimiento Sindical Costarricense.
Honorables compañeros y compañeras movimientos sociales costarricenses.
Honorables compañeros y compañeras dirigentes nacionales y de base, organizaciones Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Honorables compañeros y compañeras del Movimiento Sindical Internacional:
Internacional de Servicios Públicos (ISP),
Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA),
Federación Sindical Mundial-Américas (FSM)
Confederación Sindical Internacional (CSI)
Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Honorables señores y señoras de la Fundación Friedrich Ebert (FES)
Honorables señores y señoras Organización Internacional del Trabajo (OIT), Región mesoamericana.
Honorables medios de comunicación colectiva costarricense.
Honorables delegaciones de la prensa internacional instalada en Costa Rica.
Archivo.

Comité Cantonal de Deportes de San José es tierra de nadie

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) consideramos grave la situación que se presenta en el Comité Cantonal de Deportes de San José, ya que el presidente de la Junta Directiva y asesor de la Fracción del PAC en el Concejo Municipal, Fabián Rojas Fuertes, ha entorpecido y retrasado a lo largo de su gestión al frente de la presidencia del Comité, la negociación de la primera Convención Colectiva de Trabajo entre dicho Comité y la ANEP, la cual ya lleva casi tres años de gestionarse.

Así lo manifestó German Hernández, Promotor de la ANEP, quien explicó que luego de que finalmente se sentaran las partes para negociar la Convención Colectiva, el presidente del Comité, Fabián Rojas Fuertes, “sencillamente se oculta”,

“Fabián Rojas desaparece y no quiere firmar la Convención Colectiva, se burla así de los derechos constitucionales y humanos de los trabajadores y trabajadoras del Comité, de los miembros de la comisión negociadora; impidiendo que se realice el trámite de homologación ante el Ministerio de Trabajo donde finalmente, y apegado a la legalidad y la racionalidad será por fin que los trabajadores y trabajadoras del Comité gocen al fin de un instrumento tan indispensable”.

Hernández indicó que la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José “es tierra de nadie”, ya que los recursos públicos girados a este órgano son mal administrados.

“Como bienes de difunto se administran recursos públicos, por ejemplo no se da curso a las denuncias en contra de los funcionarios por sus actuaciones anómalas, sin estudios técnicos ni aprobación de ningún ente contralor pretendieron privatizar los gimnasios, las jefaturas se recetan jugosos pluses salariales sin contratos ni reglamentos que los respalden, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son contratados disque por jornales, nombrados a dedo; esto violando sus derechos, la carrera administrativa y los procedimientos de contratación que estable el Código Municipal. La lista sigue y es bochornosamente larga…” asegura el promotor de la ANEP.

La Convención Colectiva de Trabajo negociada entre ANEP y el Comité de Deportes y Recreación de San José pretende corregir al menos los abusos, omisiones y anomalías en la contratación de los funcionarios, garantizarles el debido proceso y la carrera administrativa como lo establece la ley, pretende aumentar la cesantía de los funcionarios a catorce años, estudios previos revelan que no existe impacto financiero, igualmente la jurisprudencia de la Sala Segunda lo permite, mientras que en la Municipalidad de San José, la cesantía es de veinte años. Igualmente con la Convención Colectiva se espera llevar adelante la homologación salarial entre los funcionarios del Comité y la Municipalidad de San José, las diferencias salariales entre trabajadores de una y otra institución en tareas similares es enorme y lamentable.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados estará llevando a cabo una consulta con sus bases para tomar acciones en favor de la aprobación de la Convención Colectiva de Trabajo y para que el presidente de la Junta Directiva del Comité honre con su firma lo negociado.

Acuerdo pone fin al paro de labores en AyA de Puriscal

Luego de dos días de paro de labores, trabajadores operativos de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Puriscal junto a la Seccional ANEP-AyA llegaron a un acuerdo con las máximas autoridades gerenciales de dicha institución que permitió levantar la huelga que inicio el pasado lunes 30 de noviembre.

Así lo confirmó Edwin Marín Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-AyA, quien indicó que pasadas las 9:00 de la noche de ayer martes 1 de diciembre lograron firmar un acuerdo con la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga y el Gerente General de la institución, José Alberto Mora; por lo que este miércoles los más de 30 trabajadores que se encontraban en paro de labores retornaron a sus trabajos.

“Logramos un punto de equilibrio satisfactorio para las partes; trabajadores, institución e incluso vecinos de Puriscal; ya que se acordó la construcción de un nuevo plantel con una inversión de 30 millones de colones, esto luego de las denuncias que nuestra seccional ha venido presentado por las condiciones insalubres en las que se mantienen laborando los compañeros operativos del AyA, quienes están hacinados en una bodega”, dijo Marín Bonilla.

Otro de los acuerdos alcanzados entre las partes, es en el tema de faltante de herramientas, ya que no permitía a los trabajadores desempeñar sus labores al 100%, lo que impactaba directamente a la comunidad de Puriscal, incluso uno de los trabajadores debió adquirir una pala con su propio dinero para poder trabajar.

“En este tema del faltante de herramientas se acordó que la administración se compromete a levantar a partir de este 2 de diciembre un inventario de las necesidades de herramientas de cada trabajador de campo del AyA de Puriscal, a fin de realizar las entregas o sustituciones correspondientes. Este inventario deberá estar listo para el 8 de diciembre. Adicional la administración gestionará mantener un stock de herramientas en la bodega de Puriscal”, detalló el presidente de la seccional ANEP-AyA.

Cabe destacar el apoyo que la población de Puriscal brindó a los trabajadores operativos del AyA en este paro de labores, ya que se percataron que dicho movimiento buscaba el bienestar de la comunidad en aras de mejorar la calidad del servicio que ofrece AyA en la zona.

“Haciendo honor a nuestra propuesta de sindicalismo ciudadano informamos a la población de Puriscal sobre la situación y la afectación que como comunidad están sufriendo por el faltante de herramientas por lo que vecinos aplaudieron y apoyaron el movimiento con caravana y pitos”, destacó Marín.

Acuerdo AyA Puriscal

Sobre la visita de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa a La Reforma

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales en el Ministerio de Justicia y Paz-Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito: ANEP-Policía Penitenciaria (ANEP-PP) y ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), de manera cordial y respetuosa les saludamos. En los mismos términos, nos dirigimos a ustedes con ocasión de lo siguiente:

Tenemos conocimiento de vuestra visita en próximas horas al Centro de Atención Institucional La Reforma, en coordinación con la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero. Creemos que su presencia en ese centro penal será de mucha relevancia para determinar aspectos que guardan relación con la crisis del Sistema Penitenciario Nacional y el serio problema de hacinamiento carcelario.

Por esta razón nos complace comunicarles que la ANEP ha venido planteando la urgente necesidad de unir esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad para lograr encontrar una salida a los problemas carcelarios. Que es necesario un trabajo en conjunto con diferentes ministerios e instituciones del Estado para hacerle frente a esta crisis, que nos afecta a todos los costarricenses; y que desde la administración gubernativa anterior venimos planteando la tesis de la Crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Aspecto Económico

Los recortes al presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional, desde nuestro punto de vista, estimulan el crecimiento de tal crisis, favorecen el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país a una posición poco garante de los Derechos Humanos fundamentales.

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los Derechos Humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.

De manera que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.

De la pena privativa de libertad

Consideramos prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas. Es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad consideramos que ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general; es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, como sociedad, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

De la construcción de nuevos espacios carcelarios

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata, pero esta opción no soluciona el problema de hacinamiento. Por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios tan solo como cuestión de orden cuantitativa. Si bien es cierto es una posibilidad responsable, reiteramos que no es eficaz, necesariamente.

El hacinamiento carcelario es un problema serio que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y a sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique olvidar la protección de la sociedad.

Importancia de una observación integral

De acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad, considerar las condiciones en las que trabaja el personal técnico y de seguridad, así como defender también los intereses de las víctimas.

Por tal motivo creemos incorrecto pensar en acciones afirmativas que busquen reconocerles más derecho a las personas privadas de libertad, que a los demás miembros de los grupos sociales que por una u otra razón tienen relación con su situación.

Honorables señores diputados y señoras diputadas: Luego de darles a conocer parte de nuestros planteamientos respecto de la crisis carcelaria y la urgente necesidad de un abordaje integral, queremos solicitarles:

PRIMERO: Se aproveche la visita para determinar las condiciones en las que ofrecen sus servicios los compañeros y las compañeras integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Se visite los dormitorios de estos servidores públicos y constaten el serio problema de hacinamiento y las pésimas condiciones de infraestructura en las que le corresponde brindar su servicio.

TERCERO: Se verifique el reducido número de personas técnicas y profesionales que les dan seguimiento y que hacen las valoraciones respectivas de las personas privadas de libertad. Hablamos de personal en especialidades como Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Educación, Medicina. Con ello lograrán determinar si el recargo de funciones les permite seriamente a estos equipos técnico-profesionales preparar a estas personas privados de libertad para que se les conceda una medida diferente, en un proceso serio y responsable de fomento de su reinserción social.

CUARTO: Indagar sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo de atención a la población privada de libertad y las serias limitaciones para lograr un trabajo con excelencia.

QUINTO: Se observe las áreas de cocina y las realidades del trabajo en ese lugar, donde se evidenciará la falta de recursos, tanto humana como presupuestariamente hablando, con el que naturalmente no se puede ofrecer un trato suficientemente digno

Respetables señores legisladores y señoras legisladoras: por una cuestión de equidad e igualdad, consideramos que si bien es correcto defender los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, hace tiempo que nuestra sociedad, su sistema político y gubernativo tiene en el olvido los Derechos Humanos de las personas servidoras públicas asalariadas a cargo del Sistema Penitenciario Nacional: la Policía Penitenciaria y los sectores laborales de carácter profesional, técnico, administrativo y operativo.

No es correcto defender exclusivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad y descuidar a quienes trabajan en las cárceles por la seguridad de este país.

Salario Mínimo: Gobierno debe honrar su palabra

De manera vehemente y a 24 horas de iniciarse este martes 1 de diciembre de 2015, el período de sesiones extraordinarias del actual parlamento, correspondiente a la legislatura constitucional en curso, el Colectivo Sindical Patria Justa emplaza de manera pública al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; así como a su Ministro y a su Viceministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas y Luis Paulino Mora Lizano, respectivamente, para que incluyen en la convocatoria de proyectos a debatir por los señores diputados y por las señoras diputadas, el Expediente Legislativo No. 19.312, conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital”.

Se trata de honrar uno de los fundamentales acuerdos producto de la huelga escenificada por el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, del lunes 26 de octubre, firmados en la Casa Presidencial. Específicamente, el acuerdo No. 1: “El Gobierno de la República convocará al próximo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se inicia el próximo 1 de diciembre de 2015, el Expediente Legislativo No. 19.312, conocido como ‘Ley del Salario Mínimo Vital’, para su conocimiento y debate parlamentario”.

Prácticamente hay constatación generalizada de que el crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una mejora sustancial del poder de compra del salario mínimo. Los más disímiles estudios apuntan a que la tónica de ese crecimiento económico ha sido su concentración y acumulación en pocas manos, al punto de que en los últimos cinco años, el 20 % de la población más acaudalada es la que vio crecer su riqueza; y, por el contrario, el 20 % más pobre (que incluye a quienes devengan el salario mínimo), se empobreció mucho más.

El Expediente Legislativo No. 19.312, comúnmente conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital” se convierte en un elemento estratégico para intentar reducir el crecimiento de la desigualdad en nuestra sociedad; y, además, no representará ningún “descalabro” en las finanzas corporativo-empresariales, toda vez que esta iniciativa establece una gradualidad en su implementación por un período de cinco años.

Patria Justa considera que es éste el mejor momento para debatir con propiedad el tema de los salarios mínimos como corresponde en un entorno de precariedad, exclusión y desigualdad; pues las discusiones semestrales que se dan en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), con relación a los reajustes por costo de vida, han impedido a la fecha la visibilización completa de un proceso como el apuntado: concentración de la riqueza, por un lado y empobrecimiento salarial, por otro.

Trabajadores del AyA en Puriscal se van a paro de labores

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes cerca de 35 trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) destacados en la zona de Puriscal han iniciado un paro de labores indefinido, debido a las pésimas condiciones del plantel del AyA en Puriscal, así como la falta de herramientas para desempeñar sus labores lo que afecta directamente a la comunidad.

Así lo manifestó Edwin Marín, Presidente de la seccional ANEP-AyA, quien indicó que las condiciones insalubres en las que se encuentran entre 30 a 40 trabajadores realizando sus labores viola todas las normas de seguridad e higiene.

“Ellos (trabajadores) están ubicados en una bodega, no cuentan con un plantel con todas las condiciones como si lo tiene otros funcionarios operativos en diversas zonas del país. Además están faltando muchas herramientas para poder realizar trabajos en vía pública, ya que la administración no les facilita la herramienta, siendo la comunidad de Puriscal la más afectada en este último aspecto”, dijo Marín.

En este momento existe mucha indignación por parte de los trabajadores, ya que según explicó Marín no se ha aplicado por parte de la Administración del AyA en Puriscal ni una sola de las disposiciones presentes en un estudio técnico que realizó la Dirección de Salud Ocupacional en noviembre del 2014, indicando las necesidad de mejorar las instalaciones de los trabajadores operativos.

Ante esta situación la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ya ha solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en busca de una negociación con la administración del AyA en Puriscal.

Debido al paro de labores actualmente se encuentran suspendidos todos los servicios operativos del AyA en Puriscal. Se espera que vecinos de la comunidad se sumen al movimiento en protesta a la mala gestión administrativa del AyA de la zona.

Seccional ANEP-Municipalidad San Rafael de Heredia organizó debate con candidatos a Alcaldía

Los debates desde nuestra perspectiva se convierten en un medio por el cual varias personas que aspiran por un fin común, como lo es ganar el proceso electoral para asumir en función del Cantón el puesto de la alcaldía municipal, pueda de manera constructiva, respetuosa y sana referirse sus planes de gobierno.

Además, se convierte en una oportunidad para los ciudadanos y las ciudadanas del cantón de conocer los proyectos de trabajo de cada uno de los candidatos y las candidatas por los diferentes partidos políticos, y de este modo, poder emitir un voto informado en las próximas elecciones del 07 de febrero.

Temas para desarrollo del debate:

1. El tema limitaciones en Zonas de Protección: abastecimiento, racionalidad y medidas de contingencia de los recursos naturales en relación a un desarrollo cantonal sostenible.

2. El tema de infraestructura: Red vial, mantenimiento y nuevos proyectos a nivel institucional y cantonal.

3. El tema de la administración financiera: crecimiento financiero de la municipalidad, proyectos para recaudación y mecanismos de control contra la evasión de impuestos, entre otros.

4. El tema social y seguridad ciudadana: programas y proyectos inclusivos y participación ciudadana,

5. El tema del fortalecimiento municipal: mejora la producción (permisos y trámites), motivación y condiciones laborales (salud ocupacional), entre otros.

Preguntas para el Debate de Candidatos a la Alcaldía de San Rafael de Heredia.
1.- San Rafael es un cantón ambientalista, que ha alcanzado primeros lugares en ambiente a nivel nacional en el ranking de la contraloría, sin embargo el tener una gran proporción del cantón como zonas de protección y el cuidar el recurso hídrico, ha limitado la finanzas municipales en la captación de ingresos que el municipio requiere.
¿Cómo integrarían ustedes el tema ambiental, zonas de protección, recurso hídrico, con un desarrollo sostenible que no afecte los ingresos municipales en su gestión y le permita al municipio incrementar los recursos para invertir en las comunidades?
2.- El Cantón de San Rafael tiene una extensión de 48 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 50 mil habitantes, que cada día demandan más obras en infraestructura y servicios comunales por parte del municipio.
¿Qué proyectos tienen ustedes como prioritarios en materia de infraestructura, red vial cantonal y servicios comunales entre otros, como propuestas para los contribuyentes que pagan oportunamente sus tributos municipales?

3.- Aparte de la infraestructura, hoy en día las comunidades exigen más participación de la Municipalidad en temas sociales y de seguridad ciudadana, que promuevan el desarrollo integral de los habitantes del cantón.
¿Cuál sería la propuesta de ustedes para mejorar la seguridad ciudadana en el cantón y promover programas inclusivos que fomenten la participación ciudadana de los vecinos del cantón?
4.- Esta Municipalidad como institución ha ido creciendo en su organización y dinámica de trabajo, lo que le ha permitido estar en los primeros lugares a nivel nacional e incluso obtener un primer lugar en el año 2012 en el ranking de la Contraloría.

¿Cómo fortalecerían ustedes la Municipalidad como Institución en temas como mejoras a su estructura organizativa, atención al contribuyente (tramites y permisos) y motivación y condiciones laborales de sus funcionarios?