Aprobación de la Reforma Procesal Laboral

Una ardua lucha de 17 años llevó a la ANEP a celebrar a lo grande esta nueva reforma al código de trabajo y su sentimiento se hizo palpable en las afueras del plenario legislativo.

La ANEP agradece a todas las personas que durante 17 años lucharon por este histórico momento , pero en especial a Mauricio Castro y Mario Alberto Blanco Vado impulsores de la Reforma Procesal Laboral.

La Reforma Procesal Laboral ya es ley

Habíamos decidido no escribir nada, no pronunciarnos al respecto, cero comentarios hasta que se ocurriera la votación en segundo debate de la ley de la REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL), considerando que en el parlamento costarricense, en todos sus períodos cuatrienales, “nada pasa hasta que pase”.

Luego del primer debate, sorpresivo para muchos, ocurrido el miércoles 9 de diciembre de 2015; el segundo, también sorpresivo, del lunes 14 de diciembre de 2015, expresaron la contundencia de un proceso sociopolítico de alta y sofisticada incidencia desarrollado contra viento y marea durante mucho, pero mucho tiempo.

Son tantas, pero tantas y tantas las cosas que tenemos que contar desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sobre la RPL que no sabemos cómo comenzar.

Son tantas, pero tantas y tantas las personas ciudadanas bienintencionadas que han tenido en este largo proceso de lucha, de 17 años continuos (a partir de 1998), intervención constructiva que, por ahora, es mejor no mencionar ningún nombre porque podemos cometer injusticias al citar unas y no hacerlo con otras. ¡Ya tendremos tiempo para ello! Otras y otros, desde sus propias perspectivas intervinientes en el proceso de la RPL, también lo harán.

En el caso de la ANEP, que se convirtió en la organización sindical emblemática de toda esta lucha, hay dos seres humanos de extraordinaria excepcionalidad, de incuestionable calidad ética, de reconocido y prestigioso profesionalismo y de una sensibilidad humanista de corte obrero que nadie se atreverá, ¡nunca!, a desconocer su papel histórico y trascendental para que la RPL se hiciera realidad: el hoy desaparecido y entrañable amigo y compañero, MARIO ALBERTO BLANCO VADO y quien le sucedió en la quijotesca cruzada de mantener en alto la bandera de esta lucha: MAURICIO CASTRONDEZ, también entrañable amigo y compañero de causa.

Ambos, Mario, al inicio mismo del proceso y Mauricio, la práctica totalidad de tiempo que ha durado el mismo, tuvieron el soporte político-sindical de la ANEP la cual se jugó el todo por el todo en la lucha por la concreción político-material de la RPL, enfrentándose a las irracionalidades panfletarias y a las ignorancias irresponsables de los extremismos de uno y otro signo.

Luego de estos 17 años de lucha hay una conclusión que por tácita no deja de ser reconocida en los más diversos círculos y ámbitos sociopolíticos. Y es que desde la perspectiva de este proceso en su dimensión sindical, la Reforma Procesal Laboral (RPL), tiene marca ANEP, tiene sello ANEP.

Los y las miles de personas trabajadoras asalariadas que son socias de ANEP merecen que destaquemos tal palmarés dado que en todos estos 17 años de lucha de la RPL, la organización ha realizado una cuantiosísima y cualificada inversión de recursos de la más amplia especie, tales como los intelectuales y profesionales, de investigación y propuesta y, por supuesto, económico-financieros, dando sostén a un proceso que como ya es notorio precisaba de una convicción obrera firme como para sistematizar su promoción pese a las más disímiles adversidades.

Efectivamente, es imposible cuantificar cuánto será preciso escribir para que la integralidad del proceso de la RPL se plasme en la historia nacional, tanto como hoy es lo concerniente al proceso que generó el Código de Trabajo.

En nuestro propio caso personal, como Secretario General de la ANEP durante todos estos 17 años de lucha por la RPL, vamos a tener que escribir y contar muchas cosas.

Abusando de su generosidad y amabilidad de habernos leído hasta aquí, le compartimos los mejores artículos que en la parte final (sin saber que así sería), de estos 17 años de lucha, escribimos en los últimos tres; específicamente entre el 26 de setiembre de 2012 y el 12 de agosto de 2015, publicados en los diarios Extra y La Prensa Libre.

Tal vez por estos días encuentre usted un tiempito para leer alguno (o varios…o todos). Sin pretender ser la verdad, ni mucho menos la verdad absoluta, en nuestra palabra, la palabra de la ANEP, como actora sindical protagónica de primera línea en la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Para bien de esta ley, hoy con tanto padrino y con tanta madrina, lo cual emociona enormemente porque queda como construcción positiva de lo diverso conjuntándose en pro del bien comun; lo que estaba pasando en estos tres últimos años antes del 14 de diciembre de 2015, fecha del segundo debate parlamentario a la RPL, fueron analizados desde la ANEP como plantea cada uno de los 17 artículos adjuntos.

Nuestra compañera de labores, María Laura Sánchez Rojas, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS) de la ANEP, con instrucciones nuestras, nos ayudó en la compilación. Se lo agradecemos muchos.

Seguidamente, los títulos de estos 17 artículos:

LA REFORMA PROCESAL LABORAL
Publicado en Diario Extra, el 26 de setiembre de 2012

LA REFORMA PROCESAL LABORAL: LA SEÑORA PRESIDENTA MINTIÓ
(PARTE 1)
Publicado en Diario Extra, el 17 de octubre de 2012
LA REFORMA PROCESAL LABORAL: LA SEÑORA PRESIDENTA, ¿MINTIÓ?
(PARTE 2)
Publicado en Diario Extra, el 24 de octubre de 2012

OIT: COSTA RICA DEBE HONRAR LA PALABRA EMPEÑADA
EL CASO DE LA RPL (PARTE 1)
Publicado en Diario Extra, el 12 de junio de 2013

OIT: COSTA RICA DEBE HONRAR LA PALABRA EMPEÑADA.
EL CASO DE LA RPL (PARTE 2)
Publicado en Diario Extra, el 19 de junio de 2013
RPL: LOS EXTREMISMOS SE UNEN
Publicado en Diario Extra, el 26 de junio de 2013

70 AÑOS DELDIGO DE TRABAJO Y LA RPL
Publicado en La Prensa Libre, el 17 de setiembre de 2013

TRABAJO “ESCLAVO”: EMPLAZAMIENTO AL PLN SOBRE LA RPL
Publicado en La Prensa Libre, el 19 de noviembre de 2013

LA UCCAEP Y LA RPL
Publicado en La Prensa Libre, el 20 de mayo de 2014

RPL: “HORA CERO” PARA EL PRESIDENTE SOLÍS
Publicado en Diario Extra, el 3 de diciembre de 2014

¡¡¡LA RPL YA ES LEY!!!
Publicado en Diario Extra, el 17 de diciembre de 2014
RPL: DESDE EUROPA EMPLAZAN AL PRESIDENTE
Publicado en La Prensa Libre, el 2 de diciembre de 2014

DOÑA LAURA, ¡USTED MINTIÓ!
Publicado en La Prensa Libre, el 16 de diciembre de 2014

RPL: EL “SEGUNDO” CÓDIGO DE TRABAJO (PARTE 1)
Publicado en Diario Extra, el 24 de diciembre de 2014

RPL: EL “SEGUNDO” CÓDIGO DE TRABAJO (PARTE 2)
Publicado en Diario Extra, el 31 de diciembre de 2014
LA RPL Y LA MORA JUDICIAL
Publicado en La Prensa Libre, 24 de marzo de 2015

A PROPÓSITO DE LA RPL:
ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA POLÍTICO-SOCIAL
Publicado en Diario Extra, el 12 de agosto de 2015

Rechazo las pretensiones “confiscatorias” de la SUPEN de los dineros obreros del FCL

Tenemos la plena certeza de que la abrumadora mayoría de la clase trabajadora con acceso al sistema del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), rechaza desde ya mismo las anunciadas pretensiones de la Superitendencia de Pensiones (SUPEN), de su nueva intentona (la tercera), para realizar una especie de “confiscación” de tales fondos, al anunciar que presentará una reforma de ley para que se elimine el actual derecho de retiro quinquenal del FCL generado a partir de una continuidad de relación obrero-patronal por tal lapso de tiempo.

En lo que concierne a la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer, desde ahora mismo anunciamos una férrea oposición buscando propias las mejores condiciones para una expresión concreta y activa de lo que ya sentimos es un rechazo obrero total a esta nueva intentona de la SUPEN.

La iniciativa lo que pretende es darle mayores ganancias al sector financiero, ya que no tendría que entregar la plata cada 5 años.

Lo de los 5 años fue fruto de un gran acuerdo nacional en el marco de la concertación nacional ocurrida en 1998. Solamente en un proceso de similar naturaleza debería volverse a plantear el tema.

Esta es plata de los trabajadores y son ellos, solamente, los que deberían determinar cómo y cuándo usan SU dinero, y no verse limitado por una decisión tomada en algún conciliábulo ensombrecido por una gran opacidad de incrementar el poder y la ganancia del mercado financiero nacional, sin que ello implique mejoras sustanciales en los sistemas de retribución de la riqueza y de reducción sustancial de las desigualdades.

Alertamos desde ya a los miles y miles de trabajadores y de trabajadoras, así como a sus legítimas organizaciones, para que nos articulemos de las más diversas formas y derrotemos con anticipación esta inoportuna nueva intentona de la SUPEN.

MSP paga cerca de ₡100 millones en costas procesales por el no pago de incentivos de Alto Riesgo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional ANEP-Fuerza Pública, denuncian que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha girado un monto cercano a los 100 millones de colones en costas procesales, esto por el no pago de incentivos de alto riesgo a oficiales de la Fuerza Pública.

El Alto Riesgo es un incentivo salarial que se contempla dentro de la Carrera Policial, el cual fue creado mediante el acuerdo No. 5878, tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Extraordinaria No. 03-2000 celebrada el 10 de abril de 2000, y comunicado mediante el oficio STAP No. 0683-2000 del 12 de abril de 2000 al Ministro de Seguridad Pública.

Sin embargo, según Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, se creó una línea de desigualdad, por cuanto se inició el pago de este incentivo a unos y se le denegó el pago a cientos de oficiales de la Fuerza Pública, “esto contrario al principio de igualdad que establecen la Constitución Política y el Código de Trabajo en materia laboral”.

“Por esta razón iniciaron múltiples procesos legales de funcionarios del Ministerio en contra del Estado, dándose fallos a favor de los demandantes, por el no pago del Alto Riesgo, a esto se suma el pago de las costas procesales por obligar a los actores a acudir a los órganos correspondientes, a esto se suma que aún faltan muchas demandas por resolver y presentar”, dijo Anchía.

Ante esta situación la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública solicitaron a la Procuradora General de la República, en razón de su potestad de representación de los intereses del Estado, se estableciera un proceso de diálogo con las autoridades involucradas en este tema, a saber: Ministerio de Seguridad Pública, STAP del Ministerio de Hacienda, y la participación de la Seccional ANEP-Fuerza Pública para buscar la conciliación administrativa y el pago de este derecho en sede administrativa, y maximizar con ello los recursos. Sin embargo, según Anchía, la Procuradora, no mostró interés en el tema y se limitó a responder: “esas decisiones debe tomarlas la administración activa, y no esta Institución, que tiene carácter de representante judicial”.

“No concebimos, que se prefiera el pago de sumas onerosas, por concepto de Alto Riesgo con indemnización de intereses y las costas procesales, esto en momentos que se habla de déficit fiscal, y que no se atienda oportunamente nuestra propuesta de conciliar y evitar con ello los procesos legales que resultan como dijimos, onerosos para el Estado”, finalizo el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

ANEP y Patria Justa se adhieren a la carta de la OMC

Desde Costa Rica, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, damos nuestra adhesión.

A continuación la carta solicitando la adhesión a la Sociedad Civil Global

Nos dirigimos a ustedes solicitándoles el respaldo urgente de sus organizaciones a una carta de la sociedad civil acerca de la escandalosa situación que se está desarrollando actualmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las grandes empresas y los países ricos que las representan en la OMC quieren usar la próxima reunión ministerial (diciembre 15-18 de 2015 en Nairobi, Kenia) para hacer de la OMC algo peor de lo que ya es. Pretenden suspender para siempre el mandato de desarrollo que podría brindarles a los países en desarrollo más espacio político para aplicar políticas industriales y de desarrollo sustentable nacionales. E intentan introducir en la OMC una lista de temas que son los preferidos de las grandes empresas, importados de los TLC, tales como inversiones, compras públicas, políticas de competencia, disciplinas para las empresas estatales, impuestos a las exportaciones y otros.

La ‘agenda de Doha’ es un marco inadecuado y equivocado para lograr los cambios que deben realizarse en el sistema mundial de comercio. Sin embargo, ¡en este momento crucial los países ricos están tratando de llevar a la OMC en una dirección aún peor!

Cualesquier negociaciones que ocurran en la OMC deberían más bien enfocarse en reducirla, incluida su intromisión en el espacio político nacional. El primer paso sería empezar a eliminar los obstáculos de la OMC a la soberanía alimentaria, entre otras cosas encontrando una solución permanente al respecto de las reservas públicas de alimentos para la seguridad alimentaria , tal y como prometieron que lo harían al 31 de diciembre de 2015. También tienen que aprobar el conjunto completo de propuestas sobre Trato Especial y Diferenciado para todos los países en desarrollo, tal y como fueron planteadas en la OMC por el Grupo de 90 países en desarrollo. La sociedad civil tiene que hacerle llegar un mensaje enérgico a la conferencia ministerial de Nairobi: ¡Primero alimentación, empleo y desarrollo sustentable! ¡ No a los “nuevos asuntos” en la OMC!

Trabajadores del San Juan de Dios solicitan a la CCSS construcción de Torre Médica

La solicitud de los y las trabajadores busca que las personas aseguradas que diariamente requieren de los servicios del Hospital reciban la mejor atención, ya que la infraestructura actual no cuenta con las condiciones adecuadas, siendo los asegurados los más perjudicados.

Posición oficial de Patria Justa ante la intentona patronal del ICE de impulsar despido antisindical

Honorables señores
Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República
Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia
CASA PRESIDENCIAL

Asunto: Despidos antisindicales en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Estimados señores:

Antes que todo, reciban vuestras dignas autoridades el más sincero y respetuoso saludo de nuestra parte.

Luego de varios días de valoraciones del más diverso orden, de una consulta de gran amplitud, seriedad y responsabilidad, la cual ha contado con la serenidad necesaria para hacer un planteamiento oficial de parte de este agrupamiento sociopolítico de carácter sindical; y después de dos intentos fallidos de arreglo conciliatorio mediando la instancia legal diseñada por nuestro sistema jurídico para estos efectos, acudimos al despacho del señor Presidente de la República y de su Ministro de la Presidencia, exponiendo lo siguiente:

Hemos llegado a la conclusión de que estamos de cara a la acción de carácter antisindical más seria, más peligrosa, más irracional y más inadmisible en todo lo que va de la presente administración gubernativa Solís Rivera y, quizás, de todo el período cuatrienal ejecutivo 2014-2018; si es que en el camino por recorrer al 8 de mayo de este año 2018, los acontecimientos de la polarización in crescendo y de la confrontación social en desarrollo no la superan.

Hablamos de la intentona patronal ejecutada por el señor Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el señor Carlos Manuel Obregón Quesada, para despedir sin responsabilidad patronal al distinguido compañero Fabio Chaves Castro, actual Presidente de la Junta Directiva del sindicato ASDEICE (el de mayor membrecía dentro del ICE), además de Coordinador General del Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), y Coordinador General Adjunto de este Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Realmente resultan grotescas las maniobras político-jerárquicas del señor Obregón Quesada y su equipo para encubrir este acto antisindical nunca visto, ni siquiera en los últimos gobiernos del neoliberalismo “PLUSC”; tratando de presentarlo como una acción de orden ordinario y común ante un supuesto “abandono de trabajo”, invocando ridículamente la normativa del caso del Código de Trabajo, obviando a cielo abierto la normativa sociolaboral nacional e internacional vigente.

Consta al país, consta a la ciudadanía, consta a la clase trabajadora y sus organizaciones, consta a la clase política y al mismo sistema político, la naturaleza del rol social y cívico que durante muchos años ha jugado el compañero Fabio Chaves Castro; conduciendo todo tipo de procesos y movimientos en defensa de lo mejor de la institucionalidad que nos fuera heredada por la generación fundadora de la Segunda República, como lo es el ICE (e, incluso, patrimonio social que nos fuera dejado antes de la misma).

Y consta a todos y a todas que jamás se le ha atribuido al compañero Fabio Chaves Castro, en tantos años de lucha social y sindical totalmente transparente y patriótica, un solo acto de corrupción, de favorecimiento personal con fondos públicos de cualquier naturaleza, especialmente con los que están a cargo del ICE y todo lo que esta entidad representa dentro del conjunto de la institucionalidad republicana defendida en estos estos años de combate al neoliberalismo depredador, que miles y miles de costarricenses, como don Fabio Chaves Castro, hemos estado ejerciendo.

Es inaudito que el propio Presidente de la Republica, cuyo caminar cívico por las calles en defensa del ICE, hizo parte del mismo recorrido que el efectuado por don Fabio y sus miles de representados, alzando ambos la bandera iceísta, esté al tanto de esta tropelía del máximo jerarca político del ICE y, tácitamente, la esté avalando; pese a que en un principio las señales que se tenían indicaban que estaba contrariando a su subordinado y subalterno político, el señor Obregón Quesada.

El desarrollo institucional del ICE antes de la llegada de la tramposa apertura y ahora en el marco de ésta, ha estado aparejado con el respeto pleno a la organización sindical de todo su personal; y con la aceptación jurídica de las reglas internas para el desarrollo de las actividades de sus correspondientes organizaciones obreras y, por supuesto, el accionar cotidiano de sus dirigentes. La normativa institucional de relaciones laborales así lo contempla. Todo ello con el fuerte contenido político-social del pleno respeto a los Derechos Humanos universalmente reconocidos en todos los tratados habidos en la materia, firmados y ratificados todos ellos por nuestro país. Los mismos contemplan la Libertad Sindical como un Derecho Humano fundamental, universalmente reconocido.

Ahora bien, en el marco de la situación que nos ocupa, la intentona patronal del ICE para ocultar que estamos de cara a un acto de naturaleza antisindical y en contra de los Derechos Humanos está fracasando estrepitosamente.

Varias razones tenemos para sostener tal criterio como lo demuestra el desprecio del señor Presidente Ejecutivo del ICE por la institucionalidad republicana que nuestro Estado de Derecho establece en este tipo de situaciones, como lo son los dos esfuerzos fallidos previstos para una conciliación de ley en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); comportándose el señor Obregón Quesada como un típico jerarca patronal-empresarial del sector privado abusador de los derechos de su personal asalariado.

Evidentemente la naturaleza política de la decisión tomada para forzar el despido antisindical del compañero Fabio Chaves Castro, por encima de los razonamientos lógicos que aconsejaban una conciliación respetuosa y con plena dignidad para las partes que hubiese sido de gran provecho para la paz institucional; muestra una intencionalidad diseñada al más alto nivel para tratar de reducir a su mínima expresión su papel como dirigente sindical histórico, el de las no menos históricas organizaciones sociolaborales del ICE que él conduce como coordinador del FIT, así como atemperar la irradiación simbólico-política y cívico-patriótica de un indómito espíritu luchar de la clase trabajadora iceísta, en momentos como los actuales que indican el desarrollo de una coyuntura de polarización y de confrontación social de alta intensidad, como consta al país. Por supuesto que son opaces y deleznables propósitos rumbo al fracaso total.

Y considerando, además, el factor sociopolítico FIT-ICE dentro de la lucha cívica costarricense de los últimos años, el atentado civil contra los Derechos Humanos del compañero Chaves Castro con las pretensiones patronales de una ejecución sumaria de sus libertades sindicales; nuestras preocupaciones se agigantan por todo lo que ello ha de significar, habida cuenta de que los promotores ideológico-políticos de este tipo de acciones antisindicales saben que la tarea de la neoliberalización completa de nuestra sociedad y del desmontaje final de la institucionalidad social heredada, pasa por la extinción de las organizaciones sindicales de más vocación cívica y patriótica como las que ha venido dirigiendo el compañero Fabio Chaves Castro, junto a otras connotadas entidades de amplio reconocimiento civil en esta misma línea de las luchas patrióticas.

El atentado contra los Derechos Humanos del compañero Fabio Chaves Castro ante la autoritaria y errática, amén de provocadora, intentona patronal de su despido, nos obliga a un replanteamiento estratégico de nuestro accionar como Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y a perseverar con más ahínco en la imperiosa necesidad de la más fuerte y diversa unidad sindical y popular.

Este acontecimiento antisindical debemos verlo como parte del proceso confrontativo que otros, no nosotros, han provocado en todos estos meses crispando nuestra convivencia como sociedad. De manera lamentable, el señor Obregón Quesada se matricula con esos otros, asumiendo un papel político-ideológico en esta polarización que será imposible no considerar.

Clara inspiración también hay para tan nefasto actuar patronal del ICE, en el marco de la infame campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico desplegada por la plutocracia hegemónica y la prensa de su propiedad, en contra del Empleo Público; dejando una paradoja de paradojas en evidencia cuando ha sido el propio ICE un objetivo fundamental de ese ataque sistemático y sistémico, a lo que ahora debemos sumarle la tropelía del señor Obregón Quesada que venimos comentando. En tal contexto, sobresale la acción de un legislador tránsfuga de sus principios y renegado de sus presuntos ideales sindicales.

Con igual énfasis estamos dejando planteada la circunstancia homóloga que está sufriendo el compañero integrante de la Junta Directiva de ASDEICE y miembro del equipo coordinador tanto del FIT-ICE como del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, Juan de Dios Cordero Duarte, en puertas de sufrir una tropelía de similar naturaleza: despido antisindical.

Por supuesto que no hemos agotado la serie de argumentaciones que nos motiva plantear con motivo de la acción sindical del señor Presidente Ejecutivo del ICE; argumentaciones que por su riqueza y prolijidad se reservan para los diferentes escenarios por venir en esta confrontación al interior del ICE.

De la misma manera, estamos trabajando en la formulación de un plan de emergencia en la situación apuntada que nos permita combinar una serie de factores y de acciones, en diversos planos para enfrentar este duro ataque a la Libertad Sindical, al movimiento sindical del ICE, a PATRIA JUSTA y a toda la organización sindical y popular costarricense; plan de acción que comprenderá la apelación a la solidaridad internacional.

Para efectos primordiales de la presente, dejamos constancia férrea de que la acción de evidente contenido antisindical, en contra de la Libertad Sindical comprendida como parte esencial de los Derechos Humanos, que está promoviendo el señor Presidente Ejecutivo del ICE, don Carlos Manuel Obregón Quesada, en contra de nuestro compañero de causa y dirigente cívico-social de amplio reconocimiento ciudadano, don Fabio Chaves Castro, merece nuestra más enérgica condena y repudio; tanto como la actitud de despido antisindical en perspectiva para el distinguido dirigente don Juan de Dios Cordero Duarte.

En aras de lo hasta aquí mencionado, creemos necesario recordarle, con respeto y honestidad, la firma del documento sobre fijación de posiciones políticas que asumiría como Presidente de la República; firma otorgada por usted en calidad de candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y de cara a la segunda ronda electoral del 6 de abril siguiente, delante de integrantes de todo el país de la dirección nacional de las organizaciones del FIT-ICE.
Con respecto a varios ejes temáticos de suma importancia para la familia iceísta usted, honorable señor Presidente Solís, se comprometió a respetar las Garantías Sindicales según parte II, Eje Fundamental del documento en mención, relacionado con la estabilidad sociolaboral y los derechos contemplados en la Ley 8660.

En respeto a su honor, señor Presidente Solís y a la firma con la cual usted entonces suscribió el documento mencionado, le exhortamos con contundente vehemencia para que imponga su autoridad política y someta a su subalterno insubordinado institucionalmente hablando, al camino de la legalidad y de la constitucionalidad en materia de Derechos Humanos a fin de que se proceda, de inmediato, a revertir la abusiva y autoritaria, amén de antijurídica, acción patronal de la promoción del despido en mención.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Copias a:

Honorables señores ministros y señoras ministras de Estado del Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica.
Honorable señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Honorable señor Harold Villegas Román, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Honorable señor Alfredo Hasbum Camacho, Viceministro del Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Honorable señora Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República.
Honorables señores obispos integrantes de la Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
Honorables señores diputados y señoras diputadas, fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa.
Honorable señores Carlos Manuel Obregón Quesada, Presidente Ejecutivo del ICE:
Honorable Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Honorable compañero Fabio Chaves Castro, Presidente Junta Directiva ASDEICE, Coordinador General FIT-ICE y Subcoordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Honorable señor Juan de Dios Cordero Duarte, Directivo de ASDEICE, integrante del FIT-ICE y del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Honorables compañeros y compañeras Junta Directiva ASDEICE.
Honorables organizaciones sindicales del FIT-ICE.
Honorable señores y señoras, Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Honorables señores y señoras, Comité Ejecutivo del Partido Frente Amplio (PFA).
Honorables compañeros y compañeras Movimiento Sindical Costarricense.
Honorables compañeros y compañeras movimientos sociales costarricenses.
Honorables compañeros y compañeras dirigentes nacionales y de base, organizaciones Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Honorables compañeros y compañeras del Movimiento Sindical Internacional:
Internacional de Servicios Públicos (ISP),
Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA),
Federación Sindical Mundial-Américas (FSM)
Confederación Sindical Internacional (CSI)
Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Honorables señores y señoras de la Fundación Friedrich Ebert (FES)
Honorables señores y señoras Organización Internacional del Trabajo (OIT), Región mesoamericana.
Honorables medios de comunicación colectiva costarricense.
Honorables delegaciones de la prensa internacional instalada en Costa Rica.
Archivo.

Comité Cantonal de Deportes de San José es tierra de nadie

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) consideramos grave la situación que se presenta en el Comité Cantonal de Deportes de San José, ya que el presidente de la Junta Directiva y asesor de la Fracción del PAC en el Concejo Municipal, Fabián Rojas Fuertes, ha entorpecido y retrasado a lo largo de su gestión al frente de la presidencia del Comité, la negociación de la primera Convención Colectiva de Trabajo entre dicho Comité y la ANEP, la cual ya lleva casi tres años de gestionarse.

Así lo manifestó German Hernández, Promotor de la ANEP, quien explicó que luego de que finalmente se sentaran las partes para negociar la Convención Colectiva, el presidente del Comité, Fabián Rojas Fuertes, “sencillamente se oculta”,

“Fabián Rojas desaparece y no quiere firmar la Convención Colectiva, se burla así de los derechos constitucionales y humanos de los trabajadores y trabajadoras del Comité, de los miembros de la comisión negociadora; impidiendo que se realice el trámite de homologación ante el Ministerio de Trabajo donde finalmente, y apegado a la legalidad y la racionalidad será por fin que los trabajadores y trabajadoras del Comité gocen al fin de un instrumento tan indispensable”.

Hernández indicó que la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José “es tierra de nadie”, ya que los recursos públicos girados a este órgano son mal administrados.

“Como bienes de difunto se administran recursos públicos, por ejemplo no se da curso a las denuncias en contra de los funcionarios por sus actuaciones anómalas, sin estudios técnicos ni aprobación de ningún ente contralor pretendieron privatizar los gimnasios, las jefaturas se recetan jugosos pluses salariales sin contratos ni reglamentos que los respalden, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son contratados disque por jornales, nombrados a dedo; esto violando sus derechos, la carrera administrativa y los procedimientos de contratación que estable el Código Municipal. La lista sigue y es bochornosamente larga…” asegura el promotor de la ANEP.

La Convención Colectiva de Trabajo negociada entre ANEP y el Comité de Deportes y Recreación de San José pretende corregir al menos los abusos, omisiones y anomalías en la contratación de los funcionarios, garantizarles el debido proceso y la carrera administrativa como lo establece la ley, pretende aumentar la cesantía de los funcionarios a catorce años, estudios previos revelan que no existe impacto financiero, igualmente la jurisprudencia de la Sala Segunda lo permite, mientras que en la Municipalidad de San José, la cesantía es de veinte años. Igualmente con la Convención Colectiva se espera llevar adelante la homologación salarial entre los funcionarios del Comité y la Municipalidad de San José, las diferencias salariales entre trabajadores de una y otra institución en tareas similares es enorme y lamentable.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados estará llevando a cabo una consulta con sus bases para tomar acciones en favor de la aprobación de la Convención Colectiva de Trabajo y para que el presidente de la Junta Directiva del Comité honre con su firma lo negociado.

Acuerdo pone fin al paro de labores en AyA de Puriscal

Luego de dos días de paro de labores, trabajadores operativos de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Puriscal junto a la Seccional ANEP-AyA llegaron a un acuerdo con las máximas autoridades gerenciales de dicha institución que permitió levantar la huelga que inicio el pasado lunes 30 de noviembre.

Así lo confirmó Edwin Marín Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-AyA, quien indicó que pasadas las 9:00 de la noche de ayer martes 1 de diciembre lograron firmar un acuerdo con la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga y el Gerente General de la institución, José Alberto Mora; por lo que este miércoles los más de 30 trabajadores que se encontraban en paro de labores retornaron a sus trabajos.

“Logramos un punto de equilibrio satisfactorio para las partes; trabajadores, institución e incluso vecinos de Puriscal; ya que se acordó la construcción de un nuevo plantel con una inversión de 30 millones de colones, esto luego de las denuncias que nuestra seccional ha venido presentado por las condiciones insalubres en las que se mantienen laborando los compañeros operativos del AyA, quienes están hacinados en una bodega”, dijo Marín Bonilla.

Otro de los acuerdos alcanzados entre las partes, es en el tema de faltante de herramientas, ya que no permitía a los trabajadores desempeñar sus labores al 100%, lo que impactaba directamente a la comunidad de Puriscal, incluso uno de los trabajadores debió adquirir una pala con su propio dinero para poder trabajar.

“En este tema del faltante de herramientas se acordó que la administración se compromete a levantar a partir de este 2 de diciembre un inventario de las necesidades de herramientas de cada trabajador de campo del AyA de Puriscal, a fin de realizar las entregas o sustituciones correspondientes. Este inventario deberá estar listo para el 8 de diciembre. Adicional la administración gestionará mantener un stock de herramientas en la bodega de Puriscal”, detalló el presidente de la seccional ANEP-AyA.

Cabe destacar el apoyo que la población de Puriscal brindó a los trabajadores operativos del AyA en este paro de labores, ya que se percataron que dicho movimiento buscaba el bienestar de la comunidad en aras de mejorar la calidad del servicio que ofrece AyA en la zona.

“Haciendo honor a nuestra propuesta de sindicalismo ciudadano informamos a la población de Puriscal sobre la situación y la afectación que como comunidad están sufriendo por el faltante de herramientas por lo que vecinos aplaudieron y apoyaron el movimiento con caravana y pitos”, destacó Marín.

Acuerdo AyA Puriscal

Sobre la visita de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa a La Reforma

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales en el Ministerio de Justicia y Paz-Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito: ANEP-Policía Penitenciaria (ANEP-PP) y ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), de manera cordial y respetuosa les saludamos. En los mismos términos, nos dirigimos a ustedes con ocasión de lo siguiente:

Tenemos conocimiento de vuestra visita en próximas horas al Centro de Atención Institucional La Reforma, en coordinación con la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero. Creemos que su presencia en ese centro penal será de mucha relevancia para determinar aspectos que guardan relación con la crisis del Sistema Penitenciario Nacional y el serio problema de hacinamiento carcelario.

Por esta razón nos complace comunicarles que la ANEP ha venido planteando la urgente necesidad de unir esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad para lograr encontrar una salida a los problemas carcelarios. Que es necesario un trabajo en conjunto con diferentes ministerios e instituciones del Estado para hacerle frente a esta crisis, que nos afecta a todos los costarricenses; y que desde la administración gubernativa anterior venimos planteando la tesis de la Crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Aspecto Económico

Los recortes al presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional, desde nuestro punto de vista, estimulan el crecimiento de tal crisis, favorecen el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país a una posición poco garante de los Derechos Humanos fundamentales.

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los Derechos Humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.

De manera que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.

De la pena privativa de libertad

Consideramos prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas. Es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad consideramos que ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general; es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, como sociedad, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

De la construcción de nuevos espacios carcelarios

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata, pero esta opción no soluciona el problema de hacinamiento. Por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios tan solo como cuestión de orden cuantitativa. Si bien es cierto es una posibilidad responsable, reiteramos que no es eficaz, necesariamente.

El hacinamiento carcelario es un problema serio que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y a sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique olvidar la protección de la sociedad.

Importancia de una observación integral

De acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad, considerar las condiciones en las que trabaja el personal técnico y de seguridad, así como defender también los intereses de las víctimas.

Por tal motivo creemos incorrecto pensar en acciones afirmativas que busquen reconocerles más derecho a las personas privadas de libertad, que a los demás miembros de los grupos sociales que por una u otra razón tienen relación con su situación.

Honorables señores diputados y señoras diputadas: Luego de darles a conocer parte de nuestros planteamientos respecto de la crisis carcelaria y la urgente necesidad de un abordaje integral, queremos solicitarles:

PRIMERO: Se aproveche la visita para determinar las condiciones en las que ofrecen sus servicios los compañeros y las compañeras integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Se visite los dormitorios de estos servidores públicos y constaten el serio problema de hacinamiento y las pésimas condiciones de infraestructura en las que le corresponde brindar su servicio.

TERCERO: Se verifique el reducido número de personas técnicas y profesionales que les dan seguimiento y que hacen las valoraciones respectivas de las personas privadas de libertad. Hablamos de personal en especialidades como Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Educación, Medicina. Con ello lograrán determinar si el recargo de funciones les permite seriamente a estos equipos técnico-profesionales preparar a estas personas privados de libertad para que se les conceda una medida diferente, en un proceso serio y responsable de fomento de su reinserción social.

CUARTO: Indagar sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo de atención a la población privada de libertad y las serias limitaciones para lograr un trabajo con excelencia.

QUINTO: Se observe las áreas de cocina y las realidades del trabajo en ese lugar, donde se evidenciará la falta de recursos, tanto humana como presupuestariamente hablando, con el que naturalmente no se puede ofrecer un trato suficientemente digno

Respetables señores legisladores y señoras legisladoras: por una cuestión de equidad e igualdad, consideramos que si bien es correcto defender los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, hace tiempo que nuestra sociedad, su sistema político y gubernativo tiene en el olvido los Derechos Humanos de las personas servidoras públicas asalariadas a cargo del Sistema Penitenciario Nacional: la Policía Penitenciaria y los sectores laborales de carácter profesional, técnico, administrativo y operativo.

No es correcto defender exclusivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad y descuidar a quienes trabajan en las cárceles por la seguridad de este país.