El pasado miércoles 1 de julio del 2015, la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración se reunió en Casa Presidencial, con el Viceministro de la Presidencia Sergio Álfaro; la Directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez y Representantes de la Autoridad Presupuestaria para definir los últimos detalles del Manual de Puestos, específicamente en el tema del presupuesto.
Durante la reunión tanto la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería como la Directora, Kathya Rodríguez le detallaron a la autoridad presupuestaria que no había ninguna razón para retrasar la aprobación del Manual de Puestos, ya que el presupuesto para el pago de salarios de los policías de migración saldría del mismo presupuesto de Migración y Extranjería, por lo que se cuenta con los recursos para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
Ante esto, el Ministro de la Presidencia solicitó a la Autoridad Presupuestaria apurar la revisión de lo que falta del Manual para que sea aprobado el próximo 31 de julio, con esto el Manual entraría a regir a partir del 1 de agosto del presente año.
“El señor Ministro de la Presidencia propone colaborar para que la STAP traslade la próxima reunión de Junta Directiva para fin de este mes y darle tiempo a los Técnicos para que realicen los ajustes menores y finalice la revisión del Manual, lo envíen para ser aprobado en la próxima sesión de la STAP y comuniquen a la Dirección General de Migración para que inicie la implementación a partir del primer día de agosto de este año”, manifestó Gerardo Mora, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.
Precisamente conversamos con Mora, quien nos cuenta los detalles de la reunión en la siguiente entrevista.
Como delegadas sindicales de la ANEP y en representación de los 70 docentes del Programa de Idiomas del Departamento de Desarrollo y Acción Social, DEAS, de la UTN (Universidad Técnica Nacional); estamos denunciando una serie de irregularidades e inconsistencias que están fuera del marco legal. Las mismas se han venido dando por varios años, y su frecuencia y gravedad han aumentado en los últimos meses. Aunque en un principio, tratamos de resolverlo de manera interna, no recibimos más que silencio administrativo y respuestas no fundamentadas en estudios técnicos o documentos legales. Por lo tanto, el día miércoles 06 de mayo del 2015 y por la mediación de la ANEP, se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de San José, en la misma un representante legal de la universidad, los delegados sindicales de nuestro grupo y los representantes de la ANEP acordamos una ampliación por escrito de los puntos discutidos en la agenda de ese día. Dicho documento serviría a la administración universitaria para investigar y traer soluciones en nuestro próximo encuentro, una conciliación solicitada por ellos mismos. Una semana más tarde, el día 15 de mayo, entregamos a la administración universitaria un documento detallado de dieciséis páginas sobre las graves situaciones que nos aquejan. El anexo con la evidencia para nuestros reclamos cuenta con 340 folios. Una vez más el MTSS nos convocó a ambas partes para el día 11 de junio y lamentablemente la administración universitaria no se hizo presente, haciendo al MTSS incurrir en los gastos que tuvo dicha convocatoria, que como todos sabemos salen de los fondos públicos.
A continuación los puntos citados en nuestro documento:
A. Aumento de la jornada laboral
Tuvimos un aumento de treinta minutos por cada clase, por día, a partir de enero del 2015. El mismo, se nos comunicó únicamente a través de un correo electrónico en noviembre del 2014. Dicho cambio no implicó un aumento en nuestro salario. Tenemos como evidencia contratos y declaraciones juradas de los últimos nueve años que prueban que los docentes habíamos tenido la misma jornada hasta diciembre del 2014, antes de que se les impusiera el cambio.
B. Recorte de tiempo laboral y salarios
A inicios de marzo, comienzan a realizarse una serie de recortes significativos de tiempos, y en consecuencia disminución de salarios; que en algunos casos llegan hasta más del 50% del ingreso total de los trabajadores. Estos recortes abruptos suceden con el AGRAVANTE de que nunca hubo notificación por escrito de parte de ninguna instancia de la administración, ésto a pesar de que muchos así lo han solicitado. Nosotros como funcionarios involucrados al 100% en los procesos de matrícula de nuestro programa, sabemos muy bien lo exitoso que siempre ha sido y damos fe de su constante crecimiento. De hecho, durante los dos últimos períodos de matrícula de este año, muchos de los docentes pudimos comprobar que se cerraron grupos teniendo demanda suficiente para abrirlos; más bien, se fusionaron algunos horarios del mismo nivel, con la desventaja educativa que eso representa, especialmente para los estudiantes y sin tener presente que nuestro programa tiene el objetivo de ofrecer a la comunidad una opción educativa de acuerdo a su realidad social. Esta situación se ha extendido hasta el día de hoy. A la fecha hay al menos cinco colegas con muchos años de trabajar para la institución, a los cuales no se les ha nombrado por varios meses y no se les aclara su situación laboral, ni se les ofrece una liquidación, o una solución al respecto.
C. Irregularidades en el pago de salarios
En el pasado se ha dado que no hemos recibido el pago del mes de enero completo, a pesar de que estábamos nombrados y en planilla. Se nos pagaba sólo la segunda quincena. Este año por primera vez se nos pagó completo. Sin embargo, en marzo-abril se nos pagó una quincena incompleta (de la cual recibimos un pago retroactivo) y la siguiente se atrasó, de manera que estuvimos por mes y medio sin salario. Esto según la administración por atraso en los nombramientos. No consideraron las lesiones a la salud causadas por el estrés que esto provocó en muchos docentes, pues para algunos ésta es la única fuente de ingreso y entre este grupo hay muchas cabezas de economía familiar. Todos nos vimos afectados de diferentes maneras, pues cada uno cuenta con un presupuesto el cual incluye lo devengado por la universidad. Manifestamos nuestra inconformidad según lo evidencian una serie de más de veinte correos electrónicos, sin embargo lo único que recibimos fue SILENCIOADMINISTRATIVO. En los casos de los colegas que sustituyen a los docentes en las incapacidades, se les atrasa el pago hasta por dos meses después de concluida la incapacidad. Pero el panorama es aún más oscuro, ya que durante varios años la UTN contrató a gran parte de los profesores en la modalidad de servicios profesionales, ésto finalizó a raíz de una inspección de la CCSS a la institución. Por estos períodos laborados no se da reconocimiento de ningún tipo de beneficios, ni siquiera los más básicos, como son las incapacidades; a pesar de que teníamos una relación laboral legítima.
D. Modificación de los principios de estabilidad laboral y derechos adquiridos
Muchos de los funcionarios que trabajamos para el Estado, lo hacemos con la motivación de tener una gran estabilidad laboral; tristemente, este no es para nada nuestro caso. Decimos esto con toda propiedad porque existe un vacío legal dentro de la universidad que nos respalde. En muchos casos hay grandes desigualdades y acciones discriminatorias hasta entre nosotros mismos, ya que a algunos pocos se les reconocen beneficios laborales que a la gran mayoría se le niegan, como es el caso del pago de las anualidades en la modalidad de servicios profesionales. Otros derechos que no tenemos los profesores de este programa, pero sí otros docentes de diferentes áreas son: el voto, la participación en la Asociación Solidarista, mayores salarios, etc.
La Constitución Política de Costa Rica y el Código de Trabajo garantizan el pleno respeto a los derechos laborales. Según criterios emitidos por el MTSS, un trabajador que labore para una institución ininterrumpidamente por más de un año, es considerado un trabajador por plazo indefinido. Según el Estatuto Transitorio de nuestra institución, se debía hacer un traslado horizontal de los funcionarios de CUNA a UTN, con el fin de garantizar la estabilidad y los derechos de los profesores que laboraban para la primera institución. Esto en nuestro caso, no se dio.
E. No reconocimiento de grados académicos
A muchos de los profesores de cursos libres se nos ha indicado que no podemos aspirar a que se nos reconozca un grado académico superior al de Profesor 2, que corresponde a un bachillerato universitario. Esta clasificación se denomina Profesor 2 para la administración y Profesor Universitario en nuestras órdenes patronales, ante la CCSS. Tal diferenciación, en cuanto a optar por un cambio de categoría es una prueba más de la discriminación de la cual somos objeto los docentes universitarios que laboramos para Cursos Libres en una institución pública, donde deben reinar los principios de igualdad, justicia y transparencia. Aunado a esto, no omitimos mencionar que existen actualmente profesores dentro de nuestro programa a quienes se les reconoce el grado académico de Profesor 3, o sea que hay discriminación dentro de nuestro mismo programa.
Es absolutamente reprochable, que la quinta universidad del Estado, la cual maneja fondos públicos, con un superávit de ocho mil millones de colones según su Informe de Gestión 2014, que está planeando abrir seis nuevas áreas administrativas y que acaba de ser reconocida por parte del CONARE, esté quebrantando la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y dignidad de sus trabajadores de las maneras antes expuestas.
Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Seccional ANEP-UTN, así como a la Directiva Nacional de la ANEP, por su apoyo incondicional y desinteresado a lo largo de este proceso. Sin éste no estaríamos aquí, dispuestos a luchar por nuestros derechos en las instancias a las cuales debamos llegar. ¡Gracias de todo corazón por su compromiso en la lucha por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores! ¡Gracias también a los medios de prensa, por su presencia e interés de permitirnos hacer esta denuncia pública.
Cierre de la Carrera de Tecnologías de Información (TI) • Se toma la decisión de cerrar la carrera de TI basándose en un estudio de “Análisis de datos de matrícula de las carreras de Tecnologías de Información y Contabilidad y Finanzas”, en el cual los datos (nivel de cumplimiento de matrícula) para la carrera de TI es positivo, pues da como resultado un 118% de cumplimiento, es decir, que para este año la meta se excedió en un 18%. ¿Si el balance es positivo, por qué se cierra la carrera? ¿Bajo qué criterio se tomó la decisión?
• Nos sorprende la eficiencia en el proceso de cierre de esta carrera, pues esta decisión se tomó en menos dos meses, por la vía rápida, ¿dónde queda el análisis?
Cronología de los Hechos: – 25 de Mayo Se presentó el Estudio “Análisis de datos de matrícula de las carreras de Tecnologías de Información y Contabilidad y Finanzas” ante el Consejo de Sede de Atenas.
– 25 de Mayo El Consejo de Sede de Atenas recomienda: ACUERDO N°02-05-2015 Se solicita que la vicerrectoría de Docencia de la UTN analice el caso y que determine la posibilidad de no promover la apertura de nuevo ingreso de la Carrera de Tecnologías de Información (TI) para el 2016, por su parte el Consejo de Sede promoverá el cierre de la misma, manteniendo todos los derechos de los estudiantes actuales, para que finalicen su carrera en esta Sede o su posible reubicación en otra igual o similar dentro de la UTN. Lo Anterior según presentación de la Sra. Amalia González, Encargada de Planificación y el Sr. Javier Herrera, Director Académico de la Sede Atenas. ACUERDOFIRME.
*- 8 de Junio * Se recibe el boletín de la Sede de Atenas (le llega a toda la comunidad universitaria a través de correo electrónico) donde se informa del ACUERDO N°02-05-2015, anteriormente descrito, hasta este momento, los directores de carrera, los docentes ni los estudiantes sabían nada al respecto y tampoco se les informó.
*- 12 de Junio * El Director de Docencia de la Sede de Atenas, envía comunicado del cierre de la carrera de TI, al Decano de la Sede de Atenas, con copia a los todos Directores de Carrera de la sede. Sin que el Consejo Universitario, quien es quien debe tomar esta decisión, se haya pronunciado al respecto, pues aún no se habían reunido.
*- 16 de Junio * Los Directores de TI envían oficio al Director de Docencia, consultando por el documento donde viene la instrucción por parte de los altos jerarcas de la universidad para que él envíe dicho comunicado. No se ha tenido respuesta alguna.
*- 16 de Junio * Los Directores de TI elevan oficio de respuesta al ACUERDO N°02-05-2015 del Consejo de Sede, solicitando una explicación de la situación o los fundamentos en los cuales se basaron. Se les demostró con argumentos que la carrera cumplía con las expectativas del gobierno, del mercado y sobretodo con las metas planteadas por la universidad. Se solicitó al consejo de Sede que se desestimara la solicitud de cierre de la carrera.
– 17 de junio Se solicita la directora de docencia copia del documento que le sirvió como base para tomar esa decisión.
*- 18 de Junio * Se reúne el Consejo Universitario y toma la decisión arbitral y unilateral de cerrar la carrera de Tecnologías de Información, sin fundamento legal ni académico que lo respalde.
*- 18 de junio * El Decano de la Sede de Atenas le informa (vía correo electrónico) al Director de Docencia que en Consejo Universitario se ha tomado la decisión de: “no apertura de nuevo ingreso de la carrera de TI en la Sede Atenas para el 2016, por lo tanto, para el día de mañana se cancela la promoción de la misma en la Feria Vocacional de la Sede de Atenas”. Esto al ser las 17:35 horas.
*- 18 de junio * El Director de Docencia de la Sede de Atenas, informa (vía correo electrónico) que la carrera de Tecnologías de la Información no puede ser parte de la Feria Vocacional el siguiente día (19 de Junio). Esto al ser las 17: 45 horas.
*- 23 de Junio * El Decano de la Sede de Atenas y el Director de Docencia, por primera vez, se reúnen con los estudiantes de 1er y 2do. año de Diplomado en TI, para informarles que no era un cierre total de la carrera sino un cierre únicamente de primer ingreso en el 2016 y que les van a dar un tiempo prudencial para que los estudiantes que actualmente están matriculados terminen la carrera en dicha sede. Ante ellos los estudiantes muestran su disconformidad ya que creen en la calidad de la carrera y profesores y saben de la necesidad que el país tiene de profesionales en TI.
*- 25 de Junio * En oficio “VDOC-785-2015 Metas 2016” la Vicerrectora de Docencia de la UTN, no hace la proyección de la metas de matrícula para el 2016 para los estudiantes regulares (1er y 2do. año) que continúan en el Diplomado en TI. Al estar todas las carreras de la Sede de Atenas con su respectiva proyección de matrícula para el otro año, menos el Diplomado en TI, nos lleva a inferir que no se va a abrir el diplomado para ningún estudiante. ¿Qué pasa con los estudiantes que actualmente están matriculados? Se les prometió que la no apertura para nuevo ingreso en el 2016 para la Carrera de TI no les afectaría. Parece que la promesa no se está cumpliendo.
*- 26 de Junio * Ante esta situación, los Directores de la Carrera de TI hacen consulta mediante oficio al Director de Docencia de la Sede de Atenas, sobre la proyección de metas para el 2016 enviada por la Vicerrectoría de Docencia de la UTN, específicamente, si ¿se abre el diplomado para los estudiantes regulares o no? Hasta el momento no se ha tenido respuesta.
• No se informó a ninguno de los involucrados directos, entiéndase, estudiantes, docentes y directores de carrera, sobre lo que iba a suceder, ni se evaluaron las consecuencias de una decisión de esta magnitud.
• Se juega con el futuro de los estudiantes y el prestigio de la UTN, al cerrar una carrera sin justificación alguna y abrir de nuevo otras, sin estudios de mercado que las respalden, ni estudios de empleo y que además, habían sido cerradas porque los colegios profesionales respectivos, no avalan la incorporación de los estudiantes, debido a la falta de competencias y contenidos deficientes.
• Se toman decisiones arbitrarias de cierre de carreras sin tomar en cuenta estudios de mercado y necesidades de los empleadores. Tampoco se toma en cuenta el rumbo país.
Hoy, miércoles 1 de julio de 2015, se inicia el segundo semestre del presente año 2015 y quienes laboran asalariadamente para el sector Público no tienen ni la menor idea de lo que pasará con su reajuste salarial; es más, si habrá reajuste…
En este asunto, la situación por venir se ve sumamente compleja, se mira tensa, se percibe polémica y hasta conflictiva.
Por un lado y según registro oficial gubernamental, “no hay inflación”. Por otro, para la abrumadora mayoría del personal estatal, la realidad económica de su bolsillo indica otra cosa: la plata no alcanza. ¿Acudirá el Gobierno del Presidente Solís al “decretazo”?…
El desfase entre los datos de un indicador de medición de las variaciones semestrales en el costo de la vida, con lo que dicta la realidad socioeconómica de hoy en día, cuya característica central es el crecimiento de la desigualdad, es más que elocuente.
Afortunadamente, parece ser que en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ya tienen conciencia de este problema y de ahí la importancia de la reunión a la que han convocado a los sindicatos para el próximo 9 de julio.
Ahora bien, en ANEP pensamos que la discusión por venir a propósito del reajuste (o “no reajuste”), del sector Público valedero para el segundo semestre que hoy inicia, está sumamente “contaminada” dada la virulenta campaña que se desarrolla en estos momentos, de ataque al empleo público jamás vista en los últimos años.
ANEP se encuentra preocupada y alarmada por los llamados de los voceros del capital oligárquico-neoliberal al casi que linchamiento de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, más allá de las polémicas situaciones puntuales que en el tema de los salarios se dan en ciertos segmentos de la administración estatal vista como un todo.
La rabia y el odio que destilan estas personas está en un frenesí peligrosísimo luego del acuerdo firmado del pasado viernes 26 de junio de 2015, suscrito en el Teatro Popular Melico Salazar y ante unas mil personas dirigentes sindicales-sociales, entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Frente Amplio (PFA) y el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA, del cual ANEP forma parte. La propuesta de este acuerdo, “Agenda Patriótica para el Bien Común”, los tiene fuera de sí, cayendo en las más absurdas irracionalidades.
La furia de quienes sienten que el poder real y absoluto, hegemónica política y económicamente hablando, que han venido detentando durante tantos años, lo están perdiendo; la están convirtiendo en una provocación a niveles confrontativos que no hemos experimentado como sociedad, ni aún en las situaciones tan tensas como las del Combo ICE o la del TLC con Estados Unidos.
ANEP formula un vehemente llamado a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas, junto a sus familias y seres queridos para que:
PRIMERO: No cedamos a las provocaciones violentistas, de “cacería de brujas”, que están atizando ya los fuegos de la confrontación social abierta. Rechacemos el odio y la violencia.
SEGUNDO: Nos prepararemos para las más grandes movilizaciones, bajo el concepto de la Democracia de la Calle, profundamente pacifistas y plenamente cívicas. A la vez, construyamos la más grande unidad gremial y sindical-social en la acción, para asumir el más grande reto del empleo público de toda la historia republicana costarricense.
TERCERO: Comprender que lo que ya está en juego no necesariamente se trata de un punto porcentual de reajuste, de medio punto porcentual de reajuste: es algo más grave y delicado: está en juego el propio empleo público, la seguridad presente y futura de las familias asalariadas que de él dependen, y la propia institucionalidad pública.
ANEP firmó, junto a las importantes organizaciones colegas del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA, un histórico acuerdo con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el Partido Frente Amplio (PFA), el pasado viernes 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar.
Fue un magno evento que contó con una gran y calificada asistencia: mil personas representantes de las bases del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA; compañeros y compañeras dirigentes sindicales, líderes y liderezas sociales, personas generadoras de opinión en sus ámbitos laborales e institucionales; y, además, movilizadoras sociales.
Dicho acuerdo, denominado “Agenda Patriótica para el Bien Común” pretende, en esencia, la defensa y preservación del Estado Social de Derecho y la institucionalidad de los servicios públicos que el mismo contempla para beneficio de las mayorías. Específicamente, la defensa del Empleo Público, de la integralidad de nuestros salarios y la propia seguridad de nuestras familias.
A su vez, pretende cambios profundos en el injusto sistema tributario costarricense, a fin de que los tienen más, contribuyan lo que les corresponde y que se acabe el robo de impuestos.
Usted, como persona trabajadora asalariada que es, paga, puntualmente, sus impuestos. Por ejemplo, el de ventas, en la caja registradora al momento de la compra. El de renta salarial (si gana por encima del límite exonerado), se lo rebajan de planilla, puntual y rigurosamente. Usted no roba impuestos. Usted no los evade.
Gran parte del tan llevado y traído problema del déficit fiscal es por esta razón: robo de impuestos e injusticia tributaria.
Por eso adversamos que nos quiten las anualidades. Esto no resuelve ese problema. Por eso adversamos que nos quiten los pluses salariales: ni quitando todas las prohibiciones, ni quitando todas las dedicaciones exclusivas, ni quitando todos los riesgos y otro tipo de sobresueldos, se resuelve el problema. Es más ni siquiera haciendo despidos masivos en, por ejemplo, el Gobierno Central (ministerios y entes adscritos), se resuelve el problema. Tampoco la tesis neoliberal del salario único. Éste es el primer paso para la homologación a la baja del sistema salarial del sector público, estandarizándolo al nivel de los salarios mínimos que se pagan en el sector privado.
¿Y por qué se generó el problema? Porque los gobiernos del viejo bipartidismo “PLUSC” fomentaron y propiciaron:
a) Que el robo de impuestos y la evasión fiscal, en todas sus formas, llegara, hoy en día, al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB).
b) Que el sistema de exenciones y exoneraciones llegara a un 6 % del PIB, prácticamente; siendo que el 50 % de ese sistema es para beneficiar al 20 % más rico de la población.
c) Que por el tipo de TLC’s que propiciaron (como el que nos impusieron con Estados Unidos), ya no se recauden impuestos de aduana (desgravación arancelaria), por el orden de 2.5 % del PIB (al menos, pero es más).
Entonces, ponga cuidado: Cada punto porcentual de PIB es, más o menos y conservadoramente hablando, unos 275 mil millones de colones (275.000.000.000). Sume: 8 puntos por robo de impuestos, más 6 de exenciones-exoneraciones, más 2.5 por lo que ya no se cobra en aduana, entonces tenemos un “hueco fiscal” que equivale a 16.5 % de PIB: nada más y nada menos que ¡4 billones, 537.500 millones de colones! En cifras: 4.437.500.000.000. Hay posiciones económicas que dicen que un punto de PIB es, más bien, de unos 300 mil millones de colones.
Redondeemos: el viejo “PLUSC”, el responsable del problema del déficit fiscal, pretende cobrarnos a quienes laboramos asalariadamente para el sector Público esos casi ¡5 billones de colones! (billones, no millones), que le están haciendo falta al Estado para mejor funcionar.
Y nos los quieren cobrar congelando nuestro salario para que no haya más reajustes por costo de vida; precarizando nuestro salario eliminando anualidades y pluses de todo tipo; homologándolos hacia abajo para llevarnos a los niveles del salario mínimo que se pagan en el sector privado (donde la explotación salarial es más que notoria); como si no existieran ya amplios segmentos laborales de la Administración Pública en condiciones de precariedad salarial.
Por eso es que tenemos la tesis de que por el lado del Empleo Público y de los salarios que en él se pagan, genéricamente comprendidos, NO se puede resolver el problema del déficit fiscal.
Y es por eso es que firmamos con los partidos PAC y FA, la “Agenda Patriótica para el Bien Común” a fin de defendernos del ataque del viejo “PLUSC”, de sus torcidas y fracasadas ideas neoliberales, contrarias al Humanismo Cristiano.
Ambos partidos, PAC y FA, que no son los responsables de ese “tortón” del déficit fiscal, comparten con ANEP y con el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA que el problema fiscal se debe enfrentar con otro tipo de medidas. Pero de ello hablaremos en próximas comunicaciones.
Por ahora, solicitamos vuestro más decidido apoyo para que usted, persona trabajadora asalariada del sector Público, junto a su propia familia, se aliste para movilizaciones cívicas de corto plazo, que tienen que ser en grandes dimensiones, bajo el concepto de LA DEMOCRACIA DE LA CALLE y respaldar la “Agenda Patriótica para el Bien Común ; misma que incluye la defensa de nuestro propio empleo, la integralidad de nuestro salario y la propia seguridad de nuestras familias. (Este documento está disponible de diversas formas, entre ellas, a través del sitio web de la ANEP: www.anep.cr)
Usted, compañero y compañera, afiliado o afiliada a la ANEP, ante este acuerdo y esta alianza con los partidos PAC y FA, debe tener claro que, jamás, nuestra organización renunciará a uno de los baluartes de nuestra institucionalidad sindical: la independencia plena de todos los partidos políticos.
Esta alianza con estos dos partidos y en el ámbito de la sociedad de la ANEP con sus organizaciones colegas en el marco del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA; nos es permitida por LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP, la cual ha venido marcando nuestro accionar sindical y sociopolítico de todos estos años.
LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP indica en su apartado Estrategia Sindical lo siguiente: “Interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento histórico así lo determinan”.
Según LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP, nuestro Horizonte Utópico es “La transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural”;
Por tanto, todo lo que hacemos en ANEP es con base en nuestra Misión: “Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa”.
Además, según LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP, nuestra Visión Externa nos determinó que “ANEP es parte de un dinámico movimiento social de reconocida capacidad de interlocución e incidencia en la toma de las grandes decisiones nacionales y con una propuesta alternativa de desarrollo equitativo e incluyente”.
Así que nuestras estimadas y respetadas afiliadas y nuestros estimados y respetados afiliados; las personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, la clase trabajadora en general, las personas, organizaciones y entidades amigas y fraternas de la ANEP, así como la ciudadanía en general, deben tener absolutamente claro que la ANEP es una organización sociopolítica de carácter sindical completamente libre e independiente de todos los partidos políticos.
Debido a las políticas neoliberales que han profundizado la desigualdad, Costa Rica no logra bajar el nivel de pobreza desde hace 25 años, por lo que sindicatos y partidos progresistas presentaron una agenda de diálogo social.
Con la firma del acuerdo que implementará una agenda para el bien común impulsada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y el colectivo sindical Patria Justa, se abre un nuevo capítulo en la historia política del país. Así lo dio a conocer el líder sindical Albino Vargas.
“Va a tomar mucha fuerza la agenda social por la inclusión social y reducción de las desigualdades y nosotros como movimiento celebramos que estos dos partidos hayan decidido actuar éticamente con el abrumador respaldo que recibieron en las elecciones en el 2014. Lo que nosotros vimos en el Parlamento este primero de mayo lo interpretamos como un robo de la voluntad que hubo en las urnas con un cambio sustancial del rumbo del país”, explicó.
Según Vargas, el objetivo de la firma de la agenda es buscar el bienestar común de los costarricenses en proyectos para el bien común como el del déficit fiscal, participación privada en generación eléctrica y la reforma al empleo público.
“Buscamos que se posicionen proyectos de ley para el bien común. Este es un acuerdo a la luz pública completamente transparente ante ustedes la prensa, ante 800 dirigentes de base, creemos que va a ser un gran diálogo y este es un ensayo del gran acuerdo nacional de nuestro país”, afirmó Vargas.
El documento firmado en respuesta a la alianza parlamentaria de la oposición que el pasado primero de mayo ganó el Directorio Legislativo, fue firmado por las presidentas de ambas agrupaciones, Margarita Bolaños del PAC y Patricia Mora del Frente Amplio, además de los jefes de fracción de dichos partidos, así como por los dirigentes sindicales Albino Vargas y Fabio Chaves.
Uno a uno los diversos trabajadores pertenecientes a la ocho agrupaciones integrantes del colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa llenaron las butacas del Teatro Popular Melico Salazar, para presenciar un hecho histórico en la coyuntura socio-política del país. La firma de “Una agenda patriótica para el bien común” con los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana.
En un ambiente inmejorable los Secretario Generales de las agrupaciones integrantes de Patria Justa, los diputados Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio; Patricia Mora Castellanos, Presidenta del Partido Frente Amplio; así como Marco Vinicio Redondo, Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana y Margarita Bolaños Arquín, Presidente del PAC, estamparon su firma en un acuerdo que busca la aprobación de leyes contra el Fraude Fiscal, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, que se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país y la defensa del empleo público. Compartimos el acuerdo firmado entre Patria Justa, PAC y FA.
UNAAGENDA PATRIÓTICAPARA EL BIEN COMÚN
Considerando que:
1- Luego de un largo proceso de acción cívica ciudadana para detener la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y sus nefastas consecuencias, se generaron en Costa Rica las condiciones para que en las elecciones de febrero y abril del 2014, una abrumadora mayoría del electorado expresara la necesidad de un cambio. Así fue indicado en los programas de gobierno de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en los que se puso el acento en la inclusión social, la promoción del bien común, el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico, la transparencia en la gestión pública y la restitución de las capacidades del Estado para prestar servicios públicos universales, desatendidos por la lógica mercantil en ámbitos tan estratégicos como la salud y la energía.
2- En el primer poder de la República, el voto popular de amplios sectores de la ciudadanía dio como resultado un sistema parlamentario multipartidista que exige a las fracciones legislativas capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos en beneficio de la población.
3- A pesar de lo anterior, el pasado primero de mayo se posicionó una nueva “alianza de oposición” parlamentaria de minorías, promovida por los partidos Liberación Nacional, junto con la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Democrática Cristiana y Restauración Nacional; que pretende:
a. Imponer el aumento de la participación privada en la generación eléctrica. b. Eliminar paulatinamente pluses salariales mediante la reforma al empleo público. c. Implementar el salario único en la Administración Pública en busca de una homologación salarial a la baja. d. Entorpecer y evitar un abordaje justo y efectivo de la recaudación tributaria y del déficit fiscal.
4- El eventual triunfo parlamentario de tales tesis implicaría:
a. Beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente en el país con sus respectivas secuelas tarifarias para la ciudadanía. b. Disminuir la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias y aumento del proceso de empobrecimiento de una franja significativa de la población económicamente activa del país. c. Profundizar el déficit fiscal.
5- Para enfrentar esas acciones y evitar sus resultados se requiere iniciativas que trasciendan la dispersión del espectro político, orientadas a la interacción política franca, diversa y convergente que favorezcan la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía.
6- Tanto Acción Ciudadana como el Frente Amplio son actores que emergen y se nutren de las multitudinarias jornadas cívicas del año 2000 y canalizan el descontento ciudadano con las viejas formas de hacer política. Dichas jornadas contribuyeron significativamente a crear condiciones para la derrota electoral del viejo bipartidismo que ahora intenta reconfigurarse con refuerzos por medio de la agenda del nuevo Directorio Legislativo.
7- Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Ciudadana y del Partido Frente Amplio comparten aspiraciones de justicia, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, lo que hace ineludible la defensa de la institucionalidad pública y sus trabajadores en aras de salvaguardar los servicios públicos estratégicos y esenciales para el bienestar común.
8- El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se constituyó como colectivo de organizaciones sindicales para enfrentar de manera integral las consecuencias del modelo neoliberal e impulsar condiciones de vida dignas y equitativas en la sociedad costarricense.
9- Nuestra democracia nos reclama la defensa del Estado Social de Derecho para avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa. La defensa y construcción de esta visión de Estado nos convoca hacia una nueva convergencia participativa de movimientos sociales y partidos políticos progresistas, en respuesta a los ataques de la política tradicional, que se esfuerza en revivir el modelo neoliberal que sólo beneficia a pequeños grupos de nuestra sociedad, algunos ligados a intereses transnacionales. Luego de un proceso de diálogo franco y transparente, Patria Justa, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, suscriben los siguientes objetivos estratégicos.
1- Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la defensa y revitalización de una Institucionalidad Pública capaz de brindar a la ciudadanía servicios de calidad, universales y oportunos que dignifiquen al ser humano en condiciones de equidad y solidaridad. Para ello las partes asumen el compromiso de:
1.1. Evitar que desde la Asamblea Legislativa se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país, mediante el aumento de la cogeneración privada de electricidad, con la aprobación de proyectos de ley como el expediente 18.093 de Contingencia Eléctrica u otros con propósitos similares.
1.2. Impulsar la adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6.588 de 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas Expediente N° 19.498, para que esta institución participe en la investigación, desarrollo y generación de fuentes alternativas de energía.
1.3. Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente N° 18.468.
1.4. Fortalecer la inversión pública en JAPDEVA para el desarrollo portuario nacional.
1.5. Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero – patronales.
1.6. Realizar el control político necesario e impulsar iniciativas orientadas a velar por las prácticas de los órganos directivos de entidades estatales encargadas de regular a los prestadores de servicios públicos, garantizando su imparcialidad y evitando que dichos entes emitan resoluciones desmedidas que afectan el patrimonio de la institucionalidad pública.
2. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía que contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense, considerando para lo anterior la necesidad indispensable de proveer al Fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria. Para ello las partes asumen el compromiso de:
2.1. Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa.
2.2. Impulsar la progresividad fiscal.
2.3. Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit.
2.4. Apoyar el proyecto de “Ley de regulación de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente N° 19.531.
3. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar el sentir ciudadano de retomar la senda de la promoción del bien común, la inclusión social y el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico. Lo anterior mediante medidas orientadas a robustecer un sistema de remuneraciones salariales dignas con empleo de calidad en respeto de los derechos laborales, que el marco legal del Estado de Derecho brinda a las y los costarricenses. Para ello las partes asumen el compromiso de:
3.1. Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios.
3.2. Defensa activa del empleo público como parte del andamiaje necesario para la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, evitando que desde el Parlamento se legisle una homologación salarial de los servidores públicos a la baja, mediante la aprobación de proyectos de ley de empleo público, expediente N° 19.431, el proyecto de ley para “actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, expediente 19.377, así como el proyecto de ley “para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, expediente N° 19.506.
3.3. Fortalecimiento de la inspección laboral de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expediente 19.130).
3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312.
3.5. Promover la gestión legislativa del proyecto contenido en el expediente 18.472 “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria”.
4. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas para la articulación efectiva de mecanismos de divulgación, retroalimentación e involucramiento activo de la ciudadanía en relación con los acuerdos antes mencionados. Para ello asumen el compromiso de:
4.1. Generar condiciones para la amplia y transparente divulgación y difusión de los puntos que conforman el presente acuerdo entre la ciudadanía.
4.2. Realizar actos públicos con organizaciones sociales, para el involucramiento activo de la ciudadanía.
4.3. Integrar mesas de trabajo entre las partes sobre estos y otros temas de interés para las partes.
Suscriben el acuerdo
Margarita Bolaños Arquín Presidenta del Partido Acción Ciudadana
Patricia Mora Castellanos Presidenta del Partido Frente Amplio Marco Vinicio Redondo
Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio
Albino Vargas Barrantes Coordinador del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Secretario General ANEP
Fabio Chaves Castro Coordinador Adjunto del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Coordinador FIT-ICE
Manuel Rodríguez Acevedo Secretario General SITRAPEQUIA
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
