Categoría: Acción Sindical

El Gobierno de la República, por intermedio de su Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano don Helio Fallas Venegas, anunció ya que para el segundo semestre del presente año 2015, las personas trabajadoras asalariadas del sector Público no tendrían reajuste por costo de vida. Así de claro. Congelamiento salarial, desde nuestra perspectiva. Así de claro, también.

En tal marco de tales condiciones, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, queremos compartir, muy respetuosamente, los siguientes aspectos para que nos honren en considerarlos quienes laboran asalariadamente para el sector Público; los miles y las miles que nos honran con su pertenencia a la ANEP como personal al servicio del Estado; nuestros compañeros y nuestras compañeras dirigentes de base en las diferentes estructuras organizativas fundamentales de esta agrupación; las relevantes agrupaciones colegas de causa común en PATRIA JUSTA; las entidades gremiales y sindicales amigas y fraternas…

En fin, la opinión ciudadana, socio-sindical y pública del país. Y, por supuesto, para que lo tomen en cuenta quienes hoy en día están en el frenesí extremista y fundamentalista de atacar al sector Público y a quienes en él laboran honestamente; ataque que se da todos los días poniendo en grave riesgo la paz del país. Veamos:

Las empleadas públicas y los empleados públicos, ¡NO SON LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT FISCAL! Hasta la saciedad hay que repetirlo. El déficit fiscal es responsabilidad directa de los viejos partidos Liberación y Unidad, conocidos por el pueblo como “PLUSC”.

Ambos, cuando abjuraron y renegaron de sus postulados filosófico-políticos que fomentaban el bien común y la inclusión social para pasarse al neoliberalismo, nos dejaron esta herencia perversa, la del déficit fiscal; y más marcadamente, cuando se juntaron con los latifundios mediáticos promotores de esta ideología, y cuando decidieron entregarse al gremio corporativo del gran empresariado. Vemos:

El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de 2.5 % de Producto Interno Bruto (PIB), por los TLC’s neoliberales que promovieron, especialmente el que nos impusieron con los Estados Unidos, en condiciones totalmente asimétricas para la economía nacional. Nosotros creemos que es una cifra superior.

El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de, prácticamente, 8 % de PIB, producto del robo de impuestos y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él. Ahora entendemos las razones por las cuales el “PLUSC”, en el actual parlamento, está bloqueando todas las iniciativas contra el fraude fiscal y contra el contrabando.

El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de, prácticamente 6 % de PIB, por el sistema de exenciones y de exoneraciones que promovieron durante tanto tiempo y a favor del gran corporativismo empresarial. Datos del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su visita a la ANEP, plantean que el 50 % de esas exenciones y exoneraciones ha beneficiado al 20 % más rico de la población, segmento éste muy ligado al “PLUSC”. Se entiende bien porqué, también, no quieren legislación que corrija esta barbaridad.

EL “PLUSC” nos dejó un sistema tributario perversamente regresivo: pagan más los que, proporcionalmente considerados, ganan menos. Bloquean ahora las iniciativas de ley para cambiar, aunque sea un poquito, tanta injusticia tributaria; como por ejemplo, se oponen al concepto de Renta Global que obliga a la sumatoria de todos los ingresos de todas las fuentes que los originan, con lo cual los que acumulan grandes fortunas y capitales aportarían lo realmente debido y justo.

En este apartado nos interesa empezar ya a plantear, con fuerte argumentación y sólida contundencia, la imperiosa necesidad civil de desnudar la naturaleza del abusivo proceso concentrador de la riqueza por parte del sector banquero-financiero del país. Los banqueros son, hasta ahora, “políticamente intocables” y tienen pendiente una gran rendición de cuentas ante la sociedad dado la gran deuda ética, moral, tributaria que con ella han acumulado. Gran parte del poder histórico-tradicional del viejo “PLUSC”, ahora reverdecido con el control que tienen de la Asamblea Legislativa actual, precisamente proviene del grupo de los banqueros.

El “PLUSC” nos dejó un injusto sistema metodológico de medición de las variaciones de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ellos diseñaron, para (entre otros factores), disimular el sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad; haciendo que ahora se exprese, de manera muy fuerte y evidente, la contradicción entre la realidad económico del bolsillo de la persona trabajadora (“la plata no alcanza”, es la voz obrera generalizada al respecto), vs. el discurso gubernamental de que “no hay inflación”: a mayo de este año 2015, con el IPC que nos dejó el “PLUSC”, la inflación es “negativa”: ¡- 0.35 %! Sencillamente, ¡inaudito!

Por lo tanto, planteamos lo siguiente:

El actual Gobierno que se califica a sí mismo como una administración con sentido social, no puede lavarse las manos diciendo que “no hay inflación” y que, por tanto, “no hay reajuste”.

Por el contrario, en conjunto con las organizaciones sindicales involucradas en este problema, debe abrir una negociación para ponga en evidencia la precariedad y la estrechez salarial de sectores trabajadores del sector Público como los y las policías, el personal de los CEN-CINAI; oficinistas, secretarias, misceláneos, vigilantes, operadores de equipo móvil, personal de mantenimiento, técnicos; todos los cuales han venido siendo castigados, durante mucho tiempo, por su vinculación, por su “enganche”, con el sistema salarial médico.

Finalmente, concluimos en que una verdadera lucha salarial, de carácter general, en el sector Público debe contemplar, necesariamente, tales contenidos estratégicos, relacionados entre sí en estos tres aspectos centrales: Déficit fiscal, injusticia tributaria y medición actualizada de la inflación.

En tal sentido, respetuosamente, hacemos un llamado a nuestras bases y a las organizaciones y gremios fraternos para que nos preparemos.

Dejamos, nuevamente, constancia de nuestra más rotunda oposición a que el actual Gobierno de la República ceda de sus pretensiones originales en materia de control del fraude fiscal: la ejecución del embargo en sede administrativa ante la constatación evidente del robo de impuestos, por parte de las autoridades tributarias del Ministerio de Hacienda.

Esta primera “rendición” ante los representantes políticos del gran empresariado corporativo-neoliberal, que no fue el que ganó las elecciones nacionales del 2014, a pesar de que está hoy en el control del Directorio de la Asamblea Legislativa; abre paso a un segundo golpe para perpetuar el fraude fiscal: que ni siquiera pueda la administración tributaria declarar embargos por robo de impuestos, como se lo posibilita la ley actual.

El combate al robo de impuestos, con la mayor drasticidad y contundencia, es fundamentalmente imprescindible para atender el problema del déficit fiscal.

Por eso tenemos que reiterar nuestra más férrea oposición a que se pretenda la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA); y, mucho menos, que se suba del 13 al 15 %.

El pueblo trabajador no aguanta más cargas tributarias por el lado de la regresividad.

La mala señal que da el Gobierno y, particularmente, el Ministerio de Hacienda, cediendo al chantaje parlamentario del “PLUSC” en favor del robo del impuestos, le da más autoridad moral y gran valor ético a la oposición sociolaboral en contra de más impuestos indirectos, como el caso del IVA.

Aunque nos ha parecido correcto que las autoridades gubernativas actuales a su más alto nivel, como el Ministerio de Hacienda, haya indicado que, por ahora, no insistirán en el tema del IVA y su aumento, pues le quieren dar prioridad a los proyectos contra el fraude fiscal, contra el contrabando y las exoneraciones para combatir el déficit fiscal; al ceder al chantaje político-parlamentario de carácter corporativo ejercido por los favorecedores del robo de impuestos, “están borrando con la mano derecha lo que habían escrito, acertadamente, con la izquierda” (adaptando así el refrán popular de su versión original a esta circunstancia política).

Por otra parte, la contundente aceptación oficial por parte del Ministerio de Hacienda de que con los TLC´s neoliberales (como el que nos fue impuesto con Estados Unidos), el déficit fiscal creció en un 2.5 % de Producto Interno Bruto PIB (aunque creemos que es superior al 3 % PIB); debió haberles sido suficiente para no ceder a ese corporativismo parlamentario-empresarial que avala el robo de impuestos, pues es el mismísimo que siempre promovió este tipo de TLC’s, culpables clarísimos, ahora, de casi la mitad del déficit fiscal con el cual nos han venido aterrorizando como sociedad.

En conclusión, nuevamente hay que puntualizarlo: no es la clase trabajadora la que roba impuestos; no es el pueblo trabajador el responsable del déficit fiscal, ni éste es, particularmente, de quienes laboran asalariadamente para el Estado; no se debe, por tanto, fomentar más la regresividad tributaria y, por el contrario, la política pública en materia de tributos debe ser implacable al combatir el robo de impuestos.

Ojalá logremos que La Calle, próximamente, pueda decirlo con inobjetable potencia.

Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la despedidera, a echar gente a la calle.

Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos.

Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto.

Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.

Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.

Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.

La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.

Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.

¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!

Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.

Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.

En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.