Hoy, miércoles 1 de julio de 2015, se inicia el segundo semestre del presente año 2015 y quienes laboran asalariadamente para el sector Público no tienen ni la menor idea de lo que pasará con su reajuste salarial; es más, si habrá reajuste…
En este asunto, la situación por venir se ve sumamente compleja, se mira tensa, se percibe polémica y hasta conflictiva.
Por un lado y según registro oficial gubernamental, “no hay inflación”. Por otro, para la abrumadora mayoría del personal estatal, la realidad económica de su bolsillo indica otra cosa: la plata no alcanza. ¿Acudirá el Gobierno del Presidente Solís al “decretazo”?…
El desfase entre los datos de un indicador de medición de las variaciones semestrales en el costo de la vida, con lo que dicta la realidad socioeconómica de hoy en día, cuya característica central es el crecimiento de la desigualdad, es más que elocuente.
Afortunadamente, parece ser que en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ya tienen conciencia de este problema y de ahí la importancia de la reunión a la que han convocado a los sindicatos para el próximo 9 de julio.
Ahora bien, en ANEP pensamos que la discusión por venir a propósito del reajuste (o “no reajuste”), del sector Público valedero para el segundo semestre que hoy inicia, está sumamente “contaminada” dada la virulenta campaña que se desarrolla en estos momentos, de ataque al empleo público jamás vista en los últimos años.
ANEP se encuentra preocupada y alarmada por los llamados de los voceros del capital oligárquico-neoliberal al casi que linchamiento de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, más allá de las polémicas situaciones puntuales que en el tema de los salarios se dan en ciertos segmentos de la administración estatal vista como un todo.
La rabia y el odio que destilan estas personas está en un frenesí peligrosísimo luego del acuerdo firmado del pasado viernes 26 de junio de 2015, suscrito en el Teatro Popular Melico Salazar y ante unas mil personas dirigentes sindicales-sociales, entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Frente Amplio (PFA) y el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA, del cual ANEP forma parte. La propuesta de este acuerdo, “Agenda Patriótica para el Bien Común”, los tiene fuera de sí, cayendo en las más absurdas irracionalidades.
La furia de quienes sienten que el poder real y absoluto, hegemónica política y económicamente hablando, que han venido detentando durante tantos años, lo están perdiendo; la están convirtiendo en una provocación a niveles confrontativos que no hemos experimentado como sociedad, ni aún en las situaciones tan tensas como las del Combo ICE o la del TLC con Estados Unidos.
ANEP formula un vehemente llamado a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas, junto a sus familias y seres queridos para que:
PRIMERO: No cedamos a las provocaciones violentistas, de “cacería de brujas”, que están atizando ya los fuegos de la confrontación social abierta. Rechacemos el odio y la violencia.
SEGUNDO: Nos prepararemos para las más grandes movilizaciones, bajo el concepto de la Democracia de la Calle, profundamente pacifistas y plenamente cívicas. A la vez, construyamos la más grande unidad gremial y sindical-social en la acción, para asumir el más grande reto del empleo público de toda la historia republicana costarricense.
TERCERO: Comprender que lo que ya está en juego no necesariamente se trata de un punto porcentual de reajuste, de medio punto porcentual de reajuste: es algo más grave y delicado: está en juego el propio empleo público, la seguridad presente y futura de las familias asalariadas que de él dependen, y la propia institucionalidad pública.
ANEP firmó, junto a las importantes organizaciones colegas del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA, un histórico acuerdo con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el Partido Frente Amplio (PFA), el pasado viernes 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar.
Fue un magno evento que contó con una gran y calificada asistencia: mil personas representantes de las bases del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA; compañeros y compañeras dirigentes sindicales, líderes y liderezas sociales, personas generadoras de opinión en sus ámbitos laborales e institucionales; y, además, movilizadoras sociales.
Dicho acuerdo, denominado “Agenda Patriótica para el Bien Común” pretende, en esencia, la defensa y preservación del Estado Social de Derecho y la institucionalidad de los servicios públicos que el mismo contempla para beneficio de las mayorías. Específicamente, la defensa del Empleo Público, de la integralidad de nuestros salarios y la propia seguridad de nuestras familias.
A su vez, pretende cambios profundos en el injusto sistema tributario costarricense, a fin de que los tienen más, contribuyan lo que les corresponde y que se acabe el robo de impuestos.
Usted, como persona trabajadora asalariada que es, paga, puntualmente, sus impuestos. Por ejemplo, el de ventas, en la caja registradora al momento de la compra. El de renta salarial (si gana por encima del límite exonerado), se lo rebajan de planilla, puntual y rigurosamente. Usted no roba impuestos. Usted no los evade.
Gran parte del tan llevado y traído problema del déficit fiscal es por esta razón: robo de impuestos e injusticia tributaria.
Por eso adversamos que nos quiten las anualidades. Esto no resuelve ese problema. Por eso adversamos que nos quiten los pluses salariales: ni quitando todas las prohibiciones, ni quitando todas las dedicaciones exclusivas, ni quitando todos los riesgos y otro tipo de sobresueldos, se resuelve el problema. Es más ni siquiera haciendo despidos masivos en, por ejemplo, el Gobierno Central (ministerios y entes adscritos), se resuelve el problema. Tampoco la tesis neoliberal del salario único. Éste es el primer paso para la homologación a la baja del sistema salarial del sector público, estandarizándolo al nivel de los salarios mínimos que se pagan en el sector privado.
¿Y por qué se generó el problema? Porque los gobiernos del viejo bipartidismo “PLUSC” fomentaron y propiciaron:
a) Que el robo de impuestos y la evasión fiscal, en todas sus formas, llegara, hoy en día, al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB).
b) Que el sistema de exenciones y exoneraciones llegara a un 6 % del PIB, prácticamente; siendo que el 50 % de ese sistema es para beneficiar al 20 % más rico de la población.
c) Que por el tipo de TLC’s que propiciaron (como el que nos impusieron con Estados Unidos), ya no se recauden impuestos de aduana (desgravación arancelaria), por el orden de 2.5 % del PIB (al menos, pero es más).
Entonces, ponga cuidado: Cada punto porcentual de PIB es, más o menos y conservadoramente hablando, unos 275 mil millones de colones (275.000.000.000). Sume: 8 puntos por robo de impuestos, más 6 de exenciones-exoneraciones, más 2.5 por lo que ya no se cobra en aduana, entonces tenemos un “hueco fiscal” que equivale a 16.5 % de PIB: nada más y nada menos que ¡4 billones, 537.500 millones de colones! En cifras: 4.437.500.000.000. Hay posiciones económicas que dicen que un punto de PIB es, más bien, de unos 300 mil millones de colones.
Redondeemos: el viejo “PLUSC”, el responsable del problema del déficit fiscal, pretende cobrarnos a quienes laboramos asalariadamente para el sector Público esos casi ¡5 billones de colones! (billones, no millones), que le están haciendo falta al Estado para mejor funcionar.
Y nos los quieren cobrar congelando nuestro salario para que no haya más reajustes por costo de vida; precarizando nuestro salario eliminando anualidades y pluses de todo tipo; homologándolos hacia abajo para llevarnos a los niveles del salario mínimo que se pagan en el sector privado (donde la explotación salarial es más que notoria); como si no existieran ya amplios segmentos laborales de la Administración Pública en condiciones de precariedad salarial.
Por eso es que tenemos la tesis de que por el lado del Empleo Público y de los salarios que en él se pagan, genéricamente comprendidos, NO se puede resolver el problema del déficit fiscal.
Y es por eso es que firmamos con los partidos PAC y FA, la “Agenda Patriótica para el Bien Común” a fin de defendernos del ataque del viejo “PLUSC”, de sus torcidas y fracasadas ideas neoliberales, contrarias al Humanismo Cristiano.
Ambos partidos, PAC y FA, que no son los responsables de ese “tortón” del déficit fiscal, comparten con ANEP y con el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA que el problema fiscal se debe enfrentar con otro tipo de medidas. Pero de ello hablaremos en próximas comunicaciones.
Por ahora, solicitamos vuestro más decidido apoyo para que usted, persona trabajadora asalariada del sector Público, junto a su propia familia, se aliste para movilizaciones cívicas de corto plazo, que tienen que ser en grandes dimensiones, bajo el concepto de LA DEMOCRACIA DE LA CALLE y respaldar la “Agenda Patriótica para el Bien Común ; misma que incluye la defensa de nuestro propio empleo, la integralidad de nuestro salario y la propia seguridad de nuestras familias. (Este documento está disponible de diversas formas, entre ellas, a través del sitio web de la ANEP: www.anep.cr)
Usted, compañero y compañera, afiliado o afiliada a la ANEP, ante este acuerdo y esta alianza con los partidos PAC y FA, debe tener claro que, jamás, nuestra organización renunciará a uno de los baluartes de nuestra institucionalidad sindical: la independencia plena de todos los partidos políticos.
Esta alianza con estos dos partidos y en el ámbito de la sociedad de la ANEP con sus organizaciones colegas en el marco del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA; nos es permitida por LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP, la cual ha venido marcando nuestro accionar sindical y sociopolítico de todos estos años.
LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP indica en su apartado Estrategia Sindical lo siguiente: “Interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento histórico así lo determinan”.
Según LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP, nuestro Horizonte Utópico es “La transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural”;
Por tanto, todo lo que hacemos en ANEP es con base en nuestra Misión: “Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa”.
Además, según LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP, nuestra Visión Externa nos determinó que “ANEP es parte de un dinámico movimiento social de reconocida capacidad de interlocución e incidencia en la toma de las grandes decisiones nacionales y con una propuesta alternativa de desarrollo equitativo e incluyente”.
Así que nuestras estimadas y respetadas afiliadas y nuestros estimados y respetados afiliados; las personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, la clase trabajadora en general, las personas, organizaciones y entidades amigas y fraternas de la ANEP, así como la ciudadanía en general, deben tener absolutamente claro que la ANEP es una organización sociopolítica de carácter sindical completamente libre e independiente de todos los partidos políticos.
Debido a las políticas neoliberales que han profundizado la desigualdad, Costa Rica no logra bajar el nivel de pobreza desde hace 25 años, por lo que sindicatos y partidos progresistas presentaron una agenda de diálogo social.
Con la firma del acuerdo que implementará una agenda para el bien común impulsada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y el colectivo sindical Patria Justa, se abre un nuevo capítulo en la historia política del país. Así lo dio a conocer el líder sindical Albino Vargas.
“Va a tomar mucha fuerza la agenda social por la inclusión social y reducción de las desigualdades y nosotros como movimiento celebramos que estos dos partidos hayan decidido actuar éticamente con el abrumador respaldo que recibieron en las elecciones en el 2014. Lo que nosotros vimos en el Parlamento este primero de mayo lo interpretamos como un robo de la voluntad que hubo en las urnas con un cambio sustancial del rumbo del país”, explicó.
Según Vargas, el objetivo de la firma de la agenda es buscar el bienestar común de los costarricenses en proyectos para el bien común como el del déficit fiscal, participación privada en generación eléctrica y la reforma al empleo público.
“Buscamos que se posicionen proyectos de ley para el bien común. Este es un acuerdo a la luz pública completamente transparente ante ustedes la prensa, ante 800 dirigentes de base, creemos que va a ser un gran diálogo y este es un ensayo del gran acuerdo nacional de nuestro país”, afirmó Vargas.
El documento firmado en respuesta a la alianza parlamentaria de la oposición que el pasado primero de mayo ganó el Directorio Legislativo, fue firmado por las presidentas de ambas agrupaciones, Margarita Bolaños del PAC y Patricia Mora del Frente Amplio, además de los jefes de fracción de dichos partidos, así como por los dirigentes sindicales Albino Vargas y Fabio Chaves.
Uno a uno los diversos trabajadores pertenecientes a la ocho agrupaciones integrantes del colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa llenaron las butacas del Teatro Popular Melico Salazar, para presenciar un hecho histórico en la coyuntura socio-política del país. La firma de “Una agenda patriótica para el bien común” con los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana.
En un ambiente inmejorable los Secretario Generales de las agrupaciones integrantes de Patria Justa, los diputados Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio; Patricia Mora Castellanos, Presidenta del Partido Frente Amplio; así como Marco Vinicio Redondo, Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana y Margarita Bolaños Arquín, Presidente del PAC, estamparon su firma en un acuerdo que busca la aprobación de leyes contra el Fraude Fiscal, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, que se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país y la defensa del empleo público. Compartimos el acuerdo firmado entre Patria Justa, PAC y FA.
UNAAGENDA PATRIÓTICAPARA EL BIEN COMÚN
Considerando que:
1- Luego de un largo proceso de acción cívica ciudadana para detener la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y sus nefastas consecuencias, se generaron en Costa Rica las condiciones para que en las elecciones de febrero y abril del 2014, una abrumadora mayoría del electorado expresara la necesidad de un cambio. Así fue indicado en los programas de gobierno de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en los que se puso el acento en la inclusión social, la promoción del bien común, el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico, la transparencia en la gestión pública y la restitución de las capacidades del Estado para prestar servicios públicos universales, desatendidos por la lógica mercantil en ámbitos tan estratégicos como la salud y la energía.
2- En el primer poder de la República, el voto popular de amplios sectores de la ciudadanía dio como resultado un sistema parlamentario multipartidista que exige a las fracciones legislativas capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos en beneficio de la población.
3- A pesar de lo anterior, el pasado primero de mayo se posicionó una nueva “alianza de oposición” parlamentaria de minorías, promovida por los partidos Liberación Nacional, junto con la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Democrática Cristiana y Restauración Nacional; que pretende:
a. Imponer el aumento de la participación privada en la generación eléctrica. b. Eliminar paulatinamente pluses salariales mediante la reforma al empleo público. c. Implementar el salario único en la Administración Pública en busca de una homologación salarial a la baja. d. Entorpecer y evitar un abordaje justo y efectivo de la recaudación tributaria y del déficit fiscal.
4- El eventual triunfo parlamentario de tales tesis implicaría:
a. Beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente en el país con sus respectivas secuelas tarifarias para la ciudadanía. b. Disminuir la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias y aumento del proceso de empobrecimiento de una franja significativa de la población económicamente activa del país. c. Profundizar el déficit fiscal.
5- Para enfrentar esas acciones y evitar sus resultados se requiere iniciativas que trasciendan la dispersión del espectro político, orientadas a la interacción política franca, diversa y convergente que favorezcan la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía.
6- Tanto Acción Ciudadana como el Frente Amplio son actores que emergen y se nutren de las multitudinarias jornadas cívicas del año 2000 y canalizan el descontento ciudadano con las viejas formas de hacer política. Dichas jornadas contribuyeron significativamente a crear condiciones para la derrota electoral del viejo bipartidismo que ahora intenta reconfigurarse con refuerzos por medio de la agenda del nuevo Directorio Legislativo.
7- Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Ciudadana y del Partido Frente Amplio comparten aspiraciones de justicia, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, lo que hace ineludible la defensa de la institucionalidad pública y sus trabajadores en aras de salvaguardar los servicios públicos estratégicos y esenciales para el bienestar común.
8- El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se constituyó como colectivo de organizaciones sindicales para enfrentar de manera integral las consecuencias del modelo neoliberal e impulsar condiciones de vida dignas y equitativas en la sociedad costarricense.
9- Nuestra democracia nos reclama la defensa del Estado Social de Derecho para avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa. La defensa y construcción de esta visión de Estado nos convoca hacia una nueva convergencia participativa de movimientos sociales y partidos políticos progresistas, en respuesta a los ataques de la política tradicional, que se esfuerza en revivir el modelo neoliberal que sólo beneficia a pequeños grupos de nuestra sociedad, algunos ligados a intereses transnacionales. Luego de un proceso de diálogo franco y transparente, Patria Justa, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, suscriben los siguientes objetivos estratégicos.
1- Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la defensa y revitalización de una Institucionalidad Pública capaz de brindar a la ciudadanía servicios de calidad, universales y oportunos que dignifiquen al ser humano en condiciones de equidad y solidaridad. Para ello las partes asumen el compromiso de:
1.1. Evitar que desde la Asamblea Legislativa se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país, mediante el aumento de la cogeneración privada de electricidad, con la aprobación de proyectos de ley como el expediente 18.093 de Contingencia Eléctrica u otros con propósitos similares.
1.2. Impulsar la adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6.588 de 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas Expediente N° 19.498, para que esta institución participe en la investigación, desarrollo y generación de fuentes alternativas de energía.
1.3. Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente N° 18.468.
1.4. Fortalecer la inversión pública en JAPDEVA para el desarrollo portuario nacional.
1.5. Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero – patronales.
1.6. Realizar el control político necesario e impulsar iniciativas orientadas a velar por las prácticas de los órganos directivos de entidades estatales encargadas de regular a los prestadores de servicios públicos, garantizando su imparcialidad y evitando que dichos entes emitan resoluciones desmedidas que afectan el patrimonio de la institucionalidad pública.
2. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía que contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense, considerando para lo anterior la necesidad indispensable de proveer al Fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria. Para ello las partes asumen el compromiso de:
2.1. Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa.
2.2. Impulsar la progresividad fiscal.
2.3. Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit.
2.4. Apoyar el proyecto de “Ley de regulación de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente N° 19.531.
3. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar el sentir ciudadano de retomar la senda de la promoción del bien común, la inclusión social y el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico. Lo anterior mediante medidas orientadas a robustecer un sistema de remuneraciones salariales dignas con empleo de calidad en respeto de los derechos laborales, que el marco legal del Estado de Derecho brinda a las y los costarricenses. Para ello las partes asumen el compromiso de:
3.1. Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios.
3.2. Defensa activa del empleo público como parte del andamiaje necesario para la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, evitando que desde el Parlamento se legisle una homologación salarial de los servidores públicos a la baja, mediante la aprobación de proyectos de ley de empleo público, expediente N° 19.431, el proyecto de ley para “actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, expediente 19.377, así como el proyecto de ley “para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, expediente N° 19.506.
3.3. Fortalecimiento de la inspección laboral de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expediente 19.130).
3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312.
3.5. Promover la gestión legislativa del proyecto contenido en el expediente 18.472 “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria”.
4. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas para la articulación efectiva de mecanismos de divulgación, retroalimentación e involucramiento activo de la ciudadanía en relación con los acuerdos antes mencionados. Para ello asumen el compromiso de:
4.1. Generar condiciones para la amplia y transparente divulgación y difusión de los puntos que conforman el presente acuerdo entre la ciudadanía.
4.2. Realizar actos públicos con organizaciones sociales, para el involucramiento activo de la ciudadanía.
4.3. Integrar mesas de trabajo entre las partes sobre estos y otros temas de interés para las partes.
Suscriben el acuerdo
Margarita Bolaños Arquín Presidenta del Partido Acción Ciudadana
Patricia Mora Castellanos Presidenta del Partido Frente Amplio Marco Vinicio Redondo
Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio
Albino Vargas Barrantes Coordinador del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Secretario General ANEP
Fabio Chaves Castro Coordinador Adjunto del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Coordinador FIT-ICE
Manuel Rodríguez Acevedo Secretario General SITRAPEQUIA
*UNAAGENDA PATRIÓTICAPARA EL BIEN COMÚN * Considerando que: 1- Luego de un largo proceso de acción cívica ciudadana para detener la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y sus nefastas consecuencias, se generaron en Costa Rica las condiciones para que en las elecciones de febrero y abril del 2014, una abrumadora mayoría del electorado expresara la necesidad de un cambio. Así fue indicado en los programas de gobierno de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en los que se puso el acento en la inclusión social, la promoción del bien común, el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico, la transparencia en la gestión pública y la restitución de las capacidades del Estado para prestar servicios públicos universales, desatendidos por la lógica mercantil en ámbitos tan estratégicos como la salud y la energía.
2- En el primer poder de la República, el voto popular de amplios sectores de la ciudadanía dio como resultado un sistema parlamentario multipartidista que exige a las fracciones legislativas capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos en beneficio de la población. 3- A pesar de lo anterior, el pasado primero de mayo se posicionó una nueva “alianza de oposición” parlamentaria de minorías, promovida por los partidos Liberación Nacional, junto con la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Democrática Cristiana y Restauración Nacional; que pretende: a. Imponer el aumento de la participación privada en la generación eléctrica. b. Eliminar paulatinamente pluses salariales mediante la reforma al empleo público. c. Implementar el salario único en la Administración Pública en busca de una homologación salarial a la baja. d. Entorpecer y evitar un abordaje justo y efectivo de la recaudación tributaria y del déficit fiscal. 4- El eventual triunfo parlamentario de tales tesis implicaría: a. Beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente en el país con sus respectivas secuelas tarifarias para la ciudadanía. b. Disminuir la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias y aumento del proceso de empobrecimiento de una franja significativa de la población económicamente activa del país. c. Profundizar el déficit fiscal. 5- Para enfrentar esas acciones y evitar sus resultados se requiere iniciativas que trasciendan la dispersión del espectro político, orientadas a la interacción política franca, diversa y convergente que favorezcan la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía. 6- Tanto Acción Ciudadana como el Frente Amplio son actores que emergen y se nutren de las multitudinarias jornadas cívicas del año 2000 y canalizan el descontento ciudadano con las viejas formas de hacer política. Dichas jornadas contribuyeron significativamente a crear condiciones para la derrota electoral del viejo bipartidismo que ahora intenta reconfigurarse con refuerzos por medio de la agenda del nuevo Directorio Legislativo. 7- Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Ciudadana y del Partido Frente Amplio comparten aspiraciones de justicia, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, lo que hace ineludible la defensa de la institucionalidad pública y sus trabajadores en aras de salvaguardar los servicios públicos estratégicos y esenciales para el bienestar común. 8- El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se constituyó como colectivo de organizaciones sindicales para enfrentar de manera integral las consecuencias del modelo neoliberal e impulsar condiciones de vida dignas y equitativas en la sociedad costarricense. 9- Nuestra democracia nos reclama la defensa del Estado Social de Derecho para avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa. La defensa y construcción de esta visión de Estado nos convoca hacia una nueva convergencia participativa de movimientos sociales y partidos políticos progresistas, en respuesta a los ataques de la política tradicional, que se esfuerza en revivir el modelo neoliberal que sólo beneficia a pequeños grupos de nuestra sociedad, algunos ligados a intereses transnacionales. Luego de un proceso de diálogo franco y transparente, Patria Justa, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, suscriben los siguientes objetivos estratégicos. 1- Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la defensa y revitalización de una Institucionalidad Pública capaz de brindar a la ciudadanía servicios de calidad, universales y oportunos que dignifiquen al ser humano en condiciones de equidad y solidaridad. Para ello las partes asumen el compromiso de: 1.1. Evitar que desde la Asamblea Legislativa se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país, mediante el aumento de la cogeneración privada de electricidad, con la aprobación de proyectos de ley como el expediente 18.093 de Contingencia Eléctrica u otros con propósitos similares. 1.2. Impulsar la adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6.588 de 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas Expediente N° 19.498, para que esta institución participe en la investigación, desarrollo y generación de fuentes alternativas de energía. 1.3. Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente N° 18.468. 1.4. Fortalecer la inversión pública en JAPDEVA para el desarrollo portuario nacional. 1.5. Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero – patronales. 1.6. Realizar el control político necesario e impulsar iniciativas orientadas a velar por las prácticas de los órganos directivos de entidades estatales encargadas de regular a los prestadores de servicios públicos, garantizando su imparcialidad y evitando que dichos entes emitan resoluciones desmedidas que afectan el patrimonio de la institucionalidad pública. 2. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía que contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense, considerando para lo anterior la necesidad indispensable de proveer al Fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria. Para ello las partes asumen el compromiso de: 2.1. Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa. 2.2. Impulsar la progresividad fiscal. 2.3. Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit. 2.4. Apoyar el proyecto de “Ley de regulación de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente N° 19.531. 3. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar el sentir ciudadano de retomar la senda de la promoción del bien común, la inclusión social y el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico. Lo anterior mediante medidas orientadas a robustecer un sistema de remuneraciones salariales dignas con empleo de calidad en respeto de los derechos laborales, que el marco legal del Estado de Derecho brinda a las y los costarricenses. Para ello las partes asumen el compromiso de: 3.1. Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios. 3.2. Defensa activa del empleo público como parte del andamiaje necesario para la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, evitando que desde el Parlamento se legisle una homologación salarial de los servidores públicos a la baja, mediante la aprobación de proyectos de ley de empleo público, expediente N° 19.431, el proyecto de ley para “actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, expediente 19.377, así como el proyecto de ley “para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, expediente N° 19.506. 3.3. Fortalecimiento de la inspección laboral de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expediente 19.130). 3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312. 3.5. Promover la gestión legislativa del proyecto contenido en el expediente 18.472 “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria”. 4. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas para la articulación efectiva de mecanismos de divulgación, retroalimentación e involucramiento activo de la ciudadanía en relación con los acuerdos antes mencionados. Para ello asumen el compromiso de: 4.1. Generar condiciones para la amplia y transparente divulgación y difusión de los puntos que conforman el presente acuerdo entre la ciudadanía. 4.2. Realizar actos públicos con organizaciones sociales, para el involucramiento activo de la ciudadanía. 4.3. Integrar mesas de trabajo entre las partes sobre estos y otros temas de interés para las partes.
Suscriben el acuerdo Margarita Bolaños Arquín Presidenta del Partido Acción Ciudadana
Patricia Mora Castellanos Presidenta del Partido Frente Amplio
Marco Vinicio Redondo Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana
Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio
Albino Vargas Barrantes Coordinador del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Secretario General ANEP
Fabio Chaves Castro Coordinador Adjunto del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Coordinador FIT-ICE
Manuel Rodríguez Acevedo Secretario General SITRAPEQUIA
Uno a uno los diversos trabajadores pertenecientes a la ocho agrupaciones integrantes del colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa llenaron las butacas del Teatro Popular Melico Salazar, para presenciar un hecho histórico en la coyuntura socio-política del país. La firma de “Una agenda patriótica para el bien común” con los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana.
En un ambiente inmejorable los Secretario Generales de las agrupaciones integrantes de Patria Justa, los diputados Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio; Patricia Mora Castellanos, Presidenta del Partido Frente Amplio; así como Marco Vinicio Redondo, Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana y Margarita Bolaños Arquín, Presidente del PAC, estamparon su firma en un acuerdo que busca la aprobación de leyes contra el Fraude Fiscal, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, que se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país y la defensa del empleo público.
Compartimos el acuerdo firmado entre Patria Justa, PAC y FA.
*UNAAGENDA PATRIÓTICAPARA EL BIEN COMÚN *
Considerando que: 1- Luego de un largo proceso de acción cívica ciudadana para detener la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y sus nefastas consecuencias, se generaron en Costa Rica las condiciones para que en las elecciones de febrero y abril del 2014, una abrumadora mayoría del electorado expresara la necesidad de un cambio. Así fue indicado en los programas de gobierno de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en los que se puso el acento en la inclusión social, la promoción del bien común, el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico, la transparencia en la gestión pública y la restitución de las capacidades del Estado para prestar servicios públicos universales, desatendidos por la lógica mercantil en ámbitos tan estratégicos como la salud y la energía.
2- En el primer poder de la República, el voto popular de amplios sectores de la ciudadanía dio como resultado un sistema parlamentario multipartidista que exige a las fracciones legislativas capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos en beneficio de la población.
3- A pesar de lo anterior, el pasado primero de mayo se posicionó una nueva “alianza de oposición” parlamentaria de minorías, promovida por los partidos Liberación Nacional, junto con la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Democrática Cristiana y Restauración Nacional; que pretende:
a. Imponer el aumento de la participación privada en la generación eléctrica. b. Eliminar paulatinamente pluses salariales mediante la reforma al empleo público. c. Implementar el salario único en la Administración Pública en busca de una homologación salarial a la baja. d. Entorpecer y evitar un abordaje justo y efectivo de la recaudación tributaria y del déficit fiscal. 4- El eventual triunfo parlamentario de tales tesis implicaría: a. Beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente en el país con sus respectivas secuelas tarifarias para la ciudadanía. b. Disminuir la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias y aumento del proceso de empobrecimiento de una franja significativa de la población económicamente activa del país. c. Profundizar el déficit fiscal.
5- Para enfrentar esas acciones y evitar sus resultados se requiere iniciativas que trasciendan la dispersión del espectro político, orientadas a la interacción política franca, diversa y convergente que favorezcan la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía.
6- Tanto Acción Ciudadana como el Frente Amplio son actores que emergen y se nutren de las multitudinarias jornadas cívicas del año 2000 y canalizan el descontento ciudadano con las viejas formas de hacer política. Dichas jornadas contribuyeron significativamente a crear condiciones para la derrota electoral del viejo bipartidismo que ahora intenta reconfigurarse con refuerzos por medio de la agenda del nuevo Directorio Legislativo.
7- Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Ciudadana y del Partido Frente Amplio comparten aspiraciones de justicia, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, lo que hace ineludible la defensa de la institucionalidad pública y sus trabajadores en aras de salvaguardar los servicios públicos estratégicos y esenciales para el bienestar común.
8- El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se constituyó como colectivo de organizaciones sindicales para enfrentar de manera integral las consecuencias del modelo neoliberal e impulsar condiciones de vida dignas y equitativas en la sociedad costarricense.
9- Nuestra democracia nos reclama la defensa del Estado Social de Derecho para avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa. La defensa y construcción de esta visión de Estado nos convoca hacia una nueva convergencia participativa de movimientos sociales y partidos políticos progresistas, en respuesta a los ataques de la política tradicional, que se esfuerza en revivir el modelo neoliberal que sólo beneficia a pequeños grupos de nuestra sociedad, algunos ligados a intereses transnacionales.
Luego de un proceso de diálogo franco y transparente, Patria Justa, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, suscriben los siguientes objetivos estratégicos.
1- Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la defensa y revitalización de una Institucionalidad Pública capaz de brindar a la ciudadanía servicios de calidad, universales y oportunos que dignifiquen al ser humano en condiciones de equidad y solidaridad. Para ello las partes asumen el compromiso de:
1.1. Evitar que desde la Asamblea Legislativa se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país, mediante el aumento de la cogeneración privada de electricidad, con la aprobación de proyectos de ley como el expediente 18.093 de Contingencia Eléctrica u otros con propósitos similares.
1.2. Impulsar la adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6.588 de 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas Expediente N° 19.498, para que esta institución participe en la investigación, desarrollo y generación de fuentes alternativas de energía. 1.3. Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente N° 18.468.
1.4. Fortalecer la inversión pública en JAPDEVA para el desarrollo portuario nacional.
1.5. Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero – patronales.
1.6. Realizar el control político necesario e impulsar iniciativas orientadas a velar por las prácticas de los órganos directivos de entidades estatales encargadas de regular a los prestadores de servicios públicos, garantizando su imparcialidad y evitando que dichos entes emitan resoluciones desmedidas que afectan el patrimonio de la institucionalidad pública.
2. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía que contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense, considerando para lo anterior la necesidad indispensable de proveer al Fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria. Para ello las partes asumen el compromiso de:
2.1. Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa.
2.2. Impulsar la progresividad fiscal.
2.3. Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit.
2.4. Apoyar el proyecto de “Ley de regulación de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente N° 19.531.
3. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar el sentir ciudadano de retomar la senda de la promoción del bien común, la inclusión social y el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico. Lo anterior mediante medidas orientadas a robustecer un sistema de remuneraciones salariales dignas con empleo de calidad en respeto de los derechos laborales, que el marco legal del Estado de Derecho brinda a las y los costarricenses. Para ello las partes asumen el compromiso de:
3.1. Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios.
3.2. Defensa activa del empleo público como parte del andamiaje necesario para la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, evitando que desde el Parlamento se legisle una homologación salarial de los servidores públicos a la baja, mediante la aprobación de proyectos de ley de empleo público, expediente N° 19.431, el proyecto de ley para “actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, expediente 19.377, así como el proyecto de ley “para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, expediente N° 19.506.
3.3. Fortalecimiento de la inspección laboral de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expediente 19.130).
3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312.
3.5. Promover la gestión legislativa del proyecto contenido en el expediente 18.472 “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria”.
4. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas para la articulación efectiva de mecanismos de divulgación, retroalimentación e involucramiento activo de la ciudadanía en relación con los acuerdos antes mencionados. Para ello asumen el compromiso de:
4.1. Generar condiciones para la amplia y transparente divulgación y difusión de los puntos que conforman el presente acuerdo entre la ciudadanía.
4.2. Realizar actos públicos con organizaciones sociales, para el involucramiento activo de la ciudadanía.
4.3. Integrar mesas de trabajo entre las partes sobre estos y otros temas de interés para las partes.
Suscriben el acuerdo
Margarita Bolaños Arquín Presidenta del Partido Acción Ciudadana
Patricia Mora Castellanos Presidenta del Partido Frente Amplio
Marco Vinicio Redondo Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana
Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio
Albino Vargas Barrantes Coordinador del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Secretario General ANEP
Fabio Chaves Castro Coordinador Adjunto del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa Coordinador FIT-ICE
Manuel Rodríguez Acevedo Secretario General SITRAPEQUIA
El Gobierno de la República, por intermedio de su Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano don Helio Fallas Venegas, anunció ya que para el segundo semestre del presente año 2015, las personas trabajadoras asalariadas del sector Público no tendrían reajuste por costo de vida. Así de claro. Congelamiento salarial, desde nuestra perspectiva. Así de claro, también.
En tal marco de tales condiciones, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIAJUSTA, queremos compartir, muy respetuosamente, los siguientes aspectos para que nos honren en considerarlos quienes laboran asalariadamente para el sector Público; los miles y las miles que nos honran con su pertenencia a la ANEP como personal al servicio del Estado; nuestros compañeros y nuestras compañeras dirigentes de base en las diferentes estructuras organizativas fundamentales de esta agrupación; las relevantes agrupaciones colegas de causa común en PATRIA JUSTA; las entidades gremiales y sindicales amigas y fraternas…
En fin, la opinión ciudadana, socio-sindical y pública del país. Y, por supuesto, para que lo tomen en cuenta quienes hoy en día están en el frenesí extremista y fundamentalista de atacar al sector Público y a quienes en él laboran honestamente; ataque que se da todos los días poniendo en grave riesgo la paz del país. Veamos:
Las empleadas públicas y los empleados públicos, ¡NO SONLOSRESPONSABLESDEL DÉFICIT FISCAL! Hasta la saciedad hay que repetirlo. El déficit fiscal es responsabilidad directa de los viejos partidos Liberación y Unidad, conocidos por el pueblo como “PLUSC”.
Ambos, cuando abjuraron y renegaron de sus postulados filosófico-políticos que fomentaban el bien común y la inclusión social para pasarse al neoliberalismo, nos dejaron esta herencia perversa, la del déficit fiscal; y más marcadamente, cuando se juntaron con los latifundios mediáticos promotores de esta ideología, y cuando decidieron entregarse al gremio corporativo del gran empresariado. Vemos:
El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de 2.5 % de Producto Interno Bruto (PIB), por los TLC’s neoliberales que promovieron, especialmente el que nos impusieron con los Estados Unidos, en condiciones totalmente asimétricas para la economía nacional. Nosotros creemos que es una cifra superior.
El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de, prácticamente, 8 % de PIB, producto del robo de impuestos y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él. Ahora entendemos las razones por las cuales el “PLUSC”, en el actual parlamento, está bloqueando todas las iniciativas contra el fraude fiscal y contra el contrabando.
El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de, prácticamente 6 % de PIB, por el sistema de exenciones y de exoneraciones que promovieron durante tanto tiempo y a favor del gran corporativismo empresarial. Datos del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su visita a la ANEP, plantean que el 50 % de esas exenciones y exoneraciones ha beneficiado al 20 % más rico de la población, segmento éste muy ligado al “PLUSC”. Se entiende bien porqué, también, no quieren legislación que corrija esta barbaridad.
EL “PLUSC” nos dejó un sistema tributario perversamente regresivo: pagan más los que, proporcionalmente considerados, ganan menos. Bloquean ahora las iniciativas de ley para cambiar, aunque sea un poquito, tanta injusticia tributaria; como por ejemplo, se oponen al concepto de Renta Global que obliga a la sumatoria de todos los ingresos de todas las fuentes que los originan, con lo cual los que acumulan grandes fortunas y capitales aportarían lo realmente debido y justo.
En este apartado nos interesa empezar ya a plantear, con fuerte argumentación y sólida contundencia, la imperiosa necesidad civil de desnudar la naturaleza del abusivo proceso concentrador de la riqueza por parte del sector banquero-financiero del país. Los banqueros son, hasta ahora, “políticamente intocables” y tienen pendiente una gran rendición de cuentas ante la sociedad dado la gran deuda ética, moral, tributaria que con ella han acumulado. Gran parte del poder histórico-tradicional del viejo “PLUSC”, ahora reverdecido con el control que tienen de la Asamblea Legislativa actual, precisamente proviene del grupo de los banqueros.
El “PLUSC” nos dejó un injusto sistema metodológico de medición de las variaciones de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ellos diseñaron, para (entre otros factores), disimular el sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad; haciendo que ahora se exprese, de manera muy fuerte y evidente, la contradicción entre la realidad económico del bolsillo de la persona trabajadora (“la plata no alcanza”, es la voz obrera generalizada al respecto), vs. el discurso gubernamental de que “no hay inflación”: a mayo de este año 2015, con el IPC que nos dejó el “PLUSC”, la inflación es “negativa”: ¡- 0.35 %! Sencillamente, ¡inaudito!
Por lo tanto, planteamos lo siguiente:
El actual Gobierno que se califica a sí mismo como una administración con sentido social, no puede lavarse las manos diciendo que “no hay inflación” y que, por tanto, “no hay reajuste”.
Por el contrario, en conjunto con las organizaciones sindicales involucradas en este problema, debe abrir una negociación para ponga en evidencia la precariedad y la estrechez salarial de sectores trabajadores del sector Público como los y las policías, el personal de los CEN-CINAI; oficinistas, secretarias, misceláneos, vigilantes, operadores de equipo móvil, personal de mantenimiento, técnicos; todos los cuales han venido siendo castigados, durante mucho tiempo, por su vinculación, por su “enganche”, con el sistema salarial médico.
Finalmente, concluimos en que una verdadera lucha salarial, de carácter general, en el sector Público debe contemplar, necesariamente, tales contenidos estratégicos, relacionados entre sí en estos tres aspectos centrales: Déficit fiscal, injusticia tributaria y medición actualizada de la inflación.
En tal sentido, respetuosamente, hacemos un llamado a nuestras bases y a las organizaciones y gremios fraternos para que nos preparemos.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
