PRIMERO: La ANEP tiene la suficiente autoridad moral para hablar, con propiedad, del tema salarial tanto en el sector Público como en el Privado, si de injusticias se trata, por dos razones fundamentales:
UNO: Llevamos mucho tiempo, de manera especial cuando se dan los procesos semestrales de reajuste por costo de vida al salario mínimo pagado en el sector Privado, planteando que es urgente un aumento extraordinario para elevarlo sustancialmente y una vez que tenga un nuevo nivel, seguir reajustándolo por costo de vida; es decir, hay que darle al salario mínimo mayor nivel de compra, más poder adquisitivo, vía fijación extraordinaria, lo cual es radicalmente distinto a un reajuste por costo de vida.
DOS: Nuestro compromiso en tal sentido es sumamente sólido al punto de que es un objetivo estratégico incluido en el proceso de “Una agenda patriótica para el bien común”; que es el acuerdo del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, suscrito con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el Partido Frente Amplio (PFA): “Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente No. 19.312”.
TRES: En igual sentido y para el tema de las clases de puestos de menor nivel salarial del sector Público en la administración central del Estado, rompimos un tabú que nos generó enormes críticas, totalmente injustificadas, dentro del mismo conglomerado sindical nacional: hablamos de la necesidad de independizar los reajustes por costo de vida para misceláneos, oficinistas, secretarios, choferes, vigilantes, policías, cocineras, técnicos y profesionales, entre otros, de su relación con la ley salarial médica, lo que bautizamos como el “desenganche”. En esta dura lucha, vamos por la mitad, pues todavía el “enganche” sigue vigente para el sector profesional bajo el régimen de Servicio Civil.
SEGUNDO: Tanto en uno como en otro caso, la lucha de la ANEP ha sido transparente, contundente, responsable, bajo la convicción de que una de las mejores manera de reducir la desigualdad, que es el problema número uno del país según nuestra visión, es precisamente otra política salarial, no restrictiva, para ampliar el poder de compra del salario y fortalecer el aparato productivo que se basa en el mercado interno para su subsistencia.
TERCERO: La ANEP no será parte de, no se sumará a, no aceptará jamás y rechazamos tajantemente, la perversa campaña actualmente en desarrollo a propósito de la compleja cuestión salarial del empleo público, misma que es propiciada por vocerías políticas muy desprestigiadas; generadora de odio y el insano propósito de poner a empleados públicos contra empleados públicos; y a generar odio de los trabajadores del sector privado en contra de sus iguales de clase del sector público. ANEP rechaza, repetimos, esta peligrosísima apelación al odio que se está generando por parte de sectores neoliberales que controlan el parlamento y que son los responsables de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, del déficit fiscal y de la corrupción.
CUARTO: ANEP estima que, en realidad, esta campaña perversa, malintencionada y provocadora de confrontación social abierta tiene dos propósitos perfectamente claros según nuestros análisis.
UNO: Impedir y bloquear dos estratégicos proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que tienen que ver con los salarios mínimos en el sector Privado: uno para establecer un nuevo salario mínimo vital y, el otro, para que no se dé ningún fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, a fin de poner en cintura a la gran cantidad de empresarios y patronos inescrupulosos que violentan cotidianamente los derechos laborales en el sector privado, especialmente en cuanto al irrespeto del salario mínimo.
DOS: En igual sentido, con esta insana campaña de odio se pretende impedir, bloquear, castrar, aplastar, las necesarias y urgentes reformas requeridas, legales y administrativas, para controlar, desestimular, reducir, el gigantesco robo de impuestos producto de la evasión fiscal-tributaria en todas sus formas, legales e ilegales; por una parte; y, por otra, que no haya ni la mínima posibilidad, por más remota que sea, de cambios en el impuesto sobre la renta para hacerlo progresivo.
QUINTO: Se está satanizando, criminalizando, condenando sumariamente a quien gana un millón o poco más de un millón de colones en el sector Público. En tal sentido y en el caso del Gobierno Central, especialmente, llamamos a la conciencia sociolaboral del psicólogo, del abogado, de la trabajadora social, del educador, de la maestra, del pedagogo, del ingeniero, del arquitecto, del contador y del auditor, del especialista fiscal, del antropólogo, de la enfermera y otras ramas profesionales; e incluso, de los y de las periodistas de las instituciones; que defiendan su honor, que defiendan su ética, que defiendan su profesionalismo, que defiendan el salario que honestamente se ganan, porque para esa campaña que estamos denunciando, también este tipo de personal de la administración central del Estado es un “criminal social”, un “paria salarial”, una “persona corrupta”. Esto debe ser rechazado, de manera categórica, especialmente ahora que se anuncia que este tipo de personal serán las primeras víctimas del congelamiento salarial en perspectiva, ingrediente adicional al de la criminalización salarial que pretende la campaña de odio y de ataque contra el sector Público actualmente en desarrollo.
SEXTO: La provocación a la confrontación social es clarísima; la confrontación social abierta es una realidad cercana. Desde el lado obrero-social empezamos este lunes 27 de julio, atendiendo al “banderazo de salida” que nos están dando los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), vilmente agredidos, jugando con su honor y con la seguridad de sus propias vidas y la de sus familias. Les apoyaremos para que no haya ni un kilovatio más de privatización eléctrica que, en el fondo, es lo que persiguen quienes les criminalizan salarialmente.
SÉTIMO: Por ello estamos haciendo un vehemente llamado a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas que trabajan en los ministerios y entes adscritos a los mismos, ya sean profesionales o no, para que lleguen a la manifestación del lunes 27 de julio, a las 9 de la mañana y en el parque La Merced. Pero empezamos la más grande cruzada obrero-social que jamás imaginamos que había que ejecutar, en defensa de la seguridad laboral en el Empleo Público, de la integralidad del salario en el Empleo Público y en contra de la criminalización salarial que está persiguiendo la campaña de ataque que está en desarrollo en contra de todo el sector Público. En el parque La Merced esperamos a la clase trabajadora iceísta que desfilará desde la sede central de ICE, en La Sabana e iremos hasta la Asamblea Legislativa. Igualmente, estará presente un colectivo laboral de RECOPE, el primero en ser criminalizado y ajusticiado sumariamente, sin poder tener acceso a la opinión pública en condiciones de equidad, acerca de lo que pasa, en realidad, con el precio de los combustibles; acerca de la naturaleza de sus empleos especiales; acerca de que no llega al 3 % del presupuesto institucional su partida salarial integral.
OCTAVO: Hacemos un especial llamado a la clase trabajadora de los municipios de Costa Rica; al personal municipal obrero de campo, al personal municipal administrativo y profesional: ¡también van por ustedes! La eliminación de las convenciones colectivas en el sector municipal ya tiene un proyecto de ley en la corriente legislativa; tanto como la precarización vía tercerización y privatización de los servicios municipales es perspectiva real de toda esta gente que está en ataque a mansalva en contra del empleo público. También les llamamos a salir a la calle este lunes 27.
NOVENO: ANEP hace un llamado respetuoso y vehemente a todas las personas trabajadoras asalariadas de la empresa privada, hermanos y hermanas de clase trabajadora de quienes son servidores y servidoras, también personas asalariadas, del Estado costarricense; para que no se dejen confundir, para que no se dejen manipular, para que no se dejen engañar por quienes jamás se han preocupado por su situación laboral y salarial en el sector Privado; por esos politicastros que no permiten posibilidades de democracia en las empresas a través de la organización sindical y que nunca han planteado nada positivo sobre el incremento en el salario mínimo como una de las formas más correctas de mejor repartición de la riqueza.
*DÉCIMO: * Cualquier discusión responsable sobre el empleo público, sobre la cuestión salarial del sector público, sobre los pluses, sobre los supuestos “excesos” y “privilegios”, ha sido abortada radicalmente y de manera lamentable, porque los promotores del odio que están en campaña contra quienes honradamente se ganan su salario en la Administración Pública, así lo han querido. Ellos han decidido que sea LA CALLE, así en mayúscula, la DEMOCRACIA DE LA CALLE, la que a partir del lunes 27 de julio, defina la suerte final de esta nueva fase de polarización social propiciada desde el “golpe de Estado” parlamentario del 1 de mayo de 2015.
ONCEAVO: La verdadera naturaleza de los privilegios en la sociedad está en los reales detentadores del poder político en nuestra sociedad; ese reducido grupo de 2 % de la población que concentra toda la riqueza nacional, según lo plantea el prestigioso e incuestionable proyecto Estado de la Nación; ese reducido grupo de 2 % de la población que tiene su propia expresión y vocería parlamentaria en quienes defienden el porteo ilegal convirtiéndolo de una necesidad sociofamiliar a un negocio de acumulación privada; vocerías parlamentarias también cuestionadas por fraudes partidarios con cursos electorales fantasmas; vocerías parlamentarias que están en deuda con la Seguridad Social; vocerías parlamentarias apoyadas en algunas corporaciones mediáticas de dudosa transparencia tributaria…
