El Secretario General de SITRAP, también comentó sobre las dificultades que atraviesan para ejercer libertad sindical.
Categoría: Acción Sindical
La más grande prueba de credibilidad en el Presidente Solís
A nombre de las importantes organizaciones laborales unidas en la alianza estratégica coalición sindical PATRIA JUSTA, expresamos un fuerte llamado al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera para que proceda a levantarle el infame e injusto veto que interpusiera la anterior mandataria, Laura Chinchilla Miranda, a la REFORMA PROCESAL LABORAL; “rindiéndose” ella ante las subterráneas y poco éticas presiones del gran empresariado corporativo bananero, especialmente; conglomerado de negocios que ha tenido en el actual diputado Antonio Álvarez Desanti uno de sus más importantes “militantes”, habida cuenta de su interés directo-mercantil en ello.
La coyuntura del levantamiento del veto a la REFORMA PROCESAL LABORAL es percibida por la coalición sindical PATRIA JUSTA, como el límite de la confianza que queda en la palabra empeñada por el actual Presidente Solís.
Es más, en esta coyuntura catalogamos que el Presidente Solís se ha de enfrentar a las más grande prueba de credibilidad de todo su mandato, desde nuestra perspectiva sociolaboral; toda vez que él tiene bien claro que la REFORMA PROCESAL LABORAL es la más grande transformación del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado, en 1943; que es un compromiso de Estado ante la comunidad mundial de naciones, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Costa Rica es miembro pleno; que es producto de un esfuerzo multisectorial durante los últimos 15 años; y que, finalmente, en la Asamblea Legislativa anterior recibió aprobación de ley en los dos debates de rigor y con lujosas mayorías partidistas en ambos.
Hoy mismo, por los canales oficiales, estamos solicitando ser recibidos, con urgencia, por parte del señor Presidente de la República. Aunque lo tiene claro, queremos ser enfáticos en lo que puede suceder si él deshonra su palabra, mancha su compromiso y pulveriza importantes soportes que va a necesitar en el impulso de diversas políticas públicos que quiere promover a tono con sus ideales sociales.
Personal de la Policía Penitenciaria apoyó abrumadoramente acuerdo como lo vaticinó la ANEP
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, dejan constancia pública de la enorme satisfacción que sentimos ante la constatación, clara y contundentemente irrefutable, de que la abrumadora e inmensa mayoría del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica respaldó a la ANEP y su ruta de la promoción del diálogo y de la negociación efectiva para respetar derechos logrados en la calle.
El 96 %, del total de 3.600 integrantes de la Policía Penitenciaria avaló, en este día histórico, lunes 24 de noviembre de 2014, el no menos histórico acuerdo logrado por la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre de 2014, con los ministerios de Justicia y Paz y de Trabajo y Seguridad Social; para el pago en sede administrativa de la gran suma de 3 mil 200 millones de colones que, dichosamente, llegarán a los bolsillos laborales de los indicados servidores públicos, prácticamente intactos sin desembolsar un solo centavo para terceros, presuntos “asesores” legales.
Este gran logro es continuidad del acuerdo original obtenido con la gigantesca manifestación de calle promovida por la ANEP, el lunes 20 de enero de 2014, en la ruta 27; jornada de lucha que denominamos, como se recordará, “El 20 en la 27”. A la fecha, esta jornada masiva de “El 20 en la 27” sigue sin ser superada.
Quienes asistieron a esta lucha, como a todas nuestras luchas, lo hacen de manera transparente, sin escudarse en licencias sindicales con goce salarial, protegiéndose como delegados contra rebajos que sí podrían serle aplicados a quienes no tienen “fuero” sindical.
El 96 % del personal de la Policía Penitenciaria entendió que el dinero adeudado le pertenece íntegramente y que, por tanto, con el acuerdo logrado por ANEP, no habrá deducción alguna por “cuota litis” para los mercaderes del Derecho Laboral.
Con el respaldo abrumador que el 96 % del personal de la Policía Penitenciaria le ha dado a la ANEP, a esos dos acuerdos logrados a partir de la inigualable e insuperable jornada de lucha de “El 20 en la 27”; se ha impedido que lleguen a otros bolsillos, entre 100 y 500 millones de colones que esperaban embolsarse quienes convirtieron la lucha por los Derechos Laborales en mercancía de valor transable en el mercado; tal y como se transó, por ejemplo, en un valor de 4 millones de colones, el cobro por “apoyar” la negociación de una convención colectiva de trabajo.
Luego de 30 años de lucha ininterrumpida a favor de la causa de los Derechos Laborales de la Policía Penitenciaria de Costa Rica y de todo el personal del Sistema Penitenciario Nacional (profesionales, técnicos, administrativos y operativos), la ANEP demuestra las razones por las cuales está considerada la organización sindical No. 1 del país; la de mayor prestigio, incidencia y profesionalismo.
¡Seguiremos luchando! ¡
Seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo,
todos los días y todas las horas!
GRACIAS POR CONFIAR EN ANEP
SECCIONAL ANEP-POLICÍA PENTENCIARIA
Policías penitenciarios apoyan pago administrativo de deudas salariales
La ANEP ha constatado un abrumador respaldo por parte de la mayoría del personal de la Policía Penitenciario, al acuerdo que les permite el pago administrativo de deudas salariales acumuladas durante unos 10 años, por una cantidad global de 3.200 millones de colones.
De esta cifra, mil millones se cancelarán en la segunda quincena de diciembre de este año 2014. Los restantes 2.200 millones se gestionarán vía presupuesto extraordinario a tramitarse en la Asamblea Legislativa, en el primer trimestre del año próximo 2015.
Los primeros contactos efectuados por la ANEP al respecto, con diputados y diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, han mostrado una gran anuencia para la aprobación de ese presupuesto; valorándose su contenido social y laboral que nada tiene que ver con la cuestión político-partidista.
Se trata de honrar una gran deuda contraída por el Estado con uno de sus cuerpos de servidores públicos más abnegados y sacrificados del país: la Policía Penitenciaria. Y esto no tiene color político.
Con dicho acuerdo de pago en sede administrativa, el personal a cargo de la seguridad carcelaria del país, ya no tendrá que sufragar honorarios de abogados por procesos judiciales en desarrollo, de resultado incierto y que les obligaba a una espera de 4 años, en promedio.
Tal circunstancia les permite no pagar, más bien economizarse, por cuota litis, una suma oscilante entre los 100 y los 500 millones de colones; según las tarifas de 10, 15, 20 y hasta 25 por ciento que se les estaba pidiendo para tramitarles en vía judicial tal pago de deudas.
Tales cantidades de plata ya no llegarán a los bolsillos personales de quienes estuvieron promoviendo la vía judicial como “única” para saldar tales deudas; elementos que han estado manifestando su oposición a este acuerdo, justo e histórico.
Además, el acuerdo logrado al efecto entre los ministerios de Justicia y de Trabajo con la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre, generará una enorme economía en compleja tramitología, cara y desgastante, que implicaba la tramitación judicial del pago de tales deudas.
Tanto la administración de la cartera de Justicia como la misma gestión procesal del Poder Judicial, se liberarán de erogaciones multimillonarias pues el pago en sede administrativa es más barato, más corto y le hace llegar al trabajador el 100 % de lo que se le debe.
Igualmente, con el acuerdo en mención, se espera para febrero entrante la primera versión de un manual de puestos para la Policía Penitenciaria que les posibilite similitud salarial con sus homólogos de la Fuerza Pública; y, además, no les será modificado su tradicional e histórico horario de servicio, conocido como “7 × 7”.
No se debe autorizar el abusivo aumento que pretende Riteve
Ante las pretensiones de la empresa monopólica privada a cargo de la revisión técnica vehicular, de un aumento de 200 % en la tarifa por tal servicio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su rotunda oposición considerando las siguientes razones:
El pretendido aumento golpeará, sensiblemente, los bolsillos de la clase trabajadora, con empleo formal o sin él; toda vez que tanto los vehículos livianos como los camiones de carga son inherentes a las actividades laborales y productivas de miles y miles de costarricenses que viven, en estos momentos, restricciones salariales y encarecimientos productivos por diversas razones.
Un aumento de semejante irracionalidad y magnitud en las tarifas actuales de la revisión técnica vehicular, echa más leña a la hoguera de la cada vez más candente fogata de la inconformidad popular ante el altísimo costo de la vida; por demás, en escenarios crecientes de desigualdad.
No debe la desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ceder a las pretensiones de alza de tarifas de Riteve SyC, sin que se sepa cuál será la metodología real para el cálculo del ajuste que debe establecer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); proceso éste que tal entidad debe hacer con total transparencia, erradicando episodios de opacidad que a lo largo del tiempo han mediado para la instauración del monopolio privado de la revisión técnica vehicular.
Por otra parte, la indicada firma ha acusado al país ante el tribunal extranjero, nada objetivo ni neutral, conocido como Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), porque supuestamente se le deben a la citada transnacional unos 260 millones de dólares, al no haber obtenido autorizaciones para semejantes incrementos tarifarios de exorbitantes pretensiones. En consecuencia, no deben aumentarse las arcas de Riteve mediando tal proceso jurídico-internacional.
En épocas de un legítimo reclamo ciudadano por la transparencia en la gestión pública, se debe conocer con exactitud la actual composición accionaria de Riteve SyC; de modo tal que podamos saber qué sociedades y qué personas, nacionales y/o extranjeras, tienen intereses en la actividad lucrativa con carácter de monopolio privado que es, hoy día, la revisión técnica vehicular. Muy necesario es saber si sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social se cumplen a cabalidad y sin escamoteo alguno.
Hacemos un llamado a los automovilistas, los dueños de camiones de carga, microbuseros y similares, a organizarse para que se defiendan, para lo cual la ANEP les ofrece su apoyo y experiencia.
Preocupación por recorte presupuestario en los CEN-CINAI
Policías Penitenciarios recibirán pago en sede administrativa
Situación precaria de infraestructura y salud ocupacional en la aduana de Peñas Blancas
La Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda realizó, el pasado 23 de octubre, una gira a la frontera norte de nuestro país, específicamente al puesto de aduanas ubicado en Peñas Blancas, donde pudo constatar las condiciones precarias de infraestructura y salud ocupacional en las que se deben de desempeñar los y las trabajadoras de este puesto aduanero.
Entre las principales falencias detectadas por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda en el puesto aduanero de Peñas Blancas se encuentran:
• La estructura del Andén donde aparcan los furgones está muy dañada, incluso existe el temor de que se venga abajo en cualquier momento, ya que las bases de la misma presenta una serie de daños, que no han sido reparados por mucho tiempo, pese a las reiteradas denuncias.
• La caseta de control de la Aduana fue demolida, y están ocupando una caseta que pertenece al MAG, las condiciones de las mismas no son nada saludables, a la par hay un árbol grande donde se ve la caja de breaker, toda la parte eléctrica se nota muy mal, la ventana con forro de madera, archivos en pésimas condiciones.
• En el sector sur de la Aduana no existe aguja de control, los vehículos pueden huir sin que nadie los detenga. En la noche los oficiales de seguridad ponen un tarro con un pedazo de malla anaranjada para cerrar el paso, porque ni siquiera conos tienen. En el invierno el paso por las agujas sur y norte sufre de inundaciones, provocando que los usuarios que entran o salen del país deban de hacerlo sobre un río de agua porque no hay salida de aguas pluviales, o sea cunetas o alcantarillas.
• Condiciones de Salud Ocupacional. En las casetas de la aguja sur, existen problemas serios de estructura, los documentos del depósito están amontonados en una pequeñísima bodega, que a la vez es donde está el servicio sanitario sin uso por las condiciones que presenta, incluso, cualquiera puede sustraer documentos y nadie se da cuenta.
• Existe una plaga de lagartijas, que llena todos los escritorios y zonas de trabajo de excremento, provocando que los y las funcionarias trabajen en condiciones insalubres. Además que no cuentas con aire acondicionado, ni siquiera abanicos. Sumado al mal estado de los servicios sanitarios, que presentan condiciones insalubres.
• Los funcionarios que utilizan las habitaciones destacadas para ellos, no cuentan con abanicos, mucho menos aires acondicionados, cuentan con una sola lavadora para muchos funcionarios, en cambio la casa de la gerencia y subgerencia cuentan con buen aire acondicionado, con buenas lavadoras, y si el aire se les arruina inmediatamente lo reparan.
Ante esta situación, la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda emitió un informe dirigido al Ministro de Hacienda, Helio Fallas; al Director del Servicio Nacional de Aduanas, Rafael Bonilla; así como a la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, Dina Víquez, haciéndoles constar las condiciones precarias en que se encuentra dicho puesto aduanero y la necesidad de su inmediata intervención.
“En las anteriores administraciones del Ministerio de Hacienda, se han hecho denuncias sobre lo que sucede en las Aduanas, sin embargo las respuestas nunca han sido satisfactorias, ni nunca han resuelto la situación. Basta con indicar que en la parte de infraestructura, las inversiones millonarias en remodelaciones del Servicio Nacional de Aduanas quedan tan mal que, al poco tiempo están deterioradas por el mal trabajo realizado, y en realidad no se nota cuál ha sido la remodelación realizada. Por ello nos cuestionamos: ¿Cuál es la supervisión ejercida por el Departamento de Arquitectura?, si es que ha habido alguna; ¿Existe alguna garantía al respecto?”, manifestaron en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.
Incluso mencionaron que es importante recalcar, que la Administración Superior gasta excesivos viáticos en giras del Departamento de Arquitectura y sobre todo, de las cuadrillas de la Sección de Mantenimiento, y no se ven resultados de las reparaciones o de los mantenimientos preventivos o correctivos.
“Un ejemplo de algo que paso en Peñas Blancas es que fueron a reparar el tanque de agua potable y resulta que no llegaba agua a las tubería de la oficina, ni a las baterías sanitarias, y tuvieron que regresar a repararlo. Lo que pasó fue que taparon al revés el ingreso de agua, y por esto regresaron a arreglar lo que supuestamente ya habían corregido”, indicaron.
El informe presentado por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda a los jerarcas de esa cartera pretende obtener respuestas claras, concretas, sobre qué es lo que realmente va a realizar esta administración para mejorar la infraestructura de las Aduanas, así como las condiciones de las habitaciones de las funcionarias y los funcionarios que pernoctan en la Aduana de Peñas Blancas.
Patria Justa presentó su agenda de trabajo
La coalición sindical Patria Justa presentó, este viernes 07 de noviembre en la sede del Museo del Jade, sus estrategias de cara a las mesas de dialogó con el Gobierno de la República, que representan un esfuerzo de articulación para la incidencia política de los sectores sociales.
La actividad contó con una muy buena afluencia de personas integrantes de los diversos sindicatos que integran Patria Justa, nos referimos a: ANEP, FIT-ICE, SINAES, SITRAPEQUIA y UPINS. Además, se espera que en los próximos días SINTRAJAP se una a esta coalición, lo que significaría un músculo más en la lucha por posicionar el sindicalismo costarricense.
Precisamente, en la actividad Ronaldo Blear, Secretario General de SINTRAJAP dirigió unas palabras a los presentes agradeciendo el apoyo brindado por Patria Justa durante la huelga en la lucha por la soberanía de los muelles en la zona atlántica de nuestro país, a la vez que afirmaba el interés de SINTRAJAP de unirse a la coalición sindical Patria Justa.
Patria Justa es el fruto de un proceso de varios meses, que se inició para rearticular las acciones de un grupo de organizaciones sindicales que trabajaron juntas en la elaboración de las “10 medidas para salvar la Caja”, las negociaciones de la Reforma Procesal Laboral y en la agenda que se le presentó al hoy Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, en su condición de Presidente electo, el 5 de mayo; agenda conocida como “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”.
Como resultado del trabajo conjunto, decidimos estrechar acciones que le permitieran al sindicalismo costarricense reposicionarse como sujeto sociopolítico con capacidad de incidir en la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en las dimensiones: económica, ecológica, ambiental, política y sociocultural.
“Patria Justa” aspira a incidir en el nuevo escenario político nacional que se abrió como resultado de las elecciones de 2014 y buscamos sumar otros esfuerzos surgidos desde diversos espacios de la sociedad civil; los cuales promueven luchas que concuerdan con nuestra valoración de la coyuntura y nuestros propósitos de acción.
Urge responder unidos frente a la coyuntura
Preocupa que la Administración Solís Rivera esté evidenciando que no estaba preparada para asumir el aparato institucional y muestra señales de debilidad frente al bloque “anti derechos laborales”; a lo que se suma que no se ha ocupado de sus compromisos con la Caja, a la reforma tributaria, y otros temas país.
Reconocemos que hay un problema real de endeudamiento que se lleva la mayor parte del presupuesto, pero no se va a resolver quitando las anualidades, la dedicación exclusiva, otros pluses al conjunto de los trabajadores de los servicios públicos.
Está en curso una ofensiva de la derecha política y empresarial en contra de las anualidades, las horas extras y los pluses salariales; y, en general, contra los servicios públicos.
Esta situación pasa por varios tamices que obligan a un análisis puntual. La trampa de ellos es presentar a los empleados públicos como si todos fueran iguales. Hay que distinguir a los jerarcas del sector Público que ganan los salarios más altos (prácticamente similares a sus pares del sector Privado), vs. el resto de trabajadores que reciben remuneraciones medias y bajas.
La Administración Solís Rivera debe reorientar las pretendidas soluciones al déficit fiscal del foco de los recortes indiscriminados en la errónea dirección apuntada; porque ese enfoque, además de lesionar los derechos laborales, llevará a la paralización institucional del país en el mediano plazo.
La lógica neoliberal lo que plantea es la desaparición del sector Público y la coyuntura del presupuesto les cayó como anillo al dedo.
El enfoque que proponemos es el de centrar las acciones en la optimización de los recursos del sector Público atendiendo, por ejemplo, la inversión y la recaudación fiscal, así como la definición de nuevos parámetros para medir la gestión fiscal, energética, entre otros.
En lo concreto, proponemos el establecimiento de una mesa nacional para discutir el tema de la optimización de los recursos públicos, el tema de la eficiencia y la eficacia, el tema de rendición de cuentas.
Para nuestro agrupamiento gremial, el verdadero tema de la discusión es el modelo de desarrollo país, la verdadera razones del déficit fiscal, la verdadera discusión del tema tributario, la reducción de la desigualdad, el modelo energético, el fortalecimiento de los seguros solidarios del Estado, entre otros.
Estamos en contra de las medidas propuestas de recortes, sean con hacha o con bisturí, sin sentido y sin visión de país que no van a resolver el fondo de la problemática nacional, sino que va a empeorar las cosas.
Queremos una discusión de eficacia, eficiencia, optimización de los recursos, gestión e inversión, papel de los jerarcas, en fin una discusión estructural.
Contenidos de la agenda “Patria Justa”
1- Corrupción.
2- Soberanía energética.
3- Estabilidad y derechos laborales en el empleo público.
4- Defensa de la Seguridad Social: Caja (CCSS) y Riesgos del Trabajo.
5- Reforma Procesal Laboral
6- Transformación tributaria estructural
7- Internacionalización de la economía y amenazas contra los derechos laborales derechos laborales.
Usted puede descargar la agenda completa y detallada de Patria Justa en el contenido relacionado que aparece al final de esta nota.
Encuentro de dirigentes sindicales municipales de ANEP
Este viernes 31 de octubre representaciones sindicales de las más de 50 municipalidades donde ANEP tiene presencia se reunieron en un gran Encuentro Sindical Municipal.
La idea es poder compartir con la mayor cantidad de líderes y lideresas de base temas importantes para dirección política del sindicato, como el Tratado Internacional de Servicios Públicos, conocido como TISA, el tema de la ley de transferencias municipales o temas relacionados con la oferta sindical, como los cambios positivos en el seguro colectivo de vida que ofrece el INS a la afiliación de la ANEP.
Uno de los temas más importantes tratados en el encuentro fue la exposición de la compañera Rosa Rivera, asesora legal de la ANEP y ex lideresa sindical en la municipalidad de Garabito, sobre la ley de transferencias municipales y como la aplicación de la misma viene a afectar el trabajo en los Gobiernos Locales.
Para ANEP es muy importante continuar con estos encuentros sectoriales, ya que las y los dirigentes de base aprovechan para realizar mesas de trabajo para coordinar acciones, poner en común problemáticas y sus respectivas soluciones. Crear estos canales de comunicación y de trabajo es fundamental para encausar la lucha en el área municipal, donde viven tantos problemas los trabajadores y trabajadoras.
