Categoría: Acción Sindical

Paro de labores en la Municipalidad de Tibás

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De esta forma y a las seis de la mañana, decenas de trabajadores operativos del plantel municipal de Tibás decretaban un paro de labores de forma indefinida, debido a la negativa del Concejo Municipal de la localidad de realizarles un reajuste salarial del 4% correspondiente al segundo semestres del presente año.

Una vez reunidos en el plantel municipal, ubicado en las inmediaciones de Cinco Esquinas de Tibás, los trabajadores decidieron movilizarse por las principales calles del cantón hacia el Palacio Municipal, una vez allí los trabajadores administrativos se unieron al movimiento.

Dicho aumento del 4% fue avalado por la Junta de Relaciones Laborales y el alcalde de Tibás, luego de realizar un estudio técnico que avalaba el soporte financiero del ayuntamiento tibaseño, para realizar el reajuste salarial, sin embargo 4 de los 7 regidores que componen el Concejo aducen que solo se puede realizar un ajuste del 3%.

Previo al medio día representantes de la ANEP y de los trabajadores municipales se reunieron con la Vicealcadesa de Tibás y uno de los regidores que se opone al reajuste, alcanzando un acuerdo verbal para que esta noche en sesión del Concejo Municipal se proponga la revisión del ajuste del 4%.

Pese a esto los trabajadores se mantendrán en paro de labores durante este martes a la espera de la resolución del Concejo Municipal.

Huelga en la Municipalidad de Tibás en pleno desarrollo

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Después de marchar por todo el cantón de San Juan de Tibás, provocando un poco de caos vial desde las instalaciones del Wal-Mart hasta el edificio municipal, los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Tibás han decidido mantener el movimiento de huelga hasta horas de la noche.

Hoy sesiona el Concejo Municipal, y el principal objetivo del movimiento es lograr que el Concejo apruebe un reajuste salarial del 4%, el cual fue evaluado y aprobado por la Junta de Relaciones Laborales de la municipalidad. Además, la administración realizó un estudio previo que permitió respaldar la solicitud de reajuste. Sin embargo el Concejo sólo aprobó un 3% de ajuste, sin ningún estudio que los justificara.

Al movimiento se han sumado la totalidad de los trabajadores de áreas operativas del Gobierno Local, y de una gran cantidad de las personas trabajadoras del área administrativa. Se mantendrán durante todo el día en las afueras del edificio central y al final de la tarde se trasladarán a la sesión del Concejo Municipal para hacer la presión necesaria para que sus demandas sean escuchadas.

Esta información está en proceso.

400 policías penitenciarios tendrán que trabajar más de 24 horas seguidas

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Tipo factor sorpresa. El sábado en horas de la noche se le informó al personal de seguridad de la cárcel La Reforma que el señor Pablo Bertozzi ordenó el traslado de unos 300 privados de libertad a lo interno del penal este lunes desde horas de la mañana. La directriz incluía, entonces, la prohibición de salir a los policías que terminaban sus labores y que llevan 8 días dentro de la cárcel.

Normalmente estos hechos se dan con una planificación de por lo menos 15 días, no sólo a nivel de dirección, sino también con la participación y el conocimiento del personal de seguridad penitenciaria. Esto ayuda a planificar los horarios internos y de salida de las personas trabajadoras, para que no suceda lo que está pasando hoy, que al final de la tarde cientos de compañeros dejarán sus labores con más de 24 horas continuas de trabajar, una clara violación a sus derechos laborales.

El señor Bertozzi tiene la puerta de su oficina cerrada al diálogo con los trabajadores y trabajadoras. La señora Ministra de Justicia, Cristina Ramírez, tampoco nos atiende, ni física ni telefónicamente. Como organización tendremos que recurrir al Ministro de la Presidencia, para incidir al más alto nivel, en búsqueda de un diálogo perdido, diríamos que secuestrado, que siempre ha sido la norma en el Sistema Penitenciario Nacional.

La molestia es por factores más profundos que la situación vivida el día de hoy lunes. Al señor Bertozzi no se le ha quitado de la cabeza que ya no está en la Fuerza Pública, donde en su jefatura imperaba el miedo y el mando militar. En el Sistema Penitenciario Nacional siempre las cosas se han hecho con la cultura del diálogo y la participación activa, pero el estilo del señor Bertozzi es “yo mando y ustedes obedecen”.

La pésima planificación del traslado de reos del día de hoy ha provocado que los policías ni siquiera hayan podido avisar a sus familias, ya que las comunicaciones hacia el exterior del penal están casi del todo prohibidas. Los policías no saben qué va a pasar con las horas extras trabajadas el día de hoy, que deberían pagarse como horario extraordinario, lo que le generará un gasto muy grande al Ministerio, pero ni de esto hay certeza.

Por último, y a minutos de enviar este comunicado, se nos informó que también las personas trabajadoras del centro El Buen Pastor, están viviendo la misma situación, donde no se les ha dejado salir del trabajo en su horario normal.

Exigimos parar tanta arbitrariedad con la Policía Penitenciaria que, de todas formas, viene preparando una gran manifestación de calle en fecha venidera.

Acueductos privados no pueden ser tolerados

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Este miércoles 3 de setiembre, el periódico Semanario Universidad presenta una investigación a fondo sobre cómo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), accedió a transformar en ASADA al acueducto privado propiedad de la empresa C-Veintiuno Altos de Pinilla Sociedad Anónima, acueducto ubicado en Cebadilla de Santa Cruz, Guanacaste.

Desde ANEP vemos con muchísima preocupación esta información por la multiplicidad de problemáticas que representa.

1- Se está normalizando la privatización del agua: Está sucediendo en todo el país. Grandes inversiones inmobiliarias están construyendo condominios, hoteles, proyectos habitacionales y turísticos de gran envergadura, sin contar con estudios hidrológicos para saber si el A y A, o los acueductos comunales, tienen la capacidad de brindar el servicio de agua potable para los mismos. Esto provoca que estos desarrollos construyan sus propios acueductos de manera ilegal. La solución jamás será convertir lo ilegal en legal, como acaba de hacer A y A con el acueducto de Altos de Pinilla.

2- Restricción del acceso al agua a las comunidades: el caso de estudio es paradigmático. El inversionista privado compró toda la montaña en Caña Fístula en Santa Cruz, montaña que tiene la naciente de agua que abastece a toda la región, incluida la comunidad de Cebadilla. Ahí existen 2 ASADAS: la que antes era acueducto privado y la ASADA de Cebadilla que sí es comunal. Ambas comparten el mismo manto acuífero pero, por el principio geológico de gravedad, la ASADA “privada”, que está arriba en la montaña, consume primero el agua y lo que sobra llega a la ASADA de la comunidad, que está abajo de la montaña. Esto provoca que sí haya agua para llenar las piscinas de los hoteles, pero que no llegue agua a las casas de la comunidad.

3- Cobros diferenciados: Aunque A y A le haya dado el rango de ASADA al acueducto privado de Altos de Pinilla, éste
sigue cobrando un precio diferente al estipulado por la ARESEP para las ASADAS. La tarifa básica sí es la misma, pero cobran una “tarifa solidaria” que siempre es mayor a la tarifa por consumo. La ASADA privada le ofrece el servicio a los vecinos de la zona, pero el mismo es impagable para esta población de escasos recursos. Esto lo sabemos por conversaciones privadas con vecinos de la zona.

4- A y A demuestra que no tiene posibilidades de control: Las declaraciones emitidas por doña Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de A y A, y por el señor Rolando Marín, representante de los acueductos comunales en la Junta Directiva de A y A, para el Semanario Universidad, dejan claro que la Institución no es capaz de controlar la explosión de acueductos privados e ilegales que está viviendo el país, que se agrava en la provincia de Guanacaste.

5- El agua como derecho humano: Esta problemática pone en peligro el acceso universal al agua. La ANEP defiende que es el Estado quien debe garantizar el acceso efectivo al agua mediante servicios de agua potable en manos públicas y comunitarias, tal y como está escrito en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), documento creado por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), de cuya redacción ANEP formó parte. No podemos tolerar que existan ni que se normalice la creación de acueductos privados.

6- En ANEP creemos que el plan de acción de Acueductos y Alcantarillados no puede ser el demostrado en este caso: Debe haber una dirección fuerte de parte de la Junta Directiva para analizar los casos nuevos de petición de creación de ASADAS, sobretodo en la provincia de Guanacaste; para que no se repita lo sucedido con el acueducto privado de Altos de Pinilla. No podemos aceptar que acueductos ilegales se vistan de ropaje legal bajo excusas de pobres controles administrativos. Debe A y A promover una política todavía más fuerte de fortalecimiento de las ASADAS realmente gestionadas por las comunidades. Acceso a mejores tecnologías, promoción de créditos para crecimiento en infraestructura y capacitación y acompañamiento de técnicos e ingenieros, es fundamental para el mejoramiento de los acueductos comunales.

Por último, se debe respaldar el mejoramiento en lo pertinente, del proyecto de ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y al cual la Sala IV le hizo observaciones muy importantes que deben ser subsanadas. Una nueva legislación sobre el agua es trascendental para que podamos cuidar mejor un recurso fundamental para la vida. Esta ley brinda herramientas para evitar en todos sus extremos la privatización del agua y que, además, concibe el consumo humano como prioritario, sobre cualquier otra actividad.

Finalmente, estima la ANEP que es preciso un papel activo de la población trabajadora de A y A en la defensa del agua y de la institucionalidad representada en A y A para defenderla, para lo cual la movilización social y laboral en este sentido, será fundamental. En ANEP nos preparamos para ello.

ANEP busca frenar despido de 40 trabajadores en la Muni de San Ramón

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su seccional en la Municipalidad de San Ramón intentan frenar el despido de 40 trabajadores en condición de interinazgo en el municipio del cantón alajuelense, ya que la administración asegura no contar con los recursos para mantener esa planilla.

Ante este escenario nuestra organización busca entrar en negociación con las autoridades de la Municipalidad de San Ramón, con el objetivo de brindar soluciones al problema y evitar el despido de estos trabajadores, quienes se desempeñan en puestos operativos.

Iris Cervantes Paniagua, Promotora de ANEP en la Municipalidad de San Ramón, manifestó que en dicho municipio vienen presentándose una serie de asuntos que perjudican principalmente a los trabajadores operativos interinos.

“El año pasado estos trabajadores sufrieron una rebaja en su salario base. Ellos por conservar su empleo accedieron al rebajo, pero a cambio de que se les garantizara su estabilidad laboral. La promesa de la administración fue que se les redujera el salario base, ya que consideraron que su sueldo era irracional según estudios de la administración, pero a la vez se les prometió realizar los concursos internos para nombrarlos en propiedad. Esto ha sido un tema que se ha tratado por más de seis meses con la sorpresa de que ya no hay concursos, si no que 40 de estas personas serían despedidas a partir del 1 de enero del 2015”, detalló la Promotora de ANEP en la Municipalidad de San Ramón.

Dentro de los trabajadores que se encuentran en peligro de despido se encuentran los que desempeñan labores en el cementerio, recolección y aseo de vías, sanidad y algunos administrativos.

La justificación que alega el municipio alajuelense para ejecutar los despidos es una crisis económica. Sin embargo, Cervantes asegura que en el transcurso del año vigente, la municipalidad ha realizado contrataciones de personal dejando por fuera a los trabajadores.

“También nos hemos dado cuenta que las tazas por concepto de impuestos municipales no se actualizan desde el 2009. Además, existe un pendiente de cobro muy alto, esto pese que el municipio cuenta con un equipo de abogados muy grande, pero incapaz de recaudar esos dineros que se le adeudan a la institución”, puntualizó Cervantes.

Otra de los alegatos del municipio para el despido de los trabajadores, se debe al cierre técnico del relleno sanitario de la localidad, debido a una orden del Ministerio de Salud. Además, se suspendieron convenios con otros municipios para llevar los desechos a ese relleno.

Se espera que la ANEP, su seccional en la Municipalidad de San Ramón y los trabajadores que se encuentran en riesgo de despido; se reúnan el próximo miércoles 10 de septiembre con autoridades de la Municipalidad de San Ramón, con el objetivo de plantear una serie de propuestas en busca de una solución al problema.

Seccional del Ministerio de Hacienda se reunió con el Director de Aduanas

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en el Ministerio de Hacienda, sostuvieron una reunión, la semana anterior, con el Director de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Rafael Bonilla, en la cual expusieron la problemática de la evasión de impuestos en zonas aduaneras del país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que la reunión nació gracias a la iniciativa de Hernán Camaño, directivo dela Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda. Precisamente, Camaño tiene muchos años de estar denunciado el fraude fiscal aduanero.

“En esta ocasión el compañero (Camaño) se presentó ante esta unidad de aduanas para insistir en la imperiosa necesidad de atacar duro el fraude fiscal. Camaño le puntualizó algunas situaciones particulares al Director de Aduanas, ya que cree que hay mucho camino por recorrer en materia de control del fraude fiscal vía aduanas”, manifestó Vargas.

La reunión también fue aprovechada por el Secretario General de la ANEP para resaltar la importancia que tiene el combate al robo de impuestos en todas sus formas, “esto ahora que el mismo Gobierno reconoce que es altísima”.

“Esperaríamos tener más reuniones con el Director de Aduanas, en fecha próxima, tanto a nivel de seccional como de ANEP. Esto con la intención de profundizar más en el conocimiento del fraude fiscal vía aduanas, para ver si podemos denunciarlo con más venencia y para aportar con el combate del robo de impuestos en todos los ámbitos en los que hay que pagar tributos en este país”, concluyó Vargas.

El empleo público no es culpable de un presupuesto «altamente» deficitario

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En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos tajantemente que el empleo público sea el culpable de un presupuesto “altamente deficitario”, como lo han querido hacer ver diversos grupos neoliberales del país. Esto luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer el presupuesto nacional para el año 2015.

Así lo manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, quien indicó que rechazan que el presupuesto para el año 2015, “esté como esté, por culpa del empleo público”.

“A nivel de Gobierno Central, que es lo que refleja este presupuesto, los grupos laborales más grandes son los maestros y los policías, mientras que los demás ministerios no representan enormes inversiones en salarios”, dijo el Secretario General de la ANEP.

Para Vargas, la situación actual del presupuesto, que de paso está alarmando a los sectores neoliberales del país, tiene sus orígenes en tres circunstancias.

“La primera es la espantosa evasión de impuestos en todas sus manifestaciones y modalidades legales e ilegales. Esto provoca que el Estado a la hora de formular este presupuesto no haya podido contar con cerca de 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB)”, manifestó Vargas.

La segunda circunstancia que expone el Secretario General de la ANEP, la cual ha sido admitida oficialmente por la Contralaría General del República (CGR), radica en las exenciones y exoneraciones.

“Las exenciones y exoneraciones van llegando al 6% del Producto Interno Bruto. Sólo en la primera y la segunda circunstancias este presupuesto no contempla 14 puntos del PIB. Es por aquí donde está el primer ámbito de intervención política decidida al más alto nivel; y, tanto el Poder Ejecutivo como el parlamento deberían ponerse de acuerdo y sacar lo más rápidamente posible, al menos, la legislación que está propuesta para que la administración tributaria tenga más potestades en demandar por el robo de impuestos”, dijo Vargas.

“La tercera circunstancia es que algunos quieren que no cambiemos la naturaleza del sistema tributario. Es decir, si Costa Rica no modifica hacia la progresividad su sistema tributario, el riesgo de quiebra del Estado será todavía más inminente. Pensamos que dentro de los cambios hacia la progresividad tributaria urge la ley de renta global, urge la renta universal, urge el impuesto a las transacciones financiero-bancarias como recientemente lo hizo El Salvador. La situación también exige que se ponga en discusión proyectos novedosos para incentivar el pago de impuestos al momento de la compra, que es la pensión consumo”, declaró el Secretario General.

“En ANEP hemos tratado de ser responsables en el tema fiscal tributario, por lo que tenemos una propuesta de ajuste fiscal integral, que tiene contenidos novedosos para evitar la situación del presupuesto como fue presentado. Esta propuesta se denomina: Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”

Sin embargo, Vargas fue más enfático, indicando que es necesario e importante cambiar la metodología de llevar las cuentas públicas del país.

“Con este presupuesto solo se hace mención a lo que el Gobierno puede controlar, que es el 40% de toda la estructura presupuestaria financiera del Estado. Se debe avanzar en modificaciones legales y en decisiones políticas, de manera tal que el país haga su contabilidad integral tomado en consideración el 60% de las situaciones financieras del resto del Estado que no pasan por la Asamblea Legislativa. Si se realizará una contabilidad global no tendríamos estas preocupaciones, alimentadas también, por los sectores neoliberales de la hegemonía política del capital que quieren casi la desaparición del Estado y que se atreven a chantajear al país diciendo que se van a venir encima las calificadoras de riesgo, esto con el objetivo de que quedemos en condiciones financieras más precarias”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Para declaraciones comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 8839-7171.

Asamblea Policía Penitenciaria el 19 de setiembre

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Quienes estén “por dentro” deben inscribirse para tramitarles permiso.

Quienes estén en descanso, se les financiará, ida y vuelta, el traslado desde su domicilio.

Llame a los compañeros Gerardo Cascante Vargas, al teléfono No. 8981-4598; o a Gerardo Cascante Amador, al 8694-4376. Igualmente, al compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, al 8839-7171.

Entre los y las asistentes se rifarán dos fines de semana, con un aporte económico de apoyo, para vacacionar en las cabinas remodeladas en la propiedad de la ANEP, en Manuel Antonio, Quepos, ubicadas a la par del Parque Nacional Manuel Antonio y a 100 metros de la playa, considerada ésta dentro de las diez más lindas del planeta.

ANEP cursará invitación oficial para que en dicha asamblea se apersone algún jerarca con legitimidad y credibilidad, a fin de que explique qué está pasando con el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad. Un logro de ANEP pero que no ha sido efectivamente honrado por la institución.

ANEP aclara: Nada se está negociando con ANEP

Los rumores van y vienen sobre el cambio de roles de servicio en la Policía Penitenciaria. Fuentes fidedignas nos indican que quitarán el “7×7” y que lo harían, de manera abrupta, sorpresiva. Hasta la circular tendrían redactada ya. Además, se nos indica se están “estudiando” cambios en el reglamento de la Policía Penitenciaria. Del Manual de Puestos, no se sabe nada. En este delicado asunto, ANEP no pactará nada.

ANEP no se someterá a la “Estrategia del Miedo” que se pretende instaurar en el Sistema Penitenciario Nacional con el “cambio”.

ANEP continuará haciendo llamados, una y otra vez, para la preservación de la institucionalidad penitenciaria que empieza a ser “lesionada” por la concepción de Seguridad que viene implantando el señor Bertozzi (a quien le gusta que le llamen “Comisionado”). Reiteramos que en cuanto ser humano, como persona, la ANEP le respeta.

Nuestra crítica a su nombramiento es porque consideramos que no es congruente con la concepción penitenciaria del encierro carcelario, a tenor con los valiosos estudios y recomendaciones del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), entidad adscrita al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, paradójicamente, con sede en Costa Rica.

Además, la situación de crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional, planteada a la opinión pública nacional por la ANEP en mayo de 2013, lo cual fue reconocido por importantes instancias del sistema político-institucional del país; exige un abordaje integral que, ahora, pareciera que está muy lejos de alcanzarse.

De hecho, ANEP tiene informes de roces en desarrollo entre la parte técnica y la concepción de Seguridad que maneja el Sr. Bertozzi. Por ejemplo, se nos indica de una seria desavenencia en cuanto a cómo se debe tratar el proceso de visita de las personas familiares y amistades de la población privada de libertad; toda vez que, al parecer, “ningunearán” el papel de Trabajo Social en este proceso, para que este proceso se asuma solamente bajo la cuestión de Seguridad.

Además, el Sr. Bertozzi ha indicado, de manera reiterada, que él solamente le rinde cuentas a la señora Ministra, la señora Cristina Ramírez Chavarría; obviando la autoridad depositada, por ejemplo, en el señor Viceministro de la cartera, don Carlos Alberto Rodríguez Pérez, quien también estaría en proceso de “ninguneamiento”.

Por cierto, la ANEP felicita al señor Viceministro Rodríguez Pérez, pues según nota en prensa de Diario Extra del pasado sábado 30 de agosto, comunicó su decisión de rescindir el contrato de alquiler de un edificio de lujo ubicado detrás del Mall San Pedro, lo cual hacía que el Ministerio de Justicia y Paz gastara 10 millones de colones mensuales por alquiler. Una buena decisión que reconocemos como oportuna y acertada. Se esperaría más decisiones en este ámbito.

Por cierto que dicho jerarca se comprometió con la ANEP a responder cada uno de los puntos del planteamiento integral de la ANEP, a favor del personal de la Policía Penitenciaria, que le entregáramos a él y a su superior, la Ministra Ramírez Chavarría, a primera hora del pasado 9 de mayo, el primer día hábil de ambos a la cabeza del Ministerio de Justicia y Paz.

Recordemos que el planteamiento de la ANEP se denomina “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”. Tal compromiso de respuesta venció el día 31 del mes que acaba de terminar.

Lo que no sabemos es si, finalmente, si él dará respuesta al planteamiento de la ANEP; si la dará, si será consistente y no un “plato de babas”; además, si tal respuesta contará con peso político pues, difícilmente, sin la “bendición” del Sr. Bertozzi nada podría ser “sustentable”. Recordemos que la propia Ministra Ramírez Chavarría le ha empoderado a él para que controle toda la gestión penitenciaria.

ANEP indica que ya no trabaja en el despacho ministerial, el señor Javier Rodríguez, quien fungió como asesor-consultor de la señora Ministra Ramírez Chavarría, pagado con fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese señor renunció luego de los cuestionamientos de la ANEP, según nota de emplazamiento que le formuláramos, al respecto, a la citada jerarca. Por cierto, ella respondió a la ANEP con evasivas sobre la fuente de los salarios pagados a ese consultor. ANEP tiene informes de que hay más gente pagada de esta irregular forma, trabajando en el despacho ministerial. ANEP se lista para otro emplazamiento público en tal sentido. Además, comentaremos, públicamente y en fecha próxima, sobre la cuestión de fondo de la ejecución presupuestaria de dicho empréstito.

ANEP: Su organización sindical. La organización sindical más prestigiosa y de mayor credibilidad en Costa Rica.

ANEP: 56 años de lucha obrero-social, a favor de la clase trabajadora y de las más nobles causas cívicas del pueblo costarricense. No nacimos ayer y mucho menos como “proyecto de alcoba”.

ANEP: Somos una institución independiente que lucha por los Derechos Humanos y, específicamente, los de orden laboral.

ANEP: Somos una entidad laboral plenamente identificable, localizable, responsable y transparente. Declaramos, responsablemente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), toda la planilla de nuestro personal asalariado; el cual además está cubierto con la póliza de Riesgos del Trabajo en el Instituto Nacional de Seguros (INS).Pagamos puntualmente los impuestos que por ley y por convicción nos compete honrar. No somos evasores ni tampoco un ente fantasmal.

Acoso insostenible en el PANACI

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Manifiesto Conjunto dirigido a autoridades de Gobierno

Nosotros, la ANEP que representa a los trabajadores y a las trabajadoras del Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), junto a cinco organizaciones de personas con discapacidad: Fundación Helen Keller, Asociación Pro Patronato Nacional de Ciegos (PROPANACI), Cooperativa Autogestionaria de Personas Activas con Discapacidad (Coopeapad), Asociación Deportiva para Ciegos (APEDEC), Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Visual(APADIVI) y la Comisión Coordinadora de Ciegos de Costa Rica que nos agrupa, hemos convenido firmar el presente manifiesto y enviarlo a las autoridades gubernamentales y a la Asamblea Legislativa, agradeciendo a la prensa nacional que nos permita llegar con nuestra mensaje a la opinión pública.

1. Importancia del Patronato Nacional de Ciegos:

El Patronato Nacional de Ciegos es una institución pública que desarrolla una importante labor en el área de la discapacidad visual. Representa para las personas que firmamos este manifiesto y nuestras organizaciones, la franca y determinada oportunidad para que el Estado administre e incremente acciones específicas a esta población tan diversa, incluyendo aquellas personas que requieren apoyos más intensos.

Por lo tanto, con este manifiesto hacemos uso de nuestro derecho a participar contribuyendo con la solución a la crisis en que la junta directiva actual del PANACI ha sumido a esta institución; misma que está llamada a la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional

2. Logros:

En el pasado esta institución ha sido un pilar importante en el logro de las siguientes oportunidades para las personas con discapacidad visual:

• Cajeros parlantes: En coordinación con el Banco Popular se trajo a Costa Rica el primer cajero parlante en 1997.
• Semáforos sonoros: Se logró que el MOPT trajera al país los primeros 10 semáforos sonoros que se ubicaron en la ciudad de San José, en el año 2008
• Billetes y monedas adaptados: En el año 2010, Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica en contar con billetes de diferente tamaño, con marcas táctiles y con colores contrastantes para ser diferenciados por personas de baja visión.
• Dispositivo para diferenciar billetes: La coordinación con el Banco Central de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y el BAC San José, posibilitó que en el año 2013 se creara el dispositivo.
• Perros guía: Los primeros perros guía ingresaron al país en abril de 1998, gracias a un convenio con la Escuela Leader Dogs for the blind, ubicada en Michigan, EEUU.
• Adaptación pasaporte: Gracias a un recurso de amparo interpuesto por una persona con discapacidad visual se logró que la cédula tenga las siglas TSE en braille, lo que le permite a la persona ciega, diferenciarla de otros documentos. En esa misma línea se asesoró a la Dirección General de Migración y Extranjería, en el 2011, para que el pasaporte se pudiera diferenciar.
• Laboratorio adaptado: En el año 2000 se inauguró el primer laboratorio de cómputo adaptado para personas ciegas del país denominado Centro Tecnológico Emilia Piedra Miranda. Más tarde se apoyó al Instituto Helen Keller para que el INA instalara un laboratorio en sus instalaciones.
• Café internet adaptado: Cuando se inauguró en 1997, fue el primero en Centroamérica y el quinto en Latinoamérica.
• Tienda de Tiflotecnología (tecnología adaptada para personas ciegas y de baja visión), a disposición de la población costarricense.
• Teatro Sonoro: En 2010, por primera vez en Costa Rica, el Teatro Cuatro Vientos incursionó en el teatro sonoro con la obra “Miss Chepa Top Model”. Los asistentes con los ojos tapados disfrutaron del desarrollo de los otros sentidos y lo más importante en la obra, participó una actriz ciega. La obra tuvo tal éxito que se montó una segunda obra en 2011, denominada “Estelar” y se contrató una segunda persona con discapacidad visual.
• POETA: Es una iniciativa de la Fundación para las Américas, organización sin fines de lucro y cooperante de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin brindar capacitaciones en alta tecnología y ejecutar actividades para la inclusión sociolaboral. Durante los años 2010, 2011 y parte del 2012, el PANACI fue un Centro POETA capacitando especialmente a jóvenes.

3. Lucha de poder:

La lucha de poder que la actual junta directiva ha protagonizado con los empleados de la institución, la mantienen paralizada. Los servicios que antes teníamos ya no los tenemos, como la libertad de reunirnos en la sede de la institución y la posibilidad de adquirir bastones, relojes parlantes, regletas para escritura del braille y, en fin, todos aquellos artículos tiflotécnicos de tecnología avanzada que nos permiten lograr nuestro desarrollo. Hemos sido testigos de que cuando llegamos al Patronato ya no podemos casi abordar a los funcionarios quienes se muestran temerosos, e indican que han estado sometidos a diferentes tipos de acoso.

Durante casi nueve meses, por acuerdo de la Junta Directiva, tampoco pudimos recibir capacitaciones en la sede del Patronato. La junta directiva, prácticamente, ha secuestrado a la institución y ha procedido como ha querido; incluso tomando acuerdos cuya legalidad podría ser discutible, esto a vista y paciencia del gobierno anterior y del gobierno actual, a pesar de que ante los respectivos consejos de Gobierno hemos denunciado las irregularidades sin obtener una respuesta satisfactoria.

4. Recursos insuficientes

Reconocemos que el principal problema que tiene la institución son los recursos insuficientes asignados para lograr sus fines. Con un presupuesto anual de 161.319.000 millones de colones no es posible atender las necesidades de 251.464 personas que según el censo del 2011, presentan discapacidad visual. Si hiciéramos una simple operación matemática, podríamos concluir que es imposible satisfacer con alrededor de 642 colones anuales las necesidades de cada persona que presenta discapacidad visual dentro de las fronteras de esta gran nación.

No estamos hablando de asistencialismo. ¡Todo lo contrario! Lo cierto es que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres con discapacidad visual residentes en nuestro país siguen encontrando barreras para participar en sus comunidades en igualdad de condiciones con otros y se siguen vulnerando sus derechos humanos. De allí que no es de extrañar que la población se indisponga con la institución porque interpreta que no funciona. Desconocen que con la limitación de recursos con que se cuenta y con solamente 10 funcionarios no es posible llegar a toda la población; más aún, con mayor dificultad a la ubicada geográficamente en las zonas más alejadas del país.

5. Autonomía del Patronato

Nos preocupa que ahora ante esta crisis, el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) es tan “autónomo”, al punto que pareciera que ninguna autoridad gubernamental tuviera la suficiente potestad para intervenir, a pesar de que hemos tocado muchas puertas con el fin de que se asuman responsabilidades ante la situación: Ministerio de Trabajo, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Salud, Consejo de Gobierno, la Sala Constitucional y hasta el Ministerio Público. La situación sigue cada día agravándose más, pues la junta directiva ante la no intervención de las autoridades tiene total libertad y cada día toma más fuerza.

6. Asistencialismo Inaceptable

Basta de que las autoridades de Gobierno asuman la ceguera como si la discapacidad visual es de pobrecitos que deben conformarse con lo que el Estado les da. Los Ministerios que se ven representados dentro de la junta directiva del PANACI no han puesto en marcha la constatación de nuestras denuncias, ni tan siquiera han dudado, menos puesto en marcha investigaciones por nosotros solicitadas. Siguen manteniendo sus mismos representantes.

Por otra parte, las dos personas con discapacidad visual directivos, deberían estar defendiendo nuestros derechos ante estas instituciones y dirigiendo hacia la inclusión y no discriminación y rompiendo con el paradigma médico; sin embargo, los hechos nos dicen lo contrario.

En el caso de la CCSS, nombraron un nuevo representante y luego en la misma semana retrocedieron con la reinstalación. Si por lo menos dudaran y comprobaran estos hechos nuestra institución, a la cual respetamos, podría fortalecerse y seguir adelante asegurando con medidas y acciones concretas el ejercicio de nuestros Derechos Humanos, que es al final de cuentas lo que solicitamos las personas con discapacidad visual.

San José, domingo 31 de agosto de 2014.