Asamblea Policía Penitenciaria el 19 de setiembre

Quienes estén “por dentro” deben inscribirse para tramitarles permiso.

Quienes estén en descanso, se les financiará, ida y vuelta, el traslado desde su domicilio.

Llame a los compañeros Gerardo Cascante Vargas, al teléfono No. 8981-4598; o a Gerardo Cascante Amador, al 8694-4376. Igualmente, al compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, al 8839-7171.

Entre los y las asistentes se rifarán dos fines de semana, con un aporte económico de apoyo, para vacacionar en las cabinas remodeladas en la propiedad de la ANEP, en Manuel Antonio, Quepos, ubicadas a la par del Parque Nacional Manuel Antonio y a 100 metros de la playa, considerada ésta dentro de las diez más lindas del planeta.

ANEP cursará invitación oficial para que en dicha asamblea se apersone algún jerarca con legitimidad y credibilidad, a fin de que explique qué está pasando con el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad. Un logro de ANEP pero que no ha sido efectivamente honrado por la institución.

ANEP aclara: Nada se está negociando con ANEP

Los rumores van y vienen sobre el cambio de roles de servicio en la Policía Penitenciaria. Fuentes fidedignas nos indican que quitarán el “7×7” y que lo harían, de manera abrupta, sorpresiva. Hasta la circular tendrían redactada ya. Además, se nos indica se están “estudiando” cambios en el reglamento de la Policía Penitenciaria. Del Manual de Puestos, no se sabe nada. En este delicado asunto, ANEP no pactará nada.

ANEP no se someterá a la “Estrategia del Miedo” que se pretende instaurar en el Sistema Penitenciario Nacional con el “cambio”.

ANEP continuará haciendo llamados, una y otra vez, para la preservación de la institucionalidad penitenciaria que empieza a ser “lesionada” por la concepción de Seguridad que viene implantando el señor Bertozzi (a quien le gusta que le llamen “Comisionado”). Reiteramos que en cuanto ser humano, como persona, la ANEP le respeta.

Nuestra crítica a su nombramiento es porque consideramos que no es congruente con la concepción penitenciaria del encierro carcelario, a tenor con los valiosos estudios y recomendaciones del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), entidad adscrita al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, paradójicamente, con sede en Costa Rica.

Además, la situación de crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional, planteada a la opinión pública nacional por la ANEP en mayo de 2013, lo cual fue reconocido por importantes instancias del sistema político-institucional del país; exige un abordaje integral que, ahora, pareciera que está muy lejos de alcanzarse.

De hecho, ANEP tiene informes de roces en desarrollo entre la parte técnica y la concepción de Seguridad que maneja el Sr. Bertozzi. Por ejemplo, se nos indica de una seria desavenencia en cuanto a cómo se debe tratar el proceso de visita de las personas familiares y amistades de la población privada de libertad; toda vez que, al parecer, “ningunearán” el papel de Trabajo Social en este proceso, para que este proceso se asuma solamente bajo la cuestión de Seguridad.

Además, el Sr. Bertozzi ha indicado, de manera reiterada, que él solamente le rinde cuentas a la señora Ministra, la señora Cristina Ramírez Chavarría; obviando la autoridad depositada, por ejemplo, en el señor Viceministro de la cartera, don Carlos Alberto Rodríguez Pérez, quien también estaría en proceso de “ninguneamiento”.

Por cierto, la ANEP felicita al señor Viceministro Rodríguez Pérez, pues según nota en prensa de Diario Extra del pasado sábado 30 de agosto, comunicó su decisión de rescindir el contrato de alquiler de un edificio de lujo ubicado detrás del Mall San Pedro, lo cual hacía que el Ministerio de Justicia y Paz gastara 10 millones de colones mensuales por alquiler. Una buena decisión que reconocemos como oportuna y acertada. Se esperaría más decisiones en este ámbito.

Por cierto que dicho jerarca se comprometió con la ANEP a responder cada uno de los puntos del planteamiento integral de la ANEP, a favor del personal de la Policía Penitenciaria, que le entregáramos a él y a su superior, la Ministra Ramírez Chavarría, a primera hora del pasado 9 de mayo, el primer día hábil de ambos a la cabeza del Ministerio de Justicia y Paz.

Recordemos que el planteamiento de la ANEP se denomina “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”. Tal compromiso de respuesta venció el día 31 del mes que acaba de terminar.

Lo que no sabemos es si, finalmente, si él dará respuesta al planteamiento de la ANEP; si la dará, si será consistente y no un “plato de babas”; además, si tal respuesta contará con peso político pues, difícilmente, sin la “bendición” del Sr. Bertozzi nada podría ser “sustentable”. Recordemos que la propia Ministra Ramírez Chavarría le ha empoderado a él para que controle toda la gestión penitenciaria.

ANEP indica que ya no trabaja en el despacho ministerial, el señor Javier Rodríguez, quien fungió como asesor-consultor de la señora Ministra Ramírez Chavarría, pagado con fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese señor renunció luego de los cuestionamientos de la ANEP, según nota de emplazamiento que le formuláramos, al respecto, a la citada jerarca. Por cierto, ella respondió a la ANEP con evasivas sobre la fuente de los salarios pagados a ese consultor. ANEP tiene informes de que hay más gente pagada de esta irregular forma, trabajando en el despacho ministerial. ANEP se lista para otro emplazamiento público en tal sentido. Además, comentaremos, públicamente y en fecha próxima, sobre la cuestión de fondo de la ejecución presupuestaria de dicho empréstito.

ANEP: Su organización sindical. La organización sindical más prestigiosa y de mayor credibilidad en Costa Rica.

ANEP: 56 años de lucha obrero-social, a favor de la clase trabajadora y de las más nobles causas cívicas del pueblo costarricense. No nacimos ayer y mucho menos como “proyecto de alcoba”.

ANEP: Somos una institución independiente que lucha por los Derechos Humanos y, específicamente, los de orden laboral.

ANEP: Somos una entidad laboral plenamente identificable, localizable, responsable y transparente. Declaramos, responsablemente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), toda la planilla de nuestro personal asalariado; el cual además está cubierto con la póliza de Riesgos del Trabajo en el Instituto Nacional de Seguros (INS).Pagamos puntualmente los impuestos que por ley y por convicción nos compete honrar. No somos evasores ni tampoco un ente fantasmal.

Acoso insostenible en el PANACI

Manifiesto Conjunto dirigido a autoridades de Gobierno

Nosotros, la ANEP que representa a los trabajadores y a las trabajadoras del Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), junto a cinco organizaciones de personas con discapacidad: Fundación Helen Keller, Asociación Pro Patronato Nacional de Ciegos (PROPANACI), Cooperativa Autogestionaria de Personas Activas con Discapacidad (Coopeapad), Asociación Deportiva para Ciegos (APEDEC), Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Visual(APADIVI) y la Comisión Coordinadora de Ciegos de Costa Rica que nos agrupa, hemos convenido firmar el presente manifiesto y enviarlo a las autoridades gubernamentales y a la Asamblea Legislativa, agradeciendo a la prensa nacional que nos permita llegar con nuestra mensaje a la opinión pública.

1. Importancia del Patronato Nacional de Ciegos:

El Patronato Nacional de Ciegos es una institución pública que desarrolla una importante labor en el área de la discapacidad visual. Representa para las personas que firmamos este manifiesto y nuestras organizaciones, la franca y determinada oportunidad para que el Estado administre e incremente acciones específicas a esta población tan diversa, incluyendo aquellas personas que requieren apoyos más intensos.

Por lo tanto, con este manifiesto hacemos uso de nuestro derecho a participar contribuyendo con la solución a la crisis en que la junta directiva actual del PANACI ha sumido a esta institución; misma que está llamada a la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional

2. Logros:

En el pasado esta institución ha sido un pilar importante en el logro de las siguientes oportunidades para las personas con discapacidad visual:

• Cajeros parlantes: En coordinación con el Banco Popular se trajo a Costa Rica el primer cajero parlante en 1997.
• Semáforos sonoros: Se logró que el MOPT trajera al país los primeros 10 semáforos sonoros que se ubicaron en la ciudad de San José, en el año 2008
• Billetes y monedas adaptados: En el año 2010, Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica en contar con billetes de diferente tamaño, con marcas táctiles y con colores contrastantes para ser diferenciados por personas de baja visión.
• Dispositivo para diferenciar billetes: La coordinación con el Banco Central de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y el BAC San José, posibilitó que en el año 2013 se creara el dispositivo.
• Perros guía: Los primeros perros guía ingresaron al país en abril de 1998, gracias a un convenio con la Escuela Leader Dogs for the blind, ubicada en Michigan, EEUU.
• Adaptación pasaporte: Gracias a un recurso de amparo interpuesto por una persona con discapacidad visual se logró que la cédula tenga las siglas TSE en braille, lo que le permite a la persona ciega, diferenciarla de otros documentos. En esa misma línea se asesoró a la Dirección General de Migración y Extranjería, en el 2011, para que el pasaporte se pudiera diferenciar.
• Laboratorio adaptado: En el año 2000 se inauguró el primer laboratorio de cómputo adaptado para personas ciegas del país denominado Centro Tecnológico Emilia Piedra Miranda. Más tarde se apoyó al Instituto Helen Keller para que el INA instalara un laboratorio en sus instalaciones.
• Café internet adaptado: Cuando se inauguró en 1997, fue el primero en Centroamérica y el quinto en Latinoamérica.
• Tienda de Tiflotecnología (tecnología adaptada para personas ciegas y de baja visión), a disposición de la población costarricense.
• Teatro Sonoro: En 2010, por primera vez en Costa Rica, el Teatro Cuatro Vientos incursionó en el teatro sonoro con la obra “Miss Chepa Top Model”. Los asistentes con los ojos tapados disfrutaron del desarrollo de los otros sentidos y lo más importante en la obra, participó una actriz ciega. La obra tuvo tal éxito que se montó una segunda obra en 2011, denominada “Estelar” y se contrató una segunda persona con discapacidad visual.
• POETA: Es una iniciativa de la Fundación para las Américas, organización sin fines de lucro y cooperante de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin brindar capacitaciones en alta tecnología y ejecutar actividades para la inclusión sociolaboral. Durante los años 2010, 2011 y parte del 2012, el PANACI fue un Centro POETA capacitando especialmente a jóvenes.

3. Lucha de poder:

La lucha de poder que la actual junta directiva ha protagonizado con los empleados de la institución, la mantienen paralizada. Los servicios que antes teníamos ya no los tenemos, como la libertad de reunirnos en la sede de la institución y la posibilidad de adquirir bastones, relojes parlantes, regletas para escritura del braille y, en fin, todos aquellos artículos tiflotécnicos de tecnología avanzada que nos permiten lograr nuestro desarrollo. Hemos sido testigos de que cuando llegamos al Patronato ya no podemos casi abordar a los funcionarios quienes se muestran temerosos, e indican que han estado sometidos a diferentes tipos de acoso.

Durante casi nueve meses, por acuerdo de la Junta Directiva, tampoco pudimos recibir capacitaciones en la sede del Patronato. La junta directiva, prácticamente, ha secuestrado a la institución y ha procedido como ha querido; incluso tomando acuerdos cuya legalidad podría ser discutible, esto a vista y paciencia del gobierno anterior y del gobierno actual, a pesar de que ante los respectivos consejos de Gobierno hemos denunciado las irregularidades sin obtener una respuesta satisfactoria.

4. Recursos insuficientes

Reconocemos que el principal problema que tiene la institución son los recursos insuficientes asignados para lograr sus fines. Con un presupuesto anual de 161.319.000 millones de colones no es posible atender las necesidades de 251.464 personas que según el censo del 2011, presentan discapacidad visual. Si hiciéramos una simple operación matemática, podríamos concluir que es imposible satisfacer con alrededor de 642 colones anuales las necesidades de cada persona que presenta discapacidad visual dentro de las fronteras de esta gran nación.

No estamos hablando de asistencialismo. ¡Todo lo contrario! Lo cierto es que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres con discapacidad visual residentes en nuestro país siguen encontrando barreras para participar en sus comunidades en igualdad de condiciones con otros y se siguen vulnerando sus derechos humanos. De allí que no es de extrañar que la población se indisponga con la institución porque interpreta que no funciona. Desconocen que con la limitación de recursos con que se cuenta y con solamente 10 funcionarios no es posible llegar a toda la población; más aún, con mayor dificultad a la ubicada geográficamente en las zonas más alejadas del país.

5. Autonomía del Patronato

Nos preocupa que ahora ante esta crisis, el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) es tan “autónomo”, al punto que pareciera que ninguna autoridad gubernamental tuviera la suficiente potestad para intervenir, a pesar de que hemos tocado muchas puertas con el fin de que se asuman responsabilidades ante la situación: Ministerio de Trabajo, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Salud, Consejo de Gobierno, la Sala Constitucional y hasta el Ministerio Público. La situación sigue cada día agravándose más, pues la junta directiva ante la no intervención de las autoridades tiene total libertad y cada día toma más fuerza.

6. Asistencialismo Inaceptable

Basta de que las autoridades de Gobierno asuman la ceguera como si la discapacidad visual es de pobrecitos que deben conformarse con lo que el Estado les da. Los Ministerios que se ven representados dentro de la junta directiva del PANACI no han puesto en marcha la constatación de nuestras denuncias, ni tan siquiera han dudado, menos puesto en marcha investigaciones por nosotros solicitadas. Siguen manteniendo sus mismos representantes.

Por otra parte, las dos personas con discapacidad visual directivos, deberían estar defendiendo nuestros derechos ante estas instituciones y dirigiendo hacia la inclusión y no discriminación y rompiendo con el paradigma médico; sin embargo, los hechos nos dicen lo contrario.

En el caso de la CCSS, nombraron un nuevo representante y luego en la misma semana retrocedieron con la reinstalación. Si por lo menos dudaran y comprobaran estos hechos nuestra institución, a la cual respetamos, podría fortalecerse y seguir adelante asegurando con medidas y acciones concretas el ejercicio de nuestros Derechos Humanos, que es al final de cuentas lo que solicitamos las personas con discapacidad visual.

San José, domingo 31 de agosto de 2014.

Solicitamos al Presidente Solís intervenir la CCSS

Existe un círculo de poder en la institución, a razón de unos 20 altos funcionarios, que tienen secuestrada la institución, que toman todas las decisiones político administrativas de la misma, que pasan de una gerencia a otra y que además, todos y todas tienen causas abiertas en procesos judiciales.

Salvaguadar la CCSS no ha sido predominante para la administración de la institución

Quisiera dejar constancia de mi profundo agradecimiento a los señores de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como a los del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), por proporcionarme este valioso espacio, con el fin de que juntos expresemos nuestra voluntad de salvaguardar lo más preciado que tenemos los y las costarricenses: nuestra benemérita institución, la Caja Costarricense de Seguro Social.

También deseo dejar claro que durante los 13 años que tengo de llevar a cabo esta labor, siempre ha sido con total independencia; pero esta coyuntura por la que estamos atravesando, requiere la acción conjunta y coordinada de las fuerzas sociales, para buscar soluciones a la crisis de la Caja y sus hospitales.

Los esfuerzos individuales difícilmente van a prosperar, por cuanto la magnitud de la crisis que está atravesando la institución, no es fácil y requiere una acción concertada entre los y las costarricenses y las autoridades de gobierno.

1. La intención de hacer esta conferencia de prensa de forma compartida, es para instar al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, a fin de que en su informe de los 100 días (que dará a conocer el próximo jueves 28 de los corrientes), se refiera de forma expresa y clara, con relación a las acciones tomadas para salvaguardar a nuestra querida institución. Esto, debido a que a la fecha para la Administración no ha sido un tema predominante.

2. Desdichadamente, la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja, la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal ha demostrado falta de capacidad para llevar a cabo su función. Tan es así que desde hace algunas semanas pareciera estar secuestrada por sus colaboradores. NO APARECE POR NINGÚN LADO.

3. El asunto ha llegado a tal punto que la que tomó el mando y protagonismo, ha sido la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica de la institución, una de las responsables de la caótica situación del cierre de los 17 quirófanos del hospital México.

4. Lo que hemos esperado los y las costarricenses por parte de la nueva Administración, es que se abordara el rumbo o norte por parte de las altas jerarquías de la Caja; además, de denuncias sobre la corrupción imperante tal y como lo han hecho los jerarcas de otras instituciones.

Desdichadamente, la Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal, nos ha quedado debiendo, ya que aparentemente la absorbió el sistema; y, se apagó nuestra ilusión y esperanza de recuperar nuestra querida institución junto a ella.

5. Señor Presidente: Con pena y asombro le comentamos que pareciera que al Poder Ejecutivo no se le ha proporcionado por parte de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, la información fidedigna de la EMERGENCIA NACIONAL que vivimos hoy en día, por el cierre de los 17 quirófanos del Hospital México. Consideramos que estamos los costarricenses y asegurados, en una verdadera calamidad y, antes de que se pierda alguna vida humana producto de este problema, es necesario tomar acciones inmediatas.

6. Le solicitamos, de manera respetuosa pero vehemente, se reúna con médicos jefes de servicios del Hospital México y de otros profesionales de la salud, con el fin de que cada uno de ellos, le puedan exponer la verdadera realidad y magnitud del problema, en que se encuentra dicho nosocomio, pues éste atiende el 63% de los asegurados de todo el país; y por ello, están colapsados los servicios de emergencias de los demás hospitales de la capital, e inclusive, de algunos rurales.

7. Por tratarse de un tema-país y, de interés público, hemos recopilado información sobre los procedimientos realizados por parte de personeros del hospital México ante la Contraloría General de la República (CGR), llamándonos la atención que el 11 de los corrientes, solicitaron la autorización de contratación directa, por tratarse de una emergencia, para arreglar la instalación eléctrica y remodelación para 9 salas de operaciones temporales de los quirófanos de dicho hospital, por un monto de $2.5 millones de dólares y, dos días después, sea el 13 de agosto, piden un ajuste de 4 millones de dólares más, ya que la nueva petición fue de $6.5 millones. ¡TOTAL DESCORDINACION!

Solicitamos respetuosamente, señor Presidente Solís, nos indique de forma clara, cuáles serán las acciones venideras a tomar en la Caja, para sacarla a flote de esta acongojante situación.

La Caja está secuestrada

En conferencia de prensa, este lunes 25 de agosto, la ANEP junto con el SINAE y el señor Roberto Mora Salazar, conocido como El Cobrador de la Caja, presentamos prueba documental sobre tres aspectos que nos parecen fundamentales para el mejor devenir de la institución.

Primero: existe un círculo de poder en la institución, a razón de unos 20 altos funcionarios, que tienen secuestrada la institución, que toman todas las decisiones político administrativas de la misma, que pasan de una gerencia a otra y que además, todos y todas tienen causas abiertas en procesos judiciales. El Presidente Solís no podrá hacer ningún cambio en la CCSS si se mantiene ese círculo de poder al mando. Exigimos se separe de sus cargos a todas estas personas que incluyen nombres como: – Lic. José Alberto Acuña Ulate. – Lic. Luis Guillermo López Vargas. – Lic. Gustavo Picado Chacón. – Lic. Iván Guardia Rodríguez. – Ing. Dinorah Garro Herrera. – Entre otros (lista completa en archivo adjunto).

Segundo: desde el año 2013 la Sala Constitucional exigió que la Caja solucionara de una vez por todas, el tema de las listas de espera, que para ese momento tenían a más de 650 mil personas esperando una cita médica o una intervención quirúrgica. Esta problemática no ha hecho más que incrementarse, con el agravante del cierre de las salas de cirugía que dejará a miles de costarricenses atorados en esas listas de espera. Creemos que la responsable de todo esto es la señora Gerente Médica, doña María Eugenia Villalta, la cual debe responder con su cargo por la ineficiencia con que han enfrentado el tema. Pero en lugar de esto ahora la señora Villalta parece ser la vocera de la Institución.

Tercero: La Presidenta Ejecutiva, doña Rocío Sáenz Madrigal, no parece dar la talla. Creemos que sus declaraciones, dejando entrever que “no puede hacer nada” no son de recibo, que se está acomodando a la zona de confort, dejando que ese círculo de poder que tanto criticamos tome el poder de la Caja. Debe realizarse una evaluación urgente de su mandato institucional para darle un giro al mismo o para buscar a una persona que si quiera enfrentarse a ese poder enquistado en la CCSS.

Le exigimos al señor Presidente de la República una intervención urgente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los costarricenses votaron en masa, con 1.3 millones de votos sin precedentes en nuestro país, por un verdadero cambio, y uno de los ejes de ese cambio es la CCSS. No votamos los ticos y las ticas para que todo en la Caja siga igual.

Exigimos al parlamento respeto a los nombramientos para Defensor

Grave error, fuerte ofensa a la ciudadanía y alimento para su propia deslegitimación sería para la actual Asamblea Legislativa, desconocer el gran esfuerzo de la Comisión de Nombramientos del parlamento que recomendó, finalmente, tres personas para ocupar el honroso cargo cívico de Defensor de los Habitantes de la República.

Sería una grotesca burla que desde el plenario legislativo, los juegos politiqueros se saquen de la manga y “mercantilicen”, a través de la triquiñuela, esta elección, imponiendo un “cuarto” nombre; dejando plantadas y profundamente ofendidas las dignidades cívicas de las señoras Monserrat Solano Carboni y Yanis Quesada Chanco y del señor Ricardo Valverde Gómez, quienes fueron las máximas calificadas de un escrutinio rigurosos efectuado a 97 personas postulantes originales.

La Defensoría quedó lesionada en su credibilidad por las circunstancias que mediaron para que su máximo cargo quedara en vacancia, como consta al país.

Ahora, designar a la persona sucesora al margen del proceso desarrollado por la Comisión de Nombramientos del parlamento, no le ayudará en nada a la Defensoría de los Habitantes de la República a recobrar esa credibilidad y esa legitimidad lesionadas.

Hacemos un fuerte llamado a las fuerzas parlamentarias sanas y proclives a la transparencia para que no caigan en ese tipo de componendas de la política tradicional costarricense; componendas que hunden a la Asamblea Legislativa en el lodazal del más grande desprestigio ante la ciudanía, y máxime sin son contaminadas con fundamentalismos de diversa laya. Condenamos, enérgicamente, estas actitudes diputadiles que ofenden la inteligencia del pueblo costarricense.

Con gran vehemencia, ANEP demanda respeto pleno al proceso transparente de nominación para tan digno cargo; procediéndose a escoger a una de las tres personas que para la opinión pública fueron completa y transparentemente auscultadas y evaluadas.

ANEP ayuda en reclamo de Vagoneteros

Un grupo de 13 vagoneteros de la zona de Guanacaste, decidió solicitar la ayuda de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), debido a que la empresa constructora encargada de las obras en la Ruta Veintisiete de Abril – Villareal en Santa Cruz de Guanacaste, no les ha cancelado durante tres meses la prestación de sus servicios, adeudándoles a la fecha un monto cercano a los 12 millones de colones.

Ronald Valerio, vagonetero de la zona, indicó que la empresa encargada de desarrollar la obra es la constructora RAASA S.A., la cual obtuvo dicho contrato por medio de una contratación directa con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en el 2013.

“Hemos acudido a la ANEP para que nos ayude, estas empresas las contrata el Gobierno, posteriormente buscan un grupo de vagoneteros y ven que maquinas alquilar, nosotros hacemos los trabajos y después son tres o cuatro meses que no nos pagan, si nos buscan es para que nos paguen”, dijo el vagonetero.

Valerio indicó que la empresa constructora los contrató en noviembre del 2013, sin embargo desde hace tres meses no reciben ningún pago, y su temor es que la empresa finalice las obras y se retire de la zona sin pagarles lo adeudado.

“Ellos (RAASA) solo dicen que llamemos tal día, lo hacemos pero indican que no tienen dinero, que la caja chica está vacía. Acá se realizan cometarios que cada mes el CONAVI le paga a la empresa constructora, pero aducen que no tienen dinero, ante esto pensamos bloquear en cualquier momento el tajo de la constructora hasta llegar a una solución”, manifestó Valerio.

Ante esta situación y la petición de ayuda de los vagoneteros, la ANEP envió, este 21 de agosto, una carta dirigida al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos, solicitando que proceda a una gestión directa de su parte con la finalidad de auscultar las razones por las cuales la empresa Constructora RAASA S. A., presuntamente, atrasa tanto el pago de los servicios por contrato de alquiler de vagonetas a estos trabajadores.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que los vagoneteros han decidido asociarse a la ANEP en búsqueda de protección de sus legítimos intereses socio-laborales involucrados en esta situación.

“Les hemos acogido en nuestro seno, bajo los conceptos programáticos de lo que conceptuamos como Sindicalismo Ciudadano. Además, las leyes laborales nos facultan para intervenir y abogar por este tipo de causas dado que, en este caso, quienes reclaman son personas trabajadoras por cuenta propia y quienes tienen únicamente su vagoneta como la herramienta de trabajo que les permite ganarse la vida y, por ende, el sostén de sus familias”, dijo el Secretario General de la ANEP.

Así mismo, la carta enviada al Ministro de Obras Públicas y Transportes, invocando para obtener respuesta, el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicita en primer término el monto total de la adjudicación del proyecto “Mejoramiento de la Ruta Nacional 152 Sección Veintisiete de Abril-Villarreal”. 2) Número de desembolsos efectuados al momento de recibo de la presente a la empresa Constructora RAASA S. A. y la cantidad de dinero de cada uno de ellos. 3) Saldo que restaría por desembolsar. 4) Unidad y/o personas responsables asignadas para la labor de inspección del cumplimiento empresarial involucrado en este proyecto. 5) Cualesquiera otros datos adicionales que permitan a la ANEP calibrar el grado de cumplimiento, transparencia en el uso de los recursos públicos utilizados en este proyecto y la necesaria rendición de cuentas de que han sido bien empleados.

La ruta de 13,5km se ubica entre las comunidades de Veintisiete de Abril y Villarreal, en Santa Cruz de Guanacaste, es de dos carriles y pasará de lastre a pavimento asfáltico, con una inversión de 4.387 millones de colones, recursos del fondo vial a cargo de CONAVI.

En el documento adjunto podrá descargar la carta enviada al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos.

Seccional ANEP-Exoreros y Gobierno logran acuerdo

Luego de manifestarse desde tempranas horas de la madrugada del lunes 18 de agosto, en la Ruta Interamericana Sur, la Seccional ANEP-Exoreros llegó a un acuerdo con el Gobierno de la República para buscar la forma más apta de indemnizar a cerca de 712 exoreros que fueron desalojados hace 28 años del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas.

El acuerdo suscrito en Casa Presidencial, contó con la participación del Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez Marín; así como el Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez Espeleta, además, de los jerarcas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS.

En dicho acuerdo se establece la creación de una subcomisión de la Ruta Institucional que se conformó a partir de la visita del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el 5 de junio del 2015 a la zona sur del país. Dicha subcomisión será conformada por el MINAE, Ministerio de la Presidencia, INDER, IMAS así como dos representantes de la Seccional ANEP-Exoreros.

La subcomisión conformada en el acuerdo, será coordinada por el Ministro de Ambiente y se encargará de elaborar una ruta de trabajo para enfrentar la situación específica de las personas exoreras, esta ruta será discutida y aprobada en una sesión que se llevará a cabo en 60 días, en Casa Presidencial.

Además, de ser necesario, se estableció la incorporación de otras instituciones del Estado para garantizar el adecuado cumplimiento de los acuerdos con una perspectiva integral.

Otro de los puntos que se incluyó en el acuerdo, a petición de la ANEP y su Seccional ANEP-Exoreros, es el de redoblar esfuerzos de seguridad y vigilancia por parte del MINAE, que garantice el resguardo de los recursos naturales del Parque Nacional Corcovado.

Puede descargar el acuerdo completo en el archivo relacionado al final de esta nota.

Exoreros levantan bloqueo, serán recibidos en Casa Presidencial

El grupo de exoreros del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, que desde tempranas horas de la madrugada tomaron la Ruta Interamericana Sur, a la altura de Río Claro, han decidido levantar el bloqueo ante la anuencia de las autoridades de Gobierno de recibirlos en Casa Presidencial, este lunes a las 3:30 de la tarde.

Los exoreros serán recibidos en Zapote por el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez y el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta, así como otras representaciones gubernamentales.

Entre las peticiones de la Seccional ANEP-Exoreros, se encuentra la aprobación por parte de JUDESUR de una indemnización correspondiente al desalojo que sufrieron estas personas hace 28 años del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas en la Península de OSA. Otras de las peticiones que expondrán esta tarde en Casa Presidencial, será el reforzamiento en la seguridad de estos parques nacionales, ya que oreros ilegales están invadiendo la zona para la extracción de oro.

Además, la ANEP y la indicada seccional vienen promoviendo desde hace ya muchos meses, la aprobación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.912, con el cual se hará justicia a 721 familias que ante la ley de prohibición de la explotación minera de oro a cielo abierto, se quedaron sin fuente de sustento alguno, razón por la cual la más indignante pobreza les está afectando.

Nevi Sobrado, Presidente de la Seccional ANEP-Exoreros indicó que dicho proyecto, incluso fue firmado por la ex Presidenta de la República, Laura Chinchilla y por el ex Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.

Sin embargo, Lídier Aguirre Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ex oreros de Golfito explicó que actualmente el proyecto se encuentra paralizado, debido a que JUDESUR “envió una nota diciendo que no tenía los fondos para hacernos el pago a los ex oreros”.

Nevi Sobrado detalló, que en primer término en el proyecto se habló de una indemnización de 5 millones de colones por ex orero, sin embargo luego se pasó a la Comisión Calificadora de la Asamblea Legislativa que determinó un pago de 10 millones de colones. Monto que podría ser negociado nuevamente.