Categoría: Acción Sindical

Policías brindan su versión de los hechos

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En ANEP creemos en el debido proceso, sobretodo en la función pública, donde todo procedimiento administrativo debe llevarse a cabo en respeto total a las leyes establecidas en nuestra patria, sin linchar públicamente a quienes laboran en nuestro aparato estatal, sin señalar culpables sin un proceso legítimo.

Celso Gamboa, Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, en conferencia de prensa, expuso como mentirosos y culpables de simulación de delito a cuatro policías que se vieron involucrados en hechos todavía por esclarecer, ocurridos el día 11 de julio aproximadamente a la 1 de la madrugada frente a los condominios Villa Di Marco, en Barrio Dent, donde habita el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

En dichos eventos se dio un disparo de arma de fuego que le produjo herida en una pantorrilla a uno de los oficiales. Los policías dieron su versión de los hechos, al indicar que el disparo se realizó desde una motocicleta en movimiento en vía pública. El Ministro Gamboa sostiene que la versión es mentira y se les acusa, a los cuatro policías, de simulación de delito.

El Ministro ya los declaró culpables en los medios de comunicación y en ANEP creemos que como el Ministro llevó a ese estrado lo ocurrido, a las cámaras de televisión y micrófonos y páginas periodísticas, pues los policías también tienen derecho de decir lo ocurrido en el mismo espacio.

CCSS sigue comprando a empresa ligada a presunto fraude

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Por lo menos, ¡déjennos que expresemos nuestra profunda indignación! El periódico La Nación da cuenta en su edición de este día jueves 17 de julio de 2014, que la “CCSS prorroga contratos a empresa investigada”, por un presunto intento de fraude con facturas de piezas de ortopedia en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Se trata de la firma Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda.

Se indica en la información periodística que la Caja, pese al cuestionamiento que pesa sobre tal empresa, ha decidido comprarle a la misma insumos ortopédicos por la cantidad de unos 500 mil dólares. Adicionalmente, se tiene en perspectiva una compra por 1.240 millones de colones, indica la mencionada información de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha estado involucrada en la denuncia del intento de fraude en el Hospital Calderón Guardia por el cual dicha firma está siendo investigada, razón por la cual nos sentimos con autoridad moral para condenar, fuertemente, esta decisión que vemos como éticamente incorrecta y que vemos como un golpe a la prédica de transparencia en la cosa pública que dice defender el presente Gobierno de la República.

Aunque caiga en el vacío, formulamos fuerte emplazamiento público a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que se refiera al tema con contundencia y nos explique si tuvo que ver en la toma de seguirle comprando a dicha firma empresarial, envuelta en un caso de presunta corrupción de enorme magnitud y que podría ser el más grave a nivel de un hospital nacional clase “A”.

A la vez, particularmente, nuestro emplazamiento público va dirigido a la señora Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidente Ejecutiva de la CCSS; y en el mismo sentido, siempre con respeto pero con vehemencia en uno y en otro caso, también es necesario que el ciudadano don Mario Devandas Brenes, representante sindical en el seno de la directiva de la Caja, se refiera al tema.

Desde nuestra perspectiva y como una de las organizaciones integrantes del proceso de propuesta social multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; este tipo de circunstancias nos reafirma nuestra percepción de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vive una especie de secuestro por parte de poderosos grupos corporativo gremiales, internos y externos, que han convertido la necesidad del pueblo trabajador de tener acceso universal a la Salud Pública, como un Derecho Humano fundamental, en un negocio particular que acreciente el patrimonio personal de unos cuantos.

Lamentamos profundamente y condenamos con energía este proceder, llamando la atención en cómo es que a nombre de la institución sale en defensa de esta cuestionable compra, un funcionario tecnócrata de segundo nivel y no la máxima jerarquía político-institucional.

Finalmente, el deterioro de la transparencia que si presenta en muchos negocios que se hacen con los servicios públicos deja en evidencia que lo legal anda por un lado; y los aspectos ético-morales de la cosa pública, van por otro. Con situaciones como ésta nos convencemos más de ello.

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo

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Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo
En concordancia con el decreto N°35730-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 10 de marzo de 2010, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), le compete recomendar políticas en esta materia, además de actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y posibilidades financieras, así como ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público.

Lo anterior conlleva a la interpretación de que la CNSSP debe de tener un trabajo de carácter permanente y no solo ser convocada cada semestre para discutir exclusivamente los ajustes por costo de vida, como en la práctica se ha dado en las anteriores administraciones.

Asimismo interpretamos que para ellos debe definirse una estrategia de negociación cuando menos a cuatro años plazo y que sus contenidos precisamente se discutan en el tiempo y con agilidad que se convenga en un programa de acción en ese sentido, avalado por ambos sectores.

El movimiento sindical, mantiene la expectativa de que efectivamente se pueda trabajar en función de una política y no solo la visión del ajuste salarial como tal, y en relación a ellos extremamos algunos elementos que no son nuevos y que los hemos ido colocando a lo largo del tiempo, los cuales deben de servir de base de discusión para la determinación de esa política esperada.

Ante ese escenario, como Central Social Juanito Mora Porras, presentaremos ante las organizaciones que integra la CNSSP, los siguientes elementos:

I-Ajustes salariales en función del crecimiento de costo de vida

II-Crecimiento de Salario Real: Ajustar anualmente un porcentaje del PIB.

III- Un ajuste extraordinario a los sectores no profesionales mientras se realiza un estudio de mercado sobre dichas categorías ocupacionales.

IV- Actualización Percentiles.

V- La Redefinición del sistema de los salarios.

VI- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite el Servicio Civil.

VII- Dedicación exclusiva y prohibición.

VIII- Carrera Profesional.

IX- Zonajes.

X- Viáticos.

XI- Incentivos por productividad.

XII- Políticas de gestión de servicios públicos.

Tomando en consideración los elementos anotados consideramos que:

1- Se requieren determinar una calendarización que permita discutir los temas presentados, así como los que presente el Gobierno, de tal manera que se pueda llegar a definir de una política cuatrienal.

2- La propuesta anterior requiere de un espacio de tiempo importante, en virtud de los estudios que tuviese que realizarse.

Por tanto proponemos:
1- Otorgar un ajuste salarial del 4,14% a la base de todas las categorías ocupacionales del sector público a partir del 1 de julio de 2014 equivalente al porcentaje de crecimientos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el primer semestre 2014.

2- Para aquellas categorías de trabajadores de estratos: Operativo, Calificado y Técnico otorgar un ajuste técnico adicional del 1,86%.

3- El Gobierno de la República utilizará los mecanismos que considera pertinentes para que el ajuste técnico que se otorga a los no profesionales no produzca efectos favorables a categorías de profesionales, sean en Gobierno Central, como instituciones autónomas.

Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya y Alcaldía logran acuerdo

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Tras varias horas de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya llegaron, este lunes, a un acuerdo con la Alcandía del cantón guanacasteco, tras varios cuestionamientos de los trabajadores.

Según los trabajadores, la Alcaldía no respetaba algunas normas presentes en la Convención Colectiva, así como las horas laborales. Otra de las peticiones por parte de los colabores, es con respecto al deterioro del equipo que utilizan para realizar sus labores y los rumores de la privatización del servicio de recolección de basura.

Iris Cervantes Paniagua, Promotora Sindical de la ANEP, indicó que se llegó a un acuerdo satisfactorio en tres de los cuatro temas mencionados.
“Se llegó al acuerdo de que se respete el Artículo 94 de la Convención Colectiva, el cual permite que la municipalidad brinde un apoyo económico a los funcionarios municipales que hayan perdidos familiares (padres, conyugues o hijos). Otro de los temas acordados es mejorar los uniformes de los trabajadores respecto a calidad”, dijo Cervantes.

Respecto a la maquinaria en mal estado, las partes acordaron realizar un préstamo para la adquirir una niveladora y dos vagonetas para mejorar la eficiencia de las obras y las necesidades de la comunidad.

Con las jornadas laborales, Cervantes indicó que ya existe un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que indica que se debe de respetar la jornada establecida en la Convención Colectiva, por lo que el Alcalde se comprometió a realizar un estudio para analizar la factibilidad económica del municipio, para pagar, en caso que sea necesario, las horas extraordinarias a los trabajadores.

Sobre la privatización del Servicio de Recolección de Basura, la Promotora Sindical indicó, “en la audiencia quedó claro que ese es el objetivo del municipio para el 2015, argumentado que cuentan con un estudio que muestra la factibilidad de la privatización, por lo que ANEP solicitó al alcalde nicoyano dicho estudio para su valoración y análisis, lo que si garantizó es que no habrá despido de personal”.

Renuncia de Sub Director Nacional de la Policía Penitenciaria

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Las intenciones del Lic. Pablo Bertozzi Calvo, el “Comisionado Bertozzi” (como gusta que le llamen), de despedir policías penitenciarios, que él habría planteado en la sesión del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria este jueves anterior, día 10 de julio; hicieron insostenibles por más tiempo, llegando ya a “un punto de no retorno”, las contradicciones en el seno de la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria, pues el Subdirector de ésta, don Danilo Mesén Salas, funcionario formado en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, donde ya ajusta más de 35 años de experiencia en el manejo de la seguridad carcelaria del país, no habría avalado procedimientos autoritariamente abusivos, de sesgo prepotente, ajenos a toda forma humanista; tal y como se aprecia ya en el estilo confrontativo de gestión que realiza el alto jerarca policial Bertozzi, cuya llegada se percibe como una “intrusión policial distorsionante” para la dinámica convivencial cotidiana en el manejo de los procesos intramuros carcelarios de las personas privadas de libertad, según diversos profesionales de las Ciencias Sociales que trabajan en la institución.

La salida de Mesén, dada a conocer por la ANEP pocos minutos después de que se produjera, luego de las 4 de la tarde de este jueves 10 de julio de 2014, confirma lo que es de sobra sabido entre quienes saben de materia penitenciaria:

“La función penitenciaria es una función civil, no militar ni policial. La naturaleza y objetivos de la función militar como la función policial, no son los de la función penitenciaria. Cada una de estas tres profesiones requiere una específica selección, formación y capacitación de funcionarios. Excelentes militares o excelentes policías no son excelentes funcionarios penitenciarios”.

Este criterio no es de la ANEP. Este criterio fue emitido por una de las personalidades más respetadas, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, por la profundidad de su conocimiento en materia penitenciaria y criminológica, gran especialista en este campo: el Dr. Elías Carranza, actual Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, conocido por sus siglas ILANUD.

Accesando al sitio web del ILANUD, nos encontramos el documento “Las cárceles en América Latina y el Caribe: ¿Qué hacer?, ¿Qué no hay que hacer?”; una ponencia del Dr. Elías Carranza que presentó en Tokio, Japón, el pasado mes de junio, ante el United Nations Asia and Far East Institute por the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), entidad que es el equivalente del ILANUD para el sureste asiático.

La aguda sordera que ya manifiesta la máxima cúpula político-ministerial de la cartera de Justicia y Paz ante esta realidad objetiva de lo que significa la naturaleza del trabajo al interior del Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica, obliga a la ANEP a intensificar sus esfuerzos, en los más diversos órdenes, para que sea la calle la que hable a través de un gran número de policías penitenciarios y de funcionarios no penitenciarios (profesionales, técnicos y administrativos), en próxima manifestación.

ANEP, que no es un sindicato patronal y que tampoco promovemos ni defendemos a persona alguna del actual cuerpo policial penitenciario como para que sustituya al Sr. Bertozzi (ni siquiera al señor Mesén), ha venido detectando el creciente malestar laboral por la “intrusión policial distorsionante” en la dinámica penitenciaria representada por este señor; en contraposición de lo que dictan los profundos estudios de entidades universalmente reconocidas en la materia, como el ILANUD que, ¡oh gran paradoja!, tiene su sede en nuestro país y a una distancia muy corta del despacho de la señora Ministra de Justicia y Paz.

Se escuchan fuertes rumores de que la “intrusión policial distorsionante” del Sr. Bertozzi podría ser de tal nivel que se le designaría como Director General de Adaptación Social, dejándosele en recargo la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria; concentración de poder que ha de profundizar su carácter verticalista, alimentando más cualitativamente el escenario de confrontación interna. ANEP no eludirá su responsabilidad en tal sentido pese a que ya el Sr. Bertozzi cuenta con algunas amistades sindicalistas de corte propatronal y oportunista que ya han salido a defenderle.

ANEP defiende principios y en tal sentido, como organización sindical histórica en el Sistema Penitenciario Nacional sabemos lo que su personal resiente con esta “intrusión policial distorsionante”, la primera que registra la historia institucional desde la reforma penitenciaria de los años 70.

Choferes de autobús siguen denunciando abusos

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Diario Extra reportó en su edición del pasado jueves 6 de julio de 2014, acerca de que choferes de bus de la empresa Tuasa denuncian presuntos atropellos patronales, consistentes en deducciones abusivas y sumarias del salario, bajo acusaciones de que habría apropiaciones indebidas por parte del trabajador, de dineros cobrados por pasajes según los datos de las barras electromagnéticas; procedimiento empresarial de inobjetable naturaleza ilegal pues ni siquiera contempla un debido proceso.

En la ANEP y de manera constante recibimos, por diversos medios, quejas en tal sentido de muchos trabajadores integrantes de este gremio laboral importantísimo para la economía de este país; pero uno de los más sobreexplotados laboralmente.

Por ejemplo, el pasado martes 8 de julio y por vía fax, la ANEP recibió denuncias de atropellos de tal naturaleza en el caso de la empresa Tapachula, misma que realiza servicios de transporte de autobús a la comunidad del cantón de Santa Ana (ver documento de denuncia adjunto a la presente nota).

Nosotros emplazamos, con vehemencia, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que intervenga en atención a las reiteradas denuncias de los choferes de autobús; procediendo a convocar, con urgencia, a las principales cámaras autobuseras y, especialmente, a las empresas cuestionadas; así como debe convocar a las organizaciones sindicales de alta representatividad, como la ANEP, y que han venido planteando y denunciando este problema ante la opinión pública nacional.

A solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

A su vez, el pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, como la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las 11 horas 4 de mayo de 2011, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente: “Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

Por otra parte, ANEP oficializará en próximas horas respetuoso pero fuerte emplazamiento público al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús, mismo que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP); para que en ese “modelo” incluya todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata; incluso éste asunto de los ilegales y abusivos rebajos salariales sumarísimos.

En peligro puestos interinos en plazas del Servicio Civil

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Imaginémonos un caso hipotético en el Instituto Meteorológico Nacional. Se abre una plaza de especialista en agrometeorología, ya que el especialista en el tema se pensionó. Sólo existe una persona conocedora de esta rama disponible, y la misma no se encuentra en el Registro de Elegibles del Servicio Civil. Las universidades estiman que en 3 años habrá varios especialistas graduados en agrometeorología, pero hasta entonces esa plaza no se puede ocupar. ¿Por qué?

A pesar de que existe una persona idónea para el puesto, el oficio DG011-2014 remitido por el MBA Lic. Hernán Rojas Angulo, Director General de Servicio Civil, indica que sólo podrán ocupar cargo de interinazgos las personas inscritas en el Registro de Elegibles del Servicio Civil, y que además estén optando por el puesto específico. Y peor, si la plaza es nueva la misma no podrá ocuparse por interinazgo, sino que directamente debe salir a concurso, aunque no exista la terna obligatoria para el mismo. Esto provocaría que la plaza quede congelada.

Este tema afecta directamente a quienes en este momento están trabajando de interinos en una plaza del Servicio Civil, ya que la directriz implica que estas personas, que no están integrados en la terna de personas elegibles al cargo, no podrán renovar sus nombramientos de interinos y su plaza, si no sale a concurso, debe ser ocupada por una de las tres personas elegibles al cargo. Y en su defecto si no existe la terna, dicha plaza deberá ser congelada hasta que exista la misma.

Estamos hablando de la posibilidad que varios cientos, sino miles de personas, se puedan quedar sin trabajo.

El tema es complejo, por eso la ANEP, está organizando dos actividades en específico para tratar más a fondo el tema. La primera es una reunión ya agendada con el señor Director General del Servicio Civil, el próximo miércoles 16 de julio a las 10 de la mañana. A dicha reunión seguirá una convocatoria abierta a las personas en puestos de interinos del Servicio Civil, acá en las oficinas centrales de ANEP, el miércoles 30 de julio a las 4 de la tarde.

La problemática de los interinazgos en la función pública es un tema que se ha trabajado mucho en nuestra organización. Debemos recordar que gracias al movimiento organizado por la ANEP y a nuestro trabajo político, el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda emitió un Decreto Presidencial, que le otorgó plaza en propiedad a más de 1300 personas que tenían mucho tiempo, algunos incluso más de 10 años, de trabajar en condición de interinos.

Es de nuestro mayor interés proteger el derecho humano al trabajo de estas personas interinas, formen o no parte de las ternas de elegibles para puestos en propiedad. El trabajo de la ANEP siempre se enfocará a salvaguardar a estas personas de prácticas ya intentadas en el pasado.

CCSS no cobró ¢625 millones en becas reembolsables

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Doctora
María del Roció Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Asunto: Denuncia sobre mal manejo de sistema de becas de la CCSS con posible daño patrimonial millonario en perjuicio de la institución.

Estimada doctora: Reciba, en primer término, un respetuoso saludo a nombre de la organización sindical que nos dignamos representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Deseamos compartir con su digna autoridad, nuestra profunda preocupación al haber recibido en esta organización, una nueva denuncia relacionada con el uso de los recursos económicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); denuncia que tiene que ver con una situación presuntamente anómala sucedida en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), entidad con dependencia de la Gerencia Médica institucional.

Este asunto tiene fundamento en el documento “Análisis de la situación actual de las operaciones de beneficio para estudio. Segundo semestre del 2013”, llegado a la ANEP, indicando el mismo haber sido elaborado por el área de soporte técnico a los procesos de investigación e innovación tecnológica, del Cendeisss.

El dato principal refiere a que de 1439 becados por el sistema de auxilio reembolsable de la CCSS manejado en esta dependencia, más de 400 no cancelaron ese auxilio; o sea, la institución dejó de cobrar cerca de 625 millones de colones, con el agravante de que algunos de quienes recibieron el beneficio de ser los becados se encuentran pensionados, algunos ya no trabajan para la CCSS o murieron. Esta información corresponde solamente al último trimestre del año 2013.

El fondo de becas ha girado cerca de dos mil millones de colones a becarios, dinero evidentemente que se lo deben a la institución, y que como se demuestra en este informe, es dinero muy difícil de cobrar por “aspectos técnicos”, por un lado; y, por otro, por indolencia y/o falta de voluntad política, como más adelante le daremos a conocer y a partir de que adjuntamos a este oficio, copia del estudio referido y de construcción profesional interna.

El problema es que no existe un sistema informático que permita llevar un control de la recuperación de esos auxilios que deben reembolsar quienes tienen una beca de estudio aprobada por la institución, mismas que de resultar necesario hasta debieran pasarse a cobro judicial; acciones que resultan urgentes debido a que las becas son ayudas de estudio y no significa que quienes gocen del privilegio de obtenerlas puedan evadir sus compromisos en perjuicio patrimonial de la institución, aspecto que estamos seguros usted comparte con nosotros.

En el año 2006 se emigró de sistema SPH al SICERE; entonces, la Gerencia de Pensiones a la cual se le asignó la atención de lo relativo a las becas, junto a los créditos hipotecarios, no atendió oportuna y diligentemente la situación de cobro y control del sistema, que mantiene serias deficiencias operativas.

Existe un antecedente de gestión del entonces Director Ejecutivo del Cendeisss, doctor Álvaro Salas Fernández, persona que según se nos informó habría advertido al director financiero institucional, don Iván Guardia y al Gerente de Pensiones de ese momento, la necesidad de concertar un encuentro para tratar el tema, reunión que aparentemente nunca se realizó. Parece ser que ninguno de estos personeros de la institución asumió responsabilidades administrativas delegadas sobre todo lo relativo al otorgamiento de las becas, También sabemos que el doctor Salas decidió jubilarse y dejó en otras manos “la brasa caliente”, que ahora sin duda compromete su gestión al frente de la institución.

El asunto es tan grave que para saber cuánto adeuda cada becario se debe recurrir a un estudio individual, “a pie”, donde podría o no aparecer con deudas como producto de las deficientes condiciones del sistema de cobro. De toda esta situación está enterada la auditoria institucional y la propia Gerencia Médica.

Es necesario dar revisión a los antecedentes, conclusiones y recomendaciones de este estudio del que podríamos concluir que casi un 90% de los dineros girados para becas, podrían nunca ser cobrados en evidente daño patrimonial a la institución (páginas 10, 11, 50, 51 del informe).

Al darse el nombramiento de la doctora Sandra Rodríguez Ocampo, como sucesora en el cargo del ya mencionado doctor Salas, el equipo profesional que elaboró este estudio, se lo entregó. Se nos informa, además, que la doctora Rodríguez Ocampo reunió al personal para felicitarlo y agradecer la elaboración del estudio pero, aparentemente, no gestionó nada para corregir lo delicado que expone, situación que estamos solicitando se investigue a profundidad.

Debe llamarse a rendir explicaciones a la señora politóloga Lorena Delcor Domínguez, quien se desempeña como la jefe del Departamento de Becas de la institución, para que demuestre cuáles son las razones para que no se actúe respecto al riesgo que corren estos fondos de la institución.

Asimismo creemos necesario sea esclarecido a qué se debe la falta de controles y directrices de la Gerencia Médica a cargo de la doctora María Eugenia Villalta, situación que con prontitud deberá conocer tanto la nueva junta directiva de la CCSS, así como esa Presidenta Ejecutiva.

Es de su conocimiento que nuestra representada viene impulsando, junto a otras entidades de la sociedad civil, la iniciativa social “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” y este tema pude tener relación con los conflictos de interés enunciados en dicha propuesta. En tal sentido, creemos en la corrección a la brevedad posible de este tipo de problemas mismos que colocan en serio riesgo no sólo las finanzas de la CCSS, para que se evite la corrupción y las deficiencias de gestión con los recursos que deben ser usados para fortalecer la institución, emblema de la seguridad social costarricense.

Nuestra organización sindical ANEP no descansará en denunciar cada vez que sea necesario este tipo de asuntos que, por razones obvias, nos obligan a proteger la fuente y que han sido ignorados muchas veces por administraciones anteriores y algunas veces hasta toleradas, situación que no dudamos cambiará con su llegada a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Le agradecemos nos informe sobre las acciones que se realicen al respecto. Le indicamos que adjunto a la presente va el estudio en mención, copia en físico que le hacemos llegar, tanto como a la señora Gerente Médico de la Caja, doña María Eugenia Villalta Bonilla. Las otras autoridades a las cuales les enviamos copia de esta denuncia, pueden tener acceso a la misma por previa solicitud para envío en físico, también, o en vía electrónica.

Sin más de momento, nos suscribimos con la debida consideración y respeto de su autoridad.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP
Responsable ANEP-CCSS

Celebramos que el FA acogiera nuestra propuesta para que Costa Rica se integre a PetroCaribe

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude y celebra que el Partido Frente Amplio propusiera al Gobierno de la República explorar la entrada al Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe, que vio su nacimiento en junio del 2005. Propuesta que ya había sido formulada por la ANEP en reiteradas ocasiones.

La primera propuesta la formuló ANEP, con fecha 3 de mayo de 2006, a pocos días de que Oscar Arias Sánchez asumiera la Presidencia de la República. En esa ocasión, le planteamos la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”.

En ese primer emplazamiento le indicamos al entonces Presidente Arias Sánchez “que debía apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen por qué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

Posteriormente, el 11 de junio de 2008, por segunda vez, ANEP emplazó al Presidente Arias sobre la necesidad de que Costa Rica ingresara a PetroCaribe. En esta ocasión, nos unimos a la petición pública que al efecto formuló el señor diputado, don José Merino del río.

Hicimos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apuntó que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

Un mes después, el 8 de julio del 2008, y por tercera ocasión y ante el anuncio de que la hermana República de Guatemala solicitó el ingreso a Petrocaribe, exhortamos al Presidente Arias para que tomase esta oportuna medida.

Incluso, el pasado 5 de julio del presente año, por medio de un comunicado de prensa exhortamos nuevamente la necesidad de que Costa Rica ingrese a PetroCaribe, posibilidad que dejó abierta El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en su estadía en el país en la toma de posesión del Presidente Solís, con una cooperación bilateral en materia de energía.

En dicho comunicado expresamos que: ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Por lo que consideramos que Costa Rica debe acudir a la solidaridad del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en esta dura crisis del altísimo precio internacional del petróleo; e, igualmente, es la unidad latinoamericana la que nos dará respuestas importantes a muchos de nuestros acuciantes problemas.

Interponen denuncia por nombramientos irregulares en Fuerza Pública

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El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), seccional Fuerza Pública, Mainor Anchía, acudió a la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a interponer sendas denuncias por las inconsistencias en nombramientos de jefaturas, direcciones regionales y subdirecciones regionales de la Fuerza Pública.

“Según nuestros análisis jurídicos, se ha violentado lo que establece la ley en otorgamiento de algunos de estos nombramiento, entonces, procedimos como Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, nos invitó en declaraciones dadas a LA PRENSALIBRE, a denunciar estas irregularidades”, dijo Anchía.

Según ellos, desde el 2009, se viene presentando esta situación y a la fecha se sigue dando, por lo cual ya es momento de que las autoridades judiciales investiguen para lograr determinar lo que está ocurriendo a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública.

“Estamos solicitando que se investigue y se determine si se encuentran suficientes elementos para considerarse que los nombramientos que estamos cuestionando sean fraudulentos o ilegales y, basados en eso, se establezcan las sanciones que la ley establece por la omisión de los deberes establecidos”, explicó Anchía.

Estas denuncias se interponen contra el Ministerio de Seguridad Pública y contra Juan José Andrade, quienes son los responsables de los nombramiento que se hagan en la Fuerza Pública, así como la Dirección de Recursos Humanos que lo han permitido.

“En caso de que se nos dé la razón, esperamos que se den las sanciones contra todos los responsables que hayan participado en todo esto. Consecuentemente, se deben separar de los cargos a quienes los ocupan sin cumplir los requisitos y así comenzar con un nuevo proceso para nombrar a quienes sí sean aptos”, concluyó Anchía.

De esta manera, será la Fiscalía quien determine si existe suficiente prueba para poder comprobar que hay algo anómalo y, con ello, elevar la denuncia a juicio y buscar a los responsables.