Categoría: Acción Sindical

Habrá bochinche si no hay buen aumento

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Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.

El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.

Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.

¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.

No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.

Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.

El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.

¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.

No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.

¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.

También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.

Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.

¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.

Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.

Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.

¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?

Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.

Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.

¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.

Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.

¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?

El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.

También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.

Es mejor para la Defensoría que doña Ofelia renuncie

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Ante los diversos cuestionamientos suscitados en los últimos días contra la Defensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, planteamos que lo mejor es que en tal circunstancia, que doña Ofelia renuncie porque siendo la Defensoría una de las pocas entidades de nuestra institucionalidad que todavía tiene prestigio ante la ciudadanía, someterla a un proceso de cuestionamiento por la controversia en que ya está sometida su máxima autoridad, es mejor que ésta renuncie.

Leyendo las declaraciones en los diversos medios de comunicación, se notará que las evidencias son muy fuertes y que las declaraciones de doña Ofelia incrementan las sospechas de realidad en lo denunciado.

Cuando se discutió en el parlamento su designación, por vez primera, hicimos pública nuestra oposición, junto a otras entidades sociales de diverso orden y varios ciudadanos y varias ciudadanas que, en ese momento, le asociaban muy fuertemente a ella con los hermanos Arias Sánchez y lo que ellos venían representando, en un escenario de alta confrontación social y de gran polarización en el marco del proceso del TLC con los Estados Unidos y luego del “fraudurendum” del 7 de octubre de 2007.

Conforme fueron transcurriendo los primeros cuatro años de gestión de doña Ofelia nuestra opinión varió al punto de que, en el marco de su reelección, públicamente admitimos que nos habíamos equivocado al habernos opuesto a su nominación primera, pues los resultados positivos en materia de defensa de derechos de la población habitante estaban a la vista.

Particularmente, diversas gestiones de ANEP ante la Defensoría de los Habitantes de la República fueron muy bien tratadas. Es más, doña Ofelia logró su reelección con una “lujosa” votación parlamentaria.

En el arranque de su segunda gestión, ya la ANEP le había tocado dos veces la puerta: con ocasión del conflicto sociolaboral en la Municipalidad de San José, a raíz del repudiado y cuestionado contrato privatizador con la empresa PASA en el servicio de limpieza urbana y de recolección de basura, lo que generó una huelga de un día sumamente fuerte; y, a la vez, ligado con ello, la muerte de un ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral y de presunta ilegalidad contractual por parte de esta empresa y con la “venia” de algunas jefaturas de la propia municipalidad. La Defensoría está tramitando positivamente ambas situaciones denunciadas por la ANEP ante ella.

Más recientemente y ya al final de la misma, en la huelga de una semana de la Municipalidad de Santa Ana, hemos tenido una intervención oportuna de la Defensoría, que se da luego de una llamada telefónica nuestra a doña Ofelia.

Ahora bien, como es bien conocido, la ANEP ha convertido en una de sus principales banderas de su lucha, el tema tributario, la evasión de impuestos y abogamos por una “revolución tributaria”, por una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas); y dentro de esta concepción, nosotros hemos venido diciendo que el robo de impuestos en todas sus formas debe ser concebido como un crimen contra toda la sociedad. Por ello pensamos que es tal la controversia de doña Ofelia en este asunto de denuncia pública, que ella debe renunciar.

Hoy domingo nos enteramos de que el distinguido ciudadano don Roberto Mora, “el cobrador de la Caja”, persona que con una extraordinaria valentía viene denunciando a los evasores de la Caja, nos informa de que las tres sociedades empresariales de doña Ofelia objeto de investigación, no están inscritas en la Caja por lo que habrían evadido su responsabilidad patronal para con la misma. Igualmente, la ANEP ha estado dando su aporte en la defensa de la Caja, con propuesta alternativa y rompiendo tabúes que hasta enemigos nos ha traído.

Nosotros debemos reconocer, como apuntamos, que siempre doña Ofelia siempre le abrió a la ANEP sus puertas, en los momentos delicados en los que las tocamos para temas y luchas de nuestra agenda reivindicativo-laboral de carácter sindical y de la agenda que tenemos en el plano sociopolítico, según nuestra visión de país. Le estamos muy agradecido por ello y por ésta vía dejamos constancia pública.

Crece agitación en la Policía Penitenciara por traslados abusivos

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Esta semana se incrementó el número de policías penitenciarios víctimas del estilo arbitrario y autoritario de gestión del nuevo Director de la Policía Penitenciaria, el Lic. Pablo Bertozzi Calvo, el “Comisionado Bertozzi”, como gusta que le llamen: Informes llegados a la ANEP indican que unos 80 oficiales de la seguridad penitenciaria fueron movidos, abruptamente, sin poder objetar en lo más mínimo tan abusivas decisiones; particularmente, en los centros del denominado circuito de La Reforma

Aparte del irrespeto a la dignidad humana y laboral del policía penitenciario que sufre este tipo de decisiones prepotentes, el accionar del Sr. Bertozzi “aporta” para la profundización de lo que ya es reconocido como la situación de crisis que afecta al Sistema Penitenciario Nacional; tesis reiterada de la ANEP ante la opinión pública nacional y planteada por esta organización, por vez primera, durante la pasada gestión gubernativa.

Primero: Los movimientos abruptos de policías, que se hacen de la noche a la mañana, ponen en riesgo la aplicación de protocolos de seguridad en los casos de privados de libertad de alta peligrosidad como los ligados al crimen organizado del narcotráfico; puesto que, de un pronto a otro, los oficiales de la Policía Penitenciaria que ya han sido capacitados para ello, son sustituidos por otros que en no pocos casos no solamente no tienen conocimiento pleno de esos protocolos, sino que carecen de la debida experiencia de relacionamiento con este tipo de individuos que presentan conexiones criminales externas de alto riesgo.

Segundo: Los movimientos abruptos de policías, al “estilo Bertozzi”, debilitan los climas de contención en los diferentes ámbitos carcelarios, toda vez que al mover a un policía penitenciario con amplia experiencia en el relacionamiento con los privados de libertad ubicados en su entorno laboral cotidiano, se afectan los manejos adecuados de control de comportamientos impropios y de situaciones de estrés convivencial en el encierro carcelario; precisamente porque ese policía penitenciario de experiencia ha sido capacitado y tiene conocimiento de quién es quién en el liderato del pabellón y/o de la celda; cómo se mueven los hilos de poder a lo interno, especialmente en las horas no hábiles y fines de semana; y, cómo se ha aprendido a detectar las señales diversas de alteraciones en perspectiva de esa convivencia de alta sensibilidad explosiva, realizando oportunas acciones de prevención. Un policía penitenciario experimentado ante estos escenarios es garantía de prevención de motines, por ejemplo, producto de años de ubicación en ese mismo escenario de encierro.

Ni lo uno ni lo otro parece importarle al Sr. Bertozzi, más interesado en el establecimiento de una especie de clima de miedo que la ANEP ha decidido combatir fuertemente.

La ANEP continuará llamando a la calle a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria y estamos en preparación de eventos sucesivos e “in crescendo” al respecto. Además, entregaremos en próximas horas un emplazamiento directo al propio Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con fundamentos criminológicos de peso para sustentar la inconveniencia de que el señor Bertozzi esté dirigiendo la Policía Penitenciaria.

Lo reiteramos: El Sistema Penitenciario Nacional vive una profunda crisis; el estilo de gestión del Sr. Bertozzi y su desconocimiento de la dinámica penitenciaria, que no es policial, lo que hace es profundizar esa crisis.

Sala IV ordena dar datos sobre formación policial de altos jerarcas de la Fuerza Pública

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La Sala Constitucional falló a favor de la ANEP, representada por nuestro Directivo Nacional Mainor Anchía Angulo, en un caso de secretismo de información que por ley es pública. El caso data desde noviembre de 2013, cuando por primera vez nuestro sindicato pidió a la Fuerza Pública información acerca de los estudios policiales aprobados por los Directores y Sub Directores de las 13 regiones del país, además del de la policía turística. Después se pidió ampliar la información al Director Nacional y sus Sub Directores.

Durante más de 6 meses, tanto el Director de la Escuela Nacional, señor Eric Lacayo Rojas, así como la Dirección de Recursos Humanos, evadió dar dicha información, amparándose en la ley Nº8968, artículo 3 sobre los datos personales de acceso restringido. La Sala estimó que la información es de interés público y no puede valorarse como confidencial ya que no afecta la intimidad o la esfera privada de los funcionarios.

ANEP tiene en sus manos diversas denuncias, todas de carácter anónimo, sobre varios casos de nombramientos de altas jerarquías en la Fuerza Pública, que no cumplen con los requisitos mínimos de formación policial para ocupar dichos cargos, señalados en la Ley General de Policía, y es necesario poder acceder a la información requerida para sustentar, desde nuestra posición responsable, dichas denuncias.

La Sala ordenó, en el por tanto de la Sentencia, que la Escuela Nacional de Policía tiene 5 días a partir de la notificación de la resolución, que se dio el día jueves 3 de julio, para brindar la información pedida por nuestro Sindicato.

Acuerdo pone fin a la huelga en la Municipalidad de Santa Ana

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Pocos minutos después de las 10 de la noche de este martes 1 de julio de 2014, el Concejo de Santa Ana aprobó el necesario acuerdo, y en firme en el mismo acto, que posibilitó dar por terminada la huelga del personal de la Municipalidad de Santa Ana, la cual había iniciado el pasado miércoles 25 de junio anterior y que estaba ya por entrar en su octavo día; impresionantemente contando con el mismo ímpetu y respaldo abrumador de un porcentaje superior al 95 % de todo su personal, mismo que se dio cuando arrancó.

Dicho acuerdo abre, oficialmente, una negociación tripartita (Concejo-alcaldía-ANEP), sobre las causas que originaron el conflicto (la elevación del 2 % al 4 % del porcentaje de la anualidad); este jueves 3 de julio, a las 9 de la mañana y en las instalaciones de la municipalidad.

En dos meses debe quedar resuelto el problema, antes de la aprobación del presupuesto ordinario del 2015.

El acuerdo indicado, además, consignó que no habrá represalias de ningún tipo para los y las huelguistas, ni siquiera rebajo salarial.

Desde las 5 de la mañana de hoy miércoles 2 de junio se reanudaron todos los servicios, destacándose el compromiso de los trabajadores de campo de limpiar el cantón, antes del próximo sábado, con toda celeridad y eficiencia, para que éste conserve el galardón de “Bandera Azul” por su responsabilidad ambiental y ecológica.

Es de destacar la gran flexibilidad y razonabilidad de la posición obrera en todo este conflicto huelguístico; no solamente porque las pretensiones reivindicativas laborales originales fueron reducidas en un 50 %, sino porque hubo dos acuerdos preliminares que, gracias a la buena fe del personal en huelga, se pudieron construir.

El segundo de ellos fue la base del que tomó el Concejo de Santa Ana y que, como indicamos ya, permitió resolver la huelga.

El acuerdo indicado tuvo los necesarios 4 votos de 5 para adquirir plena legitimidad y validez jurídica.

Un cambio radical de posición de las dos personas regidoras propietarias del local Partido del Sol, la señora María Elena Lobo Cabezas y el señor Gerardo Anchía Azofeifa, posibilitó el fin de la huelga intermediando el acuerdo en mención.

Desde un principio, los dos regidores del Partido Liberación Nacional (PLN), don José Ramón Sobaja Montero y don Ángelo González Sánchez, estuvieron a favor del diálogo y de la negociación con mecanismo idóneo, “a lo costarricense”, para resolver los conflictos sociolaborales como el que ha afectado a la Municipalidad de Santa Ana. La ANEP les agradece, sinceramente, esta responsable posición.

El intransigente regidor del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Vargas Chavarría, destacado por sus virulentas posiciones antiobreras y totalitaristas, abandonó intempestivamente la sesión, escenificando una especie de “rabieta”, al haberse quedado solo con sus irracionales conductas en contra del diálogo y de la negociación. La representación del Partido del Sol “le zafó la tabla”, al definirse esta colectividad política, finalmente, por el diálogo y por la negociación.

Este proceso que, repetimos, inicia mañana jueves 3 de julio, seguirá contando con la presencia activa y mediadora, totalmente oportuna y necesaria, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Igualmente, se contará con la presencia facilitante de la Iglesia Católica, en la representación de la Vicaría Episcopal de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San José; así como de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Finalmente, la ANEP desea dejar explícita constancia de su reconocimiento y agradecimiento a una serie de personas que tuvieron que ver para el éxito de este movimiento laboral.

Como suele suceder, muy probablemente y de manera totalmente involuntaria, olvidemos algún nombre, solicitando excusas previas pues no hay nada de mala fe en ello.

A los valientes, dignos y admirables trabajadores de campo de la Municipalidad de Santa Ana. Fueron ellos los que le “impusieron” a la ANEP ir a huelga. Igualmente, a la abrumadora mayoría del personal administrativo de la institución que sumado al movimiento, consolidó una sólida fuerza obrera que al final del sétimo día de huelga, estaba tan consolidada como en su mismo arranque.

A la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana; especialmente a la ya histórica líder sindical de esta entidad, compañera Lydia Lacayo Mena, presidenta de dicho organismo sindical e integrante de la actual Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP. Igualmente, al compañero vicepresidente de esta seccional, Fernando Zamora Castro, así como al resto de los compañeros y de las compañeras que integran tal directiva sindical.

A nuestro compañero de acompañamiento político-directo en el diario quehacer de la Secretaría General de la ANEP, Rafael Ángel Mora Solano, Directivo Nacional de la organización; figura de enorme valía en esta circunstancia en el diseño de la estrategia que nos permitió sacar avante el movimiento.

A nuestro compañero de causa en el diario quehacer de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la agrupación, don Germán Hernández Mora, responsable de la atención de la Municipalidad de Santa Ana y quien fue un motivador fundamental para mantener la cohesión grupal del grupo huelguista.

A nuestros compañeros profesionales periodísticos, Randall y Eugenio, de la Unidad de Información y Comunicación (UIC), de la ANEP, quienes lograron desarrollar una eficiente labor de proyección mediática del conflicto.

Al personal de la Unidad de Economía, Finanzas y Administración (UEFA), de la agrupación, por la gran disposición de hacer eficiente el apoyo financiero-logístico para dar soporte material a esta dura lucha social.

A nuestro compañero abogado, integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), don Andrés Jiménez Vega, quien de manera ágil y celera atendió nuestros requerimientos de intervención jurídica inmediata ante la decisión patronal de atacar el movimiento por la vía legal.

A otros compañeros y a otras compañeras, dirigentes y personal técnico de la organización en sus diferentes unidades operativas, quienes por una u otra razón, también dieron su aporte en el desarrollo de esta justa lucha.

Al MSc. Harold Villegas Román, Viceministro del Área Laboral de la cartera de Trabajo y Seguridad Social(MTSS), por su eficiente papel mediador-conciliador para la construcción de los dos acuerdos preliminares, mostrando una gran paciencia y tolerancia.

Al presbítero Marco Tulio Molina Artavia, Vicario Episcopal de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San José de la Iglesia Católica, por su acompañamiento veedor y comprensivo de la necesidad de resolución de este serio conflicto sociolaboral.

A la Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República; quien, sin pensarlo dos veces, atendió la solicitud de ANEP de acompañamiento y éste se dio en las horas últimas y cruciales para buscar la salida negociada; entidad representada por la Licda. Angélica Solera Steller.

Al ciudadano Lic. Adurís Esquivel Jiménez, Expresidente del Concejo de Santa Ana, quien supo en el momento oportuno explicar la verdad de los acuerdos tomados en su momento, en buena lid y apegados a la legalidad, en el año 2009, cuando se inició este“vía crucis” de elevar en 2 % el porcentaje de la anualidad salarial en la Municipalidad de Santa Ana.

Al señor alcalde de la Municipalidad de Santa Ana, don Gerardo Oviedo Espinoza, quien mostró una posición sensible al proceso de conflicto en momentos cruciales del mismo.

A la prensa democrática que haciendo honor pleno del significado democrático que significa el Derecho Humano Fundamental de la Libertad de Expresión, le permitió a la ANEP explicar a la opinión pública nacional y comunal, las causas del movimiento, así como la divulgación de su evolución.

Y, por supuesto, en el caso de quienes somos creyentes, le agradecemos a Dios, Nuestro Señor, El Grande, El Todopoderoso, Cristo Jesús, por habernos facilitado encontrar una salida negociada que al final del camino ha de ser de gran justicia obrera para un personal que como el de la Municipalidad de Santa Ana tiene a esta entidad en los primeros lugares del sector municipal del país.

Policías Penitenciarios manifestaron en la capital

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Varias decenas de Policías Penitenciarios se manifestaron esta mañana en las afueras del Ministerio de Justicia y Paz, en el centro de San José, en protesta a las decisiones tomadas por Pablo Bertozzi, Director de la Policía Penitenciaria, quien asumió su cargo hace menos de un mes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que este es un primer movimiento de una cadena de eventos que la ANEP con el apoyo de los policías penitenciarios va a promover.

“Existe mucha inquietud, molestia y enorme preocupación por el estilo de gestión que se quiere imponer en el sistema penitenciario nacional, se considera, que la designación de Pablo Bertozzi implica que viene tiempos de verticalismo, autoritarismo, de mucha prepotencia y ausencia del diálogo. Desde un principio plateamos que la designación de Bertozzi es desafortunada, porque la cultura de la Fuerza Pública no es la misma a la de la Policía Penitenciaria, por lo que no se puede propiciar un cambio de ese nivel a punta de patadas”, expresó el Secretario General de la ANEP.

Entre las situaciones que aquejan los Policías Penitenciarios respecto a Pablo Bertozzi, sobresalen: intentonas de traslados abusivos, autoritarios e irracionales, de policías que se han convertido en voz de sus compañeros, la cual trasladan a la ANEP como su organización oficial.

Además, Vargas dijo, que existe una circular de Pablo Bertozzi, que les dice a los Policías Penitenciarios que no hablen con el sindicato y que él es la única vos oficial para hacerlo. “Es como una ley mordaza”.

“Creemos que la inconformidad laboral va a rebasar las fronteras de la Policía Penitenciaria, y va abarcar al personal profesional, técnico, administrativo y operativo de las cárceles. Este es un personal que ha estado muy olvidado en la política pública y creemos que su estado de precariedad se resuelve con diálogo y negociación, no con prepotencia y autoritarismo”, manifestó Vargas.

Otra de las solicitudes de los y las Policías Penitenciarias es saber si Pablo Bertozzi, también recibiría la responsabilidad de ser el Director General de Adaptación Social con recargo en la Policía Penitenciaria, ya que consideran junto a la ANEP, que tal designación “es un peligroso antecedente de concentración de poder en las cárceles”.

“Estamos convencidos de que el señor Bertozzi es una mala designación, por lo que estaremos solicitando al Presidente, Luis Guillermo Solís que quite al señor Bertozzi de la Policía Penitenciaria, ese es el clamor contundente, el cual esperamos reforzarlo con un escrito de nuestras razones”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Expresidente del Concejo Municipal de Santa Ana apoya a los trabajadores

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El expresidente del Concejo Municipal de Santa Ana, Audrys Esquivel Jiménez, en el periodo 2008-2010, brindó todo su apoyo a los trabajadores municipales, e indicó que el ajuste de 2% en las anualidades quedó aprobado en su gestión, gracias a un estudio de factibilidad, el cual arrojó que la Municipalidad de Santa Ana cuenta con el presupuesto para ejecutar dicho ajuste.

Esquivel indicó que dicho ajuste quedó debidamente presupuestado y los trabajadores deberían de cuestionar “a dónde realmente fue a dar ese dinero”.

Choferes de bus no son “chusma”, mucho menos maleantes

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De manera enérgica condenamos las desafortunadas declaraciones periodísticas del empresario señor Carlos López, a nombre de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), pretendiendo presentar ante la opinión pública nacional, a los choferes de bus como una “chusma”, prácticamente como “maleantes”; ante la molestia que le genera a esta entidad empresarial autobusera, la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley para evitar los rebajos abusivos y sumarios del salario de estos trabajadores, sin debido proceso alguno y en total estado de indefensión, por las presuntas apropiaciones de los dineros recaudados de las tarifas a tenor de una lectura unilateral de las barras electrónicas de control del pasaje. Horas después nos enteramos de que el empresario López es representante de la cámara nacional de transportes (Canatrans), y no de canabús. Fue un error del periodista de la extra que confundió a estos gremios autobuseros.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), repudiamos esas afirmaciones del señor empresario López, en el sentido de que los choferes “Hasta orines les echan a barras para sabotearlas” (Diario Extra, hoy miércoles 25 de junio de 2014), pues contienen una generalización abusiva sobre la conducta del gremio de los choferes de autobús, uno de los sectores laborales más altamente explotado y enormemente sacrificado.

La ANEP, que ha venido asesorando y orientando a muchos choferes de autobús en su silenciosa lucha por dignificar su empleo y obtener verdadera justicia social, tiene constancia de que la abrumadora mayoría de ellos es gente de gran honestidad, pese a que han acumulado un gran enojo y molestia por el prepotente tratamiento patronal de la relación laboral.

Valga indicar que a solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

El pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, con la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo del dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente:

“Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

La ANEP, con base en tales pronunciamientos solicitados por esta organización desde hace dos años, expresa abiertamente y por esta vía, su total respaldo a la iniciativa de ley que se tramita en tal sentido en el parlamento, solicitándole a los señores diputados y a las señoras diputadas actuar con urgencia al respecto.

Por otra parte, la ANEP hará una gestión oficial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús y que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP), debe incluir todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata. En próximos días ANEP hará una gestión oficial ante los máximos jerarcas ministeriales del MOPT.

En lo específico, si de ahora en adelante para pedir incrementos de tarifas de bus es necesario demostrar altos estándares en cuanto a cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad; deberá tener el mismo carácter valorativo la aplicación estricta y la observancia plena de los compromisos que Costa Rica ha asumido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el “Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha en la República de Costa Rica del Programa de Trabajo Decente por país”; compromiso que incluso cuenta con la firma de la propia Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

En dicho memorándum, se establece en su Primera Prioridad, “Promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales”, lo siguiente: “Sensibilización y capacitación de los constituyentes de la OIT (gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores), para el fomento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la equidad de género, tanto en el sector privado como en el sector público…”.

Así las cosas, la ANEP le recomienda al empresariado autobusero, tanto el que se aglutina en Canatrans, como los de las otras cámaras que, en vez de agredir y desacreditar a sus propios choferes, sin los cuales no podrían sobrevivir, abran espacios de diálogo social, acepten la organización sindical y procedan a entablar diversos mecanismos de negociación colectiva para, entre otros importantes aspectos, combatir algunas y pocas prácticas impropias que bien sabemos son la excepción, no la regla.

ANEP está dispuesta a un “tú a tú”, respetuoso y transparente, de cara a la opinión pública, para dialogar al respecto con Canatrans y con las otras corporaciones empresariales autobuseras sobre esta temática para construir acuerdos de paz social, estabilidad del negocio y seguridad laboral de los choferes a plenitud.

Es más, que quede por esta vía, así, de manera pública, un reto abierto en tal sentido quedando de nuestra parte a la espera de recibir una invitación empresarial para dialogar.

Treinta años de la Huelga en Adaptación Social

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), saluda y rinde homenaje a todos los compañeros trabajadores y a todas las compañeras trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional y de la administración central del Ministerio de Justicia y Paz, con ocasión de la histórica celebración del DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO.

Nuestro profundo respeto y admiración para quienes, en el día a día, mantienen la estabilidad carcelaria y penitenciaria del país, en medio de grandes limitaciones, sobrecargas laborales impresionantes, deteriorada salud ocupacional, y alto riesgo psicoemocional y de sus propias vidas; entre otros aspectos que caracterizan en la actualidad lo que la ANEP ha denominado como “LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”.

¡Grande honor para los y para las profesionales; para todo el personal técnico, administrativo y operativo; y, para los compañeros y para las compañeras de la Policía Penitenciaria cuyo papel es profundamente estratégico!

Esta emblemática efemérides, el DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, nos recuerda el día viernes 22 de junio de 1984, el quinto día de la HUELGA PENITENCIARIA, cuando en horas de la tarde y en las afueras del portón de ingreso de vehículos a la cárcel de San Sebastián, unos 70 compañeros y compañeras de la institución, huelguistas, fueron detenidos y conducidos a las celdas de la entonces Detención General de la Fuerza Pública, en Cuesta de Núñez, San José. Los compañeros fueron llevados en “perreras” de la Fuerza Pública y a las mujeres se les trasladó en microbús. La detención se hizo ante la prensa nacional y las cámaras de los telenoticieros de la época.

El martes siguiente a esa fecha, 26 de junio de 1984 se firmaba en el Palacio Arzobispal de San José, con la mediación del hoy fallecido arzobispo Monseñor Román Arrieta Villalobos, un histórico acuerdo entre la ANEP y el gobierno del Presidente Luis Alberto Monge Álvarez; acuerdo que logró el ingreso colectivo, grupal y sin examen, al sistema del Servicio Civil de lo que en ese entonces era el 85 % del personal profesional, técnico, administrativo y operativo que hasta la llegada de la HUELGA PENITENCIARIA, estaba excluido del Régimen de Servicio Civil y, por tanto, no tenían ni estabilidad en el empleo ni derecho a tener anualidades.

También el personal de la Policía Penitenciaria de ese entonces, empezó a ganar anualidades pues la lucha de la ANEP fue para que en el Sistema Penitenciario Nacional se aplicara la Ley No. 6835 a todos los sectores laborales de la institución.

Valga indicar que, precisamente y con gran presión de la ANEP, la Asamblea Legislativa había aprobado en diciembre de 1982 esa Ley No. 6835; precisamente para que las anualidades fueron un derecho general de los empleados públicos y de las empleadas públicas aunque no estuvieran bajo el Régimen de Servicio Civil.

En el caso del Sistema Penitenciario Nacional, bajo lo que se llamó Ministerio de Justicia y Gracia, la lucha por la aplicación de la “ley de las anualidades”, se desarrolló a lo largo de todo el año 1983 y culminó con la HUELGA PENITENCIARIA, de nueve días de duración, entre el lunes 18 de junio y el martes 25 del mismo mes, de 1984.

La HUELGA PENITENCIARIA, gestada, dirigida, financiada y negociada por la ANEP, fue de tal impacto que generó, por ejemplo, la aplicación inmediata de la “ley de las anualidades” a todo el personal del Ministerio de Seguridad Pública (la Fuerza Pública, particularmente); así como también abarcó lo que en aquel entonces era la Guardia de Asistencia Rural (GAR), que existió bajo el Ministerio de Gobernación y Policía; sin que estos grandes grupos laborales tuvieran que hacer ningún tipo de presión. Con el correr de los años este asunto de las anualidades se extendió por todo el Estado, incluyendo a las municipalidades. Tal fue el impacto de esa legislación, No. 6835, lograda por la ANEP de la época.

La HUELGA PENITENCIARIA también hizo que se creara el sobresueldo Riesgo Penitenciario para todo el personal penitenciario, incluyendo a la Policía Penitenciaria. Años después, gracias a otra lucha de la ANEP en la Asamblea Legislativa, nació el Riesgo de Seguridad y Vigilancia, exclusivo para el personal de seguridad de las cárceles costarricenses.

Los compañeros detenidos y las compañeras detenidas en aquella tarde del viernes 22 de junio de 1984, fueron liberados cerca de la medianoche de ese mismo día pero luego tuvieron que enfrentar un largo proceso judicial, pues se les acusó bajo los artículos 333 y 334 del Código Penal (hoy derogados) que catalogaba la huelga en los servicios públicos, como delito penal. La ANEP se hizo cargo de la defensa de la abrumadora mayoría de los y de las huelguistas acusados quienes, finalmente, fueron absueltos.

30 años después de aquel viernes de junio de 1984 nuestra lucha, la lucha de la ANEP en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, continúa. La ANEP, institución sindical legendaria, renueva su compromiso en tal sentido. La ANEP, nacida como parte de los procesos sociohistóricos de las luchas sociales y sindicales de los años 40 del siglo XX, continúa con plena vigencia, destacándose nacionalmente como consta a todos y a todas. En el Sistema Penitenciario Nacional llevamos 30 años luchando, fomentando la unidad y la unión de la familia laboral penitenciaria. 30 años después continuamos por la misma senda: luchando y uniendo; uniendo y luchando… No dividimos. Unimos.

La ANEP, entidad sociolaboral de sólida consolidación, al acercarse a sus 56 años de haber sido fundada, está con nuevos planteamientos en función de nuestro concepto de que hoy en día el Sistema Penitenciario Nacional sufre una profunda crisis de diversas raíces. A fin de enfrentar este desafío nos venimos preparando lo suficiente para, junto con el personal, desafiar a las nuevas autoridades políticas a fin de que éstas tomen las decisiones estratégicas correspondientes.

Ambiente de altísima tensión esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Ambiente de altísima tensión esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana

Por cuarto martes consecutivo la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana estará en medio de un ambiente de altísima tensión. Ha venido creciendo el enfrentamiento entre tres de los cinco regidores de esta municipalidad con el grupo de los trabajadores, a raíz de la controversia por un incremento del 2% al 4% en las anualidades del personal acordado hace 4 años. Este acuerdo pretende ser derogado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), en alianza con el partido local denominado Partido del Sol.

Luego del riesgo de enfrentamiento físico, el pasado martes 17 de junio, donde incluso el regidor del PAC, Luis Vargas mostró intenciones de agredir al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, nos hemos enterado esta tarde que la secretaria del Concejo Municipal de Santa Ana ha recibido una orden para alterar el contenido de la parte final del acta de la sesión conflictiva del martes anterior.

Esto no solamente enardecerá los ánimos esta noche, sino que, abre un camino seguro de cuestionamientos en sede contencioso administrativa de semejante irregularidad, e incluso podría dar pie a eventuales procesos de orden penal para los regidores que están ordenando alterar el acta de la sesión del martes 17 de junio.

Así las cosas, la ANEP reitera que se va hacer presente, esta noche, en el Concejo Municipal de Santa Anna a las 7:00 p.m., insistiendo en el diálogo, la negociación, sin apelar a la violencia; pero seremos enfáticos en denunciar en todo momento casi que actos delictivos para imponer un acuerdo que ahora se comprueba está siendo impulsado por actos ilegales y espurios.

Para declaraciones comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 8839-7171. Además, Vargas estará presente esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana junto con un importante contingente del personal de la Municipalidad.