Comisión técnica bipartita para analizar problemas en AyA

Este miércoles 4 de junio una representación importante de líderes sindicales de la ANEP en AyA, se reunieron con doña Yamileth Astorga, nueva Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, para darle a conocer nuestra visión, tanto gremial como política, del devenir de la institución.

De nuestra parte estuvieron presentes representantes sindicales de Buenos Aires, Golfito, Liberia, Nicoya, Guadalupe, Escazú, Coronado, entre otros, así como el promotor Alvaro Valverde Granados y nuestro Secretario General Albino Vargas Barrantes.

El principal logro de esta reunión, además de que la misma reunión que en sí es un hecho trascendental, fue la conformación de una comisión técnica que evaluará lo que sucede a nivel gremial en diversas áreas de AyA, sobretodo lo que tiene que ver con las condiciones del personal técnico de las plantas de tratamiento de aguas.

Joaquín Rojas, representante sindical, presentó un documento con más de 120 firmas, donde solicitan revisar temas como lo salarial, las jornadas laborales, la diferenciación en las vacaciones, así como la discriminación que sufren respecto a la remuneración por peligrosidad.

Además, cada representante compartió con la Presidencia Ejecutiva las problemáticas propias de cada región desde infraestructura, vehículos, falta de materiales, el poco desarrollo de los sistemas acuáticos y la relación que existe entre la institución con las Asadas.

Nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, exaltó la importancia política de la reunión con la Presidencia Ejecutiva, “estamos ante una relación de nuevo tipo, una gran apertura de doña Yamileth, ella ha comprendido la oferta de la ANEP de trabajar temas país, como en el ámbito de la desigualdad, en el ámbito del cambio climático relacionado al papel del sindicato en el seno del AyA, así como la eficiencia y la eficacia de los servicios prestados por la institución”.

Por su parte doña Yamileth Astorga valoró positivamente el encuentro, “la mayoría de planteamientos de los trabajadores ya los hemos venido identificando y hay que atenderlos, pero sobretodo involucrando a los trabajadores en la búsqueda de la solución de los problemas”.

Para esto la Comisión Técnica nombrada se reunirá el 9 de julio, y así iniciar el proceso conjunto de mejoramiento del AyA.

Conciliar con los evasores es como negociar con un criminal

¡Desafortunada, imprudente y sospechosa! Así catalogamos la pésima decisión gubernativa de permitir la conciliación con los grandes evasores de impuestos y, especialmente, cuando éstos han quedado en total evidencia que hasta han sido llevados a los estrados judiciales.

Resulta impresionante que el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y su Primer Vicepresidente, además de Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, queden en entredicho, el uno con el otro, ante la opinión pública nacional, por sus contradicciones en este grave asunto que les genera a ambos un serio problema de credibilidad en este asunto del déficit fiscal, la evasión impositiva y la voluntad política para atacarla.

En primer término, esto nos lleva a calificar como completamente desafortunada la derogatoria de la directriz que fuera emitida por el Gobierno anterior de la hoy Expresidenta de la República, señora Laura Chinchilla Mirada; una de los poquísimas acertadas decisiones que tomó en su administración.

En segundo término, también es imprudente esta decisión de conciliar con los ladrones de impuestos pues si algo ocupamos es de condenas judiciales contra los evasores; especialmente los que tienen grandes poderes económico-políticos, pues estos procesos judiciales y eventuales condenatorias, pueden servir de contención y de prevención de esta perversa tendencia de atentar contra toda la sociedad como lo es el robo de impuestos.

La conciliación que está permitiendo el presente Gobierno en este caso equivale a algo así como preguntarle al autor de un crimen cuál es la pena que quiere que le impongan.

La justificación leguleyesca de “jerarquía de las normas” no es de recibo en estos graves casos de evasión impositiva. La condena judicial por evasión de impuestos y si es de casos de grandes contribuyentes, es una necesidad política de primer orden, para abrir senderos de transformación de una cultura nacional que ve el robo de impuestos como algo a aplaudir y gratificar.

Y, finalmente, es sospechosa que esta posibilidad de conciliar en materia de robo y evasión se produzca cuando en los tribunales hay casos de gran repercusión sociopolítica por el papel que en la sociedad tienen los presuntos evasores.

Específicamente, el caso del Grupo Nación es paradigmático pues el Estado le ha demandado por la astronómica cantidad de casi 2 mil millones de colones por una supuesta evasión tributaria que este emporio mediático refuta fuertemente.

La suspicacia que anida ya en sectores sociales es que esta derogatoria de la directriz que buscaba fortalecer la acción penal y combatir la impunidad en el robo de impuestos, podría tener, en consecuencia, nombre y apellidos empresariales.

Finalmente, los evasores consuetudinarios de impuestos y los bufetes que les protegen pues sentirse tranquilos y contentos.

El mensaje del Gobierno podría ser el siguiente: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar… conciliaremos y hasta nos podrán pagar en abonos”.

Mientras tanto, la clase trabajadora seguirá pagando puntualmente sus impuestos porque no tiene forma de evadirlos: Si gana como para que le apliquen renta, ésta le será rebajada inmediatamente del salario, deducida de planilla… Si va a la pulpería o al supermercado, en la caja le aplican el cobro del impuesto sobre las ventas.

Primer encuentro de la ANEP con Ministra de Justicia y Paz

El pasado lunes 2 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, sostuvieron la primera reunión con la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, donde se tocaron diversos problemas que adolecen los Policías Penitenciarios.

La reunión que se desarrolló en horas de la tarde, en el despacho de la Ministra, contó con la participación del Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y tres representantes de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria. Por el lado de la cartera de Justicia y Paz, estuvieron la Ministra Ramírez, así como el Viceministro, Carlos Rodríguez Pérez y sus asesores.

Rafael Mora, Asesor Político de la ANEP, calificó de provechosa la reunión, ya que la Ministra se mostró muy interesada en los diversos planteamientos y denuncias realizadas por nuestra organización.

“La ANEP, como es conocido por todos las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria y del Ministerio de Justicia y Paz, ha venido ingentes de fuerza en los últimos tiempos para que se respeten una serie de derechos y condiciones que se le ha venido violentado a la Policía a los largo de los años. Esta lucha parece ser incesante, en un sistema, como el sistema carcelario del país que requiere una atención diaria y prioritaria, no solo por parte nuestra, sino también por parte de los jerarcas, y como todo sabemos se ha dado una renovación en las jerarquías institucionales del Estado, por lo que solicitaos una reunión de carácter urgente con la señora Ministra de Justicia y Paz”, manifestó el Asesor Político de la ANEP.

Según Mora, uno de los principales temas que se abordó la reunión fue el de la violación al derecho de descanso que tiene los efectivos durante su jornada laboral, situación que fue violentada por la anterior administración. Ya que pese a haber cumplido con su jornada laboral, son obligados a trabajar en su turno de descanso. Hasta el punto que los oficiales tan solo duermen dos o tres horas para luego iniciar un nuevo turno laboral.

Otro de los planteamientos abordados, fue sobre las condiciones de trabajo, así como la infraestructura, que es denominada por Mora como “cuchitriles”, que no reúnen las condiciones para que los Policías Penitenciarios realicen sus necesidades fisiológicas.

Además, nuestra organización denunció ante la Ministra de Justicia y Paz, el mal manejo de más de 100 millones de colones, dinero que fue destinado para el pago de horas extra a la Policía Penitenciaria, sin embargo a la fecha, los efectivos no han recibido ninguna retribución.

También se abordó el tema de los uniformes utlizados por los efectivos penitenciarios, respecto a: su calidad, material y comodidad, a lo cual la Ministra indicó que ya se esta buscando una solución a este problema.

“Ellos (Ministerio de Justicia y Paz) han planteado que van a tomar cartas en el asunto. Además, esperan que en un par de semanas estar comunicándonos que se va a cumplir con lo que ha establecido la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes en materia del descanso laboral”, finalizó Mora

Mejoramiento de los Cen-Cinai es el norte de la Administración y del Sindicato

La seccional de la ANEP en los Cen-Cinai de todo el país, se reunió nuevamente con la señora Licenciada Gabriela Castro Páez, Directora del programa de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, con la cual se tienen muy buenas relaciones, siempre en el marco del respeto mutuo y del reconocimiento a la libertad sindical.

Con la llegada del nuevo gobierno, aunque la Directora Castro se mantiene de la administración anterior, era necesario retomar el diálogo, para contraponer agendas para buscar puntos en común, además de plantearle a la administración dudas y preocupaciones características de la visión sindical.

El primer tema que se tocó fue la diversidad de horarios de trabajo con que tienen que lidiar las personas trabajadoras de los Cen-Cinai, tomando en cuenta que muchas comunidades tienen necesidades diferentes en el horario del cuido. Así como algunos Centros abren sus puertas a las 6.30 de la mañana, otros comienzan la atención hasta las 8am. Y se dan casos particulares, como en Guararí de Heredia, donde se está realizando una atención nocturna, para las madres adolescentes que están terminando sus estudios en colegios nocturnos. Esto complejiza el accionar del Centro y también plantea la necesidad de contar con más personal ya que se ha establecido que el horario de trabajo es de 8 horas y los Centros atienden, en la mayoría de los casos, hasta 10 o 12 horas.

Temas presupuestarios también estuvieron en la mesa. El programa de los Cen-Cinai poco a poco va logrando su autonomía del Ministerio de Salud, no en el tema salarial, pero si en los dineros para poder hacer inversión en infraestructura y equipos necesarios para en mejor funcionamiento de los Centros. Para eso en estos momentos el Programa recibe un 4,5% del presupuesto de Asignaciones Familiares, el cual debe subir un 2% anual, lo que se utilizará para el mejoramiento de equipos y para mejorar la infraestructura en un convenio con el MOPT.

Por último se le dejó claro a la Dirección la necesidad de incluir en el plan de trabajo anual los procesos de capacitación pertinentes a su labor y que promuevan el acercamiento entre las jefaturas medias y los y las trabajadoras.

La seccional seguirá insistiendo en el tema de las mejoras salariales, ya que las personas trabajadoras de los Cen-Cinai son de las peores pagadas en la función pública.

Rotundo rechazo a prórroga del contrato privatizador con la empresa PASA: PASA “debe” una muerte

Un profundo rechazo de toda la comunidad laboral de la Municipalidad de San José, especialmente de su segmento más emblemático como lo es el personal de la recolección de basura y de aseo de vías, se ha generado, con inusitada fuerza e indignación, ante las pretensiones de la alcaldía para que el contrato privatizador con la empresa PASA sea prorrogado más.

Para la tarde de este lunes 2 de junio, concretamente a las 4 de la tarde, la representación oficial de la ANEP, por medio de su seccional en la Municipalidad de San José, será recibida en audiencia en el seno de la Comisión de Hacienda del Concejo de esta entidad (en “Los Mercaditos” de Plaza Víquez), a fin de expresar esa rotunda oposición. Se está tramitando una prórroga de un año más, lo cual haría inevitable otro estallido laboral, más agudo, que el que por tal razón se diera el pasado lunes 12 de mayo.

Entre otras razones para oponerse a tal prórroga, está que la clase trabajadora de la Municipalidad de San José no ha olvidado que la empresa PASA es responsable de la muerte del ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral, don Álvaro Espinoza Ramírez, quien perdiera la vida el pasado viernes 25 de abril; luego de varios días de agonía por un accidente con un camión recolector de dicha empresa la que lo había empleado de manera irregular, aprovechando la circunstancia de necesidad de esta persona que había acudido al programa “Manos a la obra”, que promueve el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Precisamente, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José entregarán, también, este lunes 2 de junio, una petición formal y oficial a la Defensoría de los Habitantes de la República, a fin de que esta institución tome cartas en el asunto de esta muerte y gestione todo lo pertinente para que no quede impune y para que la familia reciba una justa indemnización.

Los informes en poder de la ANEP indican que un año más del contrato PASA, le costará a la Municipalidad de San José, casi 800 millones de colones, más el valor de la fuerza de trabajo que hay que ponerle a los camiones recolectores de basura de tal empresa y, como si no fuera poco, la institución debe financiarle el combustible que consume dicho equipo.

Es criterio sindical que lo que corresponde es el fortalecimiento de la capacidad instalada del propio municipio capitalino y que sea éste, como toda la vida lo ha sido, el prestador directo de los servicios de recolección de basura y las actividades conexas y necesarias al mismo. Hay mecanismos de gestión administrativa con carácter urgente que la propia Contraloría General de la República (CGR), facilita previa y seria justificación.

ANEP se ve en la imperiosa necesidad de informar a la distinguida ciudadanía del cantón central de San José que estaríamos en puertas de un conflicto sociolaboral más grande que el del pasado lunes 12 de mayo, si PASA logra continuar lucrando con el imprescindible servicio social de limpieza urbana de la capital. Los trabajadores y las trabajadoras del municipio josefino se levantarán en huelga si PASA continúa en la Municipalidad de San José.

A la honorable prensa interesada en el tema, respetuosamente le recomendamos ampliar detalles, si así lo desea, con el trabajador de recolección de basura, don Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, a quien se puede localizar en el número celular 61 16 12 38.

ANEP duda de potabilidad del agua en el Calderón

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los problemas del derrame con diésel ocurridos en los tanques del Hospital Calderón Guardia aún se mantienen, debido a que las labores y acciones de mitigación, emprendidas por la administración, no han dado resultados satisfactorios, por lo que teme que tanto los pacientes y los trabajadores todavía estén consumiendo el vital líquido contaminado con ese hidrocarburo.

Geovanny Ramírez, directivo de la ANEP, manifestó que en la emergencia de abril lo que aprobó la administración médica fue cortar el tanque viejo de diésel a la mitad y poner otro de una capacidad menor, aspecto que no elimina el riesgo de contaminación, porque todavía se encuentra a la par del que suministra agua potable al establecimiento médico.

La alerta de la presencia del diésel en el agua del Calderón Guardia se dio a inicios de abril, lo cual motivó la suspensión de cirugías y se restringió el ingreso de visitantes, al tiempo que se pidió ayuda directa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para contar con agua para los pacientes y trabajadores.

“Todavía hay contaminación del tanque más pequeño, lo que complica más el asunto. Lo que hicieron fue un trabajo temporal, lo cual no está bien”, afirmó Ramírez, quien añadió que es un problema que tiene años y no se le ha dado la importancia que amerita.

En febrero del 2012, la Contraloría General de la República (CGR), ante ampliación de contratación tramitada por el entonces director del Calderón Guardia, Luis Paulino Hernández, para la realización de mejoras paliativas al tanque de diésel, contrató a la empresa Sistemas Electromecánicos Felipe y Felipe S.A., mismas que habían arrancado en el 2010 con la misma entidad.

570 A 760 LITROS

En un informe rendido el 21 de abril por el Departamento de Ingeniería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se indica: “Se estima que el volumen de contaminación con diésel es entre 570 a 760 litros”.

Añade el documento, del cual tiene copia DIARIO EXTRA, que los tanques de agua potable no cuentan con la impermeabilización de las paredes y están contaminados internamente. Sin embargo, debe considerarse que los productos impermeabilizantes son para evitar contaminación con agua, no con hidrocarburos. “Los componentes del sistema de almacenamiento y distribución de agua potable del hospital se debe reubicar a una distancia de protección mayor a 31 metros (100 pies), de tanque de combustibles, sistema de alcantarillado sanitario, tanques sépticos, estaciones de servicio y cualquier sitio de almacenamiento de químicos”, detalla el estudio de Recope, del 21 de abril.

“Sentimos que hubo algo irregular al contratar a una empresa que hace un mal trabajo, que desde el principio debió garantizar la seguridad en el uso del diésel y no contaminar el agua. Se le canceló $300 mil por un trabajo muy mal hecho y luego ¢80 millones por el lavado y secado de tanques. Hay que investigar qué hay detrás de las contrataciones”, aseguró Ramírez.

Según comentó, ninguna de las recomendaciones emitidas por Recope fueron acatadas por la administración del hospital, que en su momento estuvo al mando del grupo interventor.

Cuestionó además el hecho de que no se tomara en cuenta, en el momento de la emergencia, a los ingenieros y arquitectos del centro médico, que en más de una ocasión habían alertado sobre el problema de contaminación que podría darse al estar los dos tanques tan cerca.

Ramírez apuntó que el 5 de junio la ANEP tendrá una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, para exponerle varios temas, entre los que se encuentran los problemas y posibles actos de corrupción y de conflicto de intereses que se están dando en ese establecimiento, por lo que se le solicitará que de manera conjunta interpongan una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se sienten las responsabilidades del caso.

Seccional del Ministerio de Hacienda define objetivos ante la nueva gestión

Inicia una nueva gestión en el Ministerio de Hacienda, bajo la tutela de Helio Fallas, Ministro de esa cartera y en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda ya tienen claro cuáles serán sus objetivos, los que se concentraran en: controlar la evasión fiscal, los nombramientos irregulares y la protección de los derechos laborales en la población hacendaria.

Así lo manifestó Jorge Fonseca, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, quien a la vez indicó que otro de los temas a seguir de cerca, es el alto costo en que incurre el Ministerio de Hacienda en el alquiler de edificios, que incluso no están ocupados en su totalidad.

“Como Seccional de Hacienda tenemos tres objetivos que nos hemos propuesto desde nuestro establecimiento en el Ministerio de Hacienda, que fue defender los derechos laborales de la población hacendaria, denunciar la corrupción; venga de dónde vega y sea quien sea, y también aportar nuestro granito de arena en lo que sea mejorar la gestión tributaria y aduanera”, indicó Fonseca.

Según el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, ya han participado de reuniones con el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, con la presencia de los otros sindicatos del ministerio, con el objetivo de plantearle sus ideas de cara a estos cuatro años.

“La idea es llevar nuestras propuestas, seguir con nuestro plan de denunciar nombramientos irregulares, ya incluso se ha denunciado casos en Servicio Civil, así como las reestructuraciones que se han realizado en tributación; creando más burocracia, entrabando los procesos fiscalizadores, desmejorando la gestión tributaria, además, de generar altos salarios para unos cuantos”, explicó Fonseca.

Además, agregó. “Le recordamos al Ministro que se ha referido a la gran evasión fiscal que existe en el país, que incluso puede llegar a un 6% del PIB, creemos que por ahí debería atacarse el déficit fiscal, cobrando bien los impuestos existentes antes de crear nuevos, con el fin de generar recursos frescos para llevar a cabo los diversos programas que necesita el país en diversas áreas, y que no se ataque los pluses salariales. También, hicimos ver al Ministro, el alto pago que se da en alquileres por parte del Ministerio de Hacienda, incluso el diputado Ottón Solís hizo referencia a este tema”.

Para la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, lo que necesita el Ministerio es personal operativo como: auditores, que anden revisando si en los negocios se entrega la factura; inspectores que remitan a los contribuyentes los procesos determinativos y notificadores que revisen empresas, que incluso están ligadas a políticos empresarios que nunca se revisan.

ANEP interpone recurso de amparo contra el MSP por negar información

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Fuerza Pública, interpusieron, la mañana de este jueves, un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por negar información que consideramos de carácter público.

El encardo e presentar el Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional fue Mainor Anchía, integrante de la Junta Directiva Nacional de ANEP y Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, que durante más de 6 meses ha tratado de conseguir información referente al cumplimiento de requisitos por parte de altos cargos de la Fuerza Pública, necesarios para desempeñarse en puestos de Directores y Subdirectores Regionales.

“Se interpone el Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública en la persona del Comisario Erick Lacayo Rojas, Director de la Escuela Nacional de Policía en razón de que hemos estado solicitando que nos brinde la información, que consideramos de carácter público, referente a la carrera policial de los diferente directores y subdirectores que hoy dirigen las diversas regiones de la Fuerza Pública”, detalló Anchía.

Según el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, lo que se está solicitando es que se diga cuál ha sido el proceso de formación dentro de la Escuela Nacional de Policía, en razón de que si estos personajes completaron el Básico Policial, cursos de Oficiales Ejecutivos, entre otros.

Está solicitud de información por parte de la ANEP viene dándose desde octubre del año anterior, y hasta la fecha no se ha podido consignar, debido a que según Anchía, “la bola se la tiran de un lado para otro entre el Departamento Recursos Humanos y la Escuela Nacional de Policías, sin embargo seis meses después alegan que la información solicitada está protegida por la Ley de Protección a Datos Personales y no la pueden brindar”.

Debido a lo anterior, y por considerar que la información solicitada es de carácter público, nuestra organización decidió interponer dicho Recurso de Amparo, para que sea la Sala Constitucional la que se encargue de definir el carácter de la documentación solicitada al MSP.

Negociaremos con el MSP el pago de días feriados para oficiales de la Fuerza Pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su seccional ANEP-Fuerza Pública, serán los encargados de negociar con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) el pago atrasado por concepto de día feriado trabajado para los oficiales de la Fuerza Pública.

Lo anterior se debe a que el MSP no reconocía el pago doble por los días feriados laborados, toda vez que estimaba que la figura de la disponibilidad abarcaba el pago de esos días; no obstante, criterios vertidos posteriormente consideraron que la disponibilidad no alcanza a cubrir los días feriados, pues se trata de días que no deben laborarse, pero si se laboran, debe reconocerse el pago doble, en virtud de la modalidad de pago mensual que se aplica a los funcionarios públicos.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, por la modalidad de pago (mensual, con adelanto quincenal) se entienden pagados todos los días del mes, por lo que los feriados laborados deben remunerarse con un adicional sencillo más, para completar el pago doble al que se refiere el artículo 149, en relación con el 152, ambos del Código de Trabajo.

Mainor Anchía, integrante de la Junta Directiva Nacional de ANEP y Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que “en los próximos días iniciaremos las negociaciones en sede administrativa, para agilizar el pago de los feriados que le adeuda la administración del Ministerio de Seguridad Pública, a miles de compañeros de la Fuerza Pública, nosotros hemos coadyuvado en este proceso que favorece a muchos y muchas de nuestros agremiados”.

Según Anchía, así consta en el oficio remitido a nuestra organización por la Procuraduría General de la Republica, en el que se avala nuestra participación como enlace para facilitar el pago de este rubro a miles de efectivos de la Fuerza Pública.

“Además, ha esto se une que el día de hoy (miércoles 28 de mayo de 2014) conversamos con el Lic. Jeiner Villalobos, Director Jurídico del Ministerio de Seguridad Pública, quien nos indicó que en próximos días iniciaremos este proceso, para el cual solo falta el tema logístico”, finalizó Anchía.

Este proceso de negociación permitirá que el dinero adeudado a los efectivos sea girado de una forma más rápida y evitar un proceso engorroso, que además le generaría al MSP destinar recurso humano y económico.

Policía Penitenciaria plantea agenda anual de lucha

Licda. Cristina Ramírez Chavarría, Ministra
Lic. Carlos Rodríguez Pérez, Viceministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora ministra:
Estimado señor viceministro:

Reciban en primera instancia un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta es nuestra primera misiva que desde nuestra organización laboral les hacemos llegar a vuestras dignas autoridades en condición de ministra y de viceministro de Estado en la cartera de Justicia y Paz; deseándoles desde ya los mejores éxitos en este complejo ministerio a su cargo.

Han de saber vuestras dignas autoridades que la ANEP es una organización sindical con más de treinta años de trayectoria a lo interno de este ministerio, especialmente en el seno del personal del Sistema Penitenciario Nacional; logrando construir una reconocida incidencia sociolaboral, sustentada en una agenda de temas de orden reivindicativo-gremial y político institucional; direccionado más específicamente en el sector de la Policía Penitenciaria, quedando en desarrollo un proceso de negociación y cumplimiento de acuerdos inconclusos, mismos que ineludiblemente en resguardo de la necesaria paz laboral, debemos continuar con la voluntad política de vuestras autoridades.

A la vez pero para ser tratado en una segunda comunicación de parte de la ANEP, hemos estado insistiendo en la tesis de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis y hemos elaborado planteamientos al respecto que les haremos llegar prontamente; considerando que los niveles de sacrificio del personal institucional visto como un todo (ya no solamente el de seguridad penitenciaria), está sumido en altísimos niveles de presión y de estrechez laboral en todos los sentidos que amerita una acción de la nueva política pública que se avizora para tenderle una mano urgente, sensible y solidaria que no se vio en la administración anterior para con ellos: hablamos de los y de las profesionales, del grupo laboral técnico, así como del administrativo y de servicio operativo.

Ahora bien y dada la urgencia de las urgencias, en el caso de la situación sociolaboral de la Policía Penitenciaria, varios de los asuntos pendientes al respecto y urgentes de abordar, se fundamentan en acuerdos firmados, tanto en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad social (MTSS), como con las autoridades de las máximas autoridades político-jerárquicas del gobierno anterior en esta cartera de Justicia y Paz. En razón de lo anterior nos permitimos formal entrega a vuestras autoridades de lo que denominamos “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento del servicio de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”; con el objetivo de proponer la apertura de un espacio permanente de diálogo y negociación efectiva, al más alto nivel institucional.

“Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento del servicio de la Policía Penitenciariacon plena humanización del trato a su personal”

Primero: PROCESO DE NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. Consideramos este instrumento laboral como la máxima aspiración de las trabajadoras y de los trabajadores, convirtiéndose en la herramienta que regirá con carácter de ley profesional aspectos de orden laboral, fijando reglas claras y resolviendo en un sólo paquete gran parte de la problemática laboral existente.

Importante de destacar que esta propuesta de la ANEP fue el resultado de un riguroso análisis y consulta con el personal policial, documento que fuera formalmente entregado el pasado 23 de octubre de 2013 a la anterior señora ministra, la Dra. Ana Isabel Garita Vílchez, con el propósito de iniciar el proceso de negociación que ha quedado truncado. Valga indicar, además, que en este aspecto de la Convención Colectiva de Trabajo, la tesis de la ANEP es mantener unida a la familia laboral penitenciaria, sin segregarla, sin dividirla; integrante en este instrumento del Derecho Colectivo de Trabajo (el máximo, por demás), a los y las profesionales, al grupo laboral técnico, así como al administrativo y al de servicio operativo, junto al personal de la Policía Penitenciaria.

Segundo: MANUAL DE CLASES DE LA POLICIA PETENINTENCIARIA. Este proceso arrancó como resultado de acuerdos y negociaciones posteriores al movimiento huelguístico del pasado 6 de enero del año en curso. El manual de clases permitirá actualizar la actual estructura organizativa de la Policía Penitenciaria haciéndola más moderna, eficaz y eficiente, aparte de justicia; antesala para lograr que el personal policial de este ministerio tenga salarios más competitivos y, al menos, pueda homologarse a la base salarial del personal policial de la Fuerza Pública del Misterio de Seguridad Pública, cuyas bases salariales están al día de hoy, promedialmente hablando, en unos ochenta mil colones arriba de nuestro personal de la Policía Penitenciaria.

Importante es destacar que las autoridades salientes y actual personal técnico- profesional en coordinación con nuestra representada, dio inicio a la actualización de este manual, realizándose todo el trabajo de campo necesario. No obstante, el documento borrador final, no ha sido de aceptación por parte de la ANEP, al considerar que se obviaron aspectos relevantes que deben ser incorporados al mismo.

Tercero. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. Como es de vox populi, ha crecido exponencialmente la población carcelaria al extremo que se experimenta una sobrepoblación prácticamente en todas las cárceles del país; por el contrario, el personal policial no ha crecido de manera proporcional. Esta situación era “relativamente manejable” recargando funciones y obligando al personal policial a laborar, al menos, uno o dos días al mes bajo la figura de disponibilidad. No obstante hoy, al haberse resuelto mediante fallo judicial la figura jurídica de la disponibilidad como opcional y no obligatoria, el personal policial ante el altísimo estrés laboral, opta mejor por descansar, situación que deja al desnudo la falta de personal policial estimada entre 600 y ochocientas nuevas plazas.

Amén de que pueda efectuarse un plan de reordenamiento de personal, nuestra organización sindical considera de orden prioritario que vuestras autoridades realicen todas las gestiones pertinentes de orden presupuestario a fin de que pueda irse nombrarse personal policial adicional. Importancia capital reviste el hecho de que estamos ante un relevo generacional muy acentuado, reconociendo que será considerable el número de policías que se jubilará en el próximo cuatrienio.

Cuarto. RESPETO AL TIEMPO PROPROCIONAL DEL DEBIDO DESCANSO. Como ha de ser de su conocimiento en el sistema penitenciario la Policía Penitenciaria labora en varios horarios. Uno de 5×2 de las 08:00 am las 04:00 pm, con salida diaria a la casa; y, el predominante, de 7×7 días (de internamiento con tiempo proporcional de descanso), con dos roles laborables: Uno de 8 horas rotativo en el cual una escuadra labora y la otra es reserva en descanso; otro, el segundo rol de 12 horas o denominado escuadra de apoyo. Valga decir que 12 horas es la jornada laboral máxima permitida. En teoría, en ambos con tiempo proporcional de descanso.

No obstante, las autoridades institucionales han mantenido el criterio de que con el personal que labora en horario 7×7, en rol ocho horas, puede disponerse a discreción de la administración después de su jornada y en su tiempo de descanso para que continúen laborando en labores ordinarias como recuentos, visita general, requisas, y salidas médicas.

De tal manera que este personal termina laborando diez y hasta once horas, negándosele el derecho al debido descanso, sin reconocimiento de horas extras y poniéndose en alto riesgo la seguridad penitenciaria con oficiales altamente fatigados; siendo nuestro criterio jurídico político contrario a esta desproporcionalidad abusiva violatoria que no garantiza las ocho horas de descanso.

Quinto. RECONOCIMIENTO ECONOMICO DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD EN SEDE ADMINSTRATIVA. Lo anterior es producto de los acuerdos firmados el 23 de enero de 2014 en sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Al respecto se pactó en forma obrero – patronal lo siguiente: “La administración dará tramite en sede administrativa a todas aquellas gestiones que planteen las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria en forma individual, para lograr el pago de deudas acumuladas por tiempo extra ya laborados, por concepto disponibilidad”. Esto está pendiente, con un primer corte al 31 de marzo del año en curso, para presupuestación y pago de un primer grupo por una totalidad de setenta y un mil trecientas setenta y dos horas adeudadas (71372 horas).

Importante es de destacar que lo anterior tuvo origen en un proceso judicial-laboral interpuesto por ANEP ante el Juzgado de trabajo del 11 circuito judicial de San José, expediente 10-000421-0166, del trabajador de la Policía Penitenciaria y máximo dirigente sindical de la ANEP en este grupo laboral, don Gerardo Cascante Vargas. De esta manera la disponibilidad deja de ser obligatoria y deberá de reconocerse como tiempo extraordinario para quien acepte laborar.

Al respecto consideramos de fundamental importancia que vuestra autoridad, continúe brindando total respaldo a este proceso para que a la mayor brevedad posible se le cancele estas deudas al cien por ciento del personal policial.

Sexto. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. En este apartado tenemos dos aspectos a señalar, uno la solicitud expresa que formuláramos a la antecesora señora ministra para la apertura de un proceso de investigación ante presuntos abusos indebidos en la asignación de horas extras en la cúpula policial, pues de informe que fuera proporcionado por la misma ministra saliente, se observa a nuestro criterio una desproporcionalidad de dicha asignación en dichas cúpulas, respecto al personal policial de base.

El otro aspecto refiere a que si bien existe un circular que indica que en el pago correspondiente al mes siguiente del día laborado se incorpora dicho reconocimiento, lo cierto del caso es que no se cumple con dicha disposición. Esto mantiene en una absoluta indisposición al personal que ha venido laborando de forma voluntaria, al extremo que el personal policial no encuentra motivación alguna para trabajar cuando la administración le llama a colaborar.

Sétimo. REGLAMENTACIÓN USO Y PORTACIÓN DEL TELEFONO CELULAR EN TIEMPO DE SERVICIO. Este tema nos ha llevado a mantener una fuerte discrepancia con la cúpula policial, al extremo que tuvimos que solicitar la directa intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Sin embargo, al día de hoy el diferendo no ha sido resuelto.

El conflicto radica en que el personal policial goza de un permiso especial de portación y uso de celular, con algunas regulaciones específicas de uso que no pongan en riesgo la seguridad carcelaria; pues ante el desarraigo familiar del personal de seguridad y ante la falta de dispositivos de comunicación en fortines y otras unidades laborales, el celular se ha convertido en una herramienta estratégica de trabajo en seguridad.

Sin embargo, la administración ha optado por la prohibición casi absoluta, al extremo que en algunos centros carcelarios del país, como Pérez Zeledón y otros, obligan al personal a dejar guardados los artefactos en las oficialías, situación que ha provocado enorme malestar en el personal policial.

Octavo. RECONOCIMIENTO DEL 100% DE VACACIONES PSICOPROFILÁCTICAS. Anteriormente el personal policial disfrutaba de 13 días hábiles en tres bloques: dos de cinco días y el último bloque de tres días. Posteriormente vía circular, la administración ordena que se disponga dar los trece días seguidos, lo que se convierte o traduce a sólo seis días y medio, para el personal que trabaja en rol 7×7 y en semi-internamiento; disfrutando de sus trece días únicamente le personal de seguridad que trabaja en rol 5×2. Es decir, solamente el personal policial en rol administrativo sí disfruta los trece días de vacaciones psicoprofilácticas. Evidentemente estamos ante una situación altamente discriminatoria en el seno del mismo cuerpo policial que afecta a la mayoría del mismo.

Noveno. RECONOCIMINTO DEL 100% DE LAS VACACIONES LEGALES PARA TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD. Para ubicarnos en el contexto, es importante señalar que en el año 1997, siendo Ministro de Justicia por unos días el señor Lic. Juan Diego Castro Fernández, emitió una circular en la cual divide las vacaciones en dos partes, resultando que a partir de ese momento quienes tenían diez años o más de laborar disfrutarían de treinta días hábiles; y, en adelante los que cumplieran diez años de laborar tendrían únicamente treinta días calendario. Nótese aquí que estamos con periodos de vacaciones distintos o diferentes para trabajadores y trabajadoras de un mismo ministerio o patrono.

Décimo. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. Basta recorrer los centros penitenciarios para observar las condiciones de deterioro y desmejoramiento, sobre todo en centros carcelario ubicados en el interior del país en regiones expuestas a bruscas condiciones climatológicas. Todo parece indicar que las carencias presupuestarias y la falta de planificación conspiran contra la infraestructura institucional, aparte de que sería relevantísimo una evaluación de las capacidades y de las responsabilidades de ejecución presupuestaria que muestran los mandos altos y medios encargados de ello.

Es menester de nuestra parte reconocer algunas mejoras en infraestructura para albergar a las personas privadas de libertad; no así en el mejoramiento de las condiciones deplorables de fortines que carecen de agua potable y servicios para las necesidades fisiológicas; dormitorios y espacio físico que aminoren el hacinamiento en muchas cárceles del país, todas las cuales carecen de procesos estructurales y sistemáticos en materia de Salud Ocupacional, cuyos primeros esfuerzos institucionales al respecto merecen un apoyo estratégico.

Dos ejemplos del problema con los dormitorios los tenemos con las mujeres policías en la cárcel de Puntarenas que no cuentan con un dormitorio exclusivo para ellas; pues dividieron el de los hombres para darles espacio a estas compañeras perdiéndose la intimidad de ambos grupos. El otro ejemplo lo constituye el semi-institucional de San Ramón, donde los dormitorios de los hombres está de pared de por medio del comedor.

Décimoprimero. TRASLADOS O REUBICACIONES ABUSIVOS. Si bien reconocemos un importante avance en este aspecto, sobre todo a partir de que la honorable Sala Constitucional, reiteradamente, ha manifestado los parámetros de proporcionalidad a considerar en materia de traslados del personal policial penitenciaria; siguen reubicando personal que no necesariamente es de algún agrado de supervisores o jefaturas, sustentando el “rancio” argumento de que se traslada por interés institucional, cuando en el fondo dicho traslado o reubicación obedece en muchos casos, a aspectos de marcados liderazgos de personal subalterno que cuestiona decisiones u órdenes de sus inmediatos superiores.

Importante destacar que si bien existe en la estructura jerárquica policial personal con características de liderazgos y mediana formación en el manejo de personal; nos encontramos también con que en esta estructura de mando hay personal que no tiene la idoneidad ni la formación requerida lo que hace que se potencien discrepancias y conflictos laborales innecesarios.

Décimosegundo. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL. Desde ANEP consideramos de orden estratégico, un profundo análisis de la malla curricular, siendo necesario un riguroso análisis del enfoque y los contenidos que se imparten en la Escuela de Formación Policial, haciendo hincapié en el nivel de formación y certificación de los formadores y formadoras de dicha escuela. Desde nuestra perceptiva, consideramos necesario mayor énfasis en formación de derechos humanos, protocolos en la gestión policial, así como valores cívicos y disciplina; agregando ahora los contenidos de política pública que en el ámbito de la Transparencia y de la Ética vuestro gobierno, por medio del señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, señaló en su mensaje de asunción del cargo.

Adicionalmente consideramos que debe de haber un plan de capacitación y actualización continua, siendo inadmisible que la única vez que un policía dispara un arma es cuando recibe el curso como requisito de ingreso al sistema, razón por la cual se presenta una constante queja. Y es que unos pocos policías acaparan muchos cursos y capacitaciones, inclusive en el extranjero, siendo que ni siquiera son los que laboran en los centros penitenciarios y la mayoría es de nuevo ingreso, dejando en el olvido a l personal más experimentado que más se ha sacrificado.

Decimotercero. GÉNERO. Como es obvio, el término refiere al ser humano, hombre o mujer. En este apartado nos referimos a la inserción activa de la mujer a un sistema penitenciario obviamente patriarcal y con marcados sesgos machistas y hasta misóginos; correspondiéndole a la mujer policía entrar en desventaja a un sistema hecho desde una perspectiva que si bien puede considerar las capacidades de la mujer, no así brinda las condiciones básicas necesarias de privacidad así como las debidas consideraciones a la naturaleza misma de la mujer. Nos referimos al doble papel que juega en la sociedad y sus condiciones anatómicas y fisiológicas. No existe una directriz clara respecto a las funciones o roles de la mujer policía durante el embarazo; no se consideran las necesidades fisiológicas o anatómicas como un uniforme adecuado; los riesgos a que son expuestas al tener que subir a fortines que algunos por sus características son de difícil acceso, dejando este tema a criterio de la jefatura de cada centro.

Es muy normal escuchar al personal policial femenino quejarse de la ausencia de consideración especial cuando se encuentran con el período menstrual y todos los inconvenientes que esto conlleva. No perciben consideración alguna. El otro caso es que al no haber agua ni servicios sanitarios en los fortines deben de solicitar relevos (que no siempre hay disponibles) y caminar a veces distancias considerables para llegar al servicio sanitario.

De igual manera, los uniformes y chalecos antibala utilizados son estándar y los usan todos, no son hechos guardando las condiciones anatómicas inherentes al sexo femenino, lo que hace que tengan constantemente padecimientos alérgicos por ese intercambio de fluidos corporales usuario-chaleco-usuario, entre otras cosas. Es más que obvio que un uniforme confeccionado para hombres no reúne las características de talla para mujeres.

Finalmente, es imperativo doctrinar sobre los aspectos inherentes al acoso sexual y laboral a la mujer en el empleo con desempeño policial en el ámbito de la seguridad penitenciaria.

Decimocuarto. AVITUALLAMIENTO. Esta cartera ministerial deberá de hacer un ingente esfuerzo de orden presupuestario para dotar al personal policial de uniformes, zapatos y equipo necesario para trabajar con dignidad, eficiencia y eficacia; pues tristemente al día de hoy se les suple únicamente dos camisetas, un pantalón y un par de zapatos al año. Ello explica por qué vemos policías mal presentados con uniformes desteñidos y remendados con una variedad de zapatos diferentes, teniendo el personal policial que fabricarse o comprar la vara policial y el indispensable foco.

Debemos destacar que no es lo mismo el “aguante” que puede tener el uso de un uniforme en zonas frescas que se puede usar dos o más veces sin lavar; que en zonas calientes o húmedas y lluviosas donde el uniforme deberá cambiarse a diario y por consiguiente lavarlos con mayor frecuencia, con el inconveniente de mayor desgaste y que no se seca rápido. Los zapatos también se mojan más y duran menos. Estos son puntos a tomar en cuenta a la hora de distribuir uniformes en esas zonas. Para poner un ejemplo de la poca importancia que se le da al tema, Limón es una de los centros que para el 2013 se dejó sin uniformes y se les entregó al inicio de este año. La justificación: Que se les entregó uniformes a los nuevos grupos de básicos policiales y no alcanzó.

Contrariamente, los homólogos de otros cuerpos policiales, como la Fuerza Pública, portan el chaleco personalizado, cuentan con cuatro uniformes al año, “jackets”, capas, botas y zapatos de alta calidad.

Decimoquinto. ALIMENTACIÓN. En cuanto a este tema se ha hablado mucho. La alimentación para la policía que debe permanecer la semana en servicio es la misma que se le sirve a la población privada de libertad, inclusive con la ayuda en la preparación de privados y privadas de libertad, lo que representa un altísimo riesgo. Es una costumbre que para el turno de la madrugada, de las 00:00 a las 08:00 horas, les dejan lo básico, como arroz y frijoles preparados para que “se las arregle” la misma policía de la escuadra en servicio, encargando a alguno o alguna la cocina en ese rol a prepararla (al que le llaman “burrero”). Para mejorar esta alimentación mínima, la policía hace un aporte semanal para comprar algún tipo de acompañamiento, como puede ser carnes.

La alimentación para la policía como no es pensada para ella, no es balanceada, le llega a sus respectivos puestos, llámese pabellones o fortines, tiempo después de haber sido “empacada” en los recipientes que cada uno debe aportar; por consiguiente llega fría, de tal manera que si no le gusto lo que se preparó se día, se queda sin comer.

Decimosexto. DIAGNÓSTICODICO DEL ESTADO GENERAL DE SALUD DEL PERSONAL POLICIAL. Sabemos que el personal policial con mayor edad y más años de laborar en el sistema, presenta una tendencia marcada a padecimientos propios relacionados directamente con las condiciones hostiles de trabajo, desarraigo y alimentación. No obstante consideramos urgente un diagnóstico médico estadístico que nos diga con mayor certeza el estado general de salud del personal policial.

Finalmente, con mucho respecto, nos permitimos ser atendidos, lo más rápidamente posible, por vuestras su dignas autoridades ministeriales, con la finalidad de ampliar con mayor detalle la visión institucional desde nuestra perspectiva laboral; quedando a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solicitud.

Con estima y consideración, reiterándoles nuestros buenos deseos de éxitos en la gestión para el bien de nuestro pueblo,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente y Presidente en ejercicio,
Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria