ANEP logra acuerdo con Municipalidad de Cartago en materia sindical

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Municipalidad de Cartago logaron un importante acuerdo con el municipio brumoso en materia sindical, dicho acuerdo fue conciliado en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en barrio Tournon.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP explicó que el acuerdo alcanzado es de suma importancia, ya que llega después de muchos meses de controversia con la Municipalidad cartaginesa, y en un momento en el que la ANEP está creciendo en dicha institución.

“Se logró acordar la forma en que participaran los socios y socias de ANEP en esta municipalidad en los diferentes tipos asamblearios que tiene nuestra organización, como: la asamblea de fin de periodo, la de medio periodo y la asamblea local. Lo más importante que queda establecido es que manos patronales dejan de intervenir en la selección de los eventuales participantes miembros de la ANEP, porque hasta la fecha venía siendo manejado por criterios institucionales y el sindicato venía siendo invisibilidad en materia de promoción, organización y selección de participantes en áreas o servicios estratégicos”, explicó el Secretario General de la ANEP.

Según Vargas, el acuerdo quedo completamente claro, ya que el sindicato asumirá su papel, además queda claro que cuando hay servicios esenciales fundamentales, el 100% de la membresía de ANEP no podrá participar de las actividades sindicales, pero si se da la circunstancia de que la institución está consciente de las obligaciones jurídicas en materia de libertad sindical y dispuesta a normalizar esto con ANEP.

“Además, próximamente se va a negociar que la Seccional de ANEP-Municipalidad de Cartago tenga un espacio físico en la institución, como también se va a negociar las participaciones de nuestra organización en los procesos de fijación salarial de ahora en adelante y finalmente otros tópicos que tiene que ver con lo obrero patronal en esta municipalidad”, finalizó Vargas.

Actualmente la Seccional ANEP-Municipalidad de Cartago cuenta con un total de 110 agremiados de una población municipal de 400 trabajadores.

Nombramientos irregulares en la Fuerza Pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Fuerza Pública, denunciaron la mañana de este martes, una serie de irregularidades que se han venido presentando en la Fuerza Pública con el nombramientos de directores, sub directores y jefes de delegación.

Según indicó, Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública estas irregularidades se han venido presentando desde el 2009, cuando el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) inició con la primera etapa de lo que llamaron “el manual de puestos de jefes y sub jefes de la Fuerza Pública”.

“Se la ha venido dando seguimientos a una serie de informaciones que ingresan a la ANEP desde diversos frentes, donde se ha logrado ubicar suficiente documentación que arroja una serie de irregularidades en los nombramientos que se viene dando desde el año 2009. Desde esa fecha el proceso se viene dando con vicios, irregularidades, posibles favorecimientos y tráficos de influencias”, dijo Anchía.

El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, manifestó que las personas que participaron en dicho proceso perdieron las pruebas necesarias para mantenerse en el mismo, pese a esto, se les permitió continuar en el proceso.

“Además, existe un dictamen de la Procuraduría General de la República, que se adjunta con un criterio de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública que señala que se dieron nombramientos de altos funcionarios de manera irregular, sin contar con los requisitos y con nombramientos en propiedad, lo cual según el dictamen no procede”, detalló Anchía.

Ante esta situación, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, solicitó al Gobierno de la República la intervención del MSP con el objetivo de transparentar esta situación.

La “orgiástica” fiesta salarial de la cúpula de la Aresep desacredita la función pública

Se da a conocer en este día, en información aparecida en el periódico La Nación, de la nueva dimensión que ha tomado lo que podríamos denominar como la “orgiástica” fiesta salarial que viene ocurriendo en el seno de la cúpula política de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); perniciosa situación que por ciertas “leguleyadas” repercute también en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Un millón de colones de aumento salarial, de un solo “tiro” (como dice nuestro pueblo), representa una acción totalmente ofensiva para la abrumadora mayoría de la clase trabajadora asalariada de este país, ahogada en deudas, con poca liquidez, con reajustes semestrales que no aumentan la capacidad de compra del salario y que no perciben que en el corto plazo esta dura realidad económica salarial vaya a cambiar.

Además, resulta una decisión impúdica de cara al flagelo del desempleo que agobia a tantos y a tantas compatriotas; tanto como a quienes tienen que luchar duro, cada día, en el mercado informal.

El carácter de tal ofensa a la mayoría trabajadora del país se agiganta cuando se nota que el señor Regulador General, Dennis Meléndez, pasará de ganar 6 millones 100 mil mensuales, a ¡7 millones 100 mil mensuales!, mucho menos que el salario del puesto Presidente de la República, según nuestros datos.

De igual impacto ofensivo son los aumentos de 500 mil colones mensuales para lo que en la Aresep denominan “intendentes”, quienes pasarán de 4.7 millones de colones al mes, 5 millones 200 mil colones.

La fiesta salarial “orgiástica” en la Aresep, también “embriaga” a la segunda al mando de tal entidad, la señora Grettel López, también con otro milloncito de aumento salarial de un solo “tiro”, pasando de 5.4 millones a 6.4 millones de colones mensuales.

Esta situación merece la más delicada atención política, tanto de parte del Gobierno de la República como de la propia Asamblea Legislativa.

Esta casta tecnocrático-política se ha separado del grueso del conglomerado laboral del servicio público del país, generando que el mismo se desacredite más; enfatizando en lo perverso del escenario de la desigualdad creciente y polarizante que se da en el país, en este caso a nivel interno de la estructura salarial del propio Estado, cada vez más injusta y caótica.

Hacemos una exhortación pública y vehemente, tanto al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, como al señor Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas; para que hagan pública, para que entreguen, la lista pedida por ANEP al anterior jerarca de la indica cartera, señor Edgar Ayales Esna y que éste ocultó, de los puestos y de las respectivas instituciones de pertenencia, que superan los 5 millones de colones salariales por mes y llegan hasta los 35 millones (¿o más?); un total de 1.500 altos cargos político-tecnocráticos que no son representativos de la generalidad de las remuneraciones de los servidores públicos globalmente comprendidos.

Esta “orgiástica” fiesta salarial de las alturas del poder, enloda el prestigio de la función pública y dañan la imagen del empleado público y de la empleada pública ante el resto de la sociedad, pues la ciudadanía, con razón, indignada, tiende a formular generalizaciones que pueden resultar injustas.

Difícilmente pueda sustentarse una tesis político-gubernativa de restricción salarial en materia de empleo público con estas abusivas decisiones de entidades como la Aresep y como la Sutel; entidades fundadas al amparo de las tesis neoliberales y que hoy funcionan como una especie de “república independiente”, sin control ciudadano alguno.

El pensamiento popular se fortalece en su presunción de que por esta “orgiástica” fiesta salarial de la Aresep es que estamos pagando más cara la luz en las casas de los hogares de la clase trabajadora.

Rechazamos rotundamente nombramiento de Pablo Bertozzi como director de la Policía Penitenciaria

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria y el seno de este cuerpo policial, rechazamos rotundamente la designación por parte del Gobierno de la Republica de Pablo Bertozzi Calvo como Director de la Policía Penitenciaria.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que dicho nombramiento ha sido rechazado en toda la policía penitenciaria, el cual estaría desencadenando una manifestación por parte de este cuerpo policial en las próximas horas.

ANEP ha detectado en las últimas horas un rechazo generalizado de parte de los efectivos de la policía penitenciaria a ser dirigidos por Pablo Bertozzi. Trasladamos al Gobierno de la República y a la opinión pública nacional lo que sentimos, esto es una situación grave que en las próximas horas podría desencadenar una gran manifestación” aseveró Vargas.

“Le pedimos al Gobierno respetuosamente que cambie ese nombramiento, porque genera una conflictividad laboral muy delicada, que obliga a la ANEP a ponerse al frente de la misma”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Para ampliar este tema el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, estará brindando declaraciones a primeras horas de la mañana en la sede de nuestra organización, ubicada en Calle 20 Norte, 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, frente a Coopeservidores.

Comisión técnica bipartita para analizar problemas en AyA

Este miércoles 4 de junio una representación importante de líderes sindicales de la ANEP en AyA, se reunieron con doña Yamileth Astorga, nueva Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, para darle a conocer nuestra visión, tanto gremial como política, del devenir de la institución.

De nuestra parte estuvieron presentes representantes sindicales de Buenos Aires, Golfito, Liberia, Nicoya, Guadalupe, Escazú, Coronado, entre otros, así como el promotor Alvaro Valverde Granados y nuestro Secretario General Albino Vargas Barrantes.

El principal logro de esta reunión, además de que la misma reunión que en sí es un hecho trascendental, fue la conformación de una comisión técnica que evaluará lo que sucede a nivel gremial en diversas áreas de AyA, sobretodo lo que tiene que ver con las condiciones del personal técnico de las plantas de tratamiento de aguas.

Joaquín Rojas, representante sindical, presentó un documento con más de 120 firmas, donde solicitan revisar temas como lo salarial, las jornadas laborales, la diferenciación en las vacaciones, así como la discriminación que sufren respecto a la remuneración por peligrosidad.

Además, cada representante compartió con la Presidencia Ejecutiva las problemáticas propias de cada región desde infraestructura, vehículos, falta de materiales, el poco desarrollo de los sistemas acuáticos y la relación que existe entre la institución con las Asadas.

Nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, exaltó la importancia política de la reunión con la Presidencia Ejecutiva, “estamos ante una relación de nuevo tipo, una gran apertura de doña Yamileth, ella ha comprendido la oferta de la ANEP de trabajar temas país, como en el ámbito de la desigualdad, en el ámbito del cambio climático relacionado al papel del sindicato en el seno del AyA, así como la eficiencia y la eficacia de los servicios prestados por la institución”.

Por su parte doña Yamileth Astorga valoró positivamente el encuentro, “la mayoría de planteamientos de los trabajadores ya los hemos venido identificando y hay que atenderlos, pero sobretodo involucrando a los trabajadores en la búsqueda de la solución de los problemas”.

Para esto la Comisión Técnica nombrada se reunirá el 9 de julio, y así iniciar el proceso conjunto de mejoramiento del AyA.

Conciliar con los evasores es como negociar con un criminal

¡Desafortunada, imprudente y sospechosa! Así catalogamos la pésima decisión gubernativa de permitir la conciliación con los grandes evasores de impuestos y, especialmente, cuando éstos han quedado en total evidencia que hasta han sido llevados a los estrados judiciales.

Resulta impresionante que el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y su Primer Vicepresidente, además de Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, queden en entredicho, el uno con el otro, ante la opinión pública nacional, por sus contradicciones en este grave asunto que les genera a ambos un serio problema de credibilidad en este asunto del déficit fiscal, la evasión impositiva y la voluntad política para atacarla.

En primer término, esto nos lleva a calificar como completamente desafortunada la derogatoria de la directriz que fuera emitida por el Gobierno anterior de la hoy Expresidenta de la República, señora Laura Chinchilla Mirada; una de los poquísimas acertadas decisiones que tomó en su administración.

En segundo término, también es imprudente esta decisión de conciliar con los ladrones de impuestos pues si algo ocupamos es de condenas judiciales contra los evasores; especialmente los que tienen grandes poderes económico-políticos, pues estos procesos judiciales y eventuales condenatorias, pueden servir de contención y de prevención de esta perversa tendencia de atentar contra toda la sociedad como lo es el robo de impuestos.

La conciliación que está permitiendo el presente Gobierno en este caso equivale a algo así como preguntarle al autor de un crimen cuál es la pena que quiere que le impongan.

La justificación leguleyesca de “jerarquía de las normas” no es de recibo en estos graves casos de evasión impositiva. La condena judicial por evasión de impuestos y si es de casos de grandes contribuyentes, es una necesidad política de primer orden, para abrir senderos de transformación de una cultura nacional que ve el robo de impuestos como algo a aplaudir y gratificar.

Y, finalmente, es sospechosa que esta posibilidad de conciliar en materia de robo y evasión se produzca cuando en los tribunales hay casos de gran repercusión sociopolítica por el papel que en la sociedad tienen los presuntos evasores.

Específicamente, el caso del Grupo Nación es paradigmático pues el Estado le ha demandado por la astronómica cantidad de casi 2 mil millones de colones por una supuesta evasión tributaria que este emporio mediático refuta fuertemente.

La suspicacia que anida ya en sectores sociales es que esta derogatoria de la directriz que buscaba fortalecer la acción penal y combatir la impunidad en el robo de impuestos, podría tener, en consecuencia, nombre y apellidos empresariales.

Finalmente, los evasores consuetudinarios de impuestos y los bufetes que les protegen pues sentirse tranquilos y contentos.

El mensaje del Gobierno podría ser el siguiente: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar… conciliaremos y hasta nos podrán pagar en abonos”.

Mientras tanto, la clase trabajadora seguirá pagando puntualmente sus impuestos porque no tiene forma de evadirlos: Si gana como para que le apliquen renta, ésta le será rebajada inmediatamente del salario, deducida de planilla… Si va a la pulpería o al supermercado, en la caja le aplican el cobro del impuesto sobre las ventas.

Primer encuentro de la ANEP con Ministra de Justicia y Paz

El pasado lunes 2 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, sostuvieron la primera reunión con la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, donde se tocaron diversos problemas que adolecen los Policías Penitenciarios.

La reunión que se desarrolló en horas de la tarde, en el despacho de la Ministra, contó con la participación del Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y tres representantes de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria. Por el lado de la cartera de Justicia y Paz, estuvieron la Ministra Ramírez, así como el Viceministro, Carlos Rodríguez Pérez y sus asesores.

Rafael Mora, Asesor Político de la ANEP, calificó de provechosa la reunión, ya que la Ministra se mostró muy interesada en los diversos planteamientos y denuncias realizadas por nuestra organización.

“La ANEP, como es conocido por todos las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria y del Ministerio de Justicia y Paz, ha venido ingentes de fuerza en los últimos tiempos para que se respeten una serie de derechos y condiciones que se le ha venido violentado a la Policía a los largo de los años. Esta lucha parece ser incesante, en un sistema, como el sistema carcelario del país que requiere una atención diaria y prioritaria, no solo por parte nuestra, sino también por parte de los jerarcas, y como todo sabemos se ha dado una renovación en las jerarquías institucionales del Estado, por lo que solicitaos una reunión de carácter urgente con la señora Ministra de Justicia y Paz”, manifestó el Asesor Político de la ANEP.

Según Mora, uno de los principales temas que se abordó la reunión fue el de la violación al derecho de descanso que tiene los efectivos durante su jornada laboral, situación que fue violentada por la anterior administración. Ya que pese a haber cumplido con su jornada laboral, son obligados a trabajar en su turno de descanso. Hasta el punto que los oficiales tan solo duermen dos o tres horas para luego iniciar un nuevo turno laboral.

Otro de los planteamientos abordados, fue sobre las condiciones de trabajo, así como la infraestructura, que es denominada por Mora como “cuchitriles”, que no reúnen las condiciones para que los Policías Penitenciarios realicen sus necesidades fisiológicas.

Además, nuestra organización denunció ante la Ministra de Justicia y Paz, el mal manejo de más de 100 millones de colones, dinero que fue destinado para el pago de horas extra a la Policía Penitenciaria, sin embargo a la fecha, los efectivos no han recibido ninguna retribución.

También se abordó el tema de los uniformes utlizados por los efectivos penitenciarios, respecto a: su calidad, material y comodidad, a lo cual la Ministra indicó que ya se esta buscando una solución a este problema.

“Ellos (Ministerio de Justicia y Paz) han planteado que van a tomar cartas en el asunto. Además, esperan que en un par de semanas estar comunicándonos que se va a cumplir con lo que ha establecido la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes en materia del descanso laboral”, finalizó Mora

Mejoramiento de los Cen-Cinai es el norte de la Administración y del Sindicato

La seccional de la ANEP en los Cen-Cinai de todo el país, se reunió nuevamente con la señora Licenciada Gabriela Castro Páez, Directora del programa de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, con la cual se tienen muy buenas relaciones, siempre en el marco del respeto mutuo y del reconocimiento a la libertad sindical.

Con la llegada del nuevo gobierno, aunque la Directora Castro se mantiene de la administración anterior, era necesario retomar el diálogo, para contraponer agendas para buscar puntos en común, además de plantearle a la administración dudas y preocupaciones características de la visión sindical.

El primer tema que se tocó fue la diversidad de horarios de trabajo con que tienen que lidiar las personas trabajadoras de los Cen-Cinai, tomando en cuenta que muchas comunidades tienen necesidades diferentes en el horario del cuido. Así como algunos Centros abren sus puertas a las 6.30 de la mañana, otros comienzan la atención hasta las 8am. Y se dan casos particulares, como en Guararí de Heredia, donde se está realizando una atención nocturna, para las madres adolescentes que están terminando sus estudios en colegios nocturnos. Esto complejiza el accionar del Centro y también plantea la necesidad de contar con más personal ya que se ha establecido que el horario de trabajo es de 8 horas y los Centros atienden, en la mayoría de los casos, hasta 10 o 12 horas.

Temas presupuestarios también estuvieron en la mesa. El programa de los Cen-Cinai poco a poco va logrando su autonomía del Ministerio de Salud, no en el tema salarial, pero si en los dineros para poder hacer inversión en infraestructura y equipos necesarios para en mejor funcionamiento de los Centros. Para eso en estos momentos el Programa recibe un 4,5% del presupuesto de Asignaciones Familiares, el cual debe subir un 2% anual, lo que se utilizará para el mejoramiento de equipos y para mejorar la infraestructura en un convenio con el MOPT.

Por último se le dejó claro a la Dirección la necesidad de incluir en el plan de trabajo anual los procesos de capacitación pertinentes a su labor y que promuevan el acercamiento entre las jefaturas medias y los y las trabajadoras.

La seccional seguirá insistiendo en el tema de las mejoras salariales, ya que las personas trabajadoras de los Cen-Cinai son de las peores pagadas en la función pública.

Rotundo rechazo a prórroga del contrato privatizador con la empresa PASA: PASA “debe” una muerte

Un profundo rechazo de toda la comunidad laboral de la Municipalidad de San José, especialmente de su segmento más emblemático como lo es el personal de la recolección de basura y de aseo de vías, se ha generado, con inusitada fuerza e indignación, ante las pretensiones de la alcaldía para que el contrato privatizador con la empresa PASA sea prorrogado más.

Para la tarde de este lunes 2 de junio, concretamente a las 4 de la tarde, la representación oficial de la ANEP, por medio de su seccional en la Municipalidad de San José, será recibida en audiencia en el seno de la Comisión de Hacienda del Concejo de esta entidad (en “Los Mercaditos” de Plaza Víquez), a fin de expresar esa rotunda oposición. Se está tramitando una prórroga de un año más, lo cual haría inevitable otro estallido laboral, más agudo, que el que por tal razón se diera el pasado lunes 12 de mayo.

Entre otras razones para oponerse a tal prórroga, está que la clase trabajadora de la Municipalidad de San José no ha olvidado que la empresa PASA es responsable de la muerte del ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral, don Álvaro Espinoza Ramírez, quien perdiera la vida el pasado viernes 25 de abril; luego de varios días de agonía por un accidente con un camión recolector de dicha empresa la que lo había empleado de manera irregular, aprovechando la circunstancia de necesidad de esta persona que había acudido al programa “Manos a la obra”, que promueve el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Precisamente, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José entregarán, también, este lunes 2 de junio, una petición formal y oficial a la Defensoría de los Habitantes de la República, a fin de que esta institución tome cartas en el asunto de esta muerte y gestione todo lo pertinente para que no quede impune y para que la familia reciba una justa indemnización.

Los informes en poder de la ANEP indican que un año más del contrato PASA, le costará a la Municipalidad de San José, casi 800 millones de colones, más el valor de la fuerza de trabajo que hay que ponerle a los camiones recolectores de basura de tal empresa y, como si no fuera poco, la institución debe financiarle el combustible que consume dicho equipo.

Es criterio sindical que lo que corresponde es el fortalecimiento de la capacidad instalada del propio municipio capitalino y que sea éste, como toda la vida lo ha sido, el prestador directo de los servicios de recolección de basura y las actividades conexas y necesarias al mismo. Hay mecanismos de gestión administrativa con carácter urgente que la propia Contraloría General de la República (CGR), facilita previa y seria justificación.

ANEP se ve en la imperiosa necesidad de informar a la distinguida ciudadanía del cantón central de San José que estaríamos en puertas de un conflicto sociolaboral más grande que el del pasado lunes 12 de mayo, si PASA logra continuar lucrando con el imprescindible servicio social de limpieza urbana de la capital. Los trabajadores y las trabajadoras del municipio josefino se levantarán en huelga si PASA continúa en la Municipalidad de San José.

A la honorable prensa interesada en el tema, respetuosamente le recomendamos ampliar detalles, si así lo desea, con el trabajador de recolección de basura, don Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, a quien se puede localizar en el número celular 61 16 12 38.

ANEP duda de potabilidad del agua en el Calderón

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los problemas del derrame con diésel ocurridos en los tanques del Hospital Calderón Guardia aún se mantienen, debido a que las labores y acciones de mitigación, emprendidas por la administración, no han dado resultados satisfactorios, por lo que teme que tanto los pacientes y los trabajadores todavía estén consumiendo el vital líquido contaminado con ese hidrocarburo.

Geovanny Ramírez, directivo de la ANEP, manifestó que en la emergencia de abril lo que aprobó la administración médica fue cortar el tanque viejo de diésel a la mitad y poner otro de una capacidad menor, aspecto que no elimina el riesgo de contaminación, porque todavía se encuentra a la par del que suministra agua potable al establecimiento médico.

La alerta de la presencia del diésel en el agua del Calderón Guardia se dio a inicios de abril, lo cual motivó la suspensión de cirugías y se restringió el ingreso de visitantes, al tiempo que se pidió ayuda directa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para contar con agua para los pacientes y trabajadores.

“Todavía hay contaminación del tanque más pequeño, lo que complica más el asunto. Lo que hicieron fue un trabajo temporal, lo cual no está bien”, afirmó Ramírez, quien añadió que es un problema que tiene años y no se le ha dado la importancia que amerita.

En febrero del 2012, la Contraloría General de la República (CGR), ante ampliación de contratación tramitada por el entonces director del Calderón Guardia, Luis Paulino Hernández, para la realización de mejoras paliativas al tanque de diésel, contrató a la empresa Sistemas Electromecánicos Felipe y Felipe S.A., mismas que habían arrancado en el 2010 con la misma entidad.

570 A 760 LITROS

En un informe rendido el 21 de abril por el Departamento de Ingeniería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se indica: “Se estima que el volumen de contaminación con diésel es entre 570 a 760 litros”.

Añade el documento, del cual tiene copia DIARIO EXTRA, que los tanques de agua potable no cuentan con la impermeabilización de las paredes y están contaminados internamente. Sin embargo, debe considerarse que los productos impermeabilizantes son para evitar contaminación con agua, no con hidrocarburos. “Los componentes del sistema de almacenamiento y distribución de agua potable del hospital se debe reubicar a una distancia de protección mayor a 31 metros (100 pies), de tanque de combustibles, sistema de alcantarillado sanitario, tanques sépticos, estaciones de servicio y cualquier sitio de almacenamiento de químicos”, detalla el estudio de Recope, del 21 de abril.

“Sentimos que hubo algo irregular al contratar a una empresa que hace un mal trabajo, que desde el principio debió garantizar la seguridad en el uso del diésel y no contaminar el agua. Se le canceló $300 mil por un trabajo muy mal hecho y luego ¢80 millones por el lavado y secado de tanques. Hay que investigar qué hay detrás de las contrataciones”, aseguró Ramírez.

Según comentó, ninguna de las recomendaciones emitidas por Recope fueron acatadas por la administración del hospital, que en su momento estuvo al mando del grupo interventor.

Cuestionó además el hecho de que no se tomara en cuenta, en el momento de la emergencia, a los ingenieros y arquitectos del centro médico, que en más de una ocasión habían alertado sobre el problema de contaminación que podría darse al estar los dos tanques tan cerca.

Ramírez apuntó que el 5 de junio la ANEP tendrá una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, para exponerle varios temas, entre los que se encuentran los problemas y posibles actos de corrupción y de conflicto de intereses que se están dando en ese establecimiento, por lo que se le solicitará que de manera conjunta interpongan una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se sienten las responsabilidades del caso.