Categoría: Acción Sindical

Control estricto de tiempos de comida en las cárceles no es razonable

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Licenciado
Geovanni Morales Sánchez
Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Proceso Gestión del Ambiente Laboral
Dirección General de Adaptación Social
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimado señor:

Todavía no hemos terminado de analizar, tanto por su forma como por su fondo, la circular que usted firma, DGIRH-PGAL-01-06-2013, dirigida a “Directores, coordinadores, jefes y personal del Viceministerio de Gestión Estratégica, del Viceministerio de Asuntos Penitenciarios, del Viceministerio de Paz, del Patronato de Construcciones, de la Dirección General de Adaptación Social y de Administración Central del Ministerio de Justicia y Paz”; planteando una serie de aspectos acerca de la “Jornada y horario de prestación de servicios, control de asistencia y puntualidad y otros”.

Nos ha llamado poderosamente la atención el tema de los 10 minutos para desayuno, 30 minutos para almuerzo y 10 minutos para refrigerio por las tardes, toda vez que aparte de tener esto un aspecto cuantitativo (cuántos minutos se consumen en cada uno de esos momentos de gestión de alimentos durante la jornada laboral), también está de por medio algo más poderoso: el aspecto cualitativo. Y por supuesto, lo estrictamente legal-laboral que ya lo plantearemos, oficialmente, en fecha próxima.

Como usted bien sabe, es un hecho ampliamente compartido por la comunidad costarricense de que el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) está en una profunda crisis y que, lamentablemente, la petición que ha formulado la ANEP para declararlo en “Estado de Emergencia Nacional”, no ha sido debidamente valorada por el Gobierno de la República pues más allá de un tema de jurídico-legal, estamos de cara a un asunto de potencial explosivo social, tal y como la ha reconocido la propia Defensoría de los Habitantes de la República.

No podemos dejar de pensar en que no estamos en tiempos “normales” al interior del SPN (tal vez, nunca ha habido tiempos “normales” en la institución), de tal suerte que toda su circular muestra una gran frialdad y la “normativitis aguditis” en la que abunda, lejos de alcanzar un fin “disciplinario”, incrementa esa sensación de abandono que percibe el personal carcelario costarricense, todos los días y hora tras hora, por parte de sus jerarquías.

El personal policial, el técnico-profesional, el administrativo y el operativo llevan la pesada carga de mantener la estabilidad institucional al interior de la prisión en estos tiempos tormentosos. Esto les hace desarrollar una sensibilidad crítica y de reclamo constante, por unas políticas jerárquicas que pudieran estar bien intencionadas pero que desde la comodidad de una oficina del centro josefino, impide tener una valoración real de lo que se viene acumulando en el ambiente intramuros de la cárcel, con alto riesgo de vidas humanas.

Difícilmente, la preocupación jerárquico-burocrática de si son o no “respetados” los diez minutos, de si son o no “respetados” los treinta minutos del almuerzo, no tienen una posibilidad real de observarse “cuadradamente” en el ambiente carcelario intramuros; ¡no! La ingrata tarea de mantener la estabilidad institucional en las prisiones, del gran esfuerzo por la contención minuto a minuto, del desgaste en lidiar con una demanda de servicios que ya rebasó toda posibilidad real operativa de atenderse con prontitud pese al gran sacrificio individual y grupal del personal penitenciario, debería aconsejar otro tipo de canales y formas comunicacionales cuando de normas burocrático-administrativas de gestión de personal se necesite promover.

La jefatura a su digno cargo (según se indica en la correspondencia oficial de su despacho), habla de que la misma es parte de un “proceso gestión del ambiente laboral”. Pareciera que este concepto es de carácter más integral, más abarcador, de más perspectiva y de mayor profundidad. Sinceramente y con respeto pensamos de que tal concepto dista mucho de una puntillosa preocupación por la “jornada y horario de prestación de servicios, control de asistencia y puntualidad y otros”, como lo indica el “asunto” de circular DGIRH-PGAL-01-06-2013.

Al acercarse la celebración del DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, cuán lejos están, uno del otro, estos dos significados contradictorios: la profunda concepción humanista y social de esta celebración vs. la fría señalización de una normativa de control que niega la profunda naturaleza de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Cada vez nos convencemos más de que al tener el personal penitenciario su CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO (CCT), pondremos la primera piedra del abandono del unilateralismo jerárquico en materia de relaciones obrero-patronales y abriremos paso hacia una concepción de comunidad laboral en el amplio y humanista sentido del término. Ojalá usted esté con plena convicción de la importancia de ello como lo estamos en ANEP.

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Movimiento de paro con grandes logros en Santa Bárbara

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La ANEP tiene realmente poco tiempo de realizar trabajo sindical en la Municipalidad de Santa Bárbara. Pero en ese corto lapso se ha logrado generar una consciencia organizativa tan importante que más del 80% de las personas trabajadoras de este municipio se sumaron al paro de labores del día martes 18 de junio, alertas de que hay muchas cosas que mejorar en su trabajo.

Un paro de labores exitosísimo, que tuvo como resultado un acta de compromiso, tutelada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que da el banderazo de salida para la negociación de la PRIMER Convención Colectiva de Trabajo de este Gobierno Local. Además, por fin se dará la actualización del manual de puestos que implica un mejor ordenamiento de las calidades laborales y de los puestos de trabajo.

Otro tema en el que se logró acuerdo, fue en el muy solicitado salario escolar, derecho ya establecido en una gran mayoría del sector público, pero del que no gozan todavía en muchas municipalidades. En el menor plazo posible ambas partes, patronal y representación sindical, establecerán la forma en que este salario, que nace de una cuota mensual brindada por las personas trabajadoras, será una realidad para la gente de Santa Bárbara.

Una deuda ya considerable en el pago de horas extra también fue punto de discusión. Las autoridades municipales se comprometieron a presentar una modificación presupuestaria para que se pueda pagar esta deuda, además de establecer de donde se sacará ese dinero de ahora en adelante.

Todos estos logros, más el pronto establecimiento de una política de Salud Ocupacional, están aderezados por el reconocimiento del derecho de libertad sindical, lo que le da validez a nuestra seccional en dicho municipio, siempre bajo el marco del respeto mutuo y de las consideraciones para con la ciudadanía y usuarios de los servicios municipales.

Municipales continúan en la defensa de su cesantía

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Tomando las calles, visibilizándose con sus banderas, los carretillos y los camiones que les sirven de herramienta de trabajo y esta vez también de herramienta de lucha. Los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de San José, en su mayoría del área de recolección de basura y limpieza vial y de parques, tomaron las calles de la capital para alzar su voz contra una injusticia.

Un recurso de inconstitucionalidad pretende eliminar la cesantía sin tope de años en el Gobierno Local de San José, poniendo en peligro el futuro y la vejez de cientos y cientos de personas trabajadoras, la gran mayoría gente muy humilde, que viven en pobreza a pesar del trabajo arduo y honesto que realizan todos los días.

Esta contundente manifestación, que terminó frente a la Sala Constitucional, es un llamado a que la ciudadanía se entere sobre la injusticia que se pretende caiga sobre la clase trabajadora municipal. Y ya tuvo su primer resultado, al ser recibido un contingente de líderes sindicales municipales por el presidente ai de la Sala IV, magistrado Armijo, quien escuchó la triste realidad que significaría eliminar el articulado sobre censantía de la Convención Colectiva de Trabajo en esta Municipalidad.

La cesantía sin tope de años no es un “horrible privilegio” en la Municipalidad de San José. Un trabajador de recolección de basura que haya trabajado 30 años en este sacrificado oficio recibirá de cesantía al pensionarse cerca de 12 millones de colones. La Contralora Marta Eugenia Acosta, recibe de salario cerca de 5 millones de colones al mes. En tres meses obtendrá mucho más que lo que aspira ese trabajador para poder subsistir el resto de su vida. ¿Quién recibe el horrible privilegio?

Capacitación sindical para trabajadores agrícolas migrantes

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El pasado domingo 9 de junio el equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Trabajador Migrante, conformada por los compañeros que trabajan en ANEP gracias al convenio con el Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua (FNT) y al convenio con el Grupo de Monitoreo Independiente (GMIES), brindaron la primer capacitación en Derechos Laborales y Migratorios a los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) en Siquirres, provincia de Limón.

La capacitación fue impartida a 35 personas, todos y todas líderes sindicales, en su mayoría de origen nicaragüense, que se desempeñan en plantaciones agrícolas, sobretodo en plantaciones bananeras.

Esta población laboral sufre grandes dificultades y violaciones a sus derechos laborales, por supueso cometidas en su perjuicio por la patronal de la zona en las bananeras y otros cultivos, como la yuca. Al final de la actividad, los participantes expresaron sentirse satisfechos con la metodología de enseñanza de la compañera expositora Licenciada Fidelina Mena Corrales.

A la vez se contó con la participación de la compañera María Hayde Hernández Hernández, diputada en el Parlamento Centroamericano por Nicaragua, quien tuvo la oportunidad de interactuar y compartir con nuestros hermanos nicaragüenses sus necesidades y diferentes situaciones de orden migratorio, expresándole ellos la necesidad de mejorar la atención y recepción de sus solicitudes en el Consulado Nicaragüense tanto en San José como en las distintas oficinas consulares en el país.

Como dijimos, este es el primero de varios talleres de capacitación de este tipo que se impartirán en zonas rurales y urbano marginales, no necesariamente sólo con personas afiliadas a la ANEP, sino que tengan necesidad del mismo y que contacten a la organización sindical nuestra.

Sala IV enfrentará protestas

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Como es bien sabido, muchas personas pensamos en este país que las verdaderas decisiones de gran impacto político-social, sino todas, gran parte de ellas, se toman en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta.

Es así que hay dos temas sociolaborales sumamente candentes en las últimas semanas que, nuevamente, tomarán auge ante el movimiento de sus respectivos protagonistas.

PRÓXIMO VIERNES 14 DE JUNIO: Desde las 6 de la mañana una gran cantidad de trabajadores y de trabajadoras de la Municipalidad de San José empezarán a congregarse para pocos minutos después empezar un desfile laboral hacia la sede del indicado tribunal. En los minutos subsiguientes se espera que se sumen más grupos laborales con diferentes horas de ingreso, hasta culminar con la adhesión del personal administrativo. Objetivo de la manifestación: Reforzar el planteamiento sindical formulado por la ANEP de que en el ámbito municipal no cabe ninguna regulación para imponer un tope a la cesantía a nivel de los gobiernos locales, dada la naturaleza constitucional de la autonomía municipal. Además, como se demostró en planteamiento ya entregado a favor de los trabajadores y de las trabajadoras municipales, la cesantía sin tope dejó de ser tabú; su rompimiento está dado bajo varias modalidades. La idea central de la manifestación municipalista de San José es, precisamente esa, la cesantía sin límite es un reconocimiento a una vida abnegada, de duro sacrificio obrero, con gran deterioro físico y emocional y sin grandes impactos multimillonarios precisamente por los bajos salarios que percibe la mayoría del personal municipal.

Se espera que con esta manifestación, se motiven las demás municipalidades del país para coordinar un evento de mayores dimensiones en el mismo sentido y en fecha próxima.

Para mayores detalles se puede llamar al dirigente sindical don Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, al teléfono 61 16 12 38

PRÓXIMO LUNES 17 DE JUNIO. Personal interino del Gobierno Central y entes adscritos al Servicio Civil, a punto de quedar en la calle, se concentrarán para defender los derechos de propiedad en el puesto, adquiridos de buena fe y que se pueden perder, luego de que la Sala IV habló de una inconstitucional del decreto ejecutivo que les permitió estabilidad en los respectivos puestos, luego de interinatos prolongados, algunos por muchos años y pese a excelentes calificaciones laborales en el desempeño. Este evento se está convocando para las 11 de la mañana y, según la circunstancia en ese momento, podría darse un desplazamiento hasta la Presidencia de la República.

Efectivamente, unas 2.800 personas trabajadoras asalariadas de esta parte del aparato estatal lograron propiedad con base en un decreto ejecutivo gestionado por la ANEP ante el actual Gobierno; teniéndose la esperanza de que con una segunda versión, dos veces más ese número de personas en similar condición interina podrían tener la misma oportunidad.

En ambas cosas, las manifestaciones frente a la Sala IV serán respetuosas y se espera que las altas autoridades de este tribunal atiendan pequeñas respectivas delegaciones que les entregarán un correspondiente documento.

Policías protestan encadenados

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Consultado por DIARIO EXTRA, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, dio a entender que muchos de los criterios que provocaron la manifestación de los oficiales son caprichos y el interés colectivo se impone ante las solicitudes de un pequeño grupo.

Condiciones insalubres, completamente incómodos y poca seguridad física son algunas de las quejas por las que un grupo de policías municipales que laboran en el Parque Nacional protesta contra el gobierno, específicamente contra Johnny Araya, candidato a la presidencia de la República.

Los oficiales, identificados como Steve Monge, secretario del Sindicato de Policías, y Juan Carlos Barrantes, secretario de Conflictos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se amarraron con cadenas, alegando falta de compromiso por haber construido un cubículo y no una caseta.

“Nosotros nos estamos quejando de todas las situaciones que comprometen primero nuestro trabajo y segundo nuestra integridad física. Esto no es una caseta de guarda, es tan solo un cubículo en el que no se puede cumplir el trabajo de uno, y además atenta contra nosotros porque tenemos que estar ahí metidos sin ningún tipo de protección”, denunció Monge.

Agregó que uno de los principales motivos del descontento es tener que trabajar horarios nocturnos sin remuneración económica más alta.

“Es peligroso, aquí de noche solo hay una persona cumpliendo con el horario y el pago es el mismo que se da en el día. No es posible que tengamos que cumplir bajo esas condiciones”, se quejó.

¿FALSO O VERDADERO?

Consultado por DIARIO EXTRA, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, dio a entender que muchos de los criterios que provocaron la manifestación de los oficiales son caprichos y el interés colectivo se impone ante las solicitudes de un pequeño grupo.

“Lo primero es una notificación por parte del Ministerio de Salud para determinar si realmente el lugar es poco salubre. No se vale mentir, nosotros creemos que hay otras vías por las que se puede hacer un reclamo, en los cuales se tiene que retirar el uniforme”, indicó.

Miguel Jiménez, delegado de ANEP, acotó que desde 2008 han venido quejándose de una serie de puntos que desfavorecen su desempeño laboral, sin embargo no han recibido ningún tipo de atención.

“Nos hemos estado quejando con las autoridades sobre esta situación, pero nadie nos escucha, ni mucho menos nos cumplen”, comentó.

Según Marcelo Solano, existen policías que aún no entienden la naturaleza del servicio de seguridad social y que la manifestación es totalmente innecesaria. También recalcó que desconoce de presuntos despidos o hechos que alarguen la protesta.

Camino a la quiebra talleres de enderezado y pintura

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Las medidas que viene tomando la administración de don Guillermo Constenla Umaña en el Instituto Nacional de Seguros (INS), para abaratar los costos de reparación que realizan los talleres mecánicos de enderezado y pintura, cuando reparan vehículos cubiertos con la póliza de Seguro Voluntario del INS, están por crear una quiebra generalizada de talleres pequeños y medianos lo que conllevaría el despido de una gran cantidad de trabajadores del sector tallerista.

Según datos que ha recopilado la ANEP, en el país hay cerca de unos 400 talleres de este tipo que podríamos conceptuar como “pymes” (pequeñas y medianas empresas), los cuales emplean, en estos momentos, a una cantidad cercana a las 10 mil personas trabajadoras asalariadas.

Al parecer desde mediados del año pasado 2012, el señor Constenla y por razones poco claras, ordenó variar los sistemas tarifarios y las tarifas con las que se les paga a los talleres el costo de las reparaciones de los accidentes automovilísticos, ocasionando que éstos tengan que reparar los vehículos asumiendo las diferencias que se les dejaron de reconocer por mano de obra, reparación de carrocería, repuestos, etc.; teniendo por ello que asumir pérdidas por estas decisiones arbitrarias.

En el año 2004 se firmó un acuerdo entre estos talleres y la administración del INS, mismo que se logró con la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República y de la propia ANEP. Este acuerdo estuvo funcionando durante los últimos ocho años y permitió no solamente la estabilidad financiera de todos estos talleres, sino que, además, la preservación de esa gran cantidad de empleos y, especialmente, la satisfacción plena del cliente con el servicio que venía reviendo en materia de enderezado y pintura.

Pero hoy ese acuerdo se ha incumplido, ha sido “abolido” tácitamente, sin razón ni fundamento por parte del señor Constenla. Ese acuerdo establecía que se mantendría una tarifa constante para los costos de operación de los talleres y que la misma se ajustaría cada seis meses. Ahora esto ha dejado de cumplirse pues el modelo actual plasmado en un contrato con carácter de obligatoriedad que han tenido que firmar los talleristas, implica un modelo que discrimina y crea categorías de talleres.

Dentro de los acuerdos que venían observándose y con la venia de la Defensoría de los Habitantes de la República –como ya indicamos-, las tarifas se establecieron para un sistema de valoración en el cual se tasaban de forma individual las cinco labores principales de reparación; y se asignaba un porcentaje (%) para materiales de pintura. Estas tarifas se establecieron con base en un modelo de taller acordado tanto por personeros del INS, como por los trabajadores del sector y patronos bajo la tutela de la Defensoría de los Habitantes y con el respaldo de la ANEP.

Al hacer el INS el cambio del sistema de valoración Globeest al sistema Aurora, se fusionan las labores de cinco a dos, es decir, se trabaja con solamente dos labores principales latonería/mecánica y pintura y sus respectivas tarifas.

El impacto, entonces, en las empresas, es no saber el peso específico que le asigna a cada una de las dos labores en el sistema, ya que en este momento el programa de valoración no indica qué porcentaje de una única tarifa pertenece a las labores asignadas a la reparación.

Según este sistema de valoración, para el INS vale igual cambiar un vidrio de una puerta que enderezar y rectificar un chasis; vale lo mismo cambiar un compensador que cambiar y pintar un guardabarro.

Pero el asunto no queda ahí. Resulta que en una reunión, la administración Constenla les adelantó que ya están muy avanzadas las negociaciones para la instauración unilateral de un sistema de calificación de operarios y talleres, desarrollado por una empresa de capital mexicana, lo que sin lugar a dudas ocasionará, más rápidamente, el cierre de talleres y el despido de muchos trabajadores del sector de enderezado y pintura.

Ante este grave panorama, decenas de trabajadores de este sector han buscado a la ANEP, para que en conjunto y tal y como lo hicimos en el año 2004, denunciemos esta arbitrariedad de Constela y su grupo dentro del INS, contra un sector de trabajadores que entre puestos laborales directos e indirectos, podrían superar los 10 mil empleos.

Por lo tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia estos hechos y anuncia una lucha decidida por defender el derecho al trabajo de dichos trabajadores; así como combatir la política tarifaria de Guillermo Constenla, misma que busca aumentar las utilidades a costa de la fuentes de empleo de un sector trabajador y de un grupo de pequeños y medianos empresarios, que no tienen por qué pagar las consecuencias y arbitrariedades de políticas tarifarias y de aseguramiento que erróneamente ha realizado el INS y que, por tanto, no deben asumir ni los asegurados, ni los trabajadores.

Hacemos un llamado urgente a la señora Defensora de los Habitantes de la República, doña Ofelia Taitelbaum Yoselewicz para que intervenga con urgencia; de la misma forma que hacemos un llamado tanto a la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, como a su Ministro de la Presidencia, Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, para que hagan lo procedente.

Inicia Negociación Colectiva en el Sistema Penitenciario

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¡¡¡Empezó ya la negociación de lo que será la Primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT) del Sistema Penitenciario Nacional!!! 15 artículos se negociaron el pasado lunes 27 de mayo de 2013. Trabajamos con la propuesta que se hizo circular meses atrás.

La CCT vendrá a cubrir a los compañeros y a las compañeras de todas las sectores laborales institucionales: Profesionales, Técnicos, Administrativos, Operativos y Policía Penitenciaria. Además, se abordó en esta reunión el tema del pago de los 15 mil colones a la base de los salarios de la Policía Penitenciaria, como homologación al último incremento extraordinario que recibió la Fuerza Pública.

Nuevamente, también se tocó la necesidad de obtener los recursos para pagar en sede administrativa las deudas por Disponibilidad, en el caso de aquellos policías que así lo quieran y que no quieran pagar grandes sumas por “honorarios” profesionales.

ANEP discutió con la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria el asunto de la sobreexplotación laboral del personal de la Policía Penitenciaria. Habrá una segunda reunión para que se respete el debido descanso, según lo ordenó la Sala Constitucional, durante la permanencia en el centro.

ANEP elaborará un criterio jurídico sobre las bases legales necesarias a observar cuando se habla jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta, según se da cada una durante los 7 días de labor continua en el centro; para establecer en cada una de ellas, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, según el propio Código de Trabajo, la jurisprudencia en la materia y las regulaciones internacionales de la OIT.

ANEP rechazó, tajantemente, las pretensiones del señor Guillermo Ugalde Víquez, para implantar en las cárceles el horario de hospital para la Policía Penitenciaria. Es una idea descabellada y que afectaría, directamente, el bolsillo del trabajador: más gasto de pasajes porque habría que ir y volver a la casa, ¡¡¡a diario!!!; y, además, pagar la comida que ingerimos en el centro de trabajo.

En el IAFA se violan los Derechos Laborales

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Nuestra organización sindical ANEP denuncia ante el conglomerado laboral del IAFA, la actitud intransigente, desconsiderada y de irrespeto a los Derechos Laborales de parte de las más altas autoridades de esta institución.

A inicios del presente año más de cien trabajadores y trabajadoras de la institución se llevan una triste e inesperada sorpresa al recibir su pago del salario, debido a que se realizaron fuertes rebajos sin explicación alguna. Se trata de una decisión que tiene fundamento en una interpretación equivocada a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y, sin mayor explicación, se empiezan a generar deducciones salariales desde la oficina de Recursos Humanos, cuya jefatura actúa con impresionante rapidez y dando un carácter retroactivo a una indicación auditora que se pone en vigencia antojadiza y arbitrariamente.

Dicha consulta fue resuelta bajo la interpretación temeraria por parte de autoridades a quienes se les ha encargado la dirección del IAFA. Proceden a ejecutar de oficio, de manera sumaria, los rebajos sin avisar de previo a quienes son sujetos de semejante arbitrariedad, bajo argumentos confusos y mal sustentados.

Nuestra organización ANEP solicitó de inmediato la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y este día lunes 27 de mayo de 2013, se celebró una audiencia con la representación de varios personas trabajadoras afectadas, los representantes legal y sindical de ANEP, la directora médica, la jefe de recursos humanos y la asesora legal de la institución y la mediadora que asignó al caso el MTSS.

Posición intransigente

Después de que la representación de ANEP ofreció sus argumentaciones y pidió conciliar el asunto: la representación institucional, en una actitud carente de argumentos y de sesgo prepotente, expresó no tener voluntad de negociar nada, ni siquiera con participación de un ente imparcial y mediador como el MTSS. Dicha situación se convierte en una voz de alerta dentro del IAFA, debido a que es sumamente riesgoso que se instaure un sistema autoritario, donde sólo quienes dirigen tienen la razón; no escuchan, no se equivocan, no negocian y no reconocen la representación de los trabajadores, el sindicato.

ANEP dará la lucha

Por las vías que resulte necesario estaremos defendiendo el derecho y el respeto a las condiciones laborales. Iniciaremos acciones jurídicas y del más alto nivel institucional, sin descartar otras medidas que estaremos comunicando de manera oportuna para que no se atropellen los derechos de los trabajadores.

Sobreexplotación laboral en la Policía Penitenciaria

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Honorable señor
Lic. Fernando Ferraro Castro
Ministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Su despacho

Estimado señor Ministro:

En primer término, atento y respetuoso saludo. Con fecha 3 de febrero del 2010, el señor Guillermo Ugalde Víquez, Director de la Policía Penitenciaria, emitió la Circular No. 05-2010, dirigida al Personal de Seguridad del Sistema Penitenciario, acerca de las JORNADAS DE TRABAJO Y PERÍODOS DE DESCANSO (las mayúsculas son nuestras).

Ante la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), tema que la ANEP ha planteado al país en estos días pero de lo cual tenemos tres años de sostenida denuncia propositiva, urge que el despacho ministerial a su digno cargo emita directriz política firme para que cese la sobreexplotación laboral a que están siendo sometidos en los actuales momentos el personal de la Policía Penitenciaria, cuyos integrantes, en no pocos casos, están laborando hasta un total de 18 horas diarias, violentándose severamente el derecho al tiempo del debido descanso.

Tal y como la misma Sala Constitucional lo ha ordenado, este alto tribunal estima que “…la Administración tiene la obligación de respetar las jornadas de trabajo y los horarios de descanso de los agentes de seguridad”. (así lo indica en una de sus partes la circular a la que hacemos mención). De la misma manera, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se ha pronunciado contundentemente en correspondiente “Acta de Inspección y Prevención”. Tan es así que en el “Por tanto” de la comunicación del señor Ugalde, el “Director de la Policía Penitenciaria recuerda:”… “2. Que el tiempo de descanso de los funcionarios es un derecho y una obligación que deben de acatar, con el fin de poder continuar brindando los servicios de seguridad de una manera óptima, evitando así un eventual abandono de servicio y la distorsión de la dinámica institucional”. La situación que estamos enfrentando es que las diversas jefaturas de seguridad en los centros penales no están respetando las orientaciones constitucionales que en materia de seguridad emitió el despacho del señor Lic. Ugalde Víquez.

Por tanto, señor Ministro Ferraro, reiterándole nuestro respeto y consideración, en la reunión de este lunes 20 que su despacho ha convocado para continuar el proceso de negociación hacia la suscripción de lo que será la Primera Convención Colectiva de Trabajo del Sistema Penitenciario Nacional; debemos definir, con la urgencia debida, con absoluta claridad y con la debida contundencia, el punto del debido descanso para la Policía Penitenciaria cuando está en funciones; el respeto absoluto a la indicada circular; la clara diferenciación entre el concepto de disponibilidad y el reconocimiento de tiempo extra laborado (a la luz de la histórica sentencia que la ANEP ganó en sede judicial en el caso del compañero policía penitenciario Gerardo Cascante Vargas); y los procedimientos para el registro y consecuente pago salarial de tales extremos.

Como de manera reiterada la ANEP lo viene afirmando, “solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Así que, jornadas extenuantes, sobreexplotación laboral, violentación del debido descanso, acumulación de deudas salariales (entre otros factores), conspiran contra la estabilidad estratégica que la institución requiere en las actuales circunstancias. Debemos actuar con celeridad.