Categoría: Acción Sindical

Trabajadoras Sociales del Ministerio de Salud defienden su profesión

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Doctora
Daisy María Corrales Díaz
Ministra
MINISTERIO DE SALUD

Estimada señora:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Como es de su conocimiento, los y las profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud vivieron durante la administración de la doctora María Luis Ávila Agüero, un proceso sistemático de acoso como colectivo gremial.

Conocemos de su interés en la defensa de la profesión y agradecemos profundamente el apoyo que nos ha brindado. Sin embargo, a la vez, nos preocupa que algunas de las jefaturas del ministerio aún persistan en sus posiciones de cambiar la especialidad de las plazas de Trabajo Social que van quedando vacantes.

Llama la atención que cuando en los años 2009 y 2010, de manera uniforme, se dieron tres plazas por área rectora de salud, las cuales ya tenían especialidades predeterminadas, fueron muy escasos los directores que se atrevieron a hacer una modificación para pedir otro profesional que efectivamente necesitaban sus áreas rectoras. Ahora, pretenden justificar los cambios de especialidad de las plazas de esta disciplina sin que medie un estudio que determine el perfil y cantidad de los funcionarios que necesita cada área rectora u oficina del nivel central.

Somos conscientes de que el Ministerio requiere reforzar su recurso humano, sin embargo, subsisten problemas de inadecuada distribución de cargas laborales, subutilización de algunos funcionarios y recargo de funciones en otros, así como una incorrecta distribución del recurso humano entre las diversas áreas rectoras y regiones. Estas situaciones deben ser atendidas en primer lugar, a la vez que consideramos que se requiere mejorar la gestión del recurso humano. Por otro lado, nos preocupa la tendencia que se observa en algunas direcciones de privilegiar la atención de denuncias, minimizando o anulando los otros procesos que sustentan el ejercicio de la rectoría sobre la producción social de la salud.

Es importante retomar lo que ya está ampliamente probado, es decir, que la mayoría de los problemas de salud tienen su origen en las condiciones socioeconómicas de los grupos sociales. En este sentido, el profesional en Trabajo Social está capacitado para dar un aporte muy importante en la consolidación de la rectoría. Su rol es clave en la movilización de los actores sociales para mejorar la condición de salud de nuestra población, a partir de un enfoque de los determinantes de la salud.

Las prioridades que se han definido en cuanto al modelo intersectorial de prevención y atención del embarazo en la adolescencia, la labor intersectorial de lucha contra el trabajo infantil y adolescente, trata y explotación sexual de niños y adolescentes, la puesta en práctica de políticas y planes tales como salud mental, actividad física, seguridad alimentaria y nutricional, así como en general las acciones en promoción de la salud son áreas de intervención del profesional en Trabajo Social.

Las competencias profesionales se pueden determinar de acuerdo con lo que establece el Manual de Especialidades del Servicio Civil que es la instancia que nos rige en el tema de la contratación del recurso humano.

También es importante recalcar que el recurso humano en Trabajo Social es limitado. Treinta y cinco áreas Rectoras no cuentan con este profesional en sus equipos; de ellas, seis tienen plazas que están vacantes actualmente. De acuerdo con la información que se tiene, el detalle es el siguiente:

1. Región Huetar Atlántica: Siquirres, Matina, Guácimo, Limón (plaza vacante N. 354398).
2. Región Huetar Norte: Guatuso (plaza vacante).
3. Región Brenca: Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires.
4. Región Central Norte: Heredia, Sarapiquí, San Pablo-San Isidro, San Rafael-Barva, Santa Bárbara.
5. Región Central Este: Paraíso, El Guarco (plaza vacante N. 57485).
6. Región Central Sur: Puriscal-Turrubares, Santa Ana, Escazú, Tibás, Pavas, Hatillo, Goicoechea.
7. Hospital – Mata Redonda, Mora – Palmichal, Alajuelita (plaza vacante 57480), Carmen-Merced – Uruca (plaza vacante N.58008)Región Central de Occidente: Zarcero (plaza vacante N.057496).
8. Región Pacífico Central: Garabito, Parrita, Aguirre, Miramar.
9. Región Chorotega: Abangares, Tilarán y Hojancha.

Semejante situación se observa a nivel nacional. La Dirección de Mercadotecnia de la Salud cuenta con un amplio equipo interdisciplinario en el cual no existe una persona profesional en Trabajo Social. Desde inicios del año pasado que se pensionó la Licda. Carmen Cecilia Arroyo, quien ocupaba la plaza número 36847, no se ha nombrado su sustituto. La Dirección de Vigilancia de la Salud cuenta con una profesional, también hay otra en Planificación Estratégica y dos profesionales en Garantía de Acceso.

En atención a esta situación le solicitamos que no se permita el cambio de especialidad de las plazas vacantes de Trabajo Social y que si alguna jefatura considera que no requiere de este profesional, se traslade dicha plaza y código a alguna de las áreas que no lo tienen. De esta forma se puede avanzar en una mejor distribución del recurso humano.

En todo caso y debidamente legitimada para ello, la organización que nos honramos representar, solicita se nos tome en cuenta, de manera activa, en la toma de decisiones con base en el planteamiento que acabamos de formular.

Esperando poder reunirnos con su autoridad tan pronto como resulte posible, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Nuria Madrigal Soto
Presidenta Junta Directiva
Seccional ANEP – Trabajadoras Sociales Ministerio de Salud

¡¡¡URGENTE!!! Despidos anti sindicales en Goicoechea

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Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
Honorable señora Licda. Leda Villalobos Villalobos, Jefa del Departamento de Relaciones de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Estimados señores y estimada señora: Respetuosos saludos.

Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; invocamos las disposiciones legales que son en concernirle a la cartera de Trabajo y Seguridad Social para que ejerciendo su rol jurídico de “amigable componedor” de las relaciones obrero-patronales; proceda a convocar, CON CARÁCTER DE SUMA URGENCIA, a audiencia conciliatoria a la señora Alcaldesa de la Municipalidad de Goicoechea, señora Ana Lucía Madrigal Faerron, la cual se puede localizar al fax No. 22 53 79 46; correo electrónico: alcaldesa.goicoechea@munigoicoechea.com; también: ana.madrigal@munigoicoechea.com); y a la señora Licda. Hellen Zambrana Jiménez, Presidenta del Concejo de Goicoechea (la cual se puede localizar en el fax No. 22 53 11 31 y al correo electrónico: hzambrana3@yahoo.es), a efectos de deliberar con la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea y con esta Secretaría General de la ANEP, la siguiente agenda reivindicativo-laboral:

PRIMERO: Despidos violatorios del fuero sindical y la jurisprudencia constitucional al efecto: Casos de las compañeras CARMEN CHAVES ARAYA y SONIA LÓPEZ GUTIÉRREZ y del compañero GEOVANNY LÓPEZ VELÁSQUEZ, integrantes todos de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea.

SEGUNDO: Otros despidos ejecutados como forma de represalia por participación en movimiento laboral reivindicativo: reclamos salariales y de deudas por anualidades.

Dada la gravedad de la situación, ya no solamente en lo social (familias que se quedan sin su ingreso familiar); tenemos el tema de la cuestión de la violación a las leyes sindicales y, específicamente, de cara a los compromisos pendientes del país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de sobra conocidos por vuestras dignas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

De manera anticipada agradecemos la urgente atención a nuestra respetuosa solicitud.

Exoreros no han vuelto a explotar oro

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En la entrevista rechazan que sean ellos quienes están explotando oro en la zona. Según su información nadie está haciendo ese tipo de trabajo ilegal en los Parques Nacionales. Hay personas que, obviando la moratoria de minería a cielo abierto, está sacando oro de fincas privadas.

También rechazan, como insinúa el reportaje de Telenoticias, su relación con la matanza de animales silvestres en la zona.

Le piden al Gobierno que envíe a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que brinda los recursos necesarios para saldar la deuda de más de 20 años que tienen con este grupo de costarricenses, que viven en situación de pobreza.

Personas con discapacidad otra vez a la calle

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Este día lunes 25 de febrero, un importante grupo de compatriotas, personas con discapacidad, se reunirán en el Parque Central de esta ciudad capital, a las 9 de la mañana, sitio desde el cual marcharán, en sillas de ruedas principalmente, hacia la Asamblea Legislativa.

La actividad está propiciada por el grupo “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO; lográndose que el “Movimiento Mefi-Boset” (el nuevo agrupamiento de personas con discapacidad), se una al evento. Asimismo, ambas entidades tienen el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Según los representantes del “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO, “los proyectos de ley presentados en el congreso, referentes a la población con discapacidad no han sido consultados adecuadamente a la misma. Esto como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”. Se trata de la ley de la República No. 8661.

Esta razón motiva la actividad de este lunes 25 de febrero. “Asimismo, se desea resaltar que la consulta actualmente se realiza en un plazo de ocho días hábiles. Esto en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a expresar su voluntad especialmente si requieren de apoyos técnicos tales como formatos de audio, LESCO, braille, entre otros”, según lo indican los impulsores de esta marcha que, como se indica, cuentan con el respaldo de la ANEP.

Finalmente, agregan que “Así se hace patente la indiferencia de la que, por década, ha sido objeto este grupo. Con ello se invisibiliza a personas que, de contar con las herramientas adecuadas, podrían ejercer su derecho a expresar eficazmente su criterio en temas que les competen”.

El Movimiento de Vida Independiente y el Proyecto MORPHO, así como el Movimiento Mefi-Boset y la propia ANEP, tienen el pleno convencimiento de que esta acción, la anterior y otras que vendrán, marchando en la calle, han de servir como herramienta para lograr los cambios sociales que necesita la población con discapacidad y que son urgentes en la materia.

ANEP indica que el ciudadano don Carlos Barrantes Ulloa puede ampliar sobre el particular, localizándosele en los siguientes números celulares: 84 01 80 41 y 87 66 71 08.

¡El Juicio lo ganó la ANEP y punto!

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El compañero trabajador de la Policía Penitenciaria, Gerardo Cascante Vargas, con 26 años de laborar para la institución, dio un paso al frente y contra viento y marea, de la mano de la asesoría jurídica de la ANEP, logró el reconocimiento legal del pago de todos los llamados a Disponibilidad que él desempeñó, desde el año 2001 y que él pudo demostrar que las laboró, aportando la certificación oficial que así lo acreditó; pues él fue llamado a atender situaciones en la semanas en que estaba libre, porque si a un policía penitenciario le convocan en su tiempo libre a atender situaciones de cualquier naturaleza, eso es horas extra.

La Disponibilidad es la obligación de todo policía penitenciario por estar expectante, disponible para ser llamado en cualquier momento, porque su compromiso es de ser un policía de 24 horas, casi sin tener derecho a una privada.

Esta histórica sentencia demostró que una cosa muy distinta es el tiempo extra, otra, radicalmente diferente, es la Disponibilidad. Incluso, aún dentro del penal, si el tiempo de descanso sufre interrupciones, no se puede alegar disponibilidad, eso es tiempo extra.

El Estado, por tanto, deberá pagarle al citado compañero (quien además es el actual Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria), un monto por tal concepto que está por ser determinado; pero que, de manera histórica, abre paso para que todos los compañeros y para que todas las compañeras de la Policía Penitenciaria puedan hacer lo mismo que él hizo: demandar pago por Disponibilidad, por todas las veces de todos estos años en que han tenido que ejercerla; siempre y cuando logren la debida acreditación para entablar las correspondiente demanda, es decir, presentar la prueba requerida para abrir el proceso legal.

La ANEP, sin costo alguno, llevará los casos de quienes siendo afiliados o afiliadas a la organización, así nos lo pidan, siguiendo las instrucciones de rigor. ANEP no cobrará ni un centavo adicional por llevar estos juicios. Con el pago de la cuota de afiliación es suficiente.

ANEP alerta contra la presencia de elementos sin escrúpulos, ajenos a la cultura y a la vida laboral institucional y sindical de la Policía Penitenciaria, que pretenden lucrar, hacer plata, “pirateando” el gran esfuerzo de pensamiento jurídico-intelectual que hizo la ANEP para convencer a los jueces de que la Disponibilidad no es un pago por laborar horas extra.

ANEP alerta de que algunos de esos individuos supuestamente son abogados pero no acreditan ningún grado profesional ante el Colegio de Abogados de Costa Rica. ANEP alerta de que este tipo de gentes, carentes de principios, tienen una investidura sindical bastante cuestionada y, lo que es peor, se burlaron de la justa lucha de la Policía Penitenciaria, dada de la mano de la ANEP, a favor de que se pagara la deuda de homologación del año 2009, que, como bien sabemos, terminó con un rotundo triunfo al lograrse una ley de la República. Todo ello lo logró la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Si usted, compañero o compañera de la Policía Penitenciaria, desea reclamar el pago de Disponibilidad de ocasiones anteriores, diríjase a la oficina de seguridad de su centro penal (y también a los otros donde estuvo laborando anteriormente), para que le certifiquen todos los días que usted ha brindado Disponibilidad, desde que usted empezó a laborar, incluso. Esta certificación es vital para abrir el proceso judicial.

Con la certificación en mano, busque al compañero o a la compañera que ejerce como Delegado o Delegada Sindical de la ANEP-Policía Penitenciaria, pídale el formulario de “Otorgamiento de Poder Legal”, poniendo los datos que se le piden y firmándolo como lo hace en la cédula. Llene tres formularios: uno se lo dejará usted, otro la persona delegada y el tercero será entregado a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP para empezar el proceso.

ANEP buscará sentarse con las autoridades del máximo nivel de cartera de Justicia y Gracia para proponerles firmar un acuerdo de forma tal que se regule el pago de la Disponibilidad de ahora en adelante. A la vez, intentar llegar a acuerdos para saldar cada una de las deudas individuales y tratar de evitar costosos procesos legales que afectarán las finanzas institucionales y las del Poder Judicial mismo. Pero como esto no es seguro, es mejor empezar a abrir los procesos legales.

Espere en próximos días la reunión de su centro de trabajo. Hablaremos directamente con usted al respecto para mejorar la información y aclarar dudas.

Recuerde que como Policía Penitenciario tenemos dos luchas más que dar en el corto plazo:

PRIMERA: Que el Gobierno nos aplique el incremento salarial extraordinario, de 15 mil colones en promedio, que está recibiendo en estos momentos la Fuerza Pública (homologación).

SEGUNDA: Que se modifique el artículo 12 de la ley salarial médica para que nuestros próximos reajustes salariales, generales o particulares, se “desenganchen” de la estructura salarial de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que por ello estas personas pierdan ni un solo centavo de sus actuales salariales y ni un solo centavo de sus correspondientes pluses.

ANEP presenta denuncia contra Rolando González

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EXTRACTO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA EN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

San José, 21 de febrero de 2013.

Licenciada
Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Contralora General
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Los hechos y circunstancias a que se refiere esta petición son los siguientes:

Que el señor Rolando González Ulloa quién fungía como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), podría haber incurrido en una serie de actos y prácticas que podrían configurar posibles irregularidades en su función como Presidente Ejecutivo de la institución mencionada, estamos adjuntando las pruebas correspondientes y procedemos a continuación a detallar los hechos:

1- Cobro de suma millonario por concepto de vacaciones acumuladas y no disfrutadas:

Al hacer efectiva su renuncia a partir del 02 de febrero de 2013 se procedió con el pago de sus prestaciones en las cuales además de sus extremos normales, se le reconoció el rubro de vacaciones acumuladas no disfrutadas, monto que significó el 85% del pago de esas prestaciones, es decir, la suma de ¢ 3.863.868.81, de los ¢4.561.233.00 que fue el total de lo pagado.

Don Rolando estuvo por aproximadamente 3 años en la Presidencia Ejecutiva de la institución y entendemos que este tipo de funcionarios del alto nivel jerárquico en instituciones públicas se rigen por lo que establece el Código de Trabajo, y están excluidos de Convenciones Colectivas y Reglamentos Autónomos de Trabajo. Es decir, don Rolando tenía como sumo por cada año de laborado en el INDER, un periodo de 15 días de vacaciones; entendemos que el monto pagado por vacaciones corresponde a 36 días de vacaciones, de ser así hablamos de que se están pagando poco más de dos periodos acumulados.

Entonces aparte de que se están pagando periodos acumulados, lo cual pareciera no estar acorde con los pronunciamientos en esa materia por parte de la Contraloría General de la República; estamos adjuntando oficios firmados por el mismo Rolando González, a los funcionarios del INDER indicándoles que esta totalmente prohibido tener más de un periodo vigente de vacaciones, al parecer aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa. Por lo que creemos que este pago no procede, podría ser irregular y debe la Contraloría proceder con su investigación.

2- Estructura paralela en nombramientos de personal:

A continuación estamos adjuntando documentación que demuestra una serie de hechos presuntamente ilegales que han ocurrido en el Instituto de Desarrollo Rural ( INDER) en materia de nombramientos y en el manejo de fondos públicos, motivados por razones de índole política, durante la Administración del señor Rolando González Ulloa, ex Presidente Ejecutivo, y que se continúan perpetrando durante la Administración del señor Víctor Julio Carvajal Garro ahora Presidente pero que fungió como Gerente del primero durante su Administración.

Nos referimos al oficio ARH-267-13, del 19 de febrero de 2013, en donde queda en evidencia una serie de nombramiento que podrían ser irregulares, y sobre los cuales se pronuncia el jefe de recursos humanos del INDER, señor Ronald Aguilar Soto.

3- Compra de tres pizarras interactivas:

Tenemos información y además estamos adjuntando las facturas de la compra de tres pizarras interactivas para uso exclusivo de la Presidencia, la Gerencia y la Junta Directiva que fueron comprados bajo la Presidencia de Don Rolando. Estas pizarras tuvieron un costo superior a la ¢5.000.000,00 cada una, en total se pago una factura por las tres pantallas de ¢15.929.487.90.

No podemos más que cuestionar la compra de este tipo de artículos y su necesidad institucional en un momento en donde se han girado fuertes directrices de contención del gasto por parte del Gobierno en toda la institucionalidad para evitar precisamente compras y gastos innecesarios y sin justificación. Es importante mencionar que se desconoce algún estudio o informe técnico que justifique la compra de estos equipos, por lo que creemos fundamental que la Contraloría investigue estas compras y determine responsabilidades en caso de haberlas.

4- Caso de asignación de una parcela del IDA con intervención del señor Rolando González Ulloa a un tercero en donde podría mediar un posible tráfico de influencias:

Se trata del caso de la familia conformada por el señor Sergio Jiménez Rodríguez y la señora Sheila de los Angeles Cordero Arias, los cuales cumplían con todos los requisitos de adjudicación de una parcela y para sorpresa de ellos, cuando creían que la parcela se les adjudicaría, apareció el IDA haciendo otro estudio para adjudicar la propiedad a otra familia por solicitud por solicitud del entonces Presidente Ejecutivo señor Rolando González Ulloa, según consta en oficio OSG-30-2013 de fecha 01 de febrero de 2013, y firmado por el Jefe a.i de la oficina territorial de Guatuso, señor Daniel Alvarado Acuña, que indica lo siguiente:

“Pese a todo lo expuesto anteriormente, se cuenta con una solicitud verbal por parte del Presidente Ejecutivo don Rolando González Ulloa, para que se realice el estudio de selección y se estudie la posibilidad de que dicha parcela sea adjudicada al señor Olger Chávez Morales, cédula 6-292-106 y la señora Andreina Obregón Salazar, cedula 1-1432-481; por tal razón a nivel de la Dirección Regional, a través de la Unidad Agraria, ya se está trabajando en ese sentido”.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Rafael Àngel Mora Solano
Asesor Político

Se va a campaña dejando interrogantes

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Invitación a conferencia de prensa

Mañana jueves 21 de febrero, a las 10:00 de la mañana y en esta sede, plantearemos ante la opinión pública nacional un emplazamiento al ciudadano don Rolando González Ulloa, quien recientemente dejara la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA); para asumir la gerencia general de la campaña electoral del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), don Johnny Araya Monge.

El Lic. Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP; y el señor Rafael Ángel Mora Solano, Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP, indicarán, en lo específico, qué dejó sin “aclarar” el indicado exalto jerarca gubernamental cuando se fue del INDER para la campaña de don Johnny Araya Monge.

Gremios policiales se ven afectados por Incentivos Médicos

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Representantes de los gremios policiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y los encargados de la seguridad en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública se manifestaron, en conferencia de prensa, pidiendo el “desenganche” de la Ley de Incentivos Médicos de sus negociaciones salariales.

Los representantes policiales reafirman la posición de nuestro sindicato, en que no se está pidiendo ningún tipo de intervención en los salarios médicos, sino desligar de ahora en adelante esta ley con las negociaciones salariales de su gremio.

La solicitud expresa es reformar el artículo 12 de dicha ley salarial, artículo que afecta directamente a trabajadores y trabajadoras que, por poner un ejemplo, ganan de salario base cerca de 250 mil colones, en contraposición a los salarios millonarios de los médicos.

Son cientos de policías de todos los ámbitos que se ven afectados por este tema. El Gobierno dice que la Ley de Incentivos afecta cualquier tipo de negociación con ellos, ya que cualquier aumento repercute proporcionalmente en el salario médico. Dos ejemplos puntuales son el aumento de 15 mil colones que recibirá la Fuerza Pública, que se traducen en hasta 60 mil colones en algunos doctores, o el caso de Seguridad del MEP, que no logran finalizar la negociación del plus salarial por peligrosidad ya que esto implica, también, un aumento a los galenos.

En la ANEP seguimos con nuestra lucha, no contra el gremio médico, sino por la justicia salarial de los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos, como lo son los gremios policiales.

Municipalidades en las calles este 12 de febrero

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Este martes 12 de febrero de 2013, a partir de las 9 de la mañana, diversos grupos de trabajadores municipales se manifestarán, pacíficamente, en las afueras de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La idea es dejar un mensaje dirigido hacia los honorables jueces del máximo tribunal de la República, en el sentido de que no lleva razón la acción de inconstitucionalidad que presentó a finales del año pasado, de manera totalmente sorpresiva, la señora Contralora General de la República, Licda. Martha Acosta Zúñiga, en contra de la cesantía sin tope existente en las municipalidades de San José y de Turrialba, en el marco de sus respectivas convenciones colectivas de trabajo.

En las municipalidades existen gran preocupación y enorme agitación dado que se considera que la indicada acción de inconstitucionalidad es el preludio de otras por venir, también cuestionando cesantías municipales sin tope ó con tope mayor a ocho años; abriéndose paso a cuestionar otros derechos laborales conquistados en años de lucha y hasta la misma existencia de los indicados instrumentos del Derecho Colectivo de Trabajo.

El “tabú” de la cesantía sin tope fue roto en Costa Rica desde hace bastante tiempo, de diferentes maneras: a) mediante el sistema solidarista; b) muchas empresas privadas liquidan anualmente a su personal y lo vuelven a contratar; c) la Ley de Protección al Trabajador (LPT), así lo hizo, aunque parcialmente (3 %); d) vía negociación colectiva en el sector Público (topes de 12, de 15, de 20 años); e) en municipalidades sin tope, a través de la Convención Colectiva de Trabajo.

Por tanto, no lleva razón la señora Contralora General de la República, al calificar como “odioso privilegio” ante la Sala IV, que en las municipalidades de San José y de Turrialba, toda la vida la cesantía ha existido sin tope, como derecho real. Es más, en su propia entidad, la Contraloría General de la República, según tenemos entendido, la cesantía sin tope existe vía sistema solidarista. ¡Qué paradoja!

Para el personal municipal de Costa Rica, especialmente la gran mayoría del mismo que son trabajadores operativos, de campo, la cesantía sin tope es un pequeño “capitalito” al momento de pensionarse, pues la pensión les queda muy baja al ser, también, bajos sus salarios. Con ese “capitalito” podrán tener un nivel de vida en la tercera edad de más dignidad.

Valga indicar que el salario mensual de la señora Contralora General de la República, es de unos 5 millones 400 mil colones. En tres meses, su ingreso salarial total es de unos 16 millones 200 mil colones.

Para un trabajador municipal de campo, un recolector de basura (en las municipalidades de San José y de Turrialba), esa cantidad equivale a unos 40 años de trabajo continuo, si hablamos de un salario bajo de 400 mil colones por mes; lo que es similar a hablar de 40 de cesantía: unos 16 millones de colones; suma prácticamente igual a tres meses de salario de tan distinguida jerarca pública.

De ahí la profunda indignación que la acción de inconstitucionalidad de la señora Contralora haya causado tanto enojo. Esta es la razón de ser del evento de protesta de calle de este martes 12 de febrero y de los que luego seguirán.

Se esperan manifestantes provenientes de las municipalidades de San José, Turrialba, Goicoechea, Santa Ana, Moravia, Curridabat, Coronado, Montes de Oca, Limón, Nicoya, Guácimo, Aserrí (entre otras).

Los y las manifestantes entregarán un manifiesto ante la alta magistratura de la Sala IV, esperando que alguno de sus dignatarios les reciba.