Presidente del INS viola el asueto Presidencial

GUILLERMO CONSTENLA VIOLA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL DE ASUETO POR VISITA DE OBAMA, DESCONTANDO OBLIGATORIAMENTE UN DIA DE VACACIONES A LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES DEL INS Y OBLIGANDO AL RESTO QUE TAMBIEN ESTA CUBIERTO POR LA DIRECTRIZ A LABORAR OBLIGATORIAMENTE EL DIA VIERNES 3 DE MAYO.

VIOLENTA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PONE EN RIESGO A TRABAJADORES DEL INS Y AL PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL ESTABLECIDO PARA ESTE EVENTO.

ANEP Y UPINS REPUDIAMOS ESTE HECHO Y HEMOS PROCEDIDO A PRESENTAR FORMAL AMPARO DE LEGALIDAD EN EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Guillermo Constenla y la Administración Superior del INS, desconocen los alcances de la Directriz Ejecutiva N°047-MTSS, fundamentada en el Decreto Ejecutivo de declaratoria de interés público 37640-RE, con motivo de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, señor Barack Obama; directriz que dicta ASUETO para el día viernes 3 de mayo en varios cantones de la provincia de San José y el Cantón Central de Alajuela, por lo que ANEP y UPINS manifestamos lo siguiente:

1.- Que mediante oficio SDRH-01436-2013, del 22 de abril del 2013, de la Subdirección de Recursos Humanos del INS, se determinó dar vacación obligatoria a los empleados de las oficinas centrales del INS en San José; y que además el día hoy se publicó en diferentes medios de comunicación lo siguiente:

“Que únicamente nuestras Oficinas Centrales, ubicadas frente al Parque España, permanecerán cerradas el próximo viernes 3 de mayo con motivo de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Todas las demás instalaciones en San José y el resto del país permanecerán abiertas con normalidad.”

2.- Que ante estos hechos, conjuntamente la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Unión del Personal del INS (UPINS), hemos presentado el día martes 30 de abril ante el Tribunal Contencioso Administrativo, AMPARO DE LEGALIDAD contra el Instituto Nacional de Seguros, por violación al principio de legalidad y violación a la Directriz Ejecutiva 047-MTSS.

3.- Dada la manifiesta ilegalidad de la decisión administrativa, para los trabajadores de Oficinas Centrales NO debe darse el rebajo del día como vacación obligatoria.

4- Si se está obligando a las trabajadoras y trabajadores de los centros de trabajo en los cantones que se decretó el asueto, a trabajar el día de mañana, advertimos que eso es también otra ilegalidad que puede ser recurrida por los trabajadores ante las instancias correspondientes.

Preguntamos: ¿Conoce Guillermo Constenla o su Administración en el INS, de los cierres de carreteras, de accesos al centro de San José, y del gran problema de movilización que se va a dar mañana? Esto es un tema de legalidad, pero también de sentido común. El Poder Ejecutivo decretó los asuetos en esos cantones, no porque se les ocurrió. Hubo un fundamento para ello. Se está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores del INS y se está obstruyendo el operativo del Gobierno. Estos elementos deben tomarse en cuenta.

5- ANEP y UPINS reiteran que harán absolutamente todo, incluyendo las acciones políticas y jurídicas que sean necesarias, para que esta administración aprenda a respetar los derechos laborales y dejemos de ser tratados como una empresa privada con “dueño”.

6- Exhortamos a la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla, para que sancione esta falta de respeto a su autoridad, y obligue al funcionario público Guillermo Constenla Umaña, a cumplir con el principio de legalidad y a respetar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del INS.

San José, jueves 2 de mayo de 2013.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Freddy Sandí Brenes, Secretario General UPINS

Paro en la Municipalidad de San José

Un importante paro de labores, contra la administración por violentar los derechos de las y los trabajadores, es liderado por la Seccional de la ANEP en la Municipalidad de San José.

Los siguientes son los puntos por los cuales la clase trabajadora municipal están en paro.

1- Continúan irrespetando la normativa municipal existente, como el Código Municipal, el Manual de Puestos, la Carrera Administrativa y nuestra Convención Colectiva. Ya que se atropellan los derechos de las personas en propiedad y los interinos, ya que sólo se les permite participar en concursos a nivel municipal y no a nivel interno.

2- Se nombra a dedillo personal en plazas vacantes y a conveniencia de la jefatura. Se irrespeta el Manual de Puestos al incluir requisitos inexistentes, para nombrar amistades de las jefaturas. También se eligen funcionarios para que participen, aunque no cumplan con los requisitos solicitados, tal es el caso del nombramiento de una jefatura donde no se exigió colegiatura al día.

3- Solo a un grupo privilegiado del personal se les permite trabajar y cobrar horas extra, dejando a muchas personas sin la posibilidad de un poco más de sustento a sus hogares.

4- Varios jefes de departamento y sección abusan de su poder en todo sentido: persecución laboral, sexual, sindical, sicológica y verbal contra el personal a su cargo. Tan descabellada es esta situación que quieren despedir a una compañera interina por el accidente de derramar un café.

5- Explotación de las personas en carácter de interinos sin darles estabilidad laboral. Tenemos gente con hasta 7 años esperando una plaza.

6- Persecución sindical a los Directivos de Seccional y a nuestros Delegados. La vivencia del Presidente de Seccional, don Antonio Ortíz Fiorabanti y del compañero Juan Carlos Barrantes, son sólo un ejemplo.

7- Las secciones de recolección, parques, bacheo, hidrología y limpieza urbana continúan en pésimas condiciones operativas y administrativas. Existe en las secciones citadas un abandono de 20 años y parece que viviremos otros 20 años igual.

Les informamos a todo el personal administrativo y operativo que la administración municipal pretende irrespetar a la Seccional de ANEP y por ende a los trabajadores y trabajadoras, alargando las fechas de reuniones con la Alcaldía y que está tratando de amedrentarnos con situaciones a nivel laboral que deben ser vistas por las intancias respectivas.

Los derechos no se mendigan, se defienden en las calles.

Huelga en la Municipalidad de Aguirre

Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Aguirre amanecieron este martes 23 de abril en las calles, no realizando su trabajo habitual, sino manifestándose en contra de la actitud de puertas cerradas de la alcaldesa en varios temas sensibles.

Desde hace 3 semestres, 18 meses en total, la Municipalidad no procede a realizar los aumentos salariales de ley. Nadie da razones, nadie habla con la representación de trabajadores y trabajadoras. La alcaldesa Isabel León Mora, nunca ha respondido al llamado de negociación de nuestro sindicato. Tanto es así que se nos ha dejado plantados, junto a los representantes del Ministerio de Trabajo, en dos ocasiones donde se solicitó audiencia para tratar el tema.

Además, recientemente nos enteramos de la denuncia que realizó la alcaldesa León, a la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad. Desde el instante mismo de la notificación de la denuncia, hemos insistido una y otra vez poder reunirnos con las autoridades municipales, para plantear la renegociación de dicha Convención. Por supuesto el resultado ha sido siempre el silencio.

Otro tema importante es el no pago de las horas extra. Además de que no se está cumpliendo con esta obligación de ley, pagar las horas trabajadas fuera del horario habitual, la Alcaldía abre procesos disciplinarios contra las personas que hozan reclamar este derecho, al punto de que hay compañeros y compañeras suspendidos por varios meses, ya que acudieron a instancias superiores legales para reivindicar su derecho al pago de horas extra.

Por último, el manejo oscuro del tema del interinazgo en la Municipalidad también nos convocó a las calles. No hay ninguna claridad, para las personas que laboran fuera del ámbito de la “propiedad”, sobre su condición laboral, en si son interinos o jornales ocasionales. Todo, o casi todo, el personal que está en esta condición, es despedido cada cierto tiempo, “mandado a vacaciones no pagas” por quince días, para después ser recontratados, y así no generar continuidad laboral. Por supuesto sin pagar aguinaldos y demás obligaciones.

Un grupo importante de representantes sindicales se encuentran en Aguirre para tratar de solventar este problema. Al parecer las autoridades de este país sólo entienden razones cuando el pueblo de Costa Rica se tira a las calles.

Manifiesto Peticional de los Policías

San José, lunes 22 de abril de 2013.

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República

Estimados señores y estimadas señoras:

Las personas trabajadoras asalariadas integrantes, como servidores públicos y como servidoras públicas de los cuerpos de seguridad del país Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería, que en este día nos estamos manifestando presencialmente; recogiendo además el sentir de nuestros miles de compañeros y de compañeras de labor que por razones obvias, físicamente no están acompañándonos hoy pero moral y emocionalmente están también aquí; en gran unidad laboral venimos al parlamento costarricense y a la Presidencia de la República, organizados en nuestra legítima agrupación sindical que nos representa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con sus correspondientes seccionales (ANEP-Fuerza Pública, ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Migración y Extranjería); para con el máximo respeto planear lo siguiente:

PRIMERO: Que se proceda a la modificación de los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, de 22 de diciembre de 1982; artículos que se han convertido en la “excusa perfecta” de los sucesivos gobiernos para limitar las posibilidades de mejores reajustes salariales semestrales por costo de vida y para más justas revaloraciones salariales extraordinarias y gremiales, en los sueldos que se pagan a los y a las integrantes de las diferentes policías del país que están dentro del Poder Ejecutivo.

Particularmente, nos referimos a las representaciones presentes en este acto de manifestación cívica y pacífica: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería; pero que también incumbe y afecta a la Policía de Tránsito, a los guardas de las instalaciones educativas públicas a cargo del Ministerio de Educación Pública MEP (escuelas y colegios), así como a los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Igualmente, como bien se sabe, toda esta situación afecta a otros servidores y a otras servidoras, de otras ramas del servicio público distintas del policial del Poder Ejecutivo que devengan los más bajos salarios del Gobierno Central.

Varios honorables señores legisladores y señoras legisladoras han ofrecido sus buenos oficios para materializar esta necesaria modificación legal, razón por la cual les instamos a impulsar, negociando entre sí y con nuestra legítima representación, lo correspondiente.

Valga indicar que el “desenganche” no es posible variando el decreto ejecutivo ligado a la ley salarial médica. El “desenganche” tiene que quedar claro, total y radicalmente, sin la menor confusión jurídica y esto sólo es posible si se varían los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836.

Lo que nuestra organización sindical ANEP ha planteado al país como el “desenganche”, si bien es cierto no resolverá de manera inmediata, mágica y súbitamente, la situación salarial de los y de las policías del Gobierno Central; sí abre posibilidades para discutir sin la presión del impacto de nuestros incrementos en la estructura salarial médica, cuál debe ser, en realidad, la política pública para con nosotros, los y las policías, salarial y reivindicativamente hablando; considerando que la sociedad exige y demanda más y mejor Seguridad Ciudadana, pero no se decide a una gratificación plena de quienes estamos a cargo de la misma en las calles, en las cárceles, en los puestos fronterizos, en las carreteras y similares.

Los y las policías de Costa Rica, especialmente quienes pertenecemos a los indicados cuerpos de seguridad, denunciamos que el creciente problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza, también nos hace sus víctimas; ya no solamente por la presión interna en el seno de nuestras familias que genera la naturaleza de nuestro trabajo y la mala paga que por él se nos da; sino que nos obliga a enfrentarnos, a riesgo de nuestras propias vidas, con muchas de esas situaciones de injusticia social que escenifican personas que han quedado por fuera de los procesos de integración social, hoy cada vez menores, teniendo que incurrir en la delincuencia para sobrevivir.

SEGUNDO: Urgimos a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se proceda con la tramitación del expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública”; una iniciativa de ley salida del mismo seno del Poder Ejecutivo, con el impulso laboral oportuno, en la administración gubernativa anterior.

Se hace necesario que se incluya en la misma a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz; de la misma manera que se debe explicitar el acceso a tal eventual legislación del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, aunque su pertenencia legal al Ministerio de Gobernación y Policía (ente jurídico que está vigente), tácitamente les incorpora en ese expediente legislativo No. 17.695.

Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alternaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.

TERCERO: Urge atender los siguientes aspectos reivindicativo-salariales pendientes según detalle; asuntos éstos que han venido generando un clima de tensión laboral, frustración profesional, desestímulo y decepción a lo interno de los cuerpos policiales cuyas representaciones en manifestación hoy, lunes 22 de abril de 2013, estamos dejando en evidencia la naturaleza de nuestro malestar.

1- Inconformidad con el más reciente reajuste por manual de puestos en la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones a la base, en promedio, cuando las expectativas que se forjaron (mediando un gran nivel de irresponsabilidad y de demagogia), hablaron de una cifra hasta diez veces superior. La división de clase intergremial en el seno de la Fuerza Pública sigue, prácticamente intacta: Su máxima cúpula política y la alta oficialidad gana bien, pero muy bien (y esto es justo); pero y pese al cuestionado y reciente reajuste, el personal de base, el de a pie, el que recorre las calles y enfrenta, directa y físicamente a la delincuencia, sigue ganando mal, pero muy mal. Esto debe ser revisado y pedimos abrir los espacios pertinentes para lo que corresponda.

2- El indicado y cuestionado monto que han recibido los y las integrantes del personal de base de la Fuerza Pública, debe ser aplicado al salario base de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria y de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de inmediato; razón por la cual urgimos de que se coordine lo pertinente exhortando al Gobierno de la República, especialmente al Ministerio de Hacienda, y con el apoyo político-legislativo, para que emita la directriz pertinente. Particularmente, es más que urgente que al centenar de oficiales con plaza de Fuerza Pública que están prestados a la Policía de Migración (porque ésta tiene un gran faltante de personal), se les apliquen los no muy “queridos” 15 mil colones a la base aplicados al personal policial raso de la Fuerza Pública. En esta última situación están integrantes de lo que se denomina Policía Aeroportuaria, a quienes también hay que aplicarles tal reajuste.

3- Es perentorio que se defina el nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Su tramitación, excesivamente dilatada, se ha dado en una atmósfera de “misterio” y de opacidad. La nueva Ley General de Migración ya vigente, ordenó la profesionalización de su policía especializada y si “por la víspera se saca el día”, dado lo que aconteció con el Manual de Puestos del personal de base de la Fuerza Pública; otra gran decepción (_“alegrón de burro”_) puede ocurrir en el caso del personal policial migratorio del país. Alertamos sobre ello y pedimos a sus integrantes, luego de esta manifestación, la más alta atención y disposición movilizatoria.

En el caso de la Policía Penitenciaria, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, debe acelerar, conforme a petición que ya le hiciera la ANEP, el proceso de negociación para el reconocimiento de las deudas salariales que se han acumulado por labores de Disponibilidad prestadas y no reconocidas salarialmente, adeudadas. Estos compromisos financieros del Estado con sus policías penitenciarios son inobjetables, legal y jurídicamente hablando.

La ANEP, en sede constitucional y gracias a la gestión del servidor policial de Migración y Extranjería, don Gerardo Mora Ordóñez (el atleta corredor que con su caminar ha motivado esta manifestación), logró un histórico fallo de la Sala IV a favor del personal policial que debe prestar servicio en condición de Disponibilidad. Y como si este fallo no fuese suficiente, otro servidor policial, en este caso de la Policía Penitenciaria, don Gerardo Cascante Vargas, logro en sede judicial una sentencia a su favor, con la asesoría jurídica de la ANEP y en este mismo ámbito de la obligación estatal de pagar la situación de Disponibilidad de sus policías.

Exigimos una mesa resolutoria de pago en sede administrativa, para quien así lo quiera, de las deudas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz con sus policías penitenciarios por disponibilidades laboradas y que cada servidor o servidora ha venido documentando y lo hará en próximos días.

A la Administración le resulta más beneficioso un reconocimiento en sede administrativa que enfrentar los costos de un proceso judicial largo y engorroso, toda vez que siempre el trabajador ganará; y, a su vez, éste, si esa es su voluntad, se puede evitar ir a la vía judicial por un larguísimo período de varios años (hasta ocho según algunos expertos dado el volumen de reclamos en proceso), librándose así de ser explotado por abogados inescrupulosos que solamente pretender lucrar con las necesidades de reivindicación laboral del personal penitenciario costarricense.

CUARTO: Finalmente, a nivel institucional y en cada uno de los tres cuerpos representados en esta manifestación urgen procesos internos para:

1) Fuerza Pública: Reducir el maltrato, la denigración, la humillación y amenaza del traslado ante la protesta; la racionalización de la aplicación del modelo de evaluación; eliminar la práctica del “amiguismo” y el “favoritismo” por sobre el profesionalismo, la capacidad y el compromiso; acabar con la deshumanización de los roles de servicio…

2) Policía Penitenciaria: El desempeño de las jornadas y de los roles dentro de la misma, en colisión cuando se dan incapacidades y/o vacaciones, ante una práctica nociva de “reposición de tiempo”; la misma naturaleza del descanso intramuros según varias sentencias judiciales emitidas al respecto; la reglamentación futura de la práctica del concepto de Disponibilidad; entre otros.

3) Policía Profesional de Migración y Extranjería: Definición compartida de los horarios para combinar la necesidad del servicio, con la humanización de su desempeño y con la escasez de personal, mismo que necesita ser reforzado con nuevas contrataciones.

Igualmente también dejamos constancia de que este nuevo episodio de la lucha emprendida por la ANEP para la plena reivindicación de los principales cuerpos de policía y de seguridad de Costa Rica adscritos al Poder Ejecutivo, forma parte de un proceso que arrancó en la administración gubernativa anterior y que culminara con un acuerdo a finales del año 2009.

Han pasado unos casi seis años de haberse iniciado este proceso y nuestro caminar sigue en pie a favor de que la sociedad, su clase gobernante, el país, sepa en qué condiciones ha venido teniendo al personal de servicio público encargado de las tareas de Seguridad Ciudadana; qué estamos reclamando y cuál es la justicia que esperamos, en una tarea que como comprobado está, no solamente se nos afecta nuestro entorno sociofamiliar y comunal; sino que en esa tarea se nos va la vida misma.

Finalmente, dejamos constancia de nuestra responsabilidad para con la institucionalidad republicana que nos ha sido confiada con el ejercicio de las tareas de Seguridad Ciudadana en cada uno de los ámbitos de política pública en el cual nos desempeñamos laboralmente, como policías.

Anunciamos nuestra disposición de continuar en esta senda de lucha cívica, de la mano de la ANEP, hasta una plena reivindicación estratégica de nuestro valioso quehacer para el país.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP

Máinor Anchía Angulo
Policía Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

Adrián López Matarrita
Policía Fuerza Pública
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

Héctor Prado Monge
Policía Penitenciario
Directivo Nacional ANEP
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Gerardo Cascante Vargas
Policía Penitenciario
Vicepresidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Gerardo Mora Ordóñez
Policía de Migración
Integrante de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

Cristina Fernández Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

Javier González Villalobos
Policía Fuerza Pública
Delegados y delegadas sindicales
ANEP-Fuerza Pública

cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Olman Segura Bonilla, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Dr. Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, oficiales de las policías Fuerza Pública, Policía
Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Don Gerardo Mora corre por los derechos policiales

El integrante de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, oficial Gerardo Mora Ordóñez, quien es integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Migración y Extranjería, ha salido esta mañana de sábado 20 de abril, desde la Comandancia de Puntarenas, rumbo al Parque Central de San José, en recorrido atlético de unos 80 kilómetros; dando así al “banderazo de salida” de la importante manifestación policial del próximo lunes 22 de abril, promovida por la ANEP, en el Parque Central de San José y en ruta hacia la sede de la Asamblea Legislativa.

El recorrido maratónico del policía Gerardo Mora Ordóñez se hará en tres tractos: Puntarenas-San Ramón, San Ramón-Alajuela, Alajuela-San José. La meta será, precisamente, el Parque Central de San José este próximo lunes 22 y con su llegada, alrededor de las 10 de la mañana, la manifestación dará comienzo oficialmente.

La manifestación policial indicada integrará a oficiales de la Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria y de la de Migración y Extranjería.

Las motivaciones centrales de esta protesta policial son dos: La reforma a la Ley General de Incentivos Médicos, No. 6836, de forma tal que la estructura salarial del personal de ciencias médicas del país se “desenganche” de la estructura salarial de puestos del Poder Ejecutivo, incluyendo los policiales. Esta situación genera que cada mil colones de aumento salarial en estas policías, se convierte en un aumento de hasta 4 mil colones en el salario médico.

La segunda motivación central tiene que ver con aspectos reivindicativo-salariales de este gran grupo de servidores públicos del país que están pendientes de resolución, que no son del todo satisfactorios; de forma tal que se desea con la manifestación del próximo lunes 22 llamar la atención de la sociedad sobre las condiciones de empleo y de salarios en que ésta tiene a sus cuerpos policiales más importantes.

Se debe acabar la desconcentración hospitalaria

El grupo multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” denunció tres nudos que impiden su correcto desarrollo en las actuales circunstancias del país y que, sin duda, son las razones que provocaron la crisis en que se encuentra nuestra, la querida Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a saber:

  • El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios.
  • El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la enfermedad.
  • El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

Se han vulnerado los nobles principios pilares de la seguridad social; fundamentalmente la solidaridad (incluida la financiera), así como la misma universalidad de los servicios.

Es evidente que en doce largos años la incapacidad institucional para resolver problemas como las listas de espera, la actitud cómplice de direcciones médicas, de direcciones regionales, de gerencias y sucesivas juntas directivas, con la competencia pseudoprivada que subsidia la Seguridad Social, como aquellos y aquellas profesionales en ciencias médicas que, al mismo tiempo se dedican a sus consultorios privados; o incluso, el presunto maquillaje de cifras (hecho denunciado ante el Ministerio Público); son solamente algunas expresiones de lo que ha representado la mala gestión institucional originada por intereses políticos de corto plazo, así como de los manejos gremiales corporativos que enfrenta a la población asegurada con un pequeño grupo de profesionales que sólo vela por sus propios intereses, en perjuicio de la equidad y oportunidad de los servicios que recibe la ciudadanía asegurada, básicamente la clase trabajadora.

Es posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de que se hacía necesario revertir el proceso de desconcentración hospitalaria que otorgó a los entes desconcentrados potestades de gestión directa económico-administrativo y del recurso humano en 16 hospitales y 18 clínicas de la institución, en las que se han detectado en no pocos casos, seriesísimos problemas de corrupción y mal uso con los recursos, derivados de las cotizaciones obreras, principalmente, con lo cual se sostiene el sistema de salud costarricense.

Al ser tan evidente lo sucedido con el fracaso de la desconcentración, en nada se justifica que a directores de los entes desconcentrados se les siga pagando de un 30% a un 50% adicional a sus salarios; razón de más para que sea suspendido ese pago de inmediato a todos aquellos que lo estén recibiendo. Esto es una exigencia que realizamos a la actual junta directiva de la institución.

La Caja Costarricense del Seguro Social es del pueblo y por ello se hace absolutamente necesario agilizar un proceso de amplia participación social que sustente las mejores ideas y esfuerzos para sacar a la Caja de la crisis a que fue conducida por los intereses que inciden en la mala gestión y en la crisis en que se encuentra.

Las entidades multisectoriales “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, ha presentado su propuesta a la señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República; a la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República; a la junta directiva institucional de la Caja en la persona de su Presidenta Ejecutiva, la doctora Ileana Balmaceda Arias; quienes han manifestado complacencia, coincidencias y voluntad política para con nuestra propuesta.

Llegó el momento de la verdad; llegó el momento de mover voluntades alrededor del Seguro Social; llegó el momento de desterrar la intromisión política, el desorden, el clientelismo, los intereses gremiales abusivos; llegó el momento de expulsar a los mercaderes del templo que hacen negocios con la salud del pueblo; llegó el momento de desterrar la intromisión político-partidaria de los asuntos de la Caja…

Si revisáramos lo que aconteció en los momentos en que se impuso la tal desconcentración hospitalaria, nuestra posición fue diáfana: en contra. El tiempo nos dio la razón.

A todos los que recibimos beneficios de la Seguridad Social nos llegó el momento de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para heredar a las nuevas generaciones una institución caracterizada por el manejo transparente, responsable, eficiente y de calidad, en lo financiero, en lo administrativo y de su valioso recurso humano. Es urgente que los actores de la sociedad civil sean convocados a debatir sobre el presente y futuro de la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS). La Patria espera…

Logros sindicales en las municipalidades de Escazú y San José

Con suma alegría les compartimos dos actas producto de acuerdos conciliatorios generados con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en los casos de las municipalidades de San José y de Escazú. En este segundo caso, Escazú, al haberse extinguido el sindicato “local”, con el cual estaba firmada la Convención Colectiva de Trabajo todavía vigente, la próxima CCT será con la ANEP, tal y como puede verse en el acuerdo aquí adjunto. Además, se incluyen importantes acuerdos sobre el tema salarial del personal de la Municipalidad de Escazú.

En el caso de la Municipalidad de San José, el acuerdo concilitario aquí adjunto, establece que la Quinta Convención Colectiva de Trabajo está plenamente vigente; que la misma no puede ser renegociada sin la ANEP (que es el sindicato mayoritario), tal y como espuriamente se pretendió por parte de algunas dirigencias sindicales locales; y que, cualquier modificación a futuro, incluso la eventual nueva Convención Colectiva de Trabajo, la ANEP debe ser tomada en cuenta. El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así lo corroboró en pronunciamiento emitido luego de las argumentaciones jurídicas que la ANEP formuló ante esta sede.

Esta ha sido la esencia de las diversas movilizaciones de calle realizadas por el personal de la Municipalidad de San José en las últimas semanas, pues el determinado momento alguien “pensó” que había llegado el momento de deshacerse de la ANEP y firmar una “sexta” convención sin la participación del sindicato mayoritario en la Municipalidad de San José que es la ANEP. Y en lo específico, modificar el artículo de la cesantía actual, sin limite, a una de 20 años, cosa que las bases laborales de la ANEP en esta municipalidad rechazaron siempre pero que algunos quisieron amañar un acuerdo contrario. Ahora a esperar lo que la Sala IV defina en tal sentido y no descartamos un nuevo movimiento ante la misma.

Sin duda alguna este ha sido un proceso duro pero tuvimos una seccional ANEP-MSJ muy valiente, encabezada por el compañero Antonio Ortiz Fiorabanti, así como una asesoría juridico-política de lujo con los aportes de los compañeros Mauricio Castro Méndez y Rafael Ángel Mora Solano. Agradecemos también a todos los compañeros y a todas las compañeras del equipo de trabajo de la organización que estuvieron apoyando la lucha en la Municipalidad de San José. Ésta no ha terminado, por supuesto, pero hemos logrado el éxito de una fase trascendental: salvar la convención y que la ANEP no puede ser sacada de la misma.

Personas con discapacidad exigen presencia en formulación de material didáctico

Asociación de Emprendimiento Tecnológico Inclusivo (ADETI)
Seccional ANEP-Mefi Boset-Personas con Discapacidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad

Manifiesto a la opinión pública nacional
Emplazamiento al MEP:

Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad; específicamente con relación a la calidad de la Educación que reciben los y las estudiantes con discapacidad en Escuelas de Enseñanza Especial y Aulas Integradas.

Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad, estamos solicitando a través de esta petitoria a las autoridades del Ministerio de Educación, que se les de intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.

En esta línea, planteamos que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Teniendo en cuenta, que desde siempre nuestros hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo, según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.

Históricamente esto ha ocurrido porque las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de derechos humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas.

En nuestras familias valoramos la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos.

“Contribuyendo al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados.”

La petitorio se concentra en trece puntos centrales:

1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, esta indica que:

“Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad: Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad”.

Al respecto, se refiere al particular la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 4, inciso 3, sobre las Obligaciones Generales:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

En este caso, el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial ,es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.

2. Por tanto requerimos se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no solo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil, sino ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes

3. Requerimos se homologue el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.

4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no solo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos Centro Educativos.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los Centros Educativos de Educación Especial para que estos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.

6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.

7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.

8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.

9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.

10. Exigimos pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.

11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.

12. Exigimos una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá de disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la componen nuestra sociedad.

13. Requerimos la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.

San José, lunes 8 de abril de 2013.

Firmas responsables:

Roberto Sánchez Leitón,
Mario Alvarado Porras, Presidente, ADETI
Verónica Picado Loaiza, Por familiares y personas solidarias
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Exoreros realizarán marcha en Puerto Jiménez

Este domingo 7 de abril, en el distrito de Jiménez, del cantón de Osa, provincia de Puntarenas, más específicamente en la localidad de Puerto Jiménez, unas 300 personas se congregarán y desfilarán por las calles del pueblo, demandando del Gobierno de la República una atención más ágil hacia el pago de indemnizaciones pendientes establecidas para la protección más sólida de la increíble riqueza natural costarricense que se concentra en el Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, de proyección e impacto mundial y de una reconocida reserva aurífera.

La decisión-país de preservar tal patrimonio natural obliga a la sociedad a velar por la situación socioeconómica de las personas trabajadoras que por años han logrado su sustento familiar extrayendo oro de dicho parque nacional; actividad que, afortunadamente, quedó del todo prohibida.

Por tanto, se hace necesario proceder con el pago de indemnizaciones a esas personas que se quedaron sin ninguna fuente de ingresos económicos dado que el “oreo” era su única entrada financiera para los correspondientes núcleos familiares.

Unas 720 personas se han aglutinado en torno a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundando la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, cuya dirigencia ha realizado diversas gestiones, especialmente ante los ministerios de la Presidencia y de Ambiente y Energía (MINAE).

ANEP reconoce que ha habido interés gubernamental en este grave problema social y, particularmente, desde el Ministerio de la Presidencia se la venido prestando atención calificada. No obstante, la situación de pobreza de todas estas personas es de tal gravedad que si tales indemnizaciones no llegan pronto, se corre el riesgo de una invasión sin control a las áreas protegidas de Corcovado y Piedras Blancas, para “orear”, enfrentando riesgos de enfrentamiento con los guardaparques de consecuencias imprevisibles.

ANEP deja constancia de que ninguna persona exorera cuyos intereses está representando esta organización, está metida en estos momentos en los terrenos protegidos indicados y no invadirán para nada los mismos, aunque los niveles de desesperación son tan altos que el control se dificulta para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas.

En todo caso, la posición oficial de ANEP es de total respaldo a la prohibición de todo tipo de actividad extractiva en ese patrimonio ecológico nacional y mundial, especialmente la extracción aurífera.

ANEP espera que con la manifestación de este domingo 7 de abril de unas 200 personas, por las calles de Puerto Jiménez, alrededor de las 10 de la mañana, el clamor que genere abra más las sensibilidades gubernamentales para resolver este conflicto social en desarrollo de la mejor manera.

Más detalles los puede brindar el ciudadano Navid Sobrado Obregón, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, en el teléfono celular No. 88 23 03 12.

Gran actividad sindical en La Carpio

El pasado viernes 22 de marzo, en la comunidad de La Carpio (La Uruca), habitada en su abrumadora mayoría por población migrante de origen nicaragüense, básicamente; una organización sindical de Nicaragua, la más grande de ese país: el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), y su homóloga costarricense, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dieron inicio a la implementación operativa del más reciente acuerdo sindical-bilateral “Para la organización y defensa de los Derechos Humanos y Laborales de los Trabajadores Inmigrantes”.

El eje central del acuerdo es brindar sensibilización y conocimiento de la naturaleza de los derechos laborales, económicos y sociales que protegen a la clase trabajadora asalariada y no asalariada migrante en el país, en especial, la proveniente de Nicaragua que, como se sabe, en Costa Rica es muy grande. Además, orientación para la regularización de la situación migratoria en suelo costarricense.

Toda esta actividad será en la propia comunidad, en las noches y en los fines de semana; tanto en esta comunidad de La Carpio, como en la de Guararí, en Heredia. Entre elementos de motivación y de fundamento para la experiencia, se tendrá la tesis de Sindicalismo Ciudadano que viene promoviendo la ANEP.

Desde una perspectiva sindical tica, la importancia de evitar la evasión patronal, de evitar la subdeclaración salarial, de combatir el atropello a la Libertad de Organización Sindical y la precariedad salarial, ayudará a fortalecer nuestro sistema de Seguridad Social, especialmente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); considerando que los servicios de salud y de asistencia social se bridan a la población laboral migrante pese a la creciente irresponsabilidad empresarial de deshonrar el cobro correcto, la declaración honesta y la no entrega de las cotizaciones obrero-patronales, en no pocos casos de fuerza laboral extranjera.

Viajó hasta el país una delegación del FNT-Nicaragua con tal propósito, encabezada por el señor José Ángel Bermúdez Lazo, Secretario Ejecutivo Nacional de la misma; quien fue testigo de la juramentación de la Junta Directiva Seccional ANEP-FNT-Trabajadores y trabajadoras migrantes, misma que ya ha sido inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales de nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La actividad tuvo lugar en el salón CODECA de la Carpio, en las inmediaciones de la segunda parada de autobús, y a la misma llegaron más de cien personas de la comunidad.