ANEP apoya representantes en la JRL de Correos

Honorable señor Lic. Álvaro Coghi Gómez, Gerente General, Correos de Costa Rica S. A.: Respetuosos saludos.

La Secretaría General de la ANEP deja constancia por esta vía del más absoluto respaldo a la denuncia que la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica está formulando, acerca del trato discriminatorio y de favorecimiento directo que está ejerciendo en el seno de la Junta de Relaciones Laborales cuando se trata del caso de un despido de un personero jerárquico que cuenta con la venia gerencial. Hacemos nuestros los contenidos de tal denuncia según se indica en el número 29 de “RAPI NOTAS“, correspondiente a julio de 2012.

Por el contrario, hemos sido testigos de una conducta inmisericorde con trabajadores y con trabajadoras de base que al más mínimo error y muchas veces por subjetividades inexplicables de sus correspondientes jefaturas inmediatas, son condenadas al desempleo al despedírseles sin miramiento alguno.

Tenemos entendido de que en el caso del mal manejo de 10.113 piezas postales la “buena voluntad patronal“ está evitando que la persona responsable de tan grave desacierto conserve su empleo. Pregunta: ¿por qué en casos de mucho menor impacto no se actuó de tal forma?

Es evidente que el mensaje que se está enviando es que en materia de sanciones en Correos de Costa Rica S. A. hay dos posibilidades: “Salvarse“ si se pertenece al estamento jerárquico (”los de arriba“); o la “condena“ según tenga uno la desgracia de ser del estamento subordinado (”los de abajo“). Esta situación aparte de ser totalmente injusta es completamente ilegal.

La ANEP alerta contra cualquier acción intimidatoria, represora, coaccionante, de manera abierta ó de manera solapada, en contra de los y de las integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos por denunciar estas situaciones totalmente anómalas y discriminatorias en materia sancionatoria de graves infracciones a las responsabilidades institucionales y laborales.

ANEP hace un llamado vehemente por esta vía al señor Gerente General para que proceda con justicia y revierta su decisión de favorecimiento personal en el caso que nos ocupa.

A la vez, compartimos este mensaje con las máximas jerarquías políticas del Gobierno con relación al tema: el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), alertándoles sobre el particular.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Serios problemas laborales en Goicoechea

Mañana martes 17 de julio, a las 10 de la mañana y en la sede central de la Municipalidad de Goicoechea (en Guadalupe), la ANEP dará una conferencia de prensa para denunciar una tirante situación laboral en desarrollo que tiene en vilo al personal institucional, el cual amenaza con medidas de presión ante serios problemas que enfrentan.

La situación ha llegado a tal punto de deterioro que la ANEP ha pedido la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), misma que se dará el próximo miércoles a las 9 de la mañana.

De manera anticipada agradecemos a los medios de comunicación colectiva la valiosa atención que le puedan brindar a esta convocatoria.

Caja prepara nueva ofensiva en contra de su personal trabajador

Las organizaciones que suscribimos este boletín de prensa, hemos tenido acceso al acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el artículo 6 de la sesión 8587 de 21 de junio del año en curso; acuerdo dirigido a todas las gerencias institucionales y que está sustentado, a su vez, en el oficio 32.352 suscrito por el Auditor Interno de la Caja, Lic. Jorge Hernández Castañeda; oficio que da seguimiento a uno anterior, el 24.682, de 14 de mayo de 2012, emitido por esta misma autoridad.

El contenido de esos oficios y el propio acuerdo subsecuente adoptado por la Junta Directiva de la CCSS, nos permiten HACER UN LLAMADO DE ALERTA, URGENTE Y RESPONSABLE, A TODA LA POBLACIÓN LABORAL DE LA CAJA, así como a todas las organizaciones gremiales, laborales, sindicales y profesionales que representan sus intereses; para realizar, unitariamente, la más amplia gama de acciones que sea necesario promover, incluidas las de movilización en sus diferentes modalidades; ante lo que se desprende como una ofensiva antilaboral del tristemente célebre Gobierno Chinchilla Miranda, mismo que sin brújula social pero sí mercantil y sin ninguna característica de firmeza y honestidad, busca acabar con lo poco que queda de la institucionalidad nacional.

Existe suficiente evidencia política de que, efectivamente, una mayoría de la Junta Directiva actual de la Caja ha decidido impulsar una nueva ofensiva antilaboral, antihumana y anticristiana en contra de una gran mayoría de trabajadores y de trabajadoras de la Caja; personal que de forma realmente honesta, ética y abnegada, presta sus servicios de manera comprometida al pueblo de Costa Rica, las 24 horas del día, a lo largo y ancho del país, los 365 días del año.

Para la Junta Directiva de la Caja “_…es recomendable que la administración activa revise el impacto económico actual, a mediano y largo plazo de estas remuneraciones considerando la sostenibilidad financiera de la institución, analizando entre otros aspectos los salarios más altos y su pertinencia, así como la procedencia y necesidad de incurrir en estas erogaciones (pluses), y con base en los resultados obtenidos, se presenten a conocimiento de la Junta Directiva las propuestas que sean pertinentes_”. “_Es deseable que en entre las opciones o propuestas que se analicen, se considere la modalidad de salario único para los nuevos funcionarios que ingresen a laborar a la institución. Conviene que esas propuestas sean hechas del conocimiento de la Junta Directiva en un plazo perentorio, de manera que puedan ser implementadas a partir de enero 2013_”.

Dentro de los sobresueldos que estarían siendo cuestionados, se mencionan los siguientes: Peligrosidad, disponibilidad, zonaje, sobresueldo para tecnologías médicas, así como el incentivo especial para vivienda, entre otros.

Esta orientación la rechazamos categóricamente y la combatiremos de manera decidida en todos los campos posibles y en alianza con todo el espectro político-social y sindical nacional, sin perder de vista nunca el objetivo estratégico de defensa de la Caja.

Así las cosas, el dogmatismo que orienta el pensamiento de estos “_salvadores de la Caja_” en el hoy, es un montaje teatral en el que se paga por ver una obra completa pero solamente dejan ver la parte que le convenga al grupo de interés, interno o externo, que pugna por una variedad de intereses.

Al final, posiblemente nos quieren hacer ver que “_todo está tan mal_”, que la única salida es la privatización total de los servicios de salud y de pensiones que brinda la Caja, siendo esta una de las pocas instituciones que genera equidad y paz social a Costa Rica. En esta trampa no debemos caer, menos cegarnos y negar que debemos dar un debate de ideas que busque que nuestra tesis de defensa de la Caja es correcta.

Así no se vale jugar. Es decir, esta práctica que sólo permite una mirada distorsionada del problema debe ser desnudada de forma equilibrada, honesta y transparente ante la opinión pública, ya que la Caja sufre de muchos males y ciertamente en el tema de los derechos laborales no estamos rehuyendo un debate que nos conduzca a acuerdos enmarcados dentro de una doctrina social, humana, razonable y proporcionada; razón por la cual rechazamos el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Caja que impulsa una contrarreforma laboral, al considerar que la orientación del mismo es sesgada y malintencionada y solamente generara en el corto plazo un conflicto social de proporciones nacionales y de consecuencias insospechadas.

Conviene recordar que un grupo importante de diversas organizaciones de la sociedad civil costarricense, dentro de las cuales están las agrupaciones sindicales suscribientes de este comunicado, hemos formulado luego de un serio y riguroso estudio y con asesoría de alta calificación, un conjunto de propuestas denominada “_10 medidas para comenzar a ordenar la Caja_”; medidas que sin afectar, deteriorar, disminuir, reducir o eliminar los derechos de la clase trabajadora asalariada de la Caja, la institución puede salir adelante.

Dentro de esas “_10 medidas para comenzar a ordenar la Caja_”, destacamos:

1. la que plantea la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos, permitiendo el seguimiento público de estas compras;

2. la que propone establecer un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta de forma que se deje de contratar onerosos servicios privados;

3. la que propone controlar el cumplimiento de los horarios y de la productividad, en particular de las laborales profesionales en ciencias médicas con controles reales para el pago de las guardias y las disponibilidades;

4. la que dispone eliminar el pago de tiempo extraordinario de forma permanente, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos;

5. dar contenido fiscal real y efectivo a todos los compromisos del Estado con la Caja, en los dos regímenes: Enfermedad y Maternidad; e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM);

6. la que propone eliminar todos los portillos legales que permiten evadir las cuotas patronales que debe aportar el empresariado privado, estableciendo las sanciones penales más drásticas;

7. retomar como política pública nacional y estratégica el enfoque preventivo del modelo de atención;

8. la que establece convenios de compra directa a organizaciones nacionales de productores agrícolas y agropecuarios, de los productos alimenticios que ocupan los hospitales sin necesidad de intermediarios comerciales.

En conclusión, exhortamos a la Junta Directiva de la Caja a repensar sus acuerdos, revisar su política y reorientar la senda que ha tomado, ya que con una política antilaboral tan distorsionada, desequilibrada y posiblemente manipulada por los diversos feudos internos que pujan por cuotas de poder en los niveles centrales, regionales y locales; están conduciendo a la gran masa laboral de la Caja a un conflicto social gigante e histórico que puede ser el campo de cultivo de sectores mercantilistas que ven en la Caja un gran nicho de mercado.

San José, jueves 12 de julio de 2012.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Lenín Hernández Navas
Junta Directiva SINAE

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP-CCSS

Juan Carlos Durán Castro
Representante Sindical SINAE

Trifulca laboral en Tibás a punto de convertirse en huelga general

Se espera para esta noche de jueves 12 de julio, concretamente a las 7 p.m., una acalorada sesión del Concejo de la Municipalidad de Tibás, a partir de un enfrentamiento que la mayoría del mismo está propiciando contra todo el personal de la indicada entidad.

Cinco personas regidoras de las siete propietarias que integran el Concejo de Tibás, pretenden llevar al personal a juicios de lesividad, para cobrarles los dineros que por reajustes salariales vienen recibiendo desde hace más de un año, luego de la implementación de un proceso de modernización ordenado por la propia Contraloría General de la República (CGR); mismo que fuera avalado en su momento por esos cinco regidores que hoy, inexplicablemente, se enfrenta al personal de la Municipalidad de Tibás, el cual podría irse a Huelga General en próximas horas o días.

La modernización de esta municipalidad ha resultado un éxito al punto de que antes de la misma, la institución estaba ubicada en el lugar No. 84, el último del ranking de clasificación de las municipalidades que emite el ente contralor; para pasar al lugar 30 según los datos que al respecto se divulgaron esta misma semana.

Aunque no se esperan situaciones de enfrentamiento abierto, es real que la atmósfera para esta noche en el Concejo de Tibás mostrará una altísima tensión; esperando la ANEP que la cordura y la sensatez imperen entre la mayoría integrante de dicho órgano político-municipal.

Constenla debe irse del INS

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en su Seccional ANEP-INS hay gran consternación ante las revelaciones periodísticas de los últimos días, específicamente aparecidas en La Prensa Libre; con respecto al comportamiento del actual Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constenla Umaña, a partir de una denuncia que esta organización presentó en el seno de la Procuraduría de la Ética.

Tal denuncia indica que (entre otros aspectos que consideramos graves), dicho jerarca laboró estando incapacitado médicamente hablando y que durante tal lapso se le mintió a un juez para eludir una presencia física en un proceso laboral dada su condición de patrono, alegando enfermedad cuando, repetimos, estaba trabajando.

La Procuraduría de la Ética ha indicado que esta situación, trabajar estando incapacitado, es violatoria de la ley y desnaturaliza el derecho que le da nuestro sistema de Seguridad Social a una persona trabajadora para que, mediando incapacidad, recobre plenamente su salud y se reinserte a su trabajo en condiciones óptimas.

Aunado a lo anterior tenemos que la circunstancia de que dicho jerarca haya amenazado de muerte a colegas suyo de la directiva del INS, es un asunto de extrema gravedad; como también lo es el que una trabajadora de esta institución haya perdido su empleo por, precisamente, trabajar estando incapacitada.

Indigna, preocupa y consterna que la propia Presidenta de la República celebre que el señor Constela trabaje de manera incapacitada, en clara contravención a decisiones judiciales contundentes que lo prohíben y que dejan el despido como la sanción correspondiente.

De la misma forma, esta indignación, esta preocupación y esta consternación es la misma al enterarnos de la descalificación presidencial al informe de la Procuraduría de la Ética en los casos del Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; así como del Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo; altos personeros de gobierno a los que se les imputa haber infringido normas “_Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública_”, aprobada en el año 2004, contando con el voto de la hoy Presidenta que en ese entonces era diputada.

Por todo ello creemos que la Presidente debe ordenar la destitución del Presidente Ejecutivo del INS; o bien, pedirle que presente su renuncia; ó, que el señor Constela la presente él mismo por su propia decisión.

Si la señora Presidenta ha decidido ya convivir, tolerar, avalar las transgresiones a la ética y a la transparencia en el ejercicio de la función pública de parte de su equipo de Gobierno al más alto nivel, las consecuencias pueden ser gravísimas. Desde la sociedad civil debemos decir lo contrario, manifestarlo una y otra vez, aunque nada pase.

El deterioro de la credibilidad de la Presidenta de la República asume características peligrosas para la institucionalidad democrática.

La Caja es de Pueblo, no de los dirigentes sindicales

“Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a su mesa; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir.”
José Martí

Wálter Quesada Fernández
Rafael Ángel Mora Solano
Giovanny Ramírez Guerrero

Nos referimos al artículo titulado “_Undeca firme y consecuente en la defensa de la salud del pueblo_”, publicado en la sección de opinión del Diario Extra, el pasado 22 de junio y firmado por Martha Rodríguez, Secretaria General Adjunta de esa organización, en donde con enojo desmedido desenfunda su pluma (suponemos que lo escrito es de su autoría), como si se tratara de un duelo contra el compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

El pecado de Albino Vargas fue haber hecho un llamado de autocrítica y autorreflexión a toda la dirigencia sindical de la Caja Costarricense del Seguro Social, incluida la misma ANEP, en su columna del miércoles 30 de mayo último, y titulada “_La Caja y el chorizo de mezclar lo público con lo privado_”; en vista de la grave crisis que afecta a esta institución y enfocada en tres aspectos que en nuestro criterio carcomen a la Caja, a saber: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

Al parecer es en el punto tres en donde doña Martha no está de acuerdo, por lo que suponemos que sí avala el enfoque del resto de lo escrito, lo cual ya es muy bueno. Pero, doña Martha se rasga las vestiduras y llama al compañero Albino Vargas “_traidor_”, por haber escrito el siguiente párrafo:

“_Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “suavemente” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “estamentos reales” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales_”.

¿Qué tiene de injurioso, de afrenta, o de traicionero ese párrafo?, ¿Por qué no se sintió usted doña Martha o los compañeros de Undeca más bien identificados con la segunda parte de ese párrafo, es decir, dentro de las organizaciones que han decidido asumir su responsabilidad histórica proponiendo medidas correctivas para afrontar esta crisis, y denunciando anomalías y corrupción, como dice usted lo han hecho desde UNDECA?
En verdad nos parece que las motivaciones de su escrito no tienen que ver estrictamente con la columna de don Albino, sino más bien, con una estrategia inducida por otros de confrontar y por qué no decirlo hasta declarar la guerra a una organización sindical que como la ANEP, siempre ha caminado a la par de UNDECA, como organizaciones hermanas de clase y en defensa de la seguridad social; llegando a un nivel de empatía política tal que tanto la misión como la visión estratégica que la ANEP ha definido para sí misma, UNDECA la adoptó y hasta un banner tiene en su sede central señalando la coincidencia de ideas estratégicas.

En la ANEP no nos estamos autonombrando los “_salvadores_” de la Caja y aunque tenemos una menor afiliación que UNDECA, la nuestra es representativa y eso nos da el derecho a opinar y a crear dentro de nuestra afiliación una sensibilización social de profundo rostro humano con relación a la grave crisis de la seguridad social en nuestro país.

Priva en este momento un llamado al diálogo, al respeto mutuo entre dos organizaciones que como UNDECA y ANEP, tienen una gran responsabilidad sobre el futuro de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Vendedores de lotería protestan frente a la JPS

Un importante grupo representativo de vendores de lotería se manifestaría este lunes 2 de julio, a partir de las 8 de la mañana en las afueras de la sede central de la Junta Protección Social (JPS), para protestar por la próxima entrada en vigencia de la lotería electrónica, luego de un cuestionado refrrendo por parte de la Contraloría General de la República (CGR), pese a que la Procuraduría General de la República (PGR), había indicado que este tipo de juegos de azar no debia salir del control directo de la JPS.

Los vendedores de lotería se sienten amenzados con su exclusión definitiva de esta actividad, dado que el contrato que la JPS ha firmado con la trasnacional que manejará la lotería electrónica, habla de que esta es una primera etapa, generándose así sentimientos de miedo de que una “segunda“ etapa sea la entrega de la lotería en papel,

Como bien sabemos la JPS juega un estratégico papel para combatir la exclusión social de gtrupos vulnerables de la población y la introducción de la lógica mercantil en lo que debe ser sus ámbitos de promoción del juego de azar con fines sociales, provoca protestas y movimientos como éstos.

La ANEP ha decido respaldar a los vendedores de loteríaen su protesta de este lunes 2 e insta a todo el personal de la JPS a sumarse a la actividad durante el rato que esta protesta ha de durar.

La Presidenta debe destituir al Director Ejecutivo del Conavi

Nuevas revelaciones periodísticas indican de una estrategia delictiva
para asaltar la hacienda pública.

La señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, debe actuar ya, hoy mismo, con celeridad y contundencia, ante la desafortunada e inapropiada circular de carácter intimidatorio que emitió el señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); advirtiendo a su personal subalterno de un supuesto “_deber de confidencialidad_” sobre todos los hechos e informaciones que por el ejercicio de sus respectivas funciones tengan conocimiento; intimidación de tal gravedad que le lleva a generar amenazas de sanciones, llegando incluso al despido, al personal de tal entidad.

No le queda más opción a la mandataria que ordenar la destitución de dicho jerarca, procediendo con similar “_dureza_” a la que desplegó con ocasión de la salida del anterior Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el señor Francisco Jiménez Reyes, cuya destitución se dio poco antes de que empezaran a salir a la luz pública las situaciones acaecidas con la construcción de la trocha norte, mal llamada ruta “_Juan Rafael Mora Porras_”, y que ha llegado a convertirse, ya, en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicos de la historia nacional.

Pública y vehememente, atónitos ante las nuevas revelaciones periodísticas sobre la naturaleza perversa de esta “_piñata regalona_” de la trocha norte, con visos de presentar una especie de estrategia delictiva para asaltar la hacienda pública; exhortamos a la Presidenta Chinchilla a que proceda en tal sentido: ordenar la destitución del señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Conavi.

Si no lo hace, su propia imagen se deteriorará más y podría colegirse que desde la propia Presidencia de la República se cohonesta, se avala, se tolera y hasta se aplaudiría, la intentona del jerarca del Conavi para pretender que la opinión pública no sepa más sobre el escándalo de la trocha.

Por demás, tan aberrante pretensión para ocultarle a la ciudadanía información del Conavi, contradice todas las normas legales, jurídicas y éticas anticorrupción que, tanto a nivel de decretos por parte del Poder Ejecutivo, como de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, se han emitido en los últimos años.

ANEP solicita información sobre nueva evaluación en Fuerza Pública

Honorable señora
MBA Ruth López Herrera
Coordinadora Evaluación y Desempeño
Sección Control y Documentación
Ministerio de Seguridad Pública

Estimada señora:

Primeramente, le hacemos llegar atento y respetuoso saludo.

En atención a consultas de nuestros afiliados y del personal en general, sobre el nuevo modelo de evaluación solicitamos, respetuosamente, se nos informe de forma detallada y por escrito los alcances de este nuevo modelo, los presuntos beneficios que de éste se derivan en favor de la base trabajadora de la Fuerza Pública.

Nos preocupa que en algunas unidades policiales los mandos medios giren instrucciones de evaluar a todo el personal con nota de 75 y máximo la calificación de “bueno”; aduciendo que “_por instrucciones recibidas_” en la capacitación que se ha venido dando. También se nos informa de jefaturas que le indican al personal que “_no tienen derecho_” de apelar la calificación obtenida.

Entendemos que la idea del nuevo modelo de evaluación es favorecer la objetividad y valoración de los buenos funcionarios que muchas veces están en desventaja por los criterios subjetivos; sin embargo, nos parece importante la clarificación de los procesos, aunado a que conocemos la falta de una actitud asertiva de parte de algunas jefaturas en reconocer los buenos desempeños.

En espera de su oportuna atención y pronta respuesta, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Máinor Anchía Angulo
Directivo Nacional ANEP
Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública

UPINS llama a la calma a miembros de la Junta Directiva del INS

San José, 25 de junio del 2012.

Señores miembros de nuestra Junta Directiva:
Dr. Guillermo Constenla Umaña
Sr. Luis Casafont Flores
Dra. Eugenia Chaves Hidalgo
Masc. Edgar Brenes André
Lic. Luis Alonso Gutiérrez Herrera
Sr. Henry Ramírez Azofeifa
Lic. Moisés Valitutti Chavarría

Estimados señores y señora Directores:

Con gran preocupación nos hemos enterado el día de hoy, a través de un diario de circulación nacional, las gravísimas situaciones que acontecen en el órgano colegiado, máximo jerarca administrativo del INS.

Como organización representante de la Fuerza Laboral del INS, hacemos un respetuoso llamado a la cordura, al respeto y a priorizar en la atención de los asuntos para los cuales prestaron juramento. La buena salud de la Junta Directiva es un asunto de todos, incluyendo el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la República.

Lejos de criterios subjetivos personalistas, ustedes están llamados a honrar la tradición de buen nombre, hidalguía y prestigio del órgano director.

El ejercicio de la dirección del INS es un asunto técnico, profesional, nunca un tinglado para amenazas personales. La dirección del INS debe ser una gestión apegada a la ley y sobre los Directores pesa la grave responsabilidad de hacerla cumplir.

Nos extraña que habiéndose presentado el evento, los mismos señores Directores no intervinieran para que las aguas volvieran a su cauce.

Todo órgano colegiado supone la confrontación de diferentes puntos de vista, criterios, visiones, precisamente para ello son órganos de varios miembros a quienes la ley exige requisitos personales y profesionales.

Que no se permita la exposición de criterios alternos a la mayoría, es un síntoma grave en el ejercicio de la conducción del INS y en general de la sana conducción de un pilar de la institucionalidad democrática en Costa Rica.

Al estructurar el régimen de superior dirección de esa forma, lo que se busca es garantizar que no impere la visión personalista, autoritaria de un solo sujeto.

Nuestro llamado es a sanar las heridas que pudieron abrirse en el debate, a respetar la independencia de criterio de cada Director, a permitir con absoluto respeto, el libre ejercicio de la superior vigilancia de la gestión institucional y a no caer en conductas que mancillen el trato cordial que debe ser la norma.

Nunca es tarde para arreglar las cosas y en este caso se impone la Institucionalidad y los altos intereses de la Patria.

Reiteramos el llamado a todos los miembros de la Junta Directiva para que se permitan reparar la necesaria armonía a lo interno del órgano. Lo peor que puede pasar es que un tercero venga a resolver lo que ustedes están en capacidad y obligación de lograr.

DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SINDICATO UPINS.
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