La destitución del Ministro del MOPT

La decisión de la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, de proceder a la sorpresiva destitución del Ministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes, ante fuertes evidencias de corrupción de funcionarios del Conavi en la construcción de la carretera fronteriza bautizada con el nombre de una de las personas más emblemáticas de la historia nacional, Juanito Mora Porras; y bajo el cargo de que en tal sentido el ministro ahora “_renunciado_” debe asumir la responsabilidad política por ello; muestra un acto hasta ahora inusual en la conducta de la mandataria cuya popularidad por los suelos había dejado mucho en entredicho su lema de campaña de “_Firme y Honesta_”.

Podría interpretarse que con esta destitución política de uno de sus principales ministros de Estado, la Presidenta “_inaugura_” la segunda parte de su Gobierno; desmarcándose de situaciones muy análogas en las cuales tal “_firmeza_” y tanta rapidez ejecutiva no se dio, como en el caso de quien fuera su primer Ministro de Hacienda; situación ésta que abonó en gran medida a su descrédito popular.

Las investigaciones en el caso de la presunta corrupción de funcionarios del Conavi en este caso, merece la más profunda investigación, especialmente, en cuanto a las firmas constructoras contratadas o por contratarse y sus respectivos ligámenes políticos.

Por demás, si la demanda de responsabilidad política, ejemplarizada en el caso del Ministro Jiménez del MOPT, hoy “_renunciado_”, se hará estilo institucional presidencial, pues la primera mandataria del país debería alistarse un “_registro de elegibles_” para eventuales instituciones, dado que en no pocas entidades gubernativas las corruptelas y las corrupciones pasan por las narices de los correspondientes jerarcas, algunos de los cuales, incluso, podrían estar directamente involucrados.

Esta situación enluta al corazón de la Patria, pues pareciera que los casos de presuntas corrupción y de corrupción luego comprobada, llevan la línea de ser record en el Gobierno de doña Laura, de cara a administraciones anteriores.

Personal de INS Servicios para la casa

UPINS COMUNICA DE MANERA URGENTE A TODA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL:

Se nos ha informado que la Presidencia Ejecutiva instruyó para que todo personal de apoyo de INS SERVICIOS S.A., en forma inmediata abandone la atención de clientes y agentes, y se desplace a realizar “_teletrabajo_”. (Oficio PE 392-2012 del 30-04-2012).

Las consecuencias de tal medida son sencillamente catastróficas para los asegurados, para los intermediarios, para los usuarios, para los compañeros de INS SERVICIOS S.A. Y para todos los trabajadores del INS.

¿Cómo van a cumplir la instrucción las Sedes cuya mitad de personal son compañeros de la subsidiaria? ¿Qué va a pasar con la Sede La Merced encargada de atender todas las carteras bancarias de tanto peso en primas?

¡Debería ser un rumor infundado! No podemos siquiera imaginar por qué alguien querría hacerle tanto daño al INS y a sus trabajadores.

Obviamente la Presidencia Ejecutiva no tiene competencia legal para alterar un contrato administrativo. Menos si no existe ningún justificante técnico. (eso es abuso de poder). Y aún menos si la orden va a significar un daño enorme a los deberes de servicio que como ente público nos demanda la ley.

Hacemos un llamado a todos los funcionarios, especialmente a las Jefaturas, a negarse a cumplir una instrucción de tal naturaleza.

No estamos obligados a cumplir una orden ilegal (Artículo 108 Ley General de la Administración Pública)., que afecta tan severamente el servicio y que pone al INS a las puertas de un colapso de servicio de consecuencias impredecibles.

No se vale, hacer “_experimentos administrativos_” con instituciones que manejan fondos públicos y que tienen un carácter tan serio y técnico como el INS.

UPINS va a recurrir a todas las medidas posibles para detener esta nueva agresión a los trabajadores y a la supervivencia del INS.

8 de mayo gran concentración de motociclistas

EL MARTES 8 DE MAYO ESTAREMOS FRENTE A LA ASAMBLEA A LAS 2PM

DENUNCIAMOS:

Que en el proyecto de Ley de Tránsito que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 18.032, se está variando profunda e ilegalmente el capítulo del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), cargando la prima de este seguro social con un porcentaje de hasta un 6% de utilidad, y además se está transformando este seguro social en un seguro comercial dándole la posibilidad de seleccionar riesgo dependiendo de la interpretación de la legislación nacional que determine cada compañía aseguradora.

Lo anterior se desprende de lo que establece el artículo No. 58 de dicho proyecto de ley que estipula lo siguiente:

“+ARTICULO 58.- Seguro obligatorio de vehículos+
Todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y su reglamento así como por lo que dispone la Ley N ° 8653 de 7 de agosto de 2008 y sus reformas, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, y demás sobre la materia.

Las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio no podrán negarse a emitir el seguro, por la cobertura obligatoria establecida en esta ley, siempre que el vehículo cumpla con los requisitos exigidos por la legislación para circular en el país.

El reglamento definirá las pautas para la emisión de la póliza.

Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al seis por ciento (6%). La nota técnica que sustenta la tarifa deberá cumplir con las formalidades requeridas en la normativa que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero……”(el subrayado no es del original)

Lo propuesto pretende eliminar la Universalidad y la Solidaridad en este seguro, porque autoriza la creación de un margen de utilidad de hasta un 6% y a la vez implementa la selección de riesgo, al permitir que a un seguro netamente social se le dé carácter de seguro comercial, es decir, las empresas aseguradoras seleccionaran los mejores riesgos. Además, deja a la potestad reglamentaria aspectos sustantivos del SOA, que deberían fijarse por ley, sobre todo lo que tiene que ver con los parámetros de cobertura, costo, responsabilidad solidaria, servicio al costo, etc.

Millonaria remodelación en la presidencia del Banco Popular

San José, 10 de abril de 2012.

S.G. 11-13-0257-12

Licenciado
Gerardo Porras Sanabria
Gerente General
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

Estimado señor:

Saludos respetuosos de nuestra parte. Acudimos ante su despacho solicitándole nos haga el gran favor de suministrarnos toda la información acerca de los gastos efectuados en la remodelación de las oficinas de la Presidencia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; copias de facturas, firmas proveedoras, detalle del proceso que fundamentó todos estos servicios de remodelación y cualquiera otros detalles que nos permitan tener un panorama claro de lo invertido en esta situación.

Como usted comprenderá dado que toda nuestra membresía es socia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, consideramos importante tener acceso a toda esta información.

Quedamos a la espera de la información solicitada.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Paro de Labores en la Municipalidad de Liberia

El personal de esta institución ha desplegado una inusitada paciencia, misma que parece que ya llegó al límite, ante una constante burla de las autoridades municipales liberianas responsables de tal situacion de injusticia salarial.

El paro laboral indicado, luego de muchísimos meses de gestiones frustradas basadas en el diálogo, daría pie a medidas de presión de mayor calibre si fuese del caso; situación que de darse alteraría en demasía la convivencia social en tan importante cantón guanacasteco; convivencia que de por sí presenta muchas alteraciones a raíz de una circunstancia de exclusión social y de crecimiento de la pobreza que se manifiesta en esta región del país.

La ANEP está respaldando, en toda su dimensión, este movimiento y hace un vehemente llamado tanto a la Alcadía Municipal como al mismo Concejo de Liberia para que de una vez por todas, cese la burla al personal de la Municipalidad de Liberia.

Para mayor información, se puede llamar al compañero trabajador don Fernando Mujica Solís, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, al teléfono 26 65 21 67.

Seguro Solidario en la picota

El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) es un seguro de carácter social, por ser un seguro universal, forzoso y solidario. Por esto es un tipo de seguro que no puede generar ningún tipo de utilidad o ganancia y sus tarifas deben calcularse al costo y sin ningún tipo de utilidad.

Pero esto está a punto de cambiar si se aprueba la nueva ley de tránsito, proyecto número 18.032, ya que ahí se está variando profunda e ilegalmente el capítulo que regula el SOA, cargando la prima de este seguro con un porcentaje de hasta un 6% de utilidad, transformando este seguro de ser de carácter social a comercial. Todo esto en el artículo 58 de dicha ley, que dice:

Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al 6%…

Además, el Comité Cívico Nacional de Motociclistas asegura que tampoco es cierto que dicho cambio en el SOA se esté dando por presión debido a la apertura del mercado de seguros incluida en el TLC con Estados Unidos, ya que el mismo TLC en su anexo 12.9.2 dice que “Costa Rica no está obligado a modificar su regulación del seguro obligatorio de vehículos y de seguros contra riesgos de trabajo“.

Por todo esto el Comité Cívico Nacional de Motociclistas y la ANEP están convocando a todos los motociclistas que dieron la lucha contra el aumento del marchamo en meses pasados para reunirse en los próximos días y planificar acciones de calle frente a la Asamblea Legislativa para presionar y que se de un cambio de redacción en el proyecto de ley para que no se transforme el SOA en un seguro comercial.

Solidaridad con personal perseguido en Hacienda

Al honorable personal del Ministerio de Hacienda:
A la opinión pública nacional:
A la ciudadanía indignada por tanta corrupción y tanto deterioro ético de la institucionalidad gobernante:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de manera contundente y vehemente, expresa un público repudio por la acción vengativa, intimitadoria y, prácticamente, de un carácter totalitario, que se ha decidido emprender contra el grupo de servidores públicos de la Dirección General de Tributación, doce personas trabajadoras asalariadas de alta excelencia profesional (en principio pero podrían ser más, según se ha indicado); a las cuales se les está denunciando en sede administrativa y en sede penal, por haber revelado, supuestamente, las “intimidades“ tributarias del hoy Exministro de Hacienda, don Fernando Ferraro Acosta; y de don Francisco Villalobos Brenes, quien fungía como Director General de Tributación hasta que quedó en evidencia su morosidad tributaria. Al respecto, consideramos que:

Primero: Dados los escandalosos niveles de robo de impuestos en Costa Rica: la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas (en ropaje legal ó sin él), en ANEP conceptuamos que ello constituye un verdadero crimen social, un atentado contra la institucionalidad democrática y una agresión a la promoción del bien común y del bienestar del mayor número. Cada cólon que se deje de tributar por tal situación, resta efectividad a políticas públicas de diverso orden, como las de carácter social, afectando a los que menos tienen que es la mayoría de la población.

Segundo: ANEP ha estado insistiendo, desde que emergió el indicado escándalo tributario que obligó a renunciar a los dos mencionados jerarcas, de que la clase trabajadora no es la que roba impuestos. Ni la asalariada con empleo formal y salario fijo; ni la que labora en el mercado informal de la economía; ni la que está afectada por el desempleo. Quedó demostrado que el robo de impuestos ocurre en los niveles del gran empresariado (incluso algunos de carácter mediano), y en el seno de la clase política tradicional. Por ejemplo, la clase trabajadora paga el impuestos de ventas al momento de la compra y el de renta salarial, en los casos que corresponda, la rebaja de planilla es contundente.

Tercero: Si algún funcionario de la Dirección General de Tributación reveló información por la indicada vía y, supuestamente, contra la legalidad; merece ser felicitado por el pueblo. Lo que habría hecho no es más que dejar en evidencia el anacronismo de unas normas legales que favorecen la comisión de delitos tributarios, la comisión de esta especie de crimen social que es el robo de impuestos. Tal denuncia dejó en evidencia una contradicción entre el supuesto secreto tributario como norma legal y la obligatoriedad del funcionario público de denunciar corrupción según la norma legal reciente que habla del enriquecimiento ilícito. La primera es para beneficio particular; la segunda es en función del bien común. Por tanto, no deben tales servidores ser víctimas de procesos administrativos, legales; no deben ser perseguidos ni ser sujetos de venganza política sistemática.

Cuarto: La ANEP se ofrece para brindar todo el respaldo necesario a las personas víctimas de tal situación pues consideramos que actuaron en correspondencia con la amplia indignación ciudadana por el deterioro de la conducta ético-moral de nuestra clase gobernante tradicional tradicional que con episodios como los acontecidos provocan una sensación desmoralizante profunda y una afectación en la misma institucionalidad democrática que sale muy lesionada de toda esta situación.

Quinto: Hacemos un llamado a todas las juntas directivas seccionales de la ANEP, así como a todas nuestras organizaciones amigas y aliadas a pronunciarse en tal dirección; a solidarizarse con la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda; a expresar su repudio y condena contra esta persecución política y a fortalecer al honesto personal del Ministerio de Hacienda que sabe muchas más cosas que si la ciudadanía se diera cuenta, aquí habría acontecimientos insólitos en materia de rebelión ciudadana.

Acuerdo sindical en el Archivo Nacional

La representación sindical de la ANEP en el Archivo Nacional tiene la vía libre para realizar su trabajo reivindicativo gremial.

El pasado 29 de marzo la representación laboral, junto a una delegación de la ANEP, firmó un acuerdo con las autoridades del Archivo Nacional para velar por las libertades sindicales en dicha institución. Todo esto en presencia, como mediadora, de la licenciada Emiliceth Ramírez Chinchilla, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Junta Directiva de la ANEP en el Archivo Nacional se podrá reunir dos veces al mes, se respetará el Convenio 135 de la OIT para licencias sindicales, siempre actuando de buena fe por las dos partes. Además, de un acuerdo para no presentar una querella por parte de los trabajadores contra una supuesta práctica laboral desleal que se prefirió, gracias a este acuerdo, no llegar a constatar.

Felicitamos a los compañeros y compañeras del Archivo Nacional y esperamos su trabajo constante e integrador en los diversos espacios de construcción colectiva de nuestra política sindical.

En los documentos adjuntos se encuentra el acuerdo firmado.

Conmoción ética en el Gobierno con la salida de Herrero

Las nuevas revelaciones periodísticas aparecidas en esta fecha, martes 3 de abril de 2012, acerca de que el ya Exministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta pudiera haber sido un evasor del impuesto sobre la renta a través de una empresa que ha estado ligado a él y a su señora esposa, la señora Flor Isabel Rodríguez, también alta funcionaria política de la Casa Presidencial como asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla; constituye una verdadera Conmoción Ética, así con mayúsculas, no solamente al interior del mismo Gobierno de la República, sino que impregna y golpea la legitimidad, en términos generales, del sistema político tradicional.

Esta nueva situación de una práctica evasión del impuesto sobre la renta de quien habíase convertido en la principal figura política gubernamental de nuevos tributos, aunada a la anterior donde no solamente el señor Herrero sino otros ministros de Estado habían estado subdeclarando sus propiedades para no pagar lo justo en materia de impuestos a los bienes inmuebles; pulveriza la credibilidad del Gobierno para seguir abogando a fin de que en el parlamento le aprueben su plan fiscal.

Es más, esta Conmoción Ética deja una gran deuda moral de parte de la señora Presidenta Chinchilla con el pueblo trabajador, con la clase trabajadora asalariada y con la que se desenvuelve en el sector informal, toda la cual tiene sobre sus espaldas el mayor peso de la carga tributaria existente en el país; deuda moral que debe ser saldada renunciando a la aprobación del plan fiscal, sacándolo de la corriente legislativa y en vez de ello, instalar una gran comisión nacional político-multisectorial para entrarle de lleno a las cuestiones de la evasión y de la elusión tributarias, de los sistemas de exenciones y de exoneraciones abusivos; todo lo cual, globalmente hablando, nos indican de que casi una cifra cercana al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), es potencialmente fuente de nuevos ingresos para el fisco sin necesidad de más paquetes de impuestos.

Estos impactantes, indignantes y desmoralizantes episodios de evasión fiscal y tributaria, con ropaje legal ó sin él, especialmente protagonizados en las más altas esferas del poder político y económico, nos llevan al convencimiento de que es urgente una amplia movilización de sectores sindicales, sociales y populares a favor de una Transformación Tributaria Estructural y, específicamente, contra el Plan Fiscal.

Además, queda a las claras que el inmoral sistema de las consultorías de carácter político con erogaciones enormes a favor de personas y empresas ligadas a las esferas del poder hegemónico dominante, son pagadas con dineros del pueblo trabajador, golpeando todavía más la confianza de la gente sus gobernantes.

San José, martes 3 de abril de 2012.