Aprobada ley para saldar deuda salarial con la Policía Penitenciaria

A las compañeras y a los compañeras integrantes de la POLICÍA PENITENCIARIA de Costa Rica, Dirección General de Adaptación Social-Ministerio de Justicia y Paz:

Respetuosos saludos. La ANEP y la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, con gran júbilo, enorme emoción y alegría, informamos de que ayer, martes 27 de abril de 2012, cerca de las 6 de la tarde, el plenario de la Asamblea Legislativa votó, en segundo debate, el proyecto, expediente legislativo No. 18.242, “Ley para el reconocimiento de derechos salariales de los agentes de la Policía Penitenciaria de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz“; recibiendo el mismo el voto favorable de los y de las 47 personas legisladoras presentes al momento de la votación, de todas las fracciones parlamentarias; es decir, se votó unánimemente, tal y como ocurrió la semana pasada en primer debate.

Culminó así un extraordinario esfuerzo de gestión política, de incidencia, de promoción del contenido de justicia de esta ley, realizado desde la Secretaría General de la ANEP y desde la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria. Fueron muchos meses, semanas y días de una labor persistente, sistemática, respetuosa y convincente hasta lograr, como pocas veces se da en la Asamblea Legislativa con relación a un proyecto de ley, una unanimidad inter-fracciones de manera positiva hacia una legislación en particular.

Como hemos indicado, este proyecto de ley se hacía necesario para que el Gobierno-Ministerio de Justicia y Paz honrara una deuda salarial contraída con poco más de 3 mil compañeros y compañeras de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, equivalente a los primeros nueves meses del año 2009, a raíz de una Revaloración Salarial Extraordinaria que la ANEP había planteado y que generó modificaciones en el Manual de Puestos de este cuerpo policial; pero surgiendo el escollo legal, según determinación de la Procuraduría General de la República, de que se necesitaba una ley específica que autorizara el pago de esa deuda salarial.

Como se recordará, cientos y cientos de integrantes de la Policía Penitenciaria pelearon en la calle esta lucha, hasta bloqueando la autopista a Caldera, allá por los primeros meses del año pasado 2011, logrando un acuerdo con el Gobierno de la Presidenta Chinchilla que se firmó en la Casa Presidencial a mediados del año pasado.

Desde tal momento, como indicamos, iniciamos una “labor de hormiga“ por los pasillos del parlamento costarricense, manteniendo, a la vez, contacto directo con las autoridades involucradas de la Casa Presidencial para el pleno respeto del acuerdo firmado en tal sentido de promoción de tal legislación. Aquí reconocemos sin ambages, que el Gobierno de la República cumplió con su parte, honrando lo firmado.

En próxima fecha haremos explícito agradecimiento a importantes figuras legislativas que tuvieron un papel relevante y colaborar en este duro proceso de convencimiento a los señores diputados y a las señoras diputadas de que se debía aprobar esta ley. También hubo personas asesoras parlamentarias que siempre nos dieron su acertado consejo en torno a la complejidad reglamentaria que tiene que observar cualquier proyecto de ley.

Estamos tan conmovidos que no estamos diciendo en este primer comunicado todo lo que quisiéramos decir. Pero por ahora, infinitas gracias para todos aquellos compañeros y para todas aquellas compañeras de la Policía Penitenciaria que nunca dudaron de que saldríamos adelante en esta lucha; que siempre confiaron en la ANEP pese a voces de odio enceguecidas por su sectarismo y extremismo, que intentaron desprestigiar a la organización por la forma en que se condujo esta lucha; a esos compañeros y a esas compañeras fieles anepistas de la Policía Penitenciaria que son testigos de primera línea de la larga lucha de la ANEP a favor de los derechos de este importante pero invisibilizado personal de servicio público. En verdad, gracias por confiar en ANEP pese a toda adversidad.

Ahora biene la publicación en el diario oficial “La Gaceta“ y luego los trámites administrativos intrainstitucionales para que la plata llegue al bolsillo de quienes tienen derecho a recibirla.

Con emoción y con respeto,

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, Presidente y Vicepresidente, respectivamente hablando de la
Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Condenan a Presidente Ejecutivo del INS

Los tribunales de Trabajo procedieron a condenar en lo que podríamos llamar un hito histórico, al señor Guillermo Cónstenla Umaña, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), por habérsele comprobado hechos de prácticas laborales desleales y persecución sindical.

La condena se dio en el marco de la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como ante los respectivos tribunales de Trabajo, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por el del despido del funcionario de la indicada entidad, don Alejandro Rodríguez Masís, dirigente sindical de la Seccional de ANEP en el INS.

Quedó demostrado durante el proceso tanto en el MTSS como en los tribunales de justicia, que la administración del señor Constenla violentó todo el ordenamiento jurídico y laboral en materia de Libertad Sindical y es por esto que el Juzgado de Trabajo en su sentencia dice lo siguiente:

“El Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, en sentencia Nº863-2011, dictada a las doce horas treinta minutos del cinco de agosto del dos mil
once, resolvió:…POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, citas de ley artículos 36, 82, 83 y 402 del Código Procesal Penal, 1, 14, 18, 564, 608, 610, 614 inciso c) y 363, 616 y concordantes del Código de Trabajo, SE FALLA:

Se declara autor responsable al señor GUILLERMO CONSTELA UMAÑA, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, y solidariamente al Instituto Nacional de Seguros, por la infracción de Prácticas Laborales Desleales, por el despido del trabajador sindicalizado Alejandro Rodríguez Masis, por lo que se le impone el pago de una multa, correspondiente a ocho salarios base según lo establecido para el año dos mil diez, data en la cual se dieron los hechos que lesionaron la norma laboral, dicho salario base correspondió a la suma de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos colones , según artículo 2 de la Ley 7337 del cinco de mayo del año noventa y tres, obligando a la parte acusada al monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS COLONES, suma que la parte condenada deberá depositar en la cuenta N°211676-2 MULTAS del Banco Nacional de Costa Rica a nombre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Monto que debe ser depositado dentro del término de quince días a partir de la firmeza de esta sentencia. Asimismo deberán los condenados de manera solidaria pagar los daños y perjuicios ocasionados con su actuar, restituir en forma ineludible los derechos violados y tomar las previsiones necesarias….”.

Fueron varias las reuniones sostenidas con el indicado jerarca a fin de que recapacitara y procediera a reinstalar al funcionario despedido; esto antes de presentar las respectivas denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en los tribunales de Trabajo. Lamentablemente, no hubo forma de convencerlo a pesar de que se le advirtió de la ilegalidad en la que estaba incurriendo y los costos que ello generaría en contra de los fondos públicos que administra el INS.

Sin embargo, con base en el poder desmedido que maneja en el INS, la gran cantidad de despidos arbitrarios que ha realizado, su estrategia de miedo y terror que ha inculcado en los empleados de la institución; y, posiblemente, el pensamiento de que “_si nos condenan quien paga es el INS y no yo_”, fueron argumentos para no ceder a nuestra petición. Al final, se ha generado un costo enorme para las finanzas públicas del instituto.

Este fallo fue ratificado además por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 14 de marzo. De manera insólita y pese a que ya no podía la administración del INS invocar apelación alguna, pues el fallo del Juzgado de Trabajo no tenía ninguna otra instancia de apelación; siguiendo con su terca posición, don Guillermo apeló a pesar de que, nuevamente, le insistimos que no se podía y que iba a ser incurrir en más gastos al erario público. Contra toda lógica se acudió a la Sala Segunda y ésta procedió a rechazar de plano el recurso presentado. Con ello quedó totalmente ratificada la sentencia antes indicada.

Este caso no es el único. En el INS se han despedido, sin debido proceso, a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Además, se han despedido violentando la Libertad Sindical alrededor de seis trabajadores que ya tienen sus procesos laborales tanto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como en los estrados judiciales. Son casos que por la similitud que presentan con el del compañero dirigente de la Seccional ANEP-INS, don Alejandro Rodríguez Masís, seguramente el INS perderá y tendrá que pagar muchos millones de colones más de los fondos públicos de la institución.

Por nuestra parte, seguiremos luchando contra este tipo de violaciones y vejaciones en contra de los dirigentes y trabajadores sindicalizados; a la vez, hacemos un llamado a la señora Presidenta de la República, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, para que ejerza su autoridad y detenga esta actitud del Presidente Ejecutivo del INS, lo llame a cuentas por estos graves errores administrativos y lo obligue a reinstalar a todos los dirigentes sindicales despedidos sin el debido proceso, de acuerdo no solo a lo establecido en este fallo judicial, sino también a reiterada jurisprudencia en esta materia.

Con gran regocijo, informamos de que nuestro dirigente seccional, don Alejandro Rodríguez Masís, se encuentra laborando para Instituto Nacional de Seguros (INS) y continúa integrando la Junta Directiva de la Seccional ANEP-INS.

El COMEX gastará casi ¡15 millones de dólares! en nuevo edificio

Efectivamente, ha llegado hasta nuestras manos (entre otros documentos), copia del documento Memorándum AI-004-2012, fechado 31 de enero de 2012, en el cual don Alexánder Arias, Auditor Interno de Procomer-COMEX, le indica su preocupación al señor Eddie Villalobos, Gerente Administrativo financiero de la institución, dando cuentas de que se le informado que por decisión de la Junta Directiva de Procomer, se debe hacer un “_ajuste presupuestario_” por el orden de:

a) $10.456.730.56, para comprar un nuevo edifico
b) $ 4.000.000.00 para remodelaciones.

En total, el “_palacio_” que pretende para su sede el COMEX costará la astronómica cifra de casi 7.500.000.000.oo de colones. Doña Anabel González Campabadal, Ministra de Comercio Exterior, debe explicar mucho al respecto.

Así las cosas, la prédica oficialista acerca del Déficit Fiscal pierde toda credibilidad pues si una entidad del sistema de Administración Pública de Costa Rica, por más naturaleza jurídica “_privada_” tenga, piensa gastar casi 7 mil 500 millones de colones en su nuevo edificio, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay déficit?…

La señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, tiene la última palabra. Esperamos su comentario al respecto.

Finaliza huelga en la Municipalidad de Mora

Tras dos días de huelga la seccional ANEP – Municipalidad de Mora da por terminado el movimiento al llegar a acuerdos en firmes con la alcaldía.

Este extremo en el quehacer sindical fue tomado porque desde hace dos años se ha venido intentando negociar con las máximas autoridades municipales la aplicación del salario escolar y con mentiras y sin razones de peso, se había negado este derecho.

Gracias a la presión gremial el señor alcalde, Lic. Gilberto Monge Pizarro, aceptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO: no habrá ningún tipo de represalias para todas las personas asalariadas de la Municipalidad de Mora que participaron en el indicado movimiento laboral.

SEGUNDO: La Alcaldía de Mora respetará los procedimientos establecidos para que una persona trabajadora interina de la Municipalidad de Mora pueda tener acceso a una plaza en propiedad, mediando mecanismos únicamente de naturaleza objetiva, con base en postulados de eficiencia, eficacia y honestidad en el cargo. La participación en el indicado movimiento de personal interino, en nada afecta su posibilidad de obtener una plaza en propiedad.

TERCERO: La Municipalidad de Mora, representada por su Alcaldía instalará una comisión bipartida (parte laboral – parte patronal), para definir una metodología compartida para el establecimiento pleno del Salario Escolar en la Municipalidad de Mora; de forma tal que el mismo nazca a la vida laboral e institucional en el menor plazo posible, en el entendido de que su establecimiento queda definido con base en este acuerdo. La primera fase de su implementación ocurrirá, preferentemente, con ocasión de la fijación salarial valedera para el segundo semestre del presente año 2012, mediando acuerdo de partes al efecto.

CUARTO: La Alcaldía de la Municipalidad de Mora y la Seccional ANEP-Municipalidad de Mora, se sentarán, conjuntamente, a definir el tema de las licencias sindicales planteado con ocasión de este movimiento y a la luz del criterio de mayoría sindical acreditada según la legislación vigente.

QUINTO: Ambas partes disponen depositar este acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), atendiendo a la buena disposición del mismo para prestar, en todo momento, sus buenos oficios conciliatorios obrero-patronales.

Desde la ANEP, felicitamos a la clase trabajadora de la Municipalidad de Mora, por su coraje y entrega al defender sus derechos.

ANEP trabaja en Convención Colectiva para Sistema Penitenciario

Personal afiliado a la ANEP del Sistema Penitenciario Nacional se encuentra trabajando en la creación de un borrador de Convención Colectiva que cubra a todo el personal que trabaja en el sistema de cárceles de nuestro país. Este es el primer convenio colectivo que se plantea firmar en uno de los sistemas de seguridad ciudadana de nuestro país.

Uno de los puntos más importantes de este trabajo es que son los mismos trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario quienes están elaborando el documento con el cual se negociará junto a las autoridades de Justicia y Paz.

La realidad de la vida laboral en las cárceles de nuestro país es la precariedad, la inseguridad y el poco incentivo. Trabajadores que no pueden ir al servicio sanitario en 8 horas, comida que muchas veces está en mal estado, alejamiento familiar, y tantos otros problemas aquejan a esta población trabajadora.

El material suscrito por los y las representantes sindicales será analizado por la Unidad de Asesoría Jurídica de nuestro Sindicato para que no haya ningún problema contrario a la ley y se pueda dar una negociación colectiva con todo el respaldo legal posible.

Policía allana local de SINTRAJAP

Con la excusa de llevarse un libro de contabilidad, efectivos de la Unidad de Intervención Policial y 56 oficiales del OIJ, allanaron a las 10:30 de esta mañana, las oficinas del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, con un operativo que mantiene cerradas las calles aledañas.

Según informaron los directivos del sindicato, los oficiales desalojaron el edificio y están rompiendo escritorios, buscando supuestamente información contable del año 2010, que fue el periodo en el que el la directiva sindical fue usurpada por un grupo de gente leal al gobierno y a la privatización del los puertos del Caribe.

En esa oportunidad, los llamados “testaferros“ se llevaron 55 millones de colones sin que quedara constancia contable de los mismos. Por esa razón la directiva encabezada por Ronaldo Blear interpuso una acción legal para que el grupo usurpador rindiera cuenta del dinero.

Esto no tiene pies ni cabeza pues nos están allanando por una demanda que nosotros mismos pusimos“ manifestó José Luis Castillo y agregó que “se trata de una manifestación de persecución política contra SINTRAJAP“.

Huelga llega a Municipalidad de Mora

Este lunes 12 de marzo inició un movimiento de huelga en la Municipalidad de Mora, ubicada en Ciudad Colón, para exigir el derecho al salario escolar que vienen negociando la clase trabajadora desde hace más de un año.

El alcalde de la comunidad se niega a que se pague el salario escolar ni dar una razón legítima para su rechazo a este derecho. El salario escolar se paga en todo el Gobierno Central, en las instituciones des centralizadas y en casi todas las municipalidades del país.

Los trabajadores y trabajadoras de este gobierno local están dispuestos a llevar la huelga hasta sus últimas consecuencias. Este lunes el paro no se limitó a no trabajar. Se realizó una marcha por las calles de Ciudad Colón para ir a la casa municipal a exigirle un diálogo directo al alcalde Gilberto Monge Pizarro, que no se ha caracterizado por ser un buen negociador, al punto que dejó plantada a la delegación de la seccional de ANEP y al ministerio de trabajo en una cita anterior.

La huelga continuará y crecerá, hasta que el alcalde acepte negociar y le brinde a la clase trabajadora de Mora el derecho al salario escolar.

Municipalidad de Turrialba viola Convención Colectiva

Honorables
Señores y señoras
Concejo Municipal de Turrialba
Honorable señora
María Elena Montoya Piedra
Alcaldesa
Municipalidad de Turrialba
Sus despachos

Estimadas señoras y estimados señores:

Reciban un respetuoso y cordial saludo de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Nos hemos enterado de que con fecha 28 de febrero de 2012, ese honorable Concejo Municipal, a instancia de la señora Alcaldesa, conoció y aprobó un reajuste salarial para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de un 2.35 % más un veinte por ciento.

Como es de su conocimiento en la Municipalidad de Turrialba las relaciones obrero-patronales están reguladas por una Convención Colectiva de Trabajo que está vigente y cuyo sindicato titular para cualquier negociación en cualquier ámbito es la ANEP. Esta situación queda debidamente constatada en el oficio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. DAJ-AE-255-11, de fecha 13 de Octubre de 2011, dirigido a la señora Alcaldesa, María Elena Montoya Piedra, ante consulta que esta hiciera en cuanto a la interlocución de cualquier otra organización sindical que no fuera la ANEP.

En este orden de cosas transcribimos lo que indica el supra citado oficio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en sus conclusiones:

En conclusión el sindicato firmante y hasta el momento titular de la negociación colectiva, tiene el derecho de formar parte de los órganos bipartitos y paritarios que creó la convención colectiva o en aquellos no creados por esta, pero que de igual manera funcionan en la Municipalidad y su composición está determinada por el instrumento convencional.

Asimismo, las garantías, beneficios o derechos ligados a la libertad sindical, establecidos en la convención colectiva a favor de la organización suscribiente y de sus dirigentes, no son de aplicación para otras organizaciones sindicales, en tanto este vigente este cuerpo convencional y sea aquella organización social la titular de la convención colectiva.” (el resaltado no es del original)

El aumento acordado por ese honorable consejo, en ningún momento fue negociado con la representación de la Seccional de ANEP en la Municipalidad de Turrialba, tal y como debió haberse realizado según lo estipulado en el artículo No. 68 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y que indica lo siguiente:

ARTICULO 68

Ambas partes firmantes de esta Convención, negociarán semestralmente un ajuste de salarios por costo de vida. En ningún caso el aumento será inferior a la suma decretada por el Poder Ejecutivo más un veinte por ciento”. (El resaltado no es del original)

Es evidente que el acuerdo tomado por ustedes se aparta del proceso debidamente tutelado en la Convención Colectiva de Trabajo y pone en riesgo jurídico el mismo, toda vez que según entendemos la base de negociación de este aumento deviene de una propuesta de otra organización sindical lo cual según vimos líneas atrás no es posible y, por tanto ilegal, en el marco del instrumento convencional vigente.

Estamos entonces ante una violación al contrato convencional. Así las cosas, el aumento por ustedes aprobado carece de legitimidad y debe entonces el mismo anularse para proceder de conformidad y tal y como lo establece el artículo No. 68 de la Convención Colectiva, sea, que las partes suscribientes deben negociar y pactar el aumento para el primer semestre del año en curso.

Por lo anterior, y en el marco de las buenas relaciones laborales que hemos mantenido con sus dignas autoridades, estamos solicitando se anule el acuerdo tomado por ustedes en relación al aumento salarial del primer semestre para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Turrialba; asimismo, se proceda de inmediato a negociar con nuestra representación sindical el aumento para el primer semestre, que en su momento hizo una propuesta a la señora alcaldesa de un 3.95%.

La CCSS revisará condonación de deuda estatal

Aplaudimos con fuerza la decisión de la actual cúpula política de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de rectificar la pésima decisión adoptada en el anterior Gobierno, encabezado por el hoy Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, de condonarle al Estado el pago de intereses con relación a la gigantesca deuda que mantiene con la Caja; decisión ésta completamente desafortunada adoptada por la anterior Presidencia Ejecutiva de la institución, en manos del Ing. Eduardo Doryan Garrón.

Somos del criterio de que la más importante y querida institución pública del pueblo costarricense, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está pasando por la encrucijada más difícil y dramática de toda su historia, incluso con grave riesgo de deterioro financiero irreversible. Por tal razón, la ciudadanía activa y sus distintas organizaciones deben promover una especie de cruzada patriótica para salvar a la Caja.

Si desafortunada fue la errónea decisión política del binomio Arias Sánchez-Doryan Garrón, de perdonarle al Estado el pago de intereses con relación al arreglo de su deuda con la Caja, adoptado en octubre de 2007; no menos errónea y perniciosa fue pagar el principal de esa deuda con papeles, con bonos, cuya colocación en el mercado financiero le ha resultado sumamente difícil a la Caja, lo que la obligó a endeudarse por primera vez en toda la historia de su existencia, para funcionar a nivel mínimo.

No basta con que la Asamblea Legislativa convoque al señor Doryan Garrón a comparecer y ofrecer explicaciones sobre el particular, como se anuncia para el próximo viernes 16. También deben ser convocados el propio Expresidente Arias Sánchez y su Ministro de Hacienda, el señor Guillermo Zúñiga Chaves, protagonista directo del arreglo de pago que el Estado hizo con la Caja, por un monto de 123 mil millones de colones, pero sin cobro de intereses.

Además, si bien es importante esta rendición de cuentas en el escenario político, la propia Asamblea Legislativa debe abrir el camino para las responsabilidades penales inmersas en este problema. Es más, el propio Ministerio Público debería de actuar de oficio sin esperar una denuncia formal.

La Caja, víctima de poderosos intereses corporativos internos y externos, debe ser salvada de quienes, intra y extramuros, la tienen “_secuestrada_”.

Autobuses LA 400 despide a líder sindical y se niega a negociar

El pasado 2 de marzo la representación sindical de la ANEP en la empresa de transportes LA 400 se presentó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para retomar las negociaciones con la empresa en el marco del despido, a nuestro parecer totalmente injusto, del presidente de la Seccional ANEP – LA 400, señor Gilberto Arias Montero. En dicha reunión los representantes de la empresa se negaron a negociar, aduciendo que el compañero Gilberto ya no trabajaba en la empresa por lo que no tenían nada que negociar con él.

LA 400 despidió al compañero Arias Montero sin responsabilidad patronal bajo el criterio de “quebranto de la armonÍa de las relaciones obrero
patronales
“, y a quien no se le llevó el debido proceso al estar protegido por el fuero sindical, violentando los convenios 87 y 98 de la organización Internacional del Trabajo y lo estipulado en el Código de Trabajo de nuestro país.

Para nuestra organización es inaceptable el despido, al igual que la empresa se niegue a negociar, y reiteramos que en este momento en la
empresa no existe hacia la dirigencia sindical actual y hacia los trabajadores sindicalizados el ánimo de buena fe que han manifestado tener; con esta actitud de la empresa se rompe el diálogo y se crea un ambiente que podría afectar la paz laboral.

Seguiremos en nuestro afán de buscar puntos de coincidencias y mantener abiertas las puertas del diálogo, no obstante ejerceremos las medidas que consideremos necesarias, para que se respeten los derechos sindicales de nuestros agremiados y la libertad sindical en
dicha empresa.