ANEP emplaza al alcalde de Oreamuno por conducta antisindical

San José, 15 de febrero de 2010.
S.G. 07-09-0408-10
¡URGENTE!

Señor
Marco Vinicio Redondo Quirós
Alcalde
Municipalidad de Oreamuno
Su Despacho
Fax: 2591 12 02

Direcciones electrónicas: aarcecr@yahoo.es
marco.redondo@munioreamuno.com

Estimado señor:

Con el respeto de siempre, le expresamos nuestro más atento saludo.

Como es bien sabido, estamos en espera de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), evacúe la consulta solicitada por su despacho, con relación al tema de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), en cuanto al asidero legal que da sustento a la vigencia de tal instrumento del Derecho Colectivo de Trabajo en el sector municipal.

La ANEP, haciendo gala de una extraordinaria paciencia y una genuina tolerancia, considerando además que esta temática no tiene porqué ser de amplio dominio por parte de su digna autoridad, ha estado dispuesta a esperar el resultado de tal consulta; de forma tal que a usted, señor alcalde, no le quede ya ni la más mínima duda de que estamos apegados plenamente a Derecho, específicamente al Derecho Laboral vigente en el país y con tutela internacional incluso, con nuestra aspiración de que se establezca la Convención Colectiva de Trabajo en la Municipalidad de Oreamuno y firmada con la ANEP, por supuesto.

Ahora bien, en el entretanto, la ANEP no puede permanecer callada ante desalentadoras señales de que desde su despacho se estarían impulsando acciones incorrectas tendientes a “desestimular”, para decirlo en términos elegantes y respetuosos, la desafiliación a la ANEP, de forma tal que se reduzca el número de membresía exigido por ley para activar un proceso de negociación colectiva como en el que estamos inmersos.

La ley es muy clara al respecto y para muestra un botón. Veamos lo señalado en la Ley No. 7360, la cual adicionó todo un capítulo al Código de Trabajo, titulado, precisamente, “De la protección de los derechos sindicales”; el cual y para los efectos de la presente, nos indica:

Artículo 363.- Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores. Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas.

Artículo 364.- Toda persona o sindicato con interés puede acudir, ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito la comisión de prácticas laborales desleales; pero esas prácticas también podrán ser investigadas de oficio.

Artículo 365.- La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo investigará, por los medios que estime conveniente, los hechos violatorios de que tenga conocimiento. Si determina que existe mérito para conocer sobre el fondo del asunto, convocará a las partes involucradas o, si los tienen, a sus representantes legales, a una audiencia en la que se recibirán todas las pruebas que se estimen necesarias.

Artículo 366.- Sin perjuicio del resultado de la audiencia indicada en el artículo anterior, si se constata la existencia de prácticas laborales desleales, se levantará un acta y el Director Nacional e Inspector General de Trabajo entablará la demanda judicial correspondiente, con prioridad respecto de cualquier otro asunto. Con el propósito de salvaguardar los derechos protegidos por esta Ley solicitará imponer las sanciones previstas en la legislación laboral vigente, sin perjuicio de cualquier otra medida judicial que pueda ordenarse.

La ANEP considera un atentado a la Libertad Sindical, jurídica y constitucionalmente consagrada, así como una verdadera Práctica Laboral Desleal, si su autoridad, personeros de su despacho, figuras de autoridad bajo su mando directo y similares, proceden a abordar a los trabajadores de la Municipalidad de Oreamuno para ofrecerles mejores puestos, ascensos, incrementos salariales u otros beneficios, si se desafilian de la ANEP; o bien, propalando entre esos trabajadores especies infundadas, dañinas, infamantes, injuriosas, falsas, que atenten contra el honor de esta organización y/o de sus personeros y dirigentes.

Además, es completamente ilegal presionar para acciones concretas de desafiliación a la ANEP, redactando cartas de renuncia que, a todas luces, muestran la intencionalidad de interpósita mano de sesgo pro-patronal, máxime si se reciben llamadas telefónicas de corte institucional-oficial que pretenden abogar por la voluntad soberana del trabajador en cuanto a su libertad constitucional de asociación; pero que es más que evidente que se está actuando para apuntar una maniobra patronal de pretendido debilitamiento de la cuantía de la membresía de la organización, para de manera espuria, intentar sabotear el proceso de negociación convencional. Por ejemplo, no otra cosa significa el traslado hasta San José de compañeros afiliados a la ANEP, en vehículo oficial de ese municipio.

Reiterándole, nuevamente, el mayor respeto de la ANEP, le instamos a desistir de ejecutar todo tipo de Prácticas Laborales Desleales, tanto a nivel abierto, encubierto, directo, indirecto, y/o por medio del empleo de testaferros, amanuenses y similares.

La democracia, que también incluye la Libertad Sindical, aunque a muchos no les guste, es un perenne debate de ideas, que se contrastan con otras ideas, en un ejercicio cívico de argumentos de todo tipo.

No se vale aprovechar posiciones de poder jerárquico, de autoridad, para sobre esa base de poder de imperio, atentar, bajo estratagemas sutiles o indecorosas, castrar el acceso a derechos constitucionales que son de vigencia plena para las personas trabajadoras asalariadas. De la misma manera, está sumamente alejado de toda ética, manipular conciencias ciudadanas y laborales, montándose sobre dificultades de acceso a oportunidades formativas y/o pedagógicas y educacionales, las cuales son susceptibles de ser intimidadas desde esas posiciones de imperio, pues no están en condiciones de defensa argumental ante la intentona de avasallamiento de la autoridad ejercida irracionalmente.

Señor Alcalde: Si usted, ni directa ni indirectamente, viene actuando de tales formas, ¡enhorabuena! No obstante, porque hemos estado en su entorno, tenemos nuestras reservas de que tan nefandas prácticas, no le hayan sido atractivas en determinados momentos de su quehacer institucional que ha dejado entrever su molestia por la presencia sindical en la Municipalidad de Oreamuno.

Con la urgencia del caso, esperamos su respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Honorable Concejo de Oreamuno.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS).
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)-ANEP.
cc.: Sra. Iris Cervantes Paniagua, Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Trabajadores de la Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Archivo.

JUPEMA: “No hay peor cuña que la del mismo palo”

El despido se efectuó a pesar de la solicitud de ANEP de realizar el debido proceso. Aduce la administración que JUPEMA es un ente público no estatal, por tanto, que ello le posibilita el despido sin realizar el debido proceso legal/laboral. Sin embargo, el antiguo Director Ejecutivo, don Alfredo Hasbun, solicitó ante la Junta otorgarle el derecho económico del sector Público de la “prohibición”, solicitud que fue aceptada. Es más, dicho derecho salarial del sector Público, también se hizo extensivo a la Junta. Conclusión: en JUPEMA somos empleados públicos para los derechos de quienes administran; NO para los derechos de los administrados. A pesar de lo anterior es necesario citar, en lo que nos compete, la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y que en el caso de JUPEMA resume que se debe respetar todo lo concerniente en materia laboral como sector público: Voto N° 70, de la indicada sede judicial, de las nueve horas cuarenta minutos del 1° de febrero del 2008.

“Curiosamente”, el compañero Jaime Vargas Hernández, Secretario de Organización de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JUPEMA, días antes del injustificado despido, había denunciado ante la Junta Directiva de JUPEMA los supuestos indicios de privatización del departamento de vigilancia.

“Curiosamente”
, los miembros de la Junta Directiva de JUPEMA representan a los diferentes gremios de Educación del país, encargados éstos de proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación nacional; gremios de reconocida lucha que, día a día, tienen que lidiar para proteger el debido derecho legal/laboral de sus agremiados y agremiadas, defendiéndolos del acoso laboral, de la persecución sindical y porque se les respete el debido proceso.

Ante tales hechos, hacemos un llamado de solidaridad para con el compañero Jaime Vargas Hernández. Igualmente, formulamos una excitativa a SITRAJUNTA para unificar esfuerzos y de esa manera evitar los posibles despidos que, arbitrariamente, puedan darse en nuestra institución. Definitivamente es cierto el adagio popular de que “no hay peor cuña que la del mismo palo”…

Junta Directiva Seccional ANEP-JUPEMA

Municipalidad de Abangares: ANEP denuncia nombramientos irregulares

San José, 16 de febrero de 2010.
S.G. 07-09-0410-10

Señor
Róger Gamboa Flores
Auditor General
Municipalidad de Abangares
Guanacaste

Estimados señor:

Con todo respeto, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

De acuerdo a la Ley de Control Interno, al Código Municipal, a la Ley General de Administración Pública y demás legislación; y, conforme al principio del bloque de legalidad, nos dirigimos por este medio para solicitarle la intervención inmediata sobre los hechos que a continuación le exponemos.

En nota nuestra, número S.G.09-11-0349-10, firmada por Lindbergh Vega Arias, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares, y por el suscrito servidor suyo, recibida en su despacho el día 8 de enero anterior; denunciamos ante la Alcaldía y ante el Concejo la creación de 10 plazas, supuestamente violentándose lo establecido en los artículos 120 y 128 del Código Municipal, así como el 8 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa institución.

Mediante nota SM-016-210, suscrita por la señorita Andri Martínez Matarrita, Secretaria Municipal, se nos hace de conocimiento el acuerdo unánime del Honorable Concejo de Abangares, para que aclararemos a cuáles plazas nos referimos. Ha de saber su despacho y con el respeto que nos merece, la denuncia se la interpusimos al Concejo Municipal, tanto como al señor Jorge E. Calvo Calvo, Alcalde Municipal.

Ahora bien, como organización seria, responsable y transparente, solicitamos nuevamente a vuestra autoridad que se investigue si estos nombramientos se oponen al bloque de legalidad, que debe privar en la Administración Pública; y, de ser así, que se inicien los procedimientos administrativos para que los responsables de tales actos, respondan ante la justicia y se proceda a dejar sin efecto, por nulos, los actos de comentario.

Le indicamos, de una vez, sobre las irregularidades en el proceso de los nombramientos, de acuerdo a la nota OAM-0046-2010, de fecha 26 de enero pasado, que nos dirigiera el Sr. Jorge Eduardo Calvo Calvo.

1- La creación de plazas y los nombramientos de personal, el señor Alcalde los ha venido realizando en total y completo irrespeto a lo establecido en el Título V, Capítulo I, del Código Municipal, por lo siguiente:

a- De acuerdo al artículo 120 del Código Municipal, este no permite la creación de plazas si éstas no se encuentran incluidas en el Manual Descriptivo de Puestos, el cual debe estar actualizado y adecuado a las necesidades de los servicios que brinda la municipalidad.

b- En la Municipalidad de Abangares no existe ese manual descriptivo de puestos, adecuado y actualizado, como lo señala el artículo arriba mencionado, lo que sin lugar a dudas no les puede permitir dichos nombramientos; por tanto, es ilegal la creación de esas diez plazas que aprobó la Contraloría General de la República, porque ha de entenderse que si bien tal entidad aprobó el presupuesto ordinario de la municipalidad, en el cual se incluye la creación de esas plazas, se tiene que cumplir con el principio fundamental que la legislación contempla para estos efectos, cosa que no realizó el municipio de Abangares.

c- Trata de tergiversar lo actuado por la Contraloría General de La República, el Sr. Calvo Calvo, cuando quiere indicar que todo lo actuado por su persona está en lo correcto; pero obvia que para verificar la legalidad de dichas plazas, tiene que fundamentarse en lo manifestado en nuestro inciso b.

2- Hemos de indicarle que de acuerdo al proceder del Sr. Calvo Calvo en cuanto a los nombramientos realizados, se viola lo establecido en los artículos 120 y 128 del Código Municipal, dado que como lo hemos señalado no existieron los respectivos concursos para tales efectos. Es por que le solicitamos que en está investigación se incluyan lo siguientes elementos para que se tenga un panorama más objetivo.

a- Copia certificada del Manual Descriptivo de Puestos, adecuado y actualizado, así como indicación expresa del número de sesión y la fecha en que tal manual fue aprobado por parte del Concejo Municipal.

b- Copia de las acciones de personal que fueron emitidas a favor del personal ocupante de esas diez plazas que se encuentran incorporadas en el Presupuesto Ordinario; en que se demuestre, claramente, que dichos nombramientos cumplen con lo establecido en el Código Municipal, en cuanto a la realización de los respectivos concursos internos.

c- Toda la documentación que compruebe la implementación de la carrera administrativa en dicho municipio; como también el número de sesión en que la misma fue aprobada por parte del Concejo Municipal.

En cuanto a lo manifestado por el Sr. Calvo Calvo, de que los nombramientos realizados están conforme a la Resolución No. 2464-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo, dicha manifestación está totalmente alejada a la realidad por cuanto este tribunal no está refrendando la creación de las plazas citadas; dado que la resolución indica claramente que de acuerdo al inciso b), del artículo 17 del Código Municipal, es el Alcalde a quien corresponde nombrar el personal en la Municipalidad, pero con el apego y debido respeto a lo que establece el Código Municipal y los respectivos reglamentos. Por tanto, es falso que ese tribunal haya autorizado el nombramiento de las plazas cuestionadas, dado que lo que señala es que los nombramientos que se efectúen tienen que cumplir con lo que establece el Código Municipal, propiamente en su artículo 120 y demás.

Estimado señor Auditor, quedamos en espera de su oportuna intervención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Douglas Carrillo Azofeifa
Responsable ANEP-Municipalidad de Abangares
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Honorable Concejo de Abangares.
cc.: Sr. Jorge E. Calvo Calvo, Alcalde de Abangares.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS).
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)-ANEP.
cc.: Trabajadores de la Municipalidad de Abangares.
cc.: Archivo.

Colombia: COLSIBA llama a la solidaridad internacional

San José, Costa Rica

Compañeras y Compañeros,
Amigas y Amigos
Organizaciones fraternales amigas de COLSIBA

Reciban un fraterna saludo, les presentamos documentos adjuntos, los cuales son dos cartas del Sindicato SINTRAINAGRO al Ministro de la protección Social de Colombia y al procurador General de Colombia, una carta de COLSIBA, al ministro de la Protección Social y la lista de correos y teléfono de distintas autoridades del Gobierno Colombiano. (Bajarlos de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha)

Hacemos solicitud URGENTE “CAMPAÑA DE CARTAS Y MENSAJES” a las autoridades del Gobierno Colombiano:

Para que intervengan ante los representantes de la empresa, Palo Alto, con el fin de que se sienten a negociar con la organización sindical los aspectos de los derechos laborales de las y los trabajadores, la convención colectiva en el centro de trabajo, es necesario presionar al Gobierno para que detenga la acción – incursión de los grupos paramilitares que con el desinterés de los organismos de seguridad del estado actúan en total impunidad, por lo que es muy necesario urgir al gobierno a actuar y parar a estos matones a sueldo de la empresa.

Les quedaremos muy agradecidos por su apoyo, hoy mas que nunca es urgente apoyar esta justa lucha de nuestros hermanos/nas de Colombia.

Es necesario que cualquier mensaje o acción hacia el Gobierno y la empresa se haga copia al Sindicato SINTRAINAGRO.

Saludos fraternales,

Gilbert Bermúdez.
COLSIBA

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Comunicado de SINTRAINAGRO

La Junta Directiva Nacional de SINTRAINAGRO informa que la situación de conflicto colectivo presentado en la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa & Cía. S. en C., del municipio Pueblo Viejo del departamento del Magdalena, se complicó gravemente.

El Ministerio de la Protección Social desplazó hasta el lugar a una comisión presidida por la doctora Luz Stella Veira, jefa de Unidad de Registro y Control, para que durante los días 28 y 29 de enero, se desarrollaran reuniones de acercamiento entre los representantes de SINTRAINAGRO y de la empresa Inversiones Palo Alto.

La doctora Luz Stella Veira denunció haber recibido amenazas por ejercer su obligación institucional de haberse desplazado a la ciudad de Santa Marta, en la búsqueda de un acuerdo conciliado para la negociación. A esto se suma que los representantes de la empresa se niegan a aceptar la presencia sindical y, por lo tanto, a iniciar la negociación del Pliego de Peticiones.

El pasado viernes 29 se logró la intervención del Gobernador encargado del Magdalena y del Alcalde del municipio de Pueblo Viejo, quienes junto con el Ministerio de la Protección Social y el Sindicato, reiteraron la obligatoriedad legal que tiene la empresa de iniciar la negociación colectiva, pero aún así el abogado y el administrador de la empresa se negaron nuevamente a aceptar el proceso de negociación.

El Alcalde del municipio de Pueblo Viejo informó al Sindicato que en coordinación con la Policía Nacional, había autorizado el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores, lo cual significa una flagrante violación al derecho de asociación y negociación colectiva, y deja expuesta la complicidad de esta jerarquía local con los empresarios para proteger su posición radical y negativa a iniciar la negociación.

La argumentación que más se hace sentir en las reuniones efectuadas está claramente sustentada en los antecedentes de violencia y de intimidación armada ilegal que se ejerce en la región, por lo que consideramos esta situación como un intento de aterrorizar a los trabajadores y trabajadoras para que el Sindicato desista en su reclamo de respeto al derecho legítimo y constitucional de ejercer su actividad en materias de organización y negociación colectiva.

De consolidarse el propósito de la autoridad municipal y los empresarios de romper el conflicto colectivo con la presencia de nuevos trabajadores y la fuerza pública, advertimos que, dada la resistencia unitaria de los trabajadores organizados, podrían presentarse graves hechos de violencia.

Si esto ocurriera, responsabilizamos directamente de ello a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad del Estado por su negligencia y su complicidad con los propósitos empresariales, no obstante que el tema es plenamente conocido por el Vicepresidente de la República, el Ministro del interior y la Dirección Nacional de la Policía, al igual que por el Comando Regional de la Policía del Magdalena.

Llamamos de forma urgente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (UITA), a todo el sindicalismo nacional e internacional para fortalecer la gestión ante el gobierno nacional, y a la oficina de la OIT en Colombia para que su intervención contribuya a una solución pacífica con protección de la aplicación de los convenios internacionales.

Por la Junta Nacional SINTRAINAGRO,

ADELA TORRES VALOY
Secretaria General

HERNAN CORREA
Presidente (E)

JPS: Privatización solapada de “reorganización”

Mensaje urgente para toda nuestra distinguida membresía en la
Junta de Protección Social (JPS)

A toda la población trabajadora de la institución

Ante una reorganización solapada: la llegada de la privatización a la JPS

¡¡¡ALERTA GENERAL!!!

De manera sorprendente, nos hemos enterado de un acuerdo de la Junta Directiva de la JPS, No. JD-022, adoptado en la sesión No. 03-2010, celebrada el pasado 26 de enero, para el establecimiento, de siete gerencias, siete nuevos altos puestos que serán denominados como “Gerentes de Área”, a saber: 1) Gerencia Comercial y Servicios, 2) Gerencia de Operaciones, 3) Gerencia de Administración y Logística, 4) Gerencia Financiera y Análisis, 5) Gerencia de Desarrollo Social, 6) Gerencia de Tecnología Informática; y 7) Gerencia de Producción y Productos.

Según manifestó al respecto el Lic. Francisco Ibarra Arana, Gerente General de la JPS, los Gerentes de Área, “estarían subordinados al Gerente General, según determina el Reglamento Orgánico, lo cual obliga a la Junta hacer el estudio de reorganización porque la incorporación de esas gerencias significa un cambio importante en la estructura actual”. Así consta en el acta de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la JPS, Acta 18-2009, del jueves 5 de noviembre de 2009.

Por otra parte, el Lic. Ibarra Arana manifestó en la indicada sesión, su tesis a favor de la privatización de los servicios que brinda la JPS, para lo cual, habría que empezar por los de limpieza, seguridad, choferes, mensajería y otros.

Al respecto, el citado jerarca dijo: “Cuando se compara con otras estructuras se dan cuenta de que muchos de esos servicios los tienen por servicios de out sourcing, básicamente lo que es limpieza, seguridad, choferes, mensajería y otros. Este es uno de los temas que habría que considerar a la hora de hacer un estudio de reorganización, si se quiere seguir con el esquema actual o si se quiere cambiar”. (Acta de la sesión de la JPS ya indicada).

Más claro no canta un gallo. Privatizando limpieza, seguridad, choferes, mensajería y_ “otros”_ (¿cuáles?: ¿Imprenta?; ¿Revisión y Control?, ¿Inspectores?…); se tendrá la plata que se necesita para los salarios de las altas “Gerencia de Área”. Ni más ni menos.

Es importante indicar que desde el pasado 30 de noviembre de 2009, la ANEP envió carta a las máximas autoridades institucionales, solicitando se procediese a realizar un “Estudio de Revalorización y Clasificación de Puestos”; solicitud que a la fecha ni siquiera ha tenido acuse de recibo.

La ANEP rechaza, tajantemente, cualquier intentona jerárquica para manipular nuestra petición de dicho estudio, convirtiéndola en una reorganización solapada; mucho menos, utilizando nuestra petición como excusa privatizadora.

A partir de este momento usted seguirá recibiendo información periódica sobre esta delicada y grave situación.

Por un lado, la ANEP no avala el establecimiento de una burocracia gerencial de “alto vuelo” y, por ende, de altos salarios, en una institución de dimensión pequeña como la nuestra en cuanto a población laboral se refiere, aunque gigante en cuanto a su misión social. No vemos la necesidad de tales nuevas gerencias, para nada. “Más caciques que indios” parece ser la tónica a imponerle a la institución.

Igualmente, dejamos constancia de nuestra más rotunda oposición a cualquier intento de privatización de los servicios que brinda la JPS.

¡Cumplimos con alertar
Que nunca se diga que no se lo dijimos
Fortalezcamos nuestra organización
Defendamos a nuestra querida institución!

Junta Directiva Seccional ANEP-JPS
Viernes 5 de enero de 2010

Ministerio de Salud: Millonarias consultorías y anomalías en el proceso

San José, 2 de febrero del 2010.
S.G. 09-11-0387-10
¡¡URGENTE!!!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su despacho

Asunto: Carta Abierta: Las millonarias consultorías del D.O. y las anomalías de tal proceso

Estimada señora Ministra:

Con el respeto de siempre, le expresamos atento saludo de parte de la ANEP.

Hemos estimado como un asunto de enorme conveniencia, de necesaria transparencia y de imprescindible debate público, los contenidos de dos relevantes informes emitidos por la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, cuya circulación es notable por estos días y que, por tanto, han sido depositados en esta organización para que procedamos a emitir una opinión al respecto; considerando toda la polémica que se generó en torno al famoso proceso denominado por su despacho como “Desarrollo Organizacional” (siglas “D.O.”), pese a que desde la perspectiva laboral se conceptuó como un verdadero proceso de Reestructuración Institucional, nada más que disfrazado con ese pomposo nombre: “Desarrollo Organizacional” (_“D.O.”_).

Usted bien sabe que tuvimos un debate institucional al respecto que, en algunos momentos, alcanzó alguna presencia en medios de comunicación colectiva; debate que, por cierto y por razones “comprensibles” de ubicación de posiciones, hizo más “visible” las posiciones gubernamentales al respecto, considerando que éstas, entre otras circunstancias, se basaron en la lógica del miedo y en la prevalencia de la parte más fuerte de la relación laboral.

A pesar de que el material que comentamos fundamenta una exposición crítica y analítica altamente puntillosa, sí nos pareció imprescindible que quedara constancia de nuestros primeros señalamientos y comentarios en este asunto.

Como bien sabemos, el Informe DGA-533-200 nos habla del “Estudio sobre el bloque de legalidad de las contrataciones efectuadas con la Universidad de Costa Rica en relación con el Desarrollo Organizacional”. Por su parte, el DGA-534-2009, presenta la “Evaluación del proceso de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud”.

Considerando la enorme inversión de recursos públicos en el proceso del_ “D.O”_, debe comprender su despacho que hay un inobjetable interés público sobre los dineros invertidos con tal fin; cantidad altamente significativa que ronda, prácticamente, los mil millones de colones: 973 millones 586 mi colones para ser exactos.

Ahora bien, el empleo de tan importantes recursos y según los contenidos de tales informes, nos obliga a plantear las potenciales anomalías que los mismos señalan:

1) Contrataciones directas amparadas a las “figuras de excepción”, sin evidenciar ámbitos de aplicación con debilitamiento sensible del control interno.

2) Contratos de capacitación pagados antes de la recepción definitiva de los productos pactados, lo cual expresa incumplimientos de las normas jurídico-administrativas de la Contratación Administrativa.

3) Ausencia de argumentación de las razones que se dieron para la contratación directa con la Universidad de Costa Rica, para “capacitación” con el Ministerio de Salud, obviándose el necesario proceso licitatorio.

4) Imposibilidad de valorar precios alternativos, quedando la incerteza de haberse pagado el mejor precio del mercado y/o si el proveedor fue el más óptimo para los objetivos perseguidos.

5) Contratación, en al menos un caso, de un servicio que no estaba presupuestariamente previsto y sin la existencia previa de orden de compra.

6) Presunta situación de “equipos técnicos fantasmas” que debían validar módulos de capacitación.

7) Productos de consultoría demandados sin aprobación del equipo técnico de la Dirección General de Salud, con cuya jerarquía correspondía una aprobación de los módulos.

8) Reclutamiento de personal sin funciones definidas.

9) Recontratación (doble) de la oferta universitaria para la revisión del trabajo de perfil de puestos-manual de cargos, pese a la capacitación que con tal propósito recibieran funcionarios del propio Ministerio de Salud para tal tarea.

10) Varios objetivos del contrato de consultoría no plantearon evidencia de generación de productos.

11) Presunta afectación de los derechos de autor que debieron estipularse a favor del Ministerio de Salud en la contratación de cursos de capacitación, dado el involucramiento en el proceso de gran cantidad de recursos públicos utilizados.

12) Asesoría de acompañamiento sobre el proceso de cambio organizacional fue incumplida.

13) Contrataciones sin definición de producto en el caso de los CEN-CINAI; resaltándose relevantes estudios realizados por el propio personal del Ministerio de Salud pese a un presunto cobro al respecto por parte de la firma consultora contratada que habría demandado un pago de 39 millones de colones por ese mismo trabajo.

Señora Ministra:

Considerando las anomalías mencionadas en los informes de comentario, resulta importante solicitarle, oficialmente y por esta vía, un pormenorizado detalle y justificación de los destinos de los 973 millones 586 mil colones “invertidos” en el proceso del “D.O.”; de manera que podamos identificar la buena inversión de esos dineros en determinados rubros de gastos y la demanda de explicaciones en aquellos casos en que las anomalías citadas pudieran implicar “pérdida” de recursos públicos.

El citado detalle debe incluir, al menos, un cuadro que recoja el producto recibido, su costo, estado actual del proceso a derivarse de ese producto y persona/departamento/sección, destinataria del pago respectivo.

Estamos seguros de que consta a su autoridad que esta organización sindical trabaja con mucha seriedad y responsabilidad y que no actuamos con base en especies infundadas de fines innobles. Así lo hicimos cuando se nos dijo de una “renuncia” de la doctora Rossana García González, al cargo de Directora General de Salud y, de manera directa, hicimos la correspondiente averiguación en la instancia correspondiente: la propia Dirección General de Salud.

Ahora, con este mismo espíritu de seriedad y de responsabilidad, consideramos que el despacho a su digno cargo, debe referirse con toda propiedad a los cuestionamientos formulados por la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud en torno al proceso del “D.O.”; debe referirse a la naturaleza de los supuestos logros de tal proceso y la especificación de los pregonados beneficios para la ciudadanía y para la institucionalidad del mismo. Además, y muy especialmente, a la alta inversión de recursos públicos que el mismo generó y que ahora están en controversia a juzgar por los informes mencionados al inicio de la presente.

Considerando su pronta respuesta a la presente, no descartamos oficializar una petición de audiencia a su autoridad para profundizar en los contenidos de la misma; y, para, considerar la naturaleza del proceso de implementación de las debidas peticiones de rendición de cuentas en los casos que corresponda, además del futuro institucional de las recomendaciones derivadas de cada uno de los dos informes derivados.

Le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Roberto Thompson Chacón, Viceministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Dra. Rossana García González, Directora General de Salud, Ministerio de Salud.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Población trabajadora del Ministerio de Salud.
cc.: Agrupaciones sindicales y gremiales del Ministerio de Salud y del sector Salud.
cc.: Juntas directivas, seccionales de ANEP en el Ministerio de Salud.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Sr. Guillermo Murillo Castillo, Responsable ANEP-Ministerio de Salud, Unidad de Desarrollo Organizacional
(UDO), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

¡¡ATENCION!! Privatización camuflada de AyA

San José, 1 de febrero de 2009.
S.G. 09-11-0370-10
¡URGENTE!

Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo

Honorables señoras y señores
Junta Directiva

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Sus despachos

Asunto: Privatización camuflada del servicio agua potable vía pozos propios para empresas privadas

Estimados señores y estimadas señoras:

Con el respeto de siempre, les hacemos llegar de nuestra parte atento saludo.

Con carácter de urgencia nos dirigimos a vuestras autoridades con la finalidad de que, con toda transparencia, con absoluta contundencia, con la más pronta celeridad y de cara a la opinión pública nacional; se nos informe de lo que consideramos una gravísima situación que, según informes ya en poder de la ANEP, representaría un seriesísimo atentado en contra de la institucionalidad de bien público que para la sociedad costarricense representa A y A; y, a la vez, lo que constituiría un atentado no menos grave para la salud de la población que depende del vital líquido que nos suministra esta entidad emblemática del sistema republicano de nuestro país.

Se nos ha indicado de que el pasado martes 19 de enero, en sesión de la Junta Directiva de A y A y a instancias de la Presidencia Ejecutiva de la institución, además de presuntamente atendiendo instrucciones políticas al más alto nivel (del Ministerio de la Presidencia, en concreto); se presentó iniciativa para una modificación del espacio físico-territorial correspondiente a la zona protectora de Puente de Mulas que abastece de agua, en gran medida, a la población habitante del área metropolitana.

Tal modificación tiene, según nuestra perspectiva, la perversa finalidad de que poderosas empresas privadas puedan construir sus propios pozos de abastecimiento de agua, con lo cual eliminarían el pago de tal servicio que hasta la fecha les provee A y A, estableciéndose así las primeras medidas de carácter estratégico hacia una privatización, en este caso camuflada, de A y A.

Entendemos que la primera empresa potencialmente beneficiaria de tal nefasta decisión, sería la transnacional INTEL, misma que dejaría de pagarle a la institución, la cantidad de 500 millones de colones al año, que es, más o menos, lo que la institución viene recibiendo de parte de tal firma por el servicio de agua que se le suministra desde A y A.

Según reportes en nuestro poder, INTEL tiene fuertes directrices corporativas de reducción sustancial de costos operativos en la región; y, específicamente, dejar de pagarle a A y A tal cantidad de dinero, iría en la dirección empresarial apuntada, pues el agua a emplear le saldría gratis luego de la decisión política-institucional adoptada en la fecha del 19 de enero anterior.

Dos gravísimas consecuencias tiene tal decisión lo que debemos compartir con la opinión pública, en cuanto a si ya se concretó ó está por hacerse realidad la misma.

Por un lado, constituye un gigante paso hacia la privatización de A y A, algo que jamás, bajo ninguna circunstancia, la sociedad debe permitir y para lo cual hay que desarrollar todas las formas de oposición posibles.

Por otro, representaría un acto criminal contra las economías familiares de la mayoría de la población costarricense pues los dineros dejados de percibirse, al permitir a las gigantescas empresas tener sus propios pozos de agua, se generará una sustancia reducción de ingresos que deberá ser sustituidos por una elevación sustancial de tarifas (más de los altos niveles que éstas están mostrando ya); lo cual, desafortunadamente, implicará que será la clase trabajadora asalariada y no asalariada, la principal sacrificada con este tipo de decisiones adoptadas y/por adoptarse, al parecer, sin pudor alguno y sin un debate nacional previo.

Por tanto y de la manera más respetuosa, les solicitamos lo siguiente:

1) Ser atendidos con suma urgencia para no solamente enfatizar en la gravedad de esta situación y abrir la institución a la más completa auscultación ciudadana sobre lo que se está discutiendo intramuros al respecto.

2) Anular, inmediatamente, cualquier acuerdo que en tal sentido abra la posibilidad de la privatización camuflada de A y A por esta perniciosa vía

3) Se nos proporcione el listado de grandes y medianos consorcios empresariales privados, tanto nacionales como extranjeros que, potencialmente, o que ya, tienen depositadas y/o definidas expectativas de proveerse de agua, potable y/o no potable, para sus actividades productivas, esperanzados en un suministro “propio”.

4) Todos los estudios que han mediado para que se haya tomado el acuerdo del 19 de enero en la indicada sesión de la Junta Directiva.

5) Abordar cualquier otra perspectiva informativa y/o de análisis que arroje del urgente intercambio de pareceres que con urgencia estamos solicitando por esta vía.

Invocamos para la respuesta a la presente el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Quedando en espera, reiterámosles nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

c.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
c.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
c.: Lic. Roberto Thompson Chacón, Viceministro de la Presidencia.
c.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.: Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
c.: Honorable Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).
c.: Empresa transnacional INTEL.
c.: Seccionales y delegados sindicales, ANEP-A y A.
c.: Población trabajadora del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).
c.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
c.: Grupo socioproductivo “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.
c.: Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Movimiento ecologista y ambientalista costarricense.
c.: Organizaciones político-partidistas y sociocívicas nacionales.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

SINTRAJAP: Solidaridad internacional presiona a Oscar Arias

Atenas, Grecia, 28 de enero de 2010

DECLARACIÓN DE LA FSM Y PAME POR LA VIOLACIÓN DE LAS LIBERTADES SINDICALES EN COSTA RICA

La Federación Sindical Mundial (FSM) y el Frente Militante de Todos los Trabajadores de Grecia (PAME) protestamos por la posición del gobierno de Costa Rica, que avanza en la privatización de las empresas portuarias de los muelles Limón y viola las libertades y derechos sindicales.

Desde Atenas unimos nuestra voz a las de todos nuestros compañeros en todo el mundo, junto a todos los afiliados y amigos de la FSM. Con nuestra protesta de hoy en las oficinas de la Unión Europea en Atenas enviamos saludos internacionalistas militantes a los compañeros luchadores del sindicato SITRAJAP en Costa Rica, quienes libran una lucha justa y consecuente contra la privatización de las empresas portuarias de los muelles Limón. Las experiencias privatistas en muchos países han sido negativas para los pueblos. Los puertos son parte del patrimonio del pueblo costarricense y no un negocio.

A causa de la resistencia que opone la dirigencia sindical de SINTRAJAP a la privatización y los sobornos, el gobierno ha destituido a la junta directiva del Sindicato por votación espuria realizada en una Asamblea convocada ilegítimamente por representantes de la empresa. De este modo pretenden iniciar el camino hacia la privatización.

Repudiamos el intento de soborno a sindicalistas y manipulación por parte del gobierno para favorecer la privatización y exigimos que restituyan de inmediato los derechos sindicales de SINTRAJAP y sus afiliados, para dar solución a favor de los trabajadores a este grave conflicto.

La FSM hace un llamado a todas las organizaciones sindicales de América Latina a brindar la solidaridad con la lucha de los compañeros de SINTRAJAP en su lucha contra la privatización y por la libertad sindical.

FSM y PAME
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Madrid, España

DECLARACIÓN DE LA FSM POR LA VIOLACIÓN DE LAS LIBERTADES SINDICALES EN COSTA RICA

En representación de más de 70 millones de trabajadores afiliados de los 5 continentes que conforman la Federación Sindical Mundial (FSM) expresa su plena solidaridad de clase a los compañeros de SITRAJAP en Costa Rica, quienes libran una lucha justa y consecuente contra la privatización de las empresas portuarias de los muelles Limón. Las experiencias privatistas en muchos países han sido negativas para los pueblos. Los puertos son parte del patrimonio del pueblo costarricense y no un negocio.

A causa de la resistencia que opone la dirigencia sindical de SINTRAJAP a la privatización y los sobornos, el gobierno ha destituido a la junta directiva del Sindicato por votación espuria realizada en una Asamblea convocada ilegítimamente por representantes de la empresa. De este modo pretenden iniciar el camino hacia la privatización.

Repudiamos el intento de soborno a sindicalistas y manipulación por parte del gobierno para favorecer la privatización y exigimos que restituyan de inmediato los derechos sindicales de SINTRAJAP y sus afiliados, para dar solución a este grave conflicto.

La FSM hace un llamado a todas las organizaciones sindicales de América Latina a brindar la solidaridad con la lucha de los compañeros de SINTRAJAP en su lucha contra la privatización y por la libertad sindical.

Madrid, 27 de enero de 2010
Afiliados y amigos de la FSM en España
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Lisboa, Portugal

Lisboa, 28 de enero de 2010

DECLARACIÓN DE LA FSM POR LA VIOLACIÓN DE LAS LIBERTADES SINDICALES EN COSTA RICA

Los afiliados y amigos de la FSM en Portugal protestamos por la posición del gobierno de Costa Rica, que avanza en la privatización de las empresas portuarias de los muelles Limón y viola las libertades y derechos sindicales.

Desde Lisboa unimos nuestra voz a las de todos nuestros compañeros en todo el mundo, junto a todos los afiliados y amigos de la FSM. Con nuestra protesta de hoy en el Consulado Honorario de Costa Rica en Lisboa enviamos saludos internacionalistas militantes a los compañeros luchadores del sindicato SITRAJAP en Costa Rica, quienes libran una lucha justa y consecuente contra la privatización de las empresas portuarias de los muelles Limón. Las experiencias privatistas en muchos países han sido negativas para los pueblos. Los puertos son parte del patrimonio del pueblo costarricense y no un negocio.

A causa de la resistencia que opone la dirigencia sindical de SINTRAJAP a la privatización y los sobornos, el gobierno ha destituido a la junta directiva del Sindicato por votación espuria realizada en una Asamblea convocada ilegítimamente por representantes de la empresa. De este modo pretenden iniciar el camino hacia la privatización.

Repudiamos el intento de soborno a sindicalistas y manipulación por parte del gobierno para favorecer la privatización y exigimos que restituyan de inmediato los derechos sindicales de SINTRAJAP y sus afiliados, para dar solución a este grave conflicto.

La FSM hace un llamado a todas las organizaciones sindicales de América Latina a brindar la solidaridad con la lucha de los compañeros de SINTRAJAP en su lucha contra la privatización y por la libertad sindical.

Afiliados y amigos de la FSM en Portugal
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Atenas, Grecia 29 de enero de 2010

LA FSM SE SOLIDARIZA CON LOS TRABAJADORES DE SITRAJAP EN COSTA RICA

La Federación Sindical Mundial ha llevado a cabo varios actos de solidaridad con los compañeros luchadores del sindicato SITRAJAP en Costa Rica, quienes libran una lucha justa y consecuente contra la privatización de las empresas portuarias de los muelles Limón.

La FSM ha hecho entrega de varias cartas en embajadas y consulados de Costa Rica en países Europeos.

En Atenas, una nutrida delegación de sindicalistas encabezada por el compañero Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM y el compañero George Pontikos, responsable de relaciones internacionales de PAME Grecia hicieron entrega de una declaración de protesta por la situación en Costa Rica a las oficinas de la Unión Europea. La delegación se reunió con el representante de la Comisión Europea en Atenas y conversaron sobre los problemas que atraviesan los sindicalistas en América Latina. La carta será remitida esta misma semana a la Comisión Europea en Bruselas para transmitir la queja al gobierno de Costa Rica.

En Portugal, el compañero Artur Sequeira de la UIS de Servicios Públicos de la FSM encabezó la delegación que hizo entrega de un comunicado en el Consulado de Costa Rica en Lisboa.

En España, una representación de sindicalistas del movimiento clasista hizo entrega de una declaración de protesta en la Embajada de Costa Rica en Madrid.

Desde la FSM expresamos nuestra solidaridad clasista a los compañeros de Costa Rica y exigimos al gobierno una solución inmediata a favor de los trabajadores.

El Secretariado de la FSM

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1st February 2010

President of the Republic of Costa Rica, Óscar Arias Sánchez
Minister of the Presidency of Costa Rica, Rodrigo Arias Sánchez
Minister of Labor and Social Security of Costa Rica, Alvaro Gonzalez
Unite the Union declare as a trade union grouping representing the interests of the working class:

1. We strongly condemn the attitude of the Government of the Republic of Costa Rica for its obvious intervention in internal affairs of the Workers Union JAPDEVA. The Administration of President of the Republic Óscar Arias insists on trying to legitimize a figureheads workers meeting of particular interests of the Government which lacks legitimacy and the necessary requirements to become official. Moreover, in this meeting, it was tried to overthrow the current Union Board and to appoint a new Board that meets the Government’s political interests.

2. Our total support for the legitimate SINTRAJAP Board and the vast majority of its members who have been emphatic in rejecting the port concession backed by the Government. The Minister of Labor and other state bodies must be absolutely respectful of the autonomy of the union movement as it is established by law, international conventions, the Constitution and legal order which includes the rights of workers.

3. Our condemnation of the Minister of Labor and Social Security, Alvaro Gonzalez as has refused to sign a document that guarantees the respect for SINTRAJAP’s union autonomy which shows his disrespect for union autonomy and their negligence in their duty to protect the rights of workers.
We demand the Government of the Republic of Costa Rica to respect the legal order that guarantees the rights of the working class and trade union freedom and to stop once and for all any kind of intervention in our organisations.
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Nota enviada por la CONUSI de Panamá en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Costa Rica: Flagrante injerencia del Gobierno en los asuntos sindicales


Conferencia de Prensa

Bruselas, 26 de enero de 2010: La CSI, junto con su organización regional, la CSA, y sus afiliadas en Costa Rica, condena enérgicamente los intentos del Gobierno y de la Administración de la Empresa Institucional JAPDEVA para deslegitimar la junta directiva del sindicato, SINTRAJAP, que está luchando contra la privatización de los puertos de Limón en el Caribe.

Según la información recibida por la CSI, el Gobierno costarricense decidió privatizar los puertos de Limóny en la persecución de su objetivo, está violando los derechos humanos, laborales y sindicales del SINTRAJAP además de los convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .

El 15 de enero, la Administración de la Empresa Institucional JAPDEVA convocó y realizó en una bodega de la empresa, una asamblea general paralela con trabajadores afines al gobierno violando las disposiciones legales y estatutarias del sindicato y violentando el principio de autonomía sindical consagrado en el Convenio 87.

Dicha asamblea, a través de un reducido grupo de personas, aprobó destituir la legítima Junta Directiva de SINTRAJAP y procedió a nombrar una nueva junta.Por su parte, el Ministerio del Trabajo acusó al Sindicato ante los tribunales por prácticas laborales desleales, con el objeto de destruir el sindicato por vía judicial.

Ante estos atropellos a la libertad sindical, toda la clase trabajadora costarricense ha manifestado su solidaridad con SINTRAJAP tomando el 20 de enero las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y exigiendo a las autoridades que firmen un documento donde dejen en claro que desconocen la junta nombrada de facto. “La lucha de SITRAJAP es totalmente legitima”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI, “La libertad sindical es un factor clave e imprescindible de la democracia y de la justicia social”.

En una carta enviada a las autoridades costarricenses, la CSI exige al Presidente Oscar Arias que tome medidas urgentes para poner fin a esta situación de flagrante violación de los Convenios fundamentales de la OIT ratificados por Costa Rica.
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Solidaridad Panamá carta en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Solidaridad Confederación Centroamericana en ARCHIVOS ADJUNTOS

Solidaridad SIELAS de Panamá en ARCHIVOS ADJUNTOS

SINTRAJAP: Gobierno rompe negociaciones de nuevo, la lucha sigue

Conferencia de prensa del jueves 21 a las 9:30 a.m.

SINTRAJAP, no se encuentra solo en esta lucha ya que son acompañados de una veintena de representantes de sindicatos y centrales sindicales del país, incluso ocuparon la oficina del Ministro de Trabajo, desde el miércoles por la tarde y ahí se mantienen para exigir al gobierno su no intromisión e intento por derrocar a la legítima junta directiva sindical.

Cerca de las ocho de la noche, representantes sindicales y del gobierno continuaban negociando, y según el Secretario de Prensa de SINTRAJAP, Liroy Pérez, se mantendrán en el edificio hasta tanto no se llegue a un arreglo satisfactorio.

La dirigencia de SINTRAJAP está demandando respeto a la autonomía del sindicato, respeto a la libertad sindical de los y de las trabajadoras y a la Convención Colectiva de Trabajo que tiene rango de Ley.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) reiteró lo que en comunicado en la madrugada emitieron, “al ser las seis de la mañana de hoy jueves 21 de enero, aproximadamente treinta dirigentes sindicales, de todas las Confederaciones de Trabajadores del país, llegaron a las primeras 16 horas de ocupación (toma), del Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad; en demanda del respeto absoluto al ejercicio de la libertad sindical y a la autonomía de las agrupaciones de los trabajadores (as) para la designación de sus dirigencias”, y agregó que “la indicada acción sindical está relacionada con la maniobra gubernamental de los hermanos Arias de desconocer a la legítima Junta Directiva del Sindicato SINTRAJAP, el cual rechaza la privatización de los muelles de Limón y Moín por considerarla lesivo al interés nacional”.

Entre las denuncias hechas por SINTRAJAP está de que intentaron sobornar a la Junta Directiva del sindicato ofreciéndoles $800 mil, “sólo por facilitar la realización de la asamblea de trabajadores, independientemente de si votan a favor o en contra de la propuesta de permitir la privatización de los muelles”. Esto lo calificaron de corrupción por parte del gobierno de los Arias, “eso y el intento de chantajear a los y las trabajadoras para que renuncien al sindicato”

El pasado viernes 15 de enero el Gobierno, y la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA, promovieron una reunión de 377 trabajadores de dicha entidad, pretendiendo acreditarla ante el MTSS como una “nueva” directiva de SINTRAJAP, siendo la afiliación de más de 1500 trabajadores. Con esta reunión supuestamente se estaría avalando la privatización de los muelles y la millonaria mordida, por 137 millones de dólares que deberán pagar los costarricenses, si llega a consumarse esa maniobra, dijo Liroy Pérez y agregó que incluso “de esos 377 trabajadores, que llevaron engañados a esa reunión, 50 votaron en contra de su propuesta.”

“A lo largo de la noche y madrugada se realizaron fuertes conversaciones con las máximas autoridades del MTSS sobre éste asunto, al ser las 2:00 a.m. los representantes del gobierno se fueron sin que las mismas arrojaran resultados positivos, estas han continuado esta tarde y noche. Lo que sí es claro es que de aquí no salimos sin un acuerdo firmado, es más ya empiezan a organizarse acciones de solidaridad tanto aquí en San José, frente al Ministerio de Trabajo, como en Limón”, concluyó Albino Vargas Barrantes.

Entre los representantes sindicales que se encuentran en el despacho del Ministro de Trabajo, además de SINTRAJAP y ANEP, están los de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), General de Trabajadores (CGT), Rerum Novarum (CTRN) y de la Central del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (CMTC); alrededor de 35 personas en la oficina del Ministro en el sétimo piso.

De último minuto (9:40 p.m.)

Las negociaciones se han roto de nuevo al ser las 9:30 de la noche. Cuando parecía que ya estaba todo bien, el Ministro de Trabajo, ingresó de nuevo a su despacho y dijo que ya no lo firmarían.

Así que continúa la incertidumbre, Oscar Arias está empeñado en obligar a su Ministro de Trabajo a reconocer una reunión de exempleados como Asamblea, esto con el fin de modificar la Junta Directiva del sindicato y lograr “su” tan anhelada privatización.

La lucha continúa y se iniciarán las acciones de solidaridad a gran escala en todo el país.

Se convoca a conferencia de prensa mañana viernes a las 8:00 a.m. en el despacho del Ministro de Trabajo.