Sírvase este comunicado para informar la posición del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, acerca de la postura renuente del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y del Poder Ejecutivo de convocar el proyecto de reforma 17342 a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el actual gobierno de la república ha cerrado cualquier puerta para una negociación dentro del espacio de incidencia que es el plenario legislativo, lo cual significa una prueba clara de la voluntad inexistente por modificar la Ley 8039, cuyo contenido es excesivo y va más allá de los convenios internacionales suscritos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
A través de un oficio dirigido al Presidente de nuestro movimiento el día 15 de febrero del 2010, el ministro del COMEX rechaza apoyar el proyecto de reforma 17342, al considerar que este contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el país, en términos de derechos de autor y derechos conexos. Asimismo, el ministro reitera que estas obligaciones fueron ratificadas en el TLC entre Centroamérica y EU, por lo tanto, las reformas hechas en el 2008 a la Ley de Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual – Ley 8039- son justificadas desde el discurso de la máxima autoridad del COMEX.
Sin embargo, esta versión de Marco Vinicio Ruiz es profundamente refutable y no explora el carácter integral de los hechos alrededor del ámbito del fotocopiado y la educación, ya que las reformas estipuladas, dentro del marco de la agenda de implementación del TLC, fueron excesivas, trascendiendo más allá de las obligaciones internacionales, entre ellas el TLC, debido a que el contenido de estas legislaciones internacionales en ningún momento obligan a nuestro país a interponer paralelamente medidas penales y pecuniaras para sancionar la reproducción parcial o total de obras no autorizadas, tal y como está ahora contenido en los numerales 54 y 58 de la Ley 8039. De igual manera, resulta discordante que para sancionar actos cuya afectación es patrimonial, como los contemplados en las leyes de Propiedad Intelectual, se recurra a sanciones penales de cárcel, cuando lo justo es ser coherente con el tipo de perjuicio eventual, estableciendo medidas pecuniarias racionales.
En tanto, cabría cuestionarle a quienes redactaron las reformas a la legislación, el porqué incorporaron penas tan severas para actividades como el fotocopiado, la cual se encuentra penada con sanciones económicas que pueden superar hasta los 500 salarios base, al igual que se agregaron penas de hasta 5 años de cárcel, lo cual cancela la posibilidad de incorporar el criterio de ejecución condicional de la pena.
De este modo, le comunicamos al señor ministro y al gobierno de la República que faltan a la coherencia cuando sostienen que las reformas a la Ley 8039 fueron simplemente la ratificación de los convenios internacionales, pues queda claro que nuestro país no estaba obligado a insertar la variante de la cárcel como medida punitiva en este caso. Cuando en el oficio del COMEX se menciona el carácter prístino de la protección a los derechos de autor y de Propiedad Intelectual, resulta necesario recordar que existen otros derechos de mayor jerarquía y que su grado de cobertura es de carácter social, como por ejemplo, el derecho a la educación y al trabajo, los cuales se encuentran claramente amenazados, a raíz de la citada legislación.
En ningún momento, el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar promueve la piratería ni tampoco los actos de dolo en contra de los creadores de obras no autorizadas, por el contrario, denunciamos contundentemente las acciones de los usuarios dirigidas a la reventa de obra no autorizadas. El objetivo central del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar consiste en promover una agenda de excepciones que dentro del marco de la ley, permita proteger a los proveedores que potencian un servicio, cuyo valor de uso por parte del usuario corresponde a fines académicos e ilustrativos de enseñanza. Por lo tanto, no es suficiente con proteger simplemente al usuario, cuando la relación del fotocopiado es de carácter integral, en donde participan empresarios honestos que procuran un beneficio para poder sostener económicamente la actividad, siendo esto último penado de acuerdo con los artículos 54 y 58.
Asimismo, las estadísticas a nivel mundial no mienten, pues datos de la OMPI revelan que en países de América Latina, como por ejemplo Brasil, más del 99% de la población que estudia se educa por medio de fotocopias, por consiguiente, se legitima el nombre del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, cuyo mensaje comunica que fotocopiar es una necesidad para sostener la educación costarricense, sin que ello signifique justificar la piratería, la cual podría interpretarse como específicamente enfocada en el artículo 59 de la ley, que persigue actos de reventa, distribución y almacenamiento de textos no autorizados.
La solución propuesta por nuestro movimiento se basa en promover una protección que cubra a los proveedores del fotocopiado que brindan un servicio a los centros educativos, cuyos estudiantes dependen de ese material para estudiar. Por otra parte, resulta injustificable que en el 2008 se haya reformado el artículo 70 en aras de eliminar el principio de lesividad, que refería a aquellos actos de perjuicio insignificante (menores a medio salarios base), los cuales anteriormente se exoneraban de responsabilidades penales. Al suprimirse este principio de exclusión, se ha dado vía libre para que los titulares de los derechos de autor puedan perseguir cualquier acto, por más insignificante que sea, considerado perjudicial hacia sus intereses, como por ejemplo, esta reforma ha dado pie para que la Cámara Costarricense del Libro amenace y persiga a los centros de fotocopiado.
Esta eventualidad desmiente al ministro del COMEX en el sentido de que no era necesario eliminar el principio de lesividad a la hora de asumir los compromisos internacionales en propiedad intelectual, así como tampoco el señor Ruiz es capaz de aclarar las razones para interponer medidas cautelares exageradas, que podrían significar el cierre de negocios de fotocopiado, el decomiso de equipos y material, con tan solo que la demanda haya sido acogida, sin siquiera citar a una audiencia previa entre las partes y estableciendo tiempos sumamente breves – 3 días- para la ejecución de las medidas.
En suma, desde el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar remarcamos la necesidad de incluir excepciones más integrales para los artículos 54 y 58, al mismo tiempo que es imperativo proteger las actividades de difusión sin fines de lucro, cuyo contenido se exponen en el aparato punitivo de los numerales 51 y 52. Por esta razón, nuestro movimiento rechaza los argumentos del COMEX, al mismo tiempo, comunicamos una postura crítica hacia la actitud hostil del gobierno con respecto la reforma de la ley, así también como es poco saludable querer cerrar cualquier vía de negociación dentro de la Asamblea Legislativa, que reviste de incidencia total para el resultado definitivo de la controversia.
Finalmente, como movimiento apoyamos la ejecución de medidas de presión en el seno legislativo para lograr que el proyecto sea convocado desde el Poder Ejecutivo, asimismo, respaldamos las acciones que se llevarán a cabo desde la ciudadanía que integra el movimiento, cuya finalidad es que a través de la protesta pacífica se logre la reforma a la Ley 8039. El pronunciamiento de nuestra agrupación concluye exhortando a la señora Presidente electa Laura Chinchilla a que recupere la necesidad de dialogar desde el poder, rompiendo con las actitudes prepotentes y autoritarias, tales como la expuesta por el señor ministro del COMEX en el comunicado que dirige al Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.
Atentamente:
Josué Aguirre Thomas. Presidente del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.
Ademar Azofeifa Murillo. Secretario del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.
Como bien ha indicado la distinguida doctora Ministra de Salud, doña María Luisa Ávila Agüero, “el que nada debe, nada teme” y nada mejor para su trayectoria de servicio público que instancias tan calificadas en la vigilancia de la transparencia en la gestión pública, como lo son las dos instancias a las que la ANEP está acudiendo en esta fecha, hagan la constatación de que el pago de esos casi mil millones de colones, fueron “bien gastados”.
No debe la indicada ministra molestarse porque se hagan preguntas sobre el carácter de su gestión ni la de sus más cercanas colaboradoras. Ni mucho menos debe molestarse porque se pida investigar sus decisiones, especialmente aquellas en las cuales hay de por medio fondos públicos. No debe la señora Ministra de Salud emprenderla contra su propia auditoría institucional, tratando de descalificar sus pronunciamientos.
Pedir una investigación a instancias de alto nivel como la Procuraduría de la Ética y como el Ministerio Público, no significa ni condenas apriorísticas ni juicios sumarios de las actuaciones de las actuales jerarquías políticas del Ministerio de Salud. No hay que brincar tan fuerte si el suelo está parejo.
Pero todo el proceso del “D.O.”, que fue impuesto en el Ministerio de Salud en un ambiente de miedo, con actitudes verticalistas y, en algunos casos, con fuertes descalificaciones para el personal institucional de larga trayectoria de servicio, debe ser auscultado al máximo.
La Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud ya hizo su trabajo al respecto y emitió sus conclusiones. Si ello molestó a la señora Ministra de Salud y a sus más cercanas colaboradoras es un juicio de valor de su propia producción y cargado de subjetividad.
Enhorabuena que existen instancias como la Procuraduría de la Ética y el Ministerio de Público para que, con objetividad y en estricto apego a las leyes, reglamentos y procedimientos, le digan a la ciudadanía si todo lo del “D.O.” en el Ministerio de Salud estuvo “bien” ó estuvo “mal”, o algo no hizo “correctamente”.
Es conveniente aclarar varias circunstancias que mueven a inquietudes sobre el proceso del “D.O.” Por ejemplo, ¿fue conveniente ó no fue conveniente para el proceso una relación de pareja protagonizada entre el principal consultor y una relevante figura consultante?; ¿cuánta subjetivización podría haberle sido impregnado al proceso por esta circunstancia vivencial, del ámbito absolutamente privado entre dos seres humanos pero que trascendió y fue de enorme “voz populi” institucional durante todo el proceso del “D.O”?; ¿se habría incrementado el patrimonio personal de estas dos personas protagonistas relevantes del proceso, luego de las retribuciones pagadas por la indicada consultoría?; si ello hubiera sido así, ¿habría habido algún nivel de tráfico de influencias?…
No se moleste, señora Ministra de Salud, porque la ANEP gestiona para que todo quede claro, clarito. No se enoje con la ANEP ni se enoje con la prensa que ha estado auscultando este proceso. La obligación de rendición de cuentas, aunque sea en el mínimo nivel, es condición sine qua non, para la transparencia de cualquier gestión de servicio público y para la tranquilidad que demanda la ciudadanía de que las cosas son precisamente así: transparentes.
San José, 11 de marzo de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
Guillermo Murillo Castillo Responsable ANEP-Ministerio de Salud Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)
San José, 1 de febrero del 2010. S.G. 09-11-0451-10 ¡URGENTE!
Licenciada Janina Del Vecchio Ugalde Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía Su despacho
Estimada señora Ministra
Reciba, en primera instancia, nuestro más cordial y respetuoso saludo, de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Con toda firmeza le estamos solicitando una profunda y transparente investigación con respeto a la actuación policial que cercenó la liberta de expresión de tres ilustres ciudadanos costarricenses, militantes patriotas del Comité Juanito Mora, de Paso Ancho; a quienes se les detuvo y se les enjuició, sumariamente bajo el procedimiento de flagrancia, por haber desplegado una manta manifestándose, usando sus derechos constitucionales para ello, en contra de la mordida, del soborno que, por 80 mil millones de colones, el presente Gobierno pretende darle al personal de JAPDEVA, a cambio de que se privaticen los muelles públicos de la vertiente atlántica de nuestro país.
Aparte de dejar manifestación explícita y publica por esta vía de la más enérgica condena de la ANEP contra un peligrosísimo acto represivo de las libertades públicas, debe establecerse el nombre de los oficiales involucrados, determinar quién les dio la orden y, especialmente, indicar si es esto ya un indicador de que la Fuerza Pública será empleada en tareas de represión cívico-política inaceptables desde todo punto de vista.
En el caso de SINTRAJAP presenciamos el desarrollo de una conjura de manipulación mediática a la población jamás vista en los últimos años, precisamente para esconderle al pueblo el grave acto de corrupción que representa la pretensión de pagar esa mordida, pues, a final de cuentas, será al pueblo trabajador, a la gente, a la que le han de cobrar tan monstruosa erogación.
La ciudadana Stella Chinchilla y los ciudadanos Edison Valverde y Marco Chinchilla, son, en estos momentos, reflejo fiel de esa conciencia cívica que se rebela contra la entrega, vía vil metal, de un bien apreciado del patrimonio nacional como lo es JAPDEVA; y, con mucho más coraje e indignación bajo la ilegal forma en que se está proponiendo, violentando todos los preceptos nacionales, jurídico-constitucionales y los de carácter internacional, en el ámbito de la Libertad de Expresión.
Esa manta por ellos desplegada es, precisamente, para dramatizar lo grave de la situación y el perverso carácter de esa conjura mediática de terrorismo ideológico y de agresión psicológica a la población para que éste no repare, no se percate, sobre el fondo del asunto: la gigantesca trama de tráfico de influencias para apuntalar un negocio privado con un riquísimo bien público, al punto de “invertir” 137 millones de dólares, ¡80 mil millones de colones! que, afortunadamente y como ya está demostrado, la abrumadora mayoría del personal de la indicada institución no acepta ningún precio por sus conciencias.
Esperamos pues, como indicamos, la más diligente investigación sobre las responsabilidades que puedan competerle al personal policial que, en nuestro juicio, produjo un grave atentado a las libertades civiles y constitucionales de libre expresión.
Invocamos para recibir su debida respuesta, el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
No podemos dejar pasar de manera desapercibida esta delicadísima situación y por eso, honorable señora Ministra Del Vecchio, debe procederse con la investigación aquí solicitada con la eventual demanda de responsabilidades.
Queremos creer que se trata de un acto aislado, un abuso de autoridad que contraviene los afanes civilistas que se viene pregonando en materia de profesionalización del relevante servicio público de Seguridad Ciudadana y que, como a usted le consta, la ANEP ha estado respaldando de diversas formas.
De la misma forma, hemos de acudir a las instancias jerárquicas judiciales para expresar nuestro repudio por este, repetimos, peligroso acto en contra de las libertades constitucionales de expresión.
Sin más por el momento y en espera de ser atendidos con prontitud en su despacho, nos despedimos atentamente, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración.
Agradeciéndole de antemano toda su colaboración y comprensión,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
cc.: Lic. Luis Paulino Mora Mora, Presidente, Corte Suprema de Justicia. cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Electa de la República. cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia. cc.: Comisionado Erick Lacayo Rojas, Director General de la Fuerza Pública. cc.: Honorable Comité Patriótico Juanito Mora. cc.: Lic. Ronaldo Blear Blear, Secretario General de SINTRAJAP. cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). cc.: Movimiento Sindical Costarricense. cc.: Movimiento Social Costarricense. cc.: Honorables diputados y diputadas, Asamblea Legislativa. cc.: Medios de Comunicación Colectiva. cc: Junta Directiva Nacional de la ANEP. cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP. cc.: Archivo.
Me contaron que en el diario digital Nuestro País estaba la nota sobre nuestra detención con errores, en ella se decía que habíamos sido condenados. Lo que no es cierto y está llamando a la equivocación a algunos otros medios.
Les transcribo la orden del juez de archivar el asunto, pero antes aclararles que también tiene varios errores, el más visible de ellos es que Luis Bonilla Villalobos es uno de los policías, que debería estar el nombre del compañero Marcos Chinchilla.
Aclararles también que en el momento que el oficial de nombre JUNIOR nos dice que es delito amarrar el palo al poste, inmediatamente lo soltamos, que el oficial supervisor de apellido BERNHEIN nunca nos pidió que soltáramos nada porque cuando él llega, ya no estaba amarrado, hacía mucho rato; que este supervisor ya iba con la orden de detenernos, como se escucha claramente en el video, además de decir que es una orden superior, que uno de sus superiores había pasado por el sitio y “tajantemente dijo que seríamos pasados a un juzgado…” http://www.youtube.com/watch?v=KG_-dwwYr5E
Informarles también que AMNISTÍA INTERNACIONAL está interesada en el caso.
Agradezco de nuevo por la solidaridad mostrada, y decirles que conversando con los otros dos compañeros (MARCOS Y EDISON) estamos pensando en la posiblidad de hacer una denuncia mayor… Así que vamos a necesitar de todo el apoyo que ustedes nos puedan brindar. Ya les avisaremos.
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Orden del Juez
“SE ORDENAARCHIVOPORATIPICIDADO
JUZGADOCONTRAVENCIONAL DE FLAGRANCIA DE SAN JOSÉ, con sede en Goicoechea, al ser las veinte horas con diez minutos del cinco de marzo del dos mil diez.
Causa número 10-000141-1016-FC, causa seguida contra LUISBONILLAVILLALOBOS, EDISONVALVERDEARAYA y ESTELACHINCHILLAMORA, por la contravención de ATIPICO.
Tenemos que el procedimiento de flagrancia se inicia con la formulación de la denuncia y una vez que se cuenta con la misma, se procede a valorar los hechos por parte del suscrito a fin de determinar si los mismos constituyen una contravención, un delito o resultan atípícos. En el eventual caso de que se considere, basados en la prueba recabada a ese momento, que los hechos pueden configurar un delito o una contyravención, se deve superar otra erpa cual es que el hecho haya sido comerido en “flagrancia” para poder continuar con el protocolo establecido al efecto o caso contrario tomar la decisión correspondiente.
En el presente asunto, una vez que el suscrito recibe la denuncia personalmente, arriba a la conclusión de que estamos ante hechos atípicos por lo que de seguido se indica. Como se ha señalado el punto de partida esencial para el examen citado lo que constituye la misma denuncia. En este caso el oficial de policía JUNIORMELENDEZ CEDEÑO narra los hechos de la siguiente forma: … El día de hoy cinco de marzo del dos mil diez, a eso de las dieciséis horas, cuando estábamos parqueados en la rotonda de la Guacamaya, yo estaba acompañado de LUISBONILLAVILLALOBOS, observamos en una pequeña isla de tierra a una mujer identificada luego como ESTELACHINCHILLAMORA, céd.- 1-616-504, la cual estaba haciendo uyn hoyo en la tierra. Observé que ya estaba puesta una manta en la cual se lee “los muelles no se venden” le consulté a la persona que si tiene permiso para colacar la manta y la misma ESTELA me dice que no. Le hago la indicación que no puede colocarla ahí que la rerire, ella me indique que si la iban a quitar, le dimos un tiempo prodencial, como unos diez minutos y no lo hacían, más bien ella misma estaba agitando una bandera. En el lugar había gente y ellos colaboraban, uno sotenía la manra en un extremo se llama MARCOCHINCHILLAMONTES y el otro (EDISONVALVERDEARAYA) estaba simplemenre estaba ahí. Este EDISON se identifica como el dueño de la manta, y me dijo que no pertenece a ningún partido político ni sindicato, sino que simplemente no apoya la venra de los muelles y que es vecino de SAn Sebastián, agrega que es profesor. En ese momento había además de estas tres personas, otra la cual no fue identificada y se fue del lugar, el mismo solo estaba acompañando a estas personas. Estas personas estaban en esa isla, por la cual no pasan vehículos, y en cuanto a personas, podrían pasar por ahí para cruzar la calle que esta contiguo a la rotonda, pero si quiere puede pasar por otro sitio con el mismo fin. Le pregunté a la señora si habían un líder, me dice ella que no que solo eran ciudadanos que se estaban manifestando y que anteriormente han hecho lo mismo. Les volví a pedir que retiran la manta (ubicada al poste un extremo y el otro sostenido por MARCOSCHINCHILLA, en la misma isla de tierra indicada). Pese a mi pedido, estos me ignoran pues siguen hablando entre ellos. Yo llamé al supervisor JONATHANBERNHEIN y el mismo me dice que les indique a estas personas que están contaminando el ornato, que si no se retiran van a ser pasados por flagrancia. Basado en esto les digo que si pueden quitar la manta y retirarse del lugar pues están contaminando el ornato, la respuesta que me da ESTELACHINCHILLA, es que no están contaminando, que se están manifestando y que no se van a ir hasta que les de hambre. Le pedimos al supervisor JONATHANBERNHEIN que se presentara al lugar. Cuando este llega dialoga con ESTELA, MARCOS y EDISON pero estos se niegan a quitar la manta, previo a los cual se les apercibew que podrían ser pasados por flagrancia, y ellos no acceden a la petición por orden del supervisor JONATHANBERNHEIN procedemos a la detención de estas tres personas y su presentación a este despacho. El juez le consuta al ofical si estas personas causaron algún albotoro, algún desorden en el sitio que ocasionara un perjuicio a los transeúntes y responde que no. Se le consulta si se mantuvieron en el mismo lugar o en algún momento obstaculizaron la vía en perjuicio de los conductores o transeúntes. Responde que no, tampoco ejercieron algún tipo de resistencia a la autoridad, incluso se mostraron anuentes a tener que ser presentados a este lugar. Se le consulta si dijeron algún tipo de proposición irreperuosa o improperio en perjuicio de alguno de los oficiales o algún particular y responde que no. No observé que causarán algún daño en el sitio o pintaran orayaran paredes. Se le consulta si considera que hubo alguna dificultad a la acción policial, en el sentido que estuvieran tratando de evitar que realizaran algún acto propio de nuestras funciones, y responde que no, lo que si hicieron es tratar de darle largas al asunto. Incluso ESTELA llamó a una abogada no se su nombre la cual habló con el supervisor. La detención de estas personas se da a las diecisiete horas con cuarenta minutos, momento en que igualmente se procede al decomiso de la manta, la cual se encuentra en la Delegación Polical de Delta Cuantro Uno, (Paso Ancho, Los Olivos). Es todo.
Basado en lo anterio se procede a realizar el análisis de las posibles figuras, contravenciones o delitos, que píeden estar presentes en los hechos, empero, como s e ha señalado, es criterio de este juzgador que no estamos en presencia de acciones configurativas ya sea de una contravención o de un delito. Veamos que el denunciante resulta claro y contundente al contestar las preguntas del suscrito señalando que… El juez le consuta al ofical si estas personas causaron algún albotoro, algún desorden en el sitio que ocasionara un perjuicio a los transeúntes y responde que no. Se le consulta si se mantuvieron en el mismo lugar o en algún momento obstaculizaron la vía en perjuicio de los conductores o transeúntes. …Se le consulta si dijeron algún tipo de proposición irrepetuosa o improperio en perjuicio de alguno de los oficiales o algún particular y responde que no. …Se le consulta si considera que hubo alguna dificultad a la acción policial, en el sentido que estuvieran tratando de evitar que realizaran algún acto propio de nuestras funciones, y responde que no… No observé que causaran algún daño en el sitio o pintaran o rayaran paredes. Asimismo el tema del perjuicio reviste sumo interés. Debe determinarse si la acción o acciones denunciadas han causado una afectación a un bien jurídico de un particular, de las buenas costumbres, del orden público, de la autoriada pública, etc. empero en este asunto se considera que no es el caso, pues se tiene que los aprehendidos se encontraban en una isla realizando una protesta pac{ifica, sin alterar el orden público, sin obstaculizar la vía, toda vez que el oficial señala, concretamente en la zona donde se mantuvieron estas personas, no es zona de tránsilto de vehículos y que en caso de que una persona quisiese cruzar la calle por ese lugar, lo puede hacer por uno cercano, sea que no es la único medio para que las personas puedan cruzar la vía y con ello no se causa afectación a su derecho de tránsito, pues como se reitera, la persona cuenta con otras opciones muy cercanas para ejercer el derecho aludido. De igual modo ha sostenido el propio denunciante que no se dificulta la labor de la policía en cuanto a obstaculizar algún acto propi de sus funciones, que las personas aludidas por se muestran coolaboradoras; se descarta que los aprehendidos hayan incurrido en la contravención de proposiciones irrespetuosas en contra ya sea de los mismo oficiales acruantes o de algún otro particular debidamente identificado, toda vez que el oficial es claro al señalar que en el accionar de los encartados no tuvo lugar hechos en ese sentido. Finalmente tampoco se incurre en dibujo en paredes que en ocasiones similares tiene lugar en hechos como el investigado.
No puede obviarse el examen de los hechos con relación a posibles delitos, porque el hecho de que no estemos frente a una contravención no implica que necesariamente que tampoco estemos frente a un hecho más grave como un delito. En este sentido la respuesta al examen también resulta negativa pues de la narración del denunciante se infiere que … tampoco ejercieron algún tipo de resitencia a la autoridad, incluso se mostraron anuentes a tener que ser presentados a este lugar. … No observé que causaran algún daño en el sitio…
Efectivamente y según los señalado anteriormente y basados en la denuncia planteada, se descartan aquí figuras delictivas como obstrucción de una vía pública (artículos 256 bis del Código Penal), resistencia a la autoridad (artículos 305 y 306 del Código Penal) y daños (artículos 228 del Código Penal).
En mérito de lo expuesto y en apego a la normativa legal citada, al devenir los hechos denunciados en ATÏPICOS motivo por el cual, se ordena el ARCHIVO DE LA CAUSA, LA INMEDIATALIBERTAD DE LOSIMPUTADOSLUISBONILLAVILLALOBOS, EDISONVALVERDEARAYA Y ESTELACHINCHILLAMORA, la cual se ejecutó inmediatamente a que fuieron indagados los mismos y además conforme lo resuelto procede la devolución de los objetos o bienes decomisados al imputado a quien se le incautan los mismos, según el acta de decomiso correspondiente, objetos que según informa el denunciante se encuentra en una Delegación Policial, según lo cual sebe proceder la policía administrativa conforme lo ordenado. NOTIFÍQUESE LO ANTERIOR EN FORMAINMEDIATA A LA DEFENSA Y DENUNCIANTE. LIC. LUISQUESADAARIAS, JUEZ.”
Giovanny Ramírez, Promotor ANEP en la CCSS, en Radio ANEP Ciudadana
Un documento con casi 200 artículos, que regula las actividades laborales en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es ahora el cuerpo de Normas Laborales, que firmó la semana pasada la Junta Directiva de la CCSS y que se elaboró entre las autoridades de la Institución y la representación sindical, incluido nuestra ANEP.
La normativa que estaba rigiendo hasta la semana pasada, databa de 1998, y era urgente de ser actualizada. En el 2005 las organizaciones sindicales solicitaron su revisión y desde entonces, con una reunión semanal todos los miércoles, se vino trabajando hasta obtener como resultado esta nueva norma, más completa que regula el devenir laboral en la CCSS.
Esta es la primera vez que la ANEP participa de lleno, en esta institución, proponiendo y trabajando, en un tema tan trascendental como este, demostrando que nuestro Sindicato puede asumir la representación de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, como lo hacen otras organizaciones sindicales.
Algunos de los temas innovadores que son tratados en esta normativa, y que la anterior o no mencionaba o era poco profunda, son el acoso laboral y sexual, las libertades sindicales, licencias y permisos laborales, políticas de ascensos, resolución de conflictos, entre otros.
Con una asistencia de 545 trabajadores afiliados a SINTRAJAP, en medio de amenazas e intimidaciones por parte del Presidente de JAPDEVA y el gobierno de los Arias, se realizó la Asamblea General, en tercera convocatoria.
Simbolismo de lucha del pueblo limonense
El Black Star Line, referente histórico y cultural de mayor significado para la población afrolimonense en el corazón de la provincia, sirvió de escenario para los asambleístas ratificaran por unanimidad a la Junta Directiva que preside Ronaldo Blaer Blaer y rechazar tajantemente la propuesta del Gobierno de pagar $137 millones a los trabajadores. Esta posición ratifica la decisión de los trabajadores de JAPDEVA que dijeron no a la concesión de los muelles y no al chantaje millonario por la venta de la empresa estatal.
Estos acuerdos de la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, SINTRAJAP, no solo ratifican la posición de la Junta Directiva sino que también fortalece su lucha, en el ámbito legal, ante las maniobras del gobierno de los Arias por privatizar los muelles de Limón y Moín.
Parte de estas maniobras fueron denunciadas en días anteriores por el Semanario Universidad cuando da a conocer documentos del Ministro de Trabajo, Alvaro González, en los cuales se plantea la estrategia para “derrocar” a la legítima junta directiva y montar otra que siga sus órdenes. Esta “junta directiva sindical” gubernamental, surgida luego de que un grupo de afiliados al sindicato, organizados por el gobierno de Oscar Arias, realizó una presunta asamblea y eligió a una junta directiva al margen de los estatutos de SINTRAJAP, y que fue reconocida de inmediato por el Ministerio de Trabajo.
La asamblea general de SINTRAJAP, realizada este jueves 4 de marzo, fue calificada como exitosa por Ronaldo Blaer Blaer, Secretario General, quien fue ratificado en su puesto hasta el final de su período en el 2011.
La Asamblea general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva pedirá también, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, la ratificación de la Junta Directiva vigente, elegida democráticamente el 31 de enero de 2009, y solicitarán que se “desconozca” todo lo realizado por “el grupo mediador”, incluída la supuesta nueva “junta directiva”.
Nueva Comisión de ética y de Apoyo en las negociaciones
Dos nuevas Comisiones se conformaron por voluntad de la Asamblea General de SINTRAJAP. Una se dedicará a formular un reglamento y Código de Ética del sindicato y la otra participará como Apoyo a la Junta Directiva en posibles negociaciones con el gobierno.
Con estas comisiones, a pedido de la misma Asamblea General, se fortalece la participación de los y las trabajadoras afiliadas en la vida y accionar de SINTRAJAP.
Finalmente y en un acto de gran solidaridad los y las Asambleístas aportaron lo que pudieron para poder cubrir algunos gastos del sindicato que tiene las cuentas bloqueadas por el gobierno de los Arias.
Cerca de 250 mil colones se recogieron este día y se comprometieron en seguir aportando, en la medida de sus posibilidades, para que el sindicato pudiera seguir funcionando.
El gobierno ha bloqueado las cuentas de SINTRAJAP y ha cortado las deducciones de la cuota sindical que se deducen automáticamente de los salarios de las personas trabajadoras.
Ante esto SINTRAJAP también ha recibido apoyo de Centrales Sindicales y Sindicatos independientes para poder hacer frente a las acciones de presión y legales en que se encuentra sometido por el gobierno. ANEP pedirá la intervención del Ministerio
Albino Vargas Barrantes y Edgar Morales Quesada, Secretario General y Adjunto respectivamente, de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, está preparando una solicitad de intervención del Ministerio Público “para que se investigue de dónde saldrían los fondos para pagar los 80.000 millones de colones que ofreció el Gobierno a los trabajadores de JAPDEVA para que se entreguen los muelles”. En comunicado público ANEP planteará al Ministerio Público “que establezca la naturaleza jurídica del hecho de que empleados públicos reciban dineros que no están contemplados en la legislación” ya que califica la acción del gobierno de los Arias de “chantaje, soborno y corrupción, acciones claramente castigadas por la Ley contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción”.
Presidenta electa debe aclarar su posición
ANEP planteará a la Presidenta electa, Laura Chinchilla Miranda, que aclare cuál es su posición con respecto a las acciones antisindicales y de soborno que se da con el caso de JAPDEVA y diga claramente cuál será su proceder de “heredar” esta problemática.
La Licda Laura Chinchilla Miranda se reunirá con el Consejo Consultivo Nacional de ANEP este viernes 5 de marzo.
En un marco de gran participación de los organismos de base de nuestro sindicato, el Consejo Consultivo Nacional de ANEP, realizó Segunda Sesión del período 2009-2011. Día Internacional de la Mujer
La actividad estuvo dividida en dos partes. En una se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en la segunda se analizaron los planteamientos que se le presentarían a Laura Chinchilla posteriormente y la posición de los representantes de las Seccionales de ANEP.
En este marco, la solidaridad con el sindicato SINTRAJAP colmó de aplausos la valiente Asamblea realizada el día anterior por ellos y se ratificó el accionar de nuestro sindicato para con los y las trabajadoras de JAPDEVA, el respaldo a la legítima Junta Directiva encabezada por Ronaldo Blear Blear y el apoyo a las acciones que SINTRAJAP se plantee.
En el Día Internacional de la Mujer que reconoce “que día a día con su aporte, su trabajo y su lucha siguen sentando las bases para la consolidación de una sociedad más justa”.
El acto estuvo acompañado por un dúo musical, compuesto por Adriana Palma y Ana María Aguilar, que interpretó varios temas relacionados con la mujer y su lucha cotidiana por la justicia.
Acuse de recibo…¿Y ahora?
Laura Chinchilla Miranda, presidenta electa para el período 2010-2014, en medio del acto protocolario y con experiencia diplomática reitero su interés por el diálogo entre los diferentes sectores y su “positiva experiencia en negociaciones cuando era ministra con el sector sindical, especialmente con las seccionales de ANEP en el Ministerio de Justicia”.
“Lo dije el siete de febrero, luego del proceso electoral, tendré las puertas abiertas a todos los sectores sociales para construir puentes que nos permitan llegar a acuerdos y salir adelante”, dijo Chinchilla y agregó que “no debemos tenerle miedo al diálogo y a la posibilidad de discutir, en el marco del respeto que debe guardarse a las posiciones de cada quién, las propuestas que se pongan sobre la mesa”.
En los diferentes planteamientos presentados por ANEP y UNDECA en el documento, “Diálogo social y negociación efectiva: Planteamientos sindicales para recuperar la solidaridad y la inclusión social en función del bien común”, así como los presentados por diferentes sectores sociales en las “10 medidas para enfrentar la Crisis con inlusión Social y Porductiva”, Chinchilla Miranda se mostró complacida de coincidir.
“Comparto muchos de esos planteamientos que nos presentan y estoy segura de que si hay disposición de diálogo y se mantiene la actitud de que pese a las diferencias hay propuestas, opciones, podemos llegar a acuerdos importantes”, dijo Laura Chinchilla.
La respuesta a la pregunta sobre lo que puede esperar el pueblo costarricense del “nuevo” gobierno, queda sin respuesta, en la incertidumbre, a la espera de que de las palabras a los hechos se vean acciones positivas que respondan, a los que muy bien dijo la presidenta electa, a las necesidades de la “clase trabajadora”.
Por último se le obsequió un presente que consistía en un libro llamado “Los derechos humanos laborales en el seno de la organización Internacional del Trabajo” como consulta sobre planteamientos que como organización comparte la ANEP.
Segunda sesión del período directivo 2009-2011 del CONSEJOCONSULTIVONACIONAL DE LA ANEP Viernes 5 de marzo del 2010
1. La concentración de la riqueza y el rápido crecimiento de la desigualdad, constituyen el problema más grave que enfrenta hoy la sociedad costarricense. Este problema vulnera directamente el bienestar de la mayoría de la población. Es, además, generador de violencia e inseguridad ciudadana; y amenaza con devolver a Costa Rica al país latinoamericano promedio que fue durante la primera mitad del siglo veinte.
2. La razón principal por la cual Costa Rica vive esta situación es por la aceleradísima concentración del ingreso, fruto de las restricciones en el que reciben las personas por su trabajo. Para compensarlo, la política social debe ayudar y ciertamente ayuda, pero es totalmente insuficiente. La principal tarea de un gobierno preocupado por la gente es mejorar la distribución primaria del ingreso.
3. Desde la perspectiva laboral, para enfrentar esta creciente desigualdad, es necesario avanzar en dos líneas de acción que contribuyan desde dos lugares:
a) “_Desde arriba_”: Diseñar y ejecutar, efectivamente, una política pública que genere empleo y condiciones para acceder a este empleo.
b) “_Desde abajo_”: Dotar a las personas trabajadoras de los sectores público y privado, de las garantías necesarias para que puedan ayudarse a sí mismas mediante la participación, la organización y la negociación colectiva.
4. En este auditorio hay muchas personas que cada vez más sienten en carne propia el agobiante peso de la creciente desigualdad económica. Salarios estancados o que se ajustan luego de haber sufrido el castigo de la inflación durante meses, ingresos por debajo del salario mínimo, no sólo en el sector privado sino también en el sector público.
5. Además, enfrentamos situaciones de clara discriminación, que no distinguen a Costa Rica de los países menos desarrollados de América Latina, como la discriminación de las trabajadoras en el acceso a cargos públicos superiores de la administración pública, y las enormes brechas salariales que afectan a todas las mujeres trabajadoras, y más aún cuantos más años de estudio tienen, contradiciendo la promesa de que la educación es el camino para mejorar las condiciones de vida. Todas ellas han tenido que intentar paliar todo eso por medio de un enorme endeudamiento personal y familiar que, en muchos casos, les ha llevado a la desesperación y a la angustia.
6. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que carecen de estabilidad en el empleo público; sea porque son interinas, en unos casos. En otros, sea porque so pretexto de leguleyadas han caído en las garras de un manejo clientelar e irresponsable de un empleo público que no les garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política para evitar que, como en la pasada década de los 40, el empleo público sea un botín del partido político de turno.
7. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras cuyo empleo se ha precarizado mediante la flexibilización laboral de hecho, mediante la informalización del empleo, y mediante la subcontratación pública y privada de servicios detrás de una maraña legal que esconde relaciones plenamente asalariadas.
8. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que han perdido su empleo; han sido discriminadas, hostigadas, maltratadas y estigmatizadas por organizarse sindicalmente, por tratar de negociar con sus empleadores (públicos y privados), mejores condiciones de vida para ellas y sus familias; por exigir el respeto a sus derechos legales y constitucionales y por levantar la voz en defensa de sí mismas y de otras personas trabajadoras.
9. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ante el atropello de sus derechos individuales y colectivos, han tenido que enfrentar esas discriminaciones por medio de engorrosos, lentos e ineficaces procedimientos judiciales.
10. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ven a sus hijos e hijas mirar con incertidumbre su futuro laboral, por ausencia de políticas públicas que generen oportunidades de trabajo decente.
11. En función de ello, y ante una situación que no admite postergaciones, es imprescindible que la nueva administración y el nuevo parlamento asuman medidas de forma inmediata, al menos dos campos de acción fundamentales:
a) El cumplimiento y la tutela efectiva de derechos, de forma tal que los derechos no sean sólo enunciados en leyes, libros y documentos, sino práctica común en sus vidas.
b) Políticas públicas para una mejor distribución de la riqueza, de forma tal que se cumpla lo que ordena la Constitución Política al decir, en su Artículo 50 que “_El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza_”; así como lo indicado en su Artículo 74: “_Los derechos y beneficios a que este Capítulo (de Garantías Sociales) se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional_.”
12. El presente planteamiento recoge lo que en diversos procesos de muchos años de construcción colectiva con organizaciones fraternas, sindicales y no sindicales, hemos venido elaborando y proponiendo a la comunidad nacional.
13. Muchas de las personas que asumirán la responsabilidad de legislar han constatado en su práctica pública y privada, los enormes esfuerzos que a través del tiempo hemos venido haciendo para tratar de enfrentar los problemas antes apuntados y otros afines o complementarios.
14. La señora Presidenta Electa no sólo ha tenido esa constatación en su vida como funcionaria pública, sino que con ella hemos discutido, incluso durante la pasada campaña electoral, la delicada situación que la próxima administración tendrá que enfrentar ante foros internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y como la Unión Europea (UE), por la violación sistemática e histórica de los derechos laborales y, en particular, de la Libertad Sindical. Lejos de encontrarse con un mejor panorama, el abuso, la corrupción y las peores y más antidemocráticas prácticas han dado un “_salto de calidad_” con lo sucedido en las últimas semanas con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).
15. Es por ello que, a continuación, sistematizamos lo que son las propuestas fundamentales para la tutela efectiva de derechos, así como para la ejecución de políticas públicas que permitan una mejor distribución de la riqueza y alivien la cada vez más precaria situación económica de las familias de la clase trabajadora.
16. Desde una perspectiva sindical somos firmes creyentes en el diálogo social, hemos dado pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, y estamos listos para trabajar en nuevo esfuerzo.
17. Además, existe un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que la señora Presidenta Electa ya conoce. Se trata del proceso social “_Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva_”. En este se recogen muchas de las propuestas que se sistematizan a continuación, por lo estimamos que representa un proceso de alto contenido estratégico para desarrollar un diálogo social de nuevo tipo.
18. Este requiere abandonar estilos autoritarios de gobierno, el personalismo verticalista y el tráfico de influencias que favorece los negocios de unos pocos a costa del patrimonio público.
19. Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, hemos tomado la palabra ofrecida por la señora Presidenta Electa.
20. Esperamos el inicio inmediato de las conversaciones que sean necesarias, no sólo para el diseño y empuje de nuevas políticas públicas, así como de instrumentos que garanticen su cumplimiento; sino también para revertir situaciones críticas que, como en el caso de JAPDEVA, representan indicadores clarísimos de que la destrucción de nuestro sistema democrático tiene poderosos seguidores en nuestro país.
El documento completo lo se puede bajar de la columna derecha en el apartado documentos adjuntos.
Además, también está el documento anexo: Sobre desafíos estructurales de la Seguridad Social: Planteamiento conjunto UNDECA-ANEP
1. El contenido de la nota STAP-0205-2010 fundamenta y reafirma el planteamiento que esta Seccional ha hecho en reiteradas ocasiones acerca de que, el no pago de la homologación, es la suma de una cadena de errores cometidos exclusivamente por la administración de nuestra institución.
2. El pronunciamiento de la AP constituye para nosotros/as un valioso insumo que exige a la administración de la institución tomar, de una vez por todas, las medidas necesarias que garanticen la superación de los errores cometidos y el respeto a nuestros derechos salariales.
3. En este pronunciamiento se identifican claramente fallas, deficiencias y omisiones cometidas por la administración de la institución, las cuales han sido señaladas a ésta desde años anteriores, con respeto y oportunidad por diferentes compañeros y compañeras. No obstante, estos señalamientos no fueron atendidos con la debida importancia y la eficiencia técnica necesaria, lo cual ha generado la delicada situación que hoy enfrentamos en lo referente a la administración del personal.
4. Celebramos que el análisis detallado que elabora la Sra. Mayra Calvo, Directora Ejecutiva de la AP en esta respuesta, brinde las pistas claras y definidas para corregir las irregularidades convertidas hoy día en injusticia salarial para los compañeros y compañeras que ocupan plazas profesionales.
5. Ante esta situación hemos realizado las siguientes acciones:
a) Envío del documento STAP-0205-2010 a la asesoría jurídica de la ANEP para conocer su criterio acerca de las posibles acciones legales que esta Seccional podría realizar ante la magnitud y el carácter recurrente de los errores cometidos por la administración de la institución. Lo anterior contribuirá a clarificar el mecanismo a seguir para sentar las responsabilidades individuales e institucionales de los errores cometidos, como en derecho corresponda.
b) Los resultados de la asesoría jurídica serán analizados en Asamblea Extraordinaria Ampliada de la Seccional ANEP-CNREE, el día jueves 4 de marzo a las 2:30pm en el comedor de la institución. Para la realización de esta asamblea contamos con la autorización del Director Ejecutivo a. i., compañero Rodrigo Jiménez Molina en ejercicio, de modo que todos y todas las funcionarias de las regionales y de sede central, podamos aportar a la definición de la estrategia de lucha a seguir. En esta asamblea contaremos también con la presencia de los y las asesores jurídicos de la ANEP.
c) De igual manera, en esta asamblea se analizará el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (octubre del 2009) y el documento STAP 0205-2010. Al mismo tiempo se someterá a consideración de los y las participantes, la propuesta de solicitar al Director Ejecutivo en ejercicio, el pago de los percentiles 40 y 45 correspondientes al año 2009, tal como lo plantea la AP; y el percentil 50 del primer semestre del 2010, aclarando la diferencia de este pago con respecto al proceso de homologación salarial, hoy declarado por la misma AP, improcedente legal y técnicamente.
d) Gestionar citas personalizadas con los señores Ministro y Viceministro de Trabajo, Sr. Eugenio Solano, representante del MTSS ante la AP; con la Licda. Mayra Calvo, Directora Ejecutiva de la AP; con jerarcas de Modernización del Estado de MIDEPLAN y con la Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerenta del Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, para analizar las opciones que estos jerarcas visualizan ante el panorama descrito en el pronunciamiento STAP-0205-2010.
e) Con base en los resultados obtenidos en las acciones anteriores, solicitar un nuevo espacio de negociación y diálogo con la Junta Directiva, el Auditor Interno y la Dirección Ejecutiva del CNREE para exigir aclaraciones y soluciones reales e inmediatas a la crisis que hoy enfrentamos, producto de su gestión.
f) Reiteramos el compromiso demostrado por nuestra Seccional desde su fundación, de coadyuvar con la administración en la superación de todas las dificultades que enfrenta la institución, principalmente en la satisfacción de los derechos laborales de los y las funcionarias del CNREE.
g) Por otro lado, nos permitimos recomendarles muy respetuosamente se sirvan solicitar a nivel individual y de manera escrita, a la coordinación de Recursos Humanos, el número y las funciones correspondientes al puesto que actualmente ocupen.
Esta Seccional desea reiterarles nuestro compromiso de generar procesos participativos en lo que todos y todas aportemos a la toma de decisiones sobre la estrategia de lucha a seguir, a fin de lograr la justicia laboral hasta hoy irrespetada.
Por esta razón, valoramos de suma importancia, ampliar y fortalecer la unidad gremial en el CNREE, para enfrentar adecuadamente esta coyuntura institucional y el incierto panorama a futuro, tanto institucional como laboralmente.
El Directorio Ejecutivo del Sindicato UPINS, en complemento, aclaración y adición al comunicado de la Administración Superior del 25 de febrero del 2010, desea compartir con toda la comunidad institucional información de interés en torno al tema de los nombramientos temporales y el salario único, o como preferimos llamarlo nosotros: salario de base percentilar.
1./strong> En resumen, la fijación del salario percentilar tiene dos componentes: a) Una encuesta salarial del sector productivo de interés (en este caso seguros o bancos); y b)- La ubicación que el patrono desea tener en la banda de opciones que determina la encuesta. De esta forma, un salario de percentil 50, implicaría que el patrono quiere atraer la mano de obra que esté dispuesta a ganar más o menos la mitad de los rangos más bajo y más alto de la encuesta. Por ejemplo, si para un Oficinista la encuesta determina una banda que va de ¢ 200.000 a ¢ 600.000, con un percentil 50, el salario que el INS estaría dispuesto a pagar sería de aproximadamente ¢ 400.000.
Según es lo usual, el salario tendría un ajuste periódico por año y no tendría anualidades, ni dedicación exclusiva, ni otros pluses; excepto por prohibición o disponibilidad. Todos los elementos estarían contemplados en el salario mismo, por eso lo llaman “salario único”. Además su retribución contempla una jornada de 48 horas semanales.
2.- Como puede inferirse, el salario único es un asunto delicado. La problemática de los 483 funcionarios nombrados en plazas temporales desde el año 2007, es un tema también muy delicado y que atañe a la estabilidad laboral de muchos compañeros y sus familias. No debe utilizarse como “medida de presión” para aprobar un régimen salarial que finalmente nos afectará a todos.
3.- Es claro que si estos funcionarios permanecen en la Institución, realizando labores que el INS aprovecha día a día, es porque son trabajadores necesarios para llevar adelante la gestión principal del INS. Hasta donde conocemos, a ellos no se les hizo firmar un documento que probara su conocimiento expreso y aceptación de su situación de temporalidad y la precariedad que ello significaría más adelante; o que finalmente su retribución salarial sufriría una afectación.
4.- Nuestra Convención Colectiva de Trabajo (artículos 2 y 52) y reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, son claros en regular el tratamiento de la relación laboral de funcionarios que han ocupado por más de un año y de forma ininterrumpida una plaza vacante.
5.- Tampoco debemos olvidar el principio cardinal de nuestro Derecho Laboral, inscrito en los artículos 33 y 167 de la Constitución Política y el Código de Trabajo respectivamente, en el sentido de que a igual trabajo igual salario. Es decir, no pueden existir dos trabajadores que realizan la misma labor, con regímenes salariales discriminantes entre ellos.
6.- Tengamos claro que el salario de base percentilar busca reducir los costos administrativos que implica la planilla del INS. También es claro que aunque al principio se apruebe para un grupo de trabajadores, al cabo de un “ciclo” terminará afectando todo el sistema de retribución salarial. La velocidad del ciclo dependerá de si el nuevo salario se aprueba para los 483 funcionarios, o solamente para los nuevos.
7.- Si el tema de fondo es el costo de la antigüedad, ¿Por qué simplemente no modificamos la escala, para los nuevos trabajadores?
8.- A nosotros nos parece que el tema de “reducción de costos” en el INS es un tema más amplio y profundo, el cual debe enmarcarse en una estrategia integral que afecte también la estructura organizacional de la entidad , el aprovechamiento pleno de la capacidad y categoría de todos los funcionarios, el enriquecimiento de los valores agregados mediante la capacitación y el uso extensivo de la tecnología, entre otros.
9.- La discusión también debe contemplar necesariamente y de manera colateral la instauración de un sistema de bonos por cumplimiento de metas productivas o por reparto de utilidades, como ya existe en los Bancos Públicos y el apoyo a la creación de un programa de bienestar, como serían los créditos hipotecarios, seguros colectivos, etc.
10.- Nos hubiese gustado que la discusión del salario único o percentilar , de tanta repercusión para los trabajadores del INS, se discutiera en el ámbito más amplio de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, teniendo como tema principal la estabilidad de los trabajadores y no bajo la angustia de casi quinientos compañeros cuya temporalidad vence el próximo 31 de marzo del 2010.
11.- Creemos que la decisión no debe ser de un grupo de dirigentes, ni de un Directorio Ejecutivo de UPINS, tiene que ser el producto de una amplia consulta a todos los trabajadores (as). De ahí que en los próximos días estaremos convocando a su discusión en reuniones tanto en oficinas centrales, como en INS-SALUD y algunas Sedes del INS.
Su aprobación o desaprobación final dependerá de lo que se decida en una Asamblea General de la UPINS, que recoja toda esta discusión.
En todo caso, estamos en la mejor disposición de analizar y sopesar estos temas, en función de un Instituto más fuerte, más competitivo y más inmerso en la economía social del país. Confiamos en la inteligencia y buena fe de las partes y que todos, primero Dios, encontraremos la mejor solución.
En un acto de repudio contra las acciones corruptas del gobierno de los Arias, se realizó hoy, lunes 22 de febrero, un mitín frente al Ministerio de Trabajo en el cual participaron diversas organizaciones sindicales.
Por la tarde representantes de las Centrales Sindicales, entre otras organizaciones sociales, se reunieron para definir la estrategia a seguir y en la cual no se descartan las manifestaciones en las calles de Limón y San José.
El gobierno de los Arias decidió el viernes pasado inscribir una nueva “junta directiva” para el sindicato de los muelles de Limón y Moín.
La resolución 38-DOS-2010 da por válida una “asamblea”, realizada el 15 de enero pasado, y que no fue convocada por la Junta Directiva vigente, en la que se nombra una junta integrada por por Douglas Brenes, secretario general, entre otros.
El objetivo fundamental de los Arias es lograr la privatización de los muelles de Limón y Moín, y para ello rompen con la Ley, los Convenios Internacionales y violenta la Libertad Sindical, y chantajea a los y las trabajadoras con $137 millones.
La acción de “montar una nueva junta directiva” se da luego de que la legítima Junta Directiva de SINTRAJAP se negó a aceptar el soborno que les ofrecieron de $800 mil a cada directivo.
Nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social parte de las formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo que hemos planteado en los últimos años; las cuales se entrecruzan con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
