Categoría: Acción Sindical

Acuerdos más abajo

Buscan mejorar servicio: ¡Paro en la Municipalidad de San José!

Indignados por la falta de equipos de trabajo, tales como carros recolectores, carretillos, escobones; repuestos y mantenimiento para la maquinaria; y falta de personal para el trabajo operativo, este jueves 2 de junio, a partir de las 6:00 p.m., los trabajadores de la recolección nocturna, dirigidos por la Seccional de ANEP, se negaron a salir a prestar el servicio.

VIDEO de ANEPtv

Hay que anotar que la situación ha sido planteada en reiteradas ocasiones al señor Jhonny Araya Monge, Alcalde municipal, sin que este se haya dignado a ponerle atención a los reclamos de nuestra Seccional.

Hoy viernes, a partir de las 6:00 a.m. se unieron a la protesta las cuadrillas de recolección de desechos sólidos, aseo de vías, parques e hidrología, entre otras.

Hacemos un llamado a toda la comunidad josefina, para que se solidarice con las y los trabajadores de esta municipalidad, apoyando su acción y dirigiendose al señor Alcalde, exigiendo sean atendidas las demandas planteadas, ya que lo que pretenden los trabajadores y nuestra Seccional, es contar con mayores recursos humanos y materiales a fin de brindar un mejor servicio a la comunidad josefina.

Héctor Cerdas Zamora, Presidente de la Seccional de ANEP en la Municipalidad de San José dijo que “lo que pretendemos no es un ajuste de salarios, que nos lo mereceríamos, por lo que estamos en la pelea es por equipo humano y técnico para poder brindar un servicio de calidad y lo que están haciendo es “engordar” en aparato burocrático y no el operacional para poder hacerle frente a las necesidades de la Capital.”

Con una gran participación de trabajadores y trabajadoras municipales los dirigentes de ANEP en la Municipalidad señalaron que “la manifestación se mantendrá hasta tanto no se cumplan los acuerdos firmados por el propio Johnny Araya Monge, Alcalde de San José, para dotar a los servicios de recolección de basura, aseo de vías y obras, de los equipos necesarios para trabajar y el fortalecimiento con personal que refuercen el serviico que se presta y por el que paga la ciudadanía”.

Por su parte Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto ANEP, indicó que mientras la clase trabajadora trabaja “con las uñas y la ciudadanía urge de buenos servicios, los dineros de la municipalidad se van gastos poco beneficiosos para el pueblo y en pagar con puestos a “los amigotes” de los altos jerarcas”.
Urgió también a la ciudadanía de la Capital para que exija la calidad de servicios por los que paga y que “esos buenos servicios se pueden dar cuando hay equipo bueno y suficiente y si se cuenta con el personal de campo necesario para recoger la basura, limpiar calles, alcantarillas, mejorar obras, etc.”.

En estos momentos la dirigencia sindical de ANEP se encuantra reunida con la Vicealcaldesa, ya que el Alcalde se encuentra fuera del país, buscando solución y sobre todo cumplimiento de los acuerdos de compra de equipo y contratación de personal de campo necesario.

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ACUERDOS ALCANZADOS

San José, 3 de junio de 2011.

Acuerdos tomados entre las autoridades municipales y la dirigencia sindical de ANEP, aprobados en debate y votación por los más de 600 trabajadores y trabajadoras en paro.

1- La Alcaldía presentará la próxima semana una reforma presupuestaria al Concejo, para la contratación de 40 plazas para la parte operativa. Mismas que serán distribuidas prioridad en las cuadrillas de bacheo, parques, aseo de vías y recolección.

2- Recolectores. Se destinarán 1200 millones de colones para la compra de 9 camiones recolectores. La Alcaldía se compromete a apurar el proceso de licitación con el objetivo de que para marzo de 2012, ya los camiones estén prestando servicio.

3- Camiones alquilados. La Alcaldía se compromete, que a partir de la próxima semana a revisar los equipos alquilados y eliminar los que están fuera de servicio, obligando a la empresa a reponer con vehículos en buen estado, mientras se concluye con la compra de los equipos nuevos.

4- Maquinaria y equipo. La Alcaldía se compromete a implementar un programa de compras para la reposición de maquinaria y equipo, destinando para este año una partida de 500 millones de colones, e incluyendo en los presupuestos de cada año, con el fin de ir comprando y reponiendo equipo y maquinaria.

5- Interinos. La Alcaldía se comprometió a iniciar un proceso sostenido para que las y las personas trabajadoras interinas, sean incorporadas en propiedad. Este proceso se iniciará incorporando por las personas trabajadoras de mayor antigüedad.

6- Sobre el Mexicano. La Alcaldía le solicita a la Seccional, presentar pruebas sobre las denuncias que pesan sobre esta persona. La Seccional las aportará la próxima semana. Se le concedió a la Alcaldía un plazo de 15 días hábiles para resolver, de lo contrarío los y las trabajadoras irían a huelga, únicamente para resolver este punto.

7- Sobre los carros plásticos. No se comprarán más de estos estañotes con ruedas. Se volverá al carretillo tradicional. Los 50 cajones actuales quedarán fuera de uso, a no ser que alguna persona trabajadora por voluntad propia, quiera utilizarlos.

8- Bodegas. La Alcaldía atenderá de manera urgente la reubicación y construcción de las bodegas de la Merced, Carmen y Catedral. Sobre la de Barrio México se acuerda extender el plazo, dado que aún puede prestar servicio, mientras se busca y compra el terreno adecuado.

9- Sobre la Bodega de Plaza Gonzáles Víquez, se acuerda plantearle a la Junta de Educación, hacer un cambio, el terreno y la bodega, contra la deuda que esta institución tiene con la municipalidad.

*10- No habrá ningún tipo de represalia *contra las personas trabajadoras participantes.

Sometidos a debate y votación estos acuerdos, fueron aprobados por los más de 600 trabajadores y trabajadoras en huelga, levantándose la misma a eso de las 12 medio día del viernes 3 de junio.

San José, jueves 2 de junio de 2011.

Doctor
Hernando París Rodríguez
Ministro
Ministerio de Justicia y Paz
Presente

Estimado señor Ministro:

Con todo respeto, expresamos atento saludo para su digna autoridad.

Con relación a la publicación periodística de esta fecha del diario La Nación, misma que se titula “Exigencias laborales en La Reforma elevan crisis en cárcel” (que tiene como pretítulo “Grupo de funcionarios realizó ayer para de labores por cuatro horas”), incluida en la página 14-A de la sección Sucesos y Judiciales; usted se dejó decir lo siguiente:_ “Hace un año, cuando yo entré, comenzamos a resolver los problemas. Me parece sorprendente que ahora, en vísperas de elección de Albino Vargas, nos quieran usar para traer al tapete cosas que ya hemos anunciado. Los problemas existen y se están trabajando por resolverlos”_ (subrayado nuestro)

Con base en lo anterior y por el profundo respeto que nos merecen todas las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y que son asociadas a la ANEP, por demás, en alta cantidad; igualmente, por el profundo respeto que también nos merecen quienes no forman parte de la organización que nos honramos en presidir, manifestamos lo siguiente:

Primero: Con profunda indignación, gran molestia y gravemente ofendidos, rechazamos, tajantemente, su temeraria e irrespetuosa afirmación de que, a raíz de la elección venidera en la ANEP, estemos “usando” la grave situación de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, para buscar votos en nuestro favor directo. Usted, señor Ministro París, ofende la inteligencia, agrede la sensibilidad y juega con las emociones del honorable personal penitenciario; además de tergiversar profundamente la realidad institucional de, particularmente, el CAI-La Reforma, al intentar dañar la noble causa laboral del personal de este centro; tratando de desvirtuar un esfuerzo genuino y auténtico para sensibilizar al país y a su propio Gobierno de los graves problemas que ya son de amplio conocimiento público.

Segundo: Es más, le indicamos al señor periodista del mencionado medio, don David Delgado C., cuando nos llamó para conocer de nuestra opinión sobre su pérfido comentario, de que lo catalogamos de rastrero, porque no es ético descalificar una posición sindical como la de la ANEP en el caso de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que se viene construyendo con seriedad, profesionalismo, con asesoría externa expecializada, desde hace bastante tiempo. Más específicamente, desde el mes de mayo de 2010, con ocasión de las jornadas de reflexión que se promovieron al respecto, con participación de personal penitenciario de base y que arrojó importantes resultados, con propuestas incluidas, dando claras señales de anticipación y de advertencia de la inminencia de sucesos tristes como los del 11 de mayo anterior. Lastimosamente, su despacho ignoró los aportes del personal indicado convocado por la ANEP como entidad facilitadora.

Tercero: Es evidente que en algunos mandos jerárquicos de La Reforma, en algunas instancias dirigentes del propio SPN hay un profundo sesgo antisindical por la importante presencia de la ANEP en el SPN; presencia que no es de ahora, que es histórica y que ha generado muchas luchas en favor de los derechos económico-sociales y reivindicativo laborales de todo su personal, esté o no esté asociado a la ANEP. Debería usted, señor Ministro París, informarse mejor al respecto para que tuviera elementos más objetivos y más profesionales a la hora de valorar la intervención sindical de esta agrupación en el tema que nos ocupa; intervención más que legitimida al existir, debidamente conformadas y con toda legitimidad jurídica según nuestro Estado de Derecho en la materia, dos seccionales sindicales de la ANEP conformadas por trabajadores y por trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional.

Cuarto: Con su temeraria afirmación, pretende usted echar una cortina de humo de una situación que, por el contrario, debería llevarle a la reflexión como jerarca político máximo del SPN. ¿Cuál es la razón que subyace en la conciencia del personal de base de La Reforma que les anima, que les motiva, a buscar un espacio propio, genuino, alterno, de su propia expresión, al margen, a la par, complementario si se quiere para ser benévolos; con el espacio clásico de corte verticalista, institucionalizado de “orden y mando” que ejercen las figuras de autoridad formal en tal centro?. ¿Qué es lo que está fallando a lo interno que quienes están protagonizando esta lucha, tanto los que se expresan de manera activa como aquellos que por otras razones permanecen en actitud pasiva pero plenamente identificados moral y éticamente con la causa; se deciden a verbalizar su reclamo, a hacer visible su molestia, a mostrarle al país que existen y que no sienten plenitud de audiencia calificada de su propia y máxima autoridad?

Quinto: Ofende usted con su temeraria afirmación, incluso, la dignidad y la seriedad y la integridad de la propia Defensoría de los Habitantes de la República, prestigiosa entidad de nuestro sistema institucional republicano, la cual, a través de su segundo máximo jerarca, el Lic. Luis Gerardo Fallas Acosta, ha puesto cuidado al reclamo auténtico del personal de base de La Reforma y hasta ha ofrecido su intermediación. Con esa ofensivo criterio suyo pone usted en peligro los buenos oficios facilitadores de la Defensoría, algo que no merece, bajo ninguna circunstancia, la causa laboral en desarrollo en el SPN.

Sexto: Tenemos entendido de que este viernes 3 de junio, finalmente, usted se haría presente en La Reforma para lo cual se convocará al personal, Si ello es cierto, nos alegramos sinceramente. Ojalá que sea así. Por más que su digna autoridad diga lo contrario, todas las circunstancias demuestran que en dos ocasiones se anunció su visita y usted dejó plantado a ese honorable personal que con gran ansia, respeto y esperanza le quería tener al frente para un diálogo totalmente decoroso y, como decimos, profundamente respetuoso. Es hora de la reflexión compartida, del diálogo fecundo, de la negociación contructiva, de cerrar filas en pro de la institucionalidad penitenciaria vista como un todo integral y para sensibilizar a las instancias tomadoras de decisiones, extrainstitucionales, para que el SPN sea, por primera vez en no sabemos cuántos años, tema prioritario de la agenda nacional del país. Todavía resuena en nuestros oídos, sus palabras, en la tarde-noche del fatídico 11de mayo cuando intermediando llamada nuestra al honorable señor Viceministro suyo, el Lic. Fernando Ferraro Castro, para conocer de cerca acerca de la crítica situación que se vivía en La Reforma, él nos lo pasó a usted al celular y usted, precisamente, habló de esa necesidad de conjunción de esfuerzos. Nosotros hemos actuado transparentemente, con toda honestidad, con sinceridad, sin doble lenguaje ni conductas inconsecuentes. En verdad nos sentimos lastimados por su desafortunado, injusto y, nuevamente con respeto se lo decimos, rastrero comentario, acerca de relacionar la posición de la ANEP en el marco de la crisis del SPN con el juego electoral interno de la agrupación. No, señor Ministro París, no somos de esa calaña. El respeto a la muerte del compañero policía penitenciario, acacecida ese 11 de mayo, está profundamente presente en nuestra mente como para ser tan bajos e instrumentarlo de una manera tan sucia como usted nos endosa.

En próximas comunicaciones, le hemos de recordar, la serie de planteamientos que hemos venido formulando sobre lo que la ANEP ha denominado “La Crisis del Sistema Penitenciario Nacional” que su despacho ha ignorado sistemáticamente y que son aportaciones crítico-propositivas de buena fe fomuladas con seriedad y profesionales desde mucho antes de la coyuntura electoral de esta organización.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Pliego de Exigencias en pro de la Vida y Respeto a derechos humanosdel personal del Sistema Penitenciario Nacional

El 18 de mayo de 2011, luego de transcurridos siete días del violento acontecimiento en el que perdió la vida el compañero Francis Morales Fallas, varios compañeros heridos y dos privados de libertad fallecidos; personal del Centro del Programa Institucional La Reforma, compañeros y compañeras de Centros de la Región Occidental y las Seccionales de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, se reunieron con el propósito de realizar un análisis de coyuntura y contexto institucional y nacional; buscar y proponer rutas de solución a la Crisis que vive el Sistema Penitenciario Nacional.

Estefue un hecho violento que se suma a otros que cotidianamente se producen al interior de los centros y oficinas de los cuatro Programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, pero que por las dimensiones alcanzadas y nefastas consecuencias, se considera, corolario de la Crisis mil veces denunciada.

El 20 de diciembre de 1979, la degradación humana, producto de la violación sistemática de derechos humanos de la población y del personal, llevo a la toma de una decisión política histórica y se dinamitó el pabellón oeste de la Penitenciaría Central cerrándose ese centro penitenciario,y retomando el país y el Sistema Penitenciario el camino enmarcado en valores cívico-democráticos de convivencia de la sociedad costarricense.

Hoy, 30 años después, no se puede tomar la misma decisión. Por lo que hemos decidido construir un nuevo camino hacia el respeto a la vida y derechos humanos.

En días pasados, hemos visto y leído, sendos reportajes acerca de los sucedido, la noticia se ha centrado en el tema de la “peligrosidad de los privados de libertad, del crimen organizado, de los carteles mexicanos, del “exitoso operativo policial””, no se ha escuchado prácticamente nada que haga un análisis más allá de esto.

Del personal, solo se menciona “su mística y entrega”.

Lo expuesto por la Analista Política González, en artículo publicado en internet, resume, como si hubiese estado presentedel 18 de mayo, o lo que en tantas otras ocasiones hemos discutido sobre nuestra realidad institucional, es por ello que transcribimos algunos de los párrafos de su comentario.

“El Sistema Penitenciario Nacional en los últimos decenios se ve rebasado por el aumento en el número de personas y las tasas de encierro; limitaciones crónicas en el financiamiento y la dotación de infraestructura, recursos materiales y equipo humano; ausencia de contrapesos y salvaguardas que garanticen que la acción institucional ocurra dentro del marco y los objetivos que la sociedad le ha fijado; el deterioro de la capacidad interna de la organización para cumplir sus fines y alcanzar metas así como de los incentivos sociales y organizativos que permitan y provoquen el cambio que imponen los nuevos desafíos criminológicos y garantizar la seguridad de todas las personas y la convivencia democrática.

No han alcanzado a convencer a las autoridades las advertencias sistemáticas hechas sobre los riesgos y la corrupción imperante, una y otra vez, por parte de los funcionarios y funcionarias penitenciarias. Han puesto oídos sordos frente a propuestas sustentadas en el conocer y hacer penitenciario. Tampoco reciben respuesta las peticiones de la Defensoría de los Habitantes o las exigencias de la Contraloría de la República. Sin dejar de lado, las denuncias de la prensa, sin que alguien, con el poder de decisión delegado en Justicia, haga algo, por evitar ésta y múltiples tragedias que se presentan y que de no corregirse se incrementarán.

No pocos estudiosos señalan el largo brazo de la corrupción como explicación a estos desmanes. Corrupción que los expertos han destacado se da con mayor frecuencia en las instituciones cerradas y que es generada de arriba hacia abajo. Ese es tema delicado, difícil de tratar no obstante su gran utilidad para atender las causas y resolver medianamente la inseguridad imperante. Además, en este letargo e ignorancia ciudadana, la clase política sabe que el tema no suscita interés mediático.

Tampoco ha sido posible que el sistema penitenciario sea visto como parte integrante del sistema de seguridad ciudadana costarricense que permita responder de manera integral a las demandas de seguridad de la sociedad. “Emilia González, comentario, Foro, Costa Rica hoy.

La realidad que vivimos exige anteponer nuestra vida y derechos.

Este Pliego de exigencias tiene carácter de perfectible, pues es un aporte más que se sumará a los muchos que de todo el personal en donde se encuentre acogerá la Comisión Mixta y serán ellos y ellas quienes podrán tiempos perentorios para su cumplimiento.

EXIGENCIAS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATOEN RAZON DE LOS HECHOS DEL 11 DE MAYO DEL 2011

A continuación se detallarán una serie de demandas en el plano de lo inmediato, mediano y largo plazo. Cuando se plantea a corto plazo partimos de un mes para su atención y a mediano plazo, un año aproximadamente.

ACCIONES A CORTO PLAZO

1-Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario Costarricense.

2-Se deberá gestionar el otorgamiento de licencia con goce de salario para las personas que estuvieron directamente involucradas en el evento. Gestión que deberá ser ejecutada de oficio por la Regional de Recursos Humanos u oficina correspondiente e inmediatamente a la confirmación de los hechos e identificación de los afectados. Se emitirá Circular de Recursos Humanos; mientras se modifica el R.A.S. y por un periodo mínimo de 30 días y el máximo será determinado por los especialistas. Asimismo cuando se presenten eventos que afecten la seguridad física y psicológica del personal, se le otorgue permiso con goce salarial inmediato y de oficio, hasta que se confirme que el riesgo está controlado (concepto que deberá contemplar el de seguridad humana, definido por la ONU). Valorar la posibilidad de regionalizar la Unidad de Atención Psicológica y Operacional que pueda de manera permanente brindar atención al personal de las Regiones delimitadas.

3-El Ámbito de Máxima Seguridad no será atendido por el personal técnico-administrativo y de salud hasta tanto no se le brinde las condiciones óptimas y necesarias para que puedan desempeñar sus funciones. Se tiene claridad en la obligatoriedad del personal a brindar atención a las necesidades planteadas por la población privada de libertad, sin embargo no se comparte seguir atendiendo en los locutorios ubicados al interior del Ámbito por razones de seguridad. Se propone brindar la visita general en los locutorios, y los espacios actuales donde se recibe la visita general se remodelen para que funcionen como locutorios donde atienda el personal técnico y de salud. Se requiere de la construcción de oficinas independientes de los locutorios y fuera de las instalaciones de los privados de libertad para el personal.

4-Ante eventos como los suscitados, se activará la evacuación del personal del Centro afectado, y Centros aledaños, ubicados en el sector de occidente o sea CAI La Reforma y Centros aledaños. Se tendrá prohibido el ingreso de persona al centro, salvo el que se identifique como esencial (médicos, seguridad, entre otros) hasta tanto se asegure que el riesgo ha pasado o al menos está en alerta amarilla. Lo anterior, deberá estar contemplado en un protocolo elaborado con la participación del personal del Sistema Penitenciario y de las Instituciones competentes: Comisión Nacional de Emergencia, Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Salud y aquellas que se determinen.

5-Deberá la Unidad de Atención Psicológica y Operativa coordinar la atención del personal involucrado y sus familias en el evento, sin esperar que las personas afectadas en forma directa o indirectamente lo soliciten, debiendo desplazarse la Unidad Psicológica al lugar más apropiado para la persona afectada.

6-En el periodo de incapacidad de los compañeros afectados por el evento de violencia, se conforme un equipo de trabajo para Máxima Seguridad con recursos externos al Centro, tanto a nivel técnico, administrativo y de seguridad, partiendo de la imposibilidad de sustitución por parte del centro, principalmente por la situación de sobrepoblación que se experimenta.

7-Reubicar al equipo técnico, administrativo y dirección de Máxima Seguridad en el espacio físico de los Ámbitos C y D hasta tanto no se cuente con oficinas propias.

8-Dotar al equipo de trabajo Máxima Seguridad de los implementos de trabajo necesarios: equipo de cómputo, mobiliario, materiales de oficina y los propios de la Seguridad.

9-Mediante decreto excluir a la Dirección de Adaptación Social del congelamiento de plazas, dada la urgencia del recurso humano a nivel institucional partiendodel significativo incremento de la población privada de libertad. Paralelamente en el plano técnico, administrativo, como de seguridad, se debe dotar de equipo moderno para el desempeño de sus labores contemplado el Estado de Emergencia Nacional decretado.

10-Se deberá redefinir el concepto de Máxima Seguridad, misma que en la actualidad sin cumplir con las condiciones infraestructurales, alberga población con características particulares, entre ellas de alta peligrosidad y niveles complejos de organización asociados al narcotráfico.En tal sentido es prioritario:

a-Apego total al perfil de población definido en el Reglamento Técnico Institucional, donde no interfiera el factor de sobrepoblación.

b-Revisar el objetivo principal de la intervención técnica. Se considera que la aplicación de los diferentes periodos de valoración y su finalidad no se ajusta a la realidad de dicha población.

c- Revisar la normativa institucional (Reglamento de visita general; requisa; salidas especiales, circulares, otros) a la luz de la particularidad del Ámbito de Máxima Seguridad y la necesidad de introducir modificaciones específicas. Únicamente se cuenta con apartado específico en Reglamento Técnico. Es necesario marcar una diferenciación con el resto de ámbitos y Centros que procure garantizar las condiciones mínimas de seguridad de la población privada de libertad; visitantes y personal del centro.

d-Definir perfil depersonal para laborar en ese ámbito, el cual debe estar en capacitación constante con relación a los protocolos de seguridad y se le brinde la atención psicológicaen procura delequilibrio emocional, para garantizar el adecuado desempeño de sus funciones.

e-Establecer una política de rotación del personal técnico, administrativo y seguridad que labore en Máxima Seguridad, respaldada por informes psicológicos de la Unidad de Atención, quien brindará atención sistemática y permanente a ese personal a fin de detectar momentos en que sea necesario para evitar crisis, o para mantener la salud integral del sujeto.

f-Habilitarun pasillo de ingreso y salida exclusiva para el personal de Máxima Seguridad, ajeno al utilizado por la población privado de libertad y suvisita.

g-Revisar las salidas de los PL de Máxima Seguridad al gimnasio: mecanismos de requisa y revisión a los privados de libertad; condiciones físicas del espacio por el que salen; razones que motivan la salida de sus celdas; áreas de visita íntima; o al exterior conforme las circulares, entre otras que se consideren.

h-Elaborar protocolos de emergencia a nivel de Centro. En lo inmediato se solicita:

-Establecer salida de emergencia en todos los Ámbitos de Convivencia

-Previo al funcionamiento regular de Máxima Seguridad, establecer un Plan de contingencia para Máxima Seguridad.

-Implementar un sistema de alarma en todas las sedes de ámbito y otras oficinas que permita la divulgación de eventos en formainmediata.

-Instalar un sistema de intercomunicadores que entrelacen oficinas
administrativas y técnicas, aparte de la conexión por radio que
existe ya en las oficialías.

-Instalar altavoces y alarmas de largo alcance para contar con mecanismos de comunicación alternativos en caso de fallar alguno de éstos.

11-Solicitar al despacho Ministerial, realizar gestiones para que el decreto de congelamiento de plazas firmado por la Presidencia de la República no se aplique a la Dirección de Adaptación Social ante el incremento significativo de la población privada de libertad.

12-Se deberá adquirir una central telefónica acorde con las necesidades del Centro y que se pueda contar con líneas para el exterior en Máxima Seguridad. Así también coordinar en forma urgente e inmediata para que la agencia telefónica instale los pares telefónicos necesarios previendo que el fenómeno carcelario seguirá creciendo; se deben dejar previstas.

13-Revisión de plazas de médicos; personal técnico-administrativo; asesores de la Dirección General y Despacho Viceministerial, para procurar la redistribución en los Centros Penales que lo requieran.

14-Realizar una evaluación de desempeño de acuerdo con los mandatos legales que les regulan sus funciones, a las autoridades Superiores, con el fin de sentar las responsabilidades administrativas y penales de las deterioradas condiciones en que se encuentra el Sistema Penitenciario Nacional.

15-Acoger las recomendaciones de los informes de la Defensoría de los Habitantes, y solicitar su acatamiento.

16-Asignar vehículos y cuotas de combustible necesarias, así como el personal de manejo, para poder satisfacer la demandas de visitas de campo domiciliares y laborales para efectos de los estudios técnicos de la población privada de libertad y brindar custodia en zonas identificadas de alto riesgo.

17-Definir las estrategias de atención para la población del Sistema Penitenciario en estado de emergencia en las fases de ingreso, acompañamiento y egreso.

18-Bloqueos de teléfonos celulares hasta el momento en el que se garantice al personal la libre e inmediata comunicación con el exterior e interior de los centros.

19- Partiendo de la medida anterior se solicita que existan las suficientes líneas en los centros penales, que le posibiliten al personal la comunicación inmediata con el exterior

20-Para procurar mayor atención a la población se solicita la construcción de cubículos.

21-Eliminar las ubicaciones laborales de personas privadas de libertad, que sustituyen la falta de personal y plazas. (Ej. Personas que desempeñan funciones misceláneas, de mensajería, en cocina, chapia entre otras) Se hace un especial llamado de atención en las tareas correspondientes principalmente en el sector de cocina y Máxima Seguridad.

22-Revisar la malla perimetral de todos los ámbitos de convivencia y otros mecanismos de seguridad que se considere pertinente de mejorar en favor de la seguridad de las personas que laboranen los centros penales.

23-En el Centro La Reforma, modificar la estructura de la malla perimetral que colina con el sector este del Ámbito B, de manera que los PL no tengan visibilidad externa y complementar con una segunda malla perimetral.

24-Revisar en los centros aledaños que las mallas actuales garanticen una adecuada contención ante un intento de fuga o invasión, en su defecto construir un mejor sistema de amurallamiento para reducir dichos riesgo.

25-Compra y dotación a los oficiales de la Policía Penitenciaria de implementos apropiados, efectivos y en buen estado para el cumplimiento de su labor de custodia.Así como constante y sistemática preparación y entrenamiento físico, mental y en uso de insumos para su uso eficiente y eficaz.

26-Mejorar las condiciones de infraestructura, sanitarias y de higiene ambiental de los dormitorios y fortines del personal de seguridad.Mejorar ventilación, paredes aislantes para el personal en descanso, camarotes de tamaños decentes, instalación de camas en los dormitorios de acuerdo a criterios de salud mínimos, designación de preparadores físicos en cada centro y ámbito, entre otras.

27-Instalación de radios de comunicación en fortines, buses y pabellones, a los que se les deberá brindar mantenimiento permanente. Igualmente se deberá comprar e instalar sirenas y altavoces en fortines para reacciones inmediatas, e iluminación adecuada (Ej. luces tipo faro móviles)

28-Se establezca como medida de acción positiva que el INS extienda incapacidades por afectación psicológica en caso de enfermedades laborales y por eventos críticos como el del 11 de mayo. Es urgente la revisión del rebajo de incapacidades del INS, actualmente en aplicación igual porcentaje que la CCSS.

29- Actualizar los convenios INS-MJ y hacer de conocimiento del personal el alcance de los convenios y los contratos en todos sus extremos. Equiparar pólizas y salarios con el resto de las Instituciones que conforman el Sistema de Justicia para el personal. Se requiere disponer de póliza de vida para todos los funcionarios que laboramos en el Sistema Penitenciario, ya que actualmente solo rige para el personal de seguridad.

30-En caso de muerte de un funcionario, suscitado en el ámbito laboral, que el Ministerio de Justicia asuma con los gastos correspondientes a honras fúnebres.

31-No permitir la permanencia masiva de PL en diversas actividades cuando sobrepase la capacidad de custodia del personal de seguridad.

32-Cambiar periódicamente los candados de todos los centros y que el personal de seguridad valore la posibilidad de intercambiar los mismos entre ámbitos o centros, con la finalidad de disminuir los costos.

33-Facilitar y exigir al personal de los Centros y Oficinas la portación de un gafete institucional única dentro del Centro Penal y durante los traslado en los autobuses institucionales. Asimismo valorar la posibilidad de hacer distinciones por color según el ámbito. Se recomienda implementar el uso de un carnet para el ingreso de toda persona en calidad de visitante.

34- Contar con la presencia de un custodio en la entrada de las oficinas de los diferentes Ámbitos y trasladar de manera segura tanto al egreso como al ingreso al personal de todos lo ámbitos.

35-Regresar el taller mecánico del centro

36-Revisar beneficios del SIAP y Censo Penitenciario.

37-Realizarpráctica periódica de operativos de evacuación y atención de emergencias.

38-Equiparar para el personal pólizas y salarios con el resto de las Instituciones que conforman el Sistema de Justicia.

39- Que la oficialía delosámbitos se ubique en otro espacio.

40- Que los buses sean abordados dentro del Centro y no fuera como se da en estos momentos.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

1-Se deberán construir, a mediano plazo las oficinas y sitios para la atención de la población fuera del Ámbito, que reúnan las condiciones necesarias según los criterios de salud ocupacional y de seguridad, todo lo anterior con la participación del personal de seguridad, técnico y administrativo con experiencia laboral en el ámbito.

2-Concretar la realización de un Congreso Nacional Penitenciario, que logre perfilar la acción futura institucional en los aspectos operativos, programáticos de la acción gubernamental en el ámbito penitenciario, a partir de los principales problemas y necesidades de las personas privadas de libertad, funcionarias y la sociedad civil costarricense.
Temas propuestos:

• Marco conceptual, filosófico, jurídico/normativo, programático/operativo del quehacer penitenciario. Del sistema progresivo al programa de atención institucional. Situación actual. Los nuevos paradigmas. Retos y desafíos que plantea el Siglo XXI.

• Gestión penitenciaria. Estado y función de ejecución de la pena, función indelegable y participación de la empresa privada. Visión estratégica de funciones y presupuesto.

• Renovación de propuestas de atención en programas, áreas, centros, regiones y atención de personas en condición de vulnerabilidad. Capacitación especializada.

• Condiciones laborales y planificación del trabajo en la función penitenciaria. Redescubrimiento de la racionalidad burocrática del sistema penitenciario. Hacia una mayor descentralización, desconcentración, regionalización y flexibilidad.

• Calidad de vida de las personas privadas de libertad o adscritas al sistema penitenciario. Demanda y oferta, calidad, oportunidad y pertinencia de los servicios de salud, educación, trabajo, relaciones con entornos sociales, entre otros, para elevar índices de desarrollo humano.

• Infraestructura física y equipamiento penitenciarios. Concepción, planeamiento, ejecución y mantenimiento.

• Construcción de consensos para generar capital social. Confianza mutua y cultura cívica respecto del sistema penitenciario. Reconocimiento y dignificación del trabajo penitenciario. Creación de redes de cooperación para la información, la comunicación, el control y participación ciudadana.

• Nuevas formas de delincuencia: organizada, empresarial, transnacional, cifra negra, cuello blanco, delito informático y corrupción pública. Balance situacional y respuesta del sistema penitenciario.

• Cooperación nacional e internacional. Creación de redes entre las instituciones involucradas en el tema de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario.

• Revisar Artículo 55 del Código Penal ya que se considera que como esta en la actualidad puede estar generando dificultades técnicas de aplicación derechos humanos lo que ha incidido en agravar la situación

• Establecer un perfil en la selección de la persona privada de libertad, claro y pertinente para que éstos accedan a actividades donde el grado de contención es mínimo.

3-Impulsar la creación de una Convención Colectiva de Trabajo que vendría a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario. Entre los temas propuestos se indican:

– Elaborar las políticas de desarrollo humano para el personal del sistema penitenciario, en salud física y mental, recreación, educación, capacitación- formación y seguridad y los ejes transversales de género, derechos humanos y los que se consideren pertinentes.

– Política de sustitución de personal en incapacidades o periodos de vacaciones.

– Creación de una política de rotación del personal.

– Revisión de las pólizas que cubren al personal penitenciario.

– Analizar y actualizar los reglamentos existentes.Elaborar las políticas de desarrollo humano para el personal del sistema penitenciario, en salud física y mental, recreación, educación, capacitación- formación y seguridad y los ejes transversales de género, derechos humanos y los que se consideren pertinentes.

– Política de sustitución de personal en incapacidades o periodos de vacaciones.

– Creación de una política de rotación del personal.

– Garantizarle al personal de nuevo ingreso y en general, que no será afectada los pluses salariales y que se actualizaran.

– Reestructuración de las oficinas técnicas de los ámbitos, de acuerdo a los supuestos de Salud y Seguridad Ocupacional/Institucional.

– Pago de viáticos y horas extras.

– Elaborar los planes de contingencia.

– Pensión para funcionarios del Sistema Penitenciario a los 20 años laborados

– Revisar los perfiles que la Dirección de Recursos Humanos cuenta para el reclutamiento y selección del personal: administrativo, técnico y de seguridad, y los instrumentos (baterías de test, estudios socio familiares, etc) que para tales fines se utilizan con el fin de elabora una idónea selección de personal.

– Gestionar la opción de pensión inmediata para el personal involucrado luego de la vivencia de un episodio traumático que se determine incapacita de manera permanente por los especialistas correspondientes de Ministerio y de la Caja como Régimen Especial

Recomendación de seguimiento:

-Crear una comisión mixta integrada por funcionarios de Centro; representación de ANEP; Autoridades Superiores de la Dirección General de Adaptación Social y Defensoría de los Habitantes de la República, que dentro de sus objetivos se encuentre el de dar seguimiento al cumplimiento de exigencias del personal que han lesionado sus derechos humanos y laborales.

Asimismo se requiere que el INC y el Departamento Técnico asuma la conducción de la gestión técnica, partiendo de que la naturaleza de la función de la Dirección General de Adaptación Social es eminentemente técnica, por lo que debe estar claramente establecidas las políticas de desarrollo humano e institucional, que orienten el quehacer administrativo, iniciando el urgente protagonismo de estas estructuras involucrándose en los planteamientos contemplados en el documento.

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Documento elaborado por personal del CAI La Reforma y Centros Aledaños con acompañamiento de la ANEP.

PILARES DEL SEGURO SOCIAL EN RIESGO

Nuestro país tiene el enorme privilegio de tener dentro de las instituciones de Seguridad Social a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual goza, sin duda, del aprecio ciudadano. Herencia, conquista de nuestros ancestros que nos heredaron una institución cimentada en los pilares de la Equidad, Solidaridad y Universalidad, sin duda garantía de Paz y Bienestar Social de quienes tuvimos la dicha de nacer en este país.
Ostento el enorme privilegio de laborar para la institución desde hace treinta años y al mismo tiempo ser dirigente sindical, de lo que me siento igualmente orgulloso. No puedo ni debo callar lo que bajo mi humilde experiencia considero debo expresar como trabajador, como sindicalista, pero sobre todo como ciudadano que anhela un mejor futuro para las generaciones venideras.

LA CCSS BAJO ATAQUE

Debo admitir que durante estos años nunca me sentí tan preocupado por el futuro de la CCSS. Nefastos intereses económicos tienen sus afiladas garras sobre la institución insigne de la Seguridad Social costarricense, con la evidente complicidad de los políticos de turno que “_se hacen de la vista gorda_”, ante los arteros ataques que recibe la institución y que pretenden cambiar su accionar hacia lo privado, hacia lo mercantil. Los últimos acontecimientos dan cuenta de que corren riesgo los fondos del sistema jubilatorio conocido con las siglas de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) y del SEM (Seguro de Enfermedad y Maternidad), conocido como Seguro de Salud. ¿Qué hace al respecto del boicot, del manoseo, del desprestigio, del ataque, del deterioro de servicios, de la falta de equipo y de medicinas, el Gobierno de turno?

MEMORIA FLACA Y CORRUPCIÓN

Antes y después del fraude del Tratado de Libre Comercio con EEUU TLC (hecho evidenciado por Wikileaks), nuestro país debió enfrentar hechos gravísimos de corrupción alrededor de la CCSS, que no debemos olvidar, porque constituyen el mejor ejemplo de cuáles intereses se ciernen sobre la institución aseguradora. No olvidemos las compras de equipo a España y a Finlandia, el mentado juicio CCSS-Fischel, la intención solapada de colocar fondos de IVM en bancos transnacionales (como lo hicieron con los fondos del extinto Banco Anglo), la pérdida por vencimiento de sueros y de medicamentos por millones y millones de colones y el favorecimiento de algunas empresas en lo atinente a almacenamiento de los mismos; sólo para citar algunos ejemplos que nos refresquen nuestras memorias…

DEUDA ESTATAL, MOROSIDAD EMPRESARIAL, DÉFICIT Y “LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR”

El Estado Costarricense sigue siendo el principal deudor de la CCSS y, por tanto, principal responsable de situaciones deficitarias y de riesgo en que se encuentra sumida la institución. Para muestra un botón. Once años después de promulgada con “bombos y platillos“ la LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR- LPT-, no se ha recogido un centavo para fortalecer el sistema de IVM, según reza el artículo 78 de la mencionada ley.

Como si fuera poco, va en aumento la morosidad empresarial que hace daño a la institución y a la población asegurada.

DEFENDER LA CCSS: UN ASUNTO CIUDADANO

Es momento de unirnos en torno a la Defensa de la CCSS. Los sindicatos del sector Salud se han unido alrededor de esta noble causa; otras organizaciones y comités patrióticos abrazan la unidad.

Es momento de forjar alianzas, es momento para juntarse en torno la defensa de la institución, conquista del pueblo, garante de Justicia y Bienestar Social, símbolo inequívoco de solidaridad y humanismo.

La CCSS, curandera del Pueblo, está BAJO ATAQUE….TODOS Y TODAS DEBEMOS SALIR EN SU DEFENSA.

LA CCSS ES LA FRONTERA…. Es momento de la Patria.

Giovanny Ramírez Guerrero
Dirigente ANEP-CCSS

VISITA DE LA MISIÓN DE ALTO NIVEL OIT

Martes 17 de mayo de 2011

REUNIÓN CON EL MOVIMIENTO SINDICAL

Costa Rica enfrenta quejas formales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisamente por la no aplicación de los Convenios 87 y 98 que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Pese a las constantes promesas, nuestro país aún no ha realizado las reformas legales que reiteradamente han sido solicitadas por esa Organización Internacional para cumplir con estos convenios y adicionalmente, continúan produciéndose graves violaciones a la libertad sindical.

En el marco de las Conferencias del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT ha señalado con preocupación que Costa Rica arrastra problemas graves relativos a:

• – Restricciones al derecho de huelga

• – Lentitud e ineficacia de los procedimientos de recurso en caso de actos antisindicales;

• – Restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público;

• – Desproporción enorme en el sector privado entre el muy reducido número de convenciones colectivas concluidas con organizaciones sindicales y el número de arreglos directos concluidos por trabajadores no sindicalizados.

El gobierno de la República, ha asumido un compromiso reiterado de impulsar en la Asamblea Legislativa, proyectos de modificaciones legislativas o constitucionales tendientes a remediar el retraso en los procedimientos aplicables en caso de actos antisindicales y las restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público; así como un proyecto de reforma procesal laboral para resolver el problema de los retrasos en la justicia. Veamos cual es el estado de los compromisos asumidos:

A. Estado de situación de los proyectos de ley que el Estado Costarricense se ha comprometido a someter a la Asamblea Legislativa para su aprobación

1. Reforma a varios artículos del Código de Trabajo – expediente legislativo 13.475. Este proyecto, a pesar de haber terminado su trámite legislativo desde el 9 de octubre del año 2000, no ha sido sometido a votación por el Gobierno anterior ni por el presente Gobierno. Han sido los partidos de oposición los que intentan colocar el proyecto en la agenda legislativa para su votación. A pesar de que a instancia de partidos de oposición, este logró alcanzar el primer lugar de la agenda del plenario legislativo luego de 10 años de haber sido enviado a la Asamblea Legislativa, la fracción de Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bloquearon, sistemáticamente, su aprobación, incluso rompiendo el quorum legislativo para evitar su votación, y, finalmente logrando reenviar el 6 de octubre del 2009 el proyecto a comisión con la finalidad de excluir las disposiciones fundamentales del proyecto, o bien, esperar el vencimiento de su plazo legislativo, lo que implicará, también, el archivo definitivo del expediente.

2. Reformas a la Ley General de la Administración Pública (expediente 14.675): este expediente fue archivado definitivamente el 18 de mayo del 2006, es decir, que todo este tiempo las promesas de aprobación del Gobierno ante OIT, han sido sobre un proyecto que se archivó desde hace dos años. Otra promesa legislativa que no se cumple.

3. Ratificación de varios convenios de la OIT (Nos. 151 y 154): ambos Convenios Internacionales, de la mayor importancia para fortalecer el derecho a la negociación colectiva en el sector público, han estado varias veces en la corriente legislativa, y en algunas oportunidades se encontraron muy cerca de ser votados, sin que ello ocurriera. La última vez que fueron presentados fue en el año 2001, pero fueron pasados al archivo de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, norma reglamentaria según la cual, cuando un proyecto de ley no resulta aprobado después en un lapso de 4 años, se pasa al archivo.

4. Reforma al artículo 192 de la Constitución Política para garantizar la negociación colectiva en el sector público (expediente 14.730): este proyecto, presentado el 10 de mayo de 2002, que fue dictaminado por una Comisión Especial nombrada para estudiarlos y dictaminarlo, atendida en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, y que llegó a contar con Dictamen Afirmativo de la Comisión Legislativa que lo estudió, de fecha 21 de noviembre de 2005, finalmente sufrió el mismo destino de los proyectos anteriores que han pretendido otorgarle un rango normativo, en desarrollo del artículo 62 Constitucional, a la negociación colectiva dentro del sector público.

5. Reforma Procesal Laboral (expediente 15.990): a pesar de haberse asumido un compromiso tripartito para constituir una comisión legislativa mixta para su estudio y aprobación en el Parlamento, en la que debía darse participación a empleadores, sindicatos, gobierno y Poder Judicial, el Gobierno nunca constituyó la comisión.

En las sesiones extraordinarias del mes de agosto del 2009 el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias el proyecto en mención. En el seno de una sub-comisión de la comisión de Asuntos Jurídicos, en la que participaron la CSJMP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y algunos diputados-as de la Asamblea Legislativa, se logró llegar a importantes acuerdos, sin embargo, quedaron pendientes temas bastante sensibles para el movimiento sindical costarricense, relacionados precisamente con aspectos que han formado parte de la agenda sindical en OIT.

No obstante, no sólo estos acuerdos preliminares tienen que ser incorporados en el texto del proyecto por un número mayor de diputados y diputadas, lo cual es incierto; sino que han dejado por fuera dos temas fundamentales para el respeto de la libertad sindical en Costa Rica, tal y como lo ha señalado expresamente la OIT. Estos temas son:

• – la regulación del arreglo directo y los comités permanentes de trabajadores. De continuar la redacción actual del proyecto, este tipo de instrumentos continuarán siendo parte central de las prácticas antisindicales en Costa Rica tal y como el informe del Dr. Adrián Goldin de la OIT estableció.

• – La imposibilidad de utilizar la huelga legal para enfrentar políticas económicas y sociales que afecten a las personas trabajadoras y sus intereses, lo cual ha sido señalado reiteradamente por OIT como una violación a la libertad sindical y el porcentaje de apoyo requerido para que una huelga sea legal, toda vez que el proyecto mantiene dicho porcentaje en más de 50%.

Es por ello que, continuamos presionando a lo interno de la Asamblea Legislativa para que el proyecto de reforma procesal laboral incorpore estas modificaciones ya señaladas por la OIT.

Por su importancia para OIT, nos permitimos hacer algunos señalamientos con relación a los arreglos directos y los comités permanentes de trabajadores, que, tal y como se dijo, continúan siendo uno de los principales problemas del proyecto de reforma procesal laboral.

Fruto de las constantes denuncias de sindicatos ante OIT, en el marco de la conferencia del 2006 (junio), la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT señaló con preocupación que Costa Rica arrastra problemas graves relativos a la desproporción enorme en el sector privado entre el muy reducido número de convenciones colectivas concluidas con organizaciones sindicales y el número de arreglos directos concluidos por trabajadores no sindicalizados. De igual forma, la OIT por medio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, acordó en los años 2001, 2003, 2005 y 2006 se indica la necesidad de determinar por medio de un estudio de un experto independiente, porqué existen tan pocos convenios colectivos de trabajo suscritos entre sindicatos y empleadores en el sector privado costarricense, y tantos arreglos directos suscritos con los trabajadores no sindicalizados. Este informe fue elaborado por el Dr. Adrián Goldin durante el año 2006 y fue hecho público en el año 2007. El consultor arriba a las siguientes conclusiones:

“Pese a que la Constitución Política de Costa Rica reconoce los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga (artículos 60 a 62), el ordenamiento legal costarricense no es, en su conjunto, “amigable” para con los sindicatos de trabajadores; de los tres “procesos constitutivos colectivos”, dos de ellos – el procedimiento de conciliación judicial, ineludible precondición de legalidad de la huelga, y el arreglo directo- no admiten ni reconocen su directa intervención. En ese marco, el arreglo directo (AD), que probablemente fuera en su origen concebido por el legislador como un instrumento procedimental para la solución directa de conflictos específicos, adquirió, en especial a partir de comienzos de los años 80, la condición de sucedáneo de la convención colectiva, sobre la que terminó prevaleciendo de modo ostensible; en efecto, y esgún la información estadística proporcionada por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy se encuentran en vigencia 74 arreglos directos, mientras sólo subsisten 13 convenios colectivos en esa misma condición. Este consultor pudo constatar que para que así sucediera fue factor decisivo la clara opción que por él hicieran los empresarios. Es un hecho constatado – pero además notorio y evidente- que son estos últimos quienes lo postulan, defienden y reivindican y muy en especial, quienes suelen tomar la iniciativa tendiente a su concertación. Primera instancia del proceso de celebración de un AD es la formación del Comité Permanente (CP), que se constituye frecuentemente por iniciativa empresaria (la misma que tiene por objetivo final la concertación del AD). Pero aún cuando sean los trabajadores los que tomen la iniciativa (lo hacen habitualmente, por ejemplo, cuando lo que pretenden es el reemplazo de un miembro del CP en ejercicio o la cobertura de una vacante), también suele ser necesario solicitar a la empresa que convoque a la reunión o asamblea que debiera proceder a su elección. Esa frecuente y a veces insoslayable intervención empresaria en el proceso de elección de los CP – ciertamente incompatible con la idea de la independencia de los sujetos que protagonizan el fenómeno colectivo – hace posible la injerencia empresaria en esos procesos (imposición de candidatos, desaliento, exclusión, descalificación pública o veto de aquellos que las empresas no consideran confiables, dilación de las convocatorias o realización de convocatorias extemporáneas, amañadas o sólo accesibles para ciertos grupos de trabajadores, etc.). El modo habitual de realización de las asambleas convocadas para la elección de los miembros de los CP, conspira adicionalmente contra la autenticidad de esos procesos. El voto no secreto, a mano alzada y por lo tanto sujeto a público escrutinio (incluso, obviamente al del propio empleador) puede intimidar al elector e inhibir la libre expresión de su voluntad (no es esta una inferencia audaz, sino un “clásico” de la ciencia electoral). Situación que se agrava cuando se requiere la ratificación escrita del voto (y ello sucede siempre, para la elaboración de los listados de firmas que se presentan al Ministerio de Trabajo). Negar la firma al listado que avala a los candidatos preferidos por la empresa o prestarla a quienes ésta considera adversarios puede comprometer la situación laboral del trabajador, y aún cuando no sea intención ni hábito del empleador la adopción de represalias por proceder de ese modo, el trabajador puede razonablemente temer que su trabajo quede en entredicho. Por todo ello, y aunque sea injusto decir que en todos los casos la elección de los miembros de los CP sean el producto de procesos amañados e inauténticos, pues ello probablemente no se ajustaría a la verdad, sí se puede afirmar que la concepción misma del CP y las prácticas adoptadas de modo inveterado para su formación carecen de modo manifiesto de elementales garantías de autenticidad democrática y exhiben por lo tanto una inocultable proclividad a permitir la conformación de Cps carentes de las indispensables condiciones de independencia y representatividad (proclividad, hay que decirlo, corroborada por la frecuente producción de situaciones de ese tenor, algunas de las cuales se registran en este estudio. Tampoco el proceso de negociación de los AD permite albergar mejores expectativas. Los CPs, aún en la no garantizada hipótesis de su plena legitimidad representativa, carecen de recursos y aptitudes para sostener con los empleadores un intercambio que asegure un cierto equilibrio negocial. No tienen, en efecto, autonomía financiera alguna y no pueden, por lo tanto, recurrir al auxilio de expertos independientes, no tienen la asistencia de entidades de grado superior, ni pueden requerir la solidaridad de otros sujetos colectivos; como los sindicatos, no tienen tampoco el derecho de huelga, pero además, ni siquiera la posibilidad de su ejercicio de hecho pues, según lo refieren sus miembros ello no forma parte de la lógica “solidarista” a la que responden. Están de tal modo privados de todo “poder de conflicto” y suelen carecer de experiencia y de formación adecuada, circunstancia que se agrava por la ya expresada carencia de autonomía financiera para requerir asesoramiento y apoyo experto. A juicio de este consultor, el apoyo que reciben de la Escuela Social Juan XXIII por medio de sus “promotores” es, de tal modo, proveedora de servicios de la empresa que establece con aquella una natural relación clientelar; al mismo tiempo, dice asesorar a los CPs que, como es propio de la natural condición de las relaciones de producción, suelen tener en materia laboral intereses contradictorios con los de aquella. Finalmente, pero al mismo tiempo, suelen atribuirse en esos procesos la función de “amigables componedores”, rol que supone una condición de imparcialidad de la que, por lo expresado carecen. Todas esas actividades son recíprocamente incompatibles, circunstancia que problematiza la legitimidad de su intervención. El arreglo directo no es, pues, el producto de una negociación tendencialmente equilibrada entre dos sujetos independientes y autónomos, dotados de recursos adecuados (financieros, de apoyo y asesoramiento, de conflicto, de formación y experiencia acumulada, de soporte y solidaridad, de poder, fuerza y conflicto) para sostenerla, sino bien por el contrario, una relación claramente asimétrico entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, impetra “en forma atenta” y otro (ostensiblemente más poderoso) que, según su excluyente criterio, concede o deniega. La evolución experimentada por los AD en la experiencia costarricense, así como el análisis de contenidos de los AD de las fincas visitadas por este consultor, con sus componentes de elocuente unilateralidad, relativa irrelevancia económica de los beneficios acordados, recurrente e inocua reproducción de normas imperativas de la ley, inserción sistemática de principios, valores y filosofías de excluyente estirpe empresarial, reconocimiento frecuentemente sesgado y cuanto menos incompleto de los derechos fundamentales de los trabajadores y menor intensidad tutelar en comparación con las convenciones colectivas, entre otros rasgos, contribuyen a confirmar aquellas críticas percepciones sobre la significación institucional del Arreglo Directo en el sistema costarricense de relaciones colectivas de trabajo. Si bien no cabe atribuir al AD responsabilidad en la producción de la grave crisis que provocara en su tiempo el debilitamiento casi terminal de los sindicatos por entonces actuantes en el sector privado y, como su consecuencia, el de las convenciones colectivas por entonces vigentes, sí puede afirmarse que ese instrumento (el AD) sirvió en ese singular contexto para sustituir aquellas convenciones y, por extensión, como instrumento de aquellos que se propusieran evitar el resurgimiento de la actividad sindical y contener sus pretensiones reivindicativas en esos mismos ámbitos, así como al de prevenir el advenimiento mismo de la actividad sindical – incluso, de la negociación colectiva – en las empresas de más reciente instalación. Desde esta perspectiva, el AD no configura en sí una forma apreciable ni valiosa de negociación colectiva entre organizaciones recíprocamente independientes; por añadidura, este consultor considera haber podido corroborar “in situ” el criterio sustentado en diversas instancias por los órganos de control de la OIT en el sentido de que el AD opera en franca contradicción con el compromiso de “… estimular y fomentar ente los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” que impone el artículo 4 de lal Convenio 98.”

En definitiva, el criterio técnico del consultor independiente designado por la OIT, es que la utilización de los arreglos directos y el funcionamiento de los comités permanentes de trabajadores, son contradictorios con el Convenio 98 de la OIT, ratificado por Costa Rica por medio de ley 2561.

Ahora bien, en seguimiento de los problemas identificados por OIT, esta entidad internacional elaboró un estudio técnico denominado “Estudio sobre Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Julio de 2008). El estudio fue elaborado por el Dr. Bernardo Van der Laat (ex abogado empresarial y ex-magistrado de la Sala Segunda de la Corte) y por Kirsten-María Schapira-Felderhoff, Especialista Princiapal en Normas Internacionales de Trabajo de la Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana.

Este estudio señala lo siguiente sobre el arreglo directo:

“La introducción del arreglo directo como medio de solución parece muy problemático respecto a la aplicación del Convenio núm. 98 al tener en cuenta la doctrina de los órganos de control de la OIT en esta materia, por existe el peligro que dichos arreglos directos sustituyan a las convenciones colectivas. (…) En este sentido, la Comisión de Expertos en su observación de 2007 sobre la aplicación del Convenio núm. 98 por Costa Rica se refirió al problema de la negociación colectiva en el sector privado en virtud de la existencia de más arreglos directos que de convenciones colectivas. La investigación independiente, que se realizó a la solicitud de la Comisión de Expertos, denotó que el instrumento del arreglo directo es apropiado para el fomento de la negociación colectiva, ya que permitiría a los empleadores bloquear la negociación de convenciones colectivas. (…) Se infiere además del análisis del arreglo directo que “éste último no equivale a una convención colectiva por no ser el resultado de una negociación equilibrada entre dos sujetos independientes y autónomos (…) para sostenerla, sino, bien por el contrario, una relación claramente asimétrica entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, ruega – “en forma atenta” (…) y otro (ostensiblemente más poderoso) que, según su excluyente criterio, concede o deniega”. (…) La investigación pues llegó a la conclusión que el arreglo directo no configura en sí una forma apreciable ni valiosa de negociación colectiva entre organizaciones recíprocamente independientes; de ahí que el instrumento de arreglo directo opera en franca contradicción con el compromiso de “… estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” que impone el artículo 4 del Convenio núm. 98. (…) Por lo tanto, se deberá derogar las palabras “arreglo directo” del artículo 610 y sustituirlas por “convención colectiva”. Además se deberán derogar los artículos 611 a 613.”

A pesar de existir enorme claridad en lo señalado sistemáticamente por expertos de la OIT, y por expertos independientes contratados por la OIT, el proyecto de ley de reforma procesal laboral mantiene la existencia de los arreglos directos y de los comités permanentes de trabajadores, lo que implica una violación del convenio número 98 de la OIT. Por el contrario, incluso extiende las competencias de los comités permanentes de trabajadores como titulares de los procedimientos de conciliación así como a los procedimientos de calificación de huelga.

Ante lo señalado por OIT, la posición del movimiento sindical costarricense ha sido insistir en que se deben eliminar los artículos relacionados con los arreglos directos y los comités permanentes de trabajadores (arts. 611 a 613) del Proyecto de Reforma Procesal Laboral y que a la vez, se deben derogar los artículos 504 a 506 del Código de Trabajo vigente.

La discusión del proyecto de ley está en la recta final en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa; la discusión del grupo de mociones del cuarto y último momento reiniciará próximamente, y hay varias opciones con relación al tema de los arreglos directos y comités permanentes.

Hay un grupo de mociones que buscan fortalecer el arreglo directo como instrumento exclusivo de los comités permanentes, excluyendo a las organizaciones sindicales de su titularidad. Esta opción es vista por el movimiento sindical como la más gravosa, pues busca profundizar las condiciones que han permitido que hasta el día de hoy se utilicen los comités permanentes y los arreglos directos como instrumentos de la política antisindical.

Otro grupo de mociones busca regularlos, de manera tal que sin derogarlos y sin eliminar el arreglo directo, los distingue claramente de los instrumentos de negociación colectiva, y establece una serie de disposiciones que buscan evitar que puedan ser utilizados para impedir el nacimiento y desarrollo de los sindicatos e impedir la negociación colectiva. Asimismo, busca establecer reglas claras a la hora de nombrar a los integrantes de los comités permanentes, para de alguna manera evitar la intromisión de la parte empleadora en estos procesos.

Un tercer grupo de mociones buscan mantener la regulación actual. De aprobarse estas mociones, nuestro país, simple y sencillamente, no estaría avanzando en los compromisos asumidos con la OIT, en este tema tan delicado que es uno de los aspectos que tiene prácticamente al borde de la extinción los sindicatos en el sector privado de la economía.

Con relación a este tema de los arreglos directos y los comités permanentes, no está de más indicar que un grupo de diputados y diputadas presentó una moción en la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se invitara a la Experta en Normas de OIT, con el fin de que ésta analizara el contenido del Proyecto de Reforma Procesal Laboral a la luz de los Convenios 87 y 98 de OIT. No obstante, los diputados del partido oficialista y los del Movimiento Libertario se confabularon para rechazar sin mayor discusión y justificación, la moción que pretendía escuchar a esta especialista; desconociendo así la legitimidad que podía tener un criterio de este órgano tripartito y de tanta relevancia a nivel internacional.

En el tema de la huelga, es importante indicar que el este Proyecto de Reforma Procesal Laboral mantiene una deuda pendiente con OIT, puesto que se ha excluido del proyecto la posibilidad de que las personas trabajadoras puedan acudir a la huelga contra políticas públicas que les afecten de manera directa (salarios, empleo, seguridad social, etc).

Con relación a este tema, vale la pena citar que la Conferencia Internacional del Trabajo, congregada en su 35.a reunión, adopta, con fecha veintiséis de junio de 1952, la siguiente resolución: “1. La misión fundamental y permanente del movimiento sindical es el progreso económico y social de los trabajadores. Los sindicatos tienen, igualmente, que desempeñar un papel importante en los esfuerzos hechos en cada país para favorecer el desarrollo económico y social y el progreso del conjunto de la colectividad.” “En los trabajos preparatorios del Convenio núm. 87, se había indicado que no cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a la sola esfera profesional, dado que en la práctica la elección de una política general decidida por el Gobierno casi siempre tiene repercusiones en las condiciones de los asalariados. Esta relación resulta patente en el caso de la aplicación de una política económica nacional, pero puede asimismo afectar concretamente a los trabajadores en el marco de opciones políticas o económicas más generales, e inclusive de decisiones que rebasan el ámbito de la soberanía nacional. Si bien el mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva sigue siendo un eje fundamental de la acción de los sindicatos, la Comisión considera que la evolución del movimiento sindical y la aceptación cada vez más amplia de su calidad de interlocutor social de pleno derecho exigen que las organizaciones de trabajadores puedan pronunciarse sobre los problemas de carácter político en el sentido amplio del término, y en particular expresar públicamente su opinión sobre la política económica y social del gobierno. (…)” OIT. Estudio General sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 1994.

Asimismo, en el tema del porcentaje de apoyo requerido para que una huelga sea legal, se mantiene el 50% más uno de las personas trabajadoras del centro de trabajo, con lo que tampoco en este extremo el proyecto atiende los señalamientos de OIT.

B. Estado actual de la libertad sindical en Costa Rica

A pesar de haberse reunido la Misión de Asistencia de Técnica con la Sala Constitucional, continúan anulándose normas de diversas convenciones colectivas de trabajo, bajo criterios subjetivos de razonabilidad y proporcionalidad.

De igual forma, hemos presentado diversas propuestas de negociación colectiva en el sector público, las cuales, de acuerdo a nuestra legislación, deben recibir una valoración inicial por parte de una comisión de Ministros de Gobierno antes de que pueda iniciar el proceso de negociación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, han transcurrido más de 3 años sin que esa valoración preliminar sea realizada por la Comisión, y por lo tanto el derecho a la negociación colectivo se ha hecho nugatorio.

Asimismo, una vez de que esta Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas emite criterio y con ello, permite que inicie el proceso de negociación, las políticas que fija para la negociación concreta limitan sensiblemente el contenido de la negociación y hacen que se pierda el objetivo de la Convención Colectiva, que es precisamente, mejorar los derechos mínimos concedidos en la legislación ordinaria.

Por su parte tal y como por ejemplo ha sucedido en plantaciones bananeras y en empresas de seguridad, en la actualidad se sigue despidiendo a dirigentes sindicales, de forma expresa o tácita por su afiliación sindical, su condición de dirigente o por participar en actividades organizadas por los sindicatos.

Al no atenderse los serios señalamientos que el experto de la OIT, Dr. Adrián Goldin, hiciera sobre la violación del derecho de negociación colectiva establecido en el convenio 98 de la OIT, en virtud de la utilización abusiva de los denominados “arreglos directos” y los “comités permanentes de trabajadores”, continúa existiendo un grave problema de limitación de este derecho en el sector privado.

Es evidente que aún falta mucho por recorrer para que nuestro país honre los compromisos asumidos en el seno de la OIT y garantice la plena aplicación de los Convenios 87 y 98 de OIT, y los derechos de libre sindicalización, negociación colectiva y huelga, que son derechos fundamentales de la clase trabajadora.

Albino Vargas Barrantes
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras