Con la acción presentada Sintrajap solicitó, como medida cautelar, el no refrendo del documento por parte de la Contraloría General de la República (CGR), al tiempo que la agrupación exige la anulación del acto adjudicatorio.
La demanda fue presentada al Tribunal Contencioso Administrativo y la misma también va en contra de la CGR, la Procuraduría General de la República (PGR), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la empresa APM Terminals.
Roger Regidor, abogado de Sintrajap manifestó que para el mega muelle pretendido no se efectuaron los estudios de impacto ambiental requeridos para tal obra, sino que se tomaron en cuenta análisis efectuados de previo.
La preocupación en este sentido es de la posible desaparición de un acuífero en Moín, el cual suministra de agua al 20% de la población del cantón central y que es una zona dentro de la categoría Ramsar.
Regidor mencionó que entre los aspectos contemplados en la demanda se encuentran que el proyecto crea un monopolio privado, establecimiento de altas tarifas, modificaciones en las fechas de recepción de documentos de los interesados a participar en el cartel de licitación y la aprobación de 15 puntos que presuntamente beneficiaron a la empresa.
ES INNECESARIO
Este es la segunda demanda presentada ante esa instancia. Anteriormente lo había hecho la Cámara Nacional de Bananeros.
Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap adujo que “este proyecto es innecesario. Van a tener que responder porque se pospuso en 13 ocasiones el cartel y en una de las ocasiones, la fecha se había pasado en cuatro días y aún así se volvió a caer”.
“Este es un proyecto que en definitiva se va a caer. Encontramos muchas irregularidades e inconsistencias que son abusivas y que violentan la ley, por eso pedimos que se haga justicia”, reafirmó Blear.
Blear además recalcó que dentro de las peticiones efectuadas al juez es que este haga una visita a la zona a fin de conocer, de primera mano, las implicaciones que tendrá el proyecto.
Consultado al respecto, el presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Allan Hidalgo comentó que no conoce el fondo de la demanda presentada, pero aseveró que todo lo actuado por el gobierno está acorde a la ley.
“Si ellos consideran que el cartel fue un traje a la medida y que hay un tráfico de influencia debieron acudir al Ministerio Público para poner la demanda correspondiente, pero no acudieron ante esa instancia pues no tienen las pruebas para sustentar eso”, afirmó Hidalgo.
Reconoció que los estudios de impacto ambiental a los que hacen referencia los sindicatos existen y que se emplearon por ser un proyecto de Estado y recalcó que fueron los mismos empleados para la elaboración del Plan Maestro.
“El sindicato lo que está haciendo es asustando con la vaina vacía, pues para el proyecto se contaron con todos los estudios, los cuales fueron corroborados por la CGR”, aseveró Hidalgo.
La medida de protesta contó con la presencia de una veintena de trabajdores y trabajadoras sociales, organizados en ASTRASOMJU, que laboran en el Sistema Penitenciario Nacional.
En esta entregaron al despacho del Ministro Hernando París un documento con las principales exigencias para resolver sus problemáticas.
_______________________________
San José, 4 de julio de 2011
Licenciado Hernaldo París Ministro Justicia Y Paz S.O.
Estimado señor:
Reciba de la Asociación de Trabajadoras/es Sociales y Afines del Ministerio de Justicia y Paz, un respetuoso saludo.
En el contexto de los recientes acontecimientos acaecidos en el CPI La Reforma y del informe de la Defensoría de los Habitantes en relación con la situación del sistema penitenciario, desde el carácter gremialista de nuestro sindicato, consideramos:
1. En relación con los acontecimientos ocurridos el 11 de mayo:
a. Durante décadas, las/os funcionarias/os del Departamento de Trabajo Social del Sistema Penitenciario, hemos prestado un servicio profesional que va más allá de lo que nuestras funciones como disciplina nos demandan, a raíz de que hemos sido y somos conscientes de los derechos que le asisten a la población con la que laboramos y de la vulnerabilidad en que se encuentran, dada su condición de privación de libertad.
b. Por años, hemos laborado en condiciones menos que inadecuadas, en lo que se refiere a infraestructura, realizando nuestro trabajo cotidiano en espacios oscuros, malolientes, pequeños o hacinados, con falta o ninguna ventilación, con poco o ningún mobiliario y equipo, en situaciones de riesgo, siendo sometidas/os a contaminación ambiental y sónica, expuestas/os permanentemente a la violencia emocional y física, no sólo de los /as privadas de libertad, sino también de sus familiares o recursos sustitutos, ni qué decir de la sociedad y los medios de comunicación.
c. El enfrentamiento de esas condiciones negativas de trabajo, sólo puede estar sustentado en un alto grado de profesionalismo, que es lo que caracteriza al gremio de Trabajo Social Penitenciario. Esta ética, mística y entrega, nos ha llevado a cumplir, por encima de lo esperado, con la demanda continua y sistemática de la población, la cual ha aumentado de forma significativa, tanto en número como en peligrosidad.
d. Hemos sacrificado tiempo, dinero y recursos, en el acondicionamiento de espacios físicos, de trabajar horas extras, de utilizar los equipos de cómputo, audio y video de nuestra propiedad, en el desarrollo de la labor; hasta hemos llegado a realizar la sistematización o el registro de la información, sea de los procesos individuales, familiares, grupales o la elaboración de proyectos, en nuestros hogares, con tal de que nuestro quehacer no se vea deteriorado en su calidad.
e. La carga de trabajo que presenta el Departamento de Trabajo Social en Adaptación Social, no se compara con las que enfrentan las otras disciplinas de la institución, dado que por la naturaleza de la profesión y la organización institucional, las/os profesionales debemos estar presentes en la mayoría de los procesos de trabajo, que se desarrollan al interior de la institución o fuera de ella.
f. Hay que reconocer que, si bien el quehacer disciplinar tiene relación directa con el privado de libertad y el mantenimiento de las relaciones afectivas, conyugales e interpersonales con sus recursos de apoyo, también tiene una relación directa con el desempeño de éste en la convivencia institucional, pues de la realización o no de las funciones asignadas, en los plazos previstos y en las condiciones planificadas, dependen las respuestas emocionales de la población, por lo que llegamos a constituirnos en un servicio de primer orden para la estabilidad institucional.
*2. * A partir del 11 de mayo del 2011, las/os profesionales de Trabajo Social no vemos con los mismos ojos nuestra tarea.
a. Por décadas, creímos que laborábamos en una institución que si bien no nos ofrecía u ofrece, medianas o mínimas condiciones de trabajo, al menos, sí estaba preocupada por salvaguardar la vida de los/as funcionarios/as, en el tanto éstas estuvieran comprometidas en una situación de violencia.
b. Pensábamos que en una toma de rehenes, nuestras vidas iban a ser consideradas imprescindibles, defendidas a toda costa, no obstante, el mensaje de la institución y de los organismos de seguridad del país, nos dijeron todo lo contrario.
c. Luego de ocurridos los hechos del 11 de mayo, el colega involucrado fue enviado por el INS a laborar nuevamente, después de ocho días de incapacidad, alegando que no existía motivo médico para que se mantuviera en esa condición, instándosele a recurrir a sus vacaciones o la CCSS, si deseaba tomar distancia de la situación ocurrida, por algún tiempo más.
d. En otro orden de cosas, pero en este mismo tema, nos cuestionamos cómo puede una persona, sometida a una situación de violencia extrema durante varias horas, en la cual su vida pendió de un hilo y un custodio perdió la suya, incorporase a laborar en el mismo medio, sin una asistencia postraumática, ubicándolo en una situación de riesgo no sólo para sí mismo, sino también para la población.
e. Este es un aspecto que hay que retomar en una futura discusión de una forma muy seria. Por lo pronto, se sugiere que la institución se organice para mantener un seguimiento profesional a las personas involucradas en esta experiencia, por el tiempo que lo requiera.
3. La desidia de las autoridades institucionales, se ve demostrada a cabalidad en el informe de la Defensoría de los Habitantes, sobre la situación del sistema penitenciario nacional. En este aspecto queremos llamar la atención sobre las distintas necesidades que enfrentan las/os colegas en distintos escenarios, a saber:
a. La sobrepoblación no sólo implica la necesidad de construcción de nuevos espacios o la redistribución de la población, para Trabajo Social significa una sobrecarga laboral, imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos, la disminución de la calidad del abordaje, presión de la población, de los espacios colegiados, los/as jueces, defensores, la familia.
A partir de lo anterior, las /os colegas estamos expuestas/os al riesgo de cometer errores que pueden tener consecuencias graves o fatales para la población o sus familiares, así como en la salud física y emocional de nosotras/os como funcionarias/os.
b. La situación de riesgo de deslizamiento del terreno en el Buen Pastor, que si bien, en apariencia va a ser resuelto dentro de algunos meses, adquiere una relevancia en esta época del año, por la entrada del invierno, lo que pone en peligro no sólo a la población, sino a las/os funcionarias/os.
Incluso, preocupa que en las distintas propuestas de reubicación o construcción, no se visualizan espacios para ubicar las oficinas técnicas, como suele suceder comúnmente en el Sistema Penitenciario, dándose lo que también suele suceder que deban utilizarse espacios para la atención profesional que eran contemplados para otros usos.
c. En el caso del Nivel en Comunidad, se presentan serias limitaciones de infraestructura, pues de las 14 oficinas, sólo tres cuentan con espacios propios, 7 de ellas comparten el espacio con el Nivel semi-institucional, con los problemas sabidos de intercambio de población con diferentes condiciones legales y el sometimiento a medidas de seguridad, que no son propias de la naturaleza de las oficinas de Comunidad.
Al tener una cobertura importante de población, que asciende un poco mas de las 9 mil personas, existe una importante falta de recursos humanos y de transporte en este nivel, exponiéndose las/os colegas cotidianamente a peligros y amenazas, al tener que realizar las investigaciones sociales a pie o en bus, con el agravante del tipo de comunidad en la cual deben movilizarse.
Además que en este programa los profesionales tiene como recargo la entrega de correspondencia, el aseo de las oficinas, labores secretariales y además la custodia de cada expediente y bien patrimoniado, lo que hace que se incurra en una responsabilidad legal y económica si se perdiera o dañara alguno de estos.
POR LO TANTO:
1. A partir de lo sucedido el 11 de mayo, debemos entender los/as funcionarios/as penitenciarias, que nuestras vidas no son importantes, que hay un mal mayor que evitar y si por desgracia, en cualquiera de los escenarios que laboramos, se presenta un acto de violencia, nuestra vidas no van a ser protegidas y van a estar expuestas al azar de las circunstancias, como sucedió en esta ocasión.
Ante esa cruda verdad, las/os funcionarias/os del Departamento de Trabajo Social de Adaptación Social, deseamos manifestarnos en contra de semejante desprecio por la vida, en contra de semejante exposición de nuestra integridad física, de esta indiferencia institucional que viene a constituirse en el corolario de la indolencia demostrada por años.
Ante la actitud irresponsable de la institución se nos obliga, como gremio, a tomar medidas para prevenir la exposición de nuestras vidas a futuros actos de violencia. Así es que, en la presente coyuntura y en el caso específico de la atención de Trabajo Social en el ámbito de Máxima Seguridad del CPI La Reforma, nos negamos a brindar atención en las actuales condiciones de infraestructura, puesto que los locutorios están dentro del ámbito, lugar que se demostró no guarda las condiciones de Seguridad básicas para desarrollar la atención en un grado mínimo de riesgo.
De ahí que, nos solidarizamos con las propuestas planteadas por las colegas del CPI La Reforma al respecto, de las cuales tiene conocimiento el viceministro Fernando Ferraro, la Jefa Nacional de Trabajo Social y las autoridades de dicho centro.
Al igual que las colegas del CPI La Reforma, el colectivo de ASTRASOMJU, en asamblea ordinaria del pasado 24 de junio, se compromete a prestar la colaboración que se requiera en ese Centro, siempre y cuando se resuelvan las condiciones de riesgo que privan en dicho espacio.
Sobre los otros temas presentados en cuanto al informe que brinda la Defensoría de los Habitantes, sobre la situación del sistema penitenciario, que afecta directamente a las/os colegas de Trabajo Social, le recordamos que en el mes de mayo recién pasado, solicitamos una audiencia con su persona para hablar de ésta situación, sin que hasta la fecha hayamos recibido una respuesta satisfactoria a nuestra petición. Esperando se abran los espacios de comunicación necesarios, para la discusión de propuestas o alternativas que vengan a constituirse en soluciones viables y sostenibles en el tiempo y recibir respuesta en los plazos de ley, se despiden:
Cc: Lic. Fernando Ferraro. Viceministro de Justicia y Paz Lic. Jorge Rodríguez Bogle. Director de Adaptación Social Msc Ana Monge Campos. Jefa de Trabajo Social Bach. Ronald Herrera. Director CPI La Reforma Defensoría de los Habitantes Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica Alexander Obando M. Director del INC.
Carta enviada a la Viceministra de Gobernación en documento adjunto.
Este viernes 1 de julio los trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional, acuerpados por la representación de la ANEP en la institución, recibieron el mes con un paro total de labores, con posibilidades de huelga, dados los muy malos resultados que está teniendo la institución gracias a las decisiones tomadas por el Director Jorge Vargas Espinoza y su jefe financiero Jorge Velazques.
Según Energivia Sánchez Brenes, trabajadora dela Imprenta Nacional, los traslados de personal que ha realizado la Dirección no están justificados ni “_en ningún momento se han estudiado los perfiles, que si son personas aptas para estar en esas funciones o no_”.
La desaparición del departamento de recepción de trabajos implica un duro golpe a las finanzas de la Imprenta Nacional, en tanto no habrá una oficina encargada de la atención al público que quiere contratar los servicios de la imprenta, lo que prevén los trabajadores y trabajadoras será un caos para la institución.
Para Guillermo Murillo Castillo, promotor de la ANEP en la Imprenta y trabajador de la misma, “_han tomado la decisión de reducir un 50% el costo de las publicaciones… lo que dará para final de año una pérdida de ¢600 millones. Las decisiones de esta administración estarán quebrando en tres años la institución_”.
El movimiento laboral está solicitando a la Viceministra de Gobernación Marcela Chacón que se destituya al jefe financiero Jorge Velasquez y hacen la advertencia que si las cosas siguen así en la Imprenta Nacional se generará un movimiento interno que acabará con la destitución del Director Jorge Vargas.
LEA ADEMAS: Diputado Villalta del Partido frente Amplio, envía notas a Ministra de Trabajo (4 de julio de 2011), una sobre el despido arbitrario de trabajadores y otra exigiendo la prohibición del uso del químico Carbofuran. Nota en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha __________________________________
Se trata de Bana Internacional Arero SA y Natura Farms LWO SA (conocida también como antigua Naturella ó Finca Once), dos empresas del mismo dueño.
Organización sindical y despido inmediato
Ante el llamado de los y las trabajadoras en estas empresas, y por el trabajo que viene realizando la ANEP – Sector Privado en la zona, se realizó una primera reunión en la cual los trabajadores expusieron las condiciones de trabajo a lo interno de estas empresas piñeras, en donde se realizan una serie de violaciones a los derechos laborales. Muchos de ellos son subcontratados por contratistas, no se les asegura ante la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, tampoco se les pagan aguinaldos, no se dan vacaciones ni se les reconocen las horas extras. Además abusan de la condición de irregularidad en el estatus migratorio de muchos trabajadores, para además pagarles menos del salario mínimo de ley.
Tanto la ANEP como Gerardo Barba Hurtado, único ex trabajador de la empresa que se atrevió a venir a San José a realizar la denuncia, pese a las amenazas e intimidaciones, denuncian que la empresa utiliza el pesticida Furadán, que es la marca comercial del Carbofurán, prohibido en Estados Unidos, Canadá y Europa. Este agroquímico es de alta toxicidad para seres humanos, aves y peces; y que en nuestro país el Sistema Fitosanitario del Estado (SFE), desde el 2010, asegura que la producción agrícola de la zona norte del país es “libre de Carbofurán”.
A esta conferencia asistió el Diputado del Partido frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, quien no solo se solidarizó con la situación que viven los y las trabajadoras de las plantaciones piñeras en todo el país, sino que además se comprometió a incidir en la Asamblea Legislativa para que el Ministerio de Trabajo, de Salud y el MINAET den respuestas claras ante su ineficacia en la protección de los derechos humanos laborales y la contaminación de personas y el ambiente por el uso de agroquímicos tóxicos que son prohibidos en muchos países del mundo, sobre todo en los que se exporta la fruta.
Contaminación, despidos, amenazas… y lucha
“Ante una inspección de Certificación en la empresa, un trabajador protestó por ocultar el uso de este químico a los inspectores, por lo que fue despedido al día siguiente. Cuando llegan inspecciones del Ministerio de Trabajo, montan en camiones a los indocumentados y se los llevan a esconderlos, lo mismo hacen con los químicos”, dijo Barba Hurtado.
“Por todo eso decidimos reunirnos para sindicalizarnos, la respuesta de la empresa fue el despido inmediato de todos los que nos reunimos, eso fue el domingo 5 de junio en una Asamblea que realizamos.”, agregó Hurtado.
A pocos días de la Asamblea de trabajadores fue despedido uno de los principales impulsores del sindicato dentro de la empresa Natura Farms, y seguidamente otros compañeros más de los que asistieron a la primera reunión. Aún así, los trabajadores realizaron la Asamblea el día 5 de junio, a la cual llegaron siendo ya despedidos casi la totalidad de los asistentes a la reunión anterior. Aún así, ese 5 de junio, nueve trabajadores decidieron formar el sindicato.
El día lunes 6 de junio, tan sólo un día después de la reunión fue despedido otro de los trabajadores líderes dentro de la empresa, Gerardo Barba Hurtado; seguido del resto de compañeros cercanos a las reuniones, para un total de 25 trabajadores despedidos entre las dos empresas.
Aún así los trabajadores actuales de la empresa, junto a los despedidos deciden mantenerse en el sindicato y en una asamblea del día 19 de junio, fundar el Comité Sindical Cantonal de Los Chiles, para promover la solidaridad entre los trabajadores de las empresas piñeras.
Entre las primeras acciones que acordaron, fue la de realizar la conferencia de prensa del día 22 de junio, para denunciar las violaciones a sus derechos laborales, individuales y colectivos, y el uso de pesticidas prohibidos que destruyen el medioambiente y afectan la saludo de la comunidad, ya que contamina las fuentes de agua.
Para esta conferencia de prensa se eligió una delegación de cinco trabajadores, pero debido a la campaña de miedo que la empresa ha sembrado en la zona, únicamente el presidente del Comité Sindical, Gerardo Barba Hurtado, asistió a la cita.
Entre las presiones que han enfrentado para evitar las denuncias, están desde las amenazas de las llamadas “listas negras” con otras empresas, las presiones de que familiares a lo interno de la empresa pueden perder el trabajo y hasta han habido intentos de contraponer a costarricenses y nicaragüenses, a pesar que ambos grupos sufren la misma precarización en sus condiciones laborales.
En medio de todo esto se nota la ineficacia del Ministerio de Trabajo en sus funciones, del Ministerio de Salud y el MINAETpor el uso de químicos tóxicos.
Colaboró con esta información: Gerald Valverde Santos, Promotor Sindical de ANEP en el Sector Privado
Al final Sandra Piszk, Ministra de Trabajo, con el “decretazo” en mano permitió la entrada de los trabajadores a la sala de sesiones.
El Secretario General Adjunto de la Asociación de Empleados Públicos, ANEP, Edgar Morales Quesada, reiteró en la sesión que la intención de los trabajadores era manifestarse por las pésimas condiciones salariales de los trabajadores del sector privado. Agregó que “Venimos siempre con una propuesta, venimos por un cambio de fórmula para garantizar incrementos justos y dignos porque la actual es una fórmula que empobrece a muchos y enriquece a pocos”.
Desde hace varios años las organizaciones sindicales vienen insistiendo sobre por la necesidad de modificar el sistema de cálculo, para que no solo tomen cuenta la inflación acumulada del semestre anterior, sino también tome en cuenta la venidera ya que cuando se da el Decreto de ajustes, que no es lo mismo que aumento, ya perdieron valor adquisitivo.
Para este nuevo intento de negociación la propuesta sindical de ajuste salarial era de un 6,82%, mientras que los patronos propusieron un 2,64% y el “Ministerio de Trabajo” 2,55%, lo que al final se decretó y que favorece a empresarios a costa del empobrecimiento de la calse trabajadora.
Este lunes 20 de junio fueron cientos de trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional que se declararon en paro de labores exigiendo el cumplimiento de los acuerdos salariales que el Ministerio de Hacienda se niega a reconocer.
Con movimientos en La Reforma, Virilla, San Sebastián, Centro de Menores, entre otros, las fuerzas trabajadoras están dando un mensaje muy claro a las autoridades presupuestarias del gobierno de Laura Chinchilla, a respetar los acuerdos firmados con las fuerzas policiales de este país. Desde el 30 de mayo pasado están estos trabajadores y trabajadoras esperando una respuesta del Ministro Fernando Herrero, la cual se ha dilatado más de lo necesario y sin hablar de forma clara y directa con la representación sindical.
Los cuatro cuerpos policiales que, de manera conjunta, vienen desarrollando una lucha por su plena dignificación salarial son: Policía Penitenciaria, Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y Extranjería y Policía de Tránsito. Cabe destacar que en el aeropuerto Juan Santamaría también hubo un movimiento de presión por parte de la clase trabajadora de la policía de migración, realizando tortuguismo en los puestos migratorios del puerto aéreo, causando grandes filas de turistas que pretendían ingresar o salir del país.
La molestia laboral de los y las integrantes de estos cuerpos policiales se incrementó pues el Ministerio de Hacienda no honró el compromiso que asumiera el pasado lunes 13 de junio, con ocasión de la manifestación suscitada frente a sus instalaciones, de recibir en la semana que ya terminó a la comisión de 8 personas (dos por cuerpo policial), a fin de encontrar alternativas a las demandas de reivindicación salarial comprometidas y reiteradamente postergadas con el indicado personal de servicio público. Dicha institución, en la persona de su Viceministro de Ingresos, Lic. José Luis Araya Alpízar, dejó plantada a la comisión y no la convocó como prometió.
Como se recordará, básicamente, los reclamos salariales incluyen una deuda de nueve meses de 2009 en el caso de la Policía Penitenciaria; el establecimiento de las nuevas bases salariales para el personal raso (el que recibe los balazos), de la Fuerza Pública; la revisión de y el contenido financiero para el nuevo manual de puestos que debe generar la profesionalización de la policía de Migración; y la Policía de Tránsito pide respeto pleno a su nuevo manual, revisión de varios aspectos del mismo que son controversiales y honrar deudas pendientes derivadas del mismo.
Está en manos del Ministro Herrero que estos movimientos no pasen a palabras mayores. La puerta del diálogo siempre seguirá abierta.
Con la presencia de decenoas de trabajadores y trabajadoras de salud preventiva, se realizó una protesta frente al Ministerio de Salud con el fin de exigir que el viático fijo se mantenga.
El viático fijo es una remuneración extraordinaria que reciben las personas que visitan casa por casa las comunidades con el fin de prevenir y atender casos de malaria y dengue, entre otras enfermedades.
Con el viático fijo, que en realidad es un sobresueldo que por más de treinta años han venido recibiendo, las personas trabajadoras cubren gastos de pasajes, alimentación y hospedaje en caso de giras de trabajo.
Con la eliminación del viático fijo las familias de las personas trabajadoras se verán seriamente afectadas, ya que además de ser de los funcionarios públicos de trabajo de campo más mal pagados (junto a los y las trabajadoras municipales de recolección de basura y aseo de vías) ven como se reducen sus ingresos mensuales.
La eliminación de este viático representa un promedio de ¢120 mil mensuales que ya no percibe el indicado personal, el cual recibe en estos tiempos de crisis un duro golpe a su economía familiar, poniendo en serio riesgo la estabilidad financiera de sus hogares.
Este es un nuevo episodio del sostenido y peligroso proceso de crecimiento de la desigualdad que sufre la clase trabajadora costarricense, especialmente la asalariada, mucha de la cual está en condición de alto endeudamiento en su desesperada lucha para evitar caer en la pobreza total. Las personas trabajadoras asalariadas del Ministerio de Salud afectadas por tal decisión, son un vivo ejemplo de la indicada situación.
En esta protesta, convocada por la ANEP y SINAESPA, los y las trabajadoras presentes firmaron una nota que fue entregada al despacho de la Ministra María Luisa Avila, que una vez más estuvo ausente y no dió la cara.
(Ver documento en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha)
___________________________________
Nota entregada a la Ministra de Salud ___________________________________________
San José, lunes 20 de junio de 2011
Doctora María Luisa Ávila Agüero Ministra Ministerio de Salud Su Despacho
Estimada señora ministra:
Con el respeto que usted nos merece, reciba nuestro más atento saludo.
Los abajo firmantes, todos y todas personal del Ministerio de Salud de las distintas regiones del país y de los CEN-CINAI, nos presentamos ante usted el día de hoy con el fin de hacer manifiesta nuestra disconformidad por la eliminación del viático fijo que se nos pagaba, mismo que fue eliminado a partir del 1 de abril en las Áreas Rectoras y a partir del 16 de junio en los CEN-CINAI.
En ambos casos, los y las trabajadores y trabajadoras hemos dejado de percibir cerca de ¢120.000,00 colones mensuales, lo cual, ha generado que nos veamos sometidos a un duro y repentino golpe a nuestros bolsillos, dinero con el cual contabamos para hacerle frente a nuestras obligaciones económicas que, en estos tiempos decreciente desigualdad no son pocas.
La gran mayoría de nosotros y nosotras somos personal de más de treinta años de laborar para este ministerio y estamos próximos a pensionarnos, y siendo los únicos que percibíamos dichos viáticos. en el corto plazo, el ministerio que usted dirige habría cesado de pagarlo, sin necesidad de darnos este golpe, que, aparte de afectarnos desde ahora nos afectará para nuestra jubilación.
Es por esto que, apelamos a su autoridad y su sano juicio para que se nos habrá una mesa de diálogo y negociación con el fin de encontrarle una salida más favorable para las partes, sin necesidad de eliminarlo de golpe.
Como es conocimiento de todos y todas, el viático fijo se encuentra presupuestado para este año, por lo que si hay recursos para que, almenos durante lo que resta del año este se siga pagando, por lo cual le solicitamos de la manera más atenta que se retrotraiga el acto administrativo en el cual se tomó la desición de eliminar dicho viático, toda vez que, la Contraloría General de la República (CGR) mediante su criterio no vinculante, indicó que la eliminación o el seguir pagando dicho viático era un acto de la administración.
Por otra parte, esperamos que, si no es factible seguir pagando el viático fijo tal cual está estipulado, se busque una figura alterna para que no se nos cause perjuicio salarialmente hablando, y se nos reconozca este derecho, el cual lo consideramos como un derecho adquirido a través del tiempo, por lo que, como indicalmos lineas arriba, deseamos negociar algún tipo de salida en la cual no nos veaos perjudicados.
Sin más por el momento, esperando que se nos atienda y se nos acojan nuestras petitorias,
Licda. Rocío Mora Vargas Secretaria General SINAESPA
Guillermo Murillo Castillo Promotor Responsable ANEP-Ministerio de Salud
En el marco de la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy se adoptó por primera vez en la historia, normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo, lo que podría contribuir a disminuir el trabajo infantil doméstico.
“Por primera vez llevamos el sistema de normas de la OIT a la economía informal y este es un acontecimiento de gran importancia”, dijo el Director General de la OIT, Juan Somavia. “Se ha hecho historia”, agregó.
“Es una gran oportunidad, ya que si los padres y madres tienen un trabajo decente y en buenas condiciones de sueldo, las criaturas no tendrán la necesidad de salir a trabajar en ninguna forma”, manifestó Marciana Santander, de la Asociación de Trabajadoras Domésticas del Paraguay.
Los delegados de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, aprobaron el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011) por 396 votos a favor, 16 votos en contra y 63 abstenciones, y la Recomendación que lo acompaña por 434 votos a favor, 8 votos en contra y 42 abstenciones.
La norma y el trabajo infantil doméstico
Las nuevas normas de la OIT establecen que los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo que se ocupan de las familias y los hogares podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.
En su artículo 3, la norma incluye un llamado a respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo doméstico, entre los cuáles se encuentra la abolición efectiva del trabajo infantil.
Por otro lado, en el artículo 4 se hace referencia a que todo miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general.
Asimismo se plantea claramente que cada país miembro que ratifique el Convenio deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo, no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional, asegurando con esto su futuro.
América Latina opina
Además de organizaciones como ONU Mujeres, que apoyará la promoción de la ratificación y aplicación de los nuevos instrumentos de la OIT, organizaciones de cada país que han luchado por la adopción de esta norma, reconocen su gran contribución a la lucha contra el trabajo infantil. Aquí algunas opiniones:
Sofía Mauricio, Coordinadora de La Casa de Panchita. Asociación Grupo de Trabajo Redes. Perú _ “Estoy muy contenta y emocionada. Por un lado como sabemos, el hecho de que salga este Convenio significa mucho, ya que es una norma internacional, que no solo se trata de alguna acción de un gobierno, es un compromiso que el Estado asumiría y es vinculante. Por otro lado, estamos seguros que si mejoran las condiciones de las trabajadoras del hogar se puede lograr disminuir el trabajo infantil “._
Marta Benitez Carrillo, Red ANDI. Paraguay “Definitivamente hechos como este generan una movilización importante para cada país. Si recordamos lo que fue en el caso de otras normativas institucionales en relación al trabajo infantil, no han pasado desapercibidas, más bien han generado debates con alto impacto en la agenda a nivel de acciones programáticas y políticas. Por tanto, es razonable pensar y esperar que contribuya a los esfuerzos de las plataformas nacionales que están realizando acciones y que involucran a los sectores públicos y de la sociedad civil en nuestros países”.
“Será fundamental que los medios de comunicación puedan ser involucrados para difundir ampliamente la norma, así como las acciones para su implementación efectiva. […] Los medios pueden involucrarse monitoreando a los actores claves, actores políticos, entre otros, para contribuir a su implementación. En este sentido, las agencias de la Red ANDI en cada país pueden apoyar desde su trabajo, en alianza con los medios, para que incluyan el tema en el debate y en la agenda pública”.
Jhonatan Monge, Secretario de Formación de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses-CMTC “El Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, es una herramienta que permitirá orientar esas políticas sociales en nuestros países, con el fin de lograr, más allá del discurso político, un verdadero compromiso por el bienestar de todos, contribuir a los Objetivos del Milenio en materia de reducción de pobreza, atendiendo sectores vulnerables como es el trabajo domestico”.
Marciana Santander, Secretaria General de la Asociación de Trabajadoras Domésticas del Paraguay “La ratificación de este Convenio es una obligación para los gobiernos. Paraguay está empezando a trabajar sobre esto y difundirá la norma a través de todos los medios disponibles. Contamos con radios comunitarias, boletines impresos y nuestra voz para que las mujeres conozcan que existe y que defiende sus derechos como trabajadoras. Invitamos a las otras Centrales del mundo a que se sumen a la difusión”.
Sobre el trabajo doméstico
De acuerdo con estimaciones recientes de la OIT, basadas en estudios o censos nacionales de 117 países, el número de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo es de al menos 53 millones. Pero los especialistas consideran que debido a que este tipo trabajo se realiza a menudo en forma oculta y sin registros, el total podría ser de 100 millones de personas. En los países en desarrollo representan entre 4 y 12 por ciento del empleo asalariado. Alrededor de 83 por ciento son mujeres o niñas, y muchas son migrantes.
Las nuevas normas se convertirán en el Convenio 189 de la OIT y en la Recomendación 201. De acuerdo con los procedimientos de la OIT, el Convenio estará vigente después que dos países lo hayan ratificado.
Ayer el CNS inició el proceso para el estudio y aprobación del porcentaje de alza que regirá a partir del 1° de julio. La representación laboral fue la primera en presentar su aspiración.
Luis Serrano Estrada, de la Central Social Juanito Mora, tuvo a cargo la exposición de la propuesta y manifestó que la fórmula de cálculo que se aplica en la actualidad condena a los trabajadores a soportar el deterioro del salario real a lo largo del semestre, de allí que instó al CNS, presidido por Gabriela Sancho, a que avance con prontitud en la aprobación de una nueva metodología.
“Es preciso que se modifique tal metodología incorporando otros factores como el incremento del Producto Interno Bruto y de la productividad, la relación salario mínimo-canasta básica de consumo, que permitan que los salarios reales de los trabajadores crezcan lo suficiente para vivir con dignidad.
En este sentido urgimos a este Consejo para que avance con prontitud en las negociaciones para fijar una nueva fórmula para el cálculo de los incrementos de salario”, recalcó Serrano.
Al mismo tiempo instó al CNS a conformar una comisión para que redacte un proyecto de ley a fin de modificar el artículo 152 del Código de Trabajo, “para eliminar la discriminación que esa norma introduce en lo que al pago del día de descanso se refiere, de tal manera que al igual que los trabajadores del sector comercio se pague a todos los empleados el día del descanso semanal”.
Mañana les corresponderá a los patronos presentar su ofrecimiento, mientras que el gobierno hará pública su propuesta el lunes próximo, día en que el CNS fijará el porcentaje de aumento para el segundo semestre.
EN RESUMEN
Reajuste salarial por inflación semestral 2,57% Reajuste salarial por inflación proyectada 2,50% Reconocimiento por incremento en el PIB 1,75% Total 6,82%
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, instituyó en el año 2002 el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil, como una forma para hacer conciencia mundial del grave la situación de explotación que viven a nivel mundial miles de niños, niñas y adolescentes.
Este 2011, tiene por objeto ejercer una campaña sobre el creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo.
De estos miles de niños, niñas y adolescentes trabajadores, inhumanamente explotados alrededor del mundo, la mitad están expuestos a las peores formas del trabajo infantil. Otro gran porcentaje es “utilizado” para fines comerciales de explotación sexual.
Por todo ello la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, tratando de que todos y todas en el país, y en especial, los padres y madres de familia mediten y hagan conciencia sobre la problemática que causa el trabajo en sus hijos e hijas, hace un llamado para elevar nuestra voz de protesta en contra de este flagelo social.
Es en este marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que la ANEP, con el respaldo de la Red Seicap e Intervida, nos concentraremos en el Paseo de los Turistas en Puntarenas, en donde contaremos con diversas actividades, entre ellas el Payaso Albóndiga y funcionarios de ANEP repartirán folletos alusivos a la identificación y denucnia del trabajo infantil.
En la Capital, San José, en el Parque de Alajuelita, también realizaremos las mismas actividades culturales que darán a conocer las causas e implicaciones de tan gravísima situación.
Ambas actividades se realizarán este domingo 12 de junio, propiamente en el Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
_________________________________________
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
OIT pide tomar medidas urgentes para combatir el trabajo infantil peligroso que afecta a 115 millones de niños
LIMA (Noticias de la OIT) – La OIT pidió hoy tomar medidas urgentes para erradicar el trabajo infantil peligroso que en este momento afecta a unos 115 millones de niños en todo el mundo.
En un informe difundido con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio, OIT destaca que ese número representa más de la mitad de todos los trabajadores infantiles en el mundo, que se estiman en 215 millones.
El informe “Niños en trabajos peligrosos: Lo que sabemos, lo que debemos hacer”, basado en estudios realizados tanto en países desarrollados como en desarrollo, dice que cada minuto del día en algún lugar del mundo hay un niño trabajador que sufre un accidente, enfermedad o trauma sicológico relacionado con su trabajo.
El informe también dice que si bien el número total de niños entre 5 y 17 años en trabajo peligroso declinó entre 2004 y 2008, el número de aquellos entre 15 y 17 años aumentó en 20 por ciento, de 52 a 62 millones.
“A pesar de los importantes logros obtenidos la última década, continúa siendo demasiado alto el número de niños que trabajan, y en especial el de aquellos que realizan trabajo peligroso”, dijo el Director General de la OIT, Juan Somavia.
“Gobiernos, empleadores y trabajadores deben unir fuerzas para liderar el diseño y la aplicación de políticas y acciones destinadas a erradicar el trabajo infantil”, agregó. “La persistencia del trabajo infantil es reveladora del modelo de crecimiento que tenemos en la actualidad. Ahora es urgente terminar con trabajos que afectan la seguridad, la salud y la moral de los niños”.
El año pasado la OIT publicó un Informe Global sobre Trabajo Infantil en el cual advertía que se estaban debilitando los esfuerzos por combatir las peores formas de trabajo infantil y que la crisis económica podría detener el avance hacia la meta de su erradicación para el 2016. Un año después, la OIT sigue estando muy preocupada por el impacto de la crisis sobre los niños.
El nuevo informe pide insistir en los esfuerzos por garantizar que todos los niños reciban educación al menos hasta cumplir la edad mínima de empleo, y solicita a los países que establezcan una lista de los trabajos peligrosos, tal como lo requieren los Convenios de la OIT. Destaca que también es necesario ocuparse de los niños que han cumplido la edad mínima para el empleo pero que están en situación de riesgo en el lugar de trabajo, quienes deberían tener acceso a capacitación y organización que les permita asumir mejor cuáles son sus riesgos, sus derechos y sus responsabilidades:
El informe añade que la exposición a situaciones peligrosas tiene un impacto especialmente fuerte en los niños, cuyos cuerpos y mentes aún están desarrollándose incluso cuando son adolescentes. El documento incluye una mirada en detalle a seis sectores de la economía: agricultura, pesca, servicio doméstico, minería y canteras, y ventas ambulantes.
América Latina
Los datos que consigna el estudio dicen que en América Latina realizan actividades peligrosas más de 9 millones de niños y niñas. lo que significa alrededor del 7% del total de esta población.
El estudio destaca que el problema de los niños en trabajos peligrosos no está limitado a los países en desarrollo. Hay evidencias en Estados Unidos y en Europa de alto grado de vulnerabilidad de los jóvenes a accidentes en el lugar de trabajo:
El informe también dice que:
• Una serie de estudios han aportado evidencias de que los niños tienen tasas más altas de accidentes y muertes en el trabajo que los adultos
• Es significativo el número de niños que trabajan largas jornadas, lo cual aumenta el riesgo de accidentes.
• El mayor número de niños que realiza trabajos peligrosos está en Asia y el Pacífico. Sin embargo la mayor proporción de niños en esta situación como parte del total de la población infantil se encuentra en África Subsahariana
• La mayor disminución en el número de trabajadores infantiles en condiciones peligrosas se registra entre las niñas
• Más de 60 por ciento de los trabajadores infantiles que realizan trabajo peligroso son niños.
• El trabajo peligroso se detecta con más frecuencia en la agricultura, incluyendo sectores como la pesca, forestal, pastoreo y acuicultura, además de los cultivos de subsistencia y comerciales
El informe de la OIT concluye que si bien es necesario mejorar la salud y seguridad laboral de todos los trabajadores, deben tomarse medidas especiales para salvaguardar aquellos que están entre la edad mínima de empleo y los 18 años, lo cual requieren de una acción importante y coordinada por parte de organizaciones sindicales y empresariales, y de la inspección del trabajo.
Hasta el momento 173 de los 183 Estados Miembros de la OIT se han comprometido a abordar la necesidad de erradicar el trabajo infantil peligroso mediante la ratificación ratificar el Convenio 182 de la OIR sobre las peores formas de trabajo infantil.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
