Categoría: Acción Sindical

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Otra vez el solidarismo contra los sindicatos Miguel Picado, Pbro.
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Fecha: Zona atlántica y Sarapiquí, 13 de julio de 2009

Para: Sres. Diputados de Asamblea Legislativa

De: Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, COSIBACR

Asunto:_ Denuncia ante la Asamblea Legislativa contra PATRONOS Y ESCUELA JUAN XXIII por llevar a cabo campaña sucia contra proyecto de ley 13475._

Señores Diputados:

La Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, COSIBACR con todo respeto se dirige a ustedes para DENUNCIAR enérgicamente la inapropiada conducta asumida por los patronos de la actividad agroindustrial del banano y la piña y otros productos, práctica desleal realizada de manera conjunta con la Escuela Social Juan XXIII quienes llevan a cabo actos y manifestaciones de falsedad y confusión sobre el proyecto de libertad sindical número 13475 que ustedes analizan en la Asamblea Legislativa y que persigue eliminar parcialmente la grave discriminación y persecución sindical existente en nuestro país; dicha campaña la impulsan de la siguiente forma:

– Han iniciado un proceso de realización de reuniones bajo disciplina laboral, en la que una forma amenazante e intimidadora le manifiestan a los trabajadores que el movimiento sindical pretende eliminar al movimiento solidarista con el impulso del proyecto mencionado, lo que es totalmente falso tal y como ustedes lo conocen. Pues el proyecto de ley de libertad sindical ha tenido como origen está en las constantes denuncias llevadas a cabo ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT y que está instancia ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno de Costa Rica, inclusive hace 10 años el señor Miguel Angel Rodríguez asumió el compromiso de impulsar dicha ley y como la situación de persecución sindical, el hostigamiento y la negación de la negociación colectiva no cesa, el señor Oscar Arias, actual Presidente de la República nuevamente viene a asumir el compromiso en el 2006, compromiso que a la fecha no ha cumplido.

– Que tanto la Escuela Juan XXIII, gobierno y patronos representados en UCAEP conocen de este proceso en que las partes convergieron para finalmente presentar dicho proyecto ante ustedes; de ahí que nos extraña mucho que estos señores anden confundiendo y falseando la verdad a los trabajadores, aunque es lo único que se podía esperar de este grupo, incluso intimidando a sus empleados, por ejemplo: en muchas empresas transnacionales les están pidiendo firmas a los trabajadores, aludiéndole que es para justificar una simple asistencia a una charla o reunión, pero lo cierto es que esta firma la están utilizando para acompañar un encabezado en contra del proyecto de ley número 13475 sobre libertad sindical. Otras maniobras utilizadas por los patronos es el aprovechamiento de los llamado periodos de pruebas que significan que los patronos no le dan estabilidad laboral a sus empleados, contratándolos por periodos de 2 meses y medio, seguidamente son despedidos para posteriormente ser contratados nuevamente. Se amenaza, se coacciona, se hostiga a los trabajadores para que firmen el encabezado que andan las empresas con el movimiento solidarista y el que lo hace, lo amenazan con no volverlo a contratar, incluso a los pocos trabajadores que tienen estabilidad laboral, les condicionan y hasta los engañan para que firmen dicho documento.

– Por ser este asunto tan delicado nos hemos visto obligados a acudir al primer poder la República para que conozcan de semejantes violaciones llevadas a cabo contra los trabajadores agrícolas. Como ustedes son conocedores el proyecto de libertad sindical no tiene la intensión de eliminar o discriminar otras legislaciones ni mucho menos a los ciudadanos que habitan en el país. Los patronos y la Escuela Juan XXIII pretenden suprimir cualquier iniciativa por sana que sea que implique derechos fundamentales para los y las trabajadoras. Nuestras organizaciones sindicales quieren decir ¡BASTA YA! a las injusticias llevadas a cabo en contra del movimiento sindical, pues los solidaristas tienen su propia legislación que les brinda una serie de derechos extraordinarios que al movimiento sindical se le han negado.

En virtud de lo expresado, les solicitamos a ustedes señores Diputados no atender cualquier pliego de petición o documento espurio presentado por la Escuela Juan XXIII y Patronos ya que estos llevan el hostigamiento y la presión moral y material en contra de los trabajadores para que firmen cualquier documento. Además quieren sumir durante mucho tiempo más a nuestros trabajadores a la desgracia y al sacrificio de ellos y sus familias, ya que el movimiento sindical es el único que permite procesos de verdadera negociación colectiva así establecido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT y es la base que fortalece nuestra democracia.

Para cualquier ampliación de la presente información nos ponemos a sus órdenes y si lo consideran oportuno pueden formar una comisión para investigar dicho asunto.

Con saludos cordiales, se suscribe muy atentamente

Ramón Barrantes Cascante
René García Miranda
Gilbert Bermúdez Umaña

San José, 6 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1639-09

Dra. Viviana Martín Salazar
Ministra

Lic. Fernando Ferraro Castro
Viceministro

Ministerio de Justicia y Gracia
Sus despachos

Estimada señora Ministra y estimado señor Viceministro:

Con el mayor de los respetos, reciban ambos el más atento saludo de nuestra parte.

Creemos sumamente conveniente y necesario que se proceda a abrir un espacio respetuoso, transparente y urgente, sobre el carácter de la gestión del Bach. Ronald Herrera Martínez, quien se desempeña en la actualidad como Director del Centro de Atención Institucional La Reforma; pues hemos sido receptores en esta organización de una serie de planteamientos que se nos formulan desde la base del personal de tal entidad.

En tal sentido, notamos que hay una acumulación de reclamos los cuales, por intermediación de una atmósfera de miedo, no han podido salir a flote, no han sido debidamente verbalizados (ni mucho menos canalizados); en cuanto a las relaciones jerarquía-personal subalterno que se dan ahí, y que, en definitiva, pareciera importante formular un emplazamiento correspondiente que, desde distintos ángulos, empiece a poner las bases para un replantamiento de cómo se manejan tales relaciones.

Entre los reclamos de los cuales hemos sido receptores, destacan factores como un presunto verticalismo asfixiante, así como la presión por una “productividad” social en condiciones infraestructurales totalmente adversas: problemas de carencia de personal, de hacinamiento, de equipo y materiales; problemas con el agua y los problemas derivados en el ámbito de salud con el asunto de la influenza A H1 N1, que se debe atender bajo las indicaciones estrictas y comprensibles del Ministerio de Salud pero que el CAI-Reforma pareciera no estar en condiciones de observar.

Además, se acusa un potencial maltrato verbal y la ausencia de un acompañamiento jerárquico amigable en ese marco de condiciones que, entre otros factores, estarían expresando un resentimiento creciente hacia la gestión directiva del citado jerarca lo cual, desde nuestra perspectiva, está fomentando el desarrollo de un clima laboral sumamente contraproducente para el éxito de la tarea institucional que, como todos sabemos, es de gran sensibilidad.

Deseamos que, en el menor tiempo posible, vuestras autoridades nos reciban en audiencia para ampliar sobre el particular y para, en medio de un espíritu constructivo, generar la apertura de un espacio de diálogo con protagonistas directos de la situación descrita, mediando para ello garantías de respeto y de seguridad contra efectos colaterales en atención a la eventual denuncia abierta; espacio que, por supuesto, deberá, en un segundo momento, involucrar al ya mencionado servidor, del cual, la ANEP, para que quede claro, no tiene cuestionamientos en cuanto a su calificación y ética profesional.

Reiterándole nuestra mayor consideración, quedamos en espera de vuestra pronta respuesta, recalcando de nuestra parte la imperiosa necesidad de “entrarle” al problema con la celeridad requerida.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
cc.: Bach. Ronald Herrera Martínez, Director, Centro de Atención Institucional La Reforma, Adaptación Social.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Personal CAI-La Reforma.
cc.: Archivo.

San José, 8 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1641-09

Señora
Rocío Fernández Solano
Directora General
Museo Nacional de Costa Rica
Su despacho
Fax 2257-70-63 / 2233-74-27

Estimada señora:

Con gran respeto, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Hemos sido enterados, por medio de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas que laboran para el Museo Nacional, acerca de una una reunión recientemente realizada con el personal de Seguridad y Vigilancia de la institución a su digno cargo; en la cual se les expuso que dicho servicio sería privatizado y que, en su lugar, se contrataría a una empresa de seguridad privada.

Ante esta nueva situación, la cual ha de derivar en la generación de una nueva situación laboral distinta para la cual fueron contratados originalmente dichos funcionarios, nuestra organización desea que se respondan las siguientes inquietudes, que basamos en el derecho de petición indicado en el artículo 27 Constitucional y en el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Nivel Institucional:

1- ¿Cuál fue la empresa responsable de presentar la propuesta de reestructuración para el Museo Nacional de Costa Rica?

2- ¿Es esto una reestructuración o una reorganización?

3- Costo total de dicho “estudio” y con qué fondos se sufragó

4- Marco legal, base legal, que da fundamento a su realización.

5- ¿Cuál es el papel del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en este proceso?.

6- ¿La licitación para la contratación de los servicios de la seguridad privada sale específicamente para este rubro, o bien, para poner al personal privado a trabajar en las salas?

7- ¿ Se encuentra al día en el pago de las cargas obrero-patronales dicha empresa?

8- ¿Tiene la institución noción de los alcances legales del Convenio 94-OIT que le son en concernirle?

Nivel Laboral:

9- ¿Cuales serán las nuevas funciones asignadas a los funcionarios de Seguridad y Vigilancia del Museo Nacional?

10- ¿Se indicó en dicha reunión que había presupuesto para reconocer, eventualmente, los extremos laborales de estos funcionarios, en caso de que “no se acomodran”?

11- Si hubiese despidos, cómo se reconocería tal cesantía?

12- ¿Dentro del Manual de Puestos del Servicio Civil existe el puesto de encargados de Sala?.

13- ¿Está la administración conciente del alto compromiso político de rango presidencial, en cuanto a que en época de crisis económica, no debe haber despidos en el Sector Público?

Finalmente, es criterio de la organización que nos honramos en representar, que los procesos de transformación institucional más exitosos, son aquellos en los que la participación laboral estructurada viabiliza los cambios; amén de que, legalmente, tal participación está contemplada. De tal suerte que formulamos petición oficial en tal sentido.

Nuevamente, la ANEP le expresa su mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-Cultura

cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Sra. María Elena Carballo Castegnaro, Ministra de Cultura y Deportes.
cc.. Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Trabajadores y Trabajadoras del Museo Nacional.
cc.: Archivo.

San José, 6 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1640-09

Licenciado
Fernando Varela Zúñiga
Decano
Universidad Técnica Nacional-Sede del Pacífico
Su despacho
Fax No. 2661 2769

Estimado señor:

Reciba de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), nuestro atento y cordial saludo.

Mediante nuestro oficio S.G. 07-09-1590-09, con fecha del 16 de junio anterior y enviado al señor José Fabio Alvarado Umanzor, Jefe de Servicios Generales de esa sede universitaria, y recibida por su despacho el día 25 de junio siguiente, le remitimos el estudio y criterio legal de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP sobre el día de descanso semanal para los vigilantes de la sede de la UTN Pacífico.

A la fecha presente, no hemos recibido respuesta donde se nos comunique por escrito si los criterios vertidos en dicho oficio serán puestos en práctica tal y como se comprometió ante la esa honorable decanatura el día 19 de marzo anterior. No entendemos el porqué de la tardanza de la puesta en práctica del día de descanso para los vigilantes de dicha sede.

Debemos dejar claro que una vez que dicho criterio estuviera en sus manos, entendíamos que la variación se efectuaría de forma rápida y sin mayor dilaciones; dándose la circunstancia de que en algunos momentos, producto de nuestra tardanza en emitir tal criterio, se utilizó como argumento para endilgarnos la responsabilidad ante los trabajadores, es decir, que por nuestra culpa no se ponía en vigencia lo acordado.

Resulta paradójico que la tardanza o lentitud ahora no viene de nosotros y no hicimos ni hemos hecho tantos comentarios adversos a la organización entre los trabajadores, como si los hicieron, lo señores Clever Araya y José Favio Alvarado. Si traemos a colación el siguiente argumento: que mediante los oficios institucionales de Servicios Generales, SG-078-06 y el SG-098-08, donde se argumentaban los nuevos roles, no hubo tanta consulta y tanta indisposición como ahora se observa claramente.

Entendemos que los criterios que anteriormente se argumentaban ya están desfasados y rebasados por nuevos argumentos como el día de descanso que sobresale en toda esta discusión. Por otra parte, siempre argumentamos que no era necesario variar los roles de trabajo para cumplir con la puesta en práctica de lo establecido en el Manual de Normas; que esto le salía mas caro a la institución, argumentos que nunca nos fue rebatidos, o demostrado lo contrario.

Se puede observar de manera clara que la jurisprudencia venida de la Sala ll con el caso de un vigilante, la cual modificó el tema del descanso semanal (Resolución No. 734, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las diez horas cinco minutos del cinco de octubre del dos mil siete). Se le dio la razón al trabajador y, por tanto, el Estado fue condenado en costas por la irregularidad cometida, venida de la Administración.

De igual forma podríamos indicar que para el caso de la UTN sede Pacífico, se está incurriendo en la misma práctica, al variar los roles que contemplaban el incumplimiento del día de descaso semanal, observado como lo indica en la parte de conclusiones la asesora legal de ANEP, Carolina Quesada Alfaro, de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)de la ANEP, cuando nos indica que “ 2 Dicho espacio de tiempo debe contabilizarse desde las 00:00 a las 24:00 del mismo día. Por lo tanto, periodos que aunque encierren 24 horas entre jornada y jornada de trabajo,que no se comprenda dentro de estas horas, no pueden considerarse como descanso semanal”.

Solicitamos, en consecuencia, poner en vigencia lo pactado ante la decanatura, la cual se respetaran los días de descanso semanal del personal de vigilancia. Lamentablemente debemos indicar, siempre en el marco del debido respeto que, vencido el plazo legal para responder la presente y se mantenerse lo que para nosotros es una errática posición institucional, deberemos apelar a instancias extramuros con legitimidad interventora en el tema; en su orden, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en su Departamento de Inspección; y, de ser necesario, los tribunales de Justicia que, en su fase final, podría devenir en fuertes erogaciones económicas del presupuesto institucional, con la consecuente demanda de responsabilidades individuales por incurrir en ello.

Muy atentamente se despiden de usted, invocando para recibir respuesta el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-UTN

cc.: Lic. Clever Araya, Director Administrativo, UTN-Sede Pacífico.
cc.: Licda. Yesenia Méndez Miranda, Recursos Humanos, UTN-Sede Pacífico.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Personal interesado.
cc.: Archivo.

San José, 2 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1632-09

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa
Su despacho

Asunto: Proyecto de ley No. 17.372-_”Ley para regular el servicio de operadores de transporte privado de personas”_

Estimados señores y estimadas señoras:

Con el debido respeto nos dirigimos a sus dignas autoridades legislativas, para hacer referencia al Expediente Legislativo No. 17.372, “Ley para regular el servicio de operadores de transporte privado de personas”; considerando las personas suscritas que nos asiste un legítimo derecho para verter una opinión al respecto, dado que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que nos honramos en representar, agrupa en su seno a un respetable grupo de trabajadores del servicio público modalidad taxi y, como operadores del mismo bajo el régimen de legalidad que al efecto se exige, hay un interés directo en tal iniciativa de ley.

Al respecto, estas son nuestras consideraciones principales, dejando planteada de entrada nuestra rotunda oposición al indicado proyecto de ley.

1- La delimitación del servicio público modalidad taxi, así como el porteo de personas, tiene diversa normativa, dentro de la cual destaca varia jurisprudencia constitucional, sumamente prolija. Al efecto, debe esa honorable comisión tener a la vista la resolución 2004-04601, de las once horas con treinta y nueve minutos del treinta de abril del dos mil cuatro; así como la resolución 2004-3580, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del catorce de abril del dos mil cuatro. Igualmente, cabe referir tanto la Opinión Jurídica OJ-063-1999 del 25 de mayo de 1999, así como el Dictamen C-376-2003 del 1° de diciembre del 2003, ambos de la Procuraduría General de la República (éste último suscrito por el Dr. Fernando Castillo Víquez).

2- En la exposición de motivos de este proyecto N° 17.372, se hace alusión a uno anterior, el 16.136, que en nuestro criterio podría ser anticonstitucional. Este criterio lo sustentamos del análisis de diferentes resoluciones, pero principalmente del informe jurídico realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, sobre la reforma a la ley N° 3284 (ST.061-2006-J).

3- Sobre la idea que se ha venido vendiendo de que este proyecto 17.372 es un documento de consenso por parte de porteadores y taxistas, manifestamos que no se ajusta a la verdad debido a que la organización que ahí se señala sólo representa un sector del gremio. En nuestro caso, representamos una cantidad importante de compañeros taxistas y estamos debidamente acreditados y legitimados ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Es de conformidad con lo anterior que estamos planteando nuestra posición al respecto.

4- El proyecto plantea un cambio radical a la situación jurídica actual de los porteadores, pasando de ser empresas privadas de porte de personas a “operadores del transporte privado de personas”, tanto físicas como jurídicas. Al respecto, solicitamos se analice el informe jurídico realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre la reforma a la ley N°3284 (ST. 061-2006-J), acerca de la derogatoria tácita de la figura del porteador en la modalidad de transporte remunerado de personas por empresas publicas (página siete en adelante.

5- El artículo 1 reafirma el cambio de situación jurídica, suprimiendo la figura del porteador de personas, según lo concibe el capitulo V del Código de Comercio. El concepto_ “puerta a puerta”_ que plantea este nuevo proyecto, roza con la derogatoria tácita que realizó la ley N°3503, donde desapareció la modalidad de porteador de empresa pública; esto es con un establecimiento publico y notorio, transformándose en el servicio de taxi. Por otra parte, el proyecto establece, al igual que lo hizo la ley 3503 con el servicio publico, que el MOPT sera el titular de ambas modalidades: Público y Privado, ya no en la figura de porteador sino como “operadores del transporte privado de personas”, sin tener que ir a un proceso de licitación, violentándose la ley 7969, en el artículo N°3 sobre el ámbito de aplicación.

A este respecto, es imperioso que esa honorable comisión legislativa se dirija al Registro Nacional, con la finalidad de que se suministre información acerca del número real de las actuales empresas inscritas bajo la figura que plantea este proyecto de ley, así como sus respectivos nombres y sus correspondientes juntas directivas. Presuponemos de nuestra parte que al analizar la información indicada, se ha de comprobar que no son tantas empresas en estas circunstancias, con lo cual se ha de caer el argumento de que esta ley es para beneficio de muchos. Si esta ley se aprueba con una especie de “cierre de inscripción” de empresas de este tipo, abriremos las puertas para la instauración de especies de monopolios privado en el ramo.

6- El artículo 2 del proyecto genera diversos interrogantes. Por ejemplo, ¿con que criterios otorgarán o denegarán las municipalidades las patentes respectivas?; ¿a qué tipo de “afiliados” se refieren en el inciso f.)? Notamos que el inciso h), tiene roces con la derogatoria tácita que hizo la Ley 3503 del porteador de personas bajo la modalidad de empresa pública, esto es con un establecimiento publico y notorio, al decir en “espera de clientes” y muy diferente al concepto de “puerta a puerta”, de naturaleza personal, producto de una relación discreta, previamente concertada entre el porteador y el viajero. Por otra parte, a las personas físicas únicamente se les solicita una “declaración jurada” y no los requisitos de la CCSS.

7- El proyecto legitima la COMPETENCIA DESLEAL por parte de personas jurídicas que pueden tener_ “choferes o afiliados”_, mientras que la ley 7969 de taxis plantea en el articulo 4), inciso c), el “Principio Democratizador”: Promover la democratización del servicio de taxi con la adjudicación de una sola concesión por particular. ESTE ES EL CORAZON DE LA ACTIVIDAD QUE NOSOTROS EJERCEMOS. Es un cambio radical en la concepción ideológica del servicio de taxi como servicio publico. Adiós a la democratización. El “uno a uno” del proceso de concesión vs. el concepto de consorcio concentrador de la concesión. Nosotros sentimos que en este apartado, hay una disposición implícita con un potencial beneficiario directo: el consorcio taxista del aeropuerto que, de esta manera solapada, tendrían su legalización.

8- En este apartado queremos centrarnos en llamar la atención de los honorables señores y de las honorables señoras, diputados y diputadas, en cuanto al impacto social que implica el desplazamiento de la actividad de transporte público modalidad taxi como hasta ahora la hemos conocido: altamente regulada y seriamente confiable,

Se abre paso a la irrupción de una competencia que no estará sometida a igualdad de condiciones, sino que más bien, la misma presenta ya y tendrá asegurada a futuro, una connotación monopólica u oligopólica que, paulatinamente, generará la desaparición de la figura taxista tradicional hasta que la misma quede completamente extinguida. Cada día se nos asfixia más y para muestra un botón: mientras nosotros no podemos prestar servicio con modelos de más de quince años de antigüedad, la “competencia” a establecer, no tendrá problema alguno al respecto. Igualmente, se ha de materializar estos aspectos discriminatorios, con el asunto del pago de cánones, los cuales no serán aplicables a los potenciales beneficiarios si este proyecto de ley se materializa.

9- Al analizar el artículo 3, no se contempla el equilibrio entre la oferta y la demanda. La Sala Constitucional, mediante Voto 2004-4601 de las 11 horas 39 minutos del 30 de abril del 2004, señaló con claridad meridiana que_ “de este modo, el Estado debe garantizarle al concesionario el equilibrio entre la oferta y demanda,con la ecuación financiera del contrato y una tarifa justa que permita su operatividad. Si existe concurrencia de operadores en una cantidad mayor a la demanda o de personas no autorizadas,se presenta una competencia que puede ser ruinosa para los concesionarios y el Estado responderá por ello si se tolera tal competencia”._ Es evidente que esta es la realidad que vivimos desde hace varios años los taxistas autorizados legalmente en nuestro país. Es por ello que el Estado debe responder por esa responsabilidad que tiene al tolerar abiertamente una competencia desleal, ruinosa para la actividad de nuestros agremiados.

10- Analizando el artículo cuatro, es bueno indicar que al ser el porteador una figura contractual muy restringida, por ende, es necesario identificar el origen del contrato de transporte para determinar si se trata de un acuerdo comercial, o si se dirige a satisfacer una actividad que el Estado declaró servicio publico. Por demás, se acentúa la competencia desleal en cuanto al tipo de póliza diferente para ambos servicios, así mismo con Riteve: Los operadores privados, UNA VEZ AL AÑO; mientras los taxis rojos, CADA SEIS MESES.

11- Con relación al artículo 5, no se indica que el contrato de transporte tiene, entre otras características, el ser un contrato oneroso y no formal. Su objeto puede ser el traslado de personas, cosas y noticias, como un auxiliar mercantil, pero siendo un contrato residual de transporte de personas, el público debe pertenecer a un grupo cerrado de usuarios, por lo que no autoriza al porteador a transitar por la vía publica negociando u ofertando sus servicios, coincidentemente con el servicio de taxis; o en busca de la demanda de pasajeros en la vía publica, pues el Estado es el único titular de esta prestación de servicios. El permitir las calcomanías induce a confusión al usuario y no se justifica al ser un grupo residual y cerrado de usuarios con contrato y afiliación previa.

12- Cuando analizamos el artículo 8, se abre el portillo para que, en adelante, tanto personas físicas y jurídicas obtengan frecuencias de radio del Estado aumentando la competencia desleal.

13- Sobre el Artículo 9,_ “se rompe el hilo por lo mas delgado”_, debido a que sancionaría al CHOFER y no a la EMPRESA ni al dueño registral.

14- El inciso b), del artículo 10, aumenta la competencia desleal ya que el plazo social de una persona jurídica puede ser hasta de 99 años, mientras que el taxista debe someterse a plazos licitatorios cada década.

15- El artículo 12 del proyecto hace alusión a la reforma del Artículo 323 de la ley 3284. Existe una presunción de inconstitucionalidad, pues no contiene ninguna salvedad de los legítimos porteadores de personas que aun puedan subsistir al amparo del Capítulo V del Código de Comercio y que operan como empresas privadas; y en el texto del articulo 34 de la Constitución Política que literalmente dice: “Artículo 34: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos de situaciones jurídicas consolidadas”.

16- Salvo mejor criterio de los señores legisladores, nuestra organización sindical solicita consultar dicho proyecto a la Sala Constitucional. De igual manera, analizar el criterio vertido por el Ministerio de Comercio Exterior, en su oficio DM-1325-5, del 16 de diciembre del 2005, que se refiere al Capítulo 11 y el Anexo 1 del TLC.

17- Vamos al artículo 13 del proyecto, sobre la reforma del inciso b) del artículo 29 de la Ley 7969, de taxis. Veamos: A) A los privados se les otorga el permiso por el plazo social que puede ser 99 años. B) -Sobre la prórroga de los 10 años por una sola vez. Si bien es cierto que será una necesidad social y tiene una buena intención, se debe tener en cuenta la prolija jurisprudencia al respecto:

*a-*Voto de la Sala Constitucional N° 2004-04601 de las once horas con treinta y nueve minutos del treinta de abril del dos mil cuatro.

*b-*Inciso b) del artículo 4° de la ley 7969.
Con la tesis anterior, nos da la razón de expresar nuestra opinión contrario para permitir la competencia desleal ya que nos afecta para poder cumplir con tantos requisitos.

18- En cuanto a las bases especiales con fines turísticos, no está claro a cuáles permisionarios y personas físicas o jurídicas se refiere ya que somos concesionarios (¿serán las de taxis del aeropuerto?). Reiteramos nuestro criterio de que el consorcio del aeropuerto tendría con este proyecto de ley una legalización solapada.

19- Con respeto a la adición supracitada, en el sentido de que en las bases de operación especiales que se autoricen con fines turísticos, se le dé como primera opción a los actuales concesionarios o permisionarios del servicio; cabe señalar que tal disposición no se aviene con el Principio Democratizador que se establece en el inciso c), artículo 4° de esta misma ley (7969), que se pretende reformar con el presente proyecto, el cual dispone que hay que “promover la democratización del servicio de taxi, con la adjudicación de una sola concesión por particular”, especialmente cuando se considere, como primera opción a los actuales concesionarios del servicio.

Es nuestro criterio que las placas del aeropuerto Juan Santamaría se deben sacar a licitación, mediante el principio democratizador antes mencionado de una concesión por particular.

Conclusiones y formal solicitud de audiencia:

1.- Nos oponemos ROTUNDAMENTE al proyecto de ley 17372.

2.- El tema de los taxistas legalmente autorizados se debe aprobar en un proyecto exclusivo con la participación de una representación mas amplia de verdaderos taxistas.

3- Somos del criterio de que en todo lo concerniente a la actividad del porteo, lo que cabe es su regulación y reglamentación a luz de la ley No. 3284, tal y como lo concibe el Código de Comercio.

4- Solicitar un informe jurídico sobre el proyecto 17372 al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa .

5- Igualmente, se realice la consulta correspondiente del proyecto 17372, a la Sala Constitucional.

6- De la misma forma y como indicamos líneas arriba, es preciso contar con la información del Registro Nacional, aparte de que se tenga el criterio oficial de esta entidad. Además, no puede faltar el criterio de entidades como el Consejo de Transporte Público (CPT), la Procuraduría General de la República y el propio Ministerio de Hacienda, por lo cual tales entidades deben ser emplazadas para que emitan su opinión ante esa autoridad legislativa.

7. De forma tal que, con base en estos criterios planteados acá, es claro y evidente que el proyecto 17372 es negativo social y económicamente para nuestro gremio de taxistas legalmente autorizados, por lo que solicitamos audiencia ante esa honorable comisión especial constituida para analizar este proyecto y así discutir con mayor profundidad nuestras observaciones.

Finalmente, les agradecemos la valiosa atención a nuestras consideraciones y quedamos en espera de vuestra convocatoria:

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General ANEP

Junta Directiva Seccional ANEP-Taxistas

Lorenzo Hernández Suárez
Presidente

Rigoberto Aguilar Solís
Vicepresidente

cc.: Honorables fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Taxistas.
cc.: Archivo.

San José, 6 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1636-09
¡URGENTE!

Honorables señores y honorables señoras
Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas

Atención: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Presente

Estimadas señoras y estimados señores:

En primer término, les expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

En días pasados, el Lic. Freddy González Rojas, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y representante oficial de tal entidad en el proceso tendiente a la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo de dicha entidad, remitió a esa honorable comisión oficio indicando acerca de la naturaleza estratégica que tal proceso requiere para la estabilidad institucional, razón por la cual hace énfasis en la necesidad de atención y seguimiento.

Es en función de lo anterior que, como organización representativa y legítima que tutela los intereses económicos y sociales de la población trabajadora asalariada del INFOCOOP, solicitamos a vuestras autoridades considerar prioridad el tema de la Convención Colectiva de Trabajo en esta institución, haciendo las modificaciones de agenda pertinentes que permitan cristalizar la ansiada oportunidad de una suscripción pronta.

Con la certeza de que vuestros buenos oficios redundarán en bienestar de quienes laboran para el INFOCOOP y que la institución misma habrá de salir gananciosa con un proceso de estabilidad consolidado, aprovechamos para reiterarles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Sr. MBA. Freddy González Rojas, Presidente Ejecutivo de INFOCOOP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INFOCOOP.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Sr. Ivannia Espinoza Sandoval, Responsable ANEP-INFOCOOP, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Personal del INFOCOOP.
cc.: Archivo.

San José, 6 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1638-09
¡URGENTE!

Doctora
Viviana Martín Salazar
Ministra
Ministerio de Justicia y Gracia
Su despacho
Fax No. 2234 7959

Estimada señora Ministra:

Con el mayor de los respetos, reciba usted el más atento saludo de nuestra parte.

Deseamos que su digna autoridad nos reciba en audiencia, con carácter urgente, para pedirle su inmediata intervención ante lo que la ANEP considera como el desmantelamiento de la Unidad de Atención Psicológica y Operacional al servicio del personal penitenciario; un servicio institucional imprescindible dada la alta vulnerabilidad de dicho personal ante los desafíos que implica la atención a la población privada de libertad en las actuales condiciones de criminalidad.

Nos urge mucho, señora Ministra, explicarle la profundidad de las consecuencias negativas de tan errática pretensión y se lo pedimos a usted, al sentir que en los niveles institucionales directos se manifiesta cierto prejuicio que impide analizar el problema de manera objetiva.

Reiterándole nuestra mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Personal Unidad de Atención Psicológica y Operacional, Dirección General de Adaptación Social.
cc.: Archivo.

San José, 17 de junio de 2009.
S.G. 07-09-1601-09

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General de la República
Contraloría General de la República
Su despacho

Estimada señora:

Con el respeto de siempre para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Recientemente ha sido puesta en nuestras manos, una diversidad de información altamente preocupante, acerca de presuntas irregularidades que se han estado y/o se están presentando, en la sede de Atenas de la hoy Universidad Técnica Nacional (UTN); sede que antes fue conocida con la denominación Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), y una entidad que estaría adjunta a la misma, conocida como “Fundación Operativa Escuela Centroamericana de Ganadería”.

Según se nos indica, las presuntas anomalías estarían sustentadas en diversos informes de la auditoría interna institución y, además, en una eventual investigación; asímismo, buena parte del personal tiene conocimiento acerca de presuntos desórdenes de gestión en diversas instancias de la mencionada entidad.

Para empezar, según se desprendió de un estudio de la auditoría interna de la ECAG, se habría detectado el delito penal de falsificación de firmas de un cheque de la institución, lo cual, presuntamente, al parecer habría sido cometido por el señor Francisco Romero, actual decano; y como resultado de la investigación este acto penal habría sido encubierto por otras altas autoridades del Consejo Directivo de la ECAG, dado el presunto involucramiento del propio decano.

Por otra parte, se habría dado la apertura de la carrera denominada Manejo Forestal y Vida Silvestre sin contar con la debida autorización del Consejo Superior de Educación (CSE), hasta el punto de tener graduados sin legalidad del registro. Se desconocen las razones de carácter técnico y/o la instrucción que se habría recibido de parte del Ministerio de Educación, o su representada, sobre las acciones motivantes de la apertura de la carrera Manejo Forestal y Vida Silvestre sin ser aprobadas por el CSE como ya indicamos.

En tal caso y comprobado el hecho, habría que determinar potenciales incumplimientos de deberes y potenciales fraudes en contra de quienes se matricularon en la carrera en mención. Al parecer, también hay un informe de la auditoría interna institucional que estaría señalando este asunto.

También y relacionado con lo anterior, se nos indicó que en tal carrera se habrían aceptado jóvenes sin bachillerato de Secundaria con la aparente complacencia académica superior de la institución. Al aparecer, la auditoría interna institucional tiene registro de este asunto.

En otro orden de cosas, se nos reportó que habría ocurrido una “pérdida” o se habría manifestado un “faltante” en el inventario de la planta de lácteos, de entre 5000 y 8000 kgr de queso de los inventarios; así como habrían sido tirados a los basureros, aproximadamente, 300 kg. adicionales de producto descompuesto y vencido. Igualmente, se indica que hay informes de la auditoría interna institucional al respecto.

De las áreas de producción de la finca ECAG, habrían sido sustraídas las siguientes especies, sin que a la fecha se haya descubierto o aclarado el caso: 11 cabras, 6 ovejas, 3 terneros y algunos tepezcuintles. Del área administrativa, aparentemente habrían desaparecido computadoras, equipos, partes de un tractor y otros, sin que se nos halla proporcionado mayores detalles en este último caso, aunque, en la administración institucional sí existiría datos pormenorizados de ambos aspectos.

La ECAG, con su Fundación Operativa (FUNDECAG), estaría realizando nombramientos de personal externo de las carreras impartidas en la misma; a la vez que se denuncia presuntas irregularidades en cuanto a compras de licores y otros artículos con fondos públicos y sin contar con la aprobación presupuestaria de ese honorable órgano contralor. En este último orden de cosas, se habla de una especie de caja chica para “fiestas” presuntamente promovidas desde el decanato y desde el vicedecanato. En fin, se cuestiona la realización de fiestas constantes y eventos especiales para, supuestamente, mantener determinada imagen de las autoridades superiores, promoviéndose beneficios de interés particular, pero, con fondos públicos.

Las dos personas responsables de ambas instancias anteriormente mencionadas, no habrían informado debidamente al Consejo Directivo de la ECAG, de todas las presuntas anomalías ya detalladas hasta aquí.

Como es lógico suponer, no consta a la ANEP que “muchos de los productos de las plantas de proceso de la ECAG salen de la institución como negocios privados de algunos funcionarios y de autoridades superiores y se intimida al personal para que no denuncie”. Como se puede colegir, es una afirmación sumamente delicada que, como indicamos, no nos consta pero sí decidimos incluirla en esta denuncia para que, de una manera u otra, se valore sí aportaría elementos para establecer un cuadro de presunta corrupción de tal nivel.

Fuimos informados de que en una ocasión se habría escuchado, verbalmente decir al señor decano, indicando que la presidencia de la ECAG habría participado en dos órganos directivos de fundaciones con intereses directos recibiendo dietas complementarias. Se indica que para ese momento, el ser presidente de la ECAG en su consejo directivo y al ser ECAG una institución adscrita al Ministerio de Educación lo convierte como sector público “directo”, lo cual podría haber generado conflictos por duplicidades de dietas, si es que éstas se habrían generado.

El señor vicedecano, que tiene dedicación exclusiva con ECAG, estaría produciendo, no sabemos con que fines (si comerciales o no), en su casa, los mismos productos lácteos de ECAG y, además, es profesor dentro de la jornada laboral de una de las universidades públicas (UCR). El Consejo Directivo de ECAG, habría callado el informe de la auditoría interna institucional sobre esta investigación, dentro de la cual, al parecer, el señor decano habría confeccionado una nota autorizando al señor vicedecano a recibir dos salarios en la misma jornada laboral.

Destácase que la distribución de lácteos de la ECAG se habría adjudicado sin salir a licitación, cuando corresponde observar todo un procedimiento. Se señala una presunta manipulación de los precios en la venta de los productos lácteos y cárnicos, dándose el presunto inconveniente de intereses de funcionarios con negocios similares y se habla de la existencia de una supuesta comisión que estaría siendo utilizada como “cortina de humo”, aunque este aspecto es de los que más confusión genera para esta organización.

Se habría desprendido de una investigación de la auditoría interna institucional, un faltante en los fondos del proyecto porcino de ECAG, de entre 3 y 4 millones de colones; lo cual habría obligado al Consejo Directivo de la ECAG, al decano y al vicedecano, solicitar un adelanto económico a una de sus fundaciones, en este caso la FIECAG, para solventar la presunta irregularidad.

Por otra parte, se nos indica que es necesario investigar la validez de los nombramientos del señor vicedecano y del propio señor decano, para verificar cuánta propiedad hay en los procedimientos que para tales casos, están establecidos.

Se alega, en la denuncia que la ANEP recibió, que el actual vicedecano tendría como práctica “permanente” el uso de los vehículos oficiales para la atención de asuntos personales, dentro de los cuales destaca, el eventual traslado a su casa de habitación y también para cumplir sus responsabilidades académicas con la Universidad de Costa Rica (UCR); amén de que se le critica que pese al contrato de exclusividad con la ECAG, habría brindado asesorías extranjeras en sus vacaciones.

Hay un señalamiento dirigido hacia la persona que ocupa el cargo de Director Académico, señor Javier Herrera, quien sería integrante de consejos directivos cuyas sesiones estarían coincidiendo con su horario de trabajo, amén de que estaría recibiendo dietas en tal condición. Presuntamente el señor Decano le habría modificado su horario laboral para que no tuviese problema en percibir dos retribuciones económicas: una salarial y una por dietas.

La FUNDECAG es una fundación por medio de la cual se hace una administración presupuestaria y financiera paralela a la ECAG, teniendo, presuntamente ingresos públicos que no estarían sometidos a la fiscalización contralora con aparente desviación de fondos públicos.

A la vez, se nos denuncia que por medio de la FUNDECAG, las máximas autoridades institucionales habrían recibido sueldos por montos mayores o similares a los que habrían devengado por la ECAG, incluyendo, supuestamente, gastos de representación y viáticos, sin conocerse la legalidad de la inscripción de tal fundación o su funcionamiento continuo bajo un marco de legalidad.

Se resiente mucho una supuesta ausencia repetida a labores por parte del señor decano, en presunta labor de_ “empoderamiento”_ político derivado del proceso de institucionalización de la UTN, a la vez que asuntos de índole personal estarían ocupando, presuntamente, parte de su tiempo laboral.

Se toca el tema de la asignación de las casas de habitación propiedad de la institución, que se estaría basando en criterios personalistas, a partir de supuestas afinidades para con las autoridades del decanato y del vicedecanato; generándose una especie de “clientelismo” institucional que contradice principios de objetividad, justicia y equidad en este punto.

Se nos indica, además, dudas o cuestionamientos sobre el proceso de designación del actual vicedecano, señor Educardo Barrantes, a quien se le promovió a tal cargo desde una posición de técnico de la planta de lácteos, según promoción que le efectuara el señor decano, en forma sucesiva desde director académico, a director administrativo y ahora al vicedecanato; presuntamente sin concurso interno y, presuntamente también, sin los indispensables requisitos. También, este mismo tipo de dudas y/ cuestionamientos, estaría afectando nombramientos de varios directores y el de la proveeduría institucional.

Además, se cuestionan supuestas compras fraccionadas de equipo, de leche para procesar, reparaciones de equipo y de instalaciones.

Por otra parte, la ECAG, ahora UTN-Sede Atenas, a través de los señores decano, vicedecano y director de producción, habría establecido un convenio por medio del cual desde la indicada sede, se alimentaría y se daría manejo zootécnico respectivos a los animales, de forma tal que las crías obtenidas serían repartidas en una proporción 50-50 entre dicha sede universitaria y un ciudadano de apellido Clachar, una vez destetadas las crías. Al parecer se desconoce la población meta favorecida con tal convenio y el alcance de legalidad que implica la inversión presupuestaria para sostener el potencial beneficio de los animales de la indicada persona, sin hablar de los resultados de eventuales evaluaciones que se hayan hecho de este convenio.

En los años 2004-2006, un grupo de funcionarios de lo que hoy es la sede Atenas de la UTN, habrían decidido “entrarle” a investigar toda esta serie de presuntas anomalías pero parece ser que fuertes presiones políticas al más alto nivel del Gobierno Central habría desestimulado tal esfuerzo, destacándose un clima de miedo y de persecución que, hasta ahora, con la inserción de la ANEP en la UTN, parece haber empezado a ser superado para bien de la transparencia de la gestión pública en este centro universitario.

Reiteramos que varios de los aspectos que acaban de ser reseñados, tendrían soporte en informes de la auditoría interna institucional; y que otros, nos han sido reseñados bajo el principio de confidencialidad que si bien no constan a la ANEP. Sí nos pareció oportuno hacerlos del conocimiento de esa honorable Contraloría General de la República, en aras de la necesaria transparencia que ha de imperar en el manejo de la cosa pública en todo estadio institucional en que la misma esté presente, principio que es rector de nuestro accionar sindical.

Anticipadamente le agradecemos la especial consideración a la presente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Honorable señor, Dr. Francisco Romero Royo, Decano, Sede UTN-Atenas.
cc.: Honorable señor, Lic. Eduardo Barrantes Guevara, Vicedecano, Sede UTN-Atenas.
cc.: Honorable Comisión Ah-Hoc, Universidad Técnica Nacional (UTN).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Sede Atenas.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Alajuela.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Guanacaste.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Pacífico.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 2 de julio de 2009.
S.G. 07-09-1633-09

Licenciada
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra de Gobernación, Policía y de Seguridad Pública
Su despacho

Estimada señora ministra:

Reciba, en primera instancia, un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados (ANEP).
Nuestra respetuosa misiva es para hacer de su conocimiento el balance que, de manera objetiva, hemos realizado con respecto a las propuestas formuladas por ANEP en fundamentales y álgidos temas de orden reivindicativo-laboral; mismas que hemos venido plantando a su honorable autoridad. Para tal efecto, realizamos un pormenorizado análisis, contrastando nuestras propuestas con las posiciones oficiales de su despacho, lo que dejamos patente en el siguiente cuadro comparativo.

En el caso de la ANEP, nuestras posiciones y nuestras propuestas están recogidas en los oficios de esta Secretaría General, SG 07-09-0853-08 de octubre 2008; SG 07-09-1398-09 de mayo del 2009; y, SG 07-09-1090-90 de enero 2009. Lo esencial de nuestro planteamiento sindical se expone en la columna de la izquierda. A la derecha, exponemos lo esencial de las respuestas y posiciones oficiales del Ministerio de Gobernación, Policía y de Seguridad Pública, corresponden a los oficios 298-2009DM de enero 2009; 2259-2009DM de junio 2009; y, D432-2009 ENP de abril de 2009.

1- REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA

ANEP, de manera reiterada, formuló la propuesta en tres ocasiones, argumentando las devaluadas bases salariales del personal policial, poco competitivas. Usamos como referencia las bases salariales de los cuerpos policiales municipales y del sector privado.

El problema fue resuelto para los mandos medios y altos, sea, el nivel ejecutivo, lo anterior mediante un nuevo manual de clases y cargos policiales en el 2008. El restante personal policial, sean niveles inferiores, se resolverá en al segunda etapa del manual de clases y cargos policiales, previo análisis de la estructura organizativa. Está en “proceso”.

2- RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LA DISPONIBILIDAD

ANEP argumenta como una aplicación ilegal, que se le exija disponibilidad a quienes no se les reconoce económicamente por estar excluidos del Estatuto Policial. Se violenta el precepto igualdad de obligaciones, igualdad de derechos.

Es un tema de interés de la actual administración, se busca el asidero legal que lo permita, se realizan análisis de la jurisprudencia, se verá la viabilidad económica.

3- ALTO RIESGO Y RIESGO ADMINISTRATIVO

La ANEP, dado el cambio de patrones de conducta delincuencial y los agresivos niveles de violencia, planteó que debe extenderse a todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad.

No es viable jurídicamente, pues se limitó cuando se constituyó dicho incentivo. Respecto al riesgo administrativo, se está en análisis de su viabilidad.

4- DEFICIENTE ALIMENTACIÓN

Previo diagnóstico in situ, así como reiteradas denuncias, comprobamos a finales del 2008, serios problemas con la alimentación, tanto en calidad como en cantidad. Adicionalmente a esta situación, nos encontramos con que los cuerpos policiales especiales se movilizan sin viáticos, terminar por consumir los alimentos previstos para los cuerpos policiales ordinarios.

Sobre este tema, no existió oficialmente respuesta. Comentario nuestro: Percibimos alguna mejora; no obstante, el problema se ha agudizado en los últimos dos meses. La ración es disminuida, lo que obliga a los oficiales a disponer de su escuálido peculio para comprar lo básico y terminar el mes. Esto en las regiones.

5- ROLES DE SERVICIO

Previo análisis de las condiciones laborales y extenuante jornadas laborales, se proponen roles mas favorables al 2 × 2 × 2.

Se mantiene la directriz 124—2008-DGFP, referente a los roles establecidos. Cada uno se implementará según la justificación de dicha directriz.

6- AUSENCIA DE SALUD OCUPACIONAL

Situación que ANEP comprobara y definiera como un problema de primer orden, resaltando las condiciones infrahumanas en puestos de frontera como La Cruz, Guanacaste, comandancia de Limón, comando La Cruz y más recientemente Upala, sólo para mencionar algunos ejemplos extremos. ANEP propuso, más recientemente, la creación de un fideicomiso bancario para la recuperación de toda la infraestructura de este ministerio.

No existió respuesta oficial al respecto. Comentario nuestro: Las condiciones han empeorado en estos centros laborales y de manera general, muchos de ellos declarados ya inhabitables por el Ministerio de Salud. Lo anterior no significa que no reconozcamos la inversión en infraestructura en otros centros laborales; no obstante, en el caso de las fronteras y centros laborales mencionados, las condicionen han empeorado.

7- BÁSICOS POLICIALES PARA PERSONAL POLICIAL DE ALTA

ANEP expone preocupación por la cantidad de oficiales con varios años de carrera policial, que reuniendo el requisito del tercer año de enseñanza secundaria, no son tomados en cuanta para la realización del curso básico policial.

Se programan cursos básicos policiales de menor duración dada la experiencia y capacitación. El primer curso dio inicio en mayo del año en curso y será para cuarenta oficiales. Comentario nuestro: Debe de extenderse a todas las regiones del país.

8- PERSONAL EXCLUIDO DEL ESTATUTO POLICIAL

ANEP cuestionó, argumentó y propuso que todo el personal policial que había quedado excluido del Estatuto Policial, como consecuencia de entrada en vigencia de la Ley 7410, en mayo de 1994, ingresar al mismo de manera inmediata, con base en el principio constitucional de la irretroactividad de la ley.

Es improcedente de acuerdo a consulta y dictamen C-0778-2009 de la Procuraduría General de la República; se dispuso de varios períodos de gracia de varios años para que se cumpliera con los requisitos de la Enseñanza General Básica. Continuarán en el régimen anterior. Podrá resolverse mediante norma jurídica adicionada a la ley.

9- CHALECOS, UNIFORMES Y ARMAMENTO

Hicimos del conocimiento de las altas jerarquías ministeriales estos tres problemas: a) el reducido número de chalecos antibalas obliga a intercambiarlo; b) la obsolescencia del armamento; y c) débil avituallamiento

No hubo oficialmente respuesta a estas solicitudes y preocupaciones. Es percepción nuestra que el problema se ha agravado. Al día de hoy tenemos reportes de todo el país de la no entrega de uniformes, por ejemplo.

10- VACACIONES

ANEP ha exteriorizado a las jerarquías ministeriales, el problema de personal policial que acumula, de manera excesiva, períodos de vacaciones, violentándose las normativas laborales. Sobre el particular no existe respuesta por parte de las autoridades.

No conocemos programa alguno dirigido a resolver esta situación laboral.

En conclusión honorable señora ministra: Nos encontramos con un balance de la situación extremadamente desfavorable, a los intereses del colectivo laboral del ministerio bajo su digno cargo, pues de toda esta agenda de aspectos laborales fundamentales, lo único tangible, es el pago de días feriados (todavía en proceso); así como la puesta en marcha de los cursos básicos policiales para el personal de alta, todavía pendiente en las regiones.

Exceptuando lo anterior, y con respecto a los diez aspectos señalados y descritos, consideramos que no sólo no hay avances, sino que se ha involucionado, lo que consideramos, respetuosamente, un error estratégico de su gestión; igual percepción sentimos en el tema de género y participación de la mujer en un ministerio eminentemente patriarcal.

Así las cosas percibimos una gestión ministerial realizando ingentes esfuerzos para responder a las exigencias de la ciudadanía en momentos en que experimentamos como sociedad, un exponencial crecimiento delicuencial acrecentado por el narcotráfico; gestión ministerial que consideramos acertada.

No obstante y en contraposición, nos encontramos con un colectivo laboral cuyas condiciones reivindicativas básicas siguen sin resolverse, a excepción de los mandos medios y altos, lo que ha provocado una acumulación de inconformidades que están sirviendo como caldo de cultivo al ya deteriorado clima organizacional que se respira en la Fuerza Pública de todo el país.

Como es de su concomiendo, ANEP exhibe una práctica sindical responsable, honesta y transparente. En tal sentido es nuestro deber hacer ingentes esfuerzo de diálogo y negociación que permitan evitar, en última instancia, un conflicto de dimensiones insospechadas.
Con toda consideración y reiterándole nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Licda. Marcela Chacón Castro. Viceministra de Seguridad Pública.
cc.: Comisionado Oldemar Madrigal Medal, Viceministro de Seguridad Pública.
cc.: Comisionado Eric Lacayo Rojas, Director General de la Fuerza Pública.
cc.: Comisionado Pablo Bertozzi Calvo, Subirector General de la Fuerza Pública.
cc.: Lic. Luis Antonio Román Hernández, Presidente Concejo de Personal, MSP.
cc.: Lic. Francisco López Trejos, Director Recursos Humanos, MSP.
cc.: Licenciado. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Licenciada, Lisbeth Quesada Tristán, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Sr. Gerardo Cascante Amador, Responsable Sindical ANEP-MSP.
cc.: Sr. Luis Diego Alfaro Méndez, Responsable Sindical ANEP-MSP.
cc.: Personal del Ministerio de Seguridad Pública.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.