ANEP con agenda reivindicativa en el Centro Nacional de la Música

Problemática de Sector Cultura

El Ministerio de Cultura, creado en 1971, concentra la mayor parte de funcionares que pertenecen al quehacer cultural nacional. Es un ministerio que tiene alrededor de 1.000 funcionarios artistas, pero a la vez cuenta con funcionarios administrativos, dispersos en diversos programas, instituciones adscritas, a nivel central y distribuidos a lo largo y ancho de la geografía nacional.

La anterior situación ha propiciado la propagación de “feudos” o “cacicazgos” en donde ha sido de manera tradicional y sistemática que los “caciques” o “señores o señoras feudales” manejen y administren las instituciones públicas que tienen a su cargo, que siendo patrimonio público, las manejen de manera privada, conllevando lo anterior a manejos personalistas de las organizaciones, promoviendo un liderazgo autócrata que van en claro detrimento de los y las trabajadores, tanto de los trabajadoras y trabajadores de la cultura como los y las trabajadoras administrativas.

Ha imperado un temor dentro de los y las funcionarios a enfrentar la problemática que los aquejan debido a la manera autócrata que los jerarcas en cultura han tomado a lo largo de los años. Este círculo del miedo tiende cada vez más a romperse, pues los y las trabajadoras del sector cultura se han ido empoderando de su rol en la sociedad. Ejemplos de esto lo vemos en el Teatro Nacional, el Sinart, la Orquesta Sinfónica Nacional entre otros.

Los principales problemas que tiene el sector cultura son:

A nivel laboral: – Puestos excluidos del Régimen del Servicio Civil – Diferencias abismales en el salario de los trabajadores artistas – Abusos en cuanto a los horarios y jornadas – La convención colectiva no es un instrumento que se haya utilizado – La participación en la toma de decisiones artísticas en muchos casos está en manos de políticos – Abusos en las formas de contrataciones de artistas – En la mayoría de las instituciones culturales existe alto nivel de interinazgo – Diferencias en el trato hacia los y las trabajadores de las instituciones culturales por parte de los jerarcas: se da amiguismo, nepotismo – No reconocimiento del aumento de los trabajadores no profesionales – No hay comisiones de salud ocupacional – Ausencia de reglamentaciones institucionales claras – Temor a organizase en sindicatos de trabajadores y trabajadores

A nivel institucional: – Manejo personalista y no institucional del presupuesto y las contrataciones – Amiguismo y nepotismo – Encubrimiento por parte de los jerarcas de situaciones anómalas que se presentan, ejemplo: problemas en la Boletería del Teatro Nacional – Concentración de poder en algunas instituciones – Inexistencia de políticas públicas – No hay planificación adecuada – Ausencia de una Gerencia de Recursos Humanos – Desperdicio de recursos institucionales

Estrategias para enfrentar la problemática del Sector Cultura
En conjunto con el compañero Javier Valerín, Promotor de Cultura de la ANEP, estamos trabajando en el planteamiento de una serie de estrategias, con el fin de organizar al sector y que éste tenga una mayor representatividad y peso como trabajadores y trabajadoras.

Algunas de estas estrategias son:
Organización de los y las trabajadoras
– Fortalecer las seccionales existentes – Retomar seccionales que han dejado de funcionar – Formar nuevas seccionales en instituciones como: Bandas Nacionales, Museo Nacional, Bibliotecas, Escuelas del Música pertenecientes al Sistema Nacional de Educación Musical. – Identificar líderes en las instituciones culturales – Iniciar campaña de libertades sindicales y prerrogativa de los y las trabajadoras a organizarse como gremio – Conformar la Sectorial de Cultura, con representantes de los y las trabajadoras de este sector.

Problemas laborales: – Establecer agendas de trabajo con las seccionales – Iniciar diálogo con los jerarcas para presentar agendas e iniciar el proceso de trabajo para resolver los problemas de los y las trabajadoras – Buscar mayor participación en la toma de decisiones artísticas – Formar comisiones de salud ocupacional – Fomentar la negociación de convenciones colectivas
Con respecto a los problemas institucionales: – Pedir a las instituciones cuentas claras sobre las anomalías presentadas y denunciadas – Estar vigilantes a cualquier anomalía y denunciarla

Luis Carlos Amador Brenes
Junta Directiva ANEP-MCJ

INTERINOS: Avanza movimiento de organización y lucha por su propiedad

Tercera reunión: Próximo miércoles 14 de julio, 5 de la tarde, en ANEP

Especialmente, ANEP ha asumido el caso de cerca de 4 mil compañeros y compañeras en tan injusta situación en plazas cubiertas, directa o indirectamente, por el Régimen de Servicio Civil.

No estamos contemplando lo que se refiere a Educación por ser algo muchísimo más complejo y en tal sector existen fuertes y relevantes organizaciones gremiales. Sí se ha pensado en el caso de entidades fuera del Servicio Civil, como la Caja y ayer se planteó contactar a UNDECA con tal propósito.

En la reunión de ayer se conoció de una excusa planteada por el señor Director General de Servicio Civil, Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, de hacerse presente como se le había invitado. Se comprendieron las razones más que justificadas y se tomó nota de su ofrecimiento de estar presente el próximo miércoles 14 de julio, cuando ha de ocurrir la tercera reunión de este movimiento, siempre a las 5 de la tarde y en la sede central de la ANEP, en la Calle 20.

Ayer hizo incorporación oficial el sindicato del MOPT, Unatropyt; destacando la circunstancia de que el sindicato del INA, Sitraina, se unió al movimiento desde la primera reunión.

Igualmente, tuvimos la presencia (como sucedió la primera vez), de un compañero profesional en Derecho y representante de la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio; dado que esta fuerza legislativa nos ofreció desde su inicio un apoyo, considerando la presentación que hizo la ANEP, desde julio del 2009, de un planteamiento para la elaboración de un proyecto de ley, en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa.

El análisis de ayer se centró en otro planteamiento de la ANEP al respecto: llevar este asunto a la mesa de negociación que se debe abrir con el Gobierno de la República para la fijación salarial del sector Público, valedera para el segundo semestre del año; proceso que debe darse pues se trataría de la primera “negociación” con el gobierno de la Presidente Chinchilla. Se retomaría el proceso de emisión de un decreto ejecutivo tal y como estuvo a punto de lograrse con el gobierno anterior pero su etapa final y sin que se contemplara apoyo social de base.

Finalmente, se reforzó la tesis de que la movilización de las personas trabajadoras interinas será clave, será imprescindible, será fundamental. En especial, si en el proceso de discusión sobre el ajuste salarial se pone en mesa el problema de los interinazgos prolongados aquí descrito.

La tercera reunión tendrá lugar, como apuntamos, el próximo miércoles 14 de julio, a las 5 de la tarde, en la sede de la ANEP y con la presencia de la Dirección General de Servicio Civil, a fin de sostener con el Lic. Arguedas Herrera un diálogo respetuoso, cordial, transparente.

Si usted está condición de persona trabajadora interina y todavía no se ha sumado a este proceso, le extendemos formal invitación-convocatoria. Si conoce a compañeros y compañeras en tal situación, por favor, transmítale esta información. Se lo agradecemos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Adaptación Social-El Buen Pastor: Reubicaciones generan dudas

San José, 28 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0849-10

Doctor
Hernando París Rodríguez
Ministro
Ministerio de Justicia y Paz
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la ciudadanía, como indicábamos en comunicado de prensa del viernes recién pasado, “… espera que a partir del reconocimiento oficial de que hay crisis en el Sistema Penitenciario Nacional, desde el Ministerio de Justicia y Paz haya decisiones políticas contundentes, firmes, claras para contribuir al bienestar de las personas privadas de libertad; e, igualmente relevante, para crear otro tipo de condiciones ocupacionales, integralmente hablando, para el abnegado personal de las cárceles de Costa Rica”.

Dadas las múltiples solicitudes de información que a través de diversos medios nos han llegado con motivo de posibles traslados y reubicaciones de personal y de mujeres de El Buen Pastor a otras instalaciones que, según indican, afectarían al Programa Penal Juvenil, de Capacitación Penitenciaria y de la Unidad de Atención Psicológica, le solicitamos se nos remita la siguiente información:

1. ¿Qué motivó la urgencia de traslado de las privadas de libertad de El Buen Pastor?

2. Si la Dirección General tenía conocimiento de alguna situación amenazante a la seguridad humana en ese centro, ¿desde hace cuánto y qué medidas se tomaron dentro de la planificación institucional?

3. ¿Cuáles actividades laborales, centros, poblaciones, personal, se verían afectados?

4. ¿Desde cuál marco conceptual, filosófico y jurídico/normativo, político y programático del quehacer penitenciario se circunscriben las medidas que se estarían tomando? (Política de Género, Ley Penal Juvenil)

5. ¿Cuáles son las medidas específicas que dentro del plan estructurado por la Dirección General contempla la organización del trabajo, las condiciones laborales y la planificación operativa; así como el funcionamiento de redes de cooperación o articulación al exterior del sistema?

6. ¿Cómo y qué medidas correctivas se proponen para mitigar los posibles efectos adversos a la gestión administrativa-presupuestaria y técnica con los cambios programados?

7. ¿Cómo ha sido el proceso de discusión y elaboración del plan de traslado y quiénes han participado?

8. Para cada persona y grupo (población penitenciaria, personal), y desde el objetivo de desarrollo personal e institucional dentro del marco de derechos y deberes, ¿cómo se va a resolver de acuerdo a las necesidades individuales y de grupo y siguiendo con los planes de atención elaborados para la población y desde la planificación de las acciones dirigidas al personal en materia de capacitación, de atención psicológica entre otras áreas que se verían afectadas, los objetivos estratégicos de atención a la salud, educativos, recreativos, laborales, de seguridad penitenciaria, de vínculo familiar y de relación con el exterior?

Esperando pronta respuesta, desde ya le externamos anticipadamente nuestro agradecimiento por su valiosa atención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro, Ministerio de Justicia y Paz.
Lic. Jorge Rodríguez Bogle, Director General, Dirección General de Adaptación Social.
Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General, Contraloría General de la República.
Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora, Defensoría de los Habitantes de la República.
Lic. Luis Gerardo Fallas Acosta, Defensor Adjunto, Defensoría de los Habitantes de la República.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Personas delegadas sindicales de la ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
Medios de comunicación colectiva.
Archivo.

ANEP cuestiona trato institucional de «indigentes» para pescadores y pescadoras del Golfo de Nicoya

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0879-10
¡¡¡URGENTE!!!

Licenciado
Luis Gerardo Dobles Ramírez
Presidente
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Su despacho

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más cordial saludo de parte de nuestra institución, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Como se le manifestó en nota del 4 de junio del año en curso, nuestra representación sindical agrupa a un amplio sector de personas trabajadoras del mar, propiamente del Golfo de Nicoya, quienes se encuentran constituidos en la Seccional ANEP-Personas Trabajadoras-Pescadores y Pescadoras del Golfo de Nicoya.

En vista de la situación de nuestros representados, y con base en la tutela normativa existente y en el decreto titulado: “Regulaciones permanentes para la implementación de una ayuda temporal por pobreza coyuntural en el sector pesquero costarricense por declaratorias de veda”, nos presentamos a manifestar lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución Política, según el artículo 56 se establece que: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía…”

Haciendo una interpretación de la misma, y en comparación con el decreto número 36043- MAG- SP-MS, en éste se está degradando la condición del pescador y pescadora, ya que hacen mención de este grupo de profesionales del mar, como “personas en situación de pobreza, con poca o ninguna incorporación en mecanismos de participación social, recursos insuficientes para satisfacer necesidades básicas nutricionales, salud, educación y vivienda y en algunos casos ausencia”.

Si nos atenemos a la definición de pobreza como _“Fenómeno o situación compleja de índole coyuntural o estructural multifacético y heterogéneo, que afecta a las personas y se caracteriza por sus precarias condiciones de vivienda y sanitarias, bajos niveles educacionales, inserción inestable en el sistema productivo, condiciones del riesgo social, cono insuficiencia de destrezas, aptitudes, herramientas y oportunidades para generar y acumular ingresos_”, podríamos compartir tal caracterización para las personas trabajadoras pescadoras que representamos.

Sin embargo, son tratados prácticamente como indigentes al ser identificados de este modo; por lo que les solicitamos que, de manera pacífica, y basándonos en la comunicación, trabajemos en conjunto para buscar una solución para tratar de eliminar esta odiosa discriminación para un grupo importante de personas trabajadoras costarricenses, ya que reiteramos, consideramos que a estos trabajadores en período de veda no se les debe dar un subsidio, si no una indemnización económica, razonada y proporcional, a los montos que perciben en los períodos de pesca.

SEGUNDO: En el Artículo 3 del decreto en mención, se establece que el IMAS otorgará una ayuda económica temporal por razones de desempleo o pobreza coyuntural, cuyo monto mensual máximo podrá ser equivalente al 40% del salario legal vigente de un trabajador no calificado.

No estamos de acuerdo con esta posición. En primer lugar, porque como lo indica la Constitución Política, norma suprema de nuestro país, …_“El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…_”, y la situación de la veda es una temporada establecida por el Estado; y que según el decreto de mención, en su primer artículo, indica que corresponde al Incopesca establecer conforme a criterios técnicos, científicos, económicos y sociales, las zonas o épocas de veda, por lo que solicitamos de manera respetuosa, se nos dé una respuesta indicando en qué criterios se basa su prestigiosa institución, ya que las inconstantes que tuvimos con este período nos lleno de dudas.

En segundo lugar, los pescadores y las pescadoras son personas profesionales del mar, y como lo establece la Constitución Política en su Artículo 57, “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna…”, por lo que de aquí podemos afirmar que el artículo 3 del decreto en estudio va en contra de la normativa constitucional.

Además de lo establecido por el Código de Trabajo, que indica en su artículo 177 que: “todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material moral y cultural, el cual se fijará periódicamente atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particularidades condiciones de cada región y de cada actividad…”

Como organización que lucha por los derechos de la clase trabajadora, solicitamos que a todas las personas trabajadoras del mar que se someten a la veda, sean tratadas en igualdad con la clase trabajadora costarricense.

TERCERO: Somos conscientes que es obligación de todas y todos los costarricense proteger y defender el recurso marino, como conservadores del medio ambiente; pero también somos conscientes de que se debe respetar los criterios para la toma de las decisiones con respecto a la veda, porque la gente que vive del mar debe tener seguridad sobre los períodos de veda para su propia sobrevivencia, además deben ser dignificados como seres humanos.

Sin más y agradeciendo su atención, le reiteramos nuestra mayor consideración, quedando en espera de su pronta respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Jessica Martínez Calderón
Responsable Proyecto
Unidad Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Honorable Junta Directiva INCOPESCA.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Personas Trabajadoras, Pescadores y pescadoras, Golfo de Nicoya.
cc.: Personas Trabajadoras del Mar – Golfo de Nicoya.
cc. Cros. Douglas Carrillo Azofeifa y Jessica Martínez Calderón, Responsables, Seccional ANEP-Personas
Trabajadoras, Pescadores y pescadoras, Golfo de Nicoya, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Archivo.

ANEP formuló planteamientos gremiales-institucionales para la Municipalidad de Parrita

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0874-10

Honorables señores y señoras
Concejo Municipal

Señor
Gerardo Acuña Calderón
Alcalde Municipal
Municipalidad de Parrita
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

Reciban un cordial saludo y respetuoso saludo, a nombre de esta organización sindical que orgullosamente representamos.

Es de vuestro pleno conocimiento de que el día domingo 16 de mayo pasado, nuestro sindicato conformó, a tenor de lo que en la materia establece el Estado de Derecho que nos rige, una organización sindical denominada Seccional ANEP-Municipalidad de Parrita; misma que se encuentra presidida por el compañero trabajador José Salazar Segura. Para tal fin nos hicimos presentes el pasado lunes 14 de junio en la sesión de la fecha del honorable Concejo de Parrita, a fin de efectuar una presentación oficial ante vuestras autoridades, de la nueva organización sindical en la Municipalidad de Parrita, misma que es representante de las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP, en la promoción del estudio y del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y reivindicativo-gremiales de las mismas.

En vista de que la situación sociolaboral en este municipio en vez de mejorar para beneficio de todos y todas, y con mucho más razón para la consolidación de la institucionalidad de vuestra representada, no es nada halagüeña; nos hacemos presentes hoy en esta sesión del Concejo para hacerles de su conocimiento de la problemática sociolaboral vigente; instándoles, respetuosamente, la interposición de sus buenos oficios para que ésta se subsane. De lo contrario nos veremos obligados actuar conforme a la legislación laboral social y hasta penal vigente, conforme a la defensa de los intereses de nuestros representados y de nuestras representadas.

Por tal razón y de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico, nos permitimos enumerarles los puntos en los cuales se le está perjudicando a quienes le han cedido a la ANEP la defensa de sus legítimos intereses en cuanto personas trabajadoras asalariadas:

1- Respeto al Manual Descriptivo de Puestos General, en lo correspondiente a la asignación de labores de cada uno, como también en referente al salario devengado. En caso de que el mismo no se encuentre actualizado conforme a lo que establece el artículo 121 del Código Municipal, solicitamos la corrección inmediata al mismo, en forma bipartita, conformando una comisión por las autoridades superiores municipales que designen y la representación de la ANEP.

2- Se revise y actualice las pólizas de riesgo del trabajo, como las de los vehículos automotores.

3- Se respete lo que establece la Ley General de Administración Pública, la Ley de Control Interno y el Código Municipal, para todos aquellos nombramientos en cargo profesional, que ocupen plazas de jefaturas o de asesores; y se nos entregue por escrito la asignación de las jefaturas de acuerdo a lo que establece sus contratos de trabajo en fiel cumplimiento a lo arriba señalado.

4- Sabemos que en esta municipalidad se establece la contratación por partida de jornales para servicios consustanciales, y existen personas trabajadoras que tienen más de cuatro años en estas labores a las cuales no se les ha respetado su contrato laboral, para que se les nombre en plazas fijas. No obstante, ahora, a consecuencia de nuestra presencia, varios han sido destituidos violentándosele su debido proceso y, es más, su derecho de las condiciones sociolaborales. Por tal razón solicitamos su instalación inmediata, hasta dando no nos entreguen su planteamiento justificable para el caso de su destitución, que se revisaría inmediatamente por nuestra Unidad de Asesoría Jurídica (UJA), para las acciones correspondientes; y, en el caso de existir anomalías por parte de la administración municipal, estaríamos acudiendo a las instancias correspondientes para sentar las responsabilidades del caso, por el uso eventualmente indebido de los recursos municipales.

Hemos detectado supuestas fallas en la administración y funcionamiento, en lo referente a:

1- Control en la adquisición y suministro de materiales, servicios y otros por parte del departamento de Proveeduría.

2- Uso indebido de vehículos y maquinaria como también con personal que se encuentra contratado por tiempo indefinido por este municipio, pero que se encuentra en labores inapropiadas a los servicios que brinda esta institución.

3- Revisión inmediata sobre el funcionamiento de las unidades Técnica Vial y Junta Vial Cantonal, estableciéndose una comisión bipartita conformada por las autoridades superiores municipales que se designen y la ANEP.

4- Revisión inmediata sobre la asignación y correcta aplicación de lo que señala la Ley 8114.

5- Nombramiento inmediato para aquellos cargos que se encuentran vacantes y que son de suma importancia para el funcionamiento administrativo eficaz y eficiente en esta municipalidad; tales como auditor interno, departamento de Desarrollo Urbano y oficina de la Mujer.

6- Rotulación inmediata para toda la maquinaria y vehículos automotores con que cuenta esta municipalidad, así como que se establezca cuál o cuáles son de uso “discrecional”; lo que no quiere decir que no se encuentren sujeto a la supervisión de los munícipes, como lo establece el Código Municipal. Además, debe señalarse las personas responsables por estos bienes, para su uso en concordancia a las funciones que desempeñan.

7- Abrir una investigación sobre aquellos bienes municipales (tractores, vagonetas, tanques y equipo en general), que han quedado en desuso, ya sea por obsolescencia o deterioro, y que actualmente deberían estar en el inventario de activos aun cuando no se utilicen.

8- Abrir una investigación sobre el pago de pluses salariales (ya sea prohibición, dedicación exclusiva y/o antigüedad), a funcionarios institucionales que lo estuviesen recibiendo para establecer si tales pagos proceden o no proceden con la legalidad que debe ser observada en cada caso.

Dejamos claro que no nos movemos por la serie de reportajes que brindó recientemente un canal de televisión nacional, con respecto a una serie de anomalías que en tal contexto fueron denunciadas; sino más a nuestro interés de que todo esto se corrija para el bien de nuestros representados, el de la comunidad en general y para la buena marcha de una municipalidad de suma importancia para el desarrollo socioeconómico de la región del Pacifico.

Por tal razón y con el respeto que vuestras dignas autoridades nos merecen, les solicitamos que, inmediatamente, se integre una comisión bipartita que cuente con los respectivos permisos para nuestros representantes que la integrarían que conforman la planilla municipal, como también para con el personal profesional que ANEP designe para tales efectos, a fin de realizar el estudio y elaborar el informe correspondiente, con las recomendaciones al respecto para su corrección.

Sin otro particular, reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración, nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Douglas Carrillo Azofeifa
Responsable ANEP-Municipalidad de Parrita
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP- Municipalidad de Parrita.
cc.: Personal de la Municipalidad de Parrita.
cc.: Fuerzas vivas, sociales y políticas, de la comunidad de Parrita.
cc.: Archivo.

Municipalidad de Oremuno: ANEP solicita intervención de Ministerio de Trabajo

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0873-10

Licenciada
Sandra Pizk Feinzilber
Ministra

Licenciado
Álvaro Sojo Mendieta
Viceministro del Área Laboral

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Sus despachos

Estimada señora Ministra y estimado señor Viceministro:

Con gran respeto les saludamos de la manera más atenta, solicitándoles la interposición de los valiosos oficios de la cartera ministerial a sus dignos cargos, para realizar un último esfuerzo de reflexión, de diálogo y de eventual negociación, con el señor alcalde de la Municipalidad de Oreamuno, don Marco Vinicio Redondo Quirós; persona con la cual ha sido absolutamente difícil sostener una negociación seria y responsable, para la suscripción de lo que sería la primera Convención Colectiva de Trabajo entre la ANEP (como representante legítimamente laboral en tal entidad) y la institución mencionada.

Creemos, mediando de parte de la ANEP un enorme esfuerzo de tolerancia y de paciencia, realizar este último esfuerzo para poder tener mayores elementos de peso ante el paso siguiente que es nuestra pretensión de abrir el escenario judicial correspondiente, a la luz de –entre otros aspectos-, de eventuales Prácticas Laborales Desleales, habida cuenta de procederes antisindicales de parte del señor Redondo Quirós.

La ANEP está convencida de que el citado jerarca se burla de nuestra legislación laboral y constitucional en materia del Derecho del Trabajo; de que su comportamiento abona al negativo expediente que Costa Rica tiene abierto en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tal y como consta a la propia honorable señora Ministra quien acaba de participar en la más reciente conferencia mundial de tal entidad, en Ginebra, Suiza; y, además, el señor Redondo Quirós muestra un gran menosprecio por el papel que en nuestra sociedad democrática juega y debe jugar la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

Desde ya dejamos constancia de nuestra gratitud por la especial y urgente intervención al respecto; así como reiteramos las muestras de la mayor consideración de nuestra parte para vuestras ilustres autoridades.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Iris Cervantes Paniagua
Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Señores y señoras, Honorable Concejo de Oremuno.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Director General de Asuntos Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director General de Relaciones de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Señores y señoras, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Diputado Juan Carlos Mendoza García, Jefe de Fracción Parlamentaria, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
cc.: Archivo

ANEP se manifiesta contra corrupción en Municipalidad de Oreamuno

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0871-10

Señor
Marco Vinicio Redondo Quirós
Alcalde
Municipalidad de Oreamuno
Su despacho

Estimado señor:

Con el debido respeto nos dirigimos a su digna autoridad para solicitarle, oficialmente y por esta vía, la apertura del correspondiente proceso de investigación acerca de la participación en presuntos actos irregulares y de potencial corrupción, en que habrían incurrido los funcionarios Wanni Bonilla Gómez y German Mora Montenegro; quienes, junto al ahora servidor despedido, Jorge Alvarado Cedeño, se habrían visto envueltos en la instalación de una paja de agua clandestina a favor de un vecino de la comunidad residente en los alrededores del plantel municipal; servicio irregular por el que habrían percibido un dinero indebido para su propio peculio personal.

La ANEP siempre ha sido defensora de la transparencia en el ejercicio de la función pública y demanda constantemente que ésta se desempeñe con ética y en condiciones de absoluta honorabilidad. Por ello y aunque se tratase de un afiliado nuestro, estuvimos de acuerdo en las responsabilidades que tuvo que asumir don Jorge Alvarado Cedeño por la irregular situación arriba descrita.

Lo que sí sorprende es que siendo público y notorio que en ese presunto acto de corrupción a los servidores Bonilla Gómez y Mora Montenegro se les debió abrir idéntico proceso de investigación y, eventualmente, haber sufrido una sanción similar a la del servidor Alvarado Cedeño; usted, señor Alcalde, alegó que tal situación no era necesaria, destacándose la sospechosa circunstancia de que ambos servidores hasta ahora en situación impune, no son asociados a la ANEP como sí lo era el trabajador despedido ya mencionado.

Vistas así las cosas, con base en el derecho constitucional de petición (artículo 27 de nuestra Carta Magna), y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos se nos conteste la presente solicitud y se nos indique de la apertura del debido proceso sobre las potenciales irregularidades en que también habrían incurrido los servidores Bonilla y Mora por el asunto de la indebida instalación de una paja de agua al margen del servicio municipal institucional.

Consideramos conveniente poner el asunto en conocimiento de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y de su propio partido político, a través de la presente gestión para que lo consideren, en función de una probable actitud institucional de su parte para favorecer una situación de impunidad.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Iris Cervantes Paniagua
Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Señores y señoras, Honorable Concejo de Oremuno.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República.
cc.: Señores y señoras, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Diputado Juan Carlos Mendoza García, Jefe de Fracción Parlamentaria, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Señores Wanni Bonilla Gómez y Germán Mora Montenegro, servidores públicos, Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
cc.: Archivo

Sector privado: Miserable aumento salarial del 4,2%


Edgar Morales Quesada en Radio ANEP Ciudadana
________________________________________________________

• Del sector privado
4,20% DE AUMENTO SALARIAL PARA LOS NO PROFESIONALES

El salario mínimo para los trabajadores calificados, no calificados y semicalificados del sector privado aumentará 4,2%, mientras que el sector profesional recibirá un ajuste del 3,96%, según lo aprobó ayer el Consejo Nacional de Salarios.

Los trabajadores no calificados, semicalificados y calificados recibirán un aumento salarial de 4,20%, mientras que para los profesionales el alza será de 3,96%.

Esta fue la propuesta planteada por el gobierno el lunes anterior, pese a que el sector empresarial insistía en apegarse al 3,96% que les arrojaba la fórmula de concertación y aplicarla a los salarios mínimos de los trabajadores por igual.

Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras, dijo que aceptaron dar un ajuste diferenciado, pues el porcentaje mayor de aumento beneficiará a los trabajadores que menos ganan.

Para la Uccaep aprobar un ajuste mayor para todos los trabajadores podría tener efectos perversos sobre la economía en general, porque afectaría la productividad y competitividad de las empresas.

SINDICATOS: ES UNA INJUSTICIA

Edgar Morales, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), considera que el porcentaje aprobado es una injusticia más para la clase trabajadora, pues es hora de que exista una verdadera distribución de la riqueza.

Dennis Cabezas, de la Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (Cusima), agregó que los trabajadores del sector público no podrán aspirar a un aumento mayor.

“Que los trabajadores del sector público no esperen un gran aumento, aquí ya se les fijó la cancha”
, advirtió Cabezas.

Este ajuste rige a partir del 1 de julio y aplicará para el segundo semestre del año en curso.

Ver cuadro de aumentos en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.

Fuente: Diario Extra, 24 de junio de 2010

UNDECA se opone a reelección de Procuradora Brenes Esquivel

SGA-144-2010
San José, 18 de junio de 2010

Diputado
Francisco Chacón González
Presidente
Diputado
Carlos H. Góngora Fuentes
Secretario
Comisión Permanente Especial de Nombramientos
Asamblea Legislativa

*ASUNTO: *Oposición a ratificación de reelección de Procuradora General de la República

Estimado señores:

El lunes 14 del mes en curso, se publicó, en diferentes medios de comunicación colectiva, un aviso que hace del conocimiento de la opinión pública, que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos tramita el proceso de ratificación del nombramiento de la actual Procuradora General de la República, solicitándose a quienes tengan interés, que remitan las denuncias, quejas u observaciones pertinentes.

En atención a este aviso, la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según consta en personería adjunta, denuncia lo siguiente:

Los sindicatos constituimos asociaciones de interés público, que nos compete contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático y la cultura popular costarricense (art. 332 de Código de Trabajo).

En ejercicio de esta atribución, comparecemos a manifestar nuestra disconformidad a que se ratifique la reelección de la actual Procuradora General de la República, cuya oposición sustentamos en las siguientes razones:

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica, N° 6815 de 27 de septiembre de 1982 y sus reformas, la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia (art. 1ª).

Sus competencias están expresamente definidas en el artículo 3ª, que entre otras, se disponen las siguientes:

“ARTÍCULO 3º. ATRIBUCIONES:
Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:
a) (…)
i) Actuar en defensa del patrimonio nacional, de los recursos existentes en la zona marítimo-terrestre, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
Tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Velar por la aplicación correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre esas materias.

Investigar, de oficio o a petición de parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada.

Ser tenida como parte, desde el inicio del procedimiento, en los procesos penales en que se impute la comisión de una infracción o la violación de la legislación ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre. Para ello, podrá ejercitar la acción penal, de oficio, sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio Público; interponer los mismos recursos que el Código de Procedimientos Penales concede a aquel y ejercer la acción civil resarcitoria. (* Ver Nota al final del inciso)

Con autorización del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, especialmente con municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal y organismos ambientales de carácter no gubernamental, a fin de poner en marcha proyectos y programas de información jurídica sobre la protección del ambiente, la zona marítimo-terrestre, la zona económica exclusiva y la plataforma continental para tutelar los recursos naturales, mediante actividades preventivas que involucren a las comunidades del país. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7455 de 29 de noviembre de 1994)”

Esta disposición legal le encomendó a la Procuraduría General de la República la elevada misión de velar por el respeto del patrimonio nacional, proteger el ambiente y ejercer las acciones judiciales que correspondan, en resguardo de estos intereses superiores, especialmente tutelados por el ordenamiento jurídico.-

SEGUNDO.- Este inequívoco mandato legislativo, lamentablemente, ha sido inadvertido por la Procuraduría General de la República, que en materia de protección del ambiente y los recursos naturales, en términos generales, se ha quedado muy corta y particularmente, tratándose del Proyecto Minero las Crucitas, por el contrario, la actuación de ese órgano no se concilia en lo absoluto con aquellos deberes que la ley le impone.

TERCERO.- En efecto, hay que destacar que en los distintos procesos de constitucionalidad que la ciudadanía y la Defensoría de los Habitantes han promovido contra el Proyecto Minero las Crucitas, la Procuraduría General de la República quedó en deuda con el cumplimiento de aquel mandato legal, que la obliga a asumir la defensa del ambiente.

Pero la actuación de ese órgano de la Administración Pública ha sido más deleznable en el proceso contencioso administrativo que se tramita contra ese mismo proyecto minero (*Expediente Nª 08-001282-1027-CA*). En este proceso judicial, la Procuraduría se opuso a las medidas cautelares provisionalísimas que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo Nª 34801-MINAET y específicamente a los representantes de la minera abstenerse de ejecutar o aplicar lo dispuesto en dicho decreto, en particular el otorgamiento de permisos de corta de árboles y el desarrollo de obras de infraestructura. (*Res. Nª 1377-2010 de 16/04/2010*).

Posteriormente, la misma Procuraduría, tratando de sacarle la tarea a la representación judicial de la minera, a contrapelo de los principios precautorio y pro natura, impugnó la resolución del Tribunal que declaró con lugar las medidas cautelares (*Res. 1476-2010 de 23/04/2010*). En resguardo del artículo 50 constitucional, que le garantiza a toda persona un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la Procuraduría, al menos, debió inhibirse de presentar esas temerarias y complacientes impugnaciones.

Resulta totalmente inconcebible que un órgano del Estado, que le corresponde velar por la satisfacción del interés público, se haya aferrado a una posición que está muy lejos de preservar el patrimonio nacional y los recursos naturales, cuya posición –objetiva y materialmente- solo ha favorecido los intereses espurios de una compañía extranjera y que por dicha, aun contra la desafortunada posición de la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Apelaciones confirmó, en definitiva, las medidas cautelares (resolución dictada el martes de esta misma semana).

La Procuraduría en lugar de interesarse en que se respete el artículo 50 constitucional, que es un deber que le impone la ley, por contrario, se ha dedicado al oficio de defender un proyecto de explotación minera, a cielo abierto, que tendría irreparables repercusiones, que trastornaría el equilibrio del ambiente y causaría la devastación de una amplia extensión del territorio nacional.

Para cualquier ciudadano costarricense resulta irritante observar que los abogados del Estado, cuyos servicios profesionales se remuneran con los impuestos de los contribuyentes costarricenses, compartan la misma bancada con los abogados particulares de la minera, que defienden los intereses privados de la compañía que representan.

*CUARTO.- * Las organizaciones sindicales denunciamos la actuación de la Procuraduría General de la República, deplorable, contraria a los interés de la comunidad nacional y el interés público, por lo que manifestamos nuestra total oposición a que la actual Procuraduría General de la República, jerarca máxima de ese órgano, sea reelecta por un período más.

Con fundamento en lo anterior, solicitamos, en consecuencia, a los señores diputados y diputadas, por una cuestión de decoro nacional e interés de la Patria, que no se ratifique la elección de la funcionaria que actualmente está ostentando ese importantísimo cargo de la Administración Pública.

Solicitamos que este memorial se incluye en el orden del día y someta a conocimiento de esa comisión legislativa.

Adjuntamos copia de la personería jurídica de UNDECA

Atentamente,

P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
UNDECA

Luis Chavarría Vega
Secretario General UNDECA

Martha Elena Rodríguez González
Secretaria General Adjunta UNDECA

C.c.
Directorio Asamblea Legislativa
Jefes de Fracción
Defensoría de los Habitantes
Archivo

ANEP intensifica trabajo en Municipios

Municipalidad de Santo Domingo: Se nombró nueva Junta Directiva Seccional para el período 2010-2011. Además se aprobó el proyecto de Convención Colectiva por parte de los trabajadores y trabajadoras presentes.
______________________________________________________________

Municipalidad de Parrita: Se presentó ante las autoridades Municipales a la Junta Directiva Seccional ANEP – Municipalidad de Parrita, que se eligió el domingo 16 de mayo, consolidándose nuestra presencia, ante el ataque de las autoridades intermedias de dicha Municipalidad que estaban presionando a los trabajadores, en el sentido que la misma se tenía que componer por representantes de Asesora Legal, Jefe Recursos Humanos, Jefe Financiero muniocipales.
____________________________________________________________

*Municipalidad de Puntarenas*Se logró el acuerdo del Concejo oponiéndose a la Ley 8828, hay que mencionar al sindicato tradicional que jugó un gran papel: Unión de Trabajadores Municipales de Puntarenas UTMP
____________________________________________________________

Municipalidad de Orotina: Se logró que se aplicara la reforma al Reglamento Autónomo que se aprobó en sesión ordinaria 321 del Concejo Municipal,celebrada el 25 de marzo, y que se publicó en La Gaceta 100 del 25 mayo pasado, en donde se establecen una serie de derechos a las personas trabajadoras, entre otras cosas, horario, vacaciones, pago bisemanal.