Categoría: Acción Sindical

Conferencia de Prensa en la ANEP

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Albino Vargas compara el gasto de la “mordida” con el dinero que se necesita para crear una Red de Cuido.

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En conferencia de prensa Albino Vargas Barrantes y el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, dieron a conocer la acción legal interpuesta contra lo que consideran “un chantaje, un soborno absolutamente ilegal y que dejaron plasmado en una reforma a la Convención Colectiva del Sindicato SINTRAJAP con la complicidad de una junta directiva espúrea, servil”.

Antecedentes nefastos

La legítima Junta Directiva de SINTRAJAP, liderada por el Secretario General Ronaldo Blear Blear, fué destituida por el gobierno de los hermanos Arias Sánchez con el fin de montar a dirigentes dóciles y así poder hacer una modificación en la Convención Colectiva y privatizar los muelles de Limón y Moín.

A esta privatización se opusieron siempre los dirigentes legítimos de SINTRAJAP y los trabajadores y trabajadoras que en su mayoría apoyó siempre esta oposición.

Una vez “legitimada” la espúrea junta directiva, realizaron modificaciones en la Convención Colectiva de Trabajo para lograr la privatización, pagar el chantaje de $137 millones y la pensión juvenil de trabajadores y trabajadoras a los 50 años.

Acción de inconstitucionalidad

Todas esas acciones son consideradas por los dirigentes legítimos de SINTRAJAP, la ANEP y el propio diputado Villalta como de inconstitucional.

Ante ello presentaron el día de hoy ante la prensa el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva reformada.

“Debemos ser claros de que no estamos en contra de las convenciones colectivas de trabajo, no estamos en contra de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA. A lo que nos oponemos es al ilegal chantaje y los privilegios que quedaron plasmados en esa reforma convencional”, dijo Vargas Barrantes, y agregó que_ “no es posible que se diga que no hay dinero para poder poner a funcional la Red de Cuido ofrecida por la Presidenta Laura Chinchilla Miranda y para la cual se requieren $28 millones y para chantajear a 1.500 trabajadores si hay $137 millones. Con esos 80 mil millones de colones se podrían hacer tres veces las Redes de cuido y beneficiar a más de 100.000 niños y niñas de escasos recursos.”_

Por su parte el diputado Villalta fue enfático al decir que “como diputado he decidido interponer este Recurso de Inconstitucionalidad porque considero absolutamente ilegal el procedimiento y el privilegio que se está dando con 1.500 trabajadores, porque considero ilegal e inmoral el chantaje, la compra de conciencia que quedó plasmada en esa reforma convencional”.

El diputado del Partido Frente Amplio también hizo un llamado a aquellos que “sin razón o fundamento alguno, interpusieron recursos contra las convenciones colectivas de varias insituciones, para que ahora aparezcan, que den la cara en contra de este verdadero privilegio y soborno a 1.500 trabajadores.”

Toda gestión en tal sentido TIENE que ir acompañada por la acción DIRECTA de las personas trabajadoras interesadas en resolver SU SITUACION laboral.

Toda gestión de incidencia y negociación, entónces, debe de ir acompañada por los trabajadores y trabajadoras en acciones concretas. Organización y movilización de personas trabajadoras es* INDISPENSABLE* para lograr el éxito que la organización sindical desea en estas negociaciones.

Por tal motivo hacemos formal convocatoria para la constitución del Comité de Personas Trabajadoras Interinas del Estado para que tal relanzamiento de esta lucha tenga la base social necesaria.

Le invitamos a usted a que nos ayude a formalizarlo. La reunión será el próximo miércoles 23 de junio, a las 5 de la tarde, en la sede de la ANEP, en calle 20, San José.

Como se recordará, con el Gobierno anterior llegamos con este asunto a nivel de borrador de Decreto Ejecutivo, así que habíamos avanzado bastante.

Ahora, solamente si hay presión organizada, si se puede mostrar base social, con el antecedente del MEP podríamos alcanzar la ansiada meta.

A todos los compañeros y a todas las compañeras receptoras de esta comunicación, les pedimos que nos ayuden a promover esta reunión para lanzar esta nueva etapa por la propiedad de los interinazgos prolongados injusta e indebidamente.
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San José, 10 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0802-10
¡¡¡URGENTE!!!

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Carta Abierta: La nueva carretera a Caldera debe cerrarse y darle prioridad a la vida humana

Estimada señora Ministra:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La situación delicadísima de la seguridad en la nueva carretera a Caldera, con nuevos elementos de consideración hechos públicos en las últimas horas, ameritan de la autoridad presidencial depositada en su persona, doña Laura, una acción contundente de su parte, a tono con sus manifestaciones periodísticas de que usted podría ordenar el cierre de tal si elementos técnicos así lo indicasen.

Las contundentes afirmaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a través de su Presidente, el señor Olman Vargas, generan enorme preocupación y hasta alarma, indicando que el riesgo de deslizamientos sigue estando intacto, sin que se atendiesen por parte del concesionario las labores de recomendación emitidas por tan prestigiosa entidad técnico-profesional en la materia.

Igual de alarmante es la denuncia periodística de esta fecha, formulada por el Diario Extra, en el sentido de que la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), habría prohibido a uno de sus más experimentados geólogos, don Julio Madrigal, emitir informe alguno sobre los problemas que en visita profesional de inspección a esa carretera, él detecto, puntualizando los sectores más críticos y, por ende, de alta peligrosidad para las personas que transitan por tal carretera.

En ANEP somos conocedores de la alta estatura moral y ética y de su solidez profesional del distinguido servidor público de la CNE arriba mencionado; y todavía nos da mayor credibilidad su labor de inspección al estar acompañado por personeros de la igualmente prestigiosa entidad defensora de los habitantes de la República.

Así las cosas, señora Presidenta, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, le solicitamos,

· Ordenar el cierre de la nueva carretera a Caldera hasta que haya la más absoluta certeza de que se puede transitar por ella sin temor a perder la vida, sin riesgo alguno a la integridad física de los conductores de vehículos y sus acompañantes, sin riesgo de daños para esos vehículos y/o los bienes y mercancías que se transportan.

· Instaurar una comisión multisectorial, integrada por ejemplo, por entidades como el CFIA, la CNE, la Defensoría, el propio MOPT, la empresa concesionaria e instancias de reconocido prestigio e interlocución de la sociedad civil, para establecer todas las alternativas posibles a fin de garantizar el más supremo de todos los supremos valores que animan nuestra convivencia civilizada como país: la preservación de la vida humana, algo altísima superior a el afán de lucro privado de la lógica mercantil introducida en la prestación de los servicios públicos.

· Ordenar las investigaciones de rigor para determinar las actitudes permisivas, tolerantes, negligentes que permitieron la apertura de esa carretera en las condiciones de alto riesgo para las vidas humanas que por ella transitan; e, igualmente, ordenar investigar las razones para que en la CNE se impusiera una mordaza a un criterio eminentemente profesional sobre los riesgos que se presentan en la mencionada vía.

Por último, le indicamos que en correspondencia directa con nuestros postulados de Sindicalismo Ciudadano, exhortaremos a toda nuestra membresía, a las organizaciones amigas y fraternas, a los movimientos sociales en general, así como a la propia ciudadanía, para que no utilicen la nueva carretera a Caldera mientras ésta presente los altísimos riesgos de pérdida de vidas humanas como ya está técnica y científicamente constatado.

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Francisco Jiménez Reyes, Ministro, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General, Contraloría General de la República.
cc.: Sra. Vanessa Rosales, Presidenta, Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
cc.: Sr. Julio Madrigal, Geólogo, Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
cc.: Honorable Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
cc.: Señores empresa Autopistas del Sol.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Juntas Directivas seccionales de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Manifestación Municipal en San José

Lea también:
¡Trabajadores municipales a la calle!
“Municipalidades a ejercer “la democracia de la calle”“:/article/municipalidades-a-ejercer-la-democracia-de-la-call/
(Con videos explicativos sobre esta nefasta Ley)

Documentos:
En ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
Acción de Inconstitucionalidad de la Ley 8828
Proyecto de Ley de derogatoria de la Ley 8828

Cientos de trabajadores y de trabajadoras de las municipalidades costarricenses, realizaron una gran manifestación por las principales calles de San José, planteando ante la opinión pública nacional y ante la Sala IV, la demanda de inconstitucionalidad y/o de derogatoria de la ley No. 8828, denominada “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”, pero cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.

La clase trabajadora municipal desfiló, desde diferentes puntos de la capital hacia la Sala IV para luego dirigirse hacia la Asamblea Legislativa donde fueron recibidos por señores diputados que ya están identificados con esta lucha.

La gran manifestación laboral de los y de las municipalistas de Costa Rica fue en repudio a la forma solapada, en la sombra y de espaldas a la gente, sin consultar a ninguna de las entidades y organizaciones relacionadas con los servicios públicos municipales, la manera en que se aprobó esta nefasta Ley, en los últimos días del desgobierno Arista.

Para los trabajadores municipales del país y sus organizaciones sindicales, con la Ley 8828 las comunidades, la ciudadanía, tendrá que pagar tarifas más altas por los servicios al introducirse la lógica del lucro mercantil en la prestación de los servicios municipales.

Además, habrán miles de despidos de trabajadores municipales en todos los campos, se precarizarán los mismos y las desigualdades laborales dentro de los mismos servicios, sin hablar de la pérdida de derechos y garantías convencionales.

El terreno para la corrupción, el tráfico de influencias, la mordida y el soborno quedará más que abonado con la “competencia” de empresas privadas por hacerse de los diferentes servicios municipales. Eso ya lo vemos al decir el nuevo y flamante “ministro” del MOPT, el mismo que sirvió para la privatización de JAPDEVA, que muchos bienes del MOPT pasarán a manos municipales, ¿están montando el negocio?, ¿para quiénes?

La unidad sindical de todos los grupos laborales que representan sus intereses, fue notoria durante la marcha, cientos de banderas multicolores, pancartas y demás reflejaron la lucha unitaria que representa. Han unido sus fuerzas al respecto, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Central General de Trabajadores (CGT), entre otras; amén de una gran gama de sindicatos municipales locales y destacadas seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP).

La visita de los y de las manifestantes a la Sala IV tuvo el propósito de respaldar la acción de inconstitucionalidad que contra la ley privatizadora de los servicios públicos municipales, presentó el legislador José María Flores Villalta, del Partido Frente Amplio.

Además, en la Asamblea Legislativa, en apoyo a este legislador se contó con el respaldo de la fracción parlamentaria del PASE y otros diputados de fracciones legislativas, para la presentación de un proyecto de Ley para derogar la Ley privatizadora de los servicios públicos municipales, 8828.

“Parada” estratégica

La marcha por la Avenida Juanito Mora Porras (Av. Segunda), frente al Parque Braulio Carrillo (La Merced) se detuvo unos minutos frente a la terminal de buses de TUASA para realizar una acción de solidaridad con los trabajadores choferes de buses despedidos y las acciones que han obligado a la empresa a aceptar la organización sindical de sus trabajadores.

La manifestación solidaria contó con los aplausos de usuarios que se encontraban en los autobuses o que se preparaban para subir.

Guillermo Keith, dirigente de ANEP en el sector privado aseguró que las acciones para lograr la reinstalación de los choferes despedidos continuará en estos días con más manifestaciones frente a las terminales en San José y Alajuela.

San José, 4 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0786-10
¡¡¡URGENTE!!!
Licenciado
Luis Gerardo Dobles Ramírez
Presidente
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Su despacho

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Como es de su pleno conocimiento, nuestra representación sindical agrupa a un amplio sector de personas trabajadoras del mar, propiamente del Golfo de Nicoya, que se encuentran constituidos en la Seccional ANEP-Pescadores y Pescadoras del Golfo de Nicoya.

Fue de nuestro conocimiento que el primer período de veda regía a partir de las 00:00 horas del día 1 de junio pasado, y que la misma fue suspendida a las 12:00 horas de ese mismo día.

Dada la precaria situación económica de una buena mayoría de pescadores y de pescadoras, tener plena certeza del tiempo en que se aplican los períodos de veda, es de fundamental importancia para la planificación de la subsistencia de estas familias.

Siendo la institución que usted dirige el ente rector en esta materia y dado que los cambios efectuados, de forma abrupta y sin ninguna información oportuna para los afectados, dado que estos pescadores ya habían tomado todas las previsiones para enfrentar la veda, nos vemos en la imperiosa necesidad de interpelarlo, respetuosamente, para solicitarle la aclaración respectiva.

Hemos de decirle que rechazamos lo estipulado en el artículo 36 de la Ley 8436, por cuanto a las personas trabajadoras del mar se les da un carácter de indigencia, sabiendo todos que son trabajadores; y si bien es cierto la veda se establece conforme al artículos 34 y 35 de la mencionada ley, es que los instamos respetuosamente a que busquemos mecanismos en conjunto para así tratar de eliminar esta odiosa discriminación para un grupo importante de personas trabajadoras costarricenses, y en su mayoría de la zona del Pacifico Central. Consideramos que a estos trabajadores en período de veda no se les debe dar un subsidio, si no una indemnización económica, razonada y proporcional, a los a los montos que perciben en los períodos de pesca.

Ahora se nos ha informado que la veda se iba aplicar a partir del 1º de mayo del presente, cosa que no sucedió; y ahora cuando se iba aplicar para el 1 de junio (acuerdos que fueron tomados por la junta directiva de su representada), se suspende en términos realmente inaceptables ya que consideramos que no se aplicó en su totalidad lo que se regula en el artículo 35 de la mencionada ley. Es más, consideramos que se incumple con lo que establece el artículo 34, debido a que la medida de suspensión no se difundió apropiadamente por su representada, violentando por tanto el boque de legalidad que su representada y funcionarios están obligados a respetar.
Ha de saber que las personas trabajadoras del mar, cuando se va decretar el tiempo veda, éstas, en su carácter artesanal de planificación, toman las medidas correspondientes, porque es de su conocimiento que en la mayoría de las ocasiones la “ayuda” que les suministra el IMAS, siempre llega meses después que se ha levantado el período de veda; y, es más, el monto asignado corresponde a ¢225.000.oo, por dos meses de veda, y para colmos de males se les entrega en tres tractos.

Como organización seria, responsable y transparente, sentimos que a nuestros representados y a todas las personas trabajadoras del mar que se someten a la veda, no son tratadas en igualdad de la clase trabajadora costarricense.

Estamos de acuerdo en proteger y defender el recurso marino; también estamos conscientes de que se debe respetar los criterios para la toma de las decisiones con respecto a la veda; pero la gente que vive del mar debe tener seguridad sobre los períodos de veda, para su propia sobrevivencia y los últimos acontecimientos dejan mucho que desear y ponen en serios aprietos a nuestros representados.

En razón de lo anterior y conforme a las normas indicadas, le rogamos se nos faciliten copias de las motivaciones y estudios técnico-científicos, económicos y sociales que llevaron a su representada a tomar estas decisiones.

Mucho le agradeceríamos se nos brindara una audiencia, con su autoridad y las señoras y señores de la junta directiva para exponerle con más detalle nuestras consideraciones.

Sin más y agradeciendo su atención, le reiteramos nuestra mayor consideración, quedando en espera de su pronta respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Ministerio de la Presidencia de La República.
cc.: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Ministerio de Hacienda.
cc.: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
cc.: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
cc.: Honorable Junta Directiva INCOPESCA.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional Trabajadores y Trabajadoras de Nicoya.
cc.: IMAS.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva
cc.: Personas Trabajadoras del Mar – Golfo de Nicoya.
cc.: Archivo.