ANEP formuló planteamientos gremiales-institucionales para la Municipalidad de Parrita

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0874-10

Honorables señores y señoras
Concejo Municipal

Señor
Gerardo Acuña Calderón
Alcalde Municipal
Municipalidad de Parrita
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

Reciban un cordial saludo y respetuoso saludo, a nombre de esta organización sindical que orgullosamente representamos.

Es de vuestro pleno conocimiento de que el día domingo 16 de mayo pasado, nuestro sindicato conformó, a tenor de lo que en la materia establece el Estado de Derecho que nos rige, una organización sindical denominada Seccional ANEP-Municipalidad de Parrita; misma que se encuentra presidida por el compañero trabajador José Salazar Segura. Para tal fin nos hicimos presentes el pasado lunes 14 de junio en la sesión de la fecha del honorable Concejo de Parrita, a fin de efectuar una presentación oficial ante vuestras autoridades, de la nueva organización sindical en la Municipalidad de Parrita, misma que es representante de las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP, en la promoción del estudio y del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y reivindicativo-gremiales de las mismas.

En vista de que la situación sociolaboral en este municipio en vez de mejorar para beneficio de todos y todas, y con mucho más razón para la consolidación de la institucionalidad de vuestra representada, no es nada halagüeña; nos hacemos presentes hoy en esta sesión del Concejo para hacerles de su conocimiento de la problemática sociolaboral vigente; instándoles, respetuosamente, la interposición de sus buenos oficios para que ésta se subsane. De lo contrario nos veremos obligados actuar conforme a la legislación laboral social y hasta penal vigente, conforme a la defensa de los intereses de nuestros representados y de nuestras representadas.

Por tal razón y de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico, nos permitimos enumerarles los puntos en los cuales se le está perjudicando a quienes le han cedido a la ANEP la defensa de sus legítimos intereses en cuanto personas trabajadoras asalariadas:

1- Respeto al Manual Descriptivo de Puestos General, en lo correspondiente a la asignación de labores de cada uno, como también en referente al salario devengado. En caso de que el mismo no se encuentre actualizado conforme a lo que establece el artículo 121 del Código Municipal, solicitamos la corrección inmediata al mismo, en forma bipartita, conformando una comisión por las autoridades superiores municipales que designen y la representación de la ANEP.

2- Se revise y actualice las pólizas de riesgo del trabajo, como las de los vehículos automotores.

3- Se respete lo que establece la Ley General de Administración Pública, la Ley de Control Interno y el Código Municipal, para todos aquellos nombramientos en cargo profesional, que ocupen plazas de jefaturas o de asesores; y se nos entregue por escrito la asignación de las jefaturas de acuerdo a lo que establece sus contratos de trabajo en fiel cumplimiento a lo arriba señalado.

4- Sabemos que en esta municipalidad se establece la contratación por partida de jornales para servicios consustanciales, y existen personas trabajadoras que tienen más de cuatro años en estas labores a las cuales no se les ha respetado su contrato laboral, para que se les nombre en plazas fijas. No obstante, ahora, a consecuencia de nuestra presencia, varios han sido destituidos violentándosele su debido proceso y, es más, su derecho de las condiciones sociolaborales. Por tal razón solicitamos su instalación inmediata, hasta dando no nos entreguen su planteamiento justificable para el caso de su destitución, que se revisaría inmediatamente por nuestra Unidad de Asesoría Jurídica (UJA), para las acciones correspondientes; y, en el caso de existir anomalías por parte de la administración municipal, estaríamos acudiendo a las instancias correspondientes para sentar las responsabilidades del caso, por el uso eventualmente indebido de los recursos municipales.

Hemos detectado supuestas fallas en la administración y funcionamiento, en lo referente a:

1- Control en la adquisición y suministro de materiales, servicios y otros por parte del departamento de Proveeduría.

2- Uso indebido de vehículos y maquinaria como también con personal que se encuentra contratado por tiempo indefinido por este municipio, pero que se encuentra en labores inapropiadas a los servicios que brinda esta institución.

3- Revisión inmediata sobre el funcionamiento de las unidades Técnica Vial y Junta Vial Cantonal, estableciéndose una comisión bipartita conformada por las autoridades superiores municipales que se designen y la ANEP.

4- Revisión inmediata sobre la asignación y correcta aplicación de lo que señala la Ley 8114.

5- Nombramiento inmediato para aquellos cargos que se encuentran vacantes y que son de suma importancia para el funcionamiento administrativo eficaz y eficiente en esta municipalidad; tales como auditor interno, departamento de Desarrollo Urbano y oficina de la Mujer.

6- Rotulación inmediata para toda la maquinaria y vehículos automotores con que cuenta esta municipalidad, así como que se establezca cuál o cuáles son de uso “discrecional”; lo que no quiere decir que no se encuentren sujeto a la supervisión de los munícipes, como lo establece el Código Municipal. Además, debe señalarse las personas responsables por estos bienes, para su uso en concordancia a las funciones que desempeñan.

7- Abrir una investigación sobre aquellos bienes municipales (tractores, vagonetas, tanques y equipo en general), que han quedado en desuso, ya sea por obsolescencia o deterioro, y que actualmente deberían estar en el inventario de activos aun cuando no se utilicen.

8- Abrir una investigación sobre el pago de pluses salariales (ya sea prohibición, dedicación exclusiva y/o antigüedad), a funcionarios institucionales que lo estuviesen recibiendo para establecer si tales pagos proceden o no proceden con la legalidad que debe ser observada en cada caso.

Dejamos claro que no nos movemos por la serie de reportajes que brindó recientemente un canal de televisión nacional, con respecto a una serie de anomalías que en tal contexto fueron denunciadas; sino más a nuestro interés de que todo esto se corrija para el bien de nuestros representados, el de la comunidad en general y para la buena marcha de una municipalidad de suma importancia para el desarrollo socioeconómico de la región del Pacifico.

Por tal razón y con el respeto que vuestras dignas autoridades nos merecen, les solicitamos que, inmediatamente, se integre una comisión bipartita que cuente con los respectivos permisos para nuestros representantes que la integrarían que conforman la planilla municipal, como también para con el personal profesional que ANEP designe para tales efectos, a fin de realizar el estudio y elaborar el informe correspondiente, con las recomendaciones al respecto para su corrección.

Sin otro particular, reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración, nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Douglas Carrillo Azofeifa
Responsable ANEP-Municipalidad de Parrita
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP- Municipalidad de Parrita.
cc.: Personal de la Municipalidad de Parrita.
cc.: Fuerzas vivas, sociales y políticas, de la comunidad de Parrita.
cc.: Archivo.

Municipalidad de Oremuno: ANEP solicita intervención de Ministerio de Trabajo

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0873-10

Licenciada
Sandra Pizk Feinzilber
Ministra

Licenciado
Álvaro Sojo Mendieta
Viceministro del Área Laboral

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Sus despachos

Estimada señora Ministra y estimado señor Viceministro:

Con gran respeto les saludamos de la manera más atenta, solicitándoles la interposición de los valiosos oficios de la cartera ministerial a sus dignos cargos, para realizar un último esfuerzo de reflexión, de diálogo y de eventual negociación, con el señor alcalde de la Municipalidad de Oreamuno, don Marco Vinicio Redondo Quirós; persona con la cual ha sido absolutamente difícil sostener una negociación seria y responsable, para la suscripción de lo que sería la primera Convención Colectiva de Trabajo entre la ANEP (como representante legítimamente laboral en tal entidad) y la institución mencionada.

Creemos, mediando de parte de la ANEP un enorme esfuerzo de tolerancia y de paciencia, realizar este último esfuerzo para poder tener mayores elementos de peso ante el paso siguiente que es nuestra pretensión de abrir el escenario judicial correspondiente, a la luz de –entre otros aspectos-, de eventuales Prácticas Laborales Desleales, habida cuenta de procederes antisindicales de parte del señor Redondo Quirós.

La ANEP está convencida de que el citado jerarca se burla de nuestra legislación laboral y constitucional en materia del Derecho del Trabajo; de que su comportamiento abona al negativo expediente que Costa Rica tiene abierto en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tal y como consta a la propia honorable señora Ministra quien acaba de participar en la más reciente conferencia mundial de tal entidad, en Ginebra, Suiza; y, además, el señor Redondo Quirós muestra un gran menosprecio por el papel que en nuestra sociedad democrática juega y debe jugar la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

Desde ya dejamos constancia de nuestra gratitud por la especial y urgente intervención al respecto; así como reiteramos las muestras de la mayor consideración de nuestra parte para vuestras ilustres autoridades.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Iris Cervantes Paniagua
Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Señores y señoras, Honorable Concejo de Oremuno.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Director General de Asuntos Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director General de Relaciones de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Señores y señoras, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Diputado Juan Carlos Mendoza García, Jefe de Fracción Parlamentaria, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
cc.: Archivo

ANEP se manifiesta contra corrupción en Municipalidad de Oreamuno

San José, 5 de julio de 2010.
S.G. 09-11-0871-10

Señor
Marco Vinicio Redondo Quirós
Alcalde
Municipalidad de Oreamuno
Su despacho

Estimado señor:

Con el debido respeto nos dirigimos a su digna autoridad para solicitarle, oficialmente y por esta vía, la apertura del correspondiente proceso de investigación acerca de la participación en presuntos actos irregulares y de potencial corrupción, en que habrían incurrido los funcionarios Wanni Bonilla Gómez y German Mora Montenegro; quienes, junto al ahora servidor despedido, Jorge Alvarado Cedeño, se habrían visto envueltos en la instalación de una paja de agua clandestina a favor de un vecino de la comunidad residente en los alrededores del plantel municipal; servicio irregular por el que habrían percibido un dinero indebido para su propio peculio personal.

La ANEP siempre ha sido defensora de la transparencia en el ejercicio de la función pública y demanda constantemente que ésta se desempeñe con ética y en condiciones de absoluta honorabilidad. Por ello y aunque se tratase de un afiliado nuestro, estuvimos de acuerdo en las responsabilidades que tuvo que asumir don Jorge Alvarado Cedeño por la irregular situación arriba descrita.

Lo que sí sorprende es que siendo público y notorio que en ese presunto acto de corrupción a los servidores Bonilla Gómez y Mora Montenegro se les debió abrir idéntico proceso de investigación y, eventualmente, haber sufrido una sanción similar a la del servidor Alvarado Cedeño; usted, señor Alcalde, alegó que tal situación no era necesaria, destacándose la sospechosa circunstancia de que ambos servidores hasta ahora en situación impune, no son asociados a la ANEP como sí lo era el trabajador despedido ya mencionado.

Vistas así las cosas, con base en el derecho constitucional de petición (artículo 27 de nuestra Carta Magna), y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos se nos conteste la presente solicitud y se nos indique de la apertura del debido proceso sobre las potenciales irregularidades en que también habrían incurrido los servidores Bonilla y Mora por el asunto de la indebida instalación de una paja de agua al margen del servicio municipal institucional.

Consideramos conveniente poner el asunto en conocimiento de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y de su propio partido político, a través de la presente gestión para que lo consideren, en función de una probable actitud institucional de su parte para favorecer una situación de impunidad.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Iris Cervantes Paniagua
Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Señores y señoras, Honorable Concejo de Oremuno.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República.
cc.: Señores y señoras, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Diputado Juan Carlos Mendoza García, Jefe de Fracción Parlamentaria, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Señores Wanni Bonilla Gómez y Germán Mora Montenegro, servidores públicos, Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
cc.: Archivo

Sector privado: Miserable aumento salarial del 4,2%


Edgar Morales Quesada en Radio ANEP Ciudadana
________________________________________________________

• Del sector privado
4,20% DE AUMENTO SALARIAL PARA LOS NO PROFESIONALES

El salario mínimo para los trabajadores calificados, no calificados y semicalificados del sector privado aumentará 4,2%, mientras que el sector profesional recibirá un ajuste del 3,96%, según lo aprobó ayer el Consejo Nacional de Salarios.

Los trabajadores no calificados, semicalificados y calificados recibirán un aumento salarial de 4,20%, mientras que para los profesionales el alza será de 3,96%.

Esta fue la propuesta planteada por el gobierno el lunes anterior, pese a que el sector empresarial insistía en apegarse al 3,96% que les arrojaba la fórmula de concertación y aplicarla a los salarios mínimos de los trabajadores por igual.

Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras, dijo que aceptaron dar un ajuste diferenciado, pues el porcentaje mayor de aumento beneficiará a los trabajadores que menos ganan.

Para la Uccaep aprobar un ajuste mayor para todos los trabajadores podría tener efectos perversos sobre la economía en general, porque afectaría la productividad y competitividad de las empresas.

SINDICATOS: ES UNA INJUSTICIA

Edgar Morales, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), considera que el porcentaje aprobado es una injusticia más para la clase trabajadora, pues es hora de que exista una verdadera distribución de la riqueza.

Dennis Cabezas, de la Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (Cusima), agregó que los trabajadores del sector público no podrán aspirar a un aumento mayor.

“Que los trabajadores del sector público no esperen un gran aumento, aquí ya se les fijó la cancha”
, advirtió Cabezas.

Este ajuste rige a partir del 1 de julio y aplicará para el segundo semestre del año en curso.

Ver cuadro de aumentos en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.

Fuente: Diario Extra, 24 de junio de 2010

UNDECA se opone a reelección de Procuradora Brenes Esquivel

SGA-144-2010
San José, 18 de junio de 2010

Diputado
Francisco Chacón González
Presidente
Diputado
Carlos H. Góngora Fuentes
Secretario
Comisión Permanente Especial de Nombramientos
Asamblea Legislativa

*ASUNTO: *Oposición a ratificación de reelección de Procuradora General de la República

Estimado señores:

El lunes 14 del mes en curso, se publicó, en diferentes medios de comunicación colectiva, un aviso que hace del conocimiento de la opinión pública, que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos tramita el proceso de ratificación del nombramiento de la actual Procuradora General de la República, solicitándose a quienes tengan interés, que remitan las denuncias, quejas u observaciones pertinentes.

En atención a este aviso, la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según consta en personería adjunta, denuncia lo siguiente:

Los sindicatos constituimos asociaciones de interés público, que nos compete contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático y la cultura popular costarricense (art. 332 de Código de Trabajo).

En ejercicio de esta atribución, comparecemos a manifestar nuestra disconformidad a que se ratifique la reelección de la actual Procuradora General de la República, cuya oposición sustentamos en las siguientes razones:

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica, N° 6815 de 27 de septiembre de 1982 y sus reformas, la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia (art. 1ª).

Sus competencias están expresamente definidas en el artículo 3ª, que entre otras, se disponen las siguientes:

“ARTÍCULO 3º. ATRIBUCIONES:
Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:
a) (…)
i) Actuar en defensa del patrimonio nacional, de los recursos existentes en la zona marítimo-terrestre, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
Tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Velar por la aplicación correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre esas materias.

Investigar, de oficio o a petición de parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada.

Ser tenida como parte, desde el inicio del procedimiento, en los procesos penales en que se impute la comisión de una infracción o la violación de la legislación ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre. Para ello, podrá ejercitar la acción penal, de oficio, sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio Público; interponer los mismos recursos que el Código de Procedimientos Penales concede a aquel y ejercer la acción civil resarcitoria. (* Ver Nota al final del inciso)

Con autorización del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, especialmente con municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal y organismos ambientales de carácter no gubernamental, a fin de poner en marcha proyectos y programas de información jurídica sobre la protección del ambiente, la zona marítimo-terrestre, la zona económica exclusiva y la plataforma continental para tutelar los recursos naturales, mediante actividades preventivas que involucren a las comunidades del país. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7455 de 29 de noviembre de 1994)”

Esta disposición legal le encomendó a la Procuraduría General de la República la elevada misión de velar por el respeto del patrimonio nacional, proteger el ambiente y ejercer las acciones judiciales que correspondan, en resguardo de estos intereses superiores, especialmente tutelados por el ordenamiento jurídico.-

SEGUNDO.- Este inequívoco mandato legislativo, lamentablemente, ha sido inadvertido por la Procuraduría General de la República, que en materia de protección del ambiente y los recursos naturales, en términos generales, se ha quedado muy corta y particularmente, tratándose del Proyecto Minero las Crucitas, por el contrario, la actuación de ese órgano no se concilia en lo absoluto con aquellos deberes que la ley le impone.

TERCERO.- En efecto, hay que destacar que en los distintos procesos de constitucionalidad que la ciudadanía y la Defensoría de los Habitantes han promovido contra el Proyecto Minero las Crucitas, la Procuraduría General de la República quedó en deuda con el cumplimiento de aquel mandato legal, que la obliga a asumir la defensa del ambiente.

Pero la actuación de ese órgano de la Administración Pública ha sido más deleznable en el proceso contencioso administrativo que se tramita contra ese mismo proyecto minero (*Expediente Nª 08-001282-1027-CA*). En este proceso judicial, la Procuraduría se opuso a las medidas cautelares provisionalísimas que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo Nª 34801-MINAET y específicamente a los representantes de la minera abstenerse de ejecutar o aplicar lo dispuesto en dicho decreto, en particular el otorgamiento de permisos de corta de árboles y el desarrollo de obras de infraestructura. (*Res. Nª 1377-2010 de 16/04/2010*).

Posteriormente, la misma Procuraduría, tratando de sacarle la tarea a la representación judicial de la minera, a contrapelo de los principios precautorio y pro natura, impugnó la resolución del Tribunal que declaró con lugar las medidas cautelares (*Res. 1476-2010 de 23/04/2010*). En resguardo del artículo 50 constitucional, que le garantiza a toda persona un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la Procuraduría, al menos, debió inhibirse de presentar esas temerarias y complacientes impugnaciones.

Resulta totalmente inconcebible que un órgano del Estado, que le corresponde velar por la satisfacción del interés público, se haya aferrado a una posición que está muy lejos de preservar el patrimonio nacional y los recursos naturales, cuya posición –objetiva y materialmente- solo ha favorecido los intereses espurios de una compañía extranjera y que por dicha, aun contra la desafortunada posición de la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Apelaciones confirmó, en definitiva, las medidas cautelares (resolución dictada el martes de esta misma semana).

La Procuraduría en lugar de interesarse en que se respete el artículo 50 constitucional, que es un deber que le impone la ley, por contrario, se ha dedicado al oficio de defender un proyecto de explotación minera, a cielo abierto, que tendría irreparables repercusiones, que trastornaría el equilibrio del ambiente y causaría la devastación de una amplia extensión del territorio nacional.

Para cualquier ciudadano costarricense resulta irritante observar que los abogados del Estado, cuyos servicios profesionales se remuneran con los impuestos de los contribuyentes costarricenses, compartan la misma bancada con los abogados particulares de la minera, que defienden los intereses privados de la compañía que representan.

*CUARTO.- * Las organizaciones sindicales denunciamos la actuación de la Procuraduría General de la República, deplorable, contraria a los interés de la comunidad nacional y el interés público, por lo que manifestamos nuestra total oposición a que la actual Procuraduría General de la República, jerarca máxima de ese órgano, sea reelecta por un período más.

Con fundamento en lo anterior, solicitamos, en consecuencia, a los señores diputados y diputadas, por una cuestión de decoro nacional e interés de la Patria, que no se ratifique la elección de la funcionaria que actualmente está ostentando ese importantísimo cargo de la Administración Pública.

Solicitamos que este memorial se incluye en el orden del día y someta a conocimiento de esa comisión legislativa.

Adjuntamos copia de la personería jurídica de UNDECA

Atentamente,

P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
UNDECA

Luis Chavarría Vega
Secretario General UNDECA

Martha Elena Rodríguez González
Secretaria General Adjunta UNDECA

C.c.
Directorio Asamblea Legislativa
Jefes de Fracción
Defensoría de los Habitantes
Archivo

ANEP intensifica trabajo en Municipios

Municipalidad de Santo Domingo: Se nombró nueva Junta Directiva Seccional para el período 2010-2011. Además se aprobó el proyecto de Convención Colectiva por parte de los trabajadores y trabajadoras presentes.
______________________________________________________________

Municipalidad de Parrita: Se presentó ante las autoridades Municipales a la Junta Directiva Seccional ANEP – Municipalidad de Parrita, que se eligió el domingo 16 de mayo, consolidándose nuestra presencia, ante el ataque de las autoridades intermedias de dicha Municipalidad que estaban presionando a los trabajadores, en el sentido que la misma se tenía que componer por representantes de Asesora Legal, Jefe Recursos Humanos, Jefe Financiero muniocipales.
____________________________________________________________

*Municipalidad de Puntarenas*Se logró el acuerdo del Concejo oponiéndose a la Ley 8828, hay que mencionar al sindicato tradicional que jugó un gran papel: Unión de Trabajadores Municipales de Puntarenas UTMP
____________________________________________________________

Municipalidad de Orotina: Se logró que se aplicara la reforma al Reglamento Autónomo que se aprobó en sesión ordinaria 321 del Concejo Municipal,celebrada el 25 de marzo, y que se publicó en La Gaceta 100 del 25 mayo pasado, en donde se establecen una serie de derechos a las personas trabajadoras, entre otras cosas, horario, vacaciones, pago bisemanal.

Municipalidad de Puntarenas contra Ley 8828

El Concejo Municipal del cantón central de Puntarenas, acordó el 16 de Junio de manera unánime y por acuerdo firme, solicitar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la ley 8828, luego de un profundo análisis donde concluyeron que la misma privatiza los servicios municipales y provocará mayor desempleo y pobreza en Puntarenas.

El acuerdo se tomó con base en el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales de dicha corporación municipal. Este informe concluye que, con la creación de sociedad de economía mixta contempladas en la ley vigente, los Concejos Municipales dejarán de ser órganos de decisión política, para pasar solamente a nombrar los integrantes de las directivas de dichas sociedades, quienes serán los que decidan el rumbo y las políticas de la labor municipal. El mecanismo que contempla la ley para convertir a las municipalidades en los socios mayoritarios de dichas sociedades, tiene portillos que permitirían que “los servicios municipales traspasados a las sociedad mixtas puedan privatizarse por completo”.

El informe también señala que la ley afecta los derechos de los ciudadanos, ya que los servicios que se traspasen a sociedades mixtas se regirán por el lucro, con consecuencias graves para la economía de las comunidades. También se limitan los derechos democráticos de la ciudadanía, ya que los Concejos Municipales perderían toda potestad de decisión política, mientras que el Alcalde pasaría a ser quien tome las decisiones.

El acuerdo de la Comisión que se aprobó de manera unánime por todo el Concejo Municipal puede ser consultado en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha o aquí abajo.

Acuerdo Municipal de Puntarenas

¡Histórico!: Una seccional de ANEP en el MAG

San José, 7 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0791-10
¡¡¡URGENTE!!!

Señora
MSc. Gloria Abraham Peralta
Ministra
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Su despacho

Estimada señora:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Seccional ANEP-MAG, deseándole éxitos en su función como máxima autoridad en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El pasado 15 de abril del año en curso, se realizó la Asamblea General Ordinaria para nombrar la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, quedando integrada por las siguientes personas:

Presidente
Alexis Calderón Villalobos

Secretaria de Organización
Jorge Fallas Fernández

Secretaria de Divulgación, Actas y Correspondencia
Carlos Alfaro Rodríguez

Secretaria de Formación Sindical
Ligia López Marín

Secretaria de Finanzas
Rafael Mena Villavicencio

Fiscalía
Ligia Azofeifa Calderón

Vocal I
Zobeida Sánchez Cascante

En su momento se acreditó la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, ante su antecesor en el cargo, el señor Javier Flores Galarza, a quien se le solicitó la licencia sindical para las reuniones de la misma, que se efectuarán los segundos viernes de cada mes, hasta abril de 2011.

Ahora, estando su autoridad al frente de la institución y ante la ausencia de respuesta, le solicitamos el otorgamiento de esa licencia sindical para las reuniones de la Junta Directiva Seccional ANEP-MAG, los segundos viernes de cada mes, y así cumplir con el trabajo sindical que nos encomendó nuestros afiliados el pasado 15 de abril del año en curso. Adjuntamos las acreditaciones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y ante el ahora exministro Flores.

Finalmente deseamos que usted nos honre en fecha próxima recibiéndonos en su despacho, para profundizar en varios asuntos que deseamos compartir con usted.

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta se suscribe de usted,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Lorena Chavarría Martínez
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)
Responsable ANEP-MAG

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-MAG.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.
cc.: Archivo.

Ministerio de Salud: «¿Decomiso de evidencias sobre el DO?»

San José, 14 de junio del 2010.
S.G. 09-11-0805-10
¡¡¡URGENTE!!!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su despacho

Estimada señora Ministra:

Le saludamos con el respeto de siempre.

Nos hemos enterado de que se está girando instrucciones para recoger todo el material en estado físico-impreso, y también en versión electrónica, existente y/o almacenado en las diferentes áreas de salud, con relación a todo el proceso institucionalmente denominado como “Desarrollo Organizacional”, “D.O.”; so pretexto de que ahora hay una “versión actualizada” de un “Manual de Procedimientos y Protocolos Institucional”.

Llama poderosamente la atención de que la directriz que se ha venido girando a todas las áreas de Salud según tenemos entendido, por parte de la Dra. Rossana García González, Directora General de Salud, indica que “con la finalidad de implementar el control sobre la utilización de las versiones anteriores del manual de procedimientos institucional, cada director deberá recolectar las versiones impresas o CD del anterior Manual de Procedimientos Institucional y, en conjunto con su equipo, eliminar las versiones digitales que se almacenen en las computadoras de su unidad organizativa, para lo cual les solicito registrar las acciones que se ejecuten de eliminación de versiones anteriores en la boleta adjunta”. Adicionalmente, se solicita “remitir a la Unidad de Desarrollo Organizacional las versiones físicas de los procedimientos (impresos o en CD), y la boleta de ‘registro de eliminación de archivos digitales”, a más tardar el viernes 04 de junio…”.

Valga indicar que la ANEP tiene copia de la circular emitida al efecto y que nos llegara en forma anónima, dado el clima de miedo y de temor imperante en el Ministerio de Salud.

Ante estas circunstancias preguntamos, oficialmente, con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, lo siguiente:

1. ¿Por qué ante el cambio de funciones se tiene que retirar todo el material impreso-físico y digital existente y en posesión de los trabajadores y de las trabajadoras de dicho ministerio; exigiéndoseles un reporte incluido de que efectivamente lo entregó, diseñando hasta una boleta especial para tal efecto?

2. ¿Cuál es la idea de “concentrar” toda la información en una sola dirección, que fue la que precisamente impulsó el modelo de “D.O.” en dicho ministerio?

3. ¿Se pretenderá ocultar información con respecto a este proceso, altamente cuestionando ante una eventual investigación del Ministerio Público (MP) en el tema de las consultorías del D.O.; o bien, ante la circunstancia de que este asunto también está en el seno de la Procuraduría de la Ética Pública; instancias a las cuales ANEP acudió para que se determine si hubo o no hubo irregularidades en el proceso del “D.O.” que le costó al pueblo costarricense, prácticamente, mil millones de colones?

Es necesario aclarar que nuestra intención es velar por la transparencia de los procesos institucionales, para que no se llame a confusión lo que se actúa con esta petición de información. Con este tipo de medidas queda la impresión de que se pretende ocultar algo, que no se quiere dejar rastro físico-impreso alguno de lo que nos ocupa; o bien, que dicho proceso (“D.O”.) no tuvo los resultados esperados y no funcionó como se pretendió en su momento; dejando en entredicho lo que se trató de hacer ver así ante la opinión pública, de que dicho proceso fue lo “mejor” para el Ministerio de Salud; que los productos dados por las consultorías eran de la satisfacción institucional, para luego retirarlo todo y dar nuevas funciones, provocando una parálisis momentánea en cuanto a la buena marcha de la institución.

Esperando su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Honorables señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Honorable señora, Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General, Contraloría General de la República.
cc.: Dra. Rosanna García González, Directora General de Salud, Ministerio de Salud.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General, Fiscalía General de la República.
cc.: Personal, áreas de Salud, Ministerio de Salud.
cc.: Grupo social “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Sr. Guillermo Murillo Castillo, Responsable ANEP-Ministerio de Salud, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Sector Privado: Sindicatos piden aumento de 7,2%

Dos propuestas de aumento para los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, llegaron ayer hasta la primera sesión del Consejo Nacional de Salarios.

Los sindicatos y confederaciones presentaron una petición de aumento el 7.2%, porcentaje que incluye inflación acumulada, inflación adelantada, productividad y el PIB.

El otro planteamiento fue presentado por la Confederación Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (CUSIMA). Ellos piden un ajuste del 6,7% que incluye inflación vencida y proyectada.

RETO A EMPRESARIOS

Ambas organizaciones se apartaron de la fórmula de cálculo vigente y retaron a los empresarios a hacer un verdadero aumento salarial, que reconozca más que la inflación acumulada, como lo plantea la metodología vigente.

“Los empresarios por lo general lo que hacen es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, cuando se está en crisis dicen todos vamos por parejo pero cuando las vacas gordas llegan ahí no se va por parejo”, reclamó Luis Ángel Serrano, de la Central Social Juanito Mora Porras.

Edgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), insistió en la necesidad de trabajar en aprobar una nueva fórmula de cálculo con la que se pueda repartir la riqueza generada.

El próximo miércoles será el turno de los empresarios para que planteen su ofrecimiento de ajuste y el lunes de la próxima semana quedaría definido el aumento que regirá tras la presentación de la posición del gobierno.

15 de junio de 2010

____________________________________________________

Jueves 17 de junio 2010

Para el sector privado

PATRONOS OFRECEN UN 3,9% DE AUMENTO

Los patronos ofrecen un 3,9% de ajuste para los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, que regirá en el segundo semestre del año.
Un 3,9% de aumento es lo que ofrecen de los patronos para los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado durante el segundo semestre del año.

La oferta dista mucho del 7,2% que pidieron los sindicatos el pasado lunes, cuando arrancó la negociación en el Consejo Nacional de Salarios.

Sin embargo será el lunes cuando se conozca el verdadero porcentaje de aumento, una vez que el gobierno presente su propuesta.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) afirma que “la economía crece muy lentamente”, pero no lo hace de igual manera en todos los sectores.

Manuel H. Rodríguez, presidente de Uccaep, indicó que el ofrecimiento se apega a lo que indica la fórmula pactada con el gobierno y los sindicatos, de reconocer la inflación acumulada.

El empresario dijo que no se puede olvidar que entre agosto de 2008 y agosto de 2009 se habían perdido 45 mil empleos en el sector formal privado.

Además que cada punto porcentual de aumento representa casi un 50% más en el costo de la planilla, medida que afecta principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

OFERTA MISERABLE

Los sindicatos calificaron la oferta como miserable y egoísta.

Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, dijo que los empresarios aún no quieren entender que sus empresas sin empleados no salen adelante.

El dirigente considera que la presidenta Laura Chinchilla tiene una brasa caliente en las manos, pues al ser su primera negociación salarial deberá respaldar la posición de los sindicatos.

La oferta del 3,9% es interpretada por los gremios como una forma en que los empresarios rehúyen a la necesidad de dialogar sobre una nueva fórmula para fijar los salarios que distribuya mejor la riqueza y frene el crecimiento de la desigualdad.

Fuente: Diario Extra
Marietta Espinoza M