1- En los últimos años los gobiernos que han ejercido el poder, los políticos que han estado al frente de las instituciones públicas y buena parte de los empresarios, han arremetido fuertemente contra las libertades y derechos fundamentales de los trabajadores costarricenses, públicos y privados.
2- En esta bochornosa cruzada han participado también órganos y poderes del Estado como la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa entre otros, que han sido complacientes con quienes se han lanzado a esta ofensiva en contra de los y las trabajadoras.
3- Se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de nuestras convenciones colectivas, específicamente los económicos, acciones que han sido diligentemente tramitadas y resueltas, obviamente en contra de los trabajadores.
4- Actualmente se promociona por parte del Ministerio de Planificación y del jefe de fracción del PLN el Proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio, conocido como “Ley de Empleo Público” que entre otras cosas establece el concepto de salario único.
5- El salario único no sólo significa variar la estructura salarial de las instituciones, sino que también conlleva, la pérdida para los trabajadores de condiciones y derechos laborales ganados a través de los años.
6- Estos procesos violentan aspectos fundamentales, derechos y garantías estatuidos en la Constitución Política, Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, Convenciones Colectivas y la ley laboral mínima establecida en el Código de Trabajo.
Por tanto:
1- Rechazamos en todos sus extremos la propuesta de salario único y la ley de empleo público, porque sugiere una política de empobrecimiento de los trabajadores y por representar un ataque directo a nuestros derechos laborales y a las Convenciones Colectivas de Trabajo.
2- Nos constituimos a partir de ahora, en una entidad unitaria en la acción y en una sola voz, para que las trabajadoras y trabajadores de nuestras instituciones reciban la misma información con relación a estos temas.
3- Extendemos esta alianza a todo el movimiento sindical y magisterial a efecto de pelear unitariamente contra estos proyectos.
4- Se establece una comisión política conformada por dos miembros de cada Sindicato para establecer las estrategias de acción y comunicación necesarias.
5- Los Sindicatos unirán recursos humanos, económicos y de logística para llevar adelante y con éxito las estrategias de lucha que se convengan.
6- Nos reservamos el derecho de defender las conquistas laborales de los trabajadores, las Convenciones Colectivas, el sistema salarial vigente y las libertades sindicales, mediante las acciones jurídicas y de hecho que sean necesarias para garantizar lo anterior.
Firmamos en la ciudad de Heredia, al ser las diecisiete horas del veintitrés de abril del 2010.
Sindicato de empleados del Banco Nacional (SEBANA). Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) Unión de Profesionales del Banco Popular ( UNPROBANPO) Sindicato de Empleados Banco Crédito Agrícola de Cartago (UNECA) Sindicato de Empleados del Banco Central de C.R.(SINEBACCR)
San José, 3 de mayo de 2010. S.G. 09-11-0703.10 ¡URGENTE!
Licenciado Roberto J. Gallardo Núñez Ministro Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) Su despacho Fax No. 2281 2751 Correo electrónico: roberto.gallardo @ mideplan.go.cr
Asunto:ANEP no participará en el “Taller de Análisis del proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio”
Estimado señor Ministro:
Con el debido respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.
Nos referimos a su oficio DM-194-10, fechado 28 de abril de 2010, por medio del cual se cursa honrosa invitación oficial de parte de MIDEPLAN, a fin de que la organización que nos digna representar, tome parte en el “Taller de Análisis del proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio”, previsto para este día miércoles 5 de mayo de 2010, en las instalaciones del Centro Cultural de México; proyecto que según su despacho “tiene por objeto determinar el marco legal general de las diversas relaciones públicas de servicio existentes en el Sector Público, establecer un régimen formal general de las relaciones públicas de servicio, atender adecuadamente los intereses públicos involucrados en esas relaciones, así como proteger justa y debidamente la posición del servidor público en dichas relaciones”. Agregó usted en el indicado oficio de su despacho, que tal iniciativa fue producto del trabajo de la “Comisión de Eficiencia Administrativa y de Reforma del Estado” CEARE, integrada ésta por “un grupo de profesionales asesores en diversas materias del Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública”.
Al respecto, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, así como el agradecimiento anticipado por considerarnos para los efectos del caso, nos vemos en la necesidad de indicarle que no participaremos en el mencionado taller ni en ningún proceso derivado del mismo, por las siguientes razones:
Primera: La ANEP necesita desarrollar un intenso proceso de divulgación, de información, de consulta y de debate con sus respectivas bases laborales y la estructura correspondiente de las mismas, tanto en lo que respecta a las seccionales sindicales de la organización a nivel del Sector Público, como con las agrupaciones gremiales con las cuales coordinamos procesos y acciones a través de alianzas formalmente establecidas según diferentes acuerdos bilaterales; e igualmente, con aquellas entidades con las cuales tenemos una dependencia orgánica a través de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). Además, será más que obligado debatir sobre el trasfondo político-ideológico y filosófico que una iniciativa de tal calibre emerja en la actual coyuntura nacional, habida cuenta de que la misma, según nuestra visión de país, está signada por la hegemonía del capital neoliberal y su estrategia hacia la reversión de derechos y de conquistas sociales en contra del bien común.
Segunda: Los alcances de la iniciativa en mención fomentan el desarrollo de procesos de interacción con otras entidades sociolaborales y gremiales del Sector Público, más allá de los ámbitos descritos en el apartado anterior. De esta suerte hay en desarrollo un proceso compartido de análisis que la ANEP está obligada a respetar de forma tal que actuaciones futuras correspondan a decisiones coordinadas en todos los sectores posibles.
Tercera: Como es de su conocimiento, la presente administración (ya por concluir), al igual que administraciones anteriores, han asumido el compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de aprobar varios proyectos de ley, incluyendo la reforma procesal laboral (expediente 15.990), así como los convenios de OIT números 151 y 154, entre otros.
Cuarto: En el caso de la reforma procesal laboral, se ha desarrollado un proceso de negociación de, prácticamente, una década, durante el cual se han alcanzado acuerdos en un 90 % del proyecto, con las cúpulas empresariales, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en representación del Gobierno de la República) y las organizaciones sindicales, así como con representantes de diversas fracciones legislativas. En el proyecto de reforma procesal laboral se regulan, fruto de esos acuerdos, tanto los procedimientos judiciales para tutelar los derechos laborales en el empleo privado como en el empleo público, así como los procedimientos y requisitos relacionados con la negociación colectiva, la solución de conflictos colectivos y la huelga, tanto en el sector privado como en el público.
A pesar de ese compromiso asumido por esta administración frente a la OIT, así como a pesar de los acuerdos alcanzados hasta ahora, se nos pide que iniciemos un diálogo sobre un proyecto que, ignorando esos acuerdos y compromisos internacionales, regula de forma diametralmente opuesta las materias antes indicadas. Es por ello que estimamos que, si esta administración (y/o la entrante), desea honrar su palabra y cumplir con un diálogo transparente y honesto, ante nacionales e instancias internacionales, debe proceder a la mayor brevedad posible, a aprobar los mencionados proyectos (reforma procesal laboral y convenios de OIT), procurando lograr acuerdos en los últimos puntos que aún se encuentran pendientes. Una vez cumplidas esas promesas y compromisos, con gusto estaremos en disposición de discutir cualquier proyecto de ley como el que se nos propone.
Vistas así las cosas, honorable señor Ministro Gallardo, no podemos aceptar la invitación con que usted distingue a la ANEP.
Finalmente, formulamos estos señalamientos puntuales:
La ANEP cree en los procesos de Diálogo Social pero con Negociación Efectiva, tal y como se lo expresamos a la propia señora Presidenta Electa, doña Laura Chinchilla Miranda, quien en próximas horas ha de asumir las riendas del Poder Ejecutivo. Ella compartió con el Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP, el día viernes 5 de marzo anterior y pueda dar fe de nuestra reiterada voluntad de diálogo y de participación en procesos sumamente complejos de asuntos de orden nacional con repercusión directa en el bienestar de la clase trabajadora por cuya causa abogamos.
En este asunto del proyecto “Ley General de la Relación Pública de Servicio”, se han involucrado aspectos de altísima sensibilidad para miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público y sus correspondientes familias.
Debe a usted constarle que el tema de la estabilidad laboral en el empleo y su correspondiente remuneración, son elementos cruciales de sobrevivencia primaria en todos esos hogares, habida cuenta de un sostenido proceso de exclusión social y de creciente vulnerabilidad de pobreza que ya abarca, dolorosamente, a importantes segmentos laborales de la Administración Pública.
En tal caso, hay una profunda obligación ética y de lealtad mínima a principios que la ANEP debe observar para con sus representados y con sus representadas y para con las entidades sociogremiales y laborales, amigas y fraternas, con las cuales desarrollamos nuestro cotidiano desenvolvimiento organizacional. En el caso que nos ocupa ni un milímetro podemos movernos sin este imprescindible pensamiento de todas esas personas y sus correspondientes organizaciones.
Cuando estemos listos, tomaremos contacto con las autoridades de MIDEPLAN y del propio Gobierno de la República.
Con la mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Electa de la República. cc.: Licda. Laura Alfaro Maikall, Ministra (designada), cartera de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN) cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra (designada), cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). cc.: Honorables fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa. cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). cc.: Trabajadores y trabajadoras del Sector Público. cc.: Organizaciones sindicales y gremiales de la Administración Pública. cc-: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP (CCN-ANEP). cc.: Junta directivas seccionales de la ANEP en el Sector Público. cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP. cc.: Personal de las unidades operativas de la ANEP. cc.: Medios de comunicación colectiva. cc.: Archivo.
Conservar nuestro trabajo es absolutamente prioritario e imprescindible;
· Defender nuestras conquistas laborales y sociales, es más que una obligación; es defender nuestra propia supervivencia; · La democracia nos da el derecho de manifestarnos y nos da el derecho de defendernos; · Únase, ya somos miles y seremos muchos más.
• Mauricio Castro, abogado de ANEP, conversó sobre el tema
¿POR QUÉ LOSSINDICATOSRECHAZANESTE PROYECTO?
El abogado Mauricio Castro de la ANEP, explicó que este proyecto acabaría con las convenciones colectivas, el salario escolar, las negociaciones salariales y aplicaría una reducción importante en el aguinaldo, entre otros.
Las organizaciones sindicales rechazan en su totalidad el proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio por considerarlo una iniciativa que acabará con grandes conquistas laborales, por eso desde ya advierten de fuertes acciones para evitar su aprobación.
Pero, ¿por qué se oponen a este proyecto de ley? DIARIOEXTRA consultó al abogado Mauricio Castro, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sobre el tema y este es un extracto de la entrevista.
¿Por qué se oponen al proyecto? – Nos oponemos por dos razones, una por la forma, nosotros tuvimos el compromiso del Ministro de Planificación de que esos anteproyectos que tenían, estaban siendo consultados con nosotros y luego de un proceso de diálogo y negociación serían enviados a la Asamblea Legislativa. Dos, porque el proyecto tiene una serie de problemas importantes para los trabajadores del sector público, porque viola derechos adquiridos, limita la negociación y les afecta económicamente.
¿Ustedes nunca fueron consultados durante la elaboración del anteproyecto? – En principio estábamos en proceso de consulta. En principio se nos entregó una versión un poco distinta de la que se entregó a la Asamblea Legislativa. El acuerdo que existió con el Ministro es que él iba a dar un tiempo de espera para que las organizaciones sindicales le hiciéramos las observaciones del caso y luego sentarnos a ver qué podíamos arreglarle al proyecto.
¿Cuáles son los beneficios laborales específicos que los empleados públicos perderían con la aprobación del proyecto? -Hay varios, por ejemplo el aguinaldo que se paga completo, sin ninguna deducción, pero con el proyecto se pagaría como parte del salario único. El efecto inmediato es una disminución en el aguinaldo porque de ahí hay que pagar impuestos, cargas sociales y si se está afiliado a una organización o cuotas en caso de tener créditos. Además el proyecto elimina las convenciones colectivas vigentes, incluso el proyecto dice que si hay alguna convención colectiva que tenga una normativa que se contraponga a la ley, esas convenciones solo regirán por un año más y luego se eliminarán. Eso es una violación de un derecho adquirido y un convenio. eso es ilegal e inconstitucional, además se limita la negociación de continuar negociando convenciones colectivas. Otro problema es que el proyecto hace lo mismo con los decretos y reglamentos de trabajo de las instituciones.
¿Qué pasa con las negociaciones salariales y el salario escolar? – El salario escolar es uno que desaparece, porque en el sector público está establecido por decreto. Al no estar recogido en la Ley de Empleo Público, al quinto año de vigencia de esta ley, el reglamento que establece el beneficio adicional, como es el salario escolar, queda derogado. Sobre la negociación salarial, hay un problema importante a nuestro entender, porque se acaba. El proyecto lo que establece es que los aumentos salariales van a ser exclusivamente los reconocimientos por aumento en costo de vida, entonces no hay negociación salarial.
¿Hay algunos beneficios que se mantendrían? – Solo se mantendrían los derechos que estén establecidos por otras leyes, como por ejemplo: los profesionales en ciencias médicas tienen una ley de incentivos, esa permanece porque está por ley, si hubiera estado por convención o decreto la ley lo elimina.
¿El proyecto afecta por igual a los interinos y a los nombrados en propiedad? – No. Aunque el interinato está pensado en una relación temporal mientras la plaza se saca a concurso o vuelve el titular, la administración pública ha mantenido personal interino por años e incluso décadas, pero lo que este proyecto de ley dice es que el auxilio de cesantía solo se les pagará a los trabajadores nombrados en propiedad. ¿Cómo piensan defender las organizaciones sindicales los beneficios laborales adquiridos? -Todavía no hay una posición unificada de las organizaciones sindicales sobre las acciones a seguir, pero por lo que hemos podido conversar todas las organizaciones sindicales del sector público están opuestas. Algunas ya están llamadas a las primeras movilizaciones.
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El Primero de Mayo de 2010
(Video de ANEPtv)
Un gran Primero de Mayo en el cual miles de trabajadores y trabajadoras del sector público, privado y de trabajadores independientes, inundó la ciudad de San José.
A las consignas de Libertad Sindical, salario digno y empleo decente, se unieron las de la lucha contra la minería a cielo abierto, los derechos de los y las trabajadoras de la música costarricense, el movimiento diversidad y hasta las de las trabajadoras del sexo.
Una marcha multicolor, multitudinaria que contrastó totalmente con la “celebración” que se realizó en la Asamblea Legislativa en donde el tema “importante” era el vestido y la “alfombra roja”, los bocadillos, el vino y el whisky…que por cierto pagamos todos y todas las costarricenses, ¿cuánto dinero desperdiciaron en eso?
Volviendo al tema importante, la gran marcha de la Clase Trabajadora se realizó en forma unitaria de todo el Movimiento Sindical y Social Costarricense, contó con un único discurso y un concierto de gran cantidad de artistas nacionales.
La comunidad nicaraguense, legalmente establecida en Costa Rica, tuvo su representación y colaboración en el Comité Organizador.
Música, banderas, unión, alegría y un gran espíritu de lucha que se fortalecerá con el tiempo, ante la arremetida de una oligarquía criolla que está aprendiendo muy bien la lección que le están dando las oligarquías centroamericanas que han hecho fortuna a sangre y muerte de sus pueblos.
El “plan macabro” de estas oligarquías avanza, quieren enviarnos al fondo del abismo de la muerte, el desempleo, la violencia y el hambre, así ganan ellos y ellas…lo oligarcas.
Contra este “nuevo” plan de exterminio oligárquico, el pueblo costarricense se organiza y lucha, la DEMOCRACIA DE LA CALLE se acrecenterá pese a las amenazas de represión y muerte.
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La nota Internacional
Gigantesca marcha en Honduras el 1o de Mayo en respuesta a política de terror y miseria
Por Dick Emanuelsson Corresponsal sueco para América Latina. Cubre el mercado laboral para la prensa sindical sueca
Rebanadas de Realidad – Tegucigalpa, 01/05/10.- Es posible que solamente la marcha en la Habana, Cuba, fue más grande en América Latina y el Caribe. Porque la marcha el 1º de Mayo en la capital hondureña sobrepasó tosas las expectativas y debe interpretarse para el régimen de Pepe Lobo como una clara advertencia que ¡“No intenta a jugar con el pueblo trabajador organizado por que la respuesta será contundente”!
Entre 500.000-700.000 personas se calcula que marchaban en la capital hondureña y en uno de los puentes en el Boulevard de Fuerzas Armadas se pudo ver una grañidísima manta con el texto: “Con la Unidad Popular a la Victoria Final”.
Unidad contra política de hambre y terror
Y la unidad fue lo que caracterizaba este primero de mayo en Honduras. Las tres centrales obreras, organizaciones campesinas, estudiantiles, juveniles, mujeres, organizaciones de las colonias y barrios encabezados por el Frente Nacional de Resistencia Popular marcaron la unidad popular como un solo puño. Es más, las tres centrales obreras están en serias discusiones de unir sus fuerzas en una sola central.
La marcha de ayer es considerada por los organizadores como quizás el más importante acontecimiento después la gran huelga general durante dos meses en 1954 dirigidos por trabajadores bananeros en contra la explotación de las empresas de Standard Fruit Co u otros que trajo consigo una de la legislaciones laborales más avanzadas en Centroamérica de esa época.
“Estamos militarizados con la bota militar al cuello”
Entre los manifestantes conversamos con Adriana Guevara, que desde su silla de rueda expresaba su opinión en la marcha, exigiendo libertad y justicia social para el pueblo hondureño.
– Me duele la pobreza en mi país Honduras. Si estoy en la calle es por que he tomado conciencia plena de la realidad que se vive en nuestro país. No es posible que hasta la fecha estemos militarizados en Honduras con la bota militar al cuello, decía la compañera que refleja los anhelos de todo un pueblo.
Cuando la punta de la marcha había llegado a la “Plaza Isis Obed Murillo” todavía no había salido los últimos manifestantes de la Universidad Pedagógica, varios kilómetros de la parte sur del aeropuerto internacional Toncontin. Ahí fue asesinado Isis Obed Murillo por francotiradores del ejercito el 5 de julio de 2009, una semana después el golpe de estado militar y en momentos en que el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales intentaba de aterrizar, hecho que fue obstaculizado por cuatro camiones militares que fueron ubicados en la pista de aterrizaje.
Masiva participación en todo el país
– Esta es una tremenda demostración de fuerza de la Resistencia y los sindicatos de Tegucigalpa. Y así como ha sido Tegucigalpa ha sido todo el país; masiva la participación del pueblo hondureño que ha despertado después del 28 de junio de 2009 en que hubo un golpe de estado que continua con unas autoridades en el poder y que el pueblo hondureño esta peleando es la consigna de una Constituyente, dice Guillermo Ponce, vicepresidente del combativo sindicato clasista Stibys, que organiza los trabajadores en las cervecerías en el país.
Las reivindicaciones en el Día Internacional de la Clase Obrera no pueden faltar. Ponce advierte por el hecho de que los patronos tratan con todos los medios de tercerizar la organización del trabajo en cada empresa, y así desarmar la organización de defensa de los trabajadores, el sindicato, y convertir cada trabajador en una presa fácil. También podemos observar una penosa postergación de las negociaciones por el salario mínimo de 2010 por parte del régimen de derecha de Pepe Lobo que, con su ministro de trabajo, Felícito Ávila, ex secretario general de la central obrera CGT, ofrece a los trabajadores hondureños migajas en la mesa de los patrones, sostiene Ponce:
El sindicalista que cambió la camiseta
– Es la estrategia de los empresarios que han financiados el golpe de estado. Tienen la autoridad de alargar y alargar. Segundo; Están tercerizando las funciones. Es decir, están pasando funciones permanentes a temporales y con eso elimina la contratación colectiva que elimina a los sindicatos y eso es una violación flagrante.
– El ministro de Trabajo, Felícito Ávila, participó en el proceso electoral el 29 de noviembre de 2009 que constituye un apoyo al golpe de estado. Ese hombre habría podido estar acá hoy pero él no tiene ningún sentido de obrero, es una realidad. Legitimaron el golpe de estado a través de las elecciones.
Ofensiva de firmas para una nueva Constituyente
El Frente Nacional de Resistencia Popular esta en plena campaña de recaudar más de dos millones de firmas para poder realizar el plebiscito sobre una nueva Constituyente el 27 de junio. Tomamos el pulso del líder sindical como va la campaña.
– Hemos avanzado muchísimo. Hoy, con toda la seguridad, vamos a juntar más de un millón de firmas. La segunda tarea que tiene el Frente es trabajar para que el presidente Zelaya regrese al país, que es su país. Trabajadores universitarios en huelga de hambre
Osman Ávila es fiscal del sindicato de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras, SITRAUNAH. Cuenta en la entrevista que la universidad vive un conflicto que data desde el año pasado por la intransigencia y la obsesión de la rectora Julieta Castellanos de no firmar el 15º contrato colectivo con Sitraunah.
Al contrario, Castellanos ha despedido 186 trabajadores, una acción totalmente contraria todas las normas y convenios de la OIT. El sindicato ha respondido de iniciar una huelga de hambre que llevan 11 trabajadores. La rectora Castellano ha declarado que le importa un “pepino” si alguien en la huelga de hambre muere.
– Se ha dado la tarea la rectora de publicar ante el mundo, y eso es lo penoso, que no le importa la vida de nadie. Que su posición a nivel de rectora es una posición de un capataz pero un capataz mucho más allá de lo que podría ser una persona normal. Entendemos que esa actitud de ella obedece a posiciones súpermarcada adentro de la oligarquía. La posición de la rectora es mostrar una especie de nepotismo, de un patrón que realmente no interesa verificar el trabajo que nuestros compañeros están haciendo.
– Y mucho más terrible es que estamos al frente a una socióloga, una estudiosa de las sociedades que sabe que sus manifestaciones son ilegales.
Lo incomprensible y contradictorio en ese sentido es: ¿Como van a interpretar los estudiantes de la facultad de derecho las leyes hondureñas y convenios internacionales que regulan los conflictos en el mercado laboral si la rectora de su universidad las viola flagrantemente?
La juventud presente
El 1º de Mayo en Tegucigalpa fue una gran fiesta del pueblo-pueblo con una impresionante participación de juventud que ven que el panorama económico-político muy oscura. Las oportunidades en un mercado laboral en donde los patronos tienen todas las facultades de explotar la clase obrera son óptimas.
¿Como canalizar el capital político que han dado el medio millón de hondureños solo en la capital de Honduras a la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular y los lideres del movimiento sindical? Pues las tareas son múltiples y el pueblo en las calles de Honduras mostró ante los uniformados que no les tiene miedo.
Desde hace muchos años este modelo neoliberal de desarrollo que vienen imponiendo a la fuerza en Costa Rica, busca eliminar derechos y garantías ganadas por la clase trabajadora costarricense.
El análisis de este “Proyecto de Ley” deja claro que lo que pretende la Administración de los hermanos Arias Sánchez es modificar las relaciones laborales en el sector público eliminando esos derechos y garantías sociales.
Entre los documentos se encuentra un análisis o Estado de situación de la violación a las libertades sindicales en Costa Rica y que han sido denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto está relacionado también al Proyecto de Ley en Mención. La Ley, te va a quitar derechos:
1. Cubre a TODOS los empleados públicos del Gobierno Central y las instituciones autónomas (Policía, MOPT, MEP MSalud, CCSS, ICE, AYA, etc).
2. Ya no lo protegerá el Código de Trabajo, porque le aplicarán “las reglas y principios generales del Derecho Administrativo…” (Artículo 5).
3. Le quitan los pluses de Anualidades, Carrera Profesional, más de 10 días de vacaciones, etc., porque le aplican el Salario Único (Artículos 69 y 43). Esta ley deroga todas las leyes y reglamentos que se le opongan (Artículos 118 y 21).
4. Si un trabajador se niega a recibir el Salario Único, después de 5 años pierde todos sus derechos adquiridos (Transitorio I).
5. Lo pueden despedir, pagándole prestaciones sólo por 12 años de trabajo (Artículo 64).
6. Lo pueden despedir por normas reglamentarias y hasta por “pérdida de confianza” (Artículo 75).
7. Lo pueden trasladar cuando el patrono lo desee (Artículo 32).
8. Los nombramientos interinos serán por un máximo por 6 meses y no generan obligaciones patronales, no hay pago de prestaciones para los interinos (Artículo 48).
9. Se acaban las negociaciones salariales. El Gobierno fija los aumentos con base en la inflación que él reconozca y nada más (artículo 68).
10. ¿Dónde se resuelve esto?
La lucha NO es en la Asamblea Legislativa donde ellos tendrán los votos necesarios: Liberación (24) + Libertario (9) + Cristianos (2) + PUSC (6) = 41 votos, la lucha es en las calles…¡¡¡¡DEMOCRACIA DE LAS CALLES!!!!
Documentos adjuntos (Descárgalos de ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha o de aquí mismo)
1) Documento uno: Texto del proyecto. Expediente legislativo No. 17.628, formulado por el diputado Jorge Luis Méndez Zamora.
2) Documento dos: Primer análisis oficial de la ANEP, a cargo del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
3) Documento Tres: Presentación de contenidos del proyecto a cargo del Licda. Ileana Vega Montero, de la APSE.
4) Documento Cuatro: Un contexto sociopolítico del problema frente a las demandas al país de parte de la OIT.
Trabajadores y trabajadorasn de diversas de las municipalidades de San José, Santa Ana, Curridabat, Oreamuno, entre otras, marcharon este jueves 29 de abril contra la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
El gobierno de los hermanos Arias Sánchez pretende “irse” de la Presidencia dejando privatizados todos los servicios públicos que sea posible. Tras su campaña electoral y la conclusión de “su gobierno”, debe de “cancelar los favores” a quienes “aportaron” para su reelección, y qué mejor que dejarles en bandeja de plata el negocio de los puertos, servicios públicos, concesiones, telecomunicaciones, electricidad, agua y salud.
La manifestación de este jueves tenía el propósito de “mostrar el más grande repudio y condena enérgicapor una forma de gobernar de espaldas a la gente, de espaldas a la ciudadanía, debajo de la mesa, chantajeando, corrompiendo, manipulando, engañando. Mediante una maniobra política artera, vil, sorpresiva, a escondidas y sin la menor transparencia; la Asamblea Legislativa obedeció las órdenes emanadas del sector financiero y aprobó el expediente No. 16.385, con el nombre oficial de “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”; cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”. “dijo Albino vargas Barrantes, Secretario general de ANEP.
La manifestación salió del edificio de la Municipalidad de San José y marchó hacia Casa Presidencial en donde entregarían una nota con firmas de trabajadores y trabajadoras municipales exigiendo que no se ratificara la mencionada Ley.
Esta ha sido la primera de una serie de acciones que se estarán realizando en todo el país hasta que esta Ley sea derogada.
Grave ataque a las finanzas ciudadanas y durísimo golpe al empleo en las municipalidades del país Asamblea Legislativa aprobó de manera artera, vil, sorprevisa, a escondidas y sin la menor transparencia, la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
1) Con profunda indignación, mostrando nuestro más grande repudio y condenando enérgicamente una forma de gobernar de espaldas a la gente, de espaldas a la ciudadanía; denunciamos la aprobación legislativa en el seno del actual parlamento ya saliente, mediante una maniobra política artera, vil, sorpresiva, a escondidas y sin la menor transparencia; del expediente legislativo No. 16.385, con el nombre oficial de “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”; cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
2) Así la llamó el ilustre diputado don José Merino del Río, único diputado que votó en contra de esta nefasta ley, aunque lamentamos la ausencia de una alerta oficial preventiva de su despacho para que las organizaciones laborales municipales y la misma población laboral de las municipalidades, hubieran reaccionado con la debida anticipación.
3) A la vez, demandamos, respetuosa pero vehementemente, una explicación pública al diputado Oscar López Arias, aspirante a dirigir la más grande municipalidad del país, acerca de su actitud político-parlamentaria en la tramitación artera, vil y a escondidas de este expediente legislativo No. 16.385.
4) De las fracciones parlamentarias liberacionista, “socialcristiana” y libertaria (y sus turecas), su apoyo a este proyecto es lógico, habida cuenta de que han venido legislando, emitiendo leyes, para favorecer al gran capital en el marco de los TLC’s.
5) Con respecto a la fracción parlamentaria del PAC, esperaríamos una explicación política pero la verdad es que (con honrosas excepciones), en este partido le hacen más caso a lo que de ellos pueda pensar la prensa oligárquica que lo que piensa la gente de los sectores obreros, populares y sociales.
6) Prácticamente, la comunidad laboral municipal se quedó sola, aunque, autocríticamente hay que reconocer, nuestras debilidades institucionales de monitoreo legislativo; mismo que tampoco funciona cuando hay ataques parlamentarios tan sorpresivos y arteros como sucedió con el expediente 16.385, la ley privatizadora de los servicios municipales.
7) Esta ley, al consolidarse, tendrá varios efectos negativos de profunda repercusión social. Veamos dos de ellos.
8) Por un lado, el ingreso masivo de capital privado a los servicios públicos municipales encarecerá estos, dada la lógica de ganancia que implica privatizar tales servicios. La gente en las comunidades, especialmente de los sectores populares y medios, tendrán que pagar una mayor cantidad de impuestos municipales para hacer “rentable” la inserción de capital privado en la actividad municipal.
9) Por otro lado, esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales ha de provocar despidos, reducción de derechos, bajas salariales, eliminación de las convenciones colectivas de trabajo de las municipalidades (existentes y/o futuras). Además se dará una profunda represión de toda forma de organización sindical, como suele suceder en la empresa privada.
10) Ahora se explica con absoluta claridad las verdaderas intenciones de otra ley, también aprobada recientemente y que tiene que ver con el régimen municipal, la “Ley General de Transferencia de Competencia a las Municipalidades”. Con esta ley se dará un impresionante flujo de recursos financieros desde el Presupuesto Nacional-Gobierno Central (del orden del 10 %); los cuales, entonces, serán para favorecer las rentas de los negocios empresariales con la privatización de servicios públicos municipales que se autorizan al margen de esta otra ley, la de creación de empresas municipales de economía mixta.
11) Igual de relevante serán los espacios que se abren para todo tipo de tráfico de influencias y de abierta corrupción, desde los sectores jerárquicos político-gerenciales de las alcaldías y concejos municipales; pues la impresionante y astronómica cantidad de recursos que les dará el Gobierno, desatará las más insospechadas apetencias de enriquecimiento fácil con los servicios municipales convertidos en negocios privados.
12) Denunciamos que ni la ANEP ni otros gremios municipales fuimos consultados y/o convocados para dar nuestra relevante opinión durante todo el artero y oscuro proceso de tramitación parlamentaria de la ley privatizadora de los servicios públicos municipales. Estamos seguros de que, tampoco, fue tomado el parecer de organizaciones ciudadanas, comunales, vecinales, cívicas y/o patrióticas.
13)ANEP anuncia que importantes grupos laborales municipales iniciarán una fuerte lucha a favor de la comunidad y por la defensa de las conquistas y derechos sociolaborales del personal de los municipios de Costa Rica y sus respectivas familias.
14) Empezaremos este jueves 29 de abril, uniéndonos a la manifestación que se está convocando en contra del proyecto de ley de “Salario Único”, proyecto que pretende una modificación estructural de las condiciones de empleo en la Administración Pública.
15) Además, arrancará una ofensiva de denuncia, de esclarecimiento, de concientización hacia las comunidades para involucrarlas en esta enorme lucha que ya se está perfilando; habida cuenta de que con la ley privatizadora de los servicios municipales, la gente tendrá que pagar más impuestos municipales.
16) Para el viernes 14 de mayo, se dará, en San José, una gran reunión nacional de representantes laborales y gremiales de los 81 municipios del país y de representaciones comunales de diverso orden.
17) El veto presidencial y/o reformas legales a la ley aprobada, son parte de los objetivos que perseguirá la lucha nacional de los sectores laborales y obreros municipales, junto a las comunidades, en contra de la ley que privatiza los servicios públicos de los municipios del país. Si la ley de tránsito original fue modificada rápidamente, por fuertes presiones empresariales del negocio licorero y cervecero; la ley privatizadora de los servicios municipales puede ser modificada, también, para defender los derechos e intereses comunales y sociolaborales.
18) Estamos absolutamente claros de que se ocupará de una gigantesca fuerza laboral en movilización, así como de un gran apoyo comunal-ciudadano para alcanzar tales objetivos. La lucha será profundamente dura y no se descarta una huelga nacional municipal a lo largo y a lo ancho del país; junto a otras expresiones socio-laborales de lucha cívica y pacífica con nuevos métodos para evitar el desenfreno del negocio privado con la actividad municipal.
19) Finalmente, sin duda alguna, dado que ya estamos como sociedad y como país en tiempos de TLC’s, esta ley se inscribe en el marco político-ideológico de la hegemonía del capital, para incrementar la capacidad sistémica del país en lo que llaman “competitividad”.
20) Frente a los menores estándares laborales, sociales y ambientales de los otros países centroamericanos que junto a Costa Rica han de competir, en los tiempos de TLC’s, en este desenfreno de acumulación privada de capital en contra del bien común; Costa Rica queda “obligada” a proceder con un proceso de reversión, de reducción, de eliminación de conquistas y derechos sociolaborales; de baja general salarial, de reducción sustancial del empleo público; y de eliminación toda forma de resistencia civil, especialmente la de carácter sindical. Una política de “tierra arrasada” es lo que las fuerzas políticas del capital quieren para nuestra querida Patria y para nuestro pueblo trabajador.
San José, domingo 25 de abril de 2010
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
ANEPtv: Asamblea Seccional Municipalidad de Santa Ana
El pasado viernes 16 de abril, la familia anepista de la Municipalidad de Santa Ana eligió nueva Junta Directiva, la cual será liderada por la compañera Lidia Lacayo Mena.
La casa de la Cultura de Santa Ana acogió a gran cantidad de asambleistas, en una actividad llena de armonía, sonrisas y ganas de trabajar por el mejoramiento de la vida laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Santa Ana.
La actividad contó con la visita del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, y de la Directiva Nacional Ana Luisa Cinco Quesada, representante de la afiliación en Correos de Costa Rica.
La nueva Junta Directiva de la Seccional ANEP – Municipalidad de Santa Ana quedó conformada con los siguientes compañeros y compañeras: María Mena Ureña Jorge E. Céspedes Madrigal Fernando Zamora Castro Ronald Artavia Villalobos Rafael Sosa Céspedes Alvaro Mena Abarca Lydia Lacayo Mena
Felicidades a la familia Anepista en la Municipalidad de Santa Ana.
La APSE anunció un paro de labores para el 29 de abril en defensa de los derechos de los trabajadores y contra los Proyectos de Ley que en adelante, regularían el empleo público los que, afirman, subordinarían la legislación laboral vigente y los derechos adquiridos por los trabajadores a una ley propuesta en forma unilateral, sin la participación de los servidores públicos.
La presidenta de APSE, Mélida Cedeño, advirtió de que estos proyectos fueron diseñados a favor del Estado y en contra de los servidores públicos y agregó que los trabajadores de este país, tanto del sector público como privado, tienen que unirse para impedir que las políticas neoliberales de éste y del próximo gobierno “nos cercenen los derechos”.
De aprobarse estos proyectos de ley, dijo Cedeño, desaparecerán derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras del sector público, como es el caso del tema salarial ya que se impondrá el salario único, desaparecerá el plus salarial, el aguinaldo, no existirá la negociación salarial, los interinos quedarían desprotegidos y afectaría económicamente a los empleados enfermos, entre otros perjuicios.
El salario único es uno de los principales ejes de lucha que nos proponemos librar, sin embargo, dijo Cedeño, la agenda nacional contiene aspectos como el apoyo a SINTRABAJ, la defensa de la autonomía universitaria, la protección ambiental, en particular Crucitas y la oposición al proyecto de ley de electrificación.
Durante una reunión realizada, ayer en APSE, varias organizaciones sindicales y sociales ratificaron su participación en esta primera acción de lucha y se manifestaron convencidas de que solo unidos podrán enfrentar las “arremetidas” del gobierno contra los trabajadores.
Las organizaciones que apoyan el paro del 29 de abril son: el Sindeu, los sindicatos del ICE, Sintrajap, sindicatos del MOPT, Banco Popular, Sebana, la ANEP, la Comisión de Enlace, el Cusima, Jupema, el Movimiento Maíz, el Frente Nacional Campesino, comités patrióticos y la FEUCR.
El movimiento de protesta incluirá manifestaciones en San José y en las distintas regiones del país.
ANEP contra nueva Ley de empleo público
La ANEP, mantiene una alerta para que los asociados y asociadas se mantengan vigilantes de lo que pasa en el entorno y proporciona cuatro documentos en que analizan los Proyectos de Ley de Empleo Público Ley 17.628 que proponen una modificación radical de la relación laboral en el sector público.
“Desde hace muchos años este modelo neoliberal de desarrollo que vienen imponiendo a la fuerza en Costa Rica, busca eliminar derechos y garantías ganadas por la clase trabajadora costarricense” afirma ANEP.
El análisis de este “Proyecto de Ley” deja claro lo que pretende la Administración de los hermanos Arias Sánchez: modificar las relaciones laborales en el sector público eliminando nuestros derechos y garantías sociales” advierte.
Entre los documentos se encuentra un análisis o Estado de situación de la violación a las libertades sindicales en Costa Rica, las denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, el texto completo del proyecto Expediente legislativo No. 17.628, formulado por el diputado Jorge Luis Méndez Zamora del Partido Liberación Nacional y documentos en que se analiza este proyecto de ley.
Las organizaciones sindicales consideran que de aprobarse el proyecto de ley, terminaría por minar las bases del ICE y cargar al pueblo costarricense tarifas mucho más altas.
“De lo que trata ley, es de abrir el mercado eléctrico a las transnacionales y acabar con el modelo solidario que ha permitido el gran desarrollo del país en ese campo.” dijo Francisco Aguilar, Presidente del Frente Interno de Trabajadores, FIT.
“Lo que pretenden los privatizadores neoliberales es terminar de liquidar al ICE, lo ponen a competir con empresas multimillonarias en condiciones totalmente desfavorables ya que tienen todo el capital del mundo y el ICE estaría desfinanciado y amarrado por el modelo tecnocrático de inversión, que le impone el empresariado en el Gobierno que son quienes impulsan la ley, con el supuesto para modernizar el país“, reiteró Aguilar.
El FIT llamó a los trabajadores de la institución a concentrarse frente al edificio principal en La Sabana y a expresar su repudio al proyecto de ley. A este llamado acudieron un importante grupo de trabajadores y trabajadoras de la institución y aseguraron que será el inicio de una larga lucha a la cual deben incorporarse todos los costarricenses ya que van ser lo primeros perjudicados con el alza de tarifas.
La sustitución-Nueva elección al cargo de Fiscal General de la ANEP se realizó debido a la renuncia del Fiscal, electo en el 2009, debido a motivos de salud que le impedían cumplir sus funciones.
El compañero Juan José Picado Segura, por razones de salud, presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando como Fiscal General de la ANEP y esta plaza debía de suplirse mediante convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
“Por las responsabilidades políticas y legales inherentes a un cargo de tanta relevancia para la organización, la Junta Directiva Nacional de la ANEP, convocó, oficialmente y por las vías que contempla la Ley, a Asamblea General Extraordinaria” dijo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la organización.
“En este país hay una gran persecución en contra de las organizaciones sindicales, ya vemos el caso de SINTRAJAP en donde violando las Leyes nacionales, el Código de Trabajo, la Constitución Política y los Convenios Internacionales de la OIT, el gobierno intenta acabar con el sindicato”, recalcó Vargas Barrantes y agregó que “nosotros no nos podemos exponer a estar sin cargo tan importante porque pueden “justificarse” con eso y atacrnos a nosotros también.”
ANEP cumplió con las tres convocatorias de Ley, la primera se hizo el viernes 19 de marzo, la segunda el 9 de abril y la tercera este 17 de abril. “No queríamos estar sacando permisos contantemente e interrumpir las jornadas laborales de nuestros afiliados y nuestras afiliadas, por ello dispusimos el sábado 17 de abril. Sabemos que es muy difícil entre semana, por las responsabilidades familiares de las personas trabajadoras, entendemos que en las primeras dos convocatorias no pudiéramos tener el quórum necesario, sin embargo cumplimos con realizarlas” dijo un miembro del Tribunal Electoral de ANEP.
Record de inscripciones
Aunque esta elección es para terminar un período, o sea de tres o cuatro meses hasta la Asamblea General Ordinaria de Medio Período, se realizó una inscripción record de candidaturas a la Fiscalía General de la ANEP. El tiempo límite de inscripciones venció a las 5 de la tarde, del día viernes 12 de marzo, en la sede central de la ANEP.
Para poder optar a la candidatura del cargo de Fiscal General de ANEP, los candidatos y candidatas debieron cumplir los siguientes requisitos obligatorios: A) Un período mínimo de afiliación de seis meses. B) Mayor de edad. C) Costarricense por nacimiento ó naturalización. Para esta Asamblea General Extraordinaria Aspiraron al cargo, cumpliendo los requisitos anteriormente mencionados, un total de nueve (9) candidatas y candidatos.
• José Manuel Gómez Sánchez • Alfredo Erak Huertas • Fabio Chaves Castro • Carlos Gilberto Cruz Cruz • Néstor A. Núñez Castañeda • Ligia Solís Solís • Geovanni Ramírez Guerrero • Luis Alberto Jiménez Quesada • Victoria Eugenia Montero Zeledón
La soberana Asamblea General Extraordinaria de la ANEP eligió finalmente, para el cargo de Fiscal General de ANEP, para concluir el período hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de Medio Período, con opción de ser reelecto en la misma, a Néstor Núñez Castañeda, trabajador de la Municipalidad de San José y miembro de la Junta Directiva de ANEP en esa importante institución.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
