Categoría: Acción Sindical

Ratificada legítima junta directiva de SINTRAJAP

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Con una asistencia de 545 trabajadores afiliados a SINTRAJAP, en medio de amenazas e intimidaciones por parte del Presidente de JAPDEVA y el gobierno de los Arias, se realizó la Asamblea General, en tercera convocatoria.

Simbolismo de lucha del pueblo limonense

El Black Star Line, referente histórico y cultural de mayor significado para la población afrolimonense en el corazón de la provincia, sirvió de escenario para los asambleístas ratificaran por unanimidad a la Junta Directiva que preside Ronaldo Blaer Blaer y rechazar tajantemente la propuesta del Gobierno de pagar $137 millones a los trabajadores. Esta posición ratifica la decisión de los trabajadores de JAPDEVA que dijeron no a la concesión de los muelles y no al chantaje millonario por la venta de la empresa estatal.

Estos acuerdos de la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, SINTRAJAP, no solo ratifican la posición de la Junta Directiva sino que también fortalece su lucha, en el ámbito legal, ante las maniobras del gobierno de los Arias por privatizar los muelles de Limón y Moín.

Parte de estas maniobras fueron denunciadas en días anteriores por el Semanario Universidad cuando da a conocer documentos del Ministro de Trabajo, Alvaro González, en los cuales se plantea la estrategia para “derrocar” a la legítima junta directiva y montar otra que siga sus órdenes. Esta “junta directiva sindical” gubernamental, surgida luego de que un grupo de afiliados al sindicato, organizados por el gobierno de Oscar Arias, realizó una presunta asamblea y eligió a una junta directiva al margen de los estatutos de SINTRAJAP, y que fue reconocida de inmediato por el Ministerio de Trabajo.

La asamblea general de SINTRAJAP, realizada este jueves 4 de marzo, fue calificada como exitosa por Ronaldo Blaer Blaer, Secretario General, quien fue ratificado en su puesto hasta el final de su período en el 2011.

La Asamblea general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva pedirá también, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, la ratificación de la Junta Directiva vigente, elegida democráticamente el 31 de enero de 2009, y solicitarán que se “desconozca” todo lo realizado por “el grupo mediador”, incluída la supuesta nueva “junta directiva”.

Nueva Comisión de ética y de Apoyo en las negociaciones

Dos nuevas Comisiones se conformaron por voluntad de la Asamblea General de SINTRAJAP. Una se dedicará a formular un reglamento y Código de Ética del sindicato y la otra participará como Apoyo a la Junta Directiva en posibles negociaciones con el gobierno.

Con estas comisiones, a pedido de la misma Asamblea General, se fortalece la participación de los y las trabajadoras afiliadas en la vida y accionar de SINTRAJAP.

Finalmente y en un acto de gran solidaridad los y las Asambleístas aportaron lo que pudieron para poder cubrir algunos gastos del sindicato que tiene las cuentas bloqueadas por el gobierno de los Arias.

Cerca de 250 mil colones se recogieron este día y se comprometieron en seguir aportando, en la medida de sus posibilidades, para que el sindicato pudiera seguir funcionando.

El gobierno ha bloqueado las cuentas de SINTRAJAP y ha cortado las deducciones de la cuota sindical que se deducen automáticamente de los salarios de las personas trabajadoras.

Ante esto SINTRAJAP también ha recibido apoyo de Centrales Sindicales y Sindicatos independientes para poder hacer frente a las acciones de presión y legales en que se encuentra sometido por el gobierno.
ANEP pedirá la intervención del Ministerio

Albino Vargas Barrantes y Edgar Morales Quesada, Secretario General y Adjunto respectivamente, de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, está preparando una solicitad de intervención del Ministerio Público “para que se investigue de dónde saldrían los fondos para pagar los 80.000 millones de colones que ofreció el Gobierno a los trabajadores de JAPDEVA para que se entreguen los muelles”. En comunicado público ANEP planteará al Ministerio Público “que establezca la naturaleza jurídica del hecho de que empleados públicos reciban dineros que no están contemplados en la legislación” ya que califica la acción del gobierno de los Arias de “chantaje, soborno y corrupción, acciones claramente castigadas por la Ley contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción”.

Presidenta electa debe aclarar su posición

ANEP planteará a la Presidenta electa, Laura Chinchilla Miranda, que aclare cuál es su posición con respecto a las acciones antisindicales y de soborno que se da con el caso de JAPDEVA y diga claramente cuál será su proceder de “heredar” esta problemática.

La Licda Laura Chinchilla Miranda se reunirá con el Consejo Consultivo Nacional de ANEP este viernes 5 de marzo.

Presidenta electa, Laura Chinchilla Miranda, recibió planteamientos de ANEP

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Invitados e invitadas ante la Sesión del Consejo Consultvo Nacional de ANEP

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En un marco de gran participación de los organismos de base de nuestro sindicato, el Consejo Consultivo Nacional de ANEP, realizó Segunda Sesión del período 2009-2011.

Día Internacional de la Mujer

La actividad estuvo dividida en dos partes. En una se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en la segunda se analizaron los planteamientos que se le presentarían a Laura Chinchilla posteriormente y la posición de los representantes de las Seccionales de ANEP.

En este marco, la solidaridad con el sindicato SINTRAJAP colmó de aplausos la valiente Asamblea realizada el día anterior por ellos y se ratificó el accionar de nuestro sindicato para con los y las trabajadoras de JAPDEVA, el respaldo a la legítima Junta Directiva encabezada por Ronaldo Blear Blear y el apoyo a las acciones que SINTRAJAP se plantee.

En el Día Internacional de la Mujer que reconoce “que día a día con su aporte, su trabajo y su lucha siguen sentando las bases para la consolidación de una sociedad más justa”.

El acto estuvo acompañado por un dúo musical, compuesto por Adriana Palma y Ana María Aguilar, que interpretó varios temas relacionados con la mujer y su lucha cotidiana por la justicia.

Acuse de recibo…¿Y ahora?

Laura Chinchilla Miranda, presidenta electa para el período 2010-2014, en medio del acto protocolario y con experiencia diplomática reitero su interés por el diálogo entre los diferentes sectores y su “positiva experiencia en negociaciones cuando era ministra con el sector sindical, especialmente con las seccionales de ANEP en el Ministerio de Justicia”.

“Lo dije el siete de febrero, luego del proceso electoral, tendré las puertas abiertas a todos los sectores sociales para construir puentes que nos permitan llegar a acuerdos y salir adelante”, dijo Chinchilla y agregó que “no debemos tenerle miedo al diálogo y a la posibilidad de discutir, en el marco del respeto que debe guardarse a las posiciones de cada quién, las propuestas que se pongan sobre la mesa”.

En los diferentes planteamientos presentados por ANEP y UNDECA en el documento, “Diálogo social y negociación efectiva: Planteamientos sindicales para recuperar la solidaridad y la inclusión social en función del bien común”, así como los presentados por diferentes sectores sociales en las “10 medidas para enfrentar la Crisis con inlusión Social y Porductiva”, Chinchilla Miranda se mostró complacida de coincidir.

“Comparto muchos de esos planteamientos que nos presentan y estoy segura de que si hay disposición de diálogo y se mantiene la actitud de que pese a las diferencias hay propuestas, opciones, podemos llegar a acuerdos importantes”, dijo Laura Chinchilla.

La respuesta a la pregunta sobre lo que puede esperar el pueblo costarricense del “nuevo” gobierno, queda sin respuesta, en la incertidumbre, a la espera de que de las palabras a los hechos se vean acciones positivas que respondan, a los que muy bien dijo la presidenta electa, a las necesidades de la “clase trabajadora”.

Por último se le obsequió un presente que consistía en un libro llamado “Los derechos humanos laborales en el seno de la organización Internacional del Trabajo” como consulta sobre planteamientos que como organización comparte la ANEP.

Presentación sobre las propuestas

Documento completo con las Propuestas

Salud y agua deben ser prioridad del gobierno

Planteamientos sindicales para la recuperación de la inclusión social y de la solidaridad para la promoción del bien común.

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Segunda sesión del período directivo 2009-2011 del
CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA ANEP
Viernes 5 de marzo del 2010

1. La concentración de la riqueza y el rápido crecimiento de la desigualdad, constituyen el problema más grave que enfrenta hoy la sociedad costarricense. Este problema vulnera directamente el bienestar de la mayoría de la población. Es, además, generador de violencia e inseguridad ciudadana; y amenaza con devolver a Costa Rica al país latinoamericano promedio que fue durante la primera mitad del siglo veinte.

2. La razón principal por la cual Costa Rica vive esta situación es por la aceleradísima concentración del ingreso, fruto de las restricciones en el que reciben las personas por su trabajo. Para compensarlo, la política social debe ayudar y ciertamente ayuda, pero es totalmente insuficiente. La principal tarea de un gobierno preocupado por la gente es mejorar la distribución primaria del ingreso.

3. Desde la perspectiva laboral, para enfrentar esta creciente desigualdad, es necesario avanzar en dos líneas de acción que contribuyan desde dos lugares:

a) “_Desde arriba_”: Diseñar y ejecutar, efectivamente, una política pública que genere empleo y condiciones para acceder a este empleo.

b) “_Desde abajo_”: Dotar a las personas trabajadoras de los sectores público y privado, de las garantías necesarias para que puedan ayudarse a sí mismas mediante la participación, la organización y la negociación colectiva.

4. En este auditorio hay muchas personas que cada vez más sienten en carne propia el agobiante peso de la creciente desigualdad económica. Salarios estancados o que se ajustan luego de haber sufrido el castigo de la inflación durante meses, ingresos por debajo del salario mínimo, no sólo en el sector privado sino también en el sector público.

5. Además, enfrentamos situaciones de clara discriminación, que no distinguen a Costa Rica de los países menos desarrollados de América Latina, como la discriminación de las trabajadoras en el acceso a cargos públicos superiores de la administración pública, y las enormes brechas salariales que afectan a todas las mujeres trabajadoras, y más aún cuantos más años de estudio tienen, contradiciendo la promesa de que la educación es el camino para mejorar las condiciones de vida. Todas ellas han tenido que intentar paliar todo eso por medio de un enorme endeudamiento personal y familiar que, en muchos casos, les ha llevado a la desesperación y a la angustia.

6. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que carecen de estabilidad en el empleo público; sea porque son interinas, en unos casos. En otros, sea porque so pretexto de leguleyadas han caído en las garras de un manejo clientelar e irresponsable de un empleo público que no les garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política para evitar que, como en la pasada década de los 40, el empleo público sea un botín del partido político de turno.

7. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras cuyo empleo se ha precarizado mediante la flexibilización laboral de hecho, mediante la informalización del empleo, y mediante la subcontratación pública y privada de servicios detrás de una maraña legal que esconde relaciones plenamente asalariadas.

8. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que han perdido su empleo; han sido discriminadas, hostigadas, maltratadas y estigmatizadas por organizarse sindicalmente, por tratar de negociar con sus empleadores (públicos y privados), mejores condiciones de vida para ellas y sus familias; por exigir el respeto a sus derechos legales y constitucionales y por levantar la voz en defensa de sí mismas y de otras personas trabajadoras.

9. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ante el atropello de sus derechos individuales y colectivos, han tenido que enfrentar esas discriminaciones por medio de engorrosos, lentos e ineficaces procedimientos judiciales.

10. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ven a sus hijos e hijas mirar con incertidumbre su futuro laboral, por ausencia de políticas públicas que generen oportunidades de trabajo decente.

11. En función de ello, y ante una situación que no admite postergaciones, es imprescindible que la nueva administración y el nuevo parlamento asuman medidas de forma inmediata, al menos dos campos de acción fundamentales:

a) El cumplimiento y la tutela efectiva de derechos, de forma tal que los derechos no sean sólo enunciados en leyes, libros y documentos, sino práctica común en sus vidas.

b) Políticas públicas para una mejor distribución de la riqueza, de forma tal que se cumpla lo que ordena la Constitución Política al decir, en su Artículo 50 que “_El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza_”; así como lo indicado en su Artículo 74: “_Los derechos y beneficios a que este Capítulo (de Garantías Sociales) se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional_.”

12. El presente planteamiento recoge lo que en diversos procesos de muchos años de construcción colectiva con organizaciones fraternas, sindicales y no sindicales, hemos venido elaborando y proponiendo a la comunidad nacional.

13. Muchas de las personas que asumirán la responsabilidad de legislar han constatado en su práctica pública y privada, los enormes esfuerzos que a través del tiempo hemos venido haciendo para tratar de enfrentar los problemas antes apuntados y otros afines o complementarios.

14. La señora Presidenta Electa no sólo ha tenido esa constatación en su vida como funcionaria pública, sino que con ella hemos discutido, incluso durante la pasada campaña electoral, la delicada situación que la próxima administración tendrá que enfrentar ante foros internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y como la Unión Europea (UE), por la violación sistemática e histórica de los derechos laborales y, en particular, de la Libertad Sindical. Lejos de encontrarse con un mejor panorama, el abuso, la corrupción y las peores y más antidemocráticas prácticas han dado un “_salto de calidad_” con lo sucedido en las últimas semanas con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).

15. Es por ello que, a continuación, sistematizamos lo que son las propuestas fundamentales para la tutela efectiva de derechos, así como para la ejecución de políticas públicas que permitan una mejor distribución de la riqueza y alivien la cada vez más precaria situación económica de las familias de la clase trabajadora.

16. Desde una perspectiva sindical somos firmes creyentes en el diálogo social, hemos dado pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, y estamos listos para trabajar en nuevo esfuerzo.

17. Además, existe un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que la señora Presidenta Electa ya conoce. Se trata del proceso social “_Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva_”. En este se recogen muchas de las propuestas que se sistematizan a continuación, por lo estimamos que representa un proceso de alto contenido estratégico para desarrollar un diálogo social de nuevo tipo.

18. Este requiere abandonar estilos autoritarios de gobierno, el personalismo verticalista y el tráfico de influencias que favorece los negocios de unos pocos a costa del patrimonio público.

19. Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, hemos tomado la palabra ofrecida por la señora Presidenta Electa.

20. Esperamos el inicio inmediato de las conversaciones que sean necesarias, no sólo para el diseño y empuje de nuevas políticas públicas, así como de instrumentos que garanticen su cumplimiento; sino también para revertir situaciones críticas que, como en el caso de JAPDEVA, representan indicadores clarísimos de que la destrucción de nuestro sistema democrático tiene poderosos seguidores en nuestro país.

El documento completo lo se puede bajar de la columna derecha en el apartado documentos adjuntos.

Además, también está el documento anexo: Sobre desafíos estructurales de la Seguridad Social: Planteamiento conjunto UNDECA-ANEP

CNREE: Homologación es un asunto de justicia salarial

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1. El contenido de la nota STAP-0205-2010 fundamenta y reafirma el planteamiento que esta Seccional ha hecho en reiteradas ocasiones acerca de que, el no pago de la homologación, es la suma de una cadena de errores cometidos exclusivamente por la administración de nuestra institución.

2. El pronunciamiento de la AP constituye para nosotros/as un valioso insumo que exige a la administración de la institución tomar, de una vez por todas, las medidas necesarias que garanticen la superación de los errores cometidos y el respeto a nuestros derechos salariales.

3. En este pronunciamiento se identifican claramente fallas, deficiencias y omisiones cometidas por la administración de la institución, las cuales han sido señaladas a ésta desde años anteriores, con respeto y oportunidad por diferentes compañeros y compañeras. No obstante, estos señalamientos no fueron atendidos con la debida importancia y la eficiencia técnica necesaria, lo cual ha generado la delicada situación que hoy enfrentamos en lo referente a la administración del personal.

4. Celebramos que el análisis detallado que elabora la Sra. Mayra Calvo, Directora Ejecutiva de la AP en esta respuesta, brinde las pistas claras y definidas para corregir las irregularidades convertidas hoy día en injusticia salarial para los compañeros y compañeras que ocupan plazas profesionales.

5. Ante esta situación hemos realizado las siguientes acciones:

a) Envío del documento STAP-0205-2010 a la asesoría jurídica de la ANEP para conocer su criterio acerca de las posibles acciones legales que esta Seccional podría realizar ante la magnitud y el carácter recurrente de los errores cometidos por la administración de la institución. Lo anterior contribuirá a clarificar el mecanismo a seguir para sentar las responsabilidades individuales e institucionales de los errores cometidos, como en derecho corresponda.

b) Los resultados de la asesoría jurídica serán analizados en Asamblea Extraordinaria Ampliada de la Seccional ANEP-CNREE, el día jueves 4 de marzo a las 2:30pm en el comedor de la institución. Para la realización de esta asamblea contamos con la autorización del Director Ejecutivo a. i., compañero Rodrigo Jiménez Molina en ejercicio, de modo que todos y todas las funcionarias de las regionales y de sede central, podamos aportar a la definición de la estrategia de lucha a seguir. En esta asamblea contaremos también con la presencia de los y las asesores jurídicos de la ANEP.

c) De igual manera, en esta asamblea se analizará el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (octubre del 2009) y el documento STAP 0205-2010. Al mismo tiempo se someterá a consideración de los y las participantes, la propuesta de solicitar al Director Ejecutivo en ejercicio, el pago de los percentiles 40 y 45 correspondientes al año 2009, tal como lo plantea la AP; y el percentil 50 del primer semestre del 2010, aclarando la diferencia de este pago con respecto al proceso de homologación salarial, hoy declarado por la misma AP, improcedente legal y técnicamente.

d) Gestionar citas personalizadas con los señores Ministro y Viceministro de Trabajo, Sr. Eugenio Solano, representante del MTSS ante la AP; con la Licda. Mayra Calvo, Directora Ejecutiva de la AP; con jerarcas de Modernización del Estado de MIDEPLAN y con la Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerenta del Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, para analizar las opciones que estos jerarcas visualizan ante el panorama descrito en el pronunciamiento STAP-0205-2010.

e) Con base en los resultados obtenidos en las acciones anteriores, solicitar un nuevo espacio de negociación y diálogo con la Junta Directiva, el Auditor Interno y la Dirección Ejecutiva del CNREE para exigir aclaraciones y soluciones reales e inmediatas a la crisis que hoy enfrentamos, producto de su gestión.

f) Reiteramos el compromiso demostrado por nuestra Seccional desde su fundación, de coadyuvar con la administración en la superación de todas las dificultades que enfrenta la institución, principalmente en la satisfacción de los derechos laborales de los y las funcionarias del CNREE.

g) Por otro lado, nos permitimos recomendarles muy respetuosamente se sirvan solicitar a nivel individual y de manera escrita, a la coordinación de Recursos Humanos, el número y las funciones correspondientes al puesto que actualmente ocupen.

Esta Seccional desea reiterarles nuestro compromiso de generar procesos participativos en lo que todos y todas aportemos a la toma de decisiones sobre la estrategia de lucha a seguir, a fin de lograr la justicia laboral hasta hoy irrespetada.

Por esta razón, valoramos de suma importancia, ampliar y fortalecer la unidad gremial en el CNREE, para enfrentar adecuadamente esta coyuntura institucional y el incierto panorama a futuro, tanto institucional como laboralmente.

Sector Público: Avances hacia el Salario Único

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El Directorio Ejecutivo del Sindicato UPINS, en complemento, aclaración y adición al comunicado de la Administración Superior del 25 de febrero del 2010, desea compartir con toda la comunidad institucional información de interés en torno al tema de los nombramientos temporales y el salario único, o como preferimos llamarlo nosotros: salario de base percentilar.

1./strong> En resumen, la fijación del salario percentilar tiene dos componentes: a) Una encuesta salarial del sector productivo de interés (en este caso seguros o bancos); y b)- La ubicación que el patrono desea tener en la banda de opciones que determina la encuesta. De esta forma, un salario de percentil 50, implicaría que el patrono quiere atraer la mano de obra que esté dispuesta a ganar más o menos la mitad de los rangos más bajo y más alto de la encuesta. Por ejemplo, si para un Oficinista la encuesta determina una banda que va de ¢ 200.000 a ¢ 600.000, con un percentil 50, el salario que el INS estaría dispuesto a pagar sería de aproximadamente ¢ 400.000.

Según es lo usual, el salario tendría un ajuste periódico por año y no tendría anualidades, ni dedicación exclusiva, ni otros pluses; excepto por prohibición o disponibilidad. Todos los elementos estarían contemplados en el salario mismo, por eso lo llaman “salario único”. Además su retribución contempla una jornada de 48 horas semanales.

2.- Como puede inferirse, el salario único es un asunto delicado. La problemática de los 483 funcionarios nombrados en plazas temporales desde el año 2007, es un tema también muy delicado y que atañe a la estabilidad laboral de muchos compañeros y sus familias. No debe utilizarse como “medida de presión” para aprobar un régimen salarial que finalmente nos afectará a todos.

3.- Es claro que si estos funcionarios permanecen en la Institución, realizando labores que el INS aprovecha día a día, es porque son trabajadores necesarios para llevar adelante la gestión principal del INS. Hasta donde conocemos, a ellos no se les hizo firmar un documento que probara su conocimiento expreso y aceptación de su situación de temporalidad y la precariedad que ello significaría más adelante; o que finalmente su retribución salarial sufriría una afectación.

4.- Nuestra Convención Colectiva de Trabajo (artículos 2 y 52) y reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, son claros en regular el tratamiento de la relación laboral de funcionarios que han ocupado por más de un año y de forma ininterrumpida una plaza vacante.

5.- Tampoco debemos olvidar el principio cardinal de nuestro Derecho Laboral, inscrito en los artículos 33 y 167 de la Constitución Política y el Código de Trabajo respectivamente, en el sentido de que a igual trabajo igual salario. Es decir, no pueden existir dos trabajadores que realizan la misma labor, con regímenes salariales discriminantes entre ellos.

6.- Tengamos claro que el salario de base percentilar busca reducir los costos administrativos que implica la planilla del INS. También es claro que aunque al principio se apruebe para un grupo de trabajadores, al cabo de un “ciclo” terminará afectando todo el sistema de retribución salarial. La velocidad del ciclo dependerá de si el nuevo salario se aprueba para los 483 funcionarios, o solamente para los nuevos.

7.- Si el tema de fondo es el costo de la antigüedad, ¿Por qué simplemente no modificamos la escala, para los nuevos trabajadores?

8.- A nosotros nos parece que el tema de “reducción de costos” en el INS es un tema más amplio y profundo, el cual debe enmarcarse en una estrategia integral que afecte también la estructura organizacional de la entidad , el aprovechamiento pleno de la capacidad y categoría de todos los funcionarios, el enriquecimiento de los valores agregados mediante la capacitación y el uso extensivo de la tecnología, entre otros.

9.- La discusión también debe contemplar necesariamente y de manera colateral la instauración de un sistema de bonos por cumplimiento de metas productivas o por reparto de utilidades, como ya existe en los Bancos Públicos y el apoyo a la creación de un programa de bienestar, como serían los créditos hipotecarios, seguros colectivos, etc.

10.- Nos hubiese gustado que la discusión del salario único o percentilar , de tanta repercusión para los trabajadores del INS, se discutiera en el ámbito más amplio de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, teniendo como tema principal la estabilidad de los trabajadores y no bajo la angustia de casi quinientos compañeros cuya temporalidad vence el próximo 31 de marzo del 2010.

11.- Creemos que la decisión no debe ser de un grupo de dirigentes, ni de un Directorio Ejecutivo de UPINS, tiene que ser el producto de una amplia consulta a todos los trabajadores (as). De ahí que en los próximos días estaremos convocando a su discusión en reuniones tanto en oficinas centrales, como en INS-SALUD y algunas Sedes del INS.

Su aprobación o desaprobación final dependerá de lo que se decida en una Asamblea General de la UPINS, que recoja toda esta discusión.

En todo caso, estamos en la mejor disposición de analizar y sopesar estos temas, en función de un Instituto más fuerte, más competitivo y más inmerso en la economía social del país. Confiamos en la inteligencia y buena fe de las partes y que todos, primero Dios, encontraremos la mejor solución.

Romper la Ley: Ejemplo del gobierno de los Arias

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En un acto de repudio contra las acciones corruptas del gobierno de los Arias, se realizó hoy, lunes 22 de febrero, un mitín frente al Ministerio de Trabajo en el cual participaron diversas organizaciones sindicales.

Por la tarde representantes de las Centrales Sindicales, entre otras organizaciones sociales, se reunieron para definir la estrategia a seguir y en la cual no se descartan las manifestaciones en las calles de Limón y San José.

El gobierno de los Arias decidió el viernes pasado inscribir una nueva “junta directiva” para el sindicato de los muelles de Limón y Moín.

La resolución 38-DOS-2010 da por válida una “asamblea”, realizada el 15 de enero pasado, y que no fue convocada por la Junta Directiva vigente, en la que se nombra una junta integrada por por Douglas Brenes, secretario general, entre otros.

El objetivo fundamental de los Arias es lograr la privatización de los muelles de Limón y Moín, y para ello rompen con la Ley, los Convenios Internacionales y violenta la Libertad Sindical, y chantajea a los y las trabajadoras con $137 millones.

La acción de “montar una nueva junta directiva” se da luego de que la legítima Junta Directiva de SINTRAJAP se negó a aceptar el soborno que les ofrecieron de $800 mil a cada directivo.

ANEP emplaza al alcalde de Oreamuno por conducta antisindical

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San José, 15 de febrero de 2010.
S.G. 07-09-0408-10
¡URGENTE!

Señor
Marco Vinicio Redondo Quirós
Alcalde
Municipalidad de Oreamuno
Su Despacho
Fax: 2591 12 02

Direcciones electrónicas: aarcecr@yahoo.es
marco.redondo@munioreamuno.com

Estimado señor:

Con el respeto de siempre, le expresamos nuestro más atento saludo.

Como es bien sabido, estamos en espera de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), evacúe la consulta solicitada por su despacho, con relación al tema de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), en cuanto al asidero legal que da sustento a la vigencia de tal instrumento del Derecho Colectivo de Trabajo en el sector municipal.

La ANEP, haciendo gala de una extraordinaria paciencia y una genuina tolerancia, considerando además que esta temática no tiene porqué ser de amplio dominio por parte de su digna autoridad, ha estado dispuesta a esperar el resultado de tal consulta; de forma tal que a usted, señor alcalde, no le quede ya ni la más mínima duda de que estamos apegados plenamente a Derecho, específicamente al Derecho Laboral vigente en el país y con tutela internacional incluso, con nuestra aspiración de que se establezca la Convención Colectiva de Trabajo en la Municipalidad de Oreamuno y firmada con la ANEP, por supuesto.

Ahora bien, en el entretanto, la ANEP no puede permanecer callada ante desalentadoras señales de que desde su despacho se estarían impulsando acciones incorrectas tendientes a “desestimular”, para decirlo en términos elegantes y respetuosos, la desafiliación a la ANEP, de forma tal que se reduzca el número de membresía exigido por ley para activar un proceso de negociación colectiva como en el que estamos inmersos.

La ley es muy clara al respecto y para muestra un botón. Veamos lo señalado en la Ley No. 7360, la cual adicionó todo un capítulo al Código de Trabajo, titulado, precisamente, “De la protección de los derechos sindicales”; el cual y para los efectos de la presente, nos indica:

Artículo 363.- Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores. Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas.

Artículo 364.- Toda persona o sindicato con interés puede acudir, ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito la comisión de prácticas laborales desleales; pero esas prácticas también podrán ser investigadas de oficio.

Artículo 365.- La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo investigará, por los medios que estime conveniente, los hechos violatorios de que tenga conocimiento. Si determina que existe mérito para conocer sobre el fondo del asunto, convocará a las partes involucradas o, si los tienen, a sus representantes legales, a una audiencia en la que se recibirán todas las pruebas que se estimen necesarias.

Artículo 366.- Sin perjuicio del resultado de la audiencia indicada en el artículo anterior, si se constata la existencia de prácticas laborales desleales, se levantará un acta y el Director Nacional e Inspector General de Trabajo entablará la demanda judicial correspondiente, con prioridad respecto de cualquier otro asunto. Con el propósito de salvaguardar los derechos protegidos por esta Ley solicitará imponer las sanciones previstas en la legislación laboral vigente, sin perjuicio de cualquier otra medida judicial que pueda ordenarse.

La ANEP considera un atentado a la Libertad Sindical, jurídica y constitucionalmente consagrada, así como una verdadera Práctica Laboral Desleal, si su autoridad, personeros de su despacho, figuras de autoridad bajo su mando directo y similares, proceden a abordar a los trabajadores de la Municipalidad de Oreamuno para ofrecerles mejores puestos, ascensos, incrementos salariales u otros beneficios, si se desafilian de la ANEP; o bien, propalando entre esos trabajadores especies infundadas, dañinas, infamantes, injuriosas, falsas, que atenten contra el honor de esta organización y/o de sus personeros y dirigentes.

Además, es completamente ilegal presionar para acciones concretas de desafiliación a la ANEP, redactando cartas de renuncia que, a todas luces, muestran la intencionalidad de interpósita mano de sesgo pro-patronal, máxime si se reciben llamadas telefónicas de corte institucional-oficial que pretenden abogar por la voluntad soberana del trabajador en cuanto a su libertad constitucional de asociación; pero que es más que evidente que se está actuando para apuntar una maniobra patronal de pretendido debilitamiento de la cuantía de la membresía de la organización, para de manera espuria, intentar sabotear el proceso de negociación convencional. Por ejemplo, no otra cosa significa el traslado hasta San José de compañeros afiliados a la ANEP, en vehículo oficial de ese municipio.

Reiterándole, nuevamente, el mayor respeto de la ANEP, le instamos a desistir de ejecutar todo tipo de Prácticas Laborales Desleales, tanto a nivel abierto, encubierto, directo, indirecto, y/o por medio del empleo de testaferros, amanuenses y similares.

La democracia, que también incluye la Libertad Sindical, aunque a muchos no les guste, es un perenne debate de ideas, que se contrastan con otras ideas, en un ejercicio cívico de argumentos de todo tipo.

No se vale aprovechar posiciones de poder jerárquico, de autoridad, para sobre esa base de poder de imperio, atentar, bajo estratagemas sutiles o indecorosas, castrar el acceso a derechos constitucionales que son de vigencia plena para las personas trabajadoras asalariadas. De la misma manera, está sumamente alejado de toda ética, manipular conciencias ciudadanas y laborales, montándose sobre dificultades de acceso a oportunidades formativas y/o pedagógicas y educacionales, las cuales son susceptibles de ser intimidadas desde esas posiciones de imperio, pues no están en condiciones de defensa argumental ante la intentona de avasallamiento de la autoridad ejercida irracionalmente.

Señor Alcalde: Si usted, ni directa ni indirectamente, viene actuando de tales formas, ¡enhorabuena! No obstante, porque hemos estado en su entorno, tenemos nuestras reservas de que tan nefandas prácticas, no le hayan sido atractivas en determinados momentos de su quehacer institucional que ha dejado entrever su molestia por la presencia sindical en la Municipalidad de Oreamuno.

Con la urgencia del caso, esperamos su respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Honorable Concejo de Oreamuno.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS).
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)-ANEP.
cc.: Sra. Iris Cervantes Paniagua, Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Trabajadores de la Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Archivo.

JUPEMA: “No hay peor cuña que la del mismo palo”

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El despido se efectuó a pesar de la solicitud de ANEP de realizar el debido proceso. Aduce la administración que JUPEMA es un ente público no estatal, por tanto, que ello le posibilita el despido sin realizar el debido proceso legal/laboral. Sin embargo, el antiguo Director Ejecutivo, don Alfredo Hasbun, solicitó ante la Junta otorgarle el derecho económico del sector Público de la “prohibición”, solicitud que fue aceptada. Es más, dicho derecho salarial del sector Público, también se hizo extensivo a la Junta. Conclusión: en JUPEMA somos empleados públicos para los derechos de quienes administran; NO para los derechos de los administrados. A pesar de lo anterior es necesario citar, en lo que nos compete, la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y que en el caso de JUPEMA resume que se debe respetar todo lo concerniente en materia laboral como sector público: Voto N° 70, de la indicada sede judicial, de las nueve horas cuarenta minutos del 1° de febrero del 2008.

“Curiosamente”, el compañero Jaime Vargas Hernández, Secretario de Organización de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JUPEMA, días antes del injustificado despido, había denunciado ante la Junta Directiva de JUPEMA los supuestos indicios de privatización del departamento de vigilancia.

“Curiosamente”, los miembros de la Junta Directiva de JUPEMA representan a los diferentes gremios de Educación del país, encargados éstos de proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación nacional; gremios de reconocida lucha que, día a día, tienen que lidiar para proteger el debido derecho legal/laboral de sus agremiados y agremiadas, defendiéndolos del acoso laboral, de la persecución sindical y porque se les respete el debido proceso.

Ante tales hechos, hacemos un llamado de solidaridad para con el compañero Jaime Vargas Hernández. Igualmente, formulamos una excitativa a SITRAJUNTA para unificar esfuerzos y de esa manera evitar los posibles despidos que, arbitrariamente, puedan darse en nuestra institución. Definitivamente es cierto el adagio popular de que “no hay peor cuña que la del mismo palo”…

Junta Directiva Seccional ANEP-JUPEMA

Municipalidad de Abangares: ANEP denuncia nombramientos irregulares

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San José, 16 de febrero de 2010.
S.G. 07-09-0410-10

Señor
Róger Gamboa Flores
Auditor General
Municipalidad de Abangares
Guanacaste

Estimados señor:

Con todo respeto, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

De acuerdo a la Ley de Control Interno, al Código Municipal, a la Ley General de Administración Pública y demás legislación; y, conforme al principio del bloque de legalidad, nos dirigimos por este medio para solicitarle la intervención inmediata sobre los hechos que a continuación le exponemos.

En nota nuestra, número S.G.09-11-0349-10, firmada por Lindbergh Vega Arias, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares, y por el suscrito servidor suyo, recibida en su despacho el día 8 de enero anterior; denunciamos ante la Alcaldía y ante el Concejo la creación de 10 plazas, supuestamente violentándose lo establecido en los artículos 120 y 128 del Código Municipal, así como el 8 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa institución.

Mediante nota SM-016-210, suscrita por la señorita Andri Martínez Matarrita, Secretaria Municipal, se nos hace de conocimiento el acuerdo unánime del Honorable Concejo de Abangares, para que aclararemos a cuáles plazas nos referimos. Ha de saber su despacho y con el respeto que nos merece, la denuncia se la interpusimos al Concejo Municipal, tanto como al señor Jorge E. Calvo Calvo, Alcalde Municipal.

Ahora bien, como organización seria, responsable y transparente, solicitamos nuevamente a vuestra autoridad que se investigue si estos nombramientos se oponen al bloque de legalidad, que debe privar en la Administración Pública; y, de ser así, que se inicien los procedimientos administrativos para que los responsables de tales actos, respondan ante la justicia y se proceda a dejar sin efecto, por nulos, los actos de comentario.

Le indicamos, de una vez, sobre las irregularidades en el proceso de los nombramientos, de acuerdo a la nota OAM-0046-2010, de fecha 26 de enero pasado, que nos dirigiera el Sr. Jorge Eduardo Calvo Calvo.

1- La creación de plazas y los nombramientos de personal, el señor Alcalde los ha venido realizando en total y completo irrespeto a lo establecido en el Título V, Capítulo I, del Código Municipal, por lo siguiente:

a- De acuerdo al artículo 120 del Código Municipal, este no permite la creación de plazas si éstas no se encuentran incluidas en el Manual Descriptivo de Puestos, el cual debe estar actualizado y adecuado a las necesidades de los servicios que brinda la municipalidad.

b- En la Municipalidad de Abangares no existe ese manual descriptivo de puestos, adecuado y actualizado, como lo señala el artículo arriba mencionado, lo que sin lugar a dudas no les puede permitir dichos nombramientos; por tanto, es ilegal la creación de esas diez plazas que aprobó la Contraloría General de la República, porque ha de entenderse que si bien tal entidad aprobó el presupuesto ordinario de la municipalidad, en el cual se incluye la creación de esas plazas, se tiene que cumplir con el principio fundamental que la legislación contempla para estos efectos, cosa que no realizó el municipio de Abangares.

c- Trata de tergiversar lo actuado por la Contraloría General de La República, el Sr. Calvo Calvo, cuando quiere indicar que todo lo actuado por su persona está en lo correcto; pero obvia que para verificar la legalidad de dichas plazas, tiene que fundamentarse en lo manifestado en nuestro inciso b.

2- Hemos de indicarle que de acuerdo al proceder del Sr. Calvo Calvo en cuanto a los nombramientos realizados, se viola lo establecido en los artículos 120 y 128 del Código Municipal, dado que como lo hemos señalado no existieron los respectivos concursos para tales efectos. Es por que le solicitamos que en está investigación se incluyan lo siguientes elementos para que se tenga un panorama más objetivo.

a- Copia certificada del Manual Descriptivo de Puestos, adecuado y actualizado, así como indicación expresa del número de sesión y la fecha en que tal manual fue aprobado por parte del Concejo Municipal.

b- Copia de las acciones de personal que fueron emitidas a favor del personal ocupante de esas diez plazas que se encuentran incorporadas en el Presupuesto Ordinario; en que se demuestre, claramente, que dichos nombramientos cumplen con lo establecido en el Código Municipal, en cuanto a la realización de los respectivos concursos internos.

c- Toda la documentación que compruebe la implementación de la carrera administrativa en dicho municipio; como también el número de sesión en que la misma fue aprobada por parte del Concejo Municipal.

En cuanto a lo manifestado por el Sr. Calvo Calvo, de que los nombramientos realizados están conforme a la Resolución No. 2464-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo, dicha manifestación está totalmente alejada a la realidad por cuanto este tribunal no está refrendando la creación de las plazas citadas; dado que la resolución indica claramente que de acuerdo al inciso b), del artículo 17 del Código Municipal, es el Alcalde a quien corresponde nombrar el personal en la Municipalidad, pero con el apego y debido respeto a lo que establece el Código Municipal y los respectivos reglamentos. Por tanto, es falso que ese tribunal haya autorizado el nombramiento de las plazas cuestionadas, dado que lo que señala es que los nombramientos que se efectúen tienen que cumplir con lo que establece el Código Municipal, propiamente en su artículo 120 y demás.

Estimado señor Auditor, quedamos en espera de su oportuna intervención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Douglas Carrillo Azofeifa
Responsable ANEP-Municipalidad de Abangares
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Honorable Concejo de Abangares.
cc.: Sr. Jorge E. Calvo Calvo, Alcalde de Abangares.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS).
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)-ANEP.
cc.: Trabajadores de la Municipalidad de Abangares.
cc.: Archivo.

Colombia: COLSIBA llama a la solidaridad internacional

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San José, Costa Rica

Compañeras y Compañeros,
Amigas y Amigos
Organizaciones fraternales amigas de COLSIBA

Reciban un fraterna saludo, les presentamos documentos adjuntos, los cuales son dos cartas del Sindicato SINTRAINAGRO al Ministro de la protección Social de Colombia y al procurador General de Colombia, una carta de COLSIBA, al ministro de la Protección Social y la lista de correos y teléfono de distintas autoridades del Gobierno Colombiano. (Bajarlos de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha)

Hacemos solicitud URGENTE “CAMPAÑA DE CARTAS Y MENSAJES” a las autoridades del Gobierno Colombiano:

Para que intervengan ante los representantes de la empresa, Palo Alto, con el fin de que se sienten a negociar con la organización sindical los aspectos de los derechos laborales de las y los trabajadores, la convención colectiva en el centro de trabajo, es necesario presionar al Gobierno para que detenga la acción – incursión de los grupos paramilitares que con el desinterés de los organismos de seguridad del estado actúan en total impunidad, por lo que es muy necesario urgir al gobierno a actuar y parar a estos matones a sueldo de la empresa.

Les quedaremos muy agradecidos por su apoyo, hoy mas que nunca es urgente apoyar esta justa lucha de nuestros hermanos/nas de Colombia.

Es necesario que cualquier mensaje o acción hacia el Gobierno y la empresa se haga copia al Sindicato SINTRAINAGRO.

Saludos fraternales,

Gilbert Bermúdez.
COLSIBA

__________________________________

Comunicado de SINTRAINAGRO

La Junta Directiva Nacional de SINTRAINAGRO informa que la situación de conflicto colectivo presentado en la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa & Cía. S. en C., del municipio Pueblo Viejo del departamento del Magdalena, se complicó gravemente.

El Ministerio de la Protección Social desplazó hasta el lugar a una comisión presidida por la doctora Luz Stella Veira, jefa de Unidad de Registro y Control, para que durante los días 28 y 29 de enero, se desarrollaran reuniones de acercamiento entre los representantes de SINTRAINAGRO y de la empresa Inversiones Palo Alto.

La doctora Luz Stella Veira denunció haber recibido amenazas por ejercer su obligación institucional de haberse desplazado a la ciudad de Santa Marta, en la búsqueda de un acuerdo conciliado para la negociación. A esto se suma que los representantes de la empresa se niegan a aceptar la presencia sindical y, por lo tanto, a iniciar la negociación del Pliego de Peticiones.

El pasado viernes 29 se logró la intervención del Gobernador encargado del Magdalena y del Alcalde del municipio de Pueblo Viejo, quienes junto con el Ministerio de la Protección Social y el Sindicato, reiteraron la obligatoriedad legal que tiene la empresa de iniciar la negociación colectiva, pero aún así el abogado y el administrador de la empresa se negaron nuevamente a aceptar el proceso de negociación.

El Alcalde del municipio de Pueblo Viejo informó al Sindicato que en coordinación con la Policía Nacional, había autorizado el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores, lo cual significa una flagrante violación al derecho de asociación y negociación colectiva, y deja expuesta la complicidad de esta jerarquía local con los empresarios para proteger su posición radical y negativa a iniciar la negociación.

La argumentación que más se hace sentir en las reuniones efectuadas está claramente sustentada en los antecedentes de violencia y de intimidación armada ilegal que se ejerce en la región, por lo que consideramos esta situación como un intento de aterrorizar a los trabajadores y trabajadoras para que el Sindicato desista en su reclamo de respeto al derecho legítimo y constitucional de ejercer su actividad en materias de organización y negociación colectiva.

De consolidarse el propósito de la autoridad municipal y los empresarios de romper el conflicto colectivo con la presencia de nuevos trabajadores y la fuerza pública, advertimos que, dada la resistencia unitaria de los trabajadores organizados, podrían presentarse graves hechos de violencia.

Si esto ocurriera, responsabilizamos directamente de ello a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad del Estado por su negligencia y su complicidad con los propósitos empresariales, no obstante que el tema es plenamente conocido por el Vicepresidente de la República, el Ministro del interior y la Dirección Nacional de la Policía, al igual que por el Comando Regional de la Policía del Magdalena.

Llamamos de forma urgente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (UITA), a todo el sindicalismo nacional e internacional para fortalecer la gestión ante el gobierno nacional, y a la oficina de la OIT en Colombia para que su intervención contribuya a una solución pacífica con protección de la aplicación de los convenios internacionales.

Por la Junta Nacional SINTRAINAGRO,

ADELA TORRES VALOY
Secretaria General

HERNAN CORREA
Presidente (E)