Categoría: Acción Sindical

Estimado compañero:

Sirva la presente para enviarles nuestro saludo y a la vez informarles que el próximo Miércoles 23 de Febrero a partir de las 9:00 am, se llevará a cabo una reunión dirigida a los Oficiales de la Seguridad Privada, dicha actividad tendrá la siguiente agenda:

* Información General sobre la situación de los trabajadores del Sector de Seguridad Privada.
* Formación de la Seccional de ANEP.
* Mensaje del Compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General-ANEP.
* Refrigerio.

Ya que ésta es una actividad que reviste una gran importancia para nuestra organización y el gremio que ustedes representan, es que esperamos contar con su presencia en nuestras instalaciones ubicadas, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:
c.:

EL LIC. BELISARIO SOLANO SOLANO
DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA.

LA ACTUACIÓN DE LA ANEP Y SU SECCIONAL ANEP-SINART,
HA SIDO TOTALMENTE TRANSPARENTE
Y APEGADA A NUESTRO ESTADO DE DERECHO

RECHAZAMOS EL VULGAR ARGUMENTO PATRONAL DEL “CIERRE TÉCNICO”

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), es una institución laboral de carácter nacional, de reconocido prestigio y credibilidad; cualidades que la ciudadanía nos reconoce, precisamente por un accionar transparente en defensa de la institucionalidad que rige nuestro Estado Social de Derecho.

La ANEP se logró percatar hasta hace pocos días que la persona que ha venido representando al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (ANEP), en el Consejo Ejecutivo del SINART, S. A., ha estado ocupando tal cargo en contraposición a lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART); y en tal sentido, luego del documento probatorio emitido por la Dirección de Recursos Humanos del citado ministerio, la ANEP hizo la denuncia correspondiente en el espacio correspondiente: en la sesión del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A, que se celebró el día de ayer, jueves 3 de marzo de 2005.

La ANEP no administra el SINART, S. A.. La ANEP no puede hacerse cómplice de situaciones de ilegalidad, de las cuales tenían que tener claridad las instancias institucionales correspondientes, como la propia auditoría institucional.

Rechazamos en consecuencia, tajantemente, la perversa y malévola afirmación del Lic. Belisario Solano Solano, Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A., reproducida por varios jerarcas institucionales, de que la institución sufrirá un “cierre técnico”, producto de la situación de ilegalidad apuntada.

Rechazamos, con la misma vehemencia, que la denuncia de la ANEP, formulada en el espacio correspondiente, sobre la ilegalidad de la representación del MCJD en el Consejo Ejecutivo; haya sido formulada con ánimo de chantaje, en relación al no menos ilegal despido del trabajador Fernando Revillat Alvarez.

Todo lo contrario, a propósito del despido del citado servidor, logramos demostrar que todo el personal del SINART, S. A., puede sufrir, en cualquier momento, un despido de carácter ilegal parecido al que sufre el compañero Revillat Alvarez; toda vez que pudimos demostrar que no hay respeto por el debido proceso y que hay un reglamento laboral totalmente al margen de lo que establece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Es totalmente insano, injusto y calumnioso (incluso, susceptible de demanda penal), sostener que la defensa del derecho constitucional al trabajo en el caso del servidor Revillat Alvarez, obedezca a razones subjetivas, personales y/o afectivas.

El caso en comentario nos permitirá resolver a futuro que, ante un despido injusto, hay procedimientos que SINART, S. A. debe observar. Este caso sentará un precedente de trascendental importancia, pues es el primer caso de despido bajo la nueva normativa jurídica de SINART, S. A.

Quienes hoy agraden verbalmente, lanzan improperios e insultan a nuestra representación sindical institucional, la Seccional ANEP-SINART, S. A. están equivocados y actúan injustamente. Se equivocan cuando le demandan cuentas a la ANEP por una situación de irresponsabilidad política que no nos compete como organización.

La culpa es de autoridades como el Lic. Belisario Solano Solano que, siendo el un profesional en Derecho, debió entender que había una ilegalidad jurídica en el propio Consejo Ejecutivo que él preside.

No venga ahora, señor Solano Solano, a endosarnos una responsabilidad que es suya, directamente. No envenene a la población laboral de la institución, por culpa de una situación que es de su entero resorte político y de las instancias patronales que debieron sonar la señal de alarma, cuando se originó.

La ANEP está solicitando, directamente, la intervención de la Casa Presidencial al respecto. Hemos pedido al despacho de la señora Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia, Licda. Lineth Saborío Chaverri, que asuma esta situación, dentro del conjunto de la agenda de trabajo que el Gobierno de la República ha abierto con la ANEP, para el abordaje preventivo de situaciones de conflicto en diversos sectores de la Administración Pública.

La ANEP no descarta, incluso, pedir la intervención directa del propio Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, con quien mantenemos comunicación directa, incluso a nivel telefónico.

En esta situación critica, la ANEP renueva su confianza en el personal profesional del SINART, S. A.; en la institución misma. Nadie puede negarle a la ANEP su papel en la gestación legislativa del nuevo marco jurídico que hoy rige a la institución.

El papel político jugado por la ANEP al respecto, fue tan vital al punto de que la Asamblea Legislativa aprobó, unánimemente, la ley que creó al SINART, S. A. La ANEP no es enemiga del SINART S. A. y le restamos autoridad moral a todo aquel que quiera manipular a los trabajadores con argumentos efectistas, calumniosos e insidiosos.

Los enemigos del SINART S. A. son otros: es la ilegalidad, es el autoritarismo, es la politiquería, es la manipulación, es la actitud servil e incondicional. Nosotros actuamos dentro de la ley y eso lo defenderemos en cualquier terreno.

La misma fuerza que hemos puesto en la defensa del derecho constitucional al trabajo del servidor Revillat Alvarez, la pondremos en cualesquiera otra situación análoga que afecte a un trabajador o a una trabajadora víctima de procedimientos administrativos claramente ilegales.

San José, viernes 4 de enero de 2005.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Así las cosas, pretendemos reunirnos aprovechando todos los turnos ese mismo viernes, de tal manera que, quienes laboran de las 22:00 a las 06:00 y de las 08:00 a las 16:00 horas, nos presentemos a las 6 de la mañana junto a quienes lo hacen de las 14:00 a las 22:00. La siguiente reunión, la programamos para las 14:00 horas, cubriendo el turno de quienes laboran de las 06:00 a las 14:00 horas.

El sindicato ANEP se compromete a llevar un planteamiento para la discusión y la presencia de un abogado, para que exponga los términos en el ámbito legal, más el apoyo de la seccional y el promotor, para tratar los aspectos puramente sindicales y de orden administrativos.

Por lo preocupante del caso, instamos a todos los vigilantes a participar, traer sus propuesta y colaborar con la convocatoria. Recodemos que la unión hace la fuerza. No dejemos que una sola persona asuma la responsabilidad que a todos nos corresponde. El sindicato somos todos.

Las reuniones las efectuaremos en el Comedor Multiuso de la Junta.

SER LIBRE ES PODER DECIR LO QUE NOS AQUEJA SIN TEMORES,
EN CUALQUIER PARTE DONDE ESTEMOS;
NO PODER HACERLO, ES PERMITIR EL ULTRAJE.

San José, 4 de enero de 2005

La ANEP les expresa su más sincero deseo de que este año 2005 que acabamos de iniciar, les traiga mucha salud, una gran bienestar, éxito profesional y enorme felicidad; tanto en lo individual como en lo familiar. Que Dios nos bendiga todos los días de este 2005, así como nuestro hogar y nuestro trabajo. Que la paz y la solidaridad anime cada uno de nuestros actos.

Como clase trabajadora que somos, como personas asalariadas integrantes del pueblo costarricense, este Año Nuevo 2005 tiene enormes desafíos que tendremos que enfrentar, en la búsqueda incesante de una sociedad más justa, más solidaria, más democrática; aspiraciones totalmente válidas que chocan con los intereses del poderoso grupo económico que todavía controla la política nacional, pese a los vergonzosos y repudiables actos de corrupción en que incurrieron quienes en otros momentos eran sus “hijos políticos predilectos”; a tres de los cuales, en sus respectivos momentos, los convirtió en presidentes de la República.

Para este 2005, necesaria e ineludiblemente, tenemos los siguientes retos:

SALARIOS

Pretenden “recetarnos” un nuevo decretazo salarial para este primer semestre: ¡ 2 % ! Para el segundo, quizás no haya aumento. Estamos entrando a la fase del congelamiento salarial, prácticamente. Sólo con organización y movilización lograremos lo justo. No hay más alternativa que luchar.

PENSIONES IVM-CCSS

Los empresarios agrupados en el gremio que dirige el señor Samuel Yankelewitz (la Unión de Cámaras, UCCAEP); los grupos solidaristas que le son afines, y la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); pretenden que quienes pensamos pensionarnos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); paguemos más de cotización, trabajemos más años y, como si fuera poco, recibir menos monto del que originalmente está vigente (de 60 a 40 %). Esta es la reforma de pensiones que los neoliberales del PLUSC siempre han soñado.

TLC

Sin duda alguna, este es el reto más grande de la sociedad costarricense desde que nos independizamos de España, en 1821. Todo el Estado Social de Derecho creado en la década de los años 40 del Siglo XX (incluso mucho antes), todo ese Sistema de Seguridad Social, será suprimido con el tipo de tratado de “libre” comercio que nos están imponiendo. Sus defensores pretenden acabar con el ICE, la CCSS, el INS, el A y A, la agricultura, etc. Tenemos que impedírselo.

RITEVE

Este mes de enero será clave. El Movimiento Cívico Nacional ha documentado, hasta la saciedad, las enormes irregularidades de este ilegal monopolio privado de la revisión técnica vehicular. Aunque hemos logrado que no haya vínculo obligado entre revisión técnica y pago de los derechos de circulación, el problema de fondo existe y debe resolverse, de una vez por todas.

PLAN FISCAL

El Estado necesita más recursos, no hay duda alguna. Pero la evasión y el robo de impuestos es monstruosa: unos 200.000 mil millones de colones, ¡al año!. ¿Para qué plan fiscal, entonces?… Aún así, hemos realizado aportes al denominado Plan Fiscal, para buscar mayor equidad en la cuestión tributaria, pero no han sido tomados en cuenta. Debemos luchar por una transformación tributaria estructural, profunda, que no se refleja en ese Plan Fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS

Cada vez es más difícil prestar un buen servicio público. La gente nos reclama a nosotros, los que damos la cara en las instituciones. Debemos explicarle que no es nuestra culpa el deterioro sistemático de la calidad del servicio que le brindamos al pueblo.

Debemos ganarnos a los usuarios para evitar recortes presupuestarios que nos van a llevar a una paralización total y absoluta. Esta es una estrategia neoliberal perversa contra el Sector Público y así debemos entenderlo.

Pese a todo, recordemos, todos los días, que la gente que nos busca es porque necesita de nosotros. ¡Atendámosla bien!, con respeto, con cortesía, con rapidez, con calor humano.

Que no nos denigren por nuestra propia cuenta. El servir a los demás, sobre todo a la gente necesitada, es un honor.

¡ALISTÉMONOS PARA LUCHAR!

San José, 4 de enero de 2005

Estimado señor Ministro:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Creemos oportuna y necesaria la intervención de su despacho, con base en la facultad legal que le asiste, para que convoque al señor Lic. Percy Rodríguez Argüello, Alcalde de Tibás, cuya Administración ha decido promover el despido de nuestra representante sindical, la señora Iris Cervantes Paniagua;

Para la ANEP tal despido tiene un carácter abusivo, ilegal y antisindical, especialmente; dado que nuestra organización seccional en la Municipalidad de Tibás, de la cual la señora Cervantes Paniagua es directiva, ha mantenido una conducta muy crítica sobre la transparencia de la gestión del Sr. Alcalde Rodríguez Argüello; cuestionamientos que incluso lo han llevado ya ante el Ministerio Público.

Vistas así las cosas, creemos urgente una intervención de la cartera ministerial a su digno cargo, considerando, además, que los despidos de carácter antisindical como usted bien lo sabe, Sr. Ministro, ponen en entredicho al país ante instancias mundiales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.:Sra. Iris Cervantes Paniagua, Integrante Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Archivo.

Estimada compañera:

Luego de expresarle a usted y por su digno medio, a toda la Junta Directiva de ANPE, un fraterno y respetuoso saludo; dejamos constancia por esta vía de la más sincera felicitación por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE); por la estratégica e importantísima victoria político-social que han obtenido, con la promulgación de la ley que dignifica la profesión de Enfermería en Costa Rica, luego de que con una oportuna y masiva movilización derrotaran los intentos neoliberales para evitar la realidad de dicha legislación.

Sin duda alguna que ANPE ha dado un enorme paso hacia su consolidación como una organización sindical de enorme impacto en la vida sociolaboral de Costa Rica, incrementando su prestigio y su representatividad.

Para la ANEP es un honor compartir los destinos con ANPE en el marco de la alianza estratégica que representa la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP); y anhelamos que sigamos profundizando dicha relación para bien del desarrollo de nuestra democracia, sobre todo en momentos en que por lo que ya es sabido, se ocupa de un gran responsabilidad activa y militante de las entidades que nos ubicamos en los sectores sociales patrióticos de la institucionalidad costarricense.

Calurosos saludos y felicitaciones en estos importantes días para la ANPE.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Sr. Rafael Ángel Mora Solano, Coordinador Nacional, de la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP).
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Estimado señor Alcalde:

Con fecha 14 de octubre de 2004, oficio No 2055-ARDS-2004, el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Recolección de Desechos Sólidos a.í..; reporta ante las autoridades de Recursos Humanos y de Servicios Jurídicos de esa municipalidad, la ausencia del señor Miguel Soto Soto, Dirigente Sindical de la ANEP en la misma; quién el día 12 de octubre del presente año, respondiendo al clamor popular y al llamado del Gobierno de la República y de las Universidades Estatales, en su condición de ciudadano, marchó junto a la columna de ANEP, contra la corrupción y contra la impunidad, como lo hicieron miles de funcionarios públicos honestos y comprometidos con el decoro y honor de la Patria; servidores de la Administración Pública que marcharon con miles y miles de ciudadanos de otros sectores de la vida nacional.

En su nota, el Ing. Sandoval reconoce que el funcionario Soto se presentó el día 12 de octubre a las 7:20 a.m., para comunicarle que se dirigía a formar parte de las actividades a realizarse en San José, sea la marcha contra la corrupción. No obstante, el citado jerarca no señala en el oficio, que, en su calidad de jefatura, previniera al subalterno de posibles sanciones atinentes a una ausencia injustificada; por el contrario, el subordinado consideró que contaba con la anuencia de su jefatura inmediata por razones obvias, máxime que se trataba de un día feriado, cuyo traslado como tal para el día 18 de octubre, aún la alcaldía, a su digno cargo no oficializaba (adjunto copia circular oficio 2545-D-04, firmado por su estimable autoridad).

Estimado señor Alcalde Molina Rojas: A nuestro juicio el hecho que el Ing. Sandoval envíe notificación de lo ocurrido a la Unidad de Recursos Humanos para que se aplique el rebajo del día no laborado al funcionario Soto Soto y a la Unidad de Servicios Jurídicos “ para que se tomen las medidas del caso”, denotan una clara persecución sindical; toda vez que el señor Soto, es miembro de nuestra Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, actualmente el más activo, después de los despidos de otros dirigentes que conformaban la dirigencia sindical de nuestra organización en esa corporación.

Es claro que en estos casos, si el funcionario no hubiese informado a su superior a dónde se dirigía, para que fuera orientado o se le prohibiese realizar otra actividad que no fuera propia de su función, como trabajador de la institución; y que éste desoyera tal mandato, su jefatura procediera tal como lo señala el artículo 149 incisos a) – b), sea amonestar verbalmente o por escrito al trabajador y enviar copia a la Oficina de Personal, para que se archive en el expediente.

Por el contrario, no así al departamento de Servicios Jurídicos porque no procede, a no ser que se pretenda abrir un órgano director para investigar lo que está claro, incurriéndose innecesariamente en gastos de tiempo y recursos de la institución para perseguir a un dirigente sindical como se colige por el procedimiento seguido.

Así las cosas, le solicitamos, con todo respeto, ordene al Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez desistir de la persecución contra nuestro dirigente; o de lo contrario, nos obligarían a recurrir a otras instancias, en detrimento de la imagen de las autoridades de esa Municipalidad.

Por ejemplo: cómo podría percibir la opinión pública nacional que haya persecución contra un trabajador de la Municipalidad de Alajuela, por atender el clamor nacional de un alto a la corrupción y un repudio a la misma; evidenciándose que la Municipalidad de Alajuela, la segunda más importante del país, estuvo al margen de tan noble jornada patriótica y que restringió el deseo de sus trabajadores, en cuanto ciudadanos, a participar de un evento de tanta trascendencia, como el del pasado 12 de octubre; evento sin precedentes en la historia nacional, pues contó con el respaldo de las autoridades políticas del país, de los sectores sociales y populares organizados, del sector empresarial, del sector político todavía honesto y limpio, de la academia, de la prensa y, lo más importante, del propio pueblo de Costa Rica.

Le solicitamos, en consecuencia, actuar conforme a la lógica aquí expuesta y que cese la acción contra nuestro dirigente, don Miguel Soto Soto.

La presente petición la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorables Señores del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
c.: Sr. Miguel Soto Soto, Representante Sindical ANEP-Municipalidad de Alajuela.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Alajuela.
c.: Archivo.

Estimado Señor:

Primeramente, nos es grato poder expresarle un cordial y muy respetuoso saludo y, a la vez, desearle el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones.

De acuerdo al oficio No Al-255 2004, suscrito por el Auditor General, Lic. Oscar Serrano Madrigal, remitido al Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; en el que se informa sobre lo sucedido con el Informe A1 05 2003 denominado “Funciones y cargos desempeñados por la Licda. Mildred Bogantes Pereira, en la Unidad de la Asesoría Legal, en el período comprendido entre el 16 02 1999 al 16 07 2001; seguimiento a la Auditoría No INF AC 014 2002 de la Dirección General de Servicio Civil, sobre la gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)”, sus puntos Nos. 12, 13 y 14 señalan lo siguiente:

“…12. En la sesión No 30 2004 del 13 de mayo del 2004, se recibió a la Licenciada Mercedes Valle, en esa ocasión el CETAC dispuso:

“Se recibe a Licda. Mercedes Valle, a quien el CETAC le pide aclaraciones en relación al expediente analizado mediante contratación directa No 1436, denominado “Contratación de un consultor experto en auditoría interna y control para el Consejo Técnico de Aviación Civil”, al respecto el CETAC necesita saber si los hechos son atenuantes o no, y si es necesario poner la denuncia ante el Ministerio Público. La Licda. Valle indica que desde el punto de vista administrativo ella recomienda enviar el informe al Ministerio Público para que emitan criterio al respecto. Sobre el particular, Se Acuerda: Acoger y aprobar el informe presentado por la Licda. Valle; y se comisiona al Lic. Antonio Solera Víquez para que prepare la resolución administrativa que recoja el informe presentado”.

13. El informe en cuestión se encuentra en los archivos de la Secretaría del Consejo Técnico de aviación Civil.

14. No tenemos conocimiento, si a la fecha de este oficio el Licenciado Antonio Solera Víquez ha presentado al CETAC la resolución administrativa solicitada por ese órgano colegiado, por lo cual no podemos afirmar si este último punto esta pendiente.

También mediante oficio No 041696 de fecha 06 de agosto de 2004, suscrito por el Lic. Federico Carrillo Zurcher, Presidente del CETAC en ese momento, le da respuesta al Diputado Lic. José Miguel Corrales Bolaños, donde indica lo siguiente:

“… Damos respuesta a su oficio DDJMC 1 152 2004, con fecha 03 de agosto del año en curso; donde solicita información con respecto al resultado de los informes de auditoria AC 014 2002 y el AI 05 2003.

Sobre el particular, le informamos que existe un proyecto de resolución, para conocer por parte de este Consejo, el cual una vez aprobado y firme, le será remitido para su conocimiento.

No omito indicarle que este Consejo, conoce los alcances de la Ley de Control Interno y se apega a ella como corresponde. Sin embargo tratándose de documentos donde se relacionan presuntas responsabilidades de funcionarios, dicha información no puede divulgarse hasta que exista acto firme…”.

En virtud de lo anterior, con todo respeto, le solicito nos informe si existe a la fecha aprobación del proyecto de resolución que debía realizar el Lic. Antonio Solera y, qué acuerdo ha tomado el cuerpo colegiado de ese Consejo Técnico con relación a las recomendaciones del informe de la Auditoría No AI 05 2003; pues se desprende de la documentación antes señalada que el mismo entró en conocimiento del Consejo Técnico desde 16 de julio de 2003, en sesión ordinaria No 41 2003 y que en la actualidad se encuentra en proceso de resolución administrativa, desde el día 13 de mayo de 2004.

Es decir, ha pasado 1 año y 3 meses desde que entro en conocimiento del Consejo Técnico y 5 meses desde de que se tomó el acuerdo “acoger y aprobar el informe de la Licda. del Valle” y que se preparará la respectiva resolución administrativa designando como responsable de dicho proyecto al Lic. Solera.

Así las cosas, con fundamento en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es que nuestra organización sindical solicita una respuesta pronta de su autoridad, con el fin de que todos estos actos en apariencia anómalos no se queden en la impunidad.

Agradeciéndole por anticipado toda la atención prestada a nuestra solicitud, nuevamente le expresamos todas nuestras consideraciones por su fina atención para con nuestra solicitud.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Tobías Vargas Pacheco
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP- Aviación Civil

c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
c.: Señores Junta Directiva del CETAC.
c.: Lic. Oscar R. Serrano Madrigal. Auditor General de la DGAC.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Aviación Civil.
c.: Archivo.

Estimada señora:

Luego de saludarla y desear lo mejor al frente de dicho ministerio; nos permitimos adjuntar agotamientos de vía administrativa, de funcionarias que laboran como Auxiliares de Salud en el programa CEN-CINAI.

Lo anterior de conformidad con resolución DG 351-2003 del 11 de agosto 2003; en la que el Área de Instrumentación Tecnológica de la Dirección General del Servicio Civil, suprimió las clases anchas de dicho manual para los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios del Ministerio de Justicia y Gracia.

Por lo tanto, en ANEP creemos que dicha resolución es aplicable a estas funcionarias para que se les considere cocineras y no auxiliares, al estar estas cubiertas por el Régimen del Servicio Civil.

También es nuestro criterio que en el presente caso, tomando en consideración el principio de economía procesal, apelamos ante su autoridad para resolver este reclamo positivamente en vía administrativa y así evitarnos ambas partes un desgasto en dinero, tiempo y otros, innecesario, para lo cual estaremos en la mayor disposición de sentarnos a conversar sobre el tema.

Esperando una respuesta positiva, nos despedimos con todo respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Jorge Campos Alfaro
Responsable ANEP-Ministerio de Salud

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Trabajadoras de los CEN-CINAI.
c.: Archivo

Estimada señora:

Luego de manifestarle nuestro atento y respetuoso saludo; pasamos a detallar a usted los recientes hechos que se están desarrollando en el Parque Recreativo de Cariari, de la Provincia de Limón, por una conducción de la política de manejo del recurso humano que a nuestro criterio está errada, desde el nivel central, depositada en los niveles superiores que dirige este personal.

Observamos, en primera instancia, la existencia de un abandono de este tipo de parques recreativos, revelándose carencia absoluta de políticas que mejoren este tipo de espacios y lo rescaten para las familias costarricenses. Esta carencia se nota en que no hay una inversión en sus instalaciones y los espacios donde se presta el servicio. ¿Estará tomando en cuenta la propuesta de reestructuración el mejoramiento de estos parques?

La otra observación lo constituye los equipos con el cual deben de contar los funcionarios del Área de Vigilancia, o sea, sus dos trabajadores, que los instruyen para la portación de armas; pero en la práctica no les proporcionan absolutamente nada, más que una vara policial, un foco y un cilindro de gas de defensa personal para el trabajo nocturno; que en muchos casos lo hacen solos, en espacios muy amplios y la realización de recorridos amplios donde se exponen al peligro.

En la Fuerza Pública, a sus similares se les brindan las herramientas de trabajo y se les reconoce un sobresueldo denominado Riesgo Policial; básicamente porque su trabajo se realiza en relación directa con la delincuencia y se le reconoce un 18% a su salario base. En el presente caso, estos trabajadores de los parques lidian con toda clase de personas, incluidas, en alguna medida, aquellas que llegan a estos espacios a deteriorar o hacer acciones vandálicas.

Valga recordar que el ICODER no es un ente aislado del resto del Sector Público y las labores que estos funcionarios realizan, son en igual condición. Seria conveniente retomar este concepto y reconocerlo para estos servidores que realizan tales labores.

El tiempo extraordinario que a continuación paso a detallarle:

1. Normalmente existen dos vigilantes en dicho lugar que tienen un horario rotativo y semanalmente les corresponde los días de descaso. Es aquí donde se dan las distorsiones e hacen incurrir a la institución en mayores gastos, como por ejemplo, el que actualmente se está produciendo en el sitio. Uno de los funcionarios le corresponde un mes como período de sus vacaciones. Se toma la decisión de enviar desde Turrialba a dos misceláneos, cuyos requisitos exigidos, distintos a los anteriores (exámenes para el manejo y portación de armas, etc.), ya no son necesarios; cancelándoseles diariamente la suma de 6.000.00 colones por concepto de viáticos por los 15 días, a cada uno. Este realmente no es problema porque tienen derecho a disfrutarlo. El asunto reside en que el problema se resuelve con los propios trabajadores de la zona el cual tienen el aval para estos eventos que son, de alguna manera, especiales.

2. Con dicho traslado se está haciendo un uso abusivo del “ius variando”, puesto que se les causa perjuicio de naturaleza salarial a dichos servidores. Es evidente que no se está reconociendo el salario de Agentes de Seguridad y Vigilancia. Sumado a lo anterior se efectúa un traslado mayor a los 10 kilómetros que lo permitido para el patrono; además de que las funciones originadas en el contrato se están variando. Hay sentencias recientes en los tribunales de trabajo que demuestran lo aquí indicado.

3. Lo grave de la situación es que las arcas del gasto se disparan para el presente caso y cuando se trata de reconocer su tiempo extraordinario a los funcionarios en particular de dicho centro, se les reconocen solamente 4 horas por día, que cubren los 13,000.00 colones por cuatro días al mes. En contraste con el actual ejemplo en que a cada uno se les cancelan 30.000.00 colones por cuatro días.

4. Por otra parte al funcionario Javier, actual vigilante, cuando repone el día libre de su compañero Bladimir, que lo realiza una vez a la semana, no se lo reconoce dicho tiempo. Aquí es donde la organización se pregunta, que no existe en los niveles de jefatura superiores, una política acertada del Recurso Humano de quienes dirigen, son erráticos en sus medidas, profundizando mayores diferencias entre los trabajadores, lo que obligan a éstos a enfrentar dichas medidas.

5. Solicitamos, con todo respeto pero con vehemencia, que la solución de los problemas está en sus propios trabajadores, cuando se les toma en cuenta. Con esto queremos decir que el haber conversado con los funcionarios de la localidad, el problema se resuelve reconociéndoles adicionalmente ese tiempo extraordinario. Estos servidores estarían de acuerdo en contribuir con la institución si ella los toma en cuenta, y no sentar un precedente que le sale más caro a la institución, violentan el “ius variando” de los servidores.

Ante las situaciones presentadas, corresponde a su autoridad corregir lo mas pronto posible los yerros aquí enumeradas, de tal forma que permita recuperar una línea mas acertada sobre el recurso humano y en particular este centro, que sienten lesionados sus derechos y acuden a su estimable persona, como corresponde y no tener que acudir a tribunales de trabajo para corregir lo planteado.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta se despiden de usted reiterando nuestro atento saludo,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.: Señores Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Archivo.