Luego de evidenciar la serie de carencias, afectación y mal procedimiento diputados decidieron echar para atrás el cierre de esta institución que atiende a unas 500 mil personas con discapacidad visual.
Ahora, las organizaciones deben presentar una propuesta que fortalezca y brinde ayudas reales para quienes padecen de esta condición.
Nuestro país se debate entre dos grandes flagelos, dos gigantes que le están desangrando y amenazan con destruirle sin piedad: la corrupción y el narcotráfico; ambos males se unieron, se fusionaron, para hacer estragos en nuestra sociedad.
Resulta sumamente lamentable que funcionarios policiales se vean vinculados al crimen organizado y sin afán de justificar tan reprochable conducta, haremos referencia de algunos aspectos que podrían estar incidiendo en que cada vez veamos con mayor frecuencia policías dentro de estructuras criminales.
En primer lugar, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hemos señalado con letra mayúscula la precarización salarial que viven la mayoría de funcionarios policiales, el cual, es uno de los más bajos del Gobierno Central. Paralelamente, se ha gestado un desmejoramiento de las condiciones laborales, en donde nuestros uniformados se han convertido en “indigentes” que tienen que suplicar por un par de botas, un uniforme, además en muchísimos casos deben trabajar en delegaciones infrahumanas. Lo anterior, indudablemente afecta su autoestima, así como el sentido de pertenencia.
Otro ejemplo se da cuando alguna patrulla sale de servicio, y son los policías quienes tienen que pagar la reparación de su propio dinero o recurrir a comerciantes, vecinos, lugareños para reparar el vehículo. Lastimosamente alguna de esas manos amigas pueden estar ligadas al narcotráfico, produciéndose con ello un contacto que luego se traduce en afinidad, amistad y finalmente en reclutamiento.
En segundo lugar, la impunidad marca al oficial, ya que cuando un alto mando o jerarca incurre en alguna conducta impropia, genera impotencia ver que no es sancionado. Somos claros que en todo se predica con el ejemplo.
Ejemplos hay de sobra: directores procesados por peculado, por contrabando, por nombramientos ilegales, uso indebido del equipo policial y aun así, no reciben sanción y si la reciben, resulta insignificante.
Algunas referencias:
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/347676/investigan-jefe-de-fuerza–publica-por-contrabando
Como tercer elemento, podemos considerar debilidad en la supervisión, el Ministerio de Seguridad Pública debería contar con un equipo integrado por profesionales en derecho, criminología y sociología, para hagan la tarea de supervisión a nivel nacional, pudiendo identificar factores de riesgo, que permitan tomar acciones en función de mitigar la corrupción en los cuerpos policiales.
Lo cierto es que los policías son seres humanos con fortalezas y debilidades, no están vacunados contra la corrupción, por ello, el Gobierno debe prestarle mayor atención y mejorar de manera integral sus condiciones laborales.
En una reunión en la que participó la Gerente de Recursos Humanos de Correos de C.R. Kattia Bryan Cerdas, así como el Gerente de Operaciones, Giovanni Campos Arce, la Seccional ANEP en esta institución expuso una situación que aqueja a los trabajadores y es la carga excesiva de trabajo.
Claudio Sánchez González, presidente de la Seccional ANEP-Correos de C.R. explicó que en la sede de Heredia el panorama es grave, ya que debido a la diversificación en Correos de Costa Rica, los trabajadores vienen desde hace meses con cargas excesivas de trabajo, a esto se suma las largas distancias que deben recorrer para repartir los pedidos.
“Desde hace tiempo hemos venido dándole acompañamiento a los trabajadores, en Correos se ha diversificado mucho el trabajo, tienen demasiados envíos ya que entregan cédulas, pasaportes, correos normales, paquetería y los carteros sienten que las cargas están desproporcionadas”, indicó Sánchez.
De acuerdo con el representante sindical, la situación empeora ya que, al pensionarse un trabajador, no se contrata a otra persona; sino que la administración recarga el trabajo.
“Ellos no quieren que les quiten las plazas, por eso citamos a la Gerente de Recursos Humanos y al Gerente de Operaciones para abordar este tipo de problemas y de aquí a noviembre tener una solución que venga a alivianar la carga de estos trabajadores y que también cese la eliminación de plazas que han tenido hasta el momento”, agregó.
Una de las propuestas del representante de la seccional radica en la necesidad de que la administración tenga un grupo de trabajadores permanentes que puedan cubrir las vacaciones, y que puedan disfrutar del derecho al descanso de manera escalonada; sin afectar el servicio de entregas.
La sobrecarga de funciones se ha presentado en distintas sedes de correos en todo el país.
El Patronato Nacional de Ciegos es la institución creada bajo el amparo de la ley 2171, su objetivo es de dar protección y defensa a las personas con discapacidad visual, y coordina la acción de los organismos y entidades relacionadas con el quehacer de esta población, contribuyendo a mejorar de su calidad de vida defendiendo, la autonomía personal.
Desafortunadamente, un proyecto el proyecto de Ley 22.315 que pretende fortalecer el CONAPDIS, generaría una afectación para más medio millón de personas que, históricamente, se han visto beneficiada por la operatividad del Patronato.
Álvaro Valverde Granados, asesor sindical de ANEP, fue enfático en afirmar que el CONAPDIS no tiene la estructura idónea para atender a esta población.
«El CONAPDIS ha quedado debiendo mucho. Recordemos que anteriormente fue cerrado el Patronato Nacional de Rehabilitación (Panare) y el CONAPDIS ha dejado en el aire a quienes eran beneficiados».
El Patronato Nacional de Ciegos es y ha sido la institución que por 64 años ha trabajado en atención, capacitación y acompañamiento para miles de personas que poseen discapacidad visual.
Mas de 10 organizaciones que han trabajado de la mano con PANACI, se suman al rechazo de la aprobación del proyecto, ya que consideran muy peligroso la desaparición del Patronato.
Tras el ingreso del proyecto a la Asamblea Legislativa en 2019, se ha venido dando un debilitamiento continuo al PANACI, pero a pesar de eso los trabajadores continúan esforzándose por dar el mejor servicio posible.
Asimismo, existen varios legisladores que, al conocer realmente el trasfondo del proyecto, se han opuesto rotundamente la aprobación dentro del plenario.
Cabe mencionar que esta institución, además de dar acompañamiento a más de medio millón de personas, trabaja con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con la escritura braille en las cédulas; con el Banco Central (BCCR) con los billetes; la voz guía en diversos servicios, entre otros.
Por último, de parte de la población trabajadora del PANACI se hizo el siguiente llamado.
“Hoy en plena efervescencia social y política vemos disminuidos los derechos de las personas con discapacidad visual, un mes que se debería estar celebrando la asunción de los derechos; alzamos la voz de la bandera de la inclusión y un no rotundo al cierre de una institución como el Patronato Nacional de Ciegos. Señor presidente, señores diputados y señoras diputadas: la historia se mide según lo actuado. En este festejo del Bicentenario de nuestra Patria, demuestren que son un gobierno inclusivo: ¡no al cierre del Patronato Nacional de Ciegos!”.
Debido a las constantes denuncias de choferes integrantes de nuestras seccionales en el sector autobusero y las solicitudes de intervenciones al Ministerio de Trabajo por el irrespeto a los derechos laborales, la ANEP se ha dado a la tareas de buscar que las nuevas concesiones de rutas de autobuses, que se entregarán a partir del 31 de septiembre del presente año, contengan normas que garanticen el respeto a los derechos laborales de los choferes.
Invitamos a la familia Anepista a la inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado», el próximo lunes 6 de setiembre a las 5:00 p.m.
Inscripciones con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) al correo: marialaura@anep.or.crLa actividad es dirigida para personas afiliadas a nuestra organización.
Cierre de inscripciones domingo 5 de setiembre
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Opinión Consultiva sobre los derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como un hecho nuevo a la Acción de Inconstitucionalidad presentada, desde marzo anterior, contra la Ley No. 9808, Para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos.
La acción de la ANEP se da luego de analizar en profundidad la Opinión Consultiva de la Corte IDH, la cual es clara en su postura con respeto al derecho de huelga y, se presenta como un hecho nuevo, debido a que ésta no existía al momento de interponer la indicada Acción de Inconstitucionalidad. Esta última ha sido admitida por el alto tribunal constitucional para su estudio desde abril del presente año.
Karen Carvajal Loaiza, Subcoordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP), detalló la relevancia de la Opinión Consultiva de la Corte IDH y el impacto sobre el análisis e interpretación que deberán realizar los magistrados y las magistradas ante este nuevo hecho.
“La Opinión Consultiva de la Corte IDH es vinculante y de acatamiento obligatorio de los países, entre estos Costa Rica. En esta se señala que, la huelga es un derecho fundamental y no puede limitarse de forma irracional, especificando claramente el tema de limitación temporal, esto último incorporado en la Ley 9808. La opinión de la Corte IDH claramente reitera como deben interpretarse el tema de servicios esenciales, mientras que en la ley se amplía este apartado incumpliendo los supuestos internacionales”, detalló Carvajal.
Precisamente, la Opinión Consultiva de la Corte IDH reivindica el derecho de huelga como un derecho humano, y como un componente indispensable del Derecho a la Libertad sindical, señalando concretamente que no es posible concebir la libertad sindical, sin un efectivo ejercicio del Derecho de huelga, y reconociendo su naturaleza como un medio de presión sobre el empleador en la búsqueda de la solución de los conflictos, “así como un medio legítimo de defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales”.
Dentro de la obligación de los Estados de permitir el ejercicio pleno de un Derecho Fundamental, como lo es la huelga, señala la Corte IDH que, dicho derecho no puede estar limitado de previo a una duración determinada: “No ocurre lo mismo con el requerimiento de poner un límite a la duración de la medida puesto que, por su naturaleza de último recurso para la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, no puede predeterminarse.”
La opinión consultiva de la Corte IDH, nace luego de varias denuncias debido a que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe una sistemática política de desestimulo y criminalización de la huelga y demás derechos laborales, que viene sucediendo en América Latina y otros varios países del mundo. Así se recibieron informes: “sobre restricciones al ejercicio de la libertad sindical, [el] derecho de manifestación y [el] derecho de huelga y la criminalización de la protesta en el continente americano, con enfoque en Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Argentina y Costa Rica….si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a regímenes de abuso y a unas prácticas laborales injustas. Asimismo, se registran 8 países del continente donde se violarían sistemáticamente tales derechos.”
“Si la Sala Constitucional se separa de la opinión vendrán las demandas internacionales como las que ya conocemos, y por las cuales se sancionó al país y se obligó acatar los dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó la subcoordinadora de la Unidad Jurídica de la ANEP.
La Acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP, impugna cerca de 18 artículos de la Ley denominada como anti huelgas y la Opinión Consultiva de la Corte IDH, viene a darle un mayor sustento a los argumentos planteados.
Compartimos el documento presentado ante la Sala Constitucional
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
