La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería realizo su segunda gira por oficinas regionales y puestos fronterizos del país, en esta ocasión fue el turno de la zona norte, donde constataron diversas situaciones que ponen en evidencia la necesidad de fortalecer este cuerpo policial.
Categoría: Acción Sindical
Trabajadores municipales de León Cortés paralizan labores por disconformidades con Alcaldía
Trabajadores de la Municipalidad de León Cortés decidieron paralizar labores este martes por la mañana ante diversas disconformidades laborales con el Alcalde, Jorge Denis Mora Valverde.
El movimiento dio inicio a las 6 de la mañana con trabajadores oprerativos del Plantel Municipal de la localidad, para trasladarse luego a la sede de la Municipalidad para sumar a trabajadores administrativos. El paro de labores cuenta con el apoyo del 80% de la población laboral. Esta última es de 54 trabajadores.
La decisión de la seccional ANEP-Municipalidad de León Cortés de iniciar el movimiento se da como última medida de presión ante la negativa por parte de la Alcaldía de alcanzar acuerdos en audiencia conciliatoria en el Ministerio Trabajo y Seguridad Social. Incluso en esta última la cartera de trabajo llamó la atención del Alcalde por su comportamiento durante la audiencia.
Las peticiones de los trabajadores se centren en 5 puntos en específico.
1. Que la municipalidad se abstenga de realizar los despidos del grupo de trabajadores de obras gris de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de León Cortés.
2. Que se calcule y pague un ajuste por concepto de aumento del costo de vida que abarque los períodos 2018-2019-2020, así como el pago de la anualidad pendiente del 2018, para todos los funcionarios municipales, ya que durante esos años no se aplicó.
3. Jornadas y horarios de trabajo del personal operativo y administrativo: Solicitan que la municipalidad reconozca la jornada laboral de los trabajadores operativos de 40 horas semanales, de 8 horas diarias de lunes a viernes, de 6 am a 2 pm con 30 minutos de almuerzo y 15 minutos de café, como había sido su jornada históricamente.
4. Se abstenga la Administración y sus jerarcas de realizar comentarios y actitudes despectivas en contra del sindicato y sus afiliados, así como se comprometa la Alcaldía de tratar con respeto y cortesía a las personas trabajadoras en general, sin manifestar insultos, comentarios peyorativos, represalias ni amenazas de ningun tipo en contra del personal.
5. Que se respete la dignidad de las mujeres trabajadoras del municipio, sin que se genere de la Alcaldía actitudes y comentarios misóginos que tienden a menoscabar la figura de la mujer trabajadora.
Se espera que en próximas horas vecinos de la comunidad se sumen al movimiento, ya que existe una serie de molestias contra la Alcaldía por el manejo que le ha dado al cobro de diversos impuestos con la participación de un bufete privado, aumento de tarifas en servicios municipales y el impacto ambiental en la comunidad por la colocación de una incineradora de basura.
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Primera Jornada de análisis en el marco de la Cátedra «Lic. Mario Alberto Blanco Vado».
Servicio Civil: proyecto de empleo público pulveriza su esencia constitutiva
- El odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales es recalcitrante
- Los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad y los dos religiosos (RN y NR), en abierta coalición anti-obrera
Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.
Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).
Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.
Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsas decisiones legislativas contrarias el bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:
“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.
Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.
Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.
Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, juntos a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:
· Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.
·Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.
·Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.
La ANEP condena, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.
La ANEP se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta hoy en día.
La ANEP reafirma, su oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.
San José, viernes 24 de setiembre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
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ANEP avala ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo
• Central Social Juanito Mora Porras -ANEP presentó una consulta institucional sobre el proyecto de ley del convenio 190 de la OIT que se tramita bajo el expediente 22.569
• Proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) avala y solicita a los legisladores en la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de Ley 22.569 que contiene la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Para la ANEP es de suma importancia que Costa Rica sea el siguiente país en ratificar el Convenio 190 y la Recomendación 206, ya que constituye un avance que respeta la dignidad de los trabajadores, la eficacia del diálogo social y del tripartismo en un mundo pos-COVID.
La presentación de la consulta institucional se realizó debido a que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley para aprobación del Convenio 190 y para apoyar participativamente, según lo contempla el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y en ejercicio de nuestro derecho de petición previsto en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 23.1, inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El documento presentado por ANEP, aborda la importancia de la aprobación de este convenio ya que con él se adoptan medidas de formación y sensibilización en el mundo del trabajo. Además, aporta relevantes estándares internacionales del Sistema Universal de los de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todos ellos de los cuales Costa Rica forma parte.
Sobre el convenio
El Convenio 190 de la OIT fue adoptado en la última sesión plenaria de la Conferencia de la OIT en junio del 2019, en Ginebra Suiza, y prevé la posibilidad de forjar el trabajo libre de violencia y acoso.
“El Convenio se aprueba luego de ocho años de no aprobarse ningún convenio, lo que demuestra lo difícil que es consensuar a nivel global. El Organismo Internacional adopta el Convenio 190 y una Recomendación Complementaria que proporciona directrices para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, como su aplicación, encontrándose abierto a su ratificación. Estamos frente a un instrumento internacional que obliga a la erradicación de la violencia y el acoso en ámbito laboral.
La importancia de la ratificación del Convenio 190 ha resultado ser todavía mayor durante la pandemia de COVID-19”, indica el documento.
Actualmente, existe la necesidad de que se adopten medidas y que se apliquen integralmente contra la violencia a todos los actores en el mundo del trabajo, en todos sus ámbitos, es decir, que también se incluyan los desplazamientos, los actos sociales relacionados con el trabajo, los espacios públicos, el teletrabajo y, en algunos casos, el domicilio.
“En resumen, la legislación no sólo es imprescindible para establecer sanciones sino también para implementar las políticas públicas: el Estado tiene la obligación de cumplir los tratados de derechos humanos, porque es primer sujeto obligado a ello y debe fomentar programas y medidas de índole cultura y educacional para la promoción y protección de tales derechos”, agrega el texto.
Una realidad latente es que los casos de violencia y acoso en el mundo de trabajo han aumentado y por eso es necesaria la ratificación del convenio 190 de la OIT.
