1 2021 Derechos Humanos Opinión Consultiva Corte Idh Mayo 2021 by EugenioGuerrero on Scribd
1 2021 Derechos Humanos Opinión Consultiva Corte Idh Mayo 2021 Resumen by EugenioGuerrero on Scribd
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), presentaron este martes por la tarde, una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solicitando una verdadera mesa de diálogo para discutir el futuro del régimen de pensiones de Invalides, Vejez y Muerte (IVM).
El envío de la misiva se da luego de que la Presidencia Ejecutiva de la CCSS solicitara este martes una reunión virtual para mañana miércoles 21 de julio, con estas organizaciones sindicales, sin clarificar cuales sería los objetivos a tratar en dicha reunión.
“No podemos ver la atenta invitación de conexión vía zoom, como única relación de parte de sus reconocidas autoridades (Presidencia, Cuerpo Gerencial, Actuarial, Jurídico, Asesores y de la Secretaría de Junta Directiva), y que luego sea consignada como el espacio y audiencia dada a nuestra representación, para luego tomar las decisiones unilaterales e internamente institucionales, sin un verdadero espacio de discusión y negociación efectiva”, indica el documento enviado por Fectsalud.
Para las organizaciones sindicales agrupadas en Fectsalud, donde ANEP es parte, es necesario convocar a una verdadera mesa de diálogo, para conocer todas las propuestas presentadas por las diferentes organizaciones.
“Al respecto, habiendo presentado formal y oportunamente nuestra propuesta alternativa, el pasado 7 de julio de 2021, reiteramos nuestra petitoria principal en cuanto a la necesidad urgente de que se convoque a una mesa formal de negociación, que retome las diferentes propuestas que se hayan presentado hasta la fecha, para debatir y construir ese necesario y urgente fortalecimiento de la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM)”, indica la carta.
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General-ANEP
Transcribo, seguidamente, con gran respeto para su autor y con la autorización de él, el siguiente comentario, escrito por don Luciano Mendoza Vargas. Le hicimos algunas correcciones ortográficas, con su venia.
“Indudablemente para nosotros, los dirigentes y afiliados, la convención colectiva lograda en Bandeco Del Monte Chira #4, para nosotros es un gran logro. Y esto gracias al gran trabajo y unión de nuestra organización ANEP-OBAS-Sarapiquí. Gracias a esto, pues, hemos logrado hacer entender a estas grandes empresas que, nosotros como trabajadores, tenemos nuestros derechos e invito a muchos trabajadores que todavía no han tenido la oportunidad de afiliarse a que nos busquen. Estamos a su disposición, cuando así lo deseen”.
Es sumamente interesante lo que viene ocurriendo en esa zona del país, Sarapiquí, pues el gran desarrollo de la producción agrícola de exportación, especialmente el banano, está generando, a su vez, fuertes inquietudes obreras con la finalidad de que, a través de la organización sindical, haya una plenitud de condiciones dignas de empleo y de trabajo, integralmente conceptuadas para beneficio de la persona trabajadora obrera y de su familia.
Don Luciano, con esa conciencia de clase, natural, inherente a su condición obrera, empieza a desarrollarla cuando expresa: “…nosotros, como trabajadores, tenemos nuestros derechos e invito a muchos trabajadores que todavía no han tenido la oportunidad de afiliarse a que nos busquen”.
Con contundencia nos señala él que, como trabajadores-obreros tienen derechos; y, avanza hasta llamar a sus compañeros de clase a unirse, a afiliarse, resaltando, de manera tácita, que es la organización sindical la que les puede permitir alcanzar metas de justicia social y económica.
Como está sucediendo, don Luciano alude a un novedoso proceso de aglutinamiento sindical que viene ocurriendo en la región, ANEP-OBAS; es decir, una filial-seccional de un sindicato nacional ampliamente reconocido como lo es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados; y que, en lo específico llama a cerrar filas a los obreros y a las obreras de la producción bananera y agrícola de la zona de Sarapiquí (OBAS).
Abierto que ha sido el diálogo social con la empresa transnacional-patronal correspondiente, Del Monte-Bandeco, don Luciano nos habla del proceso tendiente a la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo (CCT), en una de las fincas en las cuales se desarrolla la experiencia de organización sindical ANEP-OBAS, la finca Chira No. 4.
Tenemos aquí, dos elementos fundamentales de un proceso democrático hacia la reivindicación obrera de un grupo laboral tan especializado como el bananero. Por un lado, la conciencia de que el obrero tiene derechos y de que, otros como él, también; por tanto, hay que proceder a la organización, a afiliarse al sindicato nos dice don Luciano.
El otro elemento a resaltar es que don Luciano está consciente del proceso de sensibilización a la parte empresarial en cuanto a los derechos legales-constitucionales (e, incluso, los de orden internacional), a los cuales la clase trabajadora tiene acceso; para que, mediante el diálogo social parte obrera-parte patronal, exista en la finca Chira No. 4, una Convención Colectiva de Trabajo; un instituto éste del Derecho del Trabajo en Costa Rica, que tiene hasta rango constitucional y que está protegido en el Derecho Internacional, tanto que tiene categoría de Derecho Humano fundamental, universalmente reconocido.
Don Luciano, con sus sencillas palabras, hace alusión a un elemento fundamental y estratégico de la lucha obrera, de la lucha social de la clase trabajadora; tanto en nuestro país como en el plano internacional: es la unión, el concepto de la unidad obrera. Además, él está consciente de que esa unión debe ir de la mano de la organización laboral: Veamos cómo lo siente él: “…la convención colectiva lograda en Bandeco Del Monte Chira #4, para nosotros es un gran logro. Y esto gracias al gran trabajo y unión de nuestra organización ANEP-OBAS-Sarapiquí”.
Como parte de las acciones que pretende efectuar la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dentro de las municipalidades para garantizar la transparencia en el desarrollo de las funciones de las mismas, se presentó un amparo ante la Sala Constitucional contra la Municipalidad de Talamanca a fin de que se entreguen una serie de documentos que permitan conocer detalles sobre presuntas irregularidades dentro del gobierno local.
Además, existe una gran cantidad de incógnitas sobre las acciones internas, de los cuales, la ciudadanía también se ha manifestado preocupada, como por ejemplo la infraestructura vial, que es pésima.
Tras ser analizado por parte de los Magistrados se resolvió con lugar lo solicitado y se le dio un plazo a la Municipalidad para que entregue la siguiente información:
Jonathan Cascante Torres, presidente de la seccional se refirió a la información que debe brindar la municipalidad en los cuales hay preocupación por la forma en la que se está actuando, y en donde por parte de la municipalidad no hay intervención.
El primero refiere a la forma en la que dos funcionarios están cobrando viáticos, sin siquiera cumplir con los requisitos correspondientes “El reglamento que ellos tienen especifica una hora para la cena, pero ellos lo pasaron por alto. La cena es por decir a las 8:00p.m y ellos lo cobraban desde las seis de la tarde y así sucesivamente. Lo que presuntamente están haciendo es sacar algo similar a un salario mensual de esta forma.”, indicó.
Así mismo, el vicepresidente de la seccional, Cristian Rivera González, fue enfático en que debe haber transparencia en los diferentes procesos que desarrolla la municipalidad, ya que llama la atención que ante las diversas solicitudes que se presentaron para pedir información, la mayoría fueron negadas por parte de la administración.
“Buscamos que se llegue al fondo de las consecuencias y buscamos que la municipalidad se apegue a brindar claridad. Esperamos que muy pronto con el fallo de la Sala Constitucional se pueda dar ante la ciudadanía y la opinión pública un desglose de todas las situaciones”, manifestó.
CARTAS COVID
Uno de los puntos principales de la denuncia radica en que el alcalde Rugeli Morales Rodríguez, sin tener la potestad, envió, curiosamente, a quienes son afiliados de la ANEP para la casa, emitiendo una especie de orden sanitaria relacionado a la covid 19.
Deiby Porras Arias, asesor sindical de ANEP, indicó que este tipo de acciones no se pueden permitir ni pasar por alto, puesto que el jefe del municipio se brincó al Ministerio de Salud y a los médicos para tomar esta determinación.
De parte de la seccional y de la ANEP central se van a presentar las acciones judiciales que correspondan ante las constantes negativas de la administración junto a las actuar irregular, por lo que se irá hasta las últimas consecuencias.
Compartimos la Resolución Amparos de Legalidad Municipalidad de Talamanca
Resolucion Amparos de Legalidad Municipalidad de Talamanca by EugenioGuerrero on Scribd
El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio curso a un proceso de investigación contra La Ministra de Planificación, Pilar Garrido González y contra el Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, por infracciones a las leyes de trabajo y previsión social.
La decisión del Juzgado de Trabajo de elevar el caso a audiencia oral se da luego de la demanda presentada por el representante sindical Luis Leal Ruiz, quien funge como Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, por incumplimiento del Estado en el pago de reajuste salarial por costo de vida durante el año 2020.
Los hechos se remontan al 17 de diciembre del año 2019 cuando se publicó el decreto Nº 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, en el cual se dispuso un aumento salarial anual al salario base de todas las categorías del sector público de 7.500 colones, que se haría efectivo de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de febrero del año 2020. Sin embargo, luego en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, se suspendió el aumento establecido.
Ante esta situación, la ANEP y el presidente de la seccional ANEP-Imprenta Nacional acuden al Jugado de Trabajo al no realizarse el reajuste salarial establecido, a pesar de que existe la partida presupuestaria para proceder con su aplicación.
Dentro de los alegatos presentados por la ANEP ante el Juzgado de Trabajo, se indica que la conducta adoptada en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN es disconforme con el ordenamiento jurídico laboral, ya que violenta lo dispuesto en el artículo70, inciso i, del Código Trabajo, así como los artículos 167,177 y 178 ídem.
A estos argumentos, se suma “la transgresión cometida también violenta normas prohibitivas de carácter supra constitucional y de naturaleza legal, destinadas a proteger el salario y el patrimonio como derechos fundamentales de todos los servidores y servidoras públicas y como elemento esencial del contrato de trabajo, pues según lo establece el numeral 167 del Código, a trabajo igual corresponde salario igual, prohibición que surge de una interpretación armónica de este numeral, más los cánones 83 inciso i) y 70 inciso i) ibídem”.
Además, indican que “el actuar de estos servidores públicos, transgrede los mandatos de la Constitución Política y del Código de trabajo y esto constituye una infracción a las leyes laborales; sin dejar de lado las normas que permiten actualizar los salarios por costo de vida. Además de convenios internacionales referentes a la protección del salario”.
La ANEP también detalló, entre ostros aspectos, que ha existido inflación durante los años 2019, 2020 y 2021 generándose una pérdida del valor adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Ante estos y otros alegatos por parte del sindicato, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y de conformidad con los ordinales 672 del Código de Trabajo convoca a las partes a una audiencia oral, establecida el 17 de enero del año 2023. No obstante, la ANEP ya está gestionando lo pertinente para el adelanto de la audiencia.
El 7 de septiembre del 2020 el presidente, Carlos Alvarado firmó una ley en la cual se estipulaba trasladar un aproximado de 3.000 millones de colones a la Cruz Roja por concepto del impuesto a la telefonía móvil y convencional, lo cual permitiría la contratación de unos 300 socorristas nuevos, pero a la fecha no se ha depositado un solo colón.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.