ANEP y Fectsalud presentan propuestas para fortalecer el régimen IVM

¡CCSS miente! Dinero es insuficiente, se tendría que tomar dinero de la reserva a partir de este año y no en el 2033 como indicaron las autoridades

Desvío de fondos y otros hechos que afectaron al IVM se cuantifican en 49 billones de colones por una inadecuada gestión de las autoridades de la CCSS

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud) se oponen a la serie de acciones, entre las que se encuentra, elevar la edad mínima de retiro por vejez a los 65 años, para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) anunciadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en su lugar tienen varias propuestas para fortalecer el régimen.

Las propuestas elaboradas por el experto en matemática actuarial, Rodrigo Arias López junto con las organizaciones sindicales consisten en ajustar las cuotas requeridas y permitir a los hombres retirarse a partir de los 60 años de edad y con 480 cuotas mensuales.  En el caso de las mujeres pasaría de 450 a 462 cuotas, es decir, aportaría 12 cuotas más.

Otra de las alternativas, es que se utilicen los últimos 300 salarios cotizados, actualizados con un índice construido a partir del 50% de la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 50% de la tasa de variación del salario promedio cotizado a IVM. Actualmente, se utilizan los últimos 240 salarios indexados con el IPC para calcular el salario base de referencia.

Es importante resaltar que también existe oposición a los cambios que propone la Caja para calcular el monto de la pensión, en su lugar se presenta la opción de que el beneficio básico de pensión sea único e igual a un 50% del Salario Promedio de Referencia (SPR) por los primeros 25 años cotizados y el beneficio adicional de pensión por cada cuota mensual cotizada en exceso de 300 sea de un 0.0833% del SPR, tal y como está vigente.

Además, se plantea que el monto de la pensión mínima sea igual a 3.5 veces el monto de la Canasta Básica Alimentaria Total que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

También se propone la garantía de que después de aplicar el tope máximo de pensión, ninguna pensión será menor al 45% del SPR; conforme a lo establecido en el Convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo y para quienes se retiren a los 65 años o más edad con menos de 25 años cotizados, pero más de 15; la proporción de pensión será la misma que hoy está vigente, con garantía del monto de pensión mínima.

En el análisis exhaustivo de los datos y la situación de IVM, Rodrigo Arias López, licenciado y Master en Matemática Actuarial, exprofesor de la UCR y exjefe del Departamento Actuarial de la CCSS, llegó a la conclusión de que por muchos años se ha irrespetado lo que ordena el artículo 73 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la Caja, en los cuales se estipula la forma en que deben gestionarse y distribuirse los aportes del seguro social. Dado el caso, convirtieron al IVM en un régimen para beneficios y gastos de reparto y no en un régimen de capitalización como legalmente está ordenado.

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Más propuestas

Otras propuestas para salvar las pensiones del IVM son universalizar el Régimen No Contributivo de Pensiones; mejorando el monto de pensión que ofrece actualmente; crear un único régimen contributivo de pensiones; y que el Estado aumente el financiamiento no contributivo en el seguro de salud conforme lo establecen las leyes 5349, 5905, 7374, 7983, entre otras.

Es necesario también que se redireccionen hacia la CCSS los recursos que, en el futuro el Estado deje de aportar a los regímenes de pensiones que actualmente están con cargo al presupuesto nacional, los cuales se extinguirán gradualmente. Igualmente, se requiere mejor control de la evasión y la morosidad.

Para darle sostenibilidad durante por lo menos 25 años más a IVM se plantea que se le asigne gradualmente a este fondo, un 7,5% sobre los salarios, tal y como lo ordena el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el 73 constitucional.

Situación financiera y actuarial de IVM

Los escenarios que analizan las autoridades de la Caja para IVM son insuficientes e independientemente, de cual decisión se tome, se tendría que tomar dinero este año de la reserva para pagar las pensiones y no hasta 2033 como lo indicaron anteriormente.

De acuerdo con el matemático, el Covid-19 vino a agravar aún más la situación. La reserva actual es de ₡2,3 billones, sin embargo, se necesita una reserva de ₡54 billones para honrar las pensiones futuras al 100%.

Para contextualizar la crisis financiera del IVM es importante mencionar que la reserva y el plan actual de cotización alcanzarían para pagar menos del 45% de los beneficios futuros.

En los últimos años los gastos crecieron más que los salarios y las cuotas no alcanzaron, por lo que, agravado por la pandemia, se tendrían que tomar recursos de la reserva este mismo año. Y en el año 2026, la reserva podría quedar sin recursos, si no se aplican las medidas correspondientes.

Causas de la crisis

De acuerdo con el actuario son muchas las razones por las que el régimen de pensión de IVM está en una situación precaria, entre las principales está el manejo inadecuado del seguro durante muchos años.

Apunta que se han desviado 7,5% sobre los salarios de cuotas del Seguro Social en una cuantía de ₡34 billones al 2020, que hubo omisión de cobro de casi ₡8 billones al Estado conforme al Artículo 9 de la Ley 7374. Además, hubo incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva del 2006 al 2020, lo que representó un monto de ₡3,5 billones, a esto se suma la deuda del Estado a la CCSS ₡2,2 billones, sin incluir los ₡8 billones no cobrados. Además, dejaron la cuota de IVM fija en 7,5% durante 63 años.

 En resumen, el régimen de Invalidez Vejez y Muerte fue inducido a la precaria situación actual, esas y otras decisiones representan en pérdidas para el IVM de ₡49 billones.

Las autoridades de la Caja convirtieron a IVM en un régimen de reparto contrario a lo ordenado por Ley N°17, existe ausencia de autonomía en la Junta Directiva de la CCSS, no ha existido transparencia ni rendición de cuentas, y se crearon regímenes de pensiones insostenibles, además de que hubo una disminución de las tasas de natalidad y fecundidad, aumentó la esperanza de vida en todas las edades, así como la informalidad en el empleo.

Ante este escenario, exigimos la instalación de una mesa de diálogo y negociación por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del seguro Social con las distintas representaciones que han formulado propuestas, tal y como lo hacemos en este caso. Desconfiamos del manejo tecnocrático institucional de un asunto tan delicado como el que nos ocupa; rechazando el autoritarismo y las exclusiones de propuestas que difieran de análisis preestablecidos por la CCSS.  

Conferencia de prensa

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Solicitan respetar lineamientos de distanciamiento en ambulancias que trasladan pacientes con cita programada

Así lo manifestó la seccional ANEP-Cruz Roja en una nota enviada a la Gerencia de Recursos Humanos de la Cruz Roja Costarricense y al Departamento de Gestión del Instituto Nacional de Seguros (INS), ya que actualmente en el traslado en ambulancia de pacientes con citas programadas, se irrespetan los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento por la pandemia Covid-19.

Ricardo Castro Calderón, Presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense, detalló que en varias oportunidades han dialogado sobre el traslado de los pacientes de citas programadas del INS y la CCSS durante la pandemia, sin embargo, no han tenido un cambio por parte de las autoridades, esto a pesar de que el país se encuentra atravesando la tercer ola de contagio del Covid-19.

“Con tal de trasladar la mayor cantidad de pacientes posibles y así minimizar el uso al máximo de las unidades es que, por parte del INS, se gira la directriz de que deben de viajar al menos cuatro pacientes en la parte trasera de la ambulancia y de ser necesario uno en la parte delantera, irrespetando con esto la disposición del ministerio de salud sobre los 1.8 metros de distanciamiento social, poniendo en riesgo la salud del personal de la Cruz Roja y pacientes”, explicó Castro.

Actualmente los lineamientos generales (LS-SS-003) establecidos por el Ministerio de Salud para el traslado extra hospitalario (terrestre, aéreo y acuático) de personas en el marco de la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) indican “que la capacidad máxima del aforo de la ambulancia en el traslado será del 50% de lo indicado en el permiso de circulación”

Además, agrega “en los transportes programados y de no urgencias, el aforo será de un paciente con su acompañante o de dos pacientes. (egresos, citas programadas).

En el documento, la seccional detalla las medidas internas de las ambulancias que se utilizan para el traslado de pacientes con cita programada, donde dejan en claro la capacidad de las unidades con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud.  

Ambulancia Land Cruiser

“Nuestras unidades tienen una medida en su módulo trasero es de 2.93 metros de largo, 1.49 metros de ancho y 1.32 metros de alto, como podemos sacar las cuentas ante las medidas en la parte trasera no deberían de viajar un máximo de dos personas, cabe mencionar que también en dicho espacio hay una camilla telescópica de uso propio de la unidad, además en la parte delantera tenemos unas medidas de 1.44 metros de ancho y 1.32 metros de alto, en dicho espacio no se cumple la disposición del distanciamiento social para llevar a un paciente a la par del conductor, estas son las medidas de las unidades Toyota Hiace techo bajo, también se utilizan las unidades Toyota Land Cruiser doble tracción con espacios más pequeños, entre otras”, indica el documento.

Ante esta situación, la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense solicita a las autoridades respectivas, que el servicio de traslado de pacientes con cita programa se proceda a ejecutar con lo que dicta el documento emitido por el Ministerio de Salud,  con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios.