Categoría: Sector Privado

Diario Extra reportó en su edición del pasado jueves 6 de julio de 2014, acerca de que choferes de bus de la empresa Tuasa denuncian presuntos atropellos patronales, consistentes en deducciones abusivas y sumarias del salario, bajo acusaciones de que habría apropiaciones indebidas por parte del trabajador, de dineros cobrados por pasajes según los datos de las barras electromagnéticas; procedimiento empresarial de inobjetable naturaleza ilegal pues ni siquiera contempla un debido proceso.

En la ANEP y de manera constante recibimos, por diversos medios, quejas en tal sentido de muchos trabajadores integrantes de este gremio laboral importantísimo para la economía de este país; pero uno de los más sobreexplotados laboralmente.

Por ejemplo, el pasado martes 8 de julio y por vía fax, la ANEP recibió denuncias de atropellos de tal naturaleza en el caso de la empresa Tapachula, misma que realiza servicios de transporte de autobús a la comunidad del cantón de Santa Ana (ver documento de denuncia adjunto a la presente nota).

Nosotros emplazamos, con vehemencia, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que intervenga en atención a las reiteradas denuncias de los choferes de autobús; procediendo a convocar, con urgencia, a las principales cámaras autobuseras y, especialmente, a las empresas cuestionadas; así como debe convocar a las organizaciones sindicales de alta representatividad, como la ANEP, y que han venido planteando y denunciando este problema ante la opinión pública nacional.

A solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

A su vez, el pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, como la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las 11 horas 4 de mayo de 2011, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente: “Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

Por otra parte, ANEP oficializará en próximas horas respetuoso pero fuerte emplazamiento público al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús, mismo que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP); para que en ese “modelo” incluya todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata; incluso éste asunto de los ilegales y abusivos rebajos salariales sumarísimos.

De manera enérgica condenamos las desafortunadas declaraciones periodísticas del empresario señor Carlos López, a nombre de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), pretendiendo presentar ante la opinión pública nacional, a los choferes de bus como una “chusma”, prácticamente como “maleantes”; ante la molestia que le genera a esta entidad empresarial autobusera, la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley para evitar los rebajos abusivos y sumarios del salario de estos trabajadores, sin debido proceso alguno y en total estado de indefensión, por las presuntas apropiaciones de los dineros recaudados de las tarifas a tenor de una lectura unilateral de las barras electrónicas de control del pasaje. Horas después nos enteramos de que el empresario López es representante de la cámara nacional de transportes (Canatrans), y no de canabús. Fue un error del periodista de la extra que confundió a estos gremios autobuseros.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), repudiamos esas afirmaciones del señor empresario López, en el sentido de que los choferes “Hasta orines les echan a barras para sabotearlas” (Diario Extra, hoy miércoles 25 de junio de 2014), pues contienen una generalización abusiva sobre la conducta del gremio de los choferes de autobús, uno de los sectores laborales más altamente explotado y enormemente sacrificado.

La ANEP, que ha venido asesorando y orientando a muchos choferes de autobús en su silenciosa lucha por dignificar su empleo y obtener verdadera justicia social, tiene constancia de que la abrumadora mayoría de ellos es gente de gran honestidad, pese a que han acumulado un gran enojo y molestia por el prepotente tratamiento patronal de la relación laboral.

Valga indicar que a solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

El pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, con la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo del dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente:

“Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

La ANEP, con base en tales pronunciamientos solicitados por esta organización desde hace dos años, expresa abiertamente y por esta vía, su total respaldo a la iniciativa de ley que se tramita en tal sentido en el parlamento, solicitándole a los señores diputados y a las señoras diputadas actuar con urgencia al respecto.

Por otra parte, la ANEP hará una gestión oficial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús y que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP), debe incluir todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata. En próximos días ANEP hará una gestión oficial ante los máximos jerarcas ministeriales del MOPT.

En lo específico, si de ahora en adelante para pedir incrementos de tarifas de bus es necesario demostrar altos estándares en cuanto a cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad; deberá tener el mismo carácter valorativo la aplicación estricta y la observancia plena de los compromisos que Costa Rica ha asumido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el “Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha en la República de Costa Rica del Programa de Trabajo Decente por país”; compromiso que incluso cuenta con la firma de la propia Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

En dicho memorándum, se establece en su Primera Prioridad, “Promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales”, lo siguiente: “Sensibilización y capacitación de los constituyentes de la OIT (gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores), para el fomento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la equidad de género, tanto en el sector privado como en el sector público…”.

Así las cosas, la ANEP le recomienda al empresariado autobusero, tanto el que se aglutina en Canatrans, como los de las otras cámaras que, en vez de agredir y desacreditar a sus propios choferes, sin los cuales no podrían sobrevivir, abran espacios de diálogo social, acepten la organización sindical y procedan a entablar diversos mecanismos de negociación colectiva para, entre otros importantes aspectos, combatir algunas y pocas prácticas impropias que bien sabemos son la excepción, no la regla.

ANEP está dispuesta a un “tú a tú”, respetuoso y transparente, de cara a la opinión pública, para dialogar al respecto con Canatrans y con las otras corporaciones empresariales autobuseras sobre esta temática para construir acuerdos de paz social, estabilidad del negocio y seguridad laboral de los choferes a plenitud.

Es más, que quede por esta vía, así, de manera pública, un reto abierto en tal sentido quedando de nuestra parte a la espera de recibir una invitación empresarial para dialogar.

Como era lógico suponer, el 1.33 % de reajuste por costo de vida a los salarios mínimos propuesto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para aplicarse a partir del próximo 1 de julio; refuerza la tesis de este gremio corporativo de que la política salarial debe seguir por el mismo sendero pernicioso de los últimos años: a) reforzar la concentración de la riqueza, b) impedir la ampliación del poder de compra del salario, c) aumentar el crecimiento de la desigualdad y d) impedir una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.

El Gobierno del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha quedado en una encrucijada, considerando que es ésta la primera fijación de las 8 que deben darse en su administración, en el ámbito de los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía. ¡Llegó el momento de su “prueba de fuego”! Tres alternativas tiene a su disposición:

1) Darle su aprobación a la injusta y egoísta propuesta empresarial, mandando así una clarísima señal de cuál será la naturaleza esencial de su gestión gubernativa, lo que evidenciaría que el tal “cambio” fue únicamente una exitosa estrategia de propaganda electoral.

2) Darle su aprobación a la propuesta sindical, por ejemplo, la del 4.12 % que la ANEP y otras entidades sindicales sensatas estamos respaldando, enviando así una poderosa señal de que en su gestión la política salarial es componente esencial para reducir la desigualdad y potenciar la capacidad adquisitiva del salario para incrementar el papel del mercado interno en la reactivación de la economía. Además, mostraría el nuevo gobernante que comprende bien que quien le llevó a la Presidencia fue, en esencia, el voto obrero, pues abrumadoramente los grandes segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada, de los sectores privado y público, le hicieron ganar la segunda ronda electoral.

3) La tercera alternativa es mostrar una enorme capacidad de gestión de consenso para que haya un acuerdo tripartito en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS) y que haya un acuerdo empresarios-sindicatos con el voto gubernativo, por una propuesta mucho más decente y justa que el repugnante 1.33 % propuesto por la UCCAEP.

Desde un principio indicamos que esta fijación salarial, por ser la primera de la Administración Solís Rivera, representa una “prueba de fuego”. ¡Acertamos! En próximas horas constataremos la realidad del comportamiento gubernamental en un tema de tanta sensibilidad para la clase trabajadora asalariada del sector Privado.

Las diversas centrales sindicales que, negociarían junto al Gobierno y los patronos privados, ya tienen definido cuál será su propuesta para el Ajuste Salarial del Sector Privado correspondiente al segundo semestre del presente año.

Rafael Mora, Director Ejecutivo de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), indicó que se trata de un reajuste salarial del %4,12, es decir, 4.120 colones por cada cien mil colones que gane un trabajador de este sector laboral, propuesta que según Mora ira enfocado en dos sentidos.

“Primero que todo, que exista una verdadera política salarial en donde los salarios más bajos de los diferentes trabajadores del sector privado tengan un incremento significativo, que nada tiene que ver con un reajuste salarial, estamos hablando de un ajuste por una vez, en donde evidentemente los salarios puedan tener un crecimiento importante”.

“Por otro lado, nuestra propuesta fundamental es un ajuste salarial que ronda el 4,12%, como proponeos eso, un 3,75% de inflación acumulada que se presentó en mayo, más un %0,37 que quedó pendiente de la fijación del año 2011”, explicó Mora.
El Presidente Ejecutivo de la CSJMP dijo que el panorama de esta negociación lo ven positivo, ya que según este, el Gobierno de turno tiene una posición “que se aleja del corte neoliberal de los anteriores gobiernos”.

“Este Gobierno ha planteado una gran preocupación en cuanto al problema de brecha social que se ha abierto con la desigualdad, principalmente con un problema de salarios base que no tiene poder adquisitivo alto, como lo son los trabajadores del sector privado”, finalizó Mora.

La negociación que se desarrollará en la sede el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dará inicio este lunes 16 de junio del 2014, a partir de la 4:00 de la tarde.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Saloneros, celebran la aprobación del reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” conocida como “la ley de las propinas”, que viene a establecer diversas normas en beneficio de las y los saloneros del país.

Dicho reglamento entró en vigencia el pasado 6 de mayo, al ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta y entre las principales disposiciones aclara la naturaleza no salarial de la propina, a la vez que determina como esa propina debe de ser distribuida equitativamente entre los empleados del establecimiento, en aquellos casos donde el servicio de mesa sea brindado por más de un colaborador.

Además, la normativa establece que el monto total de la propina debe ser entregado y puesto a disposición de los saloneros, por lo que el patrono no puede imponer o hacer uso de ese dinero.

Otra de las aclaraciones que registra el nuevo reglamento es que el patrono o dueño del establecimiento no puede realizar ninguna deducción ni carga económica a la propina.

Ricardo Moreno Niño, Presidente de la Seccional ANEP –Saloneros, indicó que están muy satisfechos y celebrando este logro de una lucha que arrancó desde el 2012, y que ahora beneficiará a más de 115 mil personas en todo el territorio nacional que dependen de esta actividad.

“Las cámaras intentaron realmente quitarnos nuestro salario y dejarnos solo el 10% (propinas) como salario, pero en ningún momento eso se establece en ninguna ley. Nos quisieron enredar y abusaron por nuestro desconocimiento a la ley, Junto a la ANEP hemos defendido lo que muchos no se atrevieron, porque los empresarios han utilizado artimañas muy bajas humillando, presionando e intimidando a la gente por la falta de necesidades de trabajo”, manifestó Moreno.

Moreno agregó, que el cambio es radical, ya que ahora la ley con el nuevo reglamento está completamente a favor de los y las saloneros del país. “Aquí no hay vuelta de hoja, La Ley es concisa es únicamente para saloneros y saloneros en la defensa de ese 10% que ahora es intocable. Según nuestros cálculos este genera por mes a nivel nacional entre 8 a 10 millones de dólares y se lo estaban quedando los empresarios de este país, pero ahora va ser distribuido como se debe y equitativamente”.

Dentro de las nuevas disposiciones, también destaca los plazos durante los cuales se deben de cancelar los dineros por concepto de propinas, lo que dependerá de la forma de pago del cliente. Por ejemplo de ser en dinero en efectivo este deberá ser entregado en un plazo de una semana, si el pago es realizado con tarjeta de débito o crédito el plazo para entregar el 10% al salonero será de un mes.

Así mismo, es importante destacar que el nuevo reglamento ordena a los patronos a establecer de común acuerdo con sus empleados (saloneros), un sistema de control de las propinas que se generen a favor de cada trabajador, Además los saloneros y saloneras, así como las autoridades respectivas podrán solicitar al empleador un informe de dicho control.

Según indicó el Presidente de la Seccional ANEP-Saloneros la única modificación que solicitarán al nuevo reglamento es en el concepto de las barras, con el objetivo de que los barteder reciban este reconocimiento, ya que en muchos restaurantes y bares se cobra ese 10% en las barras, pero se lo quedan los empresarios.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados invitamos a todos los y las saloneras de este país a denunciar en nuestras instalaciones si sus patronos no estén cumpliendo con esta nueva normativa, que entró en vigencia desde el pasado 6 de mayo del 2014.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) participará por primera vez en la votación para la elección de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migración, lo que permitirá un mayor control sobre las políticas que se ejercen sobre la población migrante.

Fidelina Mena Corrales, Representante de la Seccional ANEP-Sector Migrante, indicó que la participación de la ANEP en este tipo de procesos permitirá que nuestra organización pida a los representantes de la sociedad civil resultados sobre sus gestiones ante el Consejo Nacional de Migración, esto en favor de la población migrante que es altamente vulnerable.

“Esto es de mucha importancia, ya que ANEP al ser una organización concentrada netamente en el aérea laboral y que se preocupa por todos los trabajadores del país sin excluir a los trabajadores migrante le permitirá ejercer un mayor control sobre la ejecutividad de la política migratoria aprobada en el pasado Gobierno”, dijo Mena.

Lo anterior, según el cumplimiento de la Ley General de Migración y Extranjería y el Decreto Ejecutivo N° 38094-G denominado “Reglamento para nombramientos de representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migración”.

El Consejo Nacional de Migración está integrado por los dos representantes de la sociedad civil, más los Ministros designados por el Poder Ejecutivo e instituciones autónomas como la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre otras.

Las carencias por las que pasan la población migrante en nuestro país son muchas, las cuales se centran en necesidad de vivienda, fuente de empleo, seguridad social y educación; a esto se une el irrespeto a sus derechos laborales y la falta de conocimiento para obtener su naturalización.

Esta situaciones los ha obligado a asentarse en las regiones más pobres del país y en el Valle Central no es la excepción, un ejemplo de ello son las zonas de La Carpio y Guararí, en donde las personas migrantes, principalmente nicaragüenses han encontrado su hogar en nuestro país.

Sin embargo, está población no pierde las esperanzas de obtener una vida donde se respeten sus derechos laborales y humanos, así como la posibilidad de acceder a una vivienda digna y propia, ya que en muchas ocasiones estas personas no son dueñas ni de los terrenos donde decidieron establecerse.

Estas personas han encontrado en la ANEP la forma de mejorar su calidad de vida y obtener los conocimientos necesarios en busca de esa vida digna en tierra ajena, que incluso en muchas ocasiones los discrimina por su situación social.

Es por esto que la ANEP, por medio de capacitaciones y trabajo de calle, pretende ayudar y dotar de las herramientas necesarias a los trabajadores migrantes en nuestro país, con la intención de que estos conozcan sus derechos y no sean víctimas de explotación laboral, y a la vez que les permita obtener el conocimiento para su naturalización.

Pese a todas estas adversidades la población migrante no baja las manos y día a día lucha por una mejor calidad de vida y este primero de mayo, con sus pancartas llenas de ilusiones, sueños y con su voz al cielo marcharan junto a la ANEP en el día internacional del trabajador, para hacer valer sus derechos laborares y humanos.

Una nueva manifestación que contempla el bloqueo de la carretera Interamericana Sur a la altura del puente sobre el Río Lagarto (entrada a Río Claro) preparan los Exoreros de la Zona Sur con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lo anterior debido a la negativa de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) de aprobar el pago correspondiente a la indemnización de estos trabajadores por el desalojo del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas.

Luego de 28 años de ser desalojados del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas en la Península de Osa, los ex oreros de la Zona Sur continúan luchando para que JUDEUR apruebe dicho pago, y que esto a la vez permita la aprobación del expediente N 18.912 Ley para la calificación de condición y autorización a JUDESUR para pagar a las personas ex oreros desalojados de los Parques Nacionales Corcovado y Piedras Blancas de la Península de Osa no indemnizados.

Navid Sobrado, Presidente de la Seccional ANEP-Exoreros de Golfito, indicó que dicho proyecto, incluso ya está firmado por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y por el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, además de que este ya se encuentra con “prácticamente el 100% de avance” en la Asamblea Legislativa.

“El panorama es un poco difícil, pero tampoco agobiante, ahora queda la parte que se ha pegado un poco que es el presupuesto, sobre el cual JUDESUR no ha contestado y tiene tiempo hasta el próximo jueves. Ahora lo que nos queda es bloquear la carretera, por lo que el próximo 13 de abril y amanecer del 14 cerraremos la Interamericana Sur a la altura del Río Lagarto, hasta que lleguemos aún acuerdo; en el cual veamos el presupuesto, ya que venimos varias veces a San José realizamos reuniones y no se llega a nada”, manifestó Sobrado.

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que en nuestra organización compartimos la protección del Parque Nacional Corcovado, ya que es un patrimonio de la humanidad, pero aquí hay problema social que debe ser atendido y que ha sido postergado por mucho tiempo.

“La fórmula que encontramos es ese proyecto de ley, esperamos que esta manifestación pues sirva para agilizar el proceso que se les ha prometido reiteradamente a los exoreros, pero cuya concreción se ha retasado demasiado. Trabajamos bastante en el manejo del asunto, lo posicionamos a nivel de Gobierno de la República, se consiguió un acuerdo, se convirtió en un proyecto de ley; pero ahora parce que el ente encargado de financiar esto no quiere hacerlo, argumenta diversas razones que no son convincentes”, manifestó Vargas.

Vargas agregó. “Ellos (exoreros) deben de hacer bien visible la gran paciencia que han tenido en esperar y esperar la mencionada indemnización. El movimiento que están realizando con el total respaldo de la ANEP puede ayudar, ya que en la zona no hay fuentes de empleo, ni una mano social de la política pública; lo que podría provocar un desplazamiento masivo hacia el Parque Corcovado”.

Esta situación de poco oferta laboral en la Zona Sur ha obligado a los exoreros a buscar diversas formas de conseguir el sustento diario para sus familias, al punto que viajan al Depósito Libre de Golfito a ofrecer sus cédulas por seis mil u ocho mil colones, para que los visitantes puedan adquirir una tarjeta de compra del depósito, otros deben de esperar días para ser llamados de un empleo, el cual sin embargo es de forma temporal.

Actualmente cerca de 400 ex oreros aún no han sido indemnizados por el desalojo del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, por increíble que parezca eso sucedió hace 28 años.