Categoría: Sector Privado

El 10% de la factura que se nos cobra en bares, sodas y restaurantes es para los saloneros y saloneras que nos atienden. ¿Se ha puesto usted a pensar si realmente ese dinero llega a los bolsillos de estos trabajadores?

La realidad nos dice que no. Los patronos y dueños de estos negocios, por ley, son simplemente receptores de ese dinero, que se cobra en las facturas, pero les es prohibido tocar ni un sólo colón del mismo. Por supuesto esta prohibición les importa un bledo, y el 10% se utiliza para pagar proveedores, inmobiliario, platos y vasos rotos. Se reparte entre todo el personal, incluido el guarda de seguridad, y muchísimas veces sólo se reparte una parte de ese 10%, o como nos narró una trabajadora, sólo les dan el derecho de cobrar los fines de semana, el resto del dinero a la bolsa del jefe.

Este problema va acompañado de otras tantas complicaciones más, como lo que viven las saloneras, discriminadas por su condiciones de mujeres a ser las encargadas del aseo, también el no pago de horas extras, o la cotización de menos cantidad de salario en la CCSS. También los empresarios, escudados en el ingreso que implica la propina, muchas veces no pagan el salario mínimo, violentando las normas básicas de la convivencia laboral de nuestro país.

Es por esto que la seccional ANEP – Saloneros está en la búsqueda de apoyos para hacer las modificaciones legales pertinentes para que se respete de manera real su derecho a la propina. Ya han tocado la puerta de la Defensoría de los Habitantes y de Casa Presidencial. En el primer caso la misma doña Ofelia Taitelbaum les recibió en su despacho y ordenó toda una serie de acciones que incluyen un estudio de inconstitucionalidad de la ley aprobada en diciembre, que fue promovida por ANEP, pero que ahora entendemos contenía artículos que del todo no solucionaban el tema.

La primer acción prometida por la Defensoría es un llamado al Ministerio de Trabajo, que no ha accionado en ningún momento a favor de los trabajadores y trabajadoras de este gremio, sino más bien siempre apoyando al empresariado. Tanto así que el propio Ministerio contestó que no podía hacer nada por este tema, ya que la propina no es salario y que eso era suficiente justificación para su inacción.

En Casa Presidencial se les indicó que tienen varias vías para tratar de resolver este tema, como el de canalizar los ingresos por el 10% mediante el Banco Popular, y ciertas medidas de control a los patronos que estarían anunciando en una proxima reunión.

En Costa Rica hay más de 100 mil saloneros y saloneras. Ellos y ellas merecen de una vez por todas se les respete su derecho a un trabajo digno y a unos ingresos justos, con el pago de la totalidad del 10% que generan con su servicio.

Estimado compañero Didier Leitón Valverde, Secretario General, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP):

Respetuosos saludos.

Le expresamos, con toda sinceridad, nuestra más grande admiración y respeto por toda la acción que realiza SITRAP, bajo su digna conducción clasista, a favor de uno de los sectores laborales más desprotegidos y más explotados dentro del conglomerado laboral asalariado del país: los compañeros y las compañeras que laboran en los plantíos agrícolas del país.

Nos alegra muchísimo este importante triunfo político-sindical, mismo que se agiganta ante las adversidades de la actividad sindical agrícola, radicalmente distintas de las facilidades que existen para la acción sindical en el sector Público. Sinceramente, “nos quitamos el sombrero” ante vuestra perseverancia y convicción profunda en esta noble y difícil causa: la de las libertades democráticas y la del pleno respeto a los Derechos Humanos, como el de la Libertad Sindical, en las plantaciones agrícolas costarricenses.

Es un verdadero honor el que tiene la ANEP de compartir con SITRAP, los mismos ideales en el seno de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), cuya recomposición operativa y político-ideológica empezó el pasado viernes 26 de julio de 2013. Por cierto que estamos urgidos de honrar nuestra palabra empeñada en cuanto a un compromiso solidario de la ANEP para con SITRAP más concreto y esperamos resolverlo en próximo días, reconociendo de manera autocrítica que nos hemos “lerdeado” en el asunto.

Nuevamente, estimado y respetado compañero Didier, reciba usted y su equipo de trabajo de SITRAP la más sincera admiración y respeto de nuestra parte.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
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SITRAP continúa cosechando triunfos en su ardua lucha por la liberad sindical en las Plantaciones Agrícolas en Costa Rica

Desde el día 29 de agosto de 2007 se le comunicó despido sin responsabilidad patronal a la trabajadora Albertina Muñoz Castrillo, en la empresa CARIBBEAN BEST SOCIEDAD ANÓNIMA, empresa productora y exportadora de Yuca, por lo que a través de departamento legal de SITRAP, la trabajadora presentó ante las autoridades laborales competentes acción para que en sentencia se condenara a la demandada a la reinstalación en su puesto de trabajo, así como al pago de los salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, cargas sociales, intereses y ambas costas del proceso.

Con esa misma suerte corrió la trabajadora Consuelo Soto Jiménez, en esa misma Empresa, y en agosto de 2008, se le comunicó el despido sin responsabilidad patronal, por lo que también debió recurrir a los tribunales de trabajo para presentar demanda para que se hiciera justicia.

En los dos casos las verdaderas causas de los despidos fueron por persecución sindical, sin embargo la empresa como es costumbre de ella, y de la mayoría de las empresas Privadas en Costa Rica, se inventó faltas que nunca existieron para despedir a las trabajadoras y así impedir el desarrollo del sindicato.

En el caso de Albertina, casi 6 años duró todo el proceso para su efectiva reinstalación, y se hiciera justicia, después de una gran lucha legal la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las Nueve horas cuarenta y cinco minutos del tres de junio de dos mil once se declara nulo e ineficaz el despido de la trabajadora y se ordena a la empresa la reinstalación en el puesto de trabajo en las mismas condiciones que disfrutaba antes del despido. Exp: 08-000489-0929-LA / Resolución: 2011-000445, y se condena a la empresa a pagar los salarios dejados de percibir por la trabajadora desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación al trabajo, así como los aguinaldos que correspondan a ese periodo, tomando en cuenta los ajustes de salario que se den por parte del Consejo Nacional de Salarios.

Además, la empresa debe cubrir las cuotas obreros patronales omitidas a la Caja Costarricense de Seguro Social durante el periodo indicado sobre los respectivos salarios a pagar. Asimismo, sobre las sumas que conciernen, se impone el pago de los intereses al tipo otorgado por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a plazo por seis meses; desde que se hizo exigible cada obligación y hasta su efectivo pago.

En el caso de Consuelo, casi 5 años duró todo el proceso para que se hiciera justicia, y la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del primero de febrero de dos mil trece. Exp: 09-000811-0929-LA / Res: 2013-000129, Se ordena a la empresa la reinstalación de la trabajadora en las mismas condiciones a que se encontraba trabajando antes del despido. Se le condena a pagarle los salarios caídos, desde su despido y hasta su efectiva re-instalación así como los intereses de las sumas conforme a las fechas de su recepción, acorde con lo que establece el Banco Nacional para sus depósitos a plazo fijo, por seis meses.

Se condena a la demandada a pagar las costas personales y procesales, fijándose las primeras en un quince por ciento de la condenatoria.

En acatamiento a la orden del tribunal, Albertina Muñoz Castrillo, y Consuelo Soto Jiménez, en compañía de mi persona en mi condición de Secretario General de SITRAP, el día 23 de julio de 2013, y en coordinación con el Dpto Legal de SITRAP, nos presentamos en la finca ante la señora Irene Carvajal de Recursos Humanos, esto con el fin de coordinar lo concerniente a la efectiva reinstalación al puesto de trabajo de ambas trabajadoras, en dicha reunión se acordó, después de hacer la empresa algunas propuestas de trasporte, y de previo a algunas averiguaciones del mismo, las trabajadores se reincorporaron al trabajo el día 24-07-2013. Debemos aclarar que en el caso de Albertina, si bien es cierto la sentencia quedó en firme desde el 2011, la empresa no había querido reintegrarla al trabajo, hasta en la fecha ya mencionada.

Las trabajadoras están muy satisfechas con el resultado, y dan las gracias a SITRAP y a su depto. Legal por el gran esfuerzo que han hecho para que se diera este triunfo, también dan las gracias a los y las testigos que tuvieron el valor de ir a los tribunales a dar el testimonio de las acciones anti-sindicales que practica esta empresa.

Es muy importante decir que con estos dos casos, ya son 6 los casos que se ganan en esta empresa, y a ella no la ha quedado más remedio que acatar la orden de los tribunales, y ha tenido que reintegrar a los y las trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo, estos triunfos se deben a la ardua lucha que ha venido dando SITRAP en la defensa de los y las trabajadoras, cada día nos acercamos mas a la preciada libertad sindical, solo que tenemos que mantenernos en pie de lucha para recoger los resultados del sacrificio hecho durante todos los años anteriores, otra parte que es de mucha importancia resaltar es que además de que en estos casos se hace justicia, es un gran precedente para que las esta y demás empresas inicien a respetar la libertad sindical en las Plantaciones en Costa Rica

Por otra parte queremos dar la gracias a todas la organizaciones y amigos, nacionales e internacionales que nos han tendido su mano para que SITRAP continúe en lucha por los derechos de la clase trabajadora en las Plantaciones Agrícolas en Costa Rica.

Saludos cordiales a todos y todas
Didier Alexander Leiton Valverde

Secretario General
SITRAP
Teléfono: 2768-88-45
Fax: 2768-82-49

Un importante grupo de personas trabajadoras asalariadas de la conocida firma comercial Pizza Hut, han tocado las puertas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para hacer un vehemente llamado a sus respectivos patronos, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la opinión pública nacional, ante el creciente rumor de una eventual situación de quiebra de su asociación solidarista.

Alegan sentir gran indefensión ante una convocatoria a Asamblea Extraordinaria de tal entidad solidarista, indicándoseles que el asunto a tratar es “Liquidación de la Asociación Solidarista de Empleados de Pizza Hut”; asamblea que se ha de celebrar el próximo martes 2 de julio, en la Casa Libanesa, frente a Scotiabank Torre Mercedes, Paseo Colón, a las 8:30 de la mañana.

Se les conmina a asistir indicándoseles que “la asistencia es obligatoria de todos los socios y recordamos que existe permiso de la compañía para asistir, por tanto nadie puede impedir la asistencia del asociado a esta Asamblea”.

En conversación privada, bajo una atmósfera de clandestinaje y miedo, el grupo de trabajadores de Pizza Hut que habló con la ANEP planteó (entre otros aspectos) que: a) Se les habría obligado a afiliarse y que la deducción salarial es del 6%; b) que nos les estarían dando estados de cuenta de sus ahorros y dineros disponibles; c) que quienes habrían tenido la suerte de recibir dividendos, la última vez que éstos se distribuyeran, ahora se les está indicando que se les deducirá pues deberán “compensar” lo que ya se les dio; d) que en lo que va del año se les estaría debiendo salario pues solamente se les paga lo de las propinas.

Además, alegan que en los últimos meses ha habido una gran desafiliación producto de las presuntas “nebulosas” sobre la situación financiera de la indicada entidad solidarista, misma que hace unos dos años habría afrontado una delicada situación, con ribetes de presunta ilegalidad, que habría afectado el patrimonio en unos 300 millones de colones.

ANEP hace una exhortación pública al Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS) para que haga una urgente intervención de oficio, con base en el marco legal que le asiste al efecto, para que asuma un rol protector de los derechos de este grupo laboral y evitar un presunto deterioro a su patrimonio obrero por cesantía y/o por ahorros que ahora, al parecer, podrían perder.

La ANEP estará en seguimiento de esta situación e insta a la parte patronal de Pizza Hut a no ejercer represalia alguna contra los y las denunciantes.

El pasado domingo 9 de junio el equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Trabajador Migrante, conformada por los compañeros que trabajan en ANEP gracias al convenio con el Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua (FNT) y al convenio con el Grupo de Monitoreo Independiente (GMIES), brindaron la primer capacitación en Derechos Laborales y Migratorios a los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) en Siquirres, provincia de Limón.

La capacitación fue impartida a 35 personas, todos y todas líderes sindicales, en su mayoría de origen nicaragüense, que se desempeñan en plantaciones agrícolas, sobretodo en plantaciones bananeras.

Esta población laboral sufre grandes dificultades y violaciones a sus derechos laborales, por supueso cometidas en su perjuicio por la patronal de la zona en las bananeras y otros cultivos, como la yuca. Al final de la actividad, los participantes expresaron sentirse satisfechos con la metodología de enseñanza de la compañera expositora Licenciada Fidelina Mena Corrales.

A la vez se contó con la participación de la compañera María Hayde Hernández Hernández, diputada en el Parlamento Centroamericano por Nicaragua, quien tuvo la oportunidad de interactuar y compartir con nuestros hermanos nicaragüenses sus necesidades y diferentes situaciones de orden migratorio, expresándole ellos la necesidad de mejorar la atención y recepción de sus solicitudes en el Consulado Nicaragüense tanto en San José como en las distintas oficinas consulares en el país.

Como dijimos, este es el primero de varios talleres de capacitación de este tipo que se impartirán en zonas rurales y urbano marginales, no necesariamente sólo con personas afiliadas a la ANEP, sino que tengan necesidad del mismo y que contacten a la organización sindical nuestra.

Asociación de Emprendimiento Tecnológico Inclusivo (ADETI)
Seccional ANEP-Mefi Boset-Personas con Discapacidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad

Manifiesto a la opinión pública nacional
Emplazamiento al MEP:

Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad; específicamente con relación a la calidad de la Educación que reciben los y las estudiantes con discapacidad en Escuelas de Enseñanza Especial y Aulas Integradas.

Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad, estamos solicitando a través de esta petitoria a las autoridades del Ministerio de Educación, que se les de intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.

En esta línea, planteamos que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Teniendo en cuenta, que desde siempre nuestros hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo, según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.

Históricamente esto ha ocurrido porque las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de derechos humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas.

En nuestras familias valoramos la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos.

“Contribuyendo al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados.”

La petitorio se concentra en trece puntos centrales:

1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, esta indica que:

“Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad: Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad”.

Al respecto, se refiere al particular la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 4, inciso 3, sobre las Obligaciones Generales:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

En este caso, el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial ,es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.

2. Por tanto requerimos se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no solo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil, sino ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes

3. Requerimos se homologue el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.

4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no solo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos Centro Educativos.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los Centros Educativos de Educación Especial para que estos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.

6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.

7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.

8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.

9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.

10. Exigimos pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.

11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.

12. Exigimos una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá de disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la componen nuestra sociedad.

13. Requerimos la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.

San José, lunes 8 de abril de 2013.

Firmas responsables:

Roberto Sánchez Leitón,
Mario Alvarado Porras, Presidente, ADETI
Verónica Picado Loaiza, Por familiares y personas solidarias
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Este domingo 7 de abril, en el distrito de Jiménez, del cantón de Osa, provincia de Puntarenas, más específicamente en la localidad de Puerto Jiménez, unas 300 personas se congregarán y desfilarán por las calles del pueblo, demandando del Gobierno de la República una atención más ágil hacia el pago de indemnizaciones pendientes establecidas para la protección más sólida de la increíble riqueza natural costarricense que se concentra en el Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, de proyección e impacto mundial y de una reconocida reserva aurífera.

La decisión-país de preservar tal patrimonio natural obliga a la sociedad a velar por la situación socioeconómica de las personas trabajadoras que por años han logrado su sustento familiar extrayendo oro de dicho parque nacional; actividad que, afortunadamente, quedó del todo prohibida.

Por tanto, se hace necesario proceder con el pago de indemnizaciones a esas personas que se quedaron sin ninguna fuente de ingresos económicos dado que el “oreo” era su única entrada financiera para los correspondientes núcleos familiares.

Unas 720 personas se han aglutinado en torno a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundando la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, cuya dirigencia ha realizado diversas gestiones, especialmente ante los ministerios de la Presidencia y de Ambiente y Energía (MINAE).

ANEP reconoce que ha habido interés gubernamental en este grave problema social y, particularmente, desde el Ministerio de la Presidencia se la venido prestando atención calificada. No obstante, la situación de pobreza de todas estas personas es de tal gravedad que si tales indemnizaciones no llegan pronto, se corre el riesgo de una invasión sin control a las áreas protegidas de Corcovado y Piedras Blancas, para “orear”, enfrentando riesgos de enfrentamiento con los guardaparques de consecuencias imprevisibles.

ANEP deja constancia de que ninguna persona exorera cuyos intereses está representando esta organización, está metida en estos momentos en los terrenos protegidos indicados y no invadirán para nada los mismos, aunque los niveles de desesperación son tan altos que el control se dificulta para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas.

En todo caso, la posición oficial de ANEP es de total respaldo a la prohibición de todo tipo de actividad extractiva en ese patrimonio ecológico nacional y mundial, especialmente la extracción aurífera.

ANEP espera que con la manifestación de este domingo 7 de abril de unas 200 personas, por las calles de Puerto Jiménez, alrededor de las 10 de la mañana, el clamor que genere abra más las sensibilidades gubernamentales para resolver este conflicto social en desarrollo de la mejor manera.

Más detalles los puede brindar el ciudadano Navid Sobrado Obregón, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, en el teléfono celular No. 88 23 03 12.

Este día lunes 25 de febrero, un importante grupo de compatriotas, personas con discapacidad, se reunirán en el Parque Central de esta ciudad capital, a las 9 de la mañana, sitio desde el cual marcharán, en sillas de ruedas principalmente, hacia la Asamblea Legislativa.

La actividad está propiciada por el grupo “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO; lográndose que el “Movimiento Mefi-Boset” (el nuevo agrupamiento de personas con discapacidad), se una al evento. Asimismo, ambas entidades tienen el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Según los representantes del “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO, “los proyectos de ley presentados en el congreso, referentes a la población con discapacidad no han sido consultados adecuadamente a la misma. Esto como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”. Se trata de la ley de la República No. 8661.

Esta razón motiva la actividad de este lunes 25 de febrero. “Asimismo, se desea resaltar que la consulta actualmente se realiza en un plazo de ocho días hábiles. Esto en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a expresar su voluntad especialmente si requieren de apoyos técnicos tales como formatos de audio, LESCO, braille, entre otros”, según lo indican los impulsores de esta marcha que, como se indica, cuentan con el respaldo de la ANEP.

Finalmente, agregan que “Así se hace patente la indiferencia de la que, por década, ha sido objeto este grupo. Con ello se invisibiliza a personas que, de contar con las herramientas adecuadas, podrían ejercer su derecho a expresar eficazmente su criterio en temas que les competen”.

El Movimiento de Vida Independiente y el Proyecto MORPHO, así como el Movimiento Mefi-Boset y la propia ANEP, tienen el pleno convencimiento de que esta acción, la anterior y otras que vendrán, marchando en la calle, han de servir como herramienta para lograr los cambios sociales que necesita la población con discapacidad y que son urgentes en la materia.

ANEP indica que el ciudadano don Carlos Barrantes Ulloa puede ampliar sobre el particular, localizándosele en los siguientes números celulares: 84 01 80 41 y 87 66 71 08.