ANEP presentó un estudio sobre revaloración técnica de varios
puestos de cuerpos policiales, en comparación con los puestos Agentes de
Policía y Suboficial de Guardia de la Policía Penitenciaria, con la finalidad
de que a estos últimos se les pueda hacer un reajuste salarial, como ocurrió
con Fuerza Pública y la Policía Profesional de Migración (PPM).
Recientemente a los agentes de Fuerza Pública y de Migración se les aplicó una mejora salarial justa. Sin embargo, la Policía Penitenciaria no fue tomada en cuenta para estos efectos. Los criterios técnicos que aplicaron para aumentar el salario de los cuerpos policiales mencionados anteriormente, refuerzan la necesidad de dignificar en similar condición a los Agentes de Policía de la Policía Penitenciaria. Los miembros de la Policía Penitenciaria ostentan salarios relativamente bajos- de los más mal pagados del empleo público- no se justifica que, personas que ponen diariamente en riesgo sus vidas por la seguridad ciudadana tengan unas condiciones de empleo y trabajo sumamente cuestionables
Sobre la agresión que sufrieron compañeros de la Policía Penitenciaria en Pérez Zeledon por parte de un sector de la población privada de libertad, ANEP hace llamado al Gobierno.
La Policía Penitenciaria debe contar con el personal adecuado, las condiciones de trabajo dignas y el respaldo jurídico para el desempeño de sus funciones.
No podemos permitir que personas violentas agredan a nuestros compañeros policías y no pase nada. Se deben sentar las responsabilidades y solicitar la declaratoria de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional.
ANEP reitera la necesidad de tomar medidas urgentes e inmediatas. No esperemos a que suceda alguna tragedia o hecho lamentable para actuar.
Mediante su seccional en la Policía Penitenciaria, la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un
documento en Casa Presidencial en Zapote, solicitando al Gobierno de la
República incluir a los miembros de la Policía
Penitenciaria en la mejora salarial propuesta para Seguridad Pública.
El documento entregado en Casa Presidencial indica “Es
importante señalar que, la función de los miembros de la Policía Penitenciaria es
una de las más peligrosas y desgastantes en materia de seguridad. Además, el
salario de estos compañeros y de estas compañeras no compensa justamente el
alto riesgo y los niveles de responsabilidad que enfrentan diariamente”.
Además, agrega que los cuerpos policiales del país cumplen
una función extraordinaria en materia de seguridad, y que justamente, están
incluidos en una misma ley.
Actualmente el salario base de un Agente de Policía Penitenciario ronda los 328 mil colones.
Benjamín Sevilla sobre solicitud de aumento
El pasado miércoles 10 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo anunció un ajuste técnico de hasta un 6% en los salarios más bajos, el cual se aplicará a puestos correspondientes a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Academia Nacional de Policía, Policía de Control de Drogas y Policía de Migración y Extranjería, dejando por fuera a la Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal y Guardaparques.
Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
En reiteradas ocasiones la ANEP ha solicitado que se declare el Sistema Penitenciario en estado de emergencia nacional. No sólo por las condiciones de hacinamiento, sino por las deficiencias en infraestructura. Hoy, sabemos que hay motivos más fuertes que justifican una declaratoria de esta naturaleza.
La crisis que vive el Sistema
Penitenciario Nacional, por las condiciones insalubres, por el surgimiento de
enfermedades infectocontagiosas, como tuberculosis, parotiditis (paperas),
entre otras, requiere un esfuerzo mayor por parte del Gobierno. El Ministerio
de Salud debe atender a la población penitenciaria como corresponde, con
programas de prevención y de vacunación. Debe, además, hacer una inspección en
todos los centros penitenciarios del país y determinar cuáles no cumplen con
las condiciones de higiene e infraestructura adecuadas y tomar medidas
inmediatas.
Los miembros de la Policía
Penitenciaria y el personal de cárceles en su totalidad deben conocer cuáles
son los protocolos a seguir, las medidas de prevención. En caso que un
compañero o compañera resulte infectado, cuál debe ser el procedimiento a
seguir. Nuestro criterio al respecto, es que se le debe trasladar al Instituto
Nacional de Seguros, pues la enfermedad se contrajo producto de la actividad
laboral que realiza; y, el caso debe comprenderse como riesgo de trabajo, al
amparo de la normativa laboral.
Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo
La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques. Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.
“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.
Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.
“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.
“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la
siguiente:
1- Reformar
la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la
aplicación de la misma.
2- Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.
3- Iniciar
un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder
Ejecutivo, con los del Poder Judicial.
4- Retomar y
replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.
5- Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.
6- Presupuestar
la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y
Administrativo, de las herramientas necesarias.
7- Presentar
reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una
contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.
8- Respaldar
el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el
Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.
9- La
Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.
10- Que se deje
sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de
Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.
11- Que la
Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de
armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación
policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.
12- Que el
Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en
proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial
“Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que
dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir
en la Fuerza Pública.
13- Equipo de
protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que
refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros,
guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial
especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).
14- Que, siendo
nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad
sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la
sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las
Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en
torno al ejercicio democrático de la organización sindical.
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales
Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y
Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y
realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como
Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público
que se discuta en la Asamblea Legislativa.
Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han
visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial.
“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo
15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas
trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos
mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores
policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía,
presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la
evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de
vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es
ineficiente y cuestionable.
“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar
en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están
dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las
jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.
Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de ley, éste afectará directamente el salario de
los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de
los pocos incentivos salariales que
tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas se eliminó el
quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado
académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los
cuerpos policiales.
Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública,
con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública
desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil.
Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En
el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo
periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial (ver cuadro
adjunto al final).
”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y las acciones ya tomadas por parte del Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
*Datos a Considerar
En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales, provocando una sobre carga laboral.
“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.
Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.
Conferencia de Prensa: cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Conferencia de Prensa cuerpos policiales afiliados a la ANEP
* Datos a considerar
-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo. -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.
La Seccional ANEP solicitó al Ministerio de Justicia y Paz detallar tema de vacaciones, contratación de personal y revaloración salarial en aquellos puestos que haya cargo de funciones.
1. La Policía Penitenciaria en su inmensa mayoría está constituida por hombres y mujeres con altísimos niveles de probidad. No se puede admitir que, por unas pocas personas, que se presume han cometido algunas faltas al respecto, se generalice y se ensucie el buen nombre y la imagen de un valiente y abnegado gremio de policías.
2. ANEP es respetuosa de los procesos que en el marco del derecho y de respeto a la dignidad inherente de los policías ejecute el Ministerio de Justicia y Paz.
3. ANEP no puede ni debe interferir en la aplicación de dichas pruebas, salvo que existan irregularidades en la aplicación o que las mismas sean alteradas de forma maliciosa.
En este momento estamos indagando si las pruebas toxicológicas se ajustan a estándares internacionales que garanticen la exactitud de los resultados. Si la elección del personal y las eventuales sanciones se están aplicando de forma legal, equitativa e igualitaria. Se espera que en la práctica no haya espacios para el hostigamiento y que todas las personas, aunque se encuentren en puestos de jefatura sean tratadas en igualdad de condiciones.
4. Es verdad que la Sala Constitucional ha indicado algunos lineamientos al respecto, considerando la adicción como una enfermedad. No obstante, ANEP considera que nuestra defensa debe estar mayormente orientada a los conflictos obreros patronales que no guarden relación con conductas tipificadas en la Ley penal. En este caso, creemos firmemente que la función policial es incompatible con el consumo de sustancias psicoactivas o psicotrópicas prohibidas.
5. La honrosa función policial tiene ciertas excepcionalidades, por ello, al accionar de los agentes de seguridad (a su conducta) se le adjudica un cierto nivel de rigurosidad diferenciado en relación con los demás servidores públicos. Tómese en consideración que los expertos indican que el consumo de algunas sustancias ilícitas genera alteraciones a la salud y a la conducta de las personas. Que el policía o la policía debe estar en condiciones óptimas de disponibilidad aún en su semana libre, para hacerle frente a casos de fuerza mayor o de grave peligro a la seguridad.
Por ejemplo: no es lo mismo un policía con problemas de alcoholismo que un policía con problemas de adicción a sustancias ilícitas. El licor es de venta libre y se encuentra en distintos negocios comerciales, su consumo es legal y su tratamiento, por consiguiente, admite un procedimiento diferente. Sin embargo, algunas drogas o sustancias ilícitas solo se pueden conseguir a través de entablar nexos con sujetos dedicados al trasiego y venta de drogas. Sería inadmisible que una persona detenida por venta de sustancias ilícitas sea eventualmente custodiada por quien afuera figura como su cliente.
Finalmente, rogamos al personal policial su amable comprensión en estos casos, ya que ANEP se compromete a defender y llevar hasta las últimas consecuencias cualquier otro tema en el marco de las relaciones del trabajo. Pero guardamos distancia de aquellos que tienen que ver con actos de corrupción, o de acciones de materia penal. Sin que esta declaración niegue el derecho de defensa y la presunción de inocencia que le asiste a cualquier ciudadano.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
