Categoría: Sistema Penitenciario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales Policía Penitenciaria y Sistema Penitenciario Nacional, convocan a todo el personal de la Policía Penitenciaria a sumarse a la marcha del próximo 31 de agosto en la Ruta 27, ante la negativa del Ministerio de Justicia y Paz de pagar 2.290 millones de colones correspondientes al segundo tracto de la deuda por disponibilidad.

Los dineros para realizar dicho pago corresponden a 900 millones de colones reservados por el Ministerio de Justicia y Paz, mientras que los 1.390 millones restantes, fueron aprobados extraordinariamente por el Poder Legislativo y firmado el pasado 19 de agosto por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Gerardo Cascante, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, indicó que es una barbaridad que el Ministerio de Justicia y Paz, a última hora, se niegue a girar los dineros adeudados por concepto de disponibilidad, máxime cuando ya se cuenta con los recursos para realizar dicho pago.

“Condenamos y denunciamos enérgicamente de que se pretenda, a última hora y con artimañas administrativas no realizar el pago correspondiente a todos los compañeros y compañeras Policías Penitenciarios, además de desacreditar las certificaciones aportadas que comprueban las horas laborabas por concepto de disponibilidad, por lo que hacemos un llamado a todos los Policías Penitenciarios a que nos manifestemos el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27”, manifestó Cascante.

Por su parte Ligia Solís, Presidenta de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, indicó que es inaudito que a estas alturas el Ministerio de Justicia y Paz, alegue que debe comprobar si las boletas por disponibilidad presentadas por los oficiales son falsas o bien indicar que va a reconocer menos horas de las indicadas en dichas boletas.

“Es claro que cada boleta con el tiempo de horas laboradas por disponibilidad va firmada por el Director de la Policía Penitenciaria, las boletas son claras y no existe falsificación alguna. Tampoco es justo que ahora aleguen que van a apagar menos horas de las que se registraron en las boletas. Ya existe un compromiso por parte del Ministerio de Justicia y debe cumplirse”, manifestó Solís.

ANEP ha estado recibiendo varias llamadas de denuncia por parte de Policías Penitenciarios, un claro ejemplo es el de la oficial Yadira Valverde Castro, quien labora en el CAI-Virilla, a esta oficial le certificaron 108 horas laboradas por disponibilidad, sin embargo a la hora de consultar por su pago le indican que sólo le reconocieron 39 horas.

Para los representantes de la ANEP en la Policía Penitenciaria, este actuar del Ministerio de Justicia y Paz solo deja una serie de dudas e interrogantes sobre el manejo que se le ha dado a los dineros correspondientes al pago por disponibilidad.

“Esto es muy extraño. ¿Será qué se gastaron los 900 millones de colones para saldar estas deudas? ¿Qué usos se le dio a los 1.390 millones de colones que la Asamblea Legislativa aprobó, extraordinariamente? Necesitamos contundentes explicaciones porque todo está indicando que serán los y las integrantes de la Policía Penitenciaria quienes han de pagar los platos rotos”, manifestaron los representantes de ANEP en la Policía Penitenciaria.

Ante esta situación ANEP reitera el llamado a los y las compañeras de la Policía Penitenciaria a manifestarse el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27.

Luego de ser convocados por la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, a una reunión en la tarde del pasado lunes 15 de junio de 2015, para conocer el estado de nuestra propuesta a la parte salarial del Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria; nos informó la indicada jerarca a cerca de una conversación previa que como una “cortesía” le dio la Autoridad Presupuestaria para analizar lo referente al Manual de Puestos.

Como criterio de la Autoridad Presupuestaria, en su calidad de técnico en la materia, éste le manifestó a la Ministra que la propuesta presentada por el Ministerio con relación a la estructura salarial propuesta no tenía fundamentación, toda vez que, no cumplía con el principio de “gradualidad”, y no tenía presupuesto definido, es decir, no tenía definido como financiar la propuesta. Lo anterior, entre otras observaciones que realizó la AP.

Ante este escenario y una solicitud vehemente de la ministra Ramírez para que le otorgáramos un poco más de tiempo y le ayudáramos a resolver el tema de la gradualidad salarial y el tema del respaldo financiero para justificar la nueva estructura salarial del manual de puestos, accedimos a llegar a un acuerdo (mismo que va adjunto a esta comunicación electrónica), comprendiendo nosotros que así como en el pago del reconocimiento de horas extras por disponibilidad hubo colaboración y buena fe de la mencionada jerarca; en este asunto también la ha habido, tanto de parte de ella, como de Pablo Bertozzi Calvo, Director de la Policía Penitenciaria, así como de parte de Giovanni Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos del MJP. Debemos recordar que la propuesta salarial del mismo ministerio para las jefaturas nos permitió, en su momento, proponer un aumento al salario base de los y de las policías penitenciarios más acorde a sus funciones y responsabilidades.

A continuación ponemos en conocimiento de toda la digna fuerza laboral policial penitenciaria del MJP, acuerdo que posibilitará la aprobación sin lugar a dudas del nuevo manual de puestos.

Acuerdos Sobre Manual de Puestos Policía Penitenciaria

Luego de largos meses de espera y ante reiterada lucha de la ANEP en este asunto, la cartera Ministerial de Justicia y Gracia entregó, en horas de la tarde del pasado viernes 6 de marzo de 2014, a la ANEP y a su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, la propuesta “Informe Técnico Modificación al Manuel de Clases de la Policía Penitenciaria y Equiparación Salarial”.

Según lo convenido con la señora ministra del ramo, la Licda. Cristina Ramírez Chavarría, a su vez, la contrapropuesta sindical deberá entregarse en su despacho, a más tardar el próximo viernes 13 de marzo para lo cual, los y las integrantes de la Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria entran en sesión permanente y en la sede de la ANEP desde este lunes día 9, con la finalidad de analizar el documento ministerial y elaborar la contrapropuesta de esta organización.

De entrada, sin análisis de fondo, el conflicto se ve venir: mientras al puesto más bajo de la propuesta ministerial, “Vigilante Penitenciario”, se pretende otorgarle un incremento a su base salarial de 17.050.oo; al máximo puesto de un centro penal, denominado Jefe de Seguridad Penitenciaria, se le pretende subir su respectiva base, en 447.400.oo colones.

Más concretamente, “el policía de abajo”, “el no rayado”, pasaría de una base de 281.200 colones mensuales, a una de 298.250 colones mensuales; el incremento es, como se indicó, de 17.050 colones.

Por el contrario, la respectiva jefatura, “el policía de arriba”, “el rayado”, pasaría de una base salarial actual de 308.050 colones por mes, a una de 755.450 mensuales: 447.400 colones de aumento, a la base, por mes.

En consecuencia, en una misma cárcel tendríamos un incremento de las distancias salariales que nada conveniente será para el clima institucional y para las futuras relaciones personal subalterno-jerarquías de seguridad, afectando la seguridad estratégica carcelaria.

Si bien es cierto la justa remuneración salarial es más que necesaria, tanto para “el policía de arriba”, como para “el policía de abajo”; la promoción de la justicia salarial en el seno de la Policía Penitenciaria debe ser integral, debe ser con equidad racional y debe fortalecer a quienes más han sufrido con la pérdida del poder adquisitivo de su salario y que, por lo general, tienen que realizar las tareas más duras, difíciles e incómodas. Si no que lo diga un policía fortinero de toda una vida…

Es por ello que la ANEP, como sindicato responsable y que en el caso de la Policía Penitenciaria acumula más de 30 años de continua lucha por su plena reivindicación, preparará su contrapropuesta de cara al pretendido nuevo manual de puestos para este cuerpo policial, con gran seriedad y con gran profesionalismo; pero, a la vez, haciendo énfasis en la peligrosa perspectiva que es desatender, política e institucionalmente hablando, la deteriorada situación salarial de quienes en las cárceles y a nivel de la seguridad penitenciaria, ganan los más precarios salarios y haciendo las tareas más incómodas y difíciles.

Es bueno recordar a la opinión pública que fue en agosto de 2007 cuando arrancó la lucha de la ANEP para la reivindicación gremial y profesional plena de los principales cuerpos policiales del Poder Ejecutivo: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Migración y Extranjería y Policía de Tránsito; proceso integral y compartido que tendría su primer acuerdo en tal sentido, en el mes de diciembre de 2009, firmado en la propia Casa Presidencial. A partir de tal circunstancia, los caminos reivindicativos en los cuatro casos mencionados, han transcurrido paralelamente, con sus particulares características y con sus alcances específicos, sin que todo el caminar haya plenamente terminado.

En el caso que ahora nos ocupa, y preocupa, la Policía Penitenciaria, ANEP tuvo que realizar una gran acción de calle, con gran participación de sus integrantes, el día lunes 20 de enero de 2014, con gran movilización en la ruta nacional 27, a la altura de San Rafael de Alajuela, lográndose días después un acuerdo en torno a esto del manual de puestos, con el gobierno de la hoy expresidenta Laura Chinchilla Miranda.

El actual, del presidente Luis Guillermo Solís Rivera, le dio continuidad a ese diálogo y a ese acuerdo, concretándose el pasado mes de noviembre de 2014, nuevos compromisos como este del nuevo Manual de Puestos.

Admitimos que en este punto y al menos con la entrega de tal documento el pasado viernes 6 de marzo, la presente administración cumple el acuerdo con la ANEP; sin embargo, la propuesta de reajuste para el Vigilante Penitenciario, que representa poco más del 90 % de todo el personal componente de la Policía Penitenciaria, es insostenible y fuente de alta tensión laboral aunque se esté “materializando” la homologación con Fuerza Pública, pero en un escenario restrictivo salarialmente hablando a nivel de bases policiales en el puesto de más baja ubicación.

La ANEP espera que luego de la entrega de la contrapropuesta sindical por parte de su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, se abra un proceso de diálogo de renovado espíritu constructivo para abrir un sendero más claro de justicia salarial integral en el seno de este importante grupo de servidores públicos de la seguridad costarricense.

La ANEP también sigue creyendo que con el espíritu, con la responsabilidad y con la seriedad que desarrolló la protesta del lunes 20 de enero de 2014, de ser necesario, animará nuevas acciones similares según lo determinen las circunstancias; pero eso sí y como suele caracterizar a los movimientos de calle promovidos por la ANEP, ni el aventurerismo, ni la demagogia, ni el oportunismo, ni el espontaneísmo, ni el protagonismo delirante buscando tener “oxígeno” sindical, inspirará nuestro accionar en el plano social en este asunto del nuevo manual de puestos de la Policía Penitenciaria. Ante todo, la responsabilidad.

La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Justicia y Paz este martes 04 de marzo

La denuncia que sale hoy en La Nación acerca de la contratación efectuada por la cartera ministerial de Justicia y Paz de un consultor para “diseñar el plan piloto que implementaría los brazaletes electrónicos”, nos lleva a llamar, fuertemente, la atención a la Casa Presidencial en el sentido de que es sumamente urgente una auscultación política profunda de los asuntos que se están dando en el seno de la unidad ejecutora de los 132 millones de dólares que al país prestó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción de delegaciones policiales y centros cívicos para la paz, así como para las unidades productivas y brazaletes de monitoreo extramuros para personas privadas de libertad. Además, de 1 millón de dólares para partidas de “transparencia”.

Este consultor estaría hoy laborando para el Ministerio de Hacienda y, por ejemplo, sería más que necesario tener claro, cómo habría llegado a esta entidad, qué está haciendo y qué salario está devengando. Además, entre otros aspectos, es preciso establecer si declaró los miles de dólares recibidos para efectos de impuesto sobre la renta. Igual de importante es conocer cuáles atestados le acreditaron para ejecutar tal consultoría, qué valoró el despacho ministerial al respecto; quién le recomendó para ello, así como su papel en la pasada campaña electoral.

Desde julio del año pasado 2014, la ANEP expresó sus primeras preocupaciones al respecto, en oficio NO. S.G. 13-17-0576-14, dirigido a la Licda. Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz; quien, a su vez, respondió a la ANEP en su nota MJP-351-08-2014, fechada 5 de agosto de 2014.

En la carta de la ANEP le recordábamos al Presidente Solís, el apartado No. 4 de su documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e instituciones autónomas”: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (El subrayado es nuestro).

Lo que se ha informado de la consultoría otorgada al señor Carlos Navarro Piedra pareciera reñir con varios conceptos del indicado compromiso ético presidencial, razón de más para que el mandatario Solís intervenga como se lo estamos pidiendo.

Desde entonces la ANEP ha estado recibiendo diversas informaciones que expresan preocupaciones de que no todo anda bien en las operaciones técnico-administrativas inherentes a la ejecución de dicho préstamo.

Por ejemplo, presuntamente una firma privada de nombre “MAVACON”, integrante a su vez de un consorcio empresarial contratado para la construcción de unas tres delegaciones y un centro cívico, estaría afrontando serios problemas de liquidez y tendría problemas para honrar sus compromisos laborales y aunque ganó la licitación del caso, parece estar en riesgo de caer en incumplimiento de contrato.

Adicionalmente, tenemos entendido que esta firma empresarial habría también sido beneficiada con una contratación directa para construir instalaciones penitenciarias, por un monto total de 1.700 millones de colones; de los cuales una buena cantidad le serían “adelantados” para que, a su vez pudiera honrar compromisos empresariales con las firmas socias de esas construcciones.

De constatarse con certeza que este tipo de situaciones podrían estarse presentando, junto a otras de controversia análoga y/o similar que podrían estarse gestando; el país podría sufrir un gran descrédito, toda vez que este préstamo es el primero en su género otorgado por dicho ente financiero.

Además, es urgente la constatación de los atrasos que ya se vienen presentando y que estarían generando para el país altos intereses porque se estaría presentando un nuevo episodio de la “lentitud” de gestión ejecutiva de estos empréstitos, muy característica de la política pública nacional cuando debe hacer este tipo de ejecuciones préstamos del exterior.

Por tanto, incluso ante las controversias entre el personal profesional costarricense y el extranjero contrato por el BID sobre las potestades de éste para incidir en la operación cotidiana de las tareas de la unidad ejecutora, reiteramos que el propio Presidente de la República debe meter mano en este asunto con la urgencia debida.

Toda esta circunstancia, entre otras consideraciones, motivaron a la ANEP para que con ocasión de la negociación con este Gobierno para el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad contraídas por el Estado con los y con las integrantes de la Policía Penitenciaria (compromiso que reconocemos se viene honrando); se introdujera en los acuerdos al respecto del pasado 13 de noviembre de 2014, la cláusula 7: “El Viceministro de Trabajo gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del Sistema Penitenciario Nacional”.

Esta convocatoria, esta mesa y este diálogo sobre lo que la ANEP viene conceptuando desde el gobierno anterior como LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL se torna extremadamente urgente, potenciado el caso ahora mucho más con esto del préstamos del BID.