ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los intereses de la deuda pública

El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.

La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.

Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.

Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!.

Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública

a)         Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.

b)         Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.

c)         Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.

d)        Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.

e)         Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.

f)         Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.

g)         Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.

h)         Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.

i)          Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.

j)          Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.

k)         Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.

l)          Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.

m)        Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.

n)         Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.

Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 88397171.

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Municipalistas firmes en oponerse a nueva violación a su autonomía

  • Personal municipal asume reto institucional histórico
  • ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades

Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.

El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.

La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.

El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.

Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.

La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.

La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a  los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con  su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.

San José, lunes 25 de enero 2021

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.

Estudiantes de secundaria piden que se apliquen simulacros de pruebas F.A.R.O

  • Solicitud busca fortalecer conocimiento de estudiantes para enfrentar pruebas F.A.R.O.
  • Consideran que modalidad virtual-presencial no es eficaz.
  • Piden al MEP que analice la salud emocional de estudiantes.

El Movimiento de Estudiantes de Secundaria (MEDSE) envió una nota a las máximas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) con varios puntos, donde la principal petición radica en la suspensión de las pruebas para el Fortalecimiento de Aprendizaje para la Renovación de Oportunidades (F.A.R.O

En su lugar solicitaron que se aplique la prueba en forma de práctica, de modo de que los estudiantes tengan una especie entrenamiento para cuando ya les toque realizar el examen real.  

Dentro del documento enviado mencionaron que el rezago educativo que se ha tenido se viene arrastrando desde el 2018 cuando se perdió un trimestre debido a las protestas sociales.

Para el 2019 hubo una nueva jornada de manifestaciones, pero estas fueron contra el ex ministro, Edgar Mora Altamirano, lo que nuevamente generó atrasos en la formación de los estudiantes.

Continuando con el 2020 se dio la pandemia, que llevó a que suspendieran las clases presenciales, dando paso a la implementación de la educación virtual, pero con la limitante de que no todos los estudiantes cuentan con las facilidades económicas para conectarse y/o adquirir el material de trabajo.

Ya para el año en curso, el método mixto (presencial y virtual) no le ven eficaz, debido a que “esta modalidad no es eficiente, suponiendo que una sección se divida de 2 a 4 subgrupos (A, B, C, D) recibiendo materias académicas 2 veces por mes y un subgrupo por semana, únicamente se estaría asistiendo de manera presencial una vez al mes y como se dijo anteriormente el aprendizaje a distancia o virtual no es de un alto rendimiento”.

A los puntos cronológicos mencionados anteriormente, en la misiva le suman, la salud mental de los estudiantes y el golpe económico que vive la sociedad provocados por la coyuntura.

Los representantes del movimiento Elian Jiménez Campos y Yuliana Alfaro Chacón, presidente y vicepresidente, respectivamente le solicitaron a la ministra Cruz y a su equipo de trabajo que se les otorgue una reunión para poder exponer más a fondo la situación.

Además, en caso de que no se apruebe la anulación de las pruebas, solicitaron la disminución del porcentaje sumativo de las pruebas F.A.R.O y aumentar el valor de los instrumentos de medición sumativa, remitir material físico con prácticas e ítems semejantes a los de las pruebas, además de habilitar un apartado de preguntas o resolución de dudas sobre dichas pruebas.

ANEP solicita una nueva reunión con el Fondo Monetario Internacional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha solicitado de forma oficial al Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de realizar una segunda reunión, para abordar con mayor amplitud los diversos planteamientos y propuestas alternativas existentes para que Costa Rica supere la crisis fiscal sin la necesidad de un convenio con el FMI.

Así quedó plasmado en la carta dirigida, este lunes 18 de enero del presente año, a Manuela Goretti Jefa de la Misión del FMI para Costa Rica.

 “Pensamos en ANEP que es imposible para conformarse un criterio justo y equilibrado por parte del FMI, que no se considere la amplia vastedad de planteamientos alternativos, formulados de manera responsable con relación al planteamiento gubernamental; planteamientos que buscan articular una respuesta nacional a la crisis fiscal. Estamos convencidos que las máximas autoridades político-ejecutivo del país, a ustedes de ello no se les informan nada”, indica el documento.

Para la ANEP, luego de la reunión virtual sostenida con el FMI, el pasado 15 de enero, quedó claro la línea política indicada por Goretti, al manifestar que no existe ninguna condición que obligue al país a aprobar el proyecto de empleo público a cambio del crédito Servicio Ampliado de Fondos, por un monto de 1.750 millones de dólares, y en efecto, hay más cosas que aclarar respecto al discurso del Gobierno Alvarado Quesada hacia la ciudadanía costarricense

“Ahora utilizan el tema de los “estándares internacionales”, como nueva muletilla presidencial a favor del cuestionado proyecto, es algo peculiarmente “novedoso”, sobre lo cual es urgente clarificar su relación con un país como Costa Rica en el actual estado de la situación nacional política, económica y social”, finaliza el documento.

Compartimos documento enviado a Manuela Goretti Jefa de la Misión del FMI para Costa Rica.

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El robo de armas en la Academia Nacional de Policía, fue la crónica de una muerte anunciada

En la Seccional ANEP Fuerza Pública, hemos venido señalando el constate debilitamiento de la seguridad ciudadana, su desmejoramiento paulatino es evidente en todo el país. Paralelamente, la delincuencia ha perdido el poco respeto que le tenía a las fuerzas de policía, así se ha visto en diferentes eventos; pero nada parecido con lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, una institución vital en donde se capacita a las personas que desean servir al país desde algún cuerpo policial.

Sobre el particular suceso, se habían venido señalando una serie de situaciones en lo interno de la Academia Nacional de Policía, sede Guápiles, de las cuales vamos a transcribir lo siguiente:

“Cabe destacar que en muchas escuadras se encuentra faltante de personal y cuando un oficial sale a vacaciones, el personal que queda es muy escaso para cubrir la seguridad de todas las hectáreas que conforman la ANP en Guápiles, dejando a los escasos funcionarios trabajando solos en áreas asignadas que no tienen un puesto donde poder hacer sus necesidades fisiológicas, dejar pertenencias o escampar las lluvias, además de cubrir puestos solos en un área amplia de día y de noche, cuando lo establecido y conocido dentro de nuestra labor policial es que “la unidad mínima de un grupo de policías es un binomio, para cumplir a cabalidad la labor policial”. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el traslado de documento anónimo.

En atención de que los funcionarios que por temor a represalias pidieron el anonimato, hicieron énfasis en temas de ambiente laboral, se pidió la atención del Departamento de Salud Ocupacional, al mismo tiempo que se le remitió copia al Viceministro de Seguridad Pública, designado por el ministro Michael Soto para atender las gestiones de nuestra organización. Valga decir, que el faltante de personal, no se relaciona con la salida de las personas en proceso de formación que citó el viceministro Castillo, dichas personas no forman parte de la seguridad interna de la ANP, están en un proceso de formación para integrar después alguno de los cuerpos policiales del país.  

En relación con el manejo de armerías del Estado, desde ANEP, hemos planteado en el pasado reciente, la debilidad que hemos detectado en la mayoría de delegaciones policiales, en las cuales se manejan armas al margen de lo estipulado en el Manual para el Manejo y Control de Armas Estatales, que cita:

Armería: Espacio físico destinado para el almacenamiento y custodia física del armamento, que es propio de Órgano o Ente Público o bien o asignado a través del Arsenal Nacional, para el ejercicio de funciones policiales o de seguridad. Dicho espacio ha de cumplir con los requerimientos estructurales, establecidos en el presente Manual para el Manejo y Control de Armerías Estatales. La negrita y el subrayado son nuestros.

“La Armería debe tener paredes, piso y contrapisos de concreto; en el caso de existir cielos suspendidos y estos tengan comunicación con otras áreas del inmueble, se deberá de clausurar dicha comunicación; no podrán estar separadas del edificio principal, salvo justificación técnica avalada por la Dirección General de Armamento, ni colindar con áreas de almacenamiento y/o utilización de sustancias inflamables, alimentos, comedores, baños, celdas, dormitorios y oficinas de atención al público”.

Eso no se cumple en la mayoría de delegaciones policiales del país, como tampoco se cumple que se debe dotar a las unidades del adecuado personal para la seguridad perimetral de las instalaciones vitales, lo cual se tiene que resolver de forma urgente. Así como de inmediato se debe fortalecer la capacitación policial; algo que también hemos venido planteando, pero que se han rehusado en atender, tanto el Ministro de Seguridad, como el Director de la Academia Nacional de Policía.

No es más seguro el país que más policías tiene, pero es indubitable que se requiere fortalecer nuestra Policía; con más personal, mejores instalaciones, mayor y mejor capacitación y mejor equipo, entre otras cosas. Indudablemente lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, debe servir para que, de una vez por todas se hagan las cosas bien.

AFAS y ANEP solicitan investigar nombramientos dentro de la ARESEP

  • En nueve días, funcionarios recibieron la comunicación de 13 nombramientos realizados durante ese periodo, sin existir concurso abierto
  • Informaron a la Junta Directiva sobre presuntas irregularidades

La Asociación de Funcionarios de Aresep y Sutel (AFAS) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitaron a la Junta Directiva de la ARESEP investigar una serie de nombramientos que se realizaron del 21 al 30 diciembre del 2020.

La solicitud, realizada el 8 de enero del 2021 por los sindicatos, indica que durante ese período los trabajadores recibieron información por correo electrónico por parte de La Dirección de Recursos Humanos sobre 13 nombramientos; entre ellos, los puestos de los tres Intendentes, el puesto de Director General de Operaciones, el de Directora de Recursos Humanos y varios asesores del Despacho del Regulador General.

“Este sindicato ha venido solicitando reiteradamente a esa Junta Directiva la necesidad de efectuar una revisión de concursos abiertos para puestos de jefatura, la revisión de nombramientos, la revisión de los manuales de puestos y de cargos, todo con el fin de disminuir la alta discrecionalidad que tiene la administración en el tema del manejo del recurso humano y que lleva a realizar acciones como las vistas durante las últimas dos semanas del año anterior y primeros días de este año que recién inicia”, indica la carta.

Algunos de los nombramientos que más llama la atención, ya que no se conoce de concursos públicos o divulgación abierta en la búsqueda de oferentes, son el del Director General de Operaciones de Directora de Recursos Humanos y el de Director General del Centro de Desarrollo de la Regulación.

También es oportuno mencionar que dos nombramientos fueron clasificados como interinos por un plazo de un año (31 de diciembre 2020 al 31 de diciembre 2021); y, otro por tiempo indeterminado cuando precisamente, la Contraloría General de la República alertó y llamó la atención (Informe DFOE-EC-IF-00027-2019) por la cantidad de nombramientos interinos, los plazos de los mismo y el incorrecto uso que ha hecho la institución.

“Es necesario señalar que esa cantidad de nombramientos se realizó en momentos en los cuales, según la resolución RE-1683-RG-2020, se había dispuesto el cierre de las instalaciones de la Aresep al público, por motivo de vacaciones institucionales y feriados de Ley, dejando a todas las personas interesadas indefensas para recurrir los nombramientos o para realizar cualquier acción administrativa, lo cual podría restar transparencia a los procesos y reñir con el deber de probidad en la función pública”, agrega el documento.

Además de investigar para determinar si dichos nombramientos se realizaron apegados a la normativa actual, AFAS pidió iniciar las acciones para que las normas internas que regulan este tema sean revisadas y actualizadas, de tal manera que se cierren todos los portillos que dan margen a una alta discrecionalidad de la administración en el manejo del recurso humano interno.

Para AFAS y ANEP es importante que el Regulador General manifieste la justificación por la cual no se les comunicó la realización de los concursos para los puestos gerenciales y los respectivos requisitos, así como el por qué se realizaron los nombramientos en período de cierre, así como el interinato en puestos gerenciales y el incremento en la planilla a finales del 2020, dado el escenario presupuestario que enfrenta la institución.

Los recortes presupuestarios son brutales y extremistas

  • Avanza la exclusión socioeconómica y se potencia la alternativa confrontativa
  • Pueblo golpeado deberá asumir su propia autodefensa para la sobrevivencia
  • Gobierno insistirá en ir al FMI

(ANEP), deja constancia explícita su profundo rechazo y su más enérgica condena por la decisión diputadil de 48 personas legisladoras de imponer recortes presupuestarios brutales y extremistas, al proyecto de presupuesto de la República para el año 2021.

Se impuso, contra toda racionalidad y prudencia, la línea ideológico-neoliberal ortodoxa del recorte presupuestario a mansalva, sin importar el impacto negativo en las ya deterioradas condiciones de múltiples servicios públicos, sumamente necesarios para llevar algo de dignidad en la calidad de vida miles de personas compatriotas, cuya vulnerabilidad ya era dolorosa realidad que la pandemia profundizó.

Las comunidades urbanas y rurales donde habita el pueblo golpeado por esta política económico-fiscal, saboteadora de la misma institucionalidad democrática, no tendrán más remedio que asumir retos de organización popular extraordinarios, pues se trata de su propia supervivencia. Se trata de crear mecanismos de autodefensa civil para los cuales ANEP ofrece su apoyo.

Esta errática, provocadora, irracional e irresponsable decisión diputadil de un recortismo brutal y extremista, es una acción de violencia económica contra la gente en desventaja social. Ésta queda más que legitimada para defenderse mediando la organización y la movilización intensa y activa.

Por otra parte, las personas trabajadoras asalariadas de esos servicios públicos afectados por ese fanático recortismo presupuestario, extremista y brutal, desempeñarán su quehacer en inimaginables condiciones de precariedad, teniendo que enfrentar la furia y la presión de los sectores sociales desesperados que demandarán servicios sociales asistenciales, algunos de sobrevivencia mínima, que ya no podrán brindarse y/o que caerán en la más absoluta insuficiencia e ineficiencia.

Como si ello no fuera poco, estas personas asalariadas deben mentalizarse en cuanto a que, vulneradas groseramente con la inminencia de un proyecto de empleo público precarizador del mismo; tendrán que considerar que lo que sigue son despidos masivos, sus propios despidos, pues el paso siguiente en la agenda de estos fanáticos parlamentarios y de quienes los gobiernan desde afuera, es la privatización abierta, el cierre de instituciones y la clausura de programas.

Por ejemplo, dramático es el cuadro institucional para el 2021 en materia de Seguridad Ciudadana, en materia de atención de niñez en riesgo social y vulnerabilidad nutricional (CEN-CINAI); o en lo que hasta ahora era “intocable”: la Educación Pública, la cual empieza a ser vista como gasto en el sentido ortodoxo del recortismo extremista y fanático (caso de trabajadoras cocineras de los comedores escolares).

Como corolario de todo lo anterior, está la inminente decisión de Alvarado de pedir la “asistencia” del Fondo Monetario Internacional (FM), así señalado, de manera explícita, por el ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde; para quien los acuerdos de la mesa de la mesa del diálogo gobiernista son la base de la legitimidad social que tanto necesitaban para ir al detestado organismo financiero internacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Don Elián no tiene, ni tendrá, problemas para comprar la canasta básica por más alto sea el impuesto de ventas que le pongan

  • Rotunda oposición de la ANEP a aumentar el i.v.a para la canasta básica
  • La canasta básica debe ser exonerada, totalmente, de pagar i.v.a
  • Gobierno de Alvarado legitima la democracia de la calle como mecanismo de defensa civil contra la violencia económica

Don Elián Valverde Villegas, Ministro de Hacienda, propuso en la mesa de diálogo gobiernista, aumentar el más que injusto Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la canasta básica, para elevarlo de su actual 1 % hasta el 13 %.

Don Elián, al igual que todas las personas jerarcas integrantes de la alta cúpula gubernativa de Alvarado, no ha tenido ni tendrá dificultad alguna en pagar el impuesto IVA a la canasta básica, por más alto que éste sea.

Es completamente censurable que don Elián no tuviera reparo alguno, ni un ápice de sensibilidad social, para lanzar semejante propuesta en medio de la actual crisis económico-fiscal y de salud pública que sufren las mayorías ciudadanas de nuestro país; especialmente quienes son integrantes de la clase trabajadora con empleo o sin él, sumidas en la informalidad y hasta en el hambre.

Bien se sabe que el impuesto al valor agregado, IVA, es el más injusto de todos los impuestos; y que aplicado a la canasta básica resulta doblemente injusto. El IVA por sí solo y cargado a la canasta básica, es propulsor de la creciente desigualdad que azota a la democracia costarricense; desigualdad que ya era torturante para la mayoría del pueblo costarricense desde antes de la llegada de la pandemia.

ANEP deja constancia pública de su rotunda oposición a que se aumente el IVA a la canasta básica en cualquier proporción. Por el contrario, a la canasta básica hay que exonerarla de pagar tal impuesto, como siempre ha sido nuestro planteamiento original. Fue un grave error político de la actual Asamblea Legislativa cuando la gravó con ocasión de la tramitación de la ley 9635, el “combo fiscal”.

A los sectores pudientes que tendrían la opción de favorecerse por una exoneración generalizada de carga IVA a la canasta básica, se les puede poner otro tipo de impuestos que gravan la acumulación y la riqueza misma; algo de lo cual carece el actual y perverso sistema tributario costarricense, injustamente regresivo.

Don Elián, Alvarado y todo el gobierno lo que hacen es, sin “proponérselo”, darle un espaldarazo a la necesidad de nuevos episodios de lucha social bajo el concepto de Democracia de la Calle; legitimando la necesidad de la autodefensa civil del pueblo costarricense contra esta forma de violencia: violencia económica.

¡Sí!, es violencia económica quitarle a una familia trabajadora desempleada, agobiada por el alto endeudamiento salarial, precarizada por la pérdida descendente del poder adquisitivo del salario cuando el costo de la vida sigue siendo altísimo, entre 7 mil y 25 mil colones por aumento del IVA a la canasta básica. ¡Eso es violencia económica!

Esta injusta y desequilibrada propuesta de impuestos a la canasta básica, es parte de la actual estrategia gubernativa de cara a un “nuevo” planteamiento para el Fondo Monetario Internacional (FMI); estrategia que se está implementando en la mesa de diálogo de Alvarado, ante la urgente necesidad que éste tiene de obtener algo de legitimidad social para ir de nuevo al indicado ente.

Hacemos votos y redoblamos nuestro compromiso y esfuerzo por una nueva y revitalizada expresión popular lo suficientemente contundente e impactante, para una defensa civil activa, por todo el país, contra esta violencia económica gubernativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

MSP expuso a policías sin capacitación terminada a atender manifestaciones

• Documento confirma que orden fue dada por los jerarcas
• ANEP cuestiona la directriz debido a que los estudiantes no han concluido el plan de estudios y se omitió lo que establece la Ley de la Academia Nacional de Policía.

Semanas atrás se manejaron días convulsos en diversos puntos del territorio nacional, en donde protestantes y policías tuvieron fuertes enfrentamientos, generados por las malas decisiones del Gobierno.

Como parte de este tipo de hechos se ha tenido que generar un reacomodo en cuanto a la distribución de los policías para atender cada uno de los lugares en donde la ciudadanía se ha manifestado con firmeza para poder hacer sentir su malestar con el gobierno Alvarado Quesada, que tiene como única «estrategia» imponer más impuestos.

Lastimosamente, el Ministerio de Seguridad Pública envió oficiales que estaban en proceso de formación a atender las manifestaciones, algunas de las cuales se fueron saliendo de control y requerían ser abordadas con personal capacitado.

Esto fue confirmado por parte de Randall Vega Blanco, Viceministro Administrativo del Ministerio de Seguridad Pública vía correo electrónico. “La disposición de utilizar a los funcionarios que se encuentran en proceso de capacitación en la Academia Nacional de Policía, la tomó el jerarca institucional, conforme a sus potestades.”

Esto genera una gran preocupación en cuanto a la diferencia con la que un oficial capacitado aborda alguna provocación, confrontación o manejo de situaciones tensas a una persona que se encuentra en fase de aprendizaje.

Mainor Anchia, Directivo Nacional de ANEP fue el encargado de consultar al Ministerio sobre este tan importante, máxime sobre lo complejo de enviar a la calle a personal sin capacitación, sumado al propio riesgo para el funcionario en caso de sufrir alguna lesión. De esta forma respondió Blanco

“En el caso de que algún servidor que se encuentra en proceso de formación resultare lesionado durante la atención de disturbios, habiéndosele requerido para prestar ese servicio policial, tal y como sería en corresponder, se le debe dar la oportunidad de que concluya su proceso de formación una vez que se haya recuperado de su lesión”.

Las potestades que tiene el jerarca institucional, no le permiten la omisión de lo que la misma Ley establece. Por otro lado, tenemos constancia de que cuando una persona en proceso de formación sufre una lesión física que le imposibilita realizar las rutinas de acondicionamiento físico, la administración por lo general prescinde de sus servicios. Señaló Mainor Anchía.

ANEP no se prestará a la nueva maniobra gubernamental en cuanto al diálogo social

Grave error político desconocer la existencia del Movimiento Rescate Nacional.

Proyecto Estado de la Nación arriesga su prestigio y su propia credibilidad

Tema fiscal está sobradamente estudiado y sobran propuestas, entre ellas las de ANEP

Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor,  Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.

La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.

Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.

Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa una grave error político.

Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.

Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.

Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.

Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.

Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.

San José, miércoles 14 de octubre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto