– ANEP inicia lucha contra la reestructuración de la institución
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Nacional A y A, han tenido acceso al documento Propuesta de Reorganización Integral del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de 245 páginas, procediendo a una revisión, muy general pero responsable, mediando para ello visiones obrero-sindicales, jurídico-legales y estratégicas, producto de las consultas efectuadas a varias personas especialistas; todo lo cual nos permite compartir con ustedes nuestras primeras impresiones que, para ser claros y contundentes, nos motivan a lanzar una alerta general. Así las cosas, tenemos:
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A es producto de un reducido círculo de personas y, por tanto, no obedece, ni siquiera para aparentar, a voluntades políticas de facilitar un proceso participativo de real y amplia base.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A tiene como finalidad fundamental generar despidos, puros y duros, en la concepción neoliberal del término, para dar paso a una reducción cuantitativa de la planilla institucional, sin considerar la posibilidad de reacomodos, tácticos y estratégicos, de personal apto y capacitado para fortalecer áreas y/o sectores que podrían mostrar debilidades y/o carencias destinadas a lograr la mayor satisfacción de la población usuaria.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, por el contrario, apunta a un debilitamiento de mayor calado de cara a la demanda ciudadana por mejores servicios, dándose así un paso para continuar con un proceso de descrédito público al que ha sido sometida la institución en los últimos gobiernos, incluido el actual.
Esta Propuesta de Reorganización Institucional de A y A concibe al Fondo de Ahorro de A y A como un factor anexo o endógeno a la estructura institucional, disponiendo de su personal experimentado llevándolo a una especie de limbo; sin considerar que el Fondo de Ahora es consustancial a la existencia misma de la institución.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A está en la línea de impulsar el camino de la privatización del agua, tan ansiado por varios sectores políticos de fuerte procedencia y/o con respaldo al más alto nivel del macro-empresariado económico del país; privatización del agua que, paralelamente, se viene impulsando en la Asamblea Legislativa con proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa, tal como el Expediente No. 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A considera como “material sobrante” una serie de personal experimentado que, de un modo u otro, es susceptible de adaptación y de asimilación del cambio para fortalecer diversas áreas institucionales necesarias para la trascendencia y consolidación de A y A como proveedor de servicios de agua y de alcantarillado sanitario por excelencia en nuestro país.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, con una primera visión jurídico-legal que ya se le efectuó, presente serias contradicciones y vacíos que ANEP ha de puntualizar próximamente; amén de que tenemos serios cuestionamientos de su tramitación procedimental a señalarse en el momento oportuno.
La ANEP y su Seccional ANEP-A y A dejan explícito su total rechazo a la Propuesta de Reorganización Integral de A y A, al considerar que la misma es parte de la estrategia de los sectores político-hegemónicos de la sociedad costarricense de la actualidad y que son los mismos en las sucesivas administraciones gubernativas, los cuales y bajo la consigna ideológica del todo mercado-Nada Estado, desean un
A y A entregado a la lógica mercantil del lucro con la privatización del agua; todo lo cual nos hacer manifestarnos en contra del proyecto de ley Expediente 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
A la vez, llamamos a toda la familia laboral de la Institución a cerrar filas, sin distingos de ningún tipo; así como a la unidad en la acción de las respectivas organizaciones sociolaborales que, mediante un protocolo de trabajo compartido y firmado, nos dispongamos a la defensa activa y militante de A y A.
Saludos cordiales, para la debida y TRANSPARENTE información y ante las declaraciones infundadas, maliciosas y tergiversadas emitidas por el Presidente Ejecutivo de INCOP el señor Braulio Venegas, durante la pasada conferencia de prensa en Casa Presidencial el 26 de setiembre de 2023, esta Seccional ANEP-INCOP, desea exponer lo siguiente.
INCOP es una institución que por Ley No. 8461 está dedicada a la explotación y administración de los puertos de la costa del pacífico costarricense, compuesta por 80 trabajadores, entre funcionarios y la alta administración.
En ningún momento ningún funcionario sustrajo de manera “irregular” ningún expediente, siempre se actuó bajo lo establecido e instruido por la junta directiva, tal como lo indicó de forma temeraria el señor Venegas.
Los expedientes de los cuales se ha hecho mención forman parte de un procedimiento administrativo bajo investigación que la Junta directiva había solicitado, los cuales debían ser entregados, no a un tercero externo, como se ha señalado de manera malintencionada, sino al asesor legal externo contratado por la misma Presidencia Ejecutiva de INCOP.
El viernes 22 de setiembre de 2023, cuando se entregaron a dicho asesor, en todo momento estuvo presente el Sr. Braulio Venegas, por lo cual no es valedero que se insinúe que los acontecimientos se hicieran de manera inadecuada o a escondidas.
No es de recibido de esta Seccional, ni de la mayoría de los funcionarios honestos, decentes y trabajadores que laboramos en INCOP, que se nos quiera manchar nuestro nombre y el de la institución, por querer solapar e impedir que las cosas se hagan a derecho, con fundamento y en total apego a la Ley.
Se invita a la prensa de este país, para que más bien se analice como corresponde el contenido de la investigación de los expedientes, y salga a la luz la verdad real de los hechos, sobre lo que verdaderamente quieren tapar de forma irregular, montando persecuciones laborales y sindicales a funcionarios honestos.
Trabajadores municipales de Belén iniciaron, este miércoles desde las 6:00 a.m., un paro de labores ante la deuda de reajuste salarial por costo de vida que mantiene el municipio del 5.5%, correspondiente al presente año.
El reajuste salarial por costo de vida del 2023 para la Municipalidad de Belén quedó fijado en un 8%. Actualmente el municipio ya reconoció el 2.5%, quedando pendiente el 5.5%.
La decisión de los trabajadores de iniciar este movimiento se da luego de que el día de ayer el Concejo Municipal no aprobara el reajuste salarial. Lo anterior pese a éxistir presupuesto para realizarlo, así como los estudios presupuestarios pertinentes y un criterio jurídico de la administración municipal que respalda la solicitud.
A esto se une un acuerdo entre la seccional ANEP-Municipalidad de Belén y la Alcaldía en el Ministerio de Trabajo.
Es la primera vez en la historia, que trabajadores municipales de Belén realizan un paro de labores. Además, desde el año 2018 al 2022, los trabajadores no recibieron reajuste salarial por costo de vida. Es decir 5 años de congelamiento salarial.
Actualmente cerca del 70% del personal se mantiene en paro de labores.
Declaraciones de José Zumbado Chaves, vicepresidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Belén.
Personal del Vigilancia Aérea, Guardacostas y Fronteras se encargarán de las tareas de la Policía de Control de Drogas.
Investigadores aseguran que este debilitamiento fortalecerá a las tareas del crimen organizado.
La seccional que se encuentra dentro de la Policía de Control de Drogas (PCD) denuncia como los han ido sacando de muelles, aeropuertos y fronteras terrestres para asignarlos en otro tipo de investigaciones, al tiempo que quienes quedan a cargo de lo pertinente en los espacios antes mencionados son policías que no cuentan con la pericia ni los elementos jurídicos necesarios.
Como es de conocimiento público, el crimen organizado cada vez tiene mayor poder y el trasiego, bodegaje, distribución aumenta en el país y precisamente es esta policía quien con su capacitación y experiencia ha logrado golpes durante el último tiempo, a pesar de estar en desventaja en cuanto a personal y recursos.
Un oficial especializado en este tipo de investigaciones y parte de la ANEP, a quien por seguridad no se va a identificar, fue enfático en cuestionar estas decisiones, las cuales solo benefician a los grupos encargados de enviar y distribuir droga en Costa Rica e internacionalmente.
“A quienes se les va a asignar el trabajo no tienen la instrumentación ni la preparación para atender de la mejor manera las situaciones que se vayan a dar, lo cual va a generar problemas procesales, de custodia y todas estas investigaciones o casos van a terminar en nada”, afirmó.
Y es que no es solo el hecho de que los saquen de los puntos principales por donde entra y sale droga y dinero, sino que también los espacios y bases de datos en donde se recopilan datos que sirven de inteligencia pasarán a ser ocupados por el personal de las otras policías.
FALTANTE POLICIAL
La problemática en cuanto a la inversión cada vez golpea más a los oficiales, ya que las plazas vacías y el faltante de personal afecta el desarrollo de las investigaciones. Además, existen varias directrices administrativas que hacen que los vehículos, las plazas, los artículos técnicos, entre otros se le entreguen a otros cuerpos policiales o ministerios.
“La capacitación de un oficial de la PCD dura por lo menos dos años. Antes el reclutamiento lo estaba haciendo la misma Policía de Control de Drogas y eran rápidos, pero el proceso pasó al Ministerio de Seguridad Pública con las famosas 100 plazas del presupuesto extraordinario, lo cual no garantiza que esas contrataciones vayan para nuestra policía”, expresó.
Según los cálculos actualmente existen 60 plazas vacantes, más las 100 aprobadas en el presupuesto extraordinario, es decir, 160 plazas. Pero, desde ANEP consideramos que, para poder luchar realmente en contra del narcotráfico, en el entendido de que es una base de operaciones regional deberían sumarse 200 oficiales más, para un total de 460.
CORRUPCIÓN
Los investigadores de la PCD afirman que el éxito de la mayoría de casos que han logrado se debe a que el personal que atiende no es de la zona, por lo que el índice de corrupción es casi nulo, por lo que les inquieta que a la hora en la que la Policía de Control de Drogas no esté, el crimen organizado pueda aprovecharse de la vulnerabilidad de los oficiales que queden destacados en cualquiera de los puntos.
“No decimos que las otras policías son corruptas, solo que en muchas ocasiones los grupos narcos ofrecen dinero y ante la negativa de los oficiales honestos proceden a amenazarlos con hacerles daño o a sus familiares y es ahí cuando ellos buscan la seguridad de sus seres queridos y pasan a las filas de la delincuencia”, remarcó.
Sumado a lo anterior, el brutal congelamiento salarial y las condiciones laborales cada vez más van en detrimento, motivo por el cual para el narco es más fácil aprovechar todo este tipo de elementos y buscar corromper a los oficiales.
Por otra parte, todas estas falencias también hacen que los investigadores decidan renunciar a la PCD y buscar trabajo en embajadas, policías municipales o en el sector privado, ya que las funciones conllevan un menor riesgo y la diferencia de salario no es mucha.
Desde ANEP se hace el llamado a Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República para que como Comandante en Jefe tome cartas en el asunto y se puedan revertir estas decisiones y por el contrario ordenar al Ministro de Seguridad implementar las acciones pertinentes para fortalecer la PCD.
“Queremos que el señor Presidente sea congruente y que analice lo que está pasando, que no se deje engañar, que se reúna con las bases de las policías, quienes son los que realmente conocen y tienen ideas reales que permitan combatir al crimen organizado y no estás ideas que hacen que la seguridad se vuelva un juego y un experimento político”, sentenció el investigador
Jonathan Flores Mata, asesor sindical de esta seccional va en la misma línea de que se puedan reunir el mandatario y los cuerpos policiales ya que desde ANEP se tienen las siguientes solicitudes para el Ejecutivo:
Fortalecimiento del sistema de reclutamiento para la PCD.
Utilizar una plaza vacante para una persona especializada en informática que permita hacer el soporte de datos y archivos de la PCD.
Que otros cuerpos policiales cooperen con las acciones de la Policía de Control de Drogas más no, que asuman sus funciones.
Desde la PCD paulatinamente se capacite a los funcionarios de los otros cuerpos de policía a fin de que adquieran la pericia necesaria para ir apoyando el trabajo.
Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Ahora, como si eso fuera poco, deberán lidiar con diputados que se enojan porque se hacen decomisos de marihuana.
Hemos observado, de manera reiterada, como algunos legisladores del partido Frente Amplio, muestran su descontento y hasta una aparente animadversión hacia nuestras fuerzas policiales, no conformes con eso, convocaron a una manifestación “pacifica” por una supuesta violencia policial.
El caso que motivó la manifestación, se encuentra en investigación por parte de las autoridades judiciales, lo que corresponde en un país de derecho, es esperar el resultado de la misma, si se determina que existió algún tipo de abuso de autoridad, los responsables deberán asumir las consecuencias, en caso contrario, serán exonerados de responsabilidad.
Sin embargo, no es propio hacer una generalización y criminalizar la función policial, en la cual hombres y mujeres, todos los días dejan sus hogares para salir a cuidar los nuestros, enfrentándose a una criminalidad cada vez más sofisticada y a una sociedad cada vez más violenta.
No avalamos ningún tipo de agresión, en una sociedad culta no debería haber espacio para la violencia, en ese contexto, le hacemos un llamado a la agrupación política que más manifestaciones de aspereza presenta en la misma Asamblea Legislativa, el Frente Amplio, para que sea consecuente, y cese en sus manifestaciones verbales, que por lo general están cargadas de violencia, en contra de nuestra Fuerza Pública, así como de algunos de sus compañeros legisladores.
Desde la seccional ANEP-AyA cuestionamos y desmentimos las declaraciones brindadas por el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Guillén Guardia, a Radio Monumental sobre el proceso de reestructuración del organigrama de la institución.
Guardia manifestó a Radio Monumental en nota titulada “AyA valora salida de personal ante reestructuración de organigrama de la institución” del miércoles 30 de agosto del 2023, varias informaciones inexactas.
Dentro de lo manifestado por el Presidente Ejecutivo de AyA se consigna “Como le acabo de decir en algunas de las cajas mencione que son Áreas Administrativas puede haber si efectivamente algunas personas que pueden salir de la organización, eso todavía no lo tenemos determinado, ahorita estamos en discusiones socializando internamente el nuevo organigrama con la Junta Directiva etc, por ahí vamos.”
Sobre estas aseveraciones, la Administración Superior de AyA, presentó de forma preliminar una estructura base en la cual no se ha aportado información clara y detallada. La seccional ANEP-AyA se dio a la tarea de solicitar los diagnósticos que dan como resultado una estructura totalmente diferente a la que hoy está vigente, dicha información nunca fue remitida ni a esta seccional ni al personal de la institución.
Por otra parte, no es verdad que el nuevo organigrama de AyA fue socializado pues, varias jefaturas nos han informado que no participaron, ni fueron tomadas en cuanta durante el proceso de reorganización.
Guillén también explicó a Radio Monumental porque es que se ordenó este proceso, el cual corresponde a un crecimiento de áreas administrativas dentro de la institución:
“Con el organigrama de ese momento se aprobaron 129 cajas ósea áreas administrativas en el organigrama, desde el 2007 AyA se fue a la libre por decirlo
así y creció a 243 cajas en el organigrama o áreas administrativas. Eso significa 4421 plazas y el mandato de Mideplan es que nosotros tenemos que irnos lo más cercano posible a lo que se aprobó en aquella época, que sería la eliminación de más o menos como 61 áreas administrativas o reubicación etc. Entonces eso es lo que estamos haciendo para tratar de quedar como con 92 aproximadamente áreas administrativas”
Nos preocupa, porque se está dando información incompleta. Además de los argumentos expuestos por el señor Guillen interpretamos que esa nueva estructura, obedece a una solicitud de Midepla, apegada a la nueva Ley Marco de Empleo Público y no a un planteamiento para modernización del AyA.
El señor Guillén indica que, “el AyA quedará con aproximadamente 92 áreas administrativas”, pero no indica por qué no fueron funcionales las restantes 151 áreas que han operado por muchos años en la institución, ni cómo van a quedar cubiertas esas funciones que serán eliminadas como consecuencia de la eliminación de Áreas Administrativas. Dónde y cómo justifica que el AyA puede eliminar 151 áreas, sin deteriorar la calidad del servicio público.
Como consecuencia vemos que esas áreas podrían ser tercerizadas para finalmente hacer de esta una institución cada día más pequeña y debilitada, consecuentemente encarecer y deteriorar la calidad del servicio que se brinda. Por el contrario se requiere fortalecerla ante las necesidades de desarrollo del país, de la protección de las cuencas o fuentes y del aprovechamiento del Capital Humano de que se dispone en diferentes especializaciones técnicas, operativas, de ingeniería, economía administración entre otras.
Ahora bien, qué sentido tendría eliminar áreas agregadas desde el año 2007, llamada estructura paralela, si se pretende reubicar al personal que labora dentro de las mismas. Evidentemente esto contradice las políticas de reorganización.
¿Quitar el problema de un lado para pasarlo a otro? ¿Despedir a algunas personas o reubicarlas? mentira, lo que verdaderamente buscan es minimizar la estructura y despedir a la mayor cantidad posible del personal que las conforman, sin tomar en cuenta que el AyA dispone de trabajadores con un alto grado de especialización y experiencia.
Podríamos afirmar que, en términos políticos y basados en la directriz de la Ley Marco de Empleo Público, esto sería: reducción del aparato estatal.
Esta es una reorganización inventada, totalitaria y dictatorial, impuesta para el beneficio de quienes buscan negociar con el agua potable que genera Acueductos y Alcantarillados para enriquecer a unos cuantos.
¡Poner en venta y privatizar la Institución es el principal objetivo en esta novela!
Por lo tanto, la ANEP y su Seccional en AyA, bajo ningún extremo apoyaran esta propuesta de reestructuración.
-También advierten por desobediencia al presidente de la institución
– Proceso debió finalizar en setiembre de 2021 y a la fecha no hay resultados
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), finalizar con el proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza en propiedad a 196 trabajadores interinos, esto luego de que la institución incumpliera el plazo de seis meses otorgados por la misma sala para finalizar dicho proceso.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, manifestó que desde el 12 de marzo del 2021 se dio el fallo 2021-005033, donde la Sala Constitucional le otorgó seis meses de plazo al INDER para finalizar el proceso de reorganización administrativa interna. Sin embargo, pasaron más de dos años y no hay resultados, por lo que debieron acudir nuevamente a la Sala.
“Por esto presentamos una acción de desobediencia en contra de la administración. posteriormente otro de los sindicatos presentó un pronto despacho, lo anterior ante la afectación y zozobra que están sufriendo estos 196 trabajadores destacados en diversas sedes de la institución en todo el país” detalló Fernández.
Por lo anterior la Sala Constitucional, también advirtió al presidente Ejecutivo de la institución Eduardo Robert Ureña, o a quien ocupe su cargo, acatar lo dispuesto por el órgano constitucional, de lo contrario se le abrirá un proceso administrativo en su contra o bien se le acusará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Actualmente en el INDER existe un total de 196 funcionarios nombrados en forma interina, con prórrogas que datan de hace 6 años aproximadamente. Además, existen un total de 84 plazas vacantes que a la fecha no se han utilizado.
Este proceso ante la Sala Constitucional fue presentado por la Seccional ANEP-INDER, SITRAINDER, SIPROINDER y UNEINDER.
– Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezó a regir este mes de agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, vemos con suma preocupación el anunció hecho por el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, en torno de que decenas de vehículos no podrán ser reparados, debido al recorte presupuestario de 350 millones de colones. Esto, luego de que hace poco se dijera que se contaba con un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas.
En datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, luego de una consulta de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se indicó que, a la fecha, hay 594 patrullas y 358 motocicletas fuera de servicio. Entre las principales causas se encuentran fallas mecánicas, falta de repuestos y accidentes de tránsito.
Tal como hemos denunciado otras veces, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, fundas para la portación del arma de reglamento, chalecos antibalas, se ha reducido la dieta alimenticia, en fin, se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, medida que afecta la operación de los cuerpos policiales y, por ende, se podría agudizar la situación de inseguridad que afronta nuestro país.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, de manera responsable habíamos señalado el riesgo para el país en materia de seguridad pública, si se incluía al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “Regla Fiscal”, que, efectivamente vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana. Ahora, anuncia el ministro como medida paliativa que las comunidades “adopten” una patrulla, o sea, que se encarguen de su reparación, lo cual, deja ver que los cuerpos policiales nunca debieron entrar el la Ley 9635 y de manera urgente deben ser excluidos de la aplicación de la misma.
Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si tratara de todo un plan maquiavélico, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Además de estar en primera línea, enfrentando el crecimiento delincuencial, ¿será que también deban los cuerpos policiales salir en defesa de recursos?
– Denuncia también recae sobre cuatro funcionarios de la institución
–También se denuncia decusaciones en torno a el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue el accionar de la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como de los miembros de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de la institución, por presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS.
Dentro de la denuncia planteada, también se solicita se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, Directora Actuarial; a Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
Para la ANEP, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un pilar de la democracia del país, institución fundamental para el desarrollo y la protección social, a través de los aportes en salud y pensiones, así como las ayudas económicas directas e indirectas y la gran inversión que realiza anualmente para beneficio de miles de personas en el mercado laboral.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Posible maquillaje de informes
Nos presentamos, nuevamente, a denunciar las actuaciones de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, del licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente y de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes, hasta donde ha sido público y notorio, adoptaron, presuntamente, acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.
Además, confirman en principio que la misma Junta Directiva fue informada por ella, 8 días antes de que se tomara la decisión de suspender las obras del portafolio de infraestructura y equipamiento.
La Junta Directiva de la CCSS, el 9 de marzo 2023, conoció un informe, presuntamente alterado, por parte de la licenciada Carolina González Gaitán, Directora de Actuarial, la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico, de la Presidencia Ejecutiva.
Dicho informe fue utilizado para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología, aun así, en la sesión donde se presentó el tema presuntamente no advirtieron de las modificaciones y reiteraron que era un trabajo de equipo técnico.
El 26 de julio 2023, en el oficio DFOE-SEM-1266 – DFOE-BIS-0454, la Contraloría General de la República señala hasta donde se conoce, el incumplimiento de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, estableciendo posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia. Además, de disposiciones que se giraron para blindar el proceso actuarial.
Señala la Contraloría que la valuación actuarial dispone de dos versiones adjuntas al mismo oficio y que tienen el mismo nombre, solo cambiando el contenido. Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.
Para rematar, el 11 de agosto 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la segunda y final Opinión técnica ( sin recibir por parte de la CCSS toda la información requerida según se desprende del propio texto de la opinión de marras), sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, prácticamente deja al descubierto que los números actuariales están sobrestimados; y, todo apunta que no fue un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras. Esto es en un alto grado así, en razón de:
A- Posible alteración de tasas de utilización, ya que se denotan cambios abruptos que pareciera muy complejo defenderlos.
B- Serias inconsistencias documentadas.
C- Referencias que denotan cambios abruptos en las proyecciones para el portafolio de inversiones en un lapso de 7 días, que no dudamos imponen una explicación científica creíble.
D- La no entrega de toda la información que la CCSS requirió (el contenido de esta segunda opinión técnica así lo establece), lo cual incluye la herramienta (algorismo), que entendemos utiliza la Dirección Actuarial para procesar y proyectar escenarios a partir de las hipótesis comúnmente utilizadas en estos procesos.
E- El video público y notorio de respuesta a la OIT, por parte de la Presidenta Ejecutiva que pareciera ser un acto administrativo unilateral ya que no existe quorum estructural en ese órgano colegiado. En tal sentido la Contraloría General debería solicitar a la funcionaria en cuestión el acuerdo de Junta Directiva que sustenta dicho acto para valorar si está apegado al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se solicita, respetuosamente, a la Contraloría General de la República (CGR), investigar a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva; al licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente de Junta Directiva, miembros de Junta Directiva que votaron a favor, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.
Además de lo anterior, se solicita valorar las actuaciones de Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; la licenciada Carolina González Gaitán; y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, para que se determine si estos funcionarios incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.
Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.
En todo este tiempo de la Administración, para algunos temas de señalar y advertir riesgos de la Junta Directiva ha existido, posiblemente, un gran ausente, la Auditoría Interna, pero para respaldar los intereses de persecución y/o desacreditar los criterios técnicos y financieros, si están presente con oportunidad, nada más bastaba un acuerdo de Junta pidiendo el producto: relación de hechos o denuncia penal.
La Auditoría Interna, hoy día, podrá hacer un mix de palabras para indicar que señaló cosas, pero ninguna dirigida al jerarca de la CCSS. Sobran ejemplos ya expuestos de nombramientos presuntamente irregulares e ilegales, y muchas otras decisiones sin fundamento, según han surgido al conocimiento público por personas comunes y corrientes que no aceptan la corrupción.
En este tema concreto, la Auditoría Interna, según entendemos, recibió denuncias formales e informales desde marzo del 2023, luego en mayo indicó que estaba investigando y en la Asamblea Legislativa según parece formuló que en “2 meses” tenía el producto, pero todo parece indicar que existe un posible, pero profundo alineamiento que no logramos entender.
Muy probable exista un daño social relevante, obras que no se iniciaran ni concretarán este 2023, por ejemplo: lo que se visualiza del Hospital de Cartago, la torre del Hospital de San Rafael de Alajuela, saturados por la gran demanda, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, la puesta a punto del Área de Salud de San Rafael de Heredia; o, la incertidumbre que quedan las obras del Fidecomiso a partir del 2024, todo eso por decisiones de esta Junta Directiva que consideramos fue presuntamente nombrada ilegalmente, lo cual ha sido ratificado por la Sala Constitucional.
Por lo anterior, como una tercera petitoria, debe valorar con sumo cuidado este ente contralor, el posible incumplimiento de deberes del licenciado Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; del licenciado Randall Jiménez Saborío, Subauditor Interno; y, del Lic. Adrián Céspedes Carvajal, por presuntamente no advertir a la Junta Directiva de lo acontecido, ni pedir una valoración técnica de mayor rigurosidad e inclusive por aparentemente ralentizar los productos de auditoría en esta materia, para alinearse al funcionamiento de la Presidenta Ejecutiva, en lo que podríamos reiterar como un incumplimiento de deberes y pérdida de credibilidad de esta instancia “independiente” y “objetiva”.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
