Categoría: Comunicados de Prensa

ANEP solicita información urgente al PANI por caso de presunto abuso sexual a persona menor de edad en albergue

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más profunda preocupación y consternación ante la denuncia de presunto abuso sexual a una persona menor de edad en un albergue, hecho que ha trascendido públicamente mediante un video difundido en redes sociales y que ha generado alarma a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto en dicho video, la persona menor de edad habría sido víctima de abuso sexual en un albergue que estaría bajo la responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo cual amerita una respuesta institucional clara, urgente y transparente.

Ante la gravedad de esta situación, la ANEP ha enviado una solicitud formal de información dirigida a la Presidenta Ejecutiva del PANI, señora Kennly Garza Sánchez, y a la Gerente Técnica a.i., señora Anagerie Alvarado Ulloa, en la que se requiere conocer:

¿Qué acciones ha emprendido el PANI desde que tuvo conocimiento del caso?

¿Cuál es el estado actual de protección y atención que se le brinda a la persona menor de edad?

¿Qué medidas de protección inmediatas fueron aplicadas en el albergue involucrado?

¿Se han activado los protocolos institucionales correspondientes, incluyendo la articulación con las autoridades competentes, judiciales y medicas para las valoraciones respectivas?

¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de otras personas menores de edad bajo la responsabilidad institucional, en dicho albergue?

Aclaramos expresamente que esta solicitud no pretende obtener datos sensibles, confidenciales o identificadores de la persona menor de edad, en resguardo absoluto de su dignidad, privacidad e integridad. La información solicitada se limita únicamente a aspectos puntuales que permitan esclarecer las acciones institucionales adoptadas, dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

En relación con este caso, el asesor sindical de ANEP en el PANI, Jeffry Hernández Rojas, cuestiono el accionar del PANI.

«Una vez más, el PANI le falla a la niñez costarricense. No podemos permitir que la institución rectora en materia de niñez y adolescencia incumpla con su deber de brindar protección integral a las personas menores de edad. Los albergues institucionales, al no existir recursos familiares o comunales para protección de las personas menores de edad, deben ser espacios seguros, de cuidado y resguardo, no escenarios donde se repitan violaciones graves a los derechos humanos. Este caso es sumamente alarmante, y la Presidenta Ejecutiva debe responder con claridad, transparencia y responsabilidad. El país no puede tolerar más indiferencia institucional frente al sufrimiento de su niñez. Si el PANI no puede garantizar entornos seguros, está fallando en su razón de ser y esto es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva.»

Los niños, niñas y adolescentes no son simples estadísticas o datos para reportes; son personas cuya protección y bienestar deben ser prioridad absoluta. La ANEP solicita al PANI y a sus autoridades que asuman con responsabilidad y prontitud su deber constitucional de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia para la niñez y adolescencia del país.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Compartimos declaraciones de Jeffry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.

ANEP solicita al Ministerio Público investigar posible influencia indebida contra la hacienda pública por implementación del sistema ERP en la CCSS

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–Denuncia también fue presentada ante a la Contraloría General de la República.

–Sistema habría costado a la CCSS 27 mil millones de colones ($52 millones)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República ante una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

En la denuncia presentada por nuestra organización se plantea que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conoció una serie de informes elaborados por los entes técnicos institucionales, relacionados con el proceso de implementación del nuevo sistema informático de gestión empresarial conocido como ERP-SAP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning ).

“Ante esta situación, para nada menor y que trastoca el funcionamiento estructural de la institución en sus procesos más sustantivos, ese órgano colegiado y superior de la CCSS, al parecer entró en una dinámica altamente cuestionable, al punto de que existen serios elementos públicos y notorios que podrían evidenciar que dicho órgano no quiso escuchar las advertencias de los entes técnicos y trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución”, indica la denuncia.  

“Posteriormente, parece ser que la Presidenta Ejecutiva, realizó una interpretación del acuerdo de Junta Directiva, para obligar a las gerencias a implementar ese nuevo sistema ERP-SAP, aún con las consecuencias que podrían generar en los servicios de salud en dos dimensiones, por un lado, la estructura funcional interna, y, sin duda alguna, por otro lado, los efectos e impactos en la población costarricense”, amplia el documento presentado al Ministerio Público y CGR.  

ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto.

A esto se suma que existen informes de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que advierten sobre los riesgos y documentan los efectos negativos. No obstante, para mayor claridad ante esta fiscalía y contraloría, es oportuno señalar que el contenido del oficio GL-DABS-1006-2025/GL-DTBS-174-2025/GL-DPI-0675-2025, constituye un recuento detallado y elocuente de múltiples falencias, que por sí solo justifica plenamente nuestra solicitud.

Por todo lo anterior, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República lo siguiente:

  1. Se investigue a las personas integrantes de la Junta Directiva que votaron a favor en la sesión N.º 9524, celebrada el jueves 29 de mayo del 2025, donde se tomó un acuerdo en torno a la implementación del ERP-SAP.
  2. Se investigue a la Licenciada Mónica Taylor Hernández, Presidenta Ejecutiva, sus asesores, Eugenio Guevara Chaves, Angeline Badilla Berrocal, y al Lic. Héctor Arias Mora, Director del Plan de Innovación, por sus posibles actuaciones en perjuicio de la CCSS y en consecuencia contra la Hacienda Pública.
  3. Se solicite a la Auditoría Interna de la CCSS, trasladar a esta fiscalía y contraloría, aquellos estudios o similares en su poder, que entendemos han sido calificados como CONFIDENCIALES y que están vinculados al tema ERP-SAP.
  4. Investigar los elementos que privaron para el nombramiento del actual Director del Proyecto de Innovación de la CCSS, puesto que entendemos que podrían existir actos administrativos viciados de nulidad.
  • Desarrollar las investigaciones pertinentes a efecto de dilucidar posibles vínculos que se deriven del contrato establecido entre la CCSS y la empresa adjudicada.

Nuestra organización adjunto en la denuncia una serie de informes técnicos de los equipos CCSS, informes de Auditoría Interna, instrucciones de Presidencia Ejecutiva y otros documentos de interés para las pertinentes investigaciones.

S.G. 21-25-3949-25-FAPTC-CGR-Solicitud de investigación ERP-SAPDescarga

Seccional ANEP-INA advierte que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración

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Con mucha preocupación la Seccional ANEP-INA, se dirige a la opinión pública dejando constancia y evidenciando una serie de irregularidades que están sucediendo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

Y es que, siendo conscientes como personas funcionarias, de que esta noble institución, requiere de modernización para poder evolucionar, ser competentes en el mercado y lograr de manera objetiva, así como cumplir con la misión y visión del INA, los hechos que acontecen, están muy lejos de lo que se plasma en el papel, la institución está perdiendo su norte, su razón de ser, para muestra un botón.

Existe un oficio, emitido el pasado mes de mayo 2025, mediante el cual, el Presidente Ejecutivo, Christian Rucavado Leandro, de forma, en apariencia, sigilosa, instruyó a unidades estratégicas de la institución, para que incluyeran dentro de la formulación del presupuesto 2026, la “módica” suma de más ₵900.000.000,00 (novecientos millones de colones), para atender la “iniciativa del inglés”, producto del “estudio” de demanda nacional de inglés que se promoviera desde la misma Presidencia Ejecutiva del INA. A esta fecha no se conoce, al menos no ésta Seccional, la ruta que se llevó a cabo para estimar dicho monto.

Surgen paralelamente, otras preguntas ¿quién o quiénes son los interesados en que el INA esté inmerso en el tema del inglés? ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto?, ¿por qué razón no se impulsa con la misma fuerza las demás áreas productivas a las que la institución no debe, ni puede dejar de atender?

Se viene observando, como una y otra vez, en cada período presupuestario, los presupuestos de la institución, no se direccionan para fomentar y reforzar las verdaderas áreas prioritarias, prueba de ello y ya conocido en el Plenario Legislativo, existe desabastecimiento de materiales,  afectando a estudiantes y docentes, estos últimos, también, sin recursos para desplazarse a atender los cursos asignados, existe insatisfacción en la demanda a falta de docentes,  sencillamente por escasez de estos, al no existir interés claramente por contratar más, o bien, porque no se encuentran al100% capacitados y esto último, no porque ellos así lo hayan preferido o sugerido, sino porque, así están dadas las “líneas estratégicas”.

Tenemos un presidente ejecutivo ausente, que fue enviado a la institución, en apariencia, única y exclusivamente para acatar órdenes superiores y que para infortunio del INA, no son las mejores y mucho menos las más transparentes.

Qué decir de las personas que recién se suman a puestos Gerenciales, unos sin experiencia en la institución y otros “amigos del Gobierno de Turno”, ¿qué se puede interpretar de esto? sencillo, entre más llano esté el camino, más fácilmente logran su cometido, o sea, otra forma más de dañar a la institución no importa el costo, el perjuicio va.

Por otro lado, no menos preocupante, figura quien ocupa el cargo de Auditor Interno y de las personas Encargadas de Jefatura que lo acompañan, no cuestionan lo que está sucediendo en el INA y no se interprete esto, que se requiere que el Auditor Interno, sea un coadministrador, papel que presuntamente también lleva a cabo, sino más bien, haciendo y ejerciendo el rol que le corresponde, entre otros, siendo vigilante del uso de los recursos públicos.

Como representantes de esta Seccional, hemos en infinidad de ocasiones, señalado ante las instancias externas correspondientes, que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración, propiciando entre otros aspectos, desprotección a las demás áreas técnicas productivas del país, que sabemos, nos demandan y que, evidentemente nos necesitan. En este particular, se desconoce si existió un muestreo probabilístico, si ha sido validado técnicamente o en su defecto contiene un sesgo de autoselección.

El INA se nos está escapando de las manos y a quienes tratan desesperadamente de hacer algo para salvarla de lo casi inevitable, simplemente, los apartan del camino, de una u otra manera, en algunos casos, ha mediado hasta la persecución.

Freddy Bonilla García, presidente Seccional ANEP-INA.

Fallo constitucional permitirá conocer los nombres de personas o empresas que hacen fraude fiscal

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  • Acción de inconstitucionalidad fue presentada por ANEP a finales del 2019.
  • Morosos recurrían al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaban acción y se aseguraban que no se pudiera dar a conocer información públicamente.

La Sala Constitucional le dio la razón a la ANEP tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 19-011237-0007-CO en donde nuestra organización pidió que se declarara inconstitucional y se anulara el quinto párrafo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que generaba obstáculos para poder conocer a los contribuyentes morosos.

El párrafo consignaba lo siguiente: “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la Administración Tributaria de esto último, a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente”.

Esto permitía que las personas acudieran al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaba una acción y ya con eso quedaban blindadas en que no se pudiera dar a conocer su nombre públicamente.

Dentro de los argumentos presentados por el Licenciado David Estrada Zeledón, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, está que el quinto párrafo del artículo 18 bis «incluye una protección excesiva que sobrepasa los alcances del artículo 24 constitucional».

El recurso fue presentado a finales de 2019, con el objetivo de poder llamar con nombre y apellido a esas personas físicas o empresas que tanto daño le hacen al país en temas tributarios. En total, fueron 4 votos contra tres, los que definieron fallar en favor de ANEP.

ANEP, es la organización sindical que más ha luchado contra todos los males provocados por la evasión, fraude y elusión fiscal, pues todo este tipo de acciones repercuten en la recaudación e inversión estatal, en donde, durante el último tiempo, la política social del país es la mayor sacrificada para poder cumplir con los altísimos pagos de los intereses de la deuda pública.

A partir de este histórico fallo se podrá señalar y emplazar a esas grandes corporaciones, bufetes, grupos económicos y similares que implementan sus maniobras jurídicas para no tributar como tiene que ser.

Nuestra organización sindical, sigue firme en su tesis sobre un cambio radical del sistema tributario costarricense, pues es propicio para que muchas personas o empresas se aprovechen y no cumplan con sus obligaciones fiscales, tal cual, lo demanda la ley.

Defensa del acceso al agua potable y exigencia de transparencia en el uso de fondos públicos

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San José, 4 de junio de 2025

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.

Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.

Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:

  • ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
  • ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
  • ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.

Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.

La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:

•   Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

•   Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.

•   Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.

O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.

Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.

ANEP solicita a la Auditoría Interna de la CCSS investigar el proyecto del sistema ERP

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• Denuncia se presenta ante posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó, este lunes 2 de junio, ante la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una denuncia contra el nuevo proyecto del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ante una serie de irregularidades.

Según la denuncia presentada por la ANEP, en el año 2022, “la Junta Directiva de la CCSS acordó elegir al Director del Plan de Innovación; sin embargo, la Presidenta Ejecutiva de ese momento, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, al parecer, habría realizado presuntas gestiones no muy transparentes, terminado con una elección a dedo de un funcionario que no tendría las capacidades técnicas para dicho proyecto, pero con una posible alta afinidad política a los designios de la citada hoy exjerarca”.

“El proyecto, al parecer, habría estado manipulado por Juan Ignacio Monge, ex directivo de CCSS, por Manuel Montillano, ex Director del Proyecto de Innovación y por la misma Esquivel Rodríguez, al punto de lograr expulsar de forma grotesca y con tintes de presunto hostigamiento y persecución laboral, a las personas de experiencia que estaban apoyando el proceso, pero que no mostraron ser dóciles a ciertos enfoques”, indica la denuncia.

Otro de los puntos que nuestra organización pide sea investigado, es una serie de yerros que condujo a potenciar nuevas equivocaciones de distinto tipo que, como siempre, terminan debilitando lo estructural- institucional, esto debido a una reconstrucción del proyecto con el nombramiento de Héctor Arias Mora como Director del Plan de Innovación.

“Llama poderosamente la atención que el Lic. Héctor Arias, indicó en su oficio GG- PIMG-1978-2024, que todo estaba listo, pero, pese a eso, no se salió en enero 2025 y se mantuvo a más de 100 personas trabajando, aspecto a indagar, entre otros”.

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Otro elemento que debe revisarse, según nuestra organización, es si la Caja ha pagado a las empresas de tecnologías por productos que no satisfagan los intereses institucionales por estar incompletos. Adicionalmente, debe revisarse con especial cuidado la participación de la empresa PwC, si cumplió el objetivo de ser una contraparte técnica y bien los motivos reales de terminación de su contrato.

También, la ANEP solicita, que la Auditoría, entre otros aspectos, se avoque a revisar la ejecución contractual con la empresa implementadora del ERP, para que luego “no broten a la luz sorpresas que arrojen más oscuridades en este tema”.

“De igual forma, se solicita revisar el producto que inició en enero 2025, relativo a proyectos, para ver si los mismos son de utilidad pues en principio parece que la CCSS podría estar pagando por productos en principio inservibles”, indica la denuncia.

Desde la ANEP, se insta a la Auditoría, de forma vehemente, a que revise los elementos asociados a este tan cuestionado proyecto y emitan las advertencias, informes o similares, para arrojar alta transparencia, probidad y ética en todo lo relativo al cuestionado sistema ERP.

Finalmente, la ANEP respalda, los criterios que han emitido diversas instancias de la institución contrarios a la implementación de este proyecto y rogamos a la Auditoría proceder con la más contundente celeridad que el caso amerita.

¡¡¡URGENTE!!!! S.G. 21-25-3926-25-CCSS-Denuncia ERPDescarga

Comunicado seccional ANEP–Policía Profesional de Migración: sobre el plan piloto «Bus Seguro» anunciado por el Gobierno.

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La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (PPM), expresa su preocupación ante el reciente anuncio realizado por el Gobierno en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en relación con el plan piloto que exonerará del pago de pasajes en buses a los Oficiales de la Fuerza Pública.

Este convenio, denominado informalmente como «Bus Seguro», establece que los oficiales deberán portar su uniforme completo y el carné de identificación policial para acceder al beneficio, con el argumento de que su presencia aumentará la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte público. No obstante, la medida excluye a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, pese a que estos también desempeñan funciones esenciales de seguridad y forman parte del cuerpo policial del país.

Según palabras del propio Ministro de Seguridad, esta es «una primera etapa» y «luego vendrán las otras fuerzas policiales». Sin embargo, no se ha proporcionado una fecha concreta ni compromisos verificables respecto a la inclusión de los demás cuerpos policiales, lo cual genera incertidumbre y malestar entre nuestros afiliados.

Inconvenientes del uso del uniforme en buses:

ANEP-PPM considera necesario advertir sobre las siguientes inconveniencias y riesgos de viajar uniformado en el transporte público:

1. Exposición innecesaria: Portar el uniforme en lugares públicos puede convertir a los oficiales en blanco de agresiones, asaltos o represalias, especialmente cuando no se encuentran en servicio activo.

2. Confusión de roles: Aunque se afirma que los oficiales serán “pasajeros más”, el hecho de portar el uniforme crea expectativas sociales y legales de que deben intervenir ante cualquier incidente, lo cual podría generar consecuencias disciplinarias si no actúan o si lo hacen sin los recursos adecuados.

3. Riesgos operativos y legales: Algunos oficiales deben dejar sus armas en las armerías al finalizar su turno. ¿Qué ocurre si un incidente requiere respuesta armada? Además, no se ha informado sobre actualizaciones en las pólizas del INS que respalden al oficial en caso de eventualidades mientras porta el uniforme sin portar chaleco antibalas, lo cual actualmente es una condición de cobertura en ciertas situaciones.

4. Carga simbólica y funcional: Decir que esto no significa “más trabajo” para el oficial no se ajusta a la realidad. Estar uniformado conlleva una obligación tácita y pública de ejercer autoridad, aún fuera del horario laboral.

Reivindicaciones Justas:

Reconocemos que cualquier medida que procure mejorar las condiciones de vida de los policías es bienvenida, pero insistimos en que el enfoque debe ser integral, justo y equitativo.

Lo que realmente urge es descongelar los salarios policiales y aplicar los aumentos que por ley corresponden, reconociendo de forma concreta el esfuerzo y sacrificio diario de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional.

Exigimos claridad, equidad y respeto para todos los cuerpos policiales, sin distinciones arbitrarias.

Atentamente,

Gerardo Mora Ordoñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración

Auditoría Interna del MAG confirma denuncias de la ANEP sobre falta de transparencia y escasos controles en nombramientos

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–La Seccional ANEP-MAG ha venido denunciado una posible red de cuido en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

–Integrantes de la Seccional sufren acoso laboral tras las denuncias realizadas.

La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detectó una serie de falencias y escasos controles en el proceso que sigue la Unidad de Gestión de Empleo (UGE) de la institución para el nombramiento de personal, luego de varias denuncias presentadas por la ANEP, según se desprende del informe MAG-AI-INF-002-2025, denominado: “Auditoría de cumplimiento de la Gestión de Empleo”.

Este informe se da luego de la solicitud de investigación realizada por Contraloría General de la República (CGR), ante las denuncias presentadas por la seccional ANEP-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ante una serie de anomalías en los nombramientos de personal, que incluyen falta de atestados o incluso nombramientos por consanguinidad.

Dentro de la investigación realizada por la Auditoría Interna, según indica el documento, se examinó la suficiencia, pertinencia y cumplimiento de los controles establecidos en la UGE, mediante la verificación del Sistema de Control interno, así como la actividad de determinación de riesgos. Además de la normativa interna emitida para la Unidad de Gestión de Empleo, con el fin de determinar si consideran todos los criterios para regular el proceso reclutamiento y selección de personal.

También se revisó si los movimientos de personal efectuados por la UGE, observaron el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Asimismo, se ejecutaron pruebas para validar si la gestión realizada por la UGE, se encuentra debidamente documentada y cuenta con la evidencia respectiva que permita establecer la trazabilidad del proceso de selección y reclutamiento de personal, efectuado.

Dentro de los hallazgos detectados por la Auditoría Interna del MAG, indica el informe, se encuentran; debilidades en el sistema de control interno (novato), que pueden entorpecer la consecución de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Así como la ausencia de una actividad de evaluación, determinación y seguimiento de riesgos, enfocado a minimizar la materialización de eventuales riesgos, y por lo tanto, velar por la consecución de los objetivos.

También detectaron carencia de normativa interna que regule la totalidad del proceso y, por lo tanto, garantice la correcta rendición de cuentas de la gestión efectuada.

A esto se suma, una ausencia de un respaldo documental (archivo) formal, reglamentado y normado que garantice la confiabilidad de la información.

Finalmente, el informe detecto una imposibilidad para establecer la trazabilidad de gestión ejecutada por la Unidad de Gestión de Empleo y, por lo tanto, impedimento para determinar la transparencia del proceso.

Los hallazgos de la Auditoría Interna del MAG, confirman las preocupaciones que han surgido por parte de la seccional.

“La misma auditoría concluye que los procedimientos por los cuales se están nombrando  las personas dentro del MAG carecen de transparencia, por cuánto no hay respaldo documental de los mismos. No hay que tener dos dedos de frente para cuestionarse de por qué no se guardan los respaldos documentales o si es que se está cuadrando una red de cuido”, manifestaron desde la Seccional.

Denuncias de la Seccional

La Seccional ANEP-MAG, ha venido recibiendo una serie de denuncias referentes al procedimiento para el nombramiento en plazas interinas y ascensos en propiedad, donde se habrían realizado

“En muchos de los procesos falta transparencia, ya que no se informa a los participantes de cada concurso de los resultados y cuales han sido las causas para no tomarlos en cuenta o como mejorar para futuros concursos”, indican en la seccional.

Para los integrantes de la seccional ANEP-MAG, causa preocupación, que se publiquen concursos internos en donde los oferentes son muy reducidos o casi de una persona. Asimismo, los procedimientos para la elección de las personas que han concursado a un puesto, varían de acuerdo al lugar y no está claro, cuáles son los parámetros analizados.

Persecución tras denuncias.

Desde la ANEP, también se denuncia una persecución contra los Integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, luego de las denuncias presentadas. 

“Hay compañeros y compañeras que ya han experimentado reubicaciones, así como cierto tipo de acoso y en algún momento hasta recibieron un tipo de coacción para que renunciaran a formar parte de la seccional”, denunció Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical de la ANEP.

Para el Asesor Sindical, este tipo de situaciones, son un elemento más, para seguir cuestionando; “si los nombramientos en realidad no son tan apegados a la normativa y o sí está escogiendo gente a dedo. Incluso la misma auditoria interna señala la falta de transparencia y controles en los procesos”.

Desde la ANEP ya analizan las diversas medidas, incluso legales, a tomar ante el acoso y la persecución a los integrantes de la seccional tras las denuncias. 

Se está a la espera del informa total de la Auditoría Interna.

Compartimos resumen de la Auditoría Interna del MAG

CARTA-MAG-DM-AI-0112-2025 Atención Denuncia CGRC_DFOE-DEC-4684(15634)-2024-firmadoDescarga

ANEP exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del PANI tras la muerte de un niño y la crisis institucional que dejó a 21.600 menores sin atención en 2024

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, por su evidente incapacidad para dirigir la institución y por la falta de medidas efectivas que pudieran haber prevenido la trágica muerte de un niño de 10 años, ocurrida en la zona de Los Santos.

El 24 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una pareja sospechosa de estar involucrada en la muerte de su hijo. El padre, de 72 años, es señalado como el principal sospechoso de haber causado la muerte del menor mediante asfixia mecánica, conocida comúnmente como ahorcadura. Esta tragedia pone en evidencia la grave falta de protección y seguimiento por parte de las autoridades encargadas de la niñez, lo que agrava aún más la crisis institucional que atraviesa el PANI.

Según lo indicado en el oficio PANI-OPDI-OF-0412-2024, emitido en respuesta a consultas realizadas por la ANEP, la señora Garza Sánchez no ha demostrado la capacidad para enfrentar la profunda crisis institucional que atraviesa el PANI, ni ha ofrecido soluciones eficaces ante la crítica sobrecarga laboral que padecen las personas trabajadoras de la institución. Como reflejo de esta alarmante situación, durante el año 2024 un total de 21.600 personas menores de edad no recibieron atención oportuna por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Esta cifra resulta espeluznante y pone en evidencia el colapso del sistema de protección, mientras tanto, el personal continúa laborando bajo condiciones insostenibles de sobrecarga y abandono institucional.

A pesar de la gravedad del panorama, la señora Garza Sánchez ni siquiera ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para excluir al PANI de la aplicación de la regla fiscal. Han sido más bien diputados de la oposición quienes han tomado la iniciativa de liderar estos esfuerzos legislativos, con los cuales la ANEP ya ha iniciado conversaciones, en procura de medidas concretas que permitan rescatar la operatividad del Patronato y garantizar el cumplimiento de sus fines institucionales.

Esta tragedia no es responsabilidad del personal trabajador técnico ni operativo del PANI, que trabaja bajo extrema presión, con recursos limitados y sin el respaldo adecuado. La responsabilidad recae exclusivamente sobre la Presidenta Ejecutiva, quien ha sido incapaz de liderar la transformación y el fortalecimiento que la institución requiere con urgencia.

La gestión de la señora Garza Sánchez ha sido deficiente, desarticulada e ineficaz. No ha logrado fortalecer las oficinas locales ni los departamentos con el personal adecuado, y ha fallado en impulsar las reformas estructurales urgentes necesarias para cumplir con la misión institucional de proteger a la niñez y adolescencia en situación de riesgo. Ha fallado en su deber fundamental y debe asumir las consecuencias.

Hoy, la administración del PANI se ha enfocado más en perseguir a sus trabajadores que en resolver los graves problemas estructurales que enfrenta la institución. El personal se encuentra sobrecargado con expedientes que exceden su capacidad, mientras trabaja en un ambiente marcado por el acoso y el hostigamiento laboral, que ha persistido durante la actual gestión. Lejos de atender esta realidad, la Presidenta Ejecutiva no ha tomado medidas efectivas para mejorar las condiciones laborales ni para fortalecer la protección integral de la niñez costarricense.

Las oficinas locales y departamentos del PANI operan con infraestructura deficiente, un número insuficiente de personal y una sobrecarga de trabajo que dificulta enormemente la capacidad del personal para atender adecuadamente las necesidades de la niñez y adolescencia en riesgo. A pesar de estas condiciones, los trabajadores, con esfuerzo y dedicación, hacen todo lo humanamente posible para cumplir con su labor, pero no pueden ofrecer una respuesta eficiente cuando las cargas son desmedidas. Esta situación afecta directamente la calidad del servicio y la atención que los menores requieren, poniendo en evidencia la profunda crisis de gestión que enfrenta el PANI.

Doña Kennly Garza Sánchez, esto es responsabilidad suya y de nadie más.

Desde la ANEP reiteramos nuestro absoluto respaldo a las personas trabajadoras del PANI. Son ellas quienes han sostenido esta institución con vocación, compromiso y profesionalismo, muchas veces a pesar del abandono institucional. No son ellas las responsables de las omisiones de la alta jerarquía, sino quienes han seguido protegiendo a la niñez costarricense aún en las peores condiciones.

Una vez más, personas menores de edad han muerto bajo una gestión incapaz de responder a tiempo. La conducción del PANI le quedó grande a la señora Kennly Garza Sánchez, y hoy debe asumir su responsabilidad. Por respeto a la niñez, al país, a los derechos humanos y al personal institucional que lucha por sostener esta misión, debe presentar su renuncia inmediata.

Asociación  Nacional de Empleados  Públicos  y  Privados  (ANEP) 13 de mayo de 2025.

Seccional ANEP-AyA cuestiona recomendación urgente de reajuste en las tarifas de Acueductos y Alcantarillados tras pérdidas de más de 21 mil millones de colones en el año 2024

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-Así lo recomienda estudio financiero realizado por la Dirección Financiera de AyA

-2 mil millones de colones en pérdidas se debieron a la contaminación del agua que se presentó a inicios del año 2024

Desde la seccional ANEP-AyA se cuestiona fuertemente que se traslade al usuario, por medio de una alza en las tarifas, las malas decisiones que se han tomado desde altas gerencias de la institución desde hace varios años.

La posición de la seccional de la ANEP, se da luego de conocer el Informe Detallado Situación Financiera al 31 de diciembre 2023 -2024 de Acueductos y Alcantarillados, elaborado en febrero anterior, por la Dirección Financiera de la institución.

En el documento se detalla que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tuvo pérdidas en el año 2024 por más de 21 mil millones de colones y la única recomendación que proponen para subsanar las perdidas, es realizar una urgente alza en las tarifas y generar nuevas fuentes de ingresos, sin detallar cuales.

En las conclusiones del informe se detalla:

“En cuanto a los resultados, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 finaliza con una pérdida de ¢21.413 millones. Esto contrasta significativamente con el cierre de diciembre de 2023, cuando se reportó una Utilidad Neta de ¢2.522 millones. La variación representa una pérdida de ¢23.934 millones, lo que equivale a una desmejora de más de nueve veces. Este deterioro se debe principalmente a la disminución de los ingresos y al incremento de los gastos, lo cual afecta negativamente la salud financiera de la institución”.

Además, indica, “de persistir esta situación, la operación normal de la institución estaría en riesgo, comprometiendo la capacidad de atender el pago de la deuda y aún más, la posibilidad de invertir en nuevos sistemas que mejoren el servicio brindado.

Una de las causas de esas perdidas, según el informe, fue la situación presentada a inicios del año 2024, cuando varias comunidades de la capital se vieron perjudicadas por la contaminación del agua por hidrocarburos.

“A diciembre 2024 se observa una disminución de los Ingresos de Operación por ¢2.341 millones, lo que representa un 1.31% con respecto a diciembre 2023. Esta disminución se deriva de que el mes de febrero se dejó de facturar aproximadamente a 20 mil usuarios por la contaminación del sistema que abastece a Coronado, Tibás y Guadalupe”, indica el Informe.

Desde La seccional ANEP-AyA no ven mejora en la gestión, todo lo contrario, “Acueductos y Alcantarillados se debilita y quien paga los platos rotos son los usuarios, no vemos responsabilidades en los altos jerarcas”

Para la seccional ANEP-AyA, lamentablemente, aunque hubo un cambio de presidencia ejecutiva producto de la salida de Alejandro Guillén, cuando se detecto el agua contaminada, se mantuvo la misma gerencia general, a cargo de Alejandra Mora Segura que sigue siendo apoyada por el actual presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada Espinoza.