ANEP presentó proyecto de ley que busca evitar el uso especulativo del valor del dólar

-Iniciativa fue presentada ante la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa

-Proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses.

Inspección evidencia faltante de personal migratorio en el Aeropuerto Santamaría

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), visitó este sábado 2 de marzo el aeropuerto internacional Juan Santamaría como parte de una inspección, luego del caos vivido en la terminal aérea el pasado 23 de febrero, donde se pudo evidenciar la afectación que sufren los usuarios por faltante de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La realización de la inspección se realizó debido a la denuncia realizada por la Seccional ANEP-PPME ante Diario Extra por el caos vivido en la terminal aérea el sábado 23 de febrero, debido al faltante de personal, provocando largas filas y espera de horas a las personas que deseaban ingresar al país.

En la fiscalización participó el presidente de la seccional ANEP-PPME, Gerardo Mora Ordóñez en compañía de la Directora General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert; el  Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín y el Subdirector de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, Stephen Madden Barrientos.

Para la inspección las autoridades reforzaron con 20 oficiales los puestos migratorios del aeropuerto Juan Santamaría, pasando de 30 a 52 oficiales. Sin embargo, para el representante sindical las acciones realizadas no son lo suficiente, ya que al trasladar 20 oficiales se descuidan o debilitan otros puestos migratorios y aduaneros.

Usuarios debieron esperar horas

“Con este reforzamiento del día sábado en el Aeropuerto Juan Santamaría, así como el traslado de oficiales de diversas oficinas regionales, lo que hacen es desvestir un santo para vestir otro. Queda demostrado y comprobado que la falta de personal en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, así como la infraestructura en la parte de aduanas, es el problema que ha venido sucediendo”, manifestó Mora Ordóñez.

Según Mora, el pasado sábado con el refuerzo se habilitaron los 16 counter de salida de usuarios y los 28 counter de entrada, lo que permitió un flujo fluido de pasajeros. Mientras que para el sábado 23 de febrero no todos los counter estaban operando, lo que produjo el caos en la terminal aérea. “Con esto se demuestra la falta de personal que la Seccional ANEP-PPME ha venido denunciando desde hace años  y la solicitud de nuevas contrataciones”.

Ante este escenario, la Seccional ANEP-PPME hace un llamado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que soliciten al Poder Ejecutivo que convoque el expediente Nº20.323. el cual reforma el artículo 11 de la Ley No. 9428, Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas del 22 de marzo de 2017 con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería para el fortalecimiento de la policía de migración.

ANEP nombra afiliado de honor a Carlos Andrés Pérez

Anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) recibió mismo distintivo.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión ordinaria de este viernes, tomó el acuerdo de nombrar afiliado de honor a Carlos Andrés Pérez por convertirse en un símbolo de lucha en la huelga contra el combo fiscal.

Albino Vargas Barrantes Secretario, General de la ANEP manifestó que el calificativo de afiliado honorífico se utiliza para personas muy especiales de la vida social, política, académica y sindical del país.

Carlos Andrés Pérez con su carnet anepista

“Carlos Andrés Pérez se convirtió en un símbolo de la resistencia cívica y popular al ejercicio del poder autoritario de esta gran coalición político económica que está dominado el país en favor de los interés de pequeños grupos y en contra de los intereses de las mayorías. Carlos Andrés simboliza las miles de conciencias que estuvimos en lucha durante tres meses contra el combo fiscal”, detalló Vargas.

Para el Secretario General de la ANEP, que a Carlos Andrés Pérez lo metieran preso, “básicamente por orden de Casa Presidencial en una especie de venganza política, agiganta su papel en esta lucha”    

De esta manera Carlos Andrés Pérez se convierte en la segunda persona en recibir este distintivo de la ANEP, ya que anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) fue nombrado afiliado honorífico de la organización.

Por su parte Carlos Andrés Pérez y su familia se mostraron sorprendidos por el reconocimiento, a la vez que agradecieron el apoyo brindado por la ANEP durante este duro momento.

“Me siento orgulloso y contento de pertenecer a la familia anepista. Agradezco todo el apoyo que me han brindado. Esto me ayuda a seguir adelante para demostrar mi inocencia y como se me ha querido inculpar acciones que nunca realice”, finalizó Carlos Andrés Pérez, trabajador de Recope.

ANEP agradece a todas las personas que han brindado apoyo a Carlos Andrés Pérez y se mantienen firmes en su lucha por la defensa de Costa Rica.

Junta Directiva Nacional de ANEP recibe la visita de Carlos Andrés Pérez.

Gepostet von ANEP am Freitag, 1. März 2019
Junta Directiva Nacional de ANEP recibió a Carlos Andrés Pérez

Tribunal de Apelación ordena libertad de Carlos Andrés Pérez

  • Orden debe ser ejecutada por el Tribunal de Flagrancia
  • También ordenó la realización de un nuevo juicio

El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la tarde de este martes, la liberación de Carlos Andrés Pérez quien se encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional de Limón.

Esto luego declarar parcialmente con lugar los recursos interpuestos por Henry Loaiza, Defensor del imputado y por el  Ministerio Público.

Así lo confirmó Henry Loaiza, abogado defensor de Carlos Andrés quien indicó que la notificación llegó por medio de correo electrónico y ahora deberá ser ejecutada por el Tribunal de Flagrancia, ya que este último fue quien dictó la sentencia contra Pérez en primera instancia.

“El fallo también anula todo lo actuado, por lo que deberá realizarse un nuevo juicio. El tribunal de Apelación ordena que deberá ser un tribunal colegiado que resuelva el asunto. Además, indicó que se debe respetar la no reforma en perjuicio, es decir en caso de darse una nueva condena esta no debe ser mayor a dos años”, explicó Loaiza.

Henry Loaiza sobre libertad de Carlos Andrés

Los hechos juzgados se remontan a la fecha del 11 de setiembre de 2018 en donde aparentemente fueron afectados los tanques de gas licuado en el plantel de Recope en Moín, durante el movimiento huelguístico nacional contra el combo fiscal.

Luego de los resuelto por el Tribunal de Apelación se espera que el Tribunal de Flagrancia envié a partir de las cinco de la tarde la solicitud de libertad de Carlos Andrés Pérez al Centro de Atención Institucional de Limón.

El por tanto de la sentencia señala que “se rechaza el ofrecimiento de prueba efectuado por la defensa. Se declaran parcialmente con lugar los recursos interpuestos por la licenciada Marybeth Chinchilla Céspedes, fiscal del Ministerio Público y por el licenciado Henry Loaiza Méndez, defensor del encartado y, de oficio, se anula integralmente la sentencia impugnada y el debate que le precedió, y se ordena el juicio de reenvío, ante tribunal colegiado, para que se resuelva lo que en derecho proceda, debiendo valorar, dicho órgano, su propia competencia frente a la complejidad de la causa”.

“En cuanto al monto de la pena y las consecuencias civiles, rige el principio de prohibición de reforma en perjuicio con los límites plasmados en las fijaciones de pretensiones del actor civil y en las conclusiones del ente fiscal. Se ordena la inmediata libertad, si otra causa no lo impide, del acusado Carlos Andrés Pérez Sánchez”, agrega la sentencia.

Además, indicaron que no se puede admitir la prueba ofrecida contra Pérez Sánchez, por haber sido presentada de manera extemporánea y porque durante la audiencia oral no se allegó ninguna.

También menciona que existe un vicio absoluto, declarable de oficio (artículos 178 inciso b, 459 y 462 in fine del Código Procesal Penal) y es el relativo a la integración unipersonal del Tribunal, pues según la Constitución Política: “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución”.

Sector Productor busca apoyo para impulsar proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda

El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.

Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo

Solicitan libertad de Carlos Andrés Pérez y la realización de un nuevo juicio

Tribunal no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación

Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.

Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.

«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental», manifestó el defensor.

Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la sentencia.

«Lo único para poder solventar estos fallos es que se realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó Loaiza.

Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.

Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez

Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema aparentemente dañado.

Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.

Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Audiencia de Apelación

Desde las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea #LibertadparaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Ambiente en las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea previo a la audiencia

Criterio sobre la aplicación y alcances de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635

COMBO FISCAL: Ley de la República No. 9635, oficialmente denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la del “fallo constitucional de compadre hablado”. Análisis jurídico de la misma en cuanto a los contenidos atentatorios de los derechos laborales-sociales y económico-reivindicativos del Empleo Público, efectuado por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP.

Documento que ANEP pone a disposición de todas las personas anepistas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP, de quienes fungen como delegados o delegadas de la organización, en fin, de toda su membrecía que labora en el aparato estatal. Igualmente, lo compartimos con todas las agrupaciones colegas, especialmente las del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, así como del público en general. ANEP concluye que ocurrió la más grosera agresión política de toda la historia del empleo público en contra del funcionariado estatal; agresión ejecutada por el triunvirato gobiernista PLUSC-PAC.

Los nuevos escenarios de lucha están ya abriéndose y de ello hablaremos con toda la dirigencia anepista de base con ocasión del Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la ANEP previsto para el viernes 22 de marzo de 2019. De seguido, el indicado documento que, de manera respetuosa, recomendamos compartir.

Criterio sobre la aplicació… by on Scribd

ANEP solicita al Ministerio de Hacienda acciones para proteger salario de funcionarios públicos

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) solicitó al Ministerio de Hacienda tener mayores controles y mecanismos de fiscalización para proteger el salario de los funcionarios públicos, esto luego de presentarse una gran cantidad de rebajos por parte de una cooperativa sin la autorización de los asalariados.

En la solicitud dirigida al Director Jurídico Ministerio de Hacienda, Martín Durán Espinoza se indica que no es la primera que se da ésta situación, incluso en 2015 ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia por un rebajo irregular en el salario de oficiales de la Fuerza Pública.

“No es la primera vez que se reciben en esta organización sindical casos de funcionarios que aducen se les rebajan montos incorrectos, o, por parte de empresas con las que no tienen ningún tipo de relación. Además, en la mayoría de casos, agregan que, al intentar hacer contacto con dichas entidades no tienen éxito, pues no atienden números telefónicos, y, hasta han encontrado que no se ubican en la dirección que extienden”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.

En vista de los anterior, la ANEP cuestiona los mecanismos de Hacienda para controlar este tipo de situaciones y solicita explicaciones ante lo sucedido, y a la vez, pide a los afectados interponer la denuncia ante el Ministerio Público para evitar que estos casos queden impunes.

Cuestionamientos de la ANEP al Ministerio de Hacienda

•          ¿Qué mecanismos jurídicos ofrece el Ministerio de Hacienda para proteger el salario de los servidores públicos, y evitar que sean víctimas de estafas, u otra acción irregular que les afecte su remuneración económica?

•          ¿Qué acciones deben realizar las personas afectadas para prevenir que se les siga rebajando por parte de entidades a las que no han autorizado para que se les rebaje directamente del salario?

•          ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Hacienda, con las entidades que, aprovechando las facilidades del sistema, se abusan del mismo y cometen actos como el que nos ocupa?

•          ¿Qué acciones tomará su representada, ante los numerosos señalamientos de funcionarios a quienes se les ha rebajado dinero directamente de su salario, sin que medie la manifestación expresa del mismo para que se ejecute dicho rebajo de esa manera?

  Compartimos documento enviado al Ministerio de Gacienda y declaraciones de Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP ante rebajos irregulares


Posición de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre proyecto que pretende gravar los excedentes de las cooperativas

Se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende gravar los excedentes que generan los ahorros de las personas agremiadas a las cooperativas. Este proyecto, al igual que otros que han sido de conocimiento de los actuales señores diputados y señoras diputadas, comete el mismo pecado de recargar la crisis fiscal sobre los que menos tienen, es decir la clase trabajadora.

Nuestra oposición a dicho proyecto se fundamenta en las siguientes razones:

1. Los excedentes de las cooperativas ya pagan un 5 % de impuesto de renta. 

2. La mayoría de las personas afiliadas a las cooperativas de ahorro y crédito son trabajadores y trabajadoras humildes quienes hacen un gran esfuerzo por ahorrar. 

3. El capital de que disponen las cooperativas corresponde a muchos años de ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. La mayoría tienen más de 30 años de estar depositando el 5 % de su salario.

4. Las cooperativas son organizaciones sociales que contribuyen a que exista una mejor distribución de la riqueza.

5. Consideramos que con este proyecto se está dando un trato desigual, ya que hay otras organizaciones sociales que también administran recursos financieros de los trabajadores y de las trabajadoras, a las cuales no se les está aplicando un trato parecido.

6. El incremento de 5 % a 20 % de renta a las cooperativas pone en riesgo la existencia misma de este tipo de organizaciones sociales.

7. Nos parece que este proyecto tiene la intención de desaparecer las cooperativas de ahorro y crédito para obligar a los trabajadores a recurrir a las empresas del gran capital financiero-bancario a tramitar sus créditos.

8. Nos “extraña” que los señores diputados y las señoras diputadas con interés en gravar tributariamente a las cooperativas constituidas mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras, sean los mismos que se han opuesto a gravar las empresas del gran capital que se ubican en las zonas francas.

9. Los ahorros de las cooperativas son dineros que los trabajadores y las trabajadoras depositan con la finalidad de tener una vida más digna después de que se pensionan. Si se les cercena como lo pretenden los padres y las madres de la Patria, los estarían condenando a una vejez más miserable.

10. Al ser los ahorros de las cooperativas un porcentaje del salario que devenga la persona trabajadora, se estaría ante una doble imposición, ya que primero se le rebaja del salario lo correspondiente a la renta actual; y, posteriormente se le aplica nuevamente un impuesto a los excedentes que devenga el mismo. 

Nuevamente las clase política y económica que administra el país., se ensaña con la clase trabajadora con la intención de deteriorar aún más su condición de vida y de trabajo. Dejamos constancia pública de nuestra oposición rotunda en contra de nuevas cargas tributarias para las cooperativas.

*Junta Directiva Nacional Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)*