Categoría: Incidencia

Extinción de dominio, otra prenda íntima de cierta clase política
Muy a pesar que algunos tópicos sociales nunca pasan de moda, en las mesas de discusión y debate, ciudadano, político y en medios de comunicación; lamentablemente, no es ninguna novedad que, por más discutido que esté un asunto, no se llegue a nada. Todo aquel universo de circunstancias conexas con la seguridad ciudadana es justamente uno de estos casos. Las décadas se acumulan, las preocupaciones son las mismas, las acciones, muy pocas, y los resultados tangibles…bueno, basta con ver las estadísticas para contestar.
Son variadas y numerosas las opiniones de personas vinculadas a la materia de seguridad, que señalan, una y otra vez, la necesidad de que en Costa Rica se planteen verdaderas políticas criminológicas y de seguridad ciudadana. No obstante, parece que nuestro “país de paz” no quiere salir del letargo de negación con el que se ha disfrazado, justamente con estas tres célebres palabras. Mientras, las calles se tiñen de sangre, el crimen organizado recluta a los jóvenes, las personas caminan temerosas, se descubren cuantiosas maniobras de cuello blanco para arrebatar el dinero a un país necesitado, y los turistas comienzan a pensarlo para marcarnos como su destino favorito. Testificamos con gran expectativa el inicio del proyecto Sembrar Seguridad, impulsado a través del decreto ejecutivo número N° 41242-SP, sin embargo, parece que los engranes que mueven está bien intencionada estrategia permanecen algo oxidados, sin dejar de lado que dicha iniciativa deja por fuera un aspecto fundamental para una verdadera política estatal, el acompañamiento de los instrumentos jurídicos, para garantizar el éxito y conservación de lo alcanzado.
ANEP, obediente a su filosofía propositiva, se ha ocupado, informado e instruido, para opinar con propiedad en el estadio de interés, y, justamente en nuestra propuesta: “primer paso para la creación y aplicación de políticas enfocadas a la contención de la conducta delictiva”, señalamos como pilar fundamental el integrar una orientación normativa especializada, con aquello relacionado a la seguridad.
Sobre el proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio, de entrada, preocupa su aplicación jurídica, pues, aunque la intención de esta herramienta legal es indudablemente buena, rasga la línea de la infracción de derechos fundamentales. Veamos; extinguir el dominio del patrimonio de una persona, sin una sentencia firme que le acuse de la comisión de un delito, (aunque sea “vox populi” que el sujeto sea un delincuente de toda una vida) da pie para que un abogado defensor apunte a una flagrante violación a la inviolabilidad de la propiedad privada (art 46 Constitución Política), y al principio de inocencia (artículo 37 Constitución Política). Eso sin entrar a conocer toda la cascada de tecnicismos que podría alegar un profesional en derecho. Ojalá los impulsores de esta Ley, vayan más allá del populismo punitivo que corroe nuestra cultura, y tomen las previsiones necesarias para que esta necesaria iniciativa no sea derrumbada en Sala Constitucional
Justamente es en este punto en el que entra la importancia de sacar provecho a tantos y tantos debates que se originan sobre un tema, la oportunidad de integrar posiciones y juntar a profesionales pudientes. El derecho posee como apoyo a sus argumentaciones la ciencia y la técnica, es aquí donde se debe recordar que los cuerpos policiales son los verdaderos especialistas, en lo que respecta al actuar de los antisociales. Esto no solo con delincuencia común, también con el crimen organizado, indistintamente de todas sus modalidades; es menester incorporar la experticia y experiencia de todos los cuerpos policiales dentro de la “justicia penal”, tenemos la puerta para innovar y ser pioneros en un flagelo que arremete con fuerza a toda la región.
Ahora bien, las razones por las que, a pesar de la necesidad de trabajar fuerte en lo atinente a la seguridad, de impulsar con efectividad las herramientas para atrapar al individuo que se beneficia del lavado de capitales que provienen de crímenes como el contrabando, narcotráfico y hasta trata de personas, y no solo al que distribuye “producto” en las calles, escapan objetivamente a nuestro conocimiento, sin embargo, se apoderan de nosotros algunas hipótesis maliciosas que explican las causas.
Existe cierta clase política que se caracteriza por un patrón conductual (por no decir modus operandi) que se distingue proyectado al proteccionismo de algunos sectores, en tesis de principio, grandes neoliberales, en la realidad ¿Será solo eso? (Si a eso nos referimos con las hipótesis maliciosas). Oponerse por completo a que se descubra quien es la persona realmente beneficiada con las ganancias en una sociedad anónima, apuntar con el dedo, acusar de los problemas de un país a la clase productiva y privatizar servicios de seguridad en el aeropuerto, se conjugan ahora con el debilitamiento de la Ley de Extinción de Dominio, al dejar por fuera delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y contrabando ¿A quiénes están protegiendo señores políticos?
Defender a toda costa al sector neoliberal que busca seguir acumulando riquezas en detrimento de aquellos más pobres, es una cosa, repudiable, pero entendible. Por el contrario, estructurar movimientos para proteger a posibles infractores de crímenes que dañan a la sociedad de manera considerable (aún más que un robo o un homicidio), producen una serie de incógnitas que escandalizan sobre manera a nuestra organización. Excluir estos tipos penales de este proyecto de ley es un grito abierto y descarado, de cierta clase política, que pide no les sancionen por quitarle el dinero al pueblo, y, así mismo, resguardar a quienes realmente mueven los hilos desde las sombras, para seguir garantizándoles la impunidad de sus actos.
Una vez más, (en este corto gobierno lo hemos visto ya en varias ocasiones), presenciamos una desvergonzada acción de, reiteramos, cierta clase política, por dejar fuera del alcance de la legalidad, a sí mismos o a quienes financian las campañas políticas. Dejar por fuera de esta ley la corrupción es lo mismo que dejar la puerta abierta para que el crimen organizado busque en figuras políticas posicionadas una forma de cumplir con sus objetivos ilícitos (como ya se ha hecho antes), suficiente razón de peso para prevenir tal posibilidad, lo que obliga a cerrar rotundamente ese portillo.
Finalmente, hemos de indicar que, este tipo de acciones desnudan los verdaderos intereses que defiende esa clase política, que impulsa la impunidad de los delitos de cuello blanco, que ahora más que nunca cuestionamos si esta conducta es propia o dirigida, para pagar favores de quienes pusieron el dinero para financiar las campañas. Costa Rica, es momento de preguntarnos, e investigar, el verdadero origen de esos capitales que se una u otra forma se han puesto a disposición y ayuda de esa clase política que estamos identificando. ¡Que los hechos de políticos corruptos no se conviertan en otro tema de debate que nunca llega a nada!
Jonathan Flores Mata
Criminólogo
Directivo Nacional de ANEP
12 noviembre, 2018
Programa Horizontes: Ley de Extinción de Dominio, en Costa Rica! El Lic. Jonathan Flores, comenta la posición de la ANEP, ante la discusión del proyecto, presentado en la Asamblea Legislativa.

Unidad Sindical exige al Presidente Alvarado respetar las instituciones democráticas
La discusión sobre la situación fiscal del país y sus posibles soluciones han dado lugar a grandes debates y movilizaciones populares, entre las cuales la huelga más larga y las marchas más grandes de nuestra historia se han dado.
El debate no es solamente sobre un modelo tributario: es un debate sobre nuestra democracia. Se trata de una correcta distribución de la riqueza, de generar acciones económicas que de- jen de crear desigualdad, de dialogar entre los distintos sectores sociales, de participar en la construcción de soluciones, de proteger las instituciones sociales y de respetar las reglas democráticas que hemos aceptado para garantizar la paz social en el país.
Contrario a esto, el señor Presiden- te Alvarado y su equipo económico neoliberal, han querido llevar el debate sobre la situación fiscal por el peligroso camino del autoritarismo y el irrespeto a las formas e instituciones democráticas:
1) No solo apoya un proyecto que promueve la desigualdad social y el empobrecimiento de los sectores más vulnerables, sino que lo hace por medio de una vía rápida, posiblemente viciada, que impide la participación real de los sectores afectados negán- dose a abrir espacios de diálogo.
2) Utiliza la mentira, el miedo y las amenazas contra quienes piensan diferente a él, llegando al extremo de reprimir y menospreciar a quienes hacemos propuestas alternativas y pedimos, por las vías que permiten la legislación laboral costarricense, se atiendan nuestras inquietudes.
3) Presiona públicamente a los distintos poderes de la República, desconociendo en sus discursos la división de poderes, como principio garante de la democracia, y lo que es peor, trata de utilizar su poder presidencial para imponer su posición cuando se
contrapone a las decisiones que toma el Poder Judicial, sea la Corte Plena o los Tribunales de Trabajo, así como también ha querido persuadir al Poder Legislativo, en un accionar muy delicado y peligroso para el resguardo de la democracia costarricense.
4) Aprovecha y permite las maniobras especulativas de grandes pode- res fácticos contra la estabilidad económica del país, con tal de fortalecer su discurso del miedo y justificar la imposición de un proyecto fiscal que posiblemente sólo favorecería esos poderes económicos.
5) Insiste en desconocer los derechos laborales, llamándolos privilegios o abusos, tratando irresponsablemente de colocar un sector de la población contra otro, con mensajes cargados de odio y acciones sin sustento legal para tratar de impedir la expresión, manifestación, participación y orga- nización de los sectores sociales que se oponen a sus propuestas.
6) Se asocia con los sectores más autoritarios del país, coresponsables de la crisis fiscal que estamos viviendo, para tratar de modificar a golpe de tambor la legislación laboral que implicó casi 20 años de construcción con amplísimos consensos, que otrora alabara desde su puesto de Ministro de Trabajo, con tal de eliminar la posibilidad de que la clase trabajado- ra ejerza derechos que hoy están garantizados e imponer su voluntad.
Hacemos un llamado al señor Presidente, a comprometerse con la defensa de los principios e instituciones democráticas, deteniéndose en el uso de tácticas autoritarias en el ejercicio de su mandato, pues puede dañar profundamente la democracia del país, esa misma democracia que permitió su elección. Y llamamos a la ciudadanía a mantenerse alertas para proteger la herencia democrática que recibimos del pasado.
Incumplimiento en negociación salarial provoca huelga en municipalidad de Alajuela
Trabajadores operativos de la Municipalidad de Alajuela iniciaron este lunes desde tempranas horas de la mañana un movimiento de huelga ante el incumplimiento a la negociación salarial correspondiente al II Semestre del 2018, tal y como lo define la Convención Colectiva y con base a un acuerdo previamente definido con el anterior alcalde Roberto Thompson.
Esta situación ha desencadenado la molestia de los trabajadores, que a eso de las 8:00 de la mañana se desplazaron desde el Plantel Municipal hacia el edificio municipal, donde trabajadores administrativos se sumaron al movimiento.
Otro de los aspectos que provocó la huelga se debe al incumplimiento a la negociación con las organizaciones sindicales para la definición del porcentaje del aumento salarial correspondiente al año 2019.
En la huelga participa la seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela junto a otras organizaciones sindicales.
Ha esta hora se encuentra paralizado las labores del plantel municipal como: aseo de vías y recolección, así como parquímetros, parte administrativa y un sector de la policía municipal, entre otros.
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Análisis de los primeros 6 meses de gestión del Gobierno
Protesta contra la manipulación del precio del dólar en el Banco Central

Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de tres trabajadores municipales en Sarapiquí
El Juzgado de Trabajo de Sarapiquí ordenó a la Municipalidad de la localidad reinstalar a tres trabajadores despedidos hace dos años por haberse afiliado a la ANEP, así como por denunciar actos de corrupción a lo interno de la municipalidad.
El fallo del Juzgado de Sarapiquí viene a ratificar la lucha brindada por la ANEP durante dos años con protestas en el cantón y denuncias ante medios de comunicación como Grupo Extra, para que a los trabajadores Rafael Ángel Rivas Rivera, Milton Alvarado y Laureano Valdivia se les reinstalará en su puesto, ya que fueron despedidos injustamente y por prácticas laborales desleales.
El por tanto del Juzgado de Trabajo de Sarapiquí indica que “Se declara la nulidad de los actos de despido notificados mediante resoluciones administrativas número DA-009-2016, DA-010-2016 y DA-011-2016, todas del 28 de diciembre del año 2016. Debe ordenarse la reinstalación definitiva de cada uno de los actores a su empleo original o en puestos de similar naturaleza, manteniendo las mismas condiciones laborales que tenían antes del despido. Se condena a la demandada a cancelarle a los actores los salarios dejados de percibir desde el momento en que quedaron en firme los actos de despido y hasta la efectiva reinstalación, dicho pago deberá comprender tanto el salario base como todos los componentes salariales, deduciendo a los actores las siguientes sumas por concepto de liquidación laboral”,
Rafael Ángel Rivas Rivera, trabajó por ocho años para la alcaldía como peón de sanidad, Milton Alvarado fue por 9 años chofer y Laureano Valdivia trabajó 22 años para el municipio; hace ya casi dos años explicaron el acoso laboral que enfrentaron por parte de las jefaturas por estar afiliados al sindicato y ser testigos en una denuncia penal.
El proceso judicial fue llevado por Esteban Calvo Rodríguez, Consultor Jurídico Externo de la ANEP y con base a la ley laboral anterior a la Reforma Procesal Laboral logró la reinstalación de estos anepistas.

¿Por qué se celebra el Día de la Democracia Costarricense?
En 1889 se enfrentaron electoralmente en Costa Rica, dos partidos políticos. Por un lado estaba el Liberal Progresista que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, quien formaba parte del Gobierno. Por el otro, se hallaba va el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Joaquín Rodríguez.
Bernardo Soto, quién era el Presidente de la República, tomó la decisión de separarse del poder para imponer el candidato Esquivel. Este último era el segundo designado a la presidencia de la República, algo así como un vicepresidente actual.
Los resultados de las elecciones primarias favorecieron al candidato opositor al gobierno,José Joaquín Rodríguez. Cuando el pueblo se enteró de que su voluntad sería irrespetada, rechazó la imposición del Presidente y el 7 de noviembre de 1889, siete mil costarricense, organizados y armados con palos y machetes salieron a las calles dispuestos hacer valer su voluntad y exigir el respeto a los resultados electorales.
Ellos, al mando de Rafael Iglesias sitiaron la ciudad de San José. Bernardo Soto en lugar desatar la guerra abandonó el poder y lo dejó en manos de Carlos Durán. Este último era el tercer designado a la Presidencia de la República y gobernó durante 6 meses. Al cabo de ese tiempo asumió el poder el presidente electo José Joaquín Rodríguez.
A pesar que después de esa fecha se dieron nuevo fraudes electorales e incluso dictaduras, aquel 7 de noviembre de 1889 se considera el día de la Democracia Costarricense, ya que por primera vez el pueblo se levantó en armas para exigir que se respetará el criterio omitido en las urnas. De esta forma Rodríguez Zeledón, un eminente abogado nacido en San José, el 8 de enero de 1838, logró acceder a la Presidencia como candidato de los grupos conservadores; gobernando el país de 1890 a 1894.
Es así como en 1942, por decreto número 18 se instauró el día de la “Democracia Costarricense”; que deberá celebrarse cada 7 de noviembre.
Vigilia de las antorchas engalanó el Día de la Democracia Costarricense
¿Por qué se celebra el Día de la Democracia Costarricense?
En 1889 se enfrentaron electoralmente en Costa Rica, dos partidos políticos. Por un lado estaba el Liberal Progresista que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, quien formaba parte del Gobierno. Por el otro, se hallaba va el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Joaquín Rodríguez.
Bernardo Soto, uuién era el Presidente de la República, tomó la decisión de separarse del poder para imponer el candidato Esquivel. Este último era el segundo designado a la presidencia de la República, algo así como un vicepresidente actual.
Los resultados de las elecciones primarias favorecieron al candidato opositor al gobierno,José Joaquín Rodríguez. Cuando el pueblo se enteró de que su voluntad sería irrespetada, rechazó la imposición del Presidente y el 7 de noviembre de 1889, siete mil costarricense, organizados y armados con palos y machetes salieron a las calles dispuestos hacer valer su voluntad y exigir el respeto a los resultados electorales.
Ellos, al mando de Rafael Iglesias sitiaron la ciudad de San José. Bernardo Soto en lugar desatar la guerra abandonó el poder y lo dejó en manos de Carlos Durán. Este último era el tercer designado a la Presidencia de la República y gobernó durante 6 meses. Al cabo de ese tiempo asumió el poder el presidente electo José Joaquín Rodríguez.
A pesar que después de esa fecha se dieron nuevo fraudes electorales e incluso dictaduras, aquel 7 de noviembre de 1889 se considera el día de la Democracia Costarricense, ya que por primera vez el pueblo se levantó en armas para exigir que se respetará el criterio omitido en las urnas. De esta forma Rodríguez Zeledón, un eminente abogado nacido en San José, el 8 de enero de 1838, logró acceder a la Presidencia como candidato de los grupos conservadores; gobernando el país de 1890 a 1894.
Es así como en 1942, por decreto número 18 se instauró el día de la “Democracia Costarricense”; que deberá celebrarse cada 7 de noviembre.